Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 523996000521 2015 80070 01 N.I. 17233

Sala: SALA PENAL

Ponente: Blanca Lidia Arellano Moreno

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DERECHOS DE LOS MENORES V�CTIMAS DE DELITOS SEXUALES � Prevalencia sobre el Derecho de No Incriminaci�n. Al tratarse de un menor v�ctima de abuso sexual, en aras de garantizar el inter�s superior, el principio Pro Infans y evitar la revictimizaci�n, es procedente la admisibilidad de la prueba de referencia, en este caso, las declaraciones rendidas por el menor y su madre, las cuales fueron presentadas a trav�s de las bases de opini�n pericial, practicadas garantizando los derechos del menor y que pueden ser valoradas, pese a que en el juicio oral no se present� al infante y la madre decidi� ejercer su derecho a no declarar en contra del acusado por circunstancias de parentesco, en tanto al estar de por medio los derechos de menores de edad v�ctimas de afectaciones en contra de su libertad, integridad y formaci�n sexuales, se configura una excepci�n a la exoneraci�n al deber de denunciar y declarar; por consiguiente no se genera ilicitud en las pruebas arrimadas al debate oral.

TESTIMONIO DE MENOR V�CTIMA DE ABUSO SEXUAL � VALORACI�N: Estudio de factores objetivos que permiten verificar perif�ricamente el asunto, para afirmar o disminuir su credibilidad. PRUEBA DE REFERENCIA - El testimonio rendido por el perito, no ostenta tal calidad. FUNDAMENTO PROBATORIO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA � Esta no puede sustentarse �nicamente en prueba de referencia. IN DUBIO PRO REO - El grado de certeza lo excluye de plano. Del an�lisis en conjunto del material probatorio aducido al juicio oral, se establece que existe la certeza necesaria acerca del delito y la responsabilidad penal del acusado, pues no obstante, el menor v�ctima no testific� en juicio, las declaraciones anteriores a �ste, son admisibles de manera aut�noma como prueba de referencia, siendo introducidas a trav�s de los testimonios de las profesionales que lo atendieron y sus bases de opini�n pericial; quienes adem�s, al adquirir conocimiento directo y personal sobre los puntos que son objeto de sus valoraciones, ex�menes o an�lisis, no constituyen prueba de referencia, sino directa, que respaldada con otros medios de conocimiento, como las manifestaciones realizadas por su progenitora ante dichas profesionales y su declaraci�n parcial rendida en juicio, a pesar de haber ejercitado su derecho de no incriminaci�n, y la existencia de varios elementos de corroboraci�n perif�rica que permiten otorgar credibilidad a la versi�n de la v�ctima, hacen procedente proferir sentencia condenatoria. / TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N PENAL Magistrada Ponente:Blanca Lidia Arellano MorenoAsunto:Apelaci�n sentencia condenatoriaDelito:Actos Sexuales con Menor de 14 a�osAcusado:M.A.N.I.Proceso No:523996000521 2015 80070 01 N.I. 17233Aprobaci�n:Acta N� 04 del 13 de febrero de 2018 San Juan de Pasto, primero (1�) de marzo de dos mil dieciocho (2018) OBJETO DE LA DECISI�N Corresponde al Tribunal resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el defensor del acusado, contra la sentencia dictada el d�a 15 de abril de 2016 por medio de la cual el Juzgado Penal del Circuito de La Uni�n impuso sentencia condenatoria en contra de M.A.N.I., por hallarlo responsable como autor a t�tulo de dolo, del delito de Acceso carnal abusivo con menor de catorce a�os agravado descrito en los art�culos 208 y 211-5 del C.P. LOS HECHOS JUR�DICAMENTE RELEVANTES De acuerdo a la prueba recaudada en el Juicio Oral en cuanto a los f�cticos que son objeto de la sentencia, se determina que tuvieron ocurrencia el d�a 15 de abril de 2015, en la habitaci�n de M.A.N.I. de dieciocho (18) a�os de edad, quien so pretexto de jugar al pap� y a la mam� con su primo J.C.H.J. de aproximadamente cinco (5) a�os de edad, le introdujo su pene en la boca. 2.

ACTUACI�N PROCESAL Considerando los f�cticos descritos previamente, la Fiscal�a solicit� la captura de M.A.N.I., la que se hizo efectiva y como consecuencia el 18 de mayo de 2015, se realizaron las audiencias concentradas de legalizaci�n de captura, formulaci�n de imputaci�n e imposici�n de medida de aseguramiento ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Uni�n con funciones de Control de Garant�as, donde se acredit� que la aprehensi�n fue legal, para seguidamente la Fiscal�a atribuirle cargos como autor a t�tulo de dolo de los delitos de Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 a�os, agravado por el parentesco, conforme a los art�culos 208 modificado por el art�culo 4� de la Ley 1236 de 2008, y 211-6 (sic) del C.P., en concurso heterog�neo con el delito de Actos sexuales con menor de catorce a�os agravado por el parentesco, previsto en el art�culo 209 modificado por el art�culo 5� de la Ley 1236 de 2008 del C.P; cargos no aceptados por el imputado.

Posteriormente, la se�ora Jueza impuso la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscal�a consistente en detenci�n preventiva en centro de reclusi�n carcelaria. Prosiguiendo el tr�mite correspondiente, la Fiscal�a, present� escrito de acusaci�n el 13 de agosto de 2015; acto seguido, el 14 de septiembre del mismo a�o, se llev� a cabo la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, manteniendo los componentes f�cticos y jur�dicos de la imputaci�n aunque se corrige el n�mero de la causal de agravaci�n derivada del parentesco entre acusado y v�ctima que corresponde al numeral 5�.

El d�a 3 de noviembre de 2015, se realiz� audiencia preparatoria, en tanto que la audiencia de juicio oral se instal� el d�a 26 de noviembre de 2015, la cual fue suspendida a petici�n de la Fiscal�a para continuarla luego de varios aplazamientos los d�as 3 y 16 de marzo de 2016, fecha esta �ltima donde se emiti� sentido de fallo condenatorio y se realiz� la audiencia de individualizaci�n de la pena, para dictarse sentencia condenatoria teniendo en cuenta �nicamente los hechos que tuvieron ocurrencia el d�a 15 de abril de 2016, por el delito de Acceso carnal abusivo con menor de 14 a�os agravado, conforme a lo tipificado en los art�culos 208 y 211-5 del C.P., en tanto que por los otros hechos al establecer que posiblemente tuvieron ocurrencia cuando el acusado era menor de edad, declar� su incompetencia para emitir pronunciamiento de fondo y orden� la compulsa de copias para que se adelante la investigaci�n conforme al procedimiento establecido en la Ley 1098 de 2006.

La anterior decisi�n fue apelada �nicamente por el abogado defensor, quien present� la sustentaci�n en el t�rmino de ley sin que las dem�s partes o intervinientes hicieran alguna intervenci�n al respecto.

3. LA SENTENCIA APELADA En primer t�rmino el Juez de primera l�nea present� el componente f�ctico de su decisi�n, prosiguiendo con los datos del acusado y un resumen de los alegatos finales presentados en juicio; luego, hizo una breve referencia a los antecedentes procesales. Ya en las consideraciones, rese�a las premisas jur�dicas contenidas en los art�culos 7 y 381 de C.P.P. y 29 constitucional, as� como el art�culo 208 del C.P. que establece el delito por el cual se impone condena, planteando enseguida los problemas jur�dicos en cuanto a la responsabilidad del acusado, las valoraciones hechas al menor, la validez de sus declaraciones expuestas ante profesionales de la salud y el hecho de que tanto �l como su madre no hayan declarado en la audiencia de juicio.

Sobre lo �ltimo el juez explica que si bien la madre de la v�ctima hizo uso del derecho de no declarar en contra del acusado quien es su sobrino, no genera efectos respecto de las versiones suministradas por su hijo como menor v�ctima ante las profesionales de la salud que atendieron su caso, ya que son potestades de car�cter aut�nomo e irrenunciable, ante las cuales el Estado asume el deber de garant�a y protecci�n en aras de no revictimizar a los menores que han sido v�ctimas de delitos que atenten contra su libertad, integridad y formaci�n sexual, raz�n de m�s por la que acept� la justificaci�n expuesta por la representante del infante al aducir que no lo presentaba en juicio porque se encontraba superando el trauma que le ocasion� el delito.

Agrega que si bien el art�culo 385 del C.P.P., busca la protecci�n de la unidad familiar, ello se aten�a cuando est�n de por medio derechos de los menores de edad que son prevalentes, en aplicaci�n del principio pro infancia, seg�n se establece en los tratados internacionales, leyes y la jurisprudencia nacional seg�n lo ense�an la Corte Constitucional en la sentencia C-848 de 2014 y la Corte Suprema de Justicia, en decisi�n de 28 de octubre de 2015, radicado 44056, M.P. Patricia Salazar Cu�llar.

Siendo as�, los relatos realizados por el menor ante la psic�loga del ICBF y la m�dica del Hospital Eduardo Santos, constituyen piezas procesales para decidir el caso, y son atendibles a�n si no se cuenta con el dictamen de un experto o perito, dada la libertad probatoria de la sistem�tica de la Ley 906 de 2004, actuaci�n que adem�s no fue adelantada de forma il�cita o ilegal, dado el consentimiento de la madre quien fue enterada de las consecuencias y la importancia de las valoraciones, sin que se haya demostrado que sus resultados fueron obtenidos por medios fraudulentos, por lo que cumplen los requisitos de validez y eficacia. Se tiene en cuenta adem�s que la investigaci�n inici� por la denuncia presentada por la madre del menor, y aunque no haya declarado en juicio por circunstancias de parentesco, seg�n la Sentencia 848 de 2014 de la Corte Constitucional, dicha excepci�n al deber de declarar no se aplica cuando se trate de menores de edad que hayan sido v�ctimas de delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales.

