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IMPUTACI�N Y ACUSACI�N - Facultad exclusiva y excluyente de la Fiscal�a General de la Naci�n. ALLANAMIENTO A CARGOS � CONTROL FORMAL POR EL JUEZ DE CONOCIMIENTO: Se predica exclusivamente de los preacuerdos, no del allanamiento. ALLANAMIENTO A CARGOS � CONTROL MATERIAL POR EL JUEZ DE CONOCIMIENTO: Salvo casos excepcionales, esto se encuentra vedado y por consiguiente, tampoco puede invalidar las imputaciones y acusaciones formuladas.
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD � Constituye una Garant�a Judicial. PRINCIPIO DE ARMONIZACI�N CONCRETA - El Estado debe garantizar la efectividad de todos los derechos constitucionales y no solamente la vigencia de unos a costa de otros. NULIDADES � PRINCIPIOS QUE LAS RIGEN: Taxatividad, Trascendencia, Convalidaci�n, Instrumentalidad de las Formas, Protecci�n, Acreditaci�n y Residualidad.
NULIDAD POR VIOLACI�N DE GARANT�AS FUNDAMENTALES � Decreto Oficioso por Vulneraci�n del Debido Proceso en Aspectos Sustanciales. Hay lugar a declarar de oficio la nulidad de lo actuado, siendo que el juez de conocimiento, no obstante no estar prevista en el proceso penal abreviado, llev� a cabo audiencia de verificaci�n del allanamiento, efectuando un control a la aceptaci�n de cargos formulados, lo cual ya hab�a sido agotado por el de control de garant�as, operando el principio de preclusividad; procediendo a realizar control material a la imputaci�n y anul�ndola de oficio al considerar que trasgrede el principio de legalidad penal, haciendo que se formulara una nueva imputaci�n m�s gravosa, imponiendo su propia calificaci�n penal de los hechos, lo cual se encuentra proscrito en la sistem�tica acusatoria, en tanto es al ente instructor, como titular de la acci�n penal, al que le asiste la facultad exclusiva y excluyente de formular la imputaci�n y la acusaci�n, sin injerencia alguna; transgrediendo la estructura esencial del sistema procesal penal abreviado y la imparcialidad judicial a la cual se encuentra obligado, sin que pueda predicarse que tales irregularidades fueron convalidadas por la defensa.
Adem�s con el actuar del funcionario judicial, se quebrant� la confianza leg�tima que tiene el procesado, pues al intervenir en la calificaci�n de los cargos penales rompi� la expectativa que el juez no tendr� roles acusatorios y que respetar� la imputaci�n de la Fiscal�a. Y siendo que se cumplen los principios que rigen las nulidades y al establecerse que tales irregularidades trasgreden el debido proceso en aspectos sustanciales, se decreta la invalidaci�n de la actuaci�n surtida, no siendo factible dictar fallo de reemplazo, en aplicaci�n del principio de Armonizaci�n Concreta contenido en el art�culo 2� Constitucional, por cuanto de tomarse tal decisi�n, la Fiscal�a perder�a el derecho fundamental a impugnar la providencia y de lo que se trata es de restablecer el debido proceso sustancial agredido, sin sacrificar otros derechos./ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala de Decisi�n Penal Magistrado Ponente: Franco Solarte Portilla Asunto: Apelaci�n sentencia condenatoria Delito: Lesiones personales dolosas Condenadas: HFOR Radicaci�n: 523566107457-201200791-01 NI 23782 Aprobaci�n: Acta N� 2018-185 (Noviembre 26 de 2018) San Juan de Pasto, noviembre veintinueve de dos mil dieciocho Objeto del pronunciamiento Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por el defensor de HFOR en contra de la sentencia del 19 de septiembre de 2017, que lo conden� como autor doloso del delito de lesiones personales previsto en los art�culos 111, 113 �inciso 2�-, 114 �inciso 2�- y 116 �inciso 1�- del C�digo Penal, emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Ipiales- Nari�o. Resumen de los hechos En la madrugada del 16 de junio de 2012, en la Urbanizaci�n Miramontes de Ipiales- Nari�o, acaeci� una reyerta entre los se�ores HFOR y NACM, en la que el primero en menci�n se vali� de un machete para en repetidas oportunidades agredir al segundo en cita en su cuello y en los brazos, hasta que los vigilantes del lugar intervinieron haciendo cesar el ataque.
El dictamen forense allegado determin� como consecuencia de ese ataque, incapacidad m�dico legal por 40 d�as y como secuelas: �Deformidad f�sica que afecta el cuerpo, de car�cter permanente; Perturbaci�n funcional de �rgano, de car�cter a definir, en nueva valoraci�n en tres meses�. S�ntesis de la actuaci�n cumplida En audiencia de formulaci�n de imputaci�n celebrada ante el Juzgado Segundo Penal con Funci�n de Control de Garant�as de Ipiales- Nari�o, la Fiscal�a 14 Local de ese mismo lugar adjudic� al se�or HFOR los elementos factuales atr�s relatados, y jur�dicamente le enrostr� ser autor doloso del reato de lesiones personales previsto en los art�culos 111 y 113 del C�digo Penal, de manera que la pena ser�a de 32 a 126 meses de prisi�n, multa de 34.66 a 54 salarios m�nimos legales vigentes y dem�s sanciones accesorias; le expres� que de allanarse a cargos la pena a imponer podr�a ser de hasta la mitad de la atr�s mencionada.
El defensor p�blico Jorge Armando Chamorro Fuertes no hizo reparos a esa imputaci�n. Luego de que la Judicatura le hizo conocer sus garant�as penales, el se�or OR acept� los cargos; el Juzgado comprob� que esa decisi�n fue libre, voluntaria, consciente y debidamente asesorada por la defensa t�cnica. Al Juzgado Primero Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Ipiales le correspondi� seguir adelante con el juicio, por lo que convoc� a �audiencia de verificaci�n de allanamiento a cargos� y luego a la vista p�blica de individualizaci�n de pena y sentencia. En la primera diligencia en cita, las partes encontraron que no hay motivos de incompetencia, recusaci�n, impedimentos, ni de nulidad; acto seguido, el se�or Juez pidi� a la Fiscal�a que �formule pr�cticamente en esta audiencia la solicitud de validaci�n o verificaci�n de allanamiento a cargos, enunciando los elementos materiales que tenga a su cargo con (�) la tipicidad que considera adecuada a este caso, con la adecuaci�n t�pica, mejor, enunciando los hechos, enunciando las evidencias, el acto de allanamiento y la calificaci�n jur�dica que tiene el caso�, ante lo cual, el ente acusador memor� lo acaecido en la audiencia de imputaci�n, reiterando los aspectos factuales y los cargos penales que endilg�, y aludi� a que el procesado se allan� a ellos, y despu�s manifest� que las evidencias fueron entregadas al Juzgado de conocimiento.
All�, en este momento, el a quo le pidi� al Fiscal que verbalice el �ltimo dictamen pericial de Medicina Legal y la entrevista de la v�ctima, lo que dicho delegado hizo. La defensa, en uso de la palabra, confirm� que lo sucedido en el referido acto preliminar fue tal cual lo retrat� la Fiscal�a. Tras de ello la Judicatura de primera instancia encontr� lesionado el principio de legalidad, pues en su sentir el �ltimo dictamen m�dico legal de lesiones no fatales no corresponde a la real situaci�n jur�dica, ya que tal experticia refiere a secuelas como la p�rdida funcional permanente del �rgano de la aprehensi�n y la perturbaci�n funcional de la mano derecha, de manera que la imputaci�n correcta deber�a ser la del �inciso 2� del art�culo 114 del C�digo Penal�.
Consider� entonces que para reivindicar el principio de legalidad y hacer prevalecer los derechos de la v�ctima, declar� nula la imputaci�n de cargos que realiz� la Fiscal�a. El representante del �rgano persecutor no hizo uso de la impugnaci�n, mientras que el defensor pidi� un receso para analizar la decisi�n judicial emitida. Al reanudarse la diligencia, con base en los moduladores de la actividad procesal, por econom�a procesal y atendiendo el principio de concentraci�n, el Juzgado dispuso que ante �l se rehaga la imputaci�n, �sta s� respetuosa de lo legal, y que no cabe regresar el asunto ante los jueces de garant�as, por lo que se deb�a pretermitir esa etapa, dado que all�, en la imputaci�n, son provisionales los cargos enrostrados, y que ac�, en la audiencia de verificaci�n del allanamiento, la Fiscal�a puede modificarlos; adver� que si el procesado se allanaba a la nueva incriminaci�n, se seguir� con la audiencia subsiguiente de individualizaci�n de pena y sentencia. La Fiscal�a acatando esas directrices judiciales, en la misma diligencia vari� la imputaci�n jur�dica en el sentido de adjudicar al procesado ser autor doloso de las lesiones personales previstas en los art�culos 111, 113, 114 y 116 del C�digo Penal, ci��ndose a la sanci�n de este �ltimo precepto legal, que es la m�s gravosa, de manera que la prisi�n que enfrentar�a la persona sub judice ser�a de 96 a 180 meses y multa de 100 a 150 salarios m�nimos legales mensuales vigentes; no hubo oposici�n de la contraparte ni del interviniente all� presente.
Ante este nuevo panorama, el encausado acept� los cargos una vez se le puso de presente por el Juzgado sus derechos y garant�as procesales y el Despacho verific� que tal manifestaci�n de allanamiento fue libre, voluntaria, consciente y debidamente asesorada por la defensa t�cnica. Ya en la audiencia de individualizaci�n de pena y sentencia, que se realiz� en fecha diferente por solicitud y aplazamientos de la parte defensiva, �sta deprec� que se declare inv�lida la nulidad de la imputaci�n inicialmente aceptada, para lo cual se ciment�, de una parte, en la causal relativa a violaci�n del debido proceso en aspectos sustanciales radicada en el art�culo 457 del C�digo de Procedimiento Penal, y de otra, en la providencia del 27 de enero de 2017, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Magistrado ponente Fernando Alberto Castro Caballero, cuyos efectos son que se siga con la audiencia del art�culo 447 del C�digo de Procedimiento penal teniendo como v�lida la primera imputaci�n allanada; de no prosperar esa petici�n, subsidiariamente rog� que se acepte la retractaci�n del enjuiciado al allanamiento sobre la nueva imputaci�n formulada en la audiencia ante el Juez de conocimiento; los representantes de la v�ctima y de la Fiscal�a se opusieron a esas pretensiones defensivas.
El Juzgado de primera instancia neg� la nulidad con base en que no se ultraj� el derecho de defensa porque el procesado tuvo libertad de aceptar o no cargos, y que al hacerlo, se verific� que tal acto unilateral sea consciente, libre, voluntario y con asesoramiento del profesional del derecho que asiste al se�or HFOR, y finiquit� diciendo que no hubo irregularidad procesal sustancial alguna, al no satisfacerse los principios que regulan las nulidades, y que de haberla, estar�a convalidada porque el defensor aconsej� al implicado para que se allane a los cargos.
En cuanto a la retractaci�n pura y simple, se�al� que legal y jurisprudencialmente es inadmisible una vez se ha depositado sobre ella el aval judicial que coligi� que no hay vicios del consentimiento (error, fuerza y dolo). La defensa apel� la decisi�n con los mismos argumentos que soportaron la s�plica de invalidez, y agreg� que no existe la posibilidad judicial de anular el allanamiento a la primera imputaci�n, que debe respetarse, pero si se hizo, debi� efectuarse una nueva adjudicaci�n de cargos ante juez de garant�as, adem�s que de fallarse con base en la segunda imputaci�n, se violentar�a el principio de congruencia; de otro lado dijo que las vicisitudes ocurridas en la audiencia de verificaci�n de allanamiento hicieron que su patrocinado no entendiera cabalmente a qu� se acog�a, por lo que es bienvenida la recantaci�n. Se opusieron los no recurrentes al compartir el pronunciamiento judicial y enseguida se concedi� el recurso de apelaci�n en el efecto suspensivo.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales resolvi� el recurso de apelaci�n confirmando la determinaci�n de la primera instancia. Decret� que es �ca�tico� el uso del precedente jurisprudencial invocado por el censor, pues no encuadra en el caso en concreto, es decir, que los presupuestos factuales del precedente referenciado por el apelante son dis�miles a los del presente asunto, y si bien el juez de conocimiento no debe acometerse nuevamente a comprobar la validez del allanamiento a cargos, ello lo es cuando �l est� de acuerdo con la legalidad de lo imputado, cosa que en el sub judice no acaece y menos fue el tema tratado en el referido precedente.
Arguy� que la judicatura en el juzgamiento s� cuenta con la facultad legal y constitucional de invalidar una imputaci�n deshonrosa de la estricta tipicidad penal, como as� lo confirman las providencias con radicados 25108 del 30 de noviembre de 2006 y la 25724 del 10 de octubre del mismo a�o, ambas proferidas por la Corte Suprema de justicia, Sala Penal.