Se conoce as� el relato del menor que realiz� a la psic�loga y si bien ella no tuvo la oportunidad de apreciar de manera directa los hechos, si percibi� sus gestos y actitud al momento en que rinde la entrevista que fue semiestructurada, determinando que no se trata de un invento o un estado alterado de conciencia de la v�ctima, sino de un relato coherente, consistente, con alto grado de credibilidad, dada la edad del menor quien le manifest� adem�s su deseo de olvidar lo sucedido, sentimiento que no se puede tener respecto de un juego inocente sino de un hecho traum�tico.

La profesional de la medicina Dra. LEIDY DIANA ROSERO PATI�O, quien realiz� la valoraci�n sexol�gica, tambi�n se enter� de lo sucedido, ya que el infante J.C.H.J. en medio del llanto le suministr� informaci�n acerca del abuso sexual proveniente de su primo M. De esa forma el a quo determina que efectivamente el delito existi� y que su autor es M.A.N.I. aunque se aparta de conocer los hechos sucedidos para cuando el acusado era menor de edad, y se centra en lo acontecido el 15 de abril de 2015.

Encuentra demostrado tambi�n con base en los registros civiles de nacimiento de SIT y ACJT descendientes de BITM, el grado de parentesco entre el acusado y la v�ctima, y por ende el agravante del numeral 5� del art�culo 211 del C.P. M.A.N.I., atent� contra el bien jur�dicamente protegido de la libertad, integridad y formaci�n sexuales del menor J.C.H.J., aunque no siempre las v�ctimas de este tipo de delitos presentan afectaci�n o trastorno emocional, intelectual o psicol�gico, pues en muchas ocasiones dada la edad e inmadurez mental, dif�cilmente pueden comprender el alcance de la agresi�n sexual y menos las secuelas que puedan presentar, de ah� la tipificaci�n establecida por el legislador que reprime todo acto de �ndole er�tico sexual ejecutado contra menor de 14 a�os.

Tambi�n es culpable a t�tulo de dolo, porque ten�a conocimiento de la ilicitud de su actuar, cuando el menor J.C.H.J. al ser familiar y por su desarrollo f�sico y mental, no pod�a otorgar el consentimiento para disponer de su sexualidad, actuar que no tiene justificaci�n ni causal de ausencia de responsabilidad, por lo cual es merecedor del reproche penal.

De este modo, el juez de primera instancia, considerando lo establecido en el art�culo 381 del C.P.P., declar� responsable penalmente a M.A.N.I., a t�tulo de dolo, por la comisi�n del delito de Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 a�os agravado - art�culos 208 y 211 No. 5� C.P., imponiendo la pena de prisi�n de 192 meses y la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por el mismo t�rmino. Asimismo, solicit� al ICBF, que tanto el menor v�ctima como su familia, tengan el acompa�amiento y asesor�a necesarios para superar dicha circunstancia y adicionalmente la compulsa de copias para que se contin�e con la investigaci�n por los hechos ocurridos antes del 20 de enero de 2015, para cuando el acusado era menor de edad.

Finalmente el despacho de primer nivel, se refiri� a los mecanismos sustitutivos de la pena, los cuales por las caracter�sticas del delito no pueden ser otorgados como beneficios al acusado. 4. LA SUSTENTACI�N DEL RECURSO La defensa arguye que el a quo realiz� una indebida apreciaci�n y valoraci�n de la prueba de referencia aportada por la Fiscal�a, la cual consiste en las declaraciones realizadas por la Dra. EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA psic�loga de Bienestar Familiar y la Dra. LEYDY DIANA ROSERO PATI�O, m�dica de Servicio Social Obligatorio del Hospital Eduardo Santos del municipio de La Uni�n-Nari�o, las que no pueden servir de fundamento de una sentencia de tipo condenatorio, cuando adem�s no se encuentra prueba directa que haya ingresado al juicio.

Pone de manifiesto que la se�ora ACJ invoc� su derecho a no declarar en contra del acusado por el grado de parentesco, seg�n lo previsto en los art�culos 33 de la CN y 385 del C. de P.P. el que hizo extensivo a su hijo menor J.C.H.J. como v�ctima para no presentarlo en juicio, raz�n por la cual los EMP presentados en juicio constituyen prueba il�cita y quebrantan los derechos fundamentales del debido proceso y defensa.

Siendo as�, la Fiscal�a no logr� demostrar en juicio m�s all� de toda duda razonable la responsabilidad del acusado. Para sustentar su posici�n, la defensa inicialmente realiza una reproducci�n de apartes de los testimonios de EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y LEYDY DIANA ROSERO PATI�O para luego resaltar que si bien tienen valor y validez probatorios, solo lo son en calidad de pruebas de referencia, ya que claramente manifiestan que realizaron la entrevista y di�logo con el menor que estuvo acompa�ado de la madre, con posterioridad a los presuntos hechos ocurridos el 15 de abril de 2015, por lo que son precarias y dudosas frente a sus conclusiones, son aisladas en sus conceptos cient�ficos y confusas en sus apreciaciones.

Sin embargo, el Juez de conocimiento otorga plena validez a los testimonios de las profesionales por haber tenido contacto directo con el menor v�ctima y haber conocido de primera mano su dicho, lo que considera constituye una valoraci�n inadecuada pues las testigos tratan de establecer conclusiones sobre la existencia de un delito de actos sexuales abusivos, sin acreditar la condici�n de perito judicial, sino tan solo que una de ellas es una profesional en psicolog�a cl�nica, que lejos est� de tener la formaci�n y criterio profesional para emitir un concepto como el que se exige en este tipo de proceso, en el que se debe acreditar el t�tulo de perito judicial.

Por lo anterior se presentan confusiones en el testimonio de la psic�loga que se pusieron en evidencia en el contrainterrogatorio de la defensa, lo que permite concluir que no se le pod�a dar el valor probatorio que el juez de conocimiento le otorg� para fundamentar la responsabilidad del procesado. Igualmente, la defensa indica que en el testimonio de la psic�loga se hace referencia a una entrevista semiestructurada, tipo de valoraci�n psicol�gica que exige unas condiciones t�cnicas distintas a las expuestas.

Luego de lo anterior, el apoderado del acusado seg�n consta a folios 93 a 96 de la carpeta principal, pasa a reproducir sin hacer la citaci�n jurisprudencial que corresponde, el texto literal de la sentencia de la CSJ radicado 38773, del 27 de febrero de 2013, MP Mar�a del Rosario Gonz�lez Mu�oz, del ac�pite titulado �Naturaleza y alcance de la prueba de referencia�.

Luego, en los folios 97 a 103 de la carpeta principal reproduce sin mencionar la fuente varios apartes de la sentencia de la CSJ radicado 32829 del 17 de marzo de 2010, MP Sigifredo Espinosa P�rez, y simplemente cambia uno de los nombres que se citan en la providencia por el de la madre del menor del presente asunto.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. COMPETENCIA Esta Corporaci�n, es competente para desatar el recurso de apelaci�n interpuesto por la defensa, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 34 numeral 1� de la Ley 906 de 2004. 5.2. PROBLEMAS JUR�DICOS Conforme a los cuestionamientos formulados por la parte apelante, la Sala verificar� si la prueba allegada al juicio, permite adquirir el conocimiento m�s all� de toda duda, acerca del delito y la responsabilidad penal del se�or M.A.N.I.para proferir en su contra sentencia condenatoria.

Para asumir una posici�n frente a lo anterior, ser� necesario resolver de manera previa los siguientes aspectos: i) La Sala se ocupar� en primer t�rmino de determinar si se demostr� la existencia y contenido de las declaraciones anteriores al Juicio Oral, rendidas por el menor J.C.H.J. como v�ctima y su madre. ii) Si se supera el anterior cuestionamiento se establecer� si la decisi�n de la madre de la v�ctima se�ora ACJT de no declarar en juicio en contra del acusado por el parentesco de consanguinidad, dado que es sobrino, genera ilicitud en las pruebas arrimadas a juicio. iii) Tambi�n ser� menester determinar si los reparos realizados por la defensa respecto de la idoneidad de la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O, mengua su credibilidad. iv) Finalmente se establecer� si la sentencia de condena que se impone en contra del acusado por parte del Juzgador se fundamenta �nicamente en prueba de referencia. Para resolver, la Sala revisar� los siguientes aspectos: i) Existencia y contenido de una declaraci�n anterior al juicio oral, ii) Admisibilidad de las pruebas de referencia en casos de delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales que afectan a menores de edad, iii) Ejercicio del derecho de no incriminaci�n en contra de integrantes de la familia, en los casos de menores de edad, v�ctimas de delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales, y iv) Las declaraciones de los peritos como prueba directa o de referencia.

5.3. ESTUDIO DEL CASO La sustentaci�n de la apelaci�n que presenta la defensa comprende en parte la transliteraci�n de los testimonios de la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O, as� como la reproducci�n del contenido de dos sentencias de la CSJ, sin embargo, es posible extractar de algunos de sus apartes los puntos de desacuerdo que por su relevancia e incidencia en la sentencia de condena, se pasan a examinar por la Sala conforme a los problemas jur�dicos planteados que enseguida se abordan, para establecer si hay o no lugar a la revocatoria que requiere el apelante. i) Existencia y contenido de las declaraciones anteriores al juicio oral y prueba de referencia Se evidencia en el sub examine que la Fiscal�a no aport� en el juicio la denuncia de la se�ora ACJT que dio curso a la investigaci�n penal, como tampoco las entrevistas del menor que se hubieran podido recaudar por personal asistencial o investigativo de dicha instituci�n; por lo que sus versiones fueron introducidas a trav�s de las bases de opini�n pericial presentadas por la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O; de tal manera que antes de analizar lo concerniente al derecho de no incriminaci�n sobre el cual realiza sus reparos la defensa, es importante determinar si los registros realizados en la forma indicada, pueden catalogarse como prueba de referencia para ser introducidas en juicio, pues de establecerse su inexistencia no ser�a del caso pasar a estudiar el contenido de tales declaraciones.