A�adi� a lo anterior que el defensor no atac� la decisi�n judicial que rescindi� la primera imputaci�n, por lo que qued� en firme. En lo referente a que en caso de nulidad debi� realizarse la formulaci�n de imputaci�n ante un juez de garant�as, manifest� que as� lo dispone la normativa procesal penal, esto es que dichos actos se surten ante esos espec�ficos funcionarios, sin embargo, tal irregularidad no es trascendente, porque el juez de conocimiento entendi� que por econom�a procesal es jur�dicamente factible realizar ante �l la imputaci�n, siempre que el procesado aceptara libremente los cargos, lo cual fue revalidado por la parte defensiva al no oponerse a esa alternativa procesal condicionada, de manera que se llena el principio de convalidaci�n, adem�s de que se atisba cumplido el principio de instrumentalidad de las formas, pues el acto irregular cumpli� su cometido de hacer conocer al implicado los cargos enrostrados, sin que con ello se haya ofendido el derecho de defensa, ni menos se prob� que se haya trasgredido el debido proceso, dando al traste con el principio de trascendencia; por eso, reput� como violatorio de la seguridad jur�dica y de la irretractabilidad del allanamiento los planteamientos de alzada.
En lo tocante a la retractaci�n, con asidero en abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (radicados 34699 del 26 de febrero de 2016, Magistrado ponente Jos� Leonidas Bustos; 39707 del 13 de febrero de 2013, Magistrada ponente Mar�a del Rosario Gonz�lez; 39834 del 20 de noviembre de 2013, Magistrado sustanciador Fernando Alberto Castro), estim� que no est� permitido el arrepentimiento ante el allanamiento una vez aprobado judicialmente, como en efecto lo est�, ni menos se demostr� vicios en el consentimiento en dicho rito.
De nuevo la actuaci�n en manos del Juzgado de primera instancia, resuelta la impugnaci�n vertical, se instal� la audiencia de individualizaci�n de pena, en la cual la Fiscal�a dej� a consideraci�n judicial la tasaci�n de la sanci�n a irrogar y asever� no oponerse a la eventual concesi�n de subrogados penales; el representante judicial de la v�ctima dijo atenerse a lo resuelto; la defensa inst� que a su prohijado se le imponga la pena m�s baja del cuarto m�nimo, por la carencia de antecedentes, es decir, ser delincuente primario, de suerte que le cabe la suspensi�n condicional de la pena, y de no ser as�, se estudie la posibilidad del otorgamiento de la prisi�n domiciliaria ordinaria o como persona cabeza de familia, al ser padre de 3 personas, que aunque mayores de edad, se sabe que la obligaci�n del ascendiente directo va hasta los 25 a�os de edad, siendo su defendido quien los manutiene, pues la madre no se ocupa de lo propio.
La providencia impugnada El Despacho judicial de primer grado hizo un recuento de los hechos delictivos y del acontecer procesal que se rese�� en el ac�pite anterior y estim� que el procesado est� plenamente identificado e individualizado. Ya en la parte motiva, inici� justificando que el juez de conocimiento s� est� facultado para anular una imputaci�n en la audiencia de verificaci�n de allanamiento a cargos cuando aquella no respete la legalidad, pues un acto de esa especie que no est� acorde con la gravedad del delito ofende los derechos de las v�ctimas y de la sociedad que esperan que al victimario se le aplique la condigna consecuencia punitiva, aserto que lo afianz� en la principal�stica, como la primac�a del derecho sustancial, la protecci�n de los derechos de las partes e intervinientes en el proceso penal, sobre todo de aquellas en estado de debilidad manifiesta y la igualdad, atribuci�n judicial que le permite controlar la imputaci�n en punto de que se ajuste a la legalidad penal, sin distingo de que la err�nea tipificaci�n vaya en contra o en pro del encartado; solamente as�, iter�, se logra la justicia y el respeto a las v�ctimas, adem�s de que se precaven ulteriores nulidades; trajo en respaldo a colaci�n las providencias con radicados 27159 del 18 de abril de 2007 y 34773 del 20 de agosto de 2010, emitidas por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, e invoc� los art�culos 10.5 y 27 del C�digo de Procedimiento Penal; acot� que como la imputaci�n allanada hace las veces de la acusaci�n, �sta tiene control judicial en el sentido expuesto, siguiendo anal�gicamente el derrotero del art�culo 339 procesal ya citado.
Ubic�ndose entonces en el caso en concreto, afirm� que el concepto de Medicina Legal lleva a tipificar la conducta del se�or HFOR como autor doloso de las lesiones personales previstas en los art�culos 111, 113, 114 y 116 del C�digo Penal, por lo que la primera imputaci�n no respetaba la legalidad y por ello se impon�a su ineficacia para que se rehaga la formulaci�n de cargos con acoplo al principio de legalidad, tal como se hizo, y de esa manera lograr que la sanci�n penal corresponda al da�o sufrido en la integridad f�sica del ofendido y a la protecci�n material de ese bien jur�dico protegido.
Por �ltimo destac� que el procesado se allan� a la nueva imputaci�n, por lo que se hizo bien en evitar la dilaci�n procesal que significar�a retrotraer el asunto para que tal acto se surta conforme a los nuevos cargos ante un juez de control de garant�as, y all� producirse el allanamiento, para luego de eso retorne el asunto al Juzgado de conocimiento, tr�mite innecesario evitado al efectuarse directamente la diligencia nueva ante el juez de conocimiento, donde sucedi�, como se sabe, la aceptaci�n de responsabilidad por parte del inculpado.
Insisti� en la inexistencia de la posibilidad jur�dica de retractaci�n a la �ltima imputaci�n, pues ya hubo validaci�n judicial de ello, y repiti� que no hay vicios del consentimiento (error, fuerza y dolo) porque el allanamiento fue libre, consciente, voluntario y asesorado por el un profesional del derecho que asist�a la defensa. Tras sintetizar las intervenciones de las partes e intervinientes en la audiencia de individualizaci�n de pena, dijo encontrar satisfechos los presupuestos para emitir condena, habida consideraci�n que el est�ndar para ello exige que est�n probados m�s all� de toda duda razonable la conducta delictual y la responsabilidad penal del acusado, y que ello lo est� conforme se extrae de los elementos de convicci�n aportados por la Fiscal�a, sumado a que aqu�l se confes� culpable.