Al respecto, la Alta Corporaci�n penal, fue exhaustiva en explicar que no toda declaraci�n rendida por fuera del juicio oral, puede catalogarse de manera autom�tica como prueba de referencia, y explic� lo siguiente: �En la pr�ctica judicial suele confundirse la declaraci�n que constituye prueba de referencia (la realizada por fuera del juicio oral, que se lleva al juicio oral como medio de prueba), con el medio utilizado para demostrar que esa declaraci�n existi� y cu�l es su contenido.

En estos casos es fundamental preguntarse �qui�n es verdaderamente el declarante que testifica en su contra �del acusado�, y, como bien se indica en el art�culo 437 de la Ley 906 de 2004, s�lo puede serlo el testigo que tuvo conocimiento de los hechos y entreg� su versi�n por fuera del juicio oral, mas no el testigo que comparece al juicio a declarar sobre la existencia y contenido de esa declaraci�n. En t�rminos simples, siempre debe indagarse qui�n es el testigo de cargo y, en consecuencia, frente a qui�n se activa para el acusado el derecho a la confrontaci�n. Si una parte pretende aducir como prueba de referencia una declaraci�n anterior al juicio oral, asume la carga de demostrar que esa decisi�n existi� y que su contenido es el que alega seg�n su teor�a del caso.

Frente a este aspecto tambi�n opera el principio de libertad probatoria, seg�n lo indic� la Sala en la decisi�n CSJ SP, 28 de Oct. 2015, Rad. 44056, donde adem�s se analiz� todo el proceso de incorporaci�n de una declaraci�n anterior a t�tulo de prueba de referencia. (�) En s�ntesis, considera la Sala que la demostraci�n de la existencia y contenido de una declaraci�n anterior al juicio oral se rige por las siguientes reglas: (i) se trata de un problema probatorio y, en consecuencia, est� regido por el principio de libertad probatoria que inspira toda la actuaci�n penal;

(ii) La Ley 906 de 2004, en sus art�culos 206 y 146, establece la obligaci�n de documentar de la mejor manera posible las actuaciones de la Fiscal�a y la Polic�a Judicial, lo que fue reiterado en la Ley 1652 de 2013; (iii) la Fiscal�a tiene la obligaci�n de procurar el mejor registro posible de las entrevistas o declaraciones juradas, principalmente cuando tienen clara vocaci�n de ser incorporadas en el juicio oral a t�tulo de prueba de referencia, para facilitar el ejercicio de los derechos del acusado, reducir los debates frente a este aspecto y brindarle mejores elementos al juez para la valoraci�n del medio de conocimiento, y (iv) en cada caso debe evaluarse si se demostr� o no la existencia y contenido de la declaraci�n anterior al juicio oral que pretende aducirse como prueba de referencia, seg�n las reglas generales y espec�ficas de valoraci�n probatoria.�.

Y en otro aparte explic� la Corte: �� una declaraci�n incriminatoria no pierde su car�cter porque (i) haya sido rendida por un menor de edad o un adulto, (ii) se documente de una determinada manera, o su existencia y contenido se demuestre a trav�s de testimonios y/o dict�menes periciales, o (iii) legalmente se le denomine de una determinada manera: evidencia f�sica, prueba documental, elemento material probatorio, etc�tera�.

Entonces, como se acaba de ver, se trata de un tema de tipo probatorio, en el que opera el principio de libertad, lo que permite a esta Sala establecer como existentes las versiones del menor J.C.H.J. y su madre ACJT documentadas a trav�s de las bases de opini�n pericial de la psic�loga y m�dica que se introdujeron en juicio, y que al haberse adelantado con las advertencias y previsiones legales, se presentan como el mejor registro que fue posible recaudar dada la corta edad del menor v�ctima, quien siempre estuvo acompa�ado de su madre, como su representante legal.

Se tiene en consecuencia demostrada la existencia y contenido de las declaraciones anteriores al Juicio Oral, rendidas por el menor J.C.H.J. como v�ctima y su madre a trav�s de las bases de opini�n pericial presentadas por la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O. Luego de lo anterior, se pasa a estudiar el reproche realizado por la defensa acerca de la ilicitud de las pruebas que se deriva seg�n su posici�n del ejercicio del derecho de no incriminaci�n ii) Derecho de no incriminaci�n ejercido por la madre del menor v�ctima La defensa apelante entiende que el hecho de que ACJT madre del menor, ejerci� su derecho a no declarar en contra del acusado por el grado de parentesco, seg�n lo previsto en los art�culos 33 de la CN y 385 del C. de P.P., ello se hace extensivo a su hijo menor J.C.H.J. como v�ctima y por ello la prueba presentada en juicio es il�cita.

Sin embargo, tal aseveraci�n no se sustenta suficientemente ya que por un lado no se explica de qu� manera el ejercicio del derecho aludido afecta las pruebas obtenidas en el juicio diferentes a las que provienen de la precitada y por otra parte como en su momento lo explic� el a quo los derechos del menor se deben atender de manera aut�noma a los de su madre.

La problem�tica que se presenta no es extra�a en procesos que se siguen por la comisi�n de delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales, para la generalidad de las v�ctimas y mucho m�s cuando se encuentran de por medio ni�os, ni�as y adolescentes (En adelante NNA) cuyos derechos se han vulnerado por parte de familiares o allegados, asuntos en los que conforme se avanza en sus diferentes fases las v�ctimas asumen as� mismo diferentes posiciones y adoptan decisiones con repercusiones que se deben afrontar y analizar seg�n la etapa de que se trate.

Es as�, como en este caso y en un momento inicial, la se�ora ACJT ante la primera reacci�n de su hijo cuando llega a buscarlo y sale de la habitaci�n de su primo, comprende que algo inusual estaba sucediendo, por lo que trat� de obtener informaci�n con el mismo menor para confirmar o descartar su sospecha de un posible abuso sexual y al percatarse de la gravedad de la situaci�n decide de manera natural y como reacci�n a tal agresi�n poner en conocimiento de las autoridades los hechos, lo que implica en esas fases, la presentaci�n de la v�ctima para los ex�menes correspondientes, con un nivel de colaboraci�n que indica claramente el deseo de que se investigue la conducta del agresor.

Luego, surge la necesidad imperiosa de enfrentar el proceso que tiene su culmen en la audiencia de Juicio Oral que implica rendir una declaraci�n y peor a�n, la decisi�n de presentar al afectado en dicha audiencia, escenario en el cual muchas voluntades se doblegan ante el significado de contraponer la defensa de los derechos del menor quien ser�a revictimizado por sobre los lazos de consanguinidad existentes con el victimario.

Resultan comprensibles las decisiones que conforme avanza el proceso se van adoptando, pero dada la magnitud y gravedad de los derechos en juego, se encuentran herramientas muy valiosas en el sistema jur�dico que permiten desde los puntos de vista procesal y probatorio, otorgar validez a las actuaciones adelantadas, como luego se explicar�.

Por el momento, resulta necesario iniciar por analizar la intervenci�n de ACJT porque de todas formas, al presentarse en juicio entreg� informaci�n valiosa desde el punto de vista probatorio, en cuanto que confirm� su grado de parentesco entre ella y el acusado y entre �ste y su hijo, al indicar que ella es t�a de M.A.N.I., lo que demuestra en uni�n de los registros civiles aportados la existencia del agravante derivado de los lazos de consanguinidad; y asimismo dio muestras claras de afectaci�n por lo sucedido, lo que se hizo notorio en el cambio del tono y expresi�n de su voz al comparar su testimonio antes y despu�s de que fuera interrumpida por el abogado defensor para que aclarara si har�a uso del derecho de no incriminaci�n. Se cuenta adem�s con manifestaciones anteriores al juicio, que fueron introducidas a trav�s de los testimonios de las profesionales que atendieron a la v�ctima y sus bases de opini�n pericial.

Por supuesto, interesa a la defensa que las anteriores probanzas provenientes de las actuaciones y manifestaciones de la se�ora ACJT no se tengan en cuenta a la hora de adelantar la valoraci�n correspondiente, y acude para ello al derecho de no incriminaci�n ejercido por la testigo, de lo que deriva la ilicitud de las pruebas aportadas en juicio, ello implicar�a desde el punto de vista jur�dico procesal su exclusi�n, seg�n lo regulado en los art�culos 23, 232 y 455 de la Ley 906 de 2004; sin embargo, la Sala considera que dicha sanci�n probatoria no resulta aplicable al sub examine entre otras por la raz�n expuesta por el juez de instancia, respecto de la autonom�a de los derechos del menor frente a la madre.

As�, en principio se advierte que constitucional y legalmente se protege el derecho a preservar la unidad o las relaciones de familia, conforme se establece en el conjunto normativo integrado por el art�culo 33 de la Carta Pol�tica, y los art�culos 68 y 385 de la Ley 906 de 2004, que reconocen como prerrogativa de toda persona no denunciar ni declarar, entre otros, en contra de los consangu�neos hasta el cuarto grado, l�nea en la cual se encuentran la v�ctima y su madre respecto de M.A.N.I., lo cual se compadece con la finalidad de preservar la instituci�n de la familia que se puede afectar si se exigiera o forzara a uno de sus integrantes a acusar o a declarar en contra de cualquiera de los otros miembros de su grupo familiar.

Y esa fue la din�mica que se sigui� en el caso analizado por la CSJ, en el radicado No. 32.829 del 17 de marzo de 2010, que por su cercan�a con los f�cticos que ahora nos ocupan, llev� a la defensa a retomar sus fundamentos y simplemente cambiar el nombre de uno de los testigos por el de la se�ora ACJT. En el mismo, los testigos y la v�ctima de un delito atentatorio de la libertad, integridad y formaci�n sexuales que era adolescente, se abstuvieron de declarar en el juicio adelantado en contra del acusado acogi�ndose al derecho de no incriminaci�n respecto de un consangu�neo, seg�n las excepciones de ley; no obstante las entrevistas por ellos vertidas antes del Juicio Oral, fueron introducidas al mismo a trav�s de los investigadores que las recepcionaron.