Pas� as� a hacer un repaso de las categor�as del delito, encontrando acreditadas la tipicidad objetiva y la antijuridicidad, descartando la presencia de causales de justificaci�n, y que asimismo estim� que hay culpabilidad �a manera de dolo� (sic), por estar presente la conciencia de antijuridicidad del procesado, a quien le atribuy� la categor�a de sujeto imputable, conform�ndose de ese modo satisfactoriamente los requisitos indispensables para condenar.
Finalmente se ocup� de la dosimetr�a de la pena. Refiri� que las lesiones personales previstas en los art�culos 111, 113, 114 y 116 del C�digo Penal contemplan distintas sanciones, pero por el dispositivo de la unidad punitiva previsto en el art�culo 117 ejusdem, se toma la m�s gravosa, que corresponde a la del art�culo 116 en cita, que contempla prisi�n que va de 96 a 180 meses y multa de 33.33 a 150 salarios m�nimos mensuales legales vigentes; determin� enseguida los cuartos de movilidad y se posicion� en el m�nimo, por mediar la circunstancia de menor punibilidad de carencia de antecedentes penales; teniendo de presente la gravedad del delito, la alta intensidad del dolo, que se trata de una persona letrada que le era exigible otro comportamiento y la necesidad de aplicaci�n de los fines de la pena, fij� prisi�n de 98 meses y multa de 35 salarios m�nimos mensuales legales vigentes; por la aceptaci�n de cargos rebaj� el 50 % de la pena impuesta, quedando en definitiva una aflicci�n privativa de la libertad de 49 meses y por igual t�rmino la accesoria de los art�culos 44 y 52 �inciso 3�- del C�digo Penal y multa de 17.5 salarios m�nimos mensuales legales vigentes.
Estim� que el r�gimen legal de la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena contemplado en la Ley 1709 de 2014, que reform� el art�culo 63 del C�digo Penal, admite aquel subrogado para delitos castigados hasta con 4 a�os de prisi�n, y otrora el l�mite era de 3, por lo que en la regulaci�n precedente no podr�a el procesado acceder al suced�neo, y en la de ahora, la pena impuesta al se�or HFOR supera los 4 a�os de prisi�n que es el l�mite legal para acceder al subrogado, adem�s de que el art�culo 68 A del C�digo antedicho, dotado de contenido por la Ley 1709, excluye del beneficio a quien perpetr� el delito por el que se conden� al prenombrado.
Tampoco hizo acreedor al condenado de la prisi�n domiciliaria dispuesta para personas cabeza de familia, por considerar que no colma las exigencias legales contenidas en la Ley 82 de 1993, modificada por la Ley 1232 de 2008, en la Ley 750 de 2002 y los art�culos 314 y 461 del C�digo de Procedimiento Penal para adjudicarle esa calidad al encartado.
Y, finalmente, en cuanto a la prisi�n domiciliaria, expres� la primera instancia que en el r�gimen de la Ley 1709 de 2014, ese sustituto penal se permite para quienes hayan sido condenados por injustos que tengan sanci�n de prisi�n m�nima prevista en la ley de 8 a�os o menos, lo cual se satisface, empero, esa normativa modific� el art�culo 68 A del C�digo Penal, enlistando unos espec�ficos reatos, entre los que est� aquel por el cual se conden� a OR, como desprovistos de la concesi�n de este subrogado y otros beneficios, por lo que tampoco puede otorg�rsele este instituto.
Tambi�n analiz� el tema desde la perspectiva del r�gimen anterior, encontrando que el requisito objetivo para alcanzar el suced�neo se afinca en que la pena de prisi�n m�nima prevista en la ley sea de 5 a�os o menos, condici�n que no se da en el presente caso. Argumentos de la impugnaci�n Estim� el defensor que el r�gimen legal m�s favorable para el condenado en lo que refiere al acceso a los subrogados penales es el anterior a la vigencia de la Ley 1709 de 2014, y siendo as�, pidi� al Tribunal que se analicen esos t�picos a la luz de la se�alada normatividad.
Discrep� de la sentencia, porque en su opini�n, en el presente caso se cumple con las exigencias legales y jurisprudenciales para que su representado acceda a la prisi�n domiciliaria como persona cabeza de familia. Consideraciones De entrada advierte el Tribunal, que a voces del art�culo 34 numeral 1� del C�digo de Procedimiento Penal, es competente para examinar el fondo de las cuestiones planteadas en la apelaci�n. La apelaci�n, seg�n la teor�a general del proceso, est� gobernada por el principio tantum devolutum quantum apellatum, seg�n el cual, la segunda instancia judicial �nicamente puede pronunciarse sobre los temas que el apelante le ponga de presente, y por fuerza, tambi�n en torno a los aspectos que tengan inescindible relaci�n respecto al objeto de alzada, empero, si observa que hay afectaci�n a derechos y garant�as fundamentales, para efectos de su respeto amen que son legitimadores de la actividad penal del Estado, el ad quem est� habilitado para pronunciarse oficiosamente sobre ello, aunque no sea objeto de apelaci�n.
Lo dicho atr�s determinar�a que, en esta oportunidad, el �mbito de competencia del Tribunal estar�a restringido a resolver los temas de impugnaci�n, a saber: �Cu�l es el r�gimen legal m�s favorable para el condenado en lo que refiere al acceso a los subrogados penales, ya el previsto en la Ley 1709 de 2014 como lo sostuvo la primera instancia o el ordenamiento que le antecede como lo afirm� el apelante? �En el presente caso se satisfacen o no las exigencias legales y jurisprudenciales para que el condenado acceda a la prisi�n domiciliaria como persona cabeza de familia? Sin embargo, esta Corporaci�n judicial encuentra que hay un tema que incumbe abordar oficiosamente dado que toca con garant�as fundamentales; es el siguiente expuesto a manera de interrogaci�n: �Que el juez sentenciador, ante la aceptaci�n de cargos del procesado en la audiencia de imputaci�n surtida ante juez de garant�as, haya celebrado audiencia de verificaci�n del allanamiento a la imputaci�n, que all� le haya dado el impulso del art�culo 339 del C�digo de Procedimiento Penal, que haya ejercido control material a la imputaci�n allanada hasta decidir anularla por considerar que viola la legalidad penal, que haya sugerido la calificaci�n jur�dica a imputar, que una nueva imputaci�n m�s gravosa se haya formulado all� mismo en la audiencia de verificaci�n del allanamiento a cargos, representa motivo de nulidad, y de ser as�, ello se encuentra convalidado por la parte defensiva? D�gase primero, que el principio de econom�a procesal ense�a que carece de sentido que la Colegiatura se ocupe primeramente de solucionar los cargos de la impugnaci�n y solamente al final resuelva la cuesti�n oficiosamente planteada, pues en ese escenario ser�an vanos todos los esfuerzos dirigidos a evacuar los temas de alzada si luego se establece que hay lugar a anular toda la actuaci�n procesal que est� viciada, es decir, que se habr�a abordado el estudio de unos temas, los de apelaci�n, que luego no surtir�an efectos jur�dicos si acaso se invalida la actuaci�n procesal; ahora, que sin no cabe la nulidad, entonces s� se dirimir�n los cargos de apelaci�n. As� vista la secuencia de resoluci�n de los problemas jur�dicos, ab initio se estudiar� la existencia de una posible nulidad.
La Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que el mutismo del C�digo de Procedimiento Penal en cuanto a consagrar los principios que gobiernan las nulidades no significa que ellos no existan o que no deban ser tenidos en alta consideraci�n para resolver cuestiones de ineficacia de los actos procesales, pues esas supremas directrices �son inherentes al asunto�, hacen parte inmanente y permanente del debido proceso penal.
As�, son principios que rigen las nulidades los de taxatividad, trascendencia, convalidaci�n, instrumentalidad de las formas, protecci�n, acreditaci�n y residualidad; en lo que sigue, reproduciremos lo que la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia entiende por tales y lo que es m�s importante, procederemos a darles aplicaci�n al caso que ahora nos concierne: �Principio de taxatividad: Para solicitar la declaratoria de invalidez de la actuaci�n es imprescindible invocar las causales establecidas en la ley.� El art�culo 457 del C�digo de Procedimiento Penal consagra una �nica pero conglobante causal de invalidaci�n, as�: �Nulidad por violaci�n de garant�as fundamentales.
Es causal de nulidad la violaci�n del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales�. Se tiene por sabido que en este asunto, el Juez de conocimiento celebr� �audiencia de verificaci�n del allanamiento a la imputaci�n� y all� mismo le dio el impuso del art�culo 339 del C�digo de Procedimiento Penal; adem�s, d�gase sin ambages, ejerci� control material a la imputaci�n aceptada, procediendo a anularla por considerar que viola la legalidad penal; y como si fuera poco, sugiri� la calificaci�n jur�dica a imputar, lo que desemboc� en que la Fiscal�a efectuara en ese escenario de juzgamiento una nueva imputaci�n, m�s gravosa �sta punitivamente hablando, a la cual se someti� el procesado.
Por manera que, corresponde verificar si lo acabado de memorar trasgrede el debido proceso en aspectos sustanciales, o lo que es lo mismo, la estructura esencial del sistema procesal penal abreviado. El art�culo 293 del C�digo de Procedimiento Penal regula el proceso penal abreviado, al contemplar que si el incriminado acepta la imputaci�n o efect�a un acuerdo con la Fiscal�a, ello funge como acusaci�n suficiente, la cual ser� remitida al juez de conocimiento; y que trat�ndose del preacuerdo, este funcionario lo avalar� luego de comprobar que la manifiesta admisi�n de responsabilidad all� contentiva es libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorada por profesional del derecho, sin que a partir de entonces prospere la retractaci�n. Impera advertir que ese control formal de la validez de la aceptaci�n de cargos que realiza el juez de conocimiento se predica exclusivamente de los preacuerdos, jam�s del allanamiento, ya que el art�culo 293 aludido, de manera contundente as� lo proclama: �Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espont�neo, proceder� a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractaci�n de alguno de los intervinientes�.
Tiene sentido que el juez de conocimiento no efect�e ese control al allanamiento a la imputaci�n, porque tal tarea ya la agot� el de garant�as, en cambio, la autoincriminaci�n contentiva en el acuerdo no ha tenido a�n ese tipo de filtro judicial, porque el convenio se hizo entre las partes; es, pues, la primera vez que el juez asume el tema y es esa la raz�n de ser de que los preacuerdos, a diferencia de la aceptaci�n del allanamiento, tengan en sede del juicio la se�alada revisi�n judicial.
Ante un allanamiento a la imputaci�n avalado en su validez por el juez de control de garant�as, se aplica la premisa del art�culo 293 que dispone que el juez competente �convocar� a audiencia para la individualizaci�n de la pena y sentencia�, lo que significa que en la estructura del proceso penal abreviado no existe la denominada audiencia de verificaci�n del allanamiento a la imputaci�n que realizan algunos funcionarios judiciales, ya que, ins�stase, la validez de la aceptaci�n de cargos en la imputaci�n ya fue verificada en control de garant�as.
Revalida lo predicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: �(�) si ya el juez de control de garant�as verific� que la aceptaci�n de los cargos oper� libre, voluntaria y completamente informada, no es posible de ninguna manera que el juez de conocimiento proceda a realizar, como en el caso examinado sucedi�, un nuevo examen de esos factores (�) y a ello se ofrezca la posibilidad de aceptaci�n o no, pues, puede conducir a una imposible retractaci�n.� Que el juez de conocimiento lleve a cabo el control de la validez al allanamiento a cargos que ya hizo uno de garant�as, no solamente va en contra de la econom�a procesal al duplicar innecesariamente un acto judicial que ya tuvo lugar, donde ha operado el principio de preclusividad, tambi�n denominado principio antecedente-consecuente, porque adem�s se puede tornar problem�tica la celebraci�n de tal at�pica audiencia, ya que si nuevamente en ella se inquiere al procesado si su decisi�n de aceptar los cargos es libre, voluntaria, consciente y asesorada por su defensor letrado, bien podr�a responder negativamente, con lo que se habilita a instancia de la judicatura una retractaci�n al allanamiento a cargos, lo cual est� proscrito por agredir a la lealtad procesal y por menoscabar la seriedad de los actos de parte; as� lo explica la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia: �(�) si la persona acepta voluntariamente y de forma unilateral los cargos consignados en la formulaci�n de imputaci�n, ya despu�s no puede desdecirse de ello, porque la ley no permite que el simple deseo o querer afecte la legitimidad y efectos del allanamiento.� En el foro se ha escuchado que los jueces de conocimiento convocan a la mentada diligencia no para posibilitar la retractaci�n pura y simple del procesado que se allan� a la imputaci�n, pues entienden que tal arrepentimiento jur�dicamente no est� permitido, sino que instalan la vista p�blica en comento para brindar el espacio procesal a la defensa para que alegue alg�n posible vicio del consentimiento en el allanamiento o la fractura de las garant�as procesales en la de formulaci�n de imputaci�n, y sostienen que de no realizarse aquella audiencia, se cercena de tan importante posibilidad.
Tal argumento no tiene cabida, porque el par�grafo del art�culo 293 del C�digo de Procedimiento Penal precept�a que �en cualquier momento� es permitida la retractaci�n en los eventos de quebrantamiento de garant�as fundamentales o de vicios del consentimiento, por lo que nada impide que las alegaciones de ese tipo puedan realizarse en el acto de individualizaci�n de pena, sin el desgaste procesal que implica instalar una diligencia adicional para ese prop�sito y sin el riesgo de que el procesado se desdiga de su aceptaci�n de cargos, riesgo que, as� lo ense�a la experiencia judicial, est� latente, porque la din�mica de la audiencia de verificaci�n del allanamiento es igual al rito que realiza el juez de garant�as, consistente en que el juzgador indaga al implicado si su aceptaci�n de cargos es libre, consciente, voluntaria y asesorada.
Es claro que con ello queda abierta la posibilidad real de una recantaci�n simple, pero si el juez estima que eso no es jur�dicamente admisible, se habr� desgastado realizando unas preguntas que no conducen sino a la dilaci�n procesal injustificada; de all� que, se itera, esa audiencia de verificaci�n del allanamiento no est� prevista en el proceso penal abreviado, por ser tautol�gica y porque los vicios del consentimiento y el quebrantamiento de garant�as fundamentales en el allanamiento a cargos pueden proponerse y definirse en la audiencia del art�culo 447 del C�digo de Procedimiento Penal.
Al margen, conviene destacar la impertinencia del lenguaje jur�dico empleado por el legislador en el par�grafo del art�culo 293 de la codificaci�n procesal penal, que habla de retractaci�n por afrenta de las garant�as fundamentales o por vicios del consentimiento, cuando en tal caso, y en rigor, lo que hay es un vicio anulatorio del acto aprobatorio de la aceptaci�n de cargos; as� lo confirma, de una parte, la doctrina al sostener que �desde el punto de vista estrictamente jur�dico no ser� retractaci�n sino causal de nulidad del acto�, y de otra, la jurisprudencia vertical: �La Corte, debe se�alarse expresamente, asume errada �y por esa v�a factor de confusi�n- la forma en que el legislador denomina �retractaci�n� a lo que en su naturaleza no son m�s que circunstancias invalidantes de lo actuado, propias de las causales de nulidad y sin vinculaci�n siquiera cercana a ese actuar unilateral de quien, por su solo querer, busca desdecirse de lo aceptado.� Tambi�n en el foro se ha esbozado que si el allanamiento a la imputaci�n se asimila a la acusaci�n, entonces el juez de conocimiento debe darle al asunto el curso se�alado en el art�culo 339 del C�digo de Procedimiento Penal que regula al susodicho acto del juicio y que reza: Abierta por el juez la audiencia, ordenar� el traslado del escrito de acusaci�n a las dem�s partes~ conceder� la palabra a la Fiscal�a, Ministerio P�blico y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusaci�n, si no re�ne los requisitos establecidos en el art�culo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.� Si lo buscado es la aplicaci�n en eventos de terminaci�n anticipada del art�culo 339 del C�digo de Procedimiento Penal, se estar�a erradamente imprimiendo al asunto el tr�mite del proceso ordinario y no del abreviado, por lo que carece de sentido la invocaci�n de tal norma que es propia de aquel diligenciamiento y no de este; adem�s, su aplicaci�n llevar�a a incurrir nuevamente en un desgaste procesal por doblamiento innecesario de audiencias, pues en la de acusaci�n se verifica que en el escrito incriminatorio est� correctamente individualizado e identificado el procesado, que haya relaci�n sucinta y clara de los hechos y de los cargos penales enrostrados, aspectos que ya fueron controlados por el juez de garant�as conforme al art�culo 288 ejusdem.
Un precedente jurisprudencial afianza lo que viene sosteni�ndose: �Ya la Sala, de manera amplia y reiterada, tiene definido que, conforme lo dise�ado por la Ley 906 de 2004, la terminaci�n anticipada del proceso por el camino del allanamiento a cargos operado en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, implica, ni m�s ni menos, renunciar al tr�mite ordinario y, particularmente a todo lo que apareja la fase del juicio, representada por las audiencias de formulaci�n de acusaci�n, preparatoria y de juicio oral ( ).
Cuando la persona ha aceptado cargos en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, de inmediato el tr�mite ordinario del asunto cesa y es convocado el juez de conocimiento con el fin exclusivo de individualizar la pena y dictar el fallo. No es que, cual postula el demandante en casaci�n, el Fiscal deba formular nueva acusaci�n en una audiencia formalizada bajo la �gida de lo consagrado en el art�culo 339 del C.P., simplemente porque este tr�mite, en toda su extensi�n, est� instituido exclusivamente para los casos ordinarios en los que se pretende convocar a juicio a la persona.
(�) Huelga anotar, por la precisi�n del texto, que lo buscado es eliminar la actuaci�n formalizada contemplada en el art�culo 339 ib�dem, para que el juez de conocimiento proceda de inmediato a diligenciar la audiencia de individualizaci�n de pena y sentencia que, como su nombre lo indica, nada tiene que ver con la acusaci�n o su formalizaci�n.� Ahora bien, la Sala conoce que el proceso penal ordinario est� prolijamente desarrollado por el C�digo de Procedimiento Penal, pero es precaria la regulaci�n que se hace del abreviado, ya que en un solo art�culo, el 293 de la Ley 906 de 2004 se regula todo lo relativo a su tr�mite, cosa extra�a por parte del legislador, si en cuenta se tiene que el nuevo sistema de enjuiciamiento penal naci� bajo la consigna de que el grueso de los asuntos penales se tramitar�n por v�a del proceso simplificado.