Para aquella ocasi�n, explic� la Corte, que cuando un testigo invoca su derecho a no declarar conforme a la Constituci�n y la ley, dicha situaci�n no puede entenderse como uno de aquellos eventos similares previstos en el art�culo 438, literal b) de la Ley 906 de 2004, y por lo mismo no podr�a introducirse la entrevista que dicho testigo hubiese surtido en etapas anteriores al juicio, como prueba de referencia. Sin embargo, debemos advertir que el asunto al que se hace menci�n y el estudio realizado por la Corte, no se hacen extensivos al caso de M.A.N.I. ya que con posterioridad a la �poca en que se aplicaron, el legislador introdujo con la Ley 1652 de 2013, una nueva causal de admisi�n de la prueba de referencia cuando el declarante es menor de edad y es v�ctima de delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales.

Asimismo la Corte Constitucional en su fallo C 848 de 2014 que cita como fundamento jurisprudencial el a quo, otorga alcances diferentes al derecho de no incriminaci�n, cuando tiene ocurrencia este tipo de conductas delictivas. Este desarrollo se justifica, porque desafortunadamente en el tipo de conductas que se analiza, resulta muy recurrente que los victimarios se encuentren en los c�rculos m�s cercanos de familiaridad o de amistad, y cuando son de los primeros, ocurre por decirlo as� un corto circuito de gran magnitud por la tensi�n de los derechos en contraposici�n, cuya protecci�n constitucional y legal se encuentran en el mismo nivel, en la medida en que, de un lado de la balanza, se encuentra la familia como instituci�n b�sica o n�cleo fundamental de la sociedad seg�n se establece en los art�culos 5� y 42 de la CN y la decisi�n de uno de sus miembros de no afectarla al abstenerse de declarar, seg�n la facultad otorgada en el art�culo 33 constitucional, complementado por los art�culos 68 y 385 de la Ley 906 de 2004; y del otro lado de la balanza, se ubica el art�culo 44 de la Constituci�n que impone la prevalencia de los derechos de los ni�os, y que tanto la jurisprudencia nacional como los instrumentos internacionales, desarrollan a trav�s del concepto del inter�s superior del ni�o y el principio pro infans.

As�, en lo que concierne a lo previsto en el art�culo 68 mencionado, la sentencia C 848 de 2014, determin� su exequibilidad condicionada, para lo cual realiz� un estudio del derecho de no incriminaci�n en contextos en los cuales se involucran los derechos de NNA que han sido v�ctimas de delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales, en cuyo caso se configura una excepci�n a la exoneraci�n al deber de denunciar.

Al respecto explic� la Alta Corporaci�n Constitucional: �En s�ntesis: (i) el principio de no incriminaci�n, consagrado en el art�culo 33 del texto constitucional, contiene dos garant�as: la de no autoincriminaci�n y la de no incriminaci�n del c�nyuge, compa�ero permanente o parientes pr�ximos; la primera constituye un elemento esencial del derecho de defensa, mientras que la segunda persigue la protecci�n de los v�nculos familiares;

(ii) la diferencia anterior se proyecta el derecho positivo, pues el texto constitucional, los instrumentos internacionales de derechos y el derecho comparado confieren una protecci�n plena a la garant�a de no autoincriminaci�n por su v�nculo inescindible con el derecho al debido proceso, mientras que la de no incriminaci�n de los familiares cercanos no constituye un est�ndar m�nimo obligatorio, y puede ser exceptuado;

(iii) el efecto jur�dico de la referida salvaguardia es la prohibici�n de las declaraciones forzosas en contra de las personas que integran el n�cleo familiar, m�s no la supresi�n del deber de declarar; (iv) la garant�a constitucional de no incriminaci�n, no contiene una previsi�n expresa y espec�fica para el acto de denuncia, sino que versa gen�ricamente sobre las declaraciones incriminatorias;

(iv) dadas las especificidades de la referida garant�a, �sta no podr�a servir como fundamento para limitar el espectro del deber constitucional de denunciar los delitos contra ni�os, por las siguientes razones: primero, la garant�a atiende a la protecci�n de los v�nculos familiares y la intimidad familiar, pero la necesidad de esta salvaguardia decae cuando los lazos familiares est�n mediados por la violencia y el maltrato, y cuando se ventilan asuntos p�blicos como la afectaci�n grave de los derechos de los ni�os; segundo, la garant�a de no incriminaci�n no suprime el deber de declarar, sino que establece el derecho a no ser forzado a dar declaraciones incriminatorias; y tercero, la garant�a no se refiere espec�ficamente al acto de denuncia, sino en general a las declaraciones, incriminatorias, y existen diferencias relevantes entre unas y otras que justifican un r�gimen jur�dico diferenciado.

En definitiva, para esta Corporaci�n es constitucionalmente inadmisible que en un contexto marcado por la violencia y el maltrato infantil, en el que la prolongaci�n de este fen�meno est� determinada, al menos parcialmente, por el silencio, la tolerancia y la impunidad, se pretenda atribuir a la garant�a de no incriminaci�n un alcance que excede su propia finalidad y racionalidad interna, y su propio dise�o normativo, para sobre esta base, exceptuar el deber constitucionalidad de denunciar los delitos contra ni�os�.

(Negrillas fuera de texto). M�s adelante dijo la Corte al contraponer la unidad familiar frente y el derecho de no incriminaci�n: �8.4.3. Tampoco es v�lido el argumento de que el bienestar del menor exige la excepci�n del deber de denuncia, para garantizar la unidad familiar que se pone en peligro cuando se obliga a las personas a denunciar a las personas m�s cercanas.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que este razonamiento parte del falso supuesto de que la persona que se encuentra exceptuada del deber de denuncia en el precepto acusado, es al mismo tiempo familiar del menor v�ctima del delito, y tambi�n del potencial denunciante. Sin embargo, este presupuesto no es necesariamente cierto, porque la norma demandada �nicamente except�a de la obligaci�n de denunciar al c�nyuge, compa�ero permanente y pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y civil, o segundo de afinidad del victimario, y no de la v�ctima, y no siempre el familiar de aquel es tambi�n familiar del menor v�ctima del delito.

En otras palabras, este argumento se edifica a partir de una hip�tesis cuya ocurrencia es tan solo eventual, de modo que las conclusiones que se extraen de ella, son aplicables �nicamente a un tipo de casos que no agotan el repertorio de casos comprendidos en la norma acusada. Pero incluso asumiendo que el potencial denunciante es al mismo tiempo familiar de la v�ctima y del victimario, el argumento tampoco es procedente.

Como ya se indic� anteriormente, la violencia contra los ni�os debe ser enfrentada a trav�s de un enfoque de derechos, y el inter�s abstracto por una unidad familiar que ya de por s� se encuentra maltrecha por la violencia y el maltrato, no puede suprimir el derecho de los ni�os a la verdad, la justicia y la reparaci�n. En otras palabras, no podr�a sacrificarse los derechos de los ni�os con el pretexto de mantener la unidad familiar, que en todo caso tampoco puede mantenerse a trav�s del silenciamiento del delito en el seno de la propia familia.

As� las cosas, el argumento sobre la unidad familiar debe conducir, no a exonerar del deber de denuncia de los delitos cometidos contra menores de edad, sino a exigir de las instancias estatales, tanto gubernamentales como judiciales, enfrentar estos fen�menos a trav�s de mecanismos que permitan la reconstituci�n y el fortalecimiento de los v�nculos familiares, y no a profundizar los conflictos existentes�.

Luego para declarar la exequibilidad condicionada, dijo la Corte: �Para determinar la constitucionalidad del precepto anterior, la Corte abord� dos interrogantes: por un lado, si existe un deber constitucional de denunciar o de poner en conocimiento de las autoridades p�blicas los delitos cometidos contra ni�os, y por otro, si este deber, en caso de existir, se contrapone de alg�n modo a la garant�a de no incriminaci�n contemplada en el art�culo 33 de la Carta Pol�tica, que justamente establece que nadie puede ser obligado a declarar contra s� mismo o contra sus familiares cercanos. Con respecto al primero de estos cuestionamientos, se encontr� que aunque el texto constitucional no prev� expresamente el deber de poner en conocimiento de las autoridades las conductas delictivas cometidas contra ni�os, esta responsabilidad s� se deriva del inter�s superior del ni�o y del deber reforzado a cargo de la familia, de la sociedad y del Estado, de brindarles protecci�n y asistencia, contemplados en el art�culo 44 de la Carta Pol�tica.