En efecto, mientras en el proceso penal ordinario, en la audiencia de acusaci�n se ventilan temas de incompetencia, inhabilidades, recusaciones y nulidades, en el rito simplificado no hay tal segmento procesal, puesto que del allanamiento a la imputaci�n se sigue la audiencia de individualizaci�n de pena y lectura de sentencia, y es all� donde justamente notamos la deficiente regulaci�n legislativa al proceso penal abreviado; mas, hay que precisarlo, tal actitud legislativa no quiere decir que en desarrollo de este rito abreviado los referidos temas no puedan ser tratados, seg�n con claridad se desprende del siguiente precedente: �(�) si se entiende, como lo consagra la ley, que el acta del allanamiento representa materialmente la acusaci�n, es necesario colegir que la audiencia destinada por la ley a la individualizaci�n de pena y sentencia ha de desarrollarse compleja para que el juez, previo a adelantar esa tarea de dosificaci�n de la sanci�n y formalizaci�n de la condena, realice la necesaria labor de depuraci�n �que en la confrontaci�n material realizada por la Corte remite a una de las etapas o estadios de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n- en aras de escuchar lo que las partes tengan que manifestar al respecto, y resolverlo, o adelantar de oficio el compromiso invalidante que surge de advertir violadas garant�as fundamentales.� Se precis� atr�s que es un tema de nulidad lo concerniente a la aceptaci�n de cargos viciada en el consentimiento o afectada por el desconocimiento de las garant�as fundamentales, de manera que el espacio para alegar tal motivo de invalidaci�n s� tiene escenario propio en el proceso penal simplificado, y lo es en la audiencia de individualizaci�n de pena, como as� lo tiene concebido la jurisprudencia: �(�) si de lo que se trata es de dar plena operatividad material al par�grafo del art�culo 293 de la Ley 906 de 2004, el juez de conocimiento, al momento de adelantar la audiencia de individualizaci�n de pena y sentencia, debe permitir que el imputado o su defensor, si as� lo alegan all� o presentan previamente escrito en dicho sentido, accedan a la posibilidad de anular la aceptaci�n de responsabilidad penal, para lo cual, adem�s, ha de abrir un espacio previo a su pronunciamiento de fondo, en el cual se discuta el t�pico y, m�s importante a�n, el imputado y su defensor efectivamente prueben que lo aducido sucedi�, pues, expresamente la norma demanda del postulante demostrar que el vicio o la violaci�n sucedieron.� Ahora, expuesto lo anterior surge para el Tribunal varios interrogantes, necesarios dilucidar en procura de una definici�n jur�dicamente correcta a la tensi�n surgida en este asunto; una primera inquietud amerita plantearse as�: �constituye trasgresi�n al debido proceso en aspectos sustanciales y por ende motivo de nulidad, que el juez de conocimiento le imprima al proceso penal abreviado lo dispuesto en el art�culo 339 del C�digo de Procedimiento Penal y que adem�s celebre la artificiosa audiencia de verificaci�n del allanamiento a la imputaci�n, en la cual no hubo procedente retractaci�n al allanamiento? Para decantar si hay afectaci�n al debido proceso en aspectos sustanciales es imperioso el estudio del principio de trascendencia, entendiendo lo sustancial, como lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua espa�ola, de conformidad con el cual equivale a �lo importante o esencial�; de eso se ocupa tal principio, seg�n explicaci�n de la Corte Suprema de Justicia: �Principio de trascendencia: Quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable deber de demostrar no s�lo la ocurrencia de la incorrecci�n denunciada, sino que �sta afecta de manera real y cierta las garant�as de los sujetos procesales o socava las bases fundamentales del proceso.� Consideramos que aplicar dentro del tr�mite abreviado las previsiones del art�culo 339 del C�digo de Procedimiento Penal y celebrar la audiencia de verificaci�n de allanamiento a la imputaci�n, en la cual no hubo retractaci�n simple, sin lugar a dudas representa una irregularidad procesal, dado que ello, seg�n lo advertido atr�s, no es propio de este tipo de procesos; sin embargo, queda por verificar si esos yerros tienen una entidad superior, es decir, si se trata de una afectaci�n al debido proceso en aspectos sustanciales, y muy pronto surge una respuesta negativa, porque esas anomal�as no repercuten en una sentencia m�s gravosa ni impiden que se produzca el fallo; y si bien el decurso de la actuaci�n sin duda se dilata innecesariamente con esas artificiosas audiencias, no hay en principio un desconocimiento de derechos y garant�as de las partes e intervinientes.
La Corte Suprema de Justicia es de ese pensar cuando afirma que �no puede dejar de mencionarse la forma en que la Fiscal�a y el juzgado de conocimiento asumieron el tr�mite del allanamiento a cargos, en reiteraci�n innecesaria de la diligencia y a partir de una especie de escenario propio de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n. Empero, ello no fue trascendente, como quiera que, finalmente, el proceso culmin� en instancia con la emisi�n del fallo por el delito aceptado.� La historia revelada en la presente actuaci�n informa entonces que en este asunto hay doble irregularidad en la actuaci�n del a quo, primero, al darle el tr�mite de la audiencia del art�culo 339 mentado que es propio de la senda procesal ordinaria, y segundo, por celebrar la inexistente audiencia de verificaci�n de allanamiento a la imputaci�n; pero ya se dijo, carecen de trascendencia esos defectos, por lo que queda por ello descartada la nulidad, pues las irregularidades procesales detectadas no lastiman al debido proceso en aspectos sustanciales.
El art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica y el precepto 6� del C�digo de Procedimiento Penal imponen el respeto a las �formas propias de cada juicio�, y el juez como director del proceso es el responsable de velar porque as� sea; es por eso que el Tribunal invita al Juzgado Primero Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de Ipiales, como as� lo viene haciendo en casos similares, a guardar reverencia al decurso que legal y jurisprudencialmente tiene establecido el rito penal abreviado, evitando la celebraci�n de esta dilatoria clase audiencias.
Empero, al margen de lo antedicho, en este caso aflora la ocurrencia de una circunstancia particular que obliga a ser examinada en detalle. Sucede que el Juez de conocimiento decidi� no solamente celebrar la innecesaria audiencia de verificaci�n de allanamiento a cargos, sino que hizo uso de esos escenarios para hacerle control material a la imputaci�n que otrora realiz� la Fiscal�a, y m�s all�, la anul� de oficio al considerar que aquella trasgrede el principio de legalidad penal, pues, en su concepto, los hechos enrostrados al procesado no se ajustan a los cargos que endilg� el ente instructor, sino a las lesiones personales del �inciso 2� del art�culo 114 del C�digo Penal�.
Ya sabemos que al inicio de la audiencia de individualizaci�n de pena y sentencia pueden ser tratados temas de nulidad, por lo que corresponde a la Sala elucidar si puede existir esa clase de invalidez en el proceso penal colombiano, si el juez de la causa se halla habilitado para efectuar control material a las imputaciones que, como bien se sabe hacen las veces de acusaci�n, y si al otear una respuesta que niegue tal potestad funcional, que lo haya hecho representa una agresi�n al debido proceso en aspectos sustanciales.