Uno y otro imperativo ser�an vaciados de todo contenido, de considerarse que la prevalencia de los derechos de los ni�os y la obligaci�n de todas las personas de otorgarles el amparo y la custodia que requieran, no genera el deber de informar a las autoridades sobre las amenaza m�s graves a su vida e integridad derivadas de la comisi�n de delitos en su contra, cuando por otro lado, confluyen dos circunstancias constitucionalmente relevantes: (i) primero, la imposibilidad f�sica, emocional y s�quica de los menores para denunciar los hechos punibles realizados en su contra, m�xime cuando con frecuencia, tales delitos son cometidos por integrantes de su propia familia, y en este escenario, las relaciones de jerarqu�a y subordinaci�n, y los v�nculos de amor, respeto, dependencia y miedo entre la v�ctima y el victimario, obstaculizan a�n m�s el acto de denuncia;

(ii) y segundo, la funci�n que cumple este dispositivo dentro del sistema de protecci�n de derechos de los menores, al ser el mecanismo por excelencia para la activaci�n de la administraci�n de justicia y del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos. A su vez, la postulaci�n de este deber es compatible con la garant�a de no incriminaci�n prevista en el art�culo 33 de la Carta Pol�tica, por las siguientes razones: (i) el efecto jur�dico espec�fico de la previsi�n normativa no consiste en liberar a las personas de la obligaci�n de declarar contra sus familiares, sino en otorgarles una salvaguardia especial, para que no puedan ser forzados, ni por v�as directas ni por v�as indirectas, a dar estas manifestaciones; por este motivo, propiamente hablando, el precepto constitucional versa sobre las actuaciones que pueden desplegar las autoridades para obtener las declaraciones incriminatorias, as� como sobre los derechos que se derivan de tal limitaci�n, y no sobre las excepciones al deber general de declarar;

(ii) existe una diferencia sustantiva entre el derecho a la no auto incriminaci�n, y el derecho a la no incriminaci�n de los familiares pr�ximos, pues obedecen a una finalidad, a una racionalidad y a una l�gica distinta, y en consecuencia, su alcance y efectos jur�dicos no pueden ser asimilados; en el primero de los casos, la referida garant�a es un elemento estructural del derecho al debido proceso, porque a trav�s del mismo se impide que las personas sean obligadas a suministrar los elementos de juicio que podr�an determinar su responsabilidad, y por tanto, constituye un componente fundamental del derecho de defensa; en el segundo evento, por el contrario, la garant�a de no incriminaci�n atiende a la necesidad de proteger los v�nculos familiares as� como la autonom�a y la intimidad de la familia, por lo que, en este escenario espec�fico, la extensi�n del derecho previsto en el art�culo 33 de la Carta Pol�tica, debe establecerse en funci�n de tal finalidad; ahora bien, en la medida en que tales lazos desaparecen cuando est�n mediados por la violencia y el maltrato, y en la medida en que dicha intimidad debe ceder cuando se involucran asuntos p�blicos como la vulneraci�n grave de los derechos fundamentales de los ni�os, la garant�a de no incriminaci�n no podr�a ser invocada ni utilizada para justificar el derecho a silenciar el maltrato y la violencia contra los menores de edad;

(iii) el art�culo 33 de la Carta Pol�tica no contiene una previsi�n espec�fica sobre la denuncia, sino que se refiere en general a las declaraciones incriminatorias, y el primero de estos actos tiene particularidades y especificidades constitucionalmente relevantes asociadas a su aptitud para activar el sistema de protecci�n de derechos, que justifica un r�gimen jur�dico especial y diferenciado�.

Como se acaba de ver, la confrontaci�n de derechos en la balanza que figurativamente hemos presentado, se inclina hacia la protecci�n de los derechos de los menores de edad v�ctimas de delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales, de lo que resulta que no es de recibo el argumento jurisprudencial que presenta la defensa y por ello acierta el Juez de Conocimiento en la soluci�n jur�dica contenida en su decisi�n, al menos en lo que respecta a la intervenci�n de la madre del menor J.C.H.J., la se�ora ACJT.

Sin embargo, la Sala llama la atenci�n en que lo importante es que los par�metros de la sentencia C 848 de 2014, se hagan conocer tambi�n durante la pr�ctica de pruebas en el juicio, porque ello le hubiese autorizado a la se�ora ACJT a declarar pese a los lazos de consanguinidad, independientemente del resultado que se hubiera obtenido en cuanto a su valor suasorio; y no limitarse como lo hizo el juez en este caso a dicho an�lisis a la hora de valorar la prueba en la sentencia. Ahora, en cuanto a las consecuencias o efectos del derecho de no incriminaci�n ejercido por la se�ora ACJT respecto de su hijo J.C.H.J. como v�ctima, vale hacer de entrada una aclaraci�n, ya que la senda procesal que se adelant� en uno y otro caso no fue la misma y por ello no proced�a plantear los cuestionamientos de manera conjunta o relacionar el derecho de no incriminaci�n ejercido por la se�ora ACJT hacia su hijo J.C.H.J. como v�ctima, como lo pretende la defensa o en alg�n momento lo hizo en su valoraci�n el juzgador de primer nivel, de tal manera que no puede aducirse ning�n efecto, y tan solo partir de lo que en concreto tuvo ocurrencia, en tanto que la v�ctima no fue presentada en juicio, atendiendo adem�s a que las entrevistas realizadas al menor son admisibles de manera aut�noma como prueba de referencia en virtud del literal e) del art�culo 438 de la Ley 906 de 2004, introducido por la Ley 1652 de 2013.

Igualmente, no puede deducirse sin m�s que el menor no acudi� al juicio, ejerciendo dicho derecho, tema sobre el cual la CSJ ha explicado que los menores de 12 a�os, dada su corta edad, no tienen la capacidad de comprender la prerrogativa fijada en el art�culo 33 de la Constituci�n en concordancia con el art�culo 385 de la Ley 906 de 2004, por lo que a�n de haberse presentado el menor J.C.H.J. al juicio, no hubiese tenido ning�n objeto ponerle de presente dicha prerrogativa.

Y as� lo ense�a la Corte: �Vale decir, si se entiende que a tan corta edad el menor no puede dar su consentimiento o hacer producir efectos a su voluntad, motivo por el cual siempre en representaci�n suya act�a un tercero, por lo general sus padres, resulta inane deprecar que se le permitiera conocer el contenido de la norma en cuesti�n, y mucho m�s exigir que a lo �decidido� por el ni�o, se le haga producir efectos jur�dicos�. Lo que se tiene en concreto entonces, es que el menor J.C.H.J. no fue llevado al juicio y por lo mismo ninguna manifestaci�n expresa realiz� sobre el derecho de no incriminaci�n, dejando en claro tambi�n que independientemente del motivo, la posici�n asumida por la Fiscal�a de no exigir la pr�ctica testimonial de la v�ctima y respetar la decisi�n de su madre, resulta acorde con los lineamientos legales y jurisprudenciales que abogan por evitar la revictimizaci�n que se deriva de someter a los afectados a rendir declaraci�n en m�s de una ocasi�n o de someterlo al tr�mite de la audiencia de juicio oral.

Lo anterior tiene fundamento legal en el art�culo 206 A de la Ley 906 de 2004, introducido por la Ley 1652 de 2013, par�grafo 2� que indica que durante la etapa de indagaci�n e investigaci�n, el NNA v�ctima de delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexual, ser� entrevistado preferiblemente por una sola vez y que de manera excepcional podr� realizarse una segunda entrevista, teniendo en cuenta en todo caso el inter�s superior del menor; as� como tambi�n sirve de respaldo el literal e) del art�culo 438 de la Ley 906 de 2004, que admite como prueba de referencia la declaraci�n del menor de edad v�ctima de estos delitos.

Y m�s cuando se trata de infantes de tan corta edad, como sucede respecto de J.C.H.J. quien para la fecha de los hechos � 15 de abril de 2015 - contaba tan solo con cinco a�os de edad aproximadamente, si nos atenemos a su fecha de nacimiento � 8 de diciembre de 2009, lo que significa que para la audiencia de juicio en marzo de 2016 contaba con cerca de seis a�os, de lo que se desprende y sin mayor esfuerzo, hubiese resultado traum�tico.

Deviene de lo anterior y como respuesta al segundo problema jur�dico planteado que la decisi�n de la madre de la v�ctima se�ora ACJT de no declarar en juicio en contra del acusado por el parentesco de consanguinidad, dado que es sobrino, no genera ilicitud en las pruebas arrimadas a juicio. Se procede enseguida a evaluar los reparos realizados por la defensa sobre los otros testimonios recaudados en el Juicio. iii) Sobre los testimonios de la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O La defensa realiza los siguientes reproches: a) Las testigos tratan de establecer conclusiones sobre la existencia de un delito de actos sexuales abusivos, sin tener la formaci�n y criterio profesional para emitir un concepto como el que se exige en este tipo de proceso, en el que se debe acreditar el t�tulo de perito judicial. b) Se presentan confusiones en el testimonio de la psic�loga que se pusieron en evidencia en el contrainterrogatorio de la defensa, lo que permite concluir que no se le pod�a dar el valor probatorio que el juez de conocimiento le otorg� para fundamentar la responsabilidad del procesado. c) En el testimonio de la psic�loga se hace referencia a una entrevista semiestructurada, tipo de valoraci�n psicol�gica que exige unas condiciones t�cnicas distintas a las expuestas.

Procedemos a revisar cada uno de estos puntos a fin de establecer si tienen sustento y menguan la credibilidad de los testimonios de la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O. Para lo anterior, se debe acudir a lo preceptuado en el art�culo 420 de la Ley 906 de 2004, que fija los lineamientos para determinar el valor suasorio de conceptos como los suministrados en juicio por las testigos, cuyo texto es el siguiente: �Para apreciar la prueba pericial, en el juicio oral y p�blico, se tendr� en cuenta la idoneidad t�cnico cient�fica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptaci�n de los principios cient�ficos, t�cnicos o art�sticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas�.

Ahora, en cuanto a la idoneidad t�cnico cient�fica y moral del perito la misma ley, ofrece los par�metros necesarios a tener en cuenta en los art�culos 408 y 409, indic�ndose en el primero que podr�n ser peritos los siguientes: 1. Las personas con t�tulo legalmente reconocido en la respectiva ciencia, t�cnica o arte. 2. En circunstancias diferentes, podr�n ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, t�cnica, arte, oficio o afici�n aunque carezca de t�tulo.

A los efectos de la cualificaci�n podr�n utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito. En el segundo, se establece quienes no pueden en ning�n caso ser nombrados como peritos, as�: 1. Los menores de dieciocho (18) a�os, los interdictos y los enfermos mentales. 2.

Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia, t�cnica o arte, mientras dure la suspensi�n. 3. Los que hayan sido condenados por alg�n delito, a menos que se encuentren rehabilitados. De estos contenidos normativos, se establece con facilidad que resulta desacertada la posici�n expuesta por la defensa en el sentido de que deb�an las testigos acreditar un t�tulo de perito judicial, lo que m�s bien resulta ser una condici�n demostrable por cualquier medio probatorio y no necesariamente a trav�s de un certificado espec�fico; y conforme a lo sucedido al menor J.C.H.J. lo que se requer�a era por una parte una valoraci�n psicol�gica para la que era suficiente que la persona que lo examin� acreditara su t�tulo en psicolog�a y por otra parte un examen f�sico cl�nico de tipo sexol�gico, que lo podr�a realizar un m�dico sin necesidad de ser especialista forense como lo explic� la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O. Para el caso, la profesi�n de las testigos fue demostrada a trav�s del interrogatorio de la Fiscal�a, aspecto que no fue desvirtuado por la defensa quien adem�s no present� ninguna prueba que acreditara una suspensi�n en el ejercicio de la misma o la condena por alg�n delito, aspectos sobre los que fue enf�tica la Fiscal al interrogar a fin de establecer ausencia de obst�culos en esos puntos.

Ahora si a lo que se refiere la defensa es a una especialidad forense, no present� ninguna prueba que determinara la necesidad de conceptos de ese tipo, cuando adem�s no se endilg� al acusado ning�n cargo respecto de lesiones psicol�gicas transitorias o permanentes que hubiera podido sufrir el menor o dudas respecto de evidencia cl�nica sobre secuelas f�sicas o forma en que pudiera presentarse el acceso carnal.

De tal manera que al amparo del principio de libertad probatoria resultan suficientes los conceptos presentados por la Fiscal�a a trav�s de la testigo psic�loga de Bienestar Familiar EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O. La defensa alega tambi�n que la psic�loga incurri� en confusiones que se pusieron de relieve en el contrainterrogatorio, argumento que resulta muy abstracto, en la medida en que no era suficiente hacer una transliteraci�n de las preguntas y las respuestas, sino hacer espec�ficos los reparos, pues de lo que se desprende al escuchar el audio del testimonio, por el contrario se denota coherente y por esa raz�n la Sala no ahondar� en mayor an�lisis.

Y en relaci�n a que la entrevista no se recibi� de manera t�cnica, tampoco la defensa establece en concreto cu�l o cu�les son las fallas o los errores de t�cnica que encontr� en la misma, lo que obliga a la Sala tambi�n en este punto a abandonar cualquier an�lisis de fondo. En consecuencia, se obtiene como respuesta al tercer cuestionamiento formulado, que los reparos realizados por la defensa respecto de la idoneidad de la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O, no tienen ning�n sustento legal ni probatorio y por lo mismo no se disminuye su valor probatorio.

En ese orden se procede ahora a revisar otro de los cuestionamientos de fondo que expone la defensa al estimar que la sentencia de condena se basa �nicamente en prueba de referencia. iv) Fundamento probatorio de la sentencia condenatoria Establecen los art�culos 7� y 381 de la Ley 906 de 2004, que para proferir sentencia condenatoria debe existir convencimiento y conocimiento, m�s all� de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio y agrega la �ltima de las normas, que la sentencia condenatoria no podr� fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Con base en este marco jur�dico el apoderado del acusado reprocha la decisi�n que afecta los intereses de su prohijado, pues conforme a su an�lisis la Fiscal�a no aport� ninguna prueba directa que fundamente la sentencia condenatoria, aspecto que se pasa a dilucidar, porque de ser as� dar�a lugar a la revocatoria de la misma.

Iniciamos por enfatizar que efectivamente nuestro sistema procesal penal incluye una tarifa legal negativa que permite establecer la excepcionalidad en la admisi�n de la prueba de referencia como una de sus caracter�sticas, y por eso es importante recordar la definici�n que de ella trae el art�culo 437 de la Ley 906 de 2004 que establece que dicha prueba es �toda declaraci�n realizada por fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervenci�n en el mismo, las circunstancias de atenuaci�n o agravaci�n punitivas, la naturaleza y extensi�n del da�o irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto de debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio�.

Y el art�culo 438 ib�dem, establece las causales o eventos en que es admisible dicha prueba, reiterando en que para la fecha de los hechos ya se encontraba vigente el literal e) que admite como prueba de referencia la declaraci�n de menores v�ctimas de delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales, que habilita en el sub examine la valoraci�n de las versiones del menor J.C.H.J. rendidas ante la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O. Y resultan tambi�n admisibles conforme a la sentencia C 848 de 2014, aquellas manifestaciones realizadas por la madre de la v�ctima ACJT ante las profesionales mencionadas y no solo �stas sino adem�s su declaraci�n parcial rendida en juicio, ello a pesar de haber ejercitado su derecho de no incriminaci�n. Adicional a lo anterior la Fiscal�a present� en juicio y se admitieron las siguientes probanzas: - Testimonial de la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA, funcionaria de Bienestar Familiar quien realiz� valoraci�n psicol�gica al menor, que incluye su base de opini�n. - Testimonial de la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O, quien adelant� el examen sexol�gico del menor, que incluye tambi�n su base de opini�n. - Acta de consentimiento informado para divulgaci�n de informaci�n de valoraci�n o tratamiento terap�utico a solicitud de autoridad competente, que suscribe ACJT como madre y representante del menor J.C.H.J.. - Formato de consentimiento informado para la realizaci�n de ex�menes m�dico-legales y procedimientos relacionados del 16 de abril de 2015, que tambi�n suscribe ACJT . - Registro civil del menor J.C.H.J. en el que se constata su fecha de nacimiento, del 20 de enero de 1997. - Registros civiles de nacimiento de ACJT y SIT, en los que se demuestra el parentesco entre ellas como hermanas por l�nea materna, introducidos en juicio por el testigo JORGE IV�N HENAO PATI�O.

En contraposici�n, la defensa ejerci� en pleno el derecho de confrontaci�n y contradicci�n durante el juicio. Entonces, atendiendo a las pruebas antes relacionadas se requiere establecer si todas ellas tienen contenido referencial o si por el contrario hay prueba directa que establezca la existencia del il�cito y la responsabilidad en �l de M.A.N.I. con el fin de determinar si la sentencia de condena que se impone en su contra por parte del Juez de primera l�nea, se fundamenta �nicamente en prueba de referencia. Para ello, se deben examinar los testimonios de la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O, as� como el testimonio parcial rendido por ACJT en juicio, acotando que la valoraci�n de las primeras se realizar� conforme a las previsiones de los art�culos 404 y 420 de la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia que ha fijado algunos lineamientos al respecto.

Se encuentra as�, que en la l�nea interpretativa de la CSJ, se explica que si bien los testigos peritos conocen los hechos a trav�s del relato que suministran terceras personas, lo que constituye prueba de referencia, tambi�n es cierto que adquieren conocimiento directo y personal sobre el o los puntos que son objeto de sus valoraciones, estudios, ex�menes o an�lisis, los cuales no presentan contenidos de tipo referencial.

As� por ejemplo, en el radicado 33651 de 18 de mayo de 2011, expres� la Corte: �En segundo t�rmino, tampoco son prueba de referencia las atestaciones de los profesionales en sicolog�a y siquiatr�a que valoraron a la ofendida, pues su dicho en el juicio oral, complementado con los informes elaborados con anterioridad, constituyen una prueba t�cnica que involucra conocimientos cient�ficos en su pr�ctica y conclusiones.

Sobre el caso de la prueba pericial, aunque es cierto que el dictamen siqui�trico o la entrevista sicol�gica suponen que el experto obtiene del examinado una serie de manifestaciones que aqu�l ha de escuchar y registrar en su informe, ello no permite por s� mismo calificar sus palabras o sus conclusiones como prueba de referencia, pues su esencia no es otra que el an�lisis de las manifestaciones y comportamientos del examinado bajo los preceptos de la ciencia que estudia el comportamiento humano, mas no es su objeto ni su m�todo cient�fico el de deslindar o asignar responsabilidades seg�n las manifestaciones de quien es objeto de estudio.

Es as� que el peritaje est� encaminado a ofrecer un elemento de juicio de naturaleza cient�fica que, en todo caso, est� sometido al tamiz de la sana cr�tica por parte del funcionario judicial. L�gicamente, por las caracter�sticas de su intervenci�n, al perito no le corresponde deponer sobre los hechos, pues evidentemente no le constan, pero su conocimiento sobre un tema particular le permite al funcionario judicial comprenderlos y allegar elementos de juicio del orden cient�fico para adoptar una decisi�n. En consecuencia, no es acertado afirmar que el experto en sicolog�a o siquiatr�a deponga en el juicio oral sobre los hechos del caso particular o la responsabilidad del enjuiciado, con fundamento en lo que el individuo explorado le ha referido, pues tal ejercicio le corresponde elaborarlo al juez, conforme los par�metros de la sana cr�tica�.

Con estos lineamientos legales y jurisprudenciales, revisaremos los testimonios de la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O. A trav�s de las precitadas, con contenido probatorio de tipo referencial, se conoci� el relato realizado por el menor J.C.H.J. quien manifest� que en varias ocasiones se adelantaron por parte de su primo M, maniobras de contenido sexual que incluye la introducci�n del miembro viril de su primo en su cavidad oral y tambi�n el acceso por v�a anal.

Igualmente conocieron de parte de la madre la se�ora ACJT los detalles y circunstancias del momento en que se percat� de que su hijo J.C.H.J. era v�ctima de abuso sexual por parte de su sobrino, cuando el 15 de abril de 2015, lleg� a la habitaci�n del acusado y su hijo sali� pidi�ndole que no lo vaya a pegar, y al preguntarle por el motivo de tal prevenci�n, le cont� que estaban jugando al pap� y a la mam� y le describi� con gestos acerca de las maniobras sexuales ya relacionadas.