El estado de arte actual de la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el asunto, ense�a que: �En atenci�n de la estricta separaci�n de las funciones de acusaci�n y juzgamiento, as� como de la garant�a de imparcialidad judicial, el legislador no previ� la posibilidad de que el juez efect�e un control material sobre la acusaci�n. En un esquema adversarial, donde la Fiscal�a ostenta la calidad de parte que presenta una hip�tesis incriminatoria, al juez le est� vedado examinar tanto los fundamentos probatorios que sustentan la acusaci�n como la correcci�n sustancial de la imputaci�n jur�dica (adecuaci�n t�pica).
De permitirse una tal supervisi�n judicial, la estructura acusatoria se ver�a quebrantada, en la medida en que el juez asumir�a el rol de parte, al promover una particular �teor�a del caso� (CSJ SP 16 jul. 2014, rad. 40.871). De igual modo resultar�a afectada la imparcialidad exigible a quien �nicamente tiene que juzgar el asunto, seg�n los planteamientos del acusador.
Solo a la Fiscal�a compete la determinaci�n del nomen iuris de la imputaci�n (CSJ SP 6 feb. 2013, rad. 39.892).� Implica, pues, que en la sistem�tica acusatoria al funcionario juzgador, en principio y salvo casos de extrema excepcionalidad, no le es permitido adelantar un control material del allanamiento al pliego de cargos, por consiguiente, tampoco puede invalidar las imputaciones y acusaciones que formule la Fiscal�a, porque en el modelo adversativo de investigaci�n y juzgamiento penal le obliga a ejercer un rol de absoluta e inexcusable imparcialidad.
Es pues el ente instructor el que est� dotado, como titular de la acci�n penal y siendo conocedor del plenario investigativo, de la facultad exclusiva y excluyente de formular la imputaci�n y la acusaci�n, sin injerencia alguna. Dicho de manera conclusiva, una intervenci�n judicial anulando el encuadramiento t�pico derruye las bases mismas del proceso penal colombiano y aflige severamente la imparcialidad judicial.
Si bien el lenguaje empleado por la Sala hasta aqu� es eminentemente procesalista, al resaltar la din�mica de roles del proceso penal, se�alando qu� puede y qu� no hacer cada sujeto procesal, ello no significa que la cuesti�n tratada se reduzca exclusivamente de esa rama del derecho, sino que trasciende tal �mbito y llega a hundir ra�ces profundas en los terrenos constitucionales, sobre los cuales har� �nfasis la Corporaci�n. El rasgo esencial de nuestro proceso penal adversarial es la separaci�n de la funci�n acusadora de la juzgadora, y con esa marcada y n�tida escisi�n se pretende optimizar la imparcialidad del funcionario judicial que desata la controversia de las partes, ya que es totalmente ajeno a la actividad investigativa, no particip� en ella, por ende, no est� sesgado, como lo estar�a quien a la vez funge como parte persecutora y juez, en el sentido de inclinarse fort�simamente a confirmar como sentenciador su tesis incriminatoria de parte; de ah� que la divisi�n de roles permite que al solucionar el caso por quien se le encarg� exclusivamente tan loable y dif�cil funci�n, lo haga con absoluta imparcialidad, valorando objetivamente las pruebas y los argumentos de las partes, adem�s, la defensa no tendr�a prevenci�n alguna de un juez que es ajeno a la averiguaci�n penal, como s� lo estar�a si quien dirime la causa es el mismo que adelant� la investigaci�n. Entonces, el proceso penal acusatorio logra materializar la imparcialidad judicial de mejor manera a como lo hacen otros sistemas de enjuiciamiento criminal, y como con el Acto Legislativo 03 de 2002 se implement� aqu� aquel modelo acusatorio, significa que el pa�s se puso a tono con los est�ndares de imparcialidad exigidos desde el derecho internacional de los derechos humanos, tal como lo pregona la Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005, al sostener que al �instituir una clara distinci�n entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar, con el prop�sito de que el sistema procesal penal se ajustase a los est�ndares internacionales en materia de imparcialidad de los jueces, en especial, el art�culo 8 del Pacto de San Jos� de Costa Rica�.
F�jese, entonces, como este tema rebasa lo procesal dado que se vincula a temas constitucionales, m�s precisamente, son asuntos propios de los derechos humanos. El texto de la Constituci�n Pol�tica no alude expresamente al principio de imparcialidad, aunque se lo ha entendido como parte impl�cita del debido proceso, y solo lac�nicamente se refiere a �l la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia en su art�culo 153.3, empero, este principio s� ha tenido consagraci�n expresa y adem�s interesantes desarrollos hermen�uticos en el derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, la imparcialidad se erige en una garant�a judicial seg�n el art�culo 8.1 de la Convenci�n Interamericana de Derechos Humanos, que fue ratificada por Colombia mediante Ley 16 de 1972, y por consiguiente, hace parte del Bloque de Constitucionalidad, en aplicaci�n de los art�culos 93 y 94 de la Carta Pol�tica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, interprete autorizado de dicha Convenci�n, en el caso Malary versus Hait�, sobre esa garant�a judicial, secundando los desarrollos que al punto ha efectuado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir del caso Delcourt versus B�lgica, ha sostenido que la imparcialidad presenta dos dimensiones, subjetiva la una, objetiva la otra.
La primera dimensi�n citada refiere a que el juzgador es imparcial si internamente, en su ser, en su psiquis, no est� inclinado a favorecer ileg�timamente a una de las partes; para su garant�a se han dispuesto las figuras procesales de impedimentos y recusaciones. En este caso no se cuenta con informaci�n alguna acerca de que el Juzgador de primer nivel tenga comprometida su imparcialidad subjetiva, al punto que no se plantearon impedimentos ni se propusieron recusaciones.
La segunda dimensi�n ata�e a que el juez no solo internamente debe fallar con sind�resis, sino que debe en estrados dar sensaciones o impresiones de imparcialidad, porque, de lo contrario, se afea la imagen de la administraci�n de justicia y se erosiona la confianza ciudadana en sus cortes de justicia, lo que es ominoso porque las controversias de todo tipo no se llevar�n a la justicia oficial porque de ella se descree, sino que se dirimir�n por la mano propia, con lo cual se deslegitima el Estado como propulsor del orden justo y de la convivencia pac�fica.
La doctrina sintetiza as� la faceta objetiva de la imparcialidad: �Las apariencias son importantes para valorar si un Tribunal es imparcial. No s�lo debe hacerse justicia, sino parecer que se hace, con el fin de salvaguardar la confianza de los justiciables