Ahora bien, se debe establecer qu� aspectos pudieran las testigos percatarse de manera directa y encontramos varios: La psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA, encontr� a J.C.H.J., en principio temeroso y resistente a contar los hechos, porque sent�a pena de contar lo sucedido y manifest� sus deseos de olvidar, pues su madre ya le hab�a explicado que ello no era normal, sentimiento que no se puede tener respecto de un juego inocente sino de un hecho traum�tico.

Sin embargo, y luego de explicarle el objeto del examen durante el mismo mantuvo una actitud colaboradora y respetuosa, estableciendo que su pensamiento no contiene contenido delirante, que el v�nculo afectivo hacia sus padres es fuerte y que ellos ostentan autoridad con normas, reglas, l�mites, principios y valores que coadyuvan a su formaci�n integral.

Pudo evidenciar adem�s desde la perspectiva psicol�gica, coherencia y consistencia en la forma en que el menor hace su relato, pues explic� que dada su corta edad, si �l no lo ha vivido o no lo presenciado o no ha sido v�ctima es dif�cil que realice descripci�n de unos hechos de esa magnitud. Identific� adem�s que posterior a lo sucedido, el menor sufri� de enuresis, que consiste en hacer las necesidades fisiol�gicas en la cama, el que puede ser uno de los s�ntomas que se presentan en menores que han sido v�ctimas de violencia sexual o cualquier maltrato.

Recomend� adem�s la necesidad de una valoraci�n psiqui�trica para establecer el estado de salud mental y la intervenci�n psicoterap�utica a fin de mejorar el estado emocional y psicol�gico del ni�o y grupo familiar debido a que los hechos generaron inestabilidad a ese nivel en la din�mica familiar. Por su parte, la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O quien realiz� el examen sexol�gico el 16 de abril de 2015, percibi� por un lado la espontaneidad del menor al utilizar el lenguaje corporal para describir el acto de penetraci�n, y por otro detect� su tristeza y llanto al hacer el relato y acusar del abuso a su primo M, sobre quien reflej� sentimientos de rabia; y aunque no encontr� signos de penetraci�n anal cercana a la fecha del examen, por los hallazgos detectados y el relato no descart� un acceso carnal.

Y precisamente respecto de esos hallazgos f�sicos entre los que registr� que la forma del ano era de tipo hipot�nico, explic� que la tonicidad es una respuesta motora normal del organismo y que cuando hay hipoton�a implica una p�rdida de la tonicidad, en la que hay disminuci�n de la contractilidad normal del m�sculo, lo que puede ocurrir por varias causas en los ni�os, siendo una de ellas los des�rdenes a nivel de la m�dula, que puede producirse por ejemplo en casos de estre�imiento y en otros explic� que la hipoton�a puede ser o no un indicativo de abuso sexual.

De esa forma y extra�dos los aspectos de mayor relevancia que se dan a conocer por las anteriores testigos, se establece que no solo hay prueba de referencia sino directa que acredita los siguientes aspectos: - Afectaci�n de la integridad sexual del menor que ubic�ndonos para el 15 de abril de 2015 y conforme a la descripci�n gestual y verbal suministrada por el infante J.C.H.J. tanto a su madre ACJT para el momento mismo en que sale de la habitaci�n de su primo, como a la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA y la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O, corresponde a un acceso carnal v�a oral.

Al respecto debe se�alarse que la conducta delictiva a que se hace referencia se complementa en cuanto a la descripci�n de la acci�n t�pica con lo previsto en el art�culo 212 del C.P. que si bien no fue incluida en la imputaci�n jur�dica, ello no descarta su aplicaci�n porque se trata de una definici�n que la ha fijado el legislador, como complemento necesario de todos los tipos que hagan referencia al verbo rector de acceder carnalmente.

Y vale la oportunidad en este punto para aclarar que si bien el abuso sexual al parecer hab�a ocurrido en varias ocasiones y por un espacio aproximado de un a�o, en concreto la judicializaci�n se produjo �nicamente en relaci�n a los hechos ocurridos el 15 de abril de 2015, para cuando el acusado hab�a alcanzado la mayor�a de edad; data para la cual seg�n ya se explic� el acceso se produjo por v�a oral, lo que implica que pierde relevancia el debate surgido a ra�z del contrainterrogatorio planteado en juicio por parte de la defensa a la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O, y por lo mismo no tiene incidencia que no se encontraran hallazgos f�sicos a nivel anal que demostraran un acceso reciente a ese nivel para la fecha del examen sexol�gico realizado el 16 de abril del 2015, como as� lo explica la m�dica no solo en su base de opini�n pericial en la que se�ala que los hallazgos descritos no descartan un acceso carnal sino en su testimonio. - El se�alamiento un�voco por parte del menor hacia su primo M y que fuera identificado e individualizado como M.A.N.I., como la persona que so pretexto de jugar al pap� y a la mam� en el que el menor representaba al hijo beb�, le introdujo su pene en la boca. - La afectaci�n an�mica del menor y su familia a ra�z de los hechos, que fue evidenciada por la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA, y corroborada en cuanto al menor por la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O dado el llanto y tristeza observados durante el examen sexol�gico; y corroborado tambi�n respecto de la madre ACJT  en la audiencia de Juicio Oral, pues dio muestras de afectaci�n por lo sucedido, lo que se hizo notorio en el cambio que se produjo en el tono y expresi�n de su voz antes y despu�s de que se le preguntara si era su deseo o no de declarar en contra de M.A.N.I., pues hasta ese momento y ante el interrogatorio en el que hab�a avanzado la Fiscal�a, hab�a seguridad en las respuestas, pero con posterioridad y al ponerse de presente la relaci�n o parentesco con el acusado, cambia de actitud, para definitivamente abstenerse de declarar luego de hacer un reclamo por una audiencia anterior. - Tambi�n encontramos acreditadas la coherencia y consistencia del relato del menor, no solo en la descripci�n de la acci�n sexual realizada para la fecha en que su madre descubri� el abuso de que ven�a siendo v�ctima sino en relaci�n al se�alamiento del autor del mismo, que se mantuvo durante las valoraciones realizadas por las profesionales que lo atendieron, el que adem�s resulta cre�ble al adelantar un proceso de corroboraci�n perif�rica como enseguida se explica.

Proceso de corroboraci�n perif�rica Este concepto fue explicado por la CSJ en el fallo radicado No. 43.866 de marzo 16 de 2016, cuando se�ala: �En el derecho espa�ol se ha acu�ado el t�rmino �corroboraci�n perif�rica�, para referirse a cualquier dato que pueda hacer m�s cre�ble la versi�n de la v�ctima, entre ellos: (i) la inexistencia de razones para que la v�ctima y/o sus familiares mientan con la finalidad de perjudicar al procesado;

(ii) el da�o ps�quico causado a ra�z del ataque sexual; (iii) el estado an�mico de la v�ctima en los momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos; (iv) regalos o d�divas que el procesado le haya hecho a la v�ctima, sin que exista una explicaci�n diferente de propiciar el abuso sexual, entre otros. (�) Es claro que no es posible, ni conveniente, hacer un listado taxativo de las formas de corroboraci�n de la declaraci�n de la v�ctima, porque ello depender� de las particularidades del caso.

No obstante, resulta �til traer a colaci�n algunos ejemplos de corroboraci�n, con el �nico prop�sito de resaltar la posibilidad y obligaci�n de realizar una investigaci�n verdaderamente exhaustiva: (i) el da�o ps�quico sufrido por el menor; (ii) el cambio comportamental de la v�ctima; (iii) las caracter�sticas del inmueble o el lugar donde ocurri� el abuso sexual;

(iv) la verificaci�n de que los presuntos v�ctima y victimario pudieron estar a solas seg�n las circunstancias de tiempo y lugar incluidas en la teor�a del caso; (v) las actividades realizadas por el procesado para procurar estar a solas con la v�ctima; (vi) los contactos que la presunta v�ctima y el procesado hayan tenido por v�a telef�nica, a trav�s de mensajes de texto, redes sociales, etc�tera;

(vii) la explicaci�n de por qu� el abuso sexual no fue percibido por otras personas presentes en el lugar donde el mismo tuvo ocurrencia, cuando ello sea pertinente; (viii) la confirmaci�n de circunstancias espec�ficas que hayan rodeado el abuso sexual, entre otros�. Para el sub examine se encuentran acreditados varios de esos elementos que como se explica en la decisi�n de la CSJ no corresponde a un listado cerrado o taxativo, de forma tal que podr�an acreditarse algunos de ellos u otros similares como se pasa a ver. i) Inexistencia de razones para que la v�ctima y/o sus familiares mientan con la finalidad de perjudicar al procesado No se dio a conocer durante alguna de las actuaciones en las que intervinieron el menor v�ctima y su madre, que se guardara alg�n tipo de animadversi�n hacia el acusado, tampoco en juicio se present� alguna prueba de este tipo, raz�n por la cual se descartan motivos vindicativos para establecer que el menor haya mentido a su madre o a la psic�loga o a la m�dica, o que la madre haya acudido a las autoridades con este tipo de intereses, es m�s, exist�a confianza en las relaciones familiares ya que el menor J.C.H.J. ten�a por costumbre ir a jugar a la casa de su primo y para la fecha de los hechos, estaban reunidas las familias de las hermanas SIT y ACJT, como evidencia de las buenas relaciones familiares que hasta entonces reinaban. ii) El da�o ps�quico causado a ra�z del ataque sexual.

Si bien no se adelant� o al menos no se present� para el juicio un an�lisis de tipo psiqui�trico, la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA s� evidenci� que los hechos generaron inestabilidad emocional en la din�mica familiar, que por supuesto incluye al menor, al punto que recomend� una intervenci�n psicoterap�utica a fin de mejorar ese aspecto y para el menor remisi�n a psiquiatr�a. Igualmente la m�dica LEYDY DIANA ROSERO PATI�O, evidenci� esa afectaci�n respecto del menor y en juicio fue evidente en relaci�n a la madre, seg�n ya se explic� en ac�pites anteriores. iii) Las caracter�sticas del inmueble o el lugar donde ocurri� el abuso sexual Seg�n el relato que realiza ACJT a la psic�loga EMMA ALEXANDRA MU�OZ C�RDOBA, se trata de la vivienda de su hermana que se ubica junto a la suya y espec�ficamente en la habitaci�n de su sobrino M.A.N.I., la que fue encontrada para el momento de los hechos con la puerta cerrada, el televisor prendido y cubierta la ventana con una cobija, sitio de f�cil acceso para la victima dado el grado de confianza y la cercan�a f�sica que exist�a entre las viviendas, y que propiciaba la oportunidad para recrear un escenario para el juego que utilizar�a como pretexto el acusado. iv) Las actividades realizadas por el procesado para procurar estar a solas con la v�ctima El acusado procur� el ocultamiento de sus acciones, utilizando su lecho para el abuso hacia su primo J.C.H.J. quien da a conocer con sus propios t�rminos que el acceso por v�a oral se realiz� en varias ocasiones utilizando una de las camas de la habitaci�n, lo que ocurr�a cuando jugaban al pap� y a la mam�, en el que se inclu�a a una prima menor a quien el acusado ubicaba en la otra cama de la habitaci�n, en medio de lo cual el menor v�ctima era el beb� y deb�a introducir en su boca el miembro viril de su primo.

El vocablo que la v�ctima emplea para describir dicha acci�n es el de �chupar�. Significa lo anterior que el acusado aprovech� su habitaci�n y las camas de la misma para recrear el escenario de un juego con el que pod�a manipular al menor, utilizando personajes cercanos a �l como el pap� y la mam�, en el que se desprende por el papel de �beb� asignado a la v�ctima que el acusado representaba al pap� y la otra menor de sexo femenino representaba a la mam�, a quien apartaba hacia otra cama para que no observara lo que suced�a; igualmente que utiliz� su pene como un juguete para el �beb� el cual deb�a �chupar� con su boca.

Como vemos, varios elementos de corroboraci�n perif�rica han sido encontrados en el sub examine, lo que permite como ya se dijo, otorgar credibilidad a la versi�n entregada por el menor v�ctima. De esa forma, se arriba a una respuesta al �ltimo problema formulado, determinando que no solo se allega prueba de referencia consistente en los relatos de la v�ctima menor de edad y su madre introducida a trav�s de los testimonios de las peritos y sus bases de opini�n pericial, sino tambi�n se cuenta con prueba directa derivada de los hallazgos y evidencias encontrados para el momento en que las peritos realizan su valoraci�n del menor.

Lo anterior permite llegar a la conclusi�n de que efectivamente el hecho relacionado con el acceso carnal abusivo con menor de 14 a�os agravado tuvo ocurrencia y que el autor del mismo es el acusado M.A.N.I., lo que dar� lugar a confirmar la sentencia condenatoria proferida en su contra. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia condenatoria proferida el d�a 15 de abril de 2016 por el Juzgado Penal del Circuito de La Uni�n en contra de M.A.N.I..

SEGUNDO: Esta decisi�n se notifica en estrados y se hace saber que contra ella procede el recurso extraordinario de casaci�n, el cual deber� ser interpuesto dentro de los cinco (5) d�as contados a partir de su notificaci�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE BLANCA LIDIA ARELLANO MORENO Magistrada SILVIO CASTRILL�N PAZ Magistrado JOS� AN�BAL MEJ�A CAMACHO Magistrado JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario  CD Audiencias preliminares minuto 01:14:55  Fls. 86 a 92  CSJ, SP 16 mar 2016, rad. 43866 MP Patricia Salazar Cu�llar  Tribunal Supremo de Puerto Rico, Puerto Rico vs �ngel Santos (2012)  Fls. 67 a 69 de la Carpeta Principal  �nadie podr� ser obligado a declarar contra s� mismo o contra su c�nyuge, compa�ero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil�  �nadie est� obligado a formular denuncia contra s� mismo, contra su c�nyuge, compa�ero o compa�era permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad��.  �nadie podr� ser obligado a declarar contra s� mismo o contra su c�nyuge, compa�era o compa�ero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad�.  ART�CULO 438.

ADMISI�N EXCEPCIONAL DE LA PRUEBA DE REFERENCIA.�Unicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante: (�) e) <Literal adicionado por el art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1652_2013.html" \l "3" 3�de la Ley 1652 de 2013> Es menor de dieciocho (18) a�os y v�ctima de los delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales tipificados en el T�tulo IV del C�digo Penal, al igual que en los art�culos� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr004.html" \l "138" 138,� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr004.html" \l "139" 139,� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr005.html" \l "141" 141,� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr006.html" \l "188-A" 188a,� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html" \l "188-C" 188c,� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html" \l "188-D" 188d, del mismo C�digo.  CSJ AP 9 dic 2010, rad 35393 y CSJ AP 29 jun 2016, rad 44421  Fls. 57 a 62 de la Carpeta Principal  Fls. 63 a 65 de la Carpeta Principal  Fls. 55 y 56 de la Carpeta Principal  Fl. 66 de la Carpeta Principal  Fl. 67 de la Carpeta Principal  Fls. 68 y 69 de la Carpeta Principal  CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:53:51 y ss.  CSJ, SP 30 mar 2006.

Rad. 24468; SP 29 feb 2008, rad. 28257; SP 15 jul 2009, rad 30355, SP 18 may 2011, rad. 33651  CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:14:03:y ss.  CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:16:48 y ss.  CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:16:24 y ss.  Fl. 63 de la Carpeta Principal - CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:31:30 y ss.  CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:30:20 y ss.  Fl. 65 de la Carpeta Principal y CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:40:19 y ss  CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:33:02 y ss.  CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:34:32 y ss.  Fl. 65 de la Carpeta Principal  CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:57:10 y ss.  CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 01:01:00 y ss.  Tribunal Supremo de Espa�a, ATS 6128/2015, del 25 de junio de 2015  �dem  CD Audiencia de Juicio Oral � Archivo 2 Minutos 00:13:49 y ss.     Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No. 523996000521 2015 80070 01 NI. 17233 PAGE \* MERGEFORMAT4 Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No. 523996000521 2015 80070 01 NI. 17233  EMBED PBrush \s \* MERGEFORMAT  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala Penal ,.DE���  ' ( * + 5 6 8 9 E ���������v�gM3M3M3M3hz/h!�5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH 3hz/h�o5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH h+R�5�CJOJQJ^JaJ#hz/h!�5�CJOJQJ^JaJ#hz/h�o5�CJOJQJ^JaJ#hz/heX 5�CJOJQJ^JaJh&5�CJOJQJ^JaJ#hz/h� �5�CJOJQJ^JaJh��5�CJOJQJ^JaJ hz/h��CJOJQJ^JaJ#hz/h��5�CJOJQJ^JaJ�G H � � v >z{����������������������d��$Ifgd]l� m$d��m$$dh�a$gdG/m$$d��&d P�� a$gdz/$���d��^���a$gdz/ $d��a$gdz/E G H � � � � � � � " % & 3 4 I ����������r_H1H-hz/h�'�B*CJOJPJQJ^JaJph�-hz/h�g1B*CJOJPJQJ^JaJph�$hz/h�g1CJOJPJQJ^JaJ hz/hO7�CJOJQJ^JaJ0hz/h��CJOJQJ^JaJmH nH sH tH #h� ^h��6�CJOJQJ^JaJ#h� ^h� ^6�CJOJQJ^JaJ hz/h��CJOJQJ^JaJ-h4c:5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH -h&5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH I J T U V [ \ t � � � � �  �йТ���xeL3L0hz/h �CJOJQJ^JaJmH nH sH tH 0hz/h��CJOJQJ^JaJmH nH sH tH 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���<@&5�6�CJaJ<< T�tulo 6 ���<@&5�NA ���N Fuente de p�rrafo predeter.Ri@���R 0 Tabla normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin lista t�o���t Table Normal:V4�d��m$!B*CJ_HaJmH $phsH $tH $R>@R T�tulod��a$5�CJOJPJQJ^JaJFJF Subt�tulo �<a$OJPJQJ^J(�/�#(:V�4�4@�@2@ Ml� P�rrafo de lista^��(@B( �P�0�Texto nota pie,Ref. de nota al pie1,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Ref,de nota al pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote referenc d��CJaJ�/��Q �P�0�Texto nota pie Car,Ref. de nota al pie1 Car,Texto de nota al pie Car,referencia nota al pie Car,Ref. de nota al pie 2 Car,Footnotes refss Car,Appel note de bas de page Car,Ref Car,de nota al pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char CarCJaJ(&`��a( �P�0�Ref. de nota al pie,BVI fnr,Footnote symbol,Footnote,Ref. de nota al pie2,Nota de pie,Pie de pagina,Ref.,Ref1,FC,Footnote number,fH*n^@rn 8�0 Normal (Web)d��d�d[$\$m$!B*CJOJPJQJ^JaJph� ��� ~/+b_aj<U`���< ~/+0 Hiperv�nculo >*B*ph�F@�F P�0 Encabezadod���C�"4���4 P�0Encabezado CarL @�L P�0 Pie de p�ginad���C�":���: P�0Pie de p�gina CarV��V AD0Texto de globo d��CJOJQJ^JaJP�/���P AD0Texto de globo CarCJOJQJ^JaJPK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$␴�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� � �ð �_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml �M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 8���PK!N�Qtheme/theme/theme1.xml�YϏ5�#�?XsO�k&?V�V�$�Bw۪I�z�&N�]�8�qvU�P{DBBāJ�8 �R+q)�B��g�db'ۮzX��^2��=~���=�|�~��1�ʣ�S�Tr�F|L�i˹=�J�Ƙ񈴜I�+�~p��}����1�)�4�����Mxb��8�� � 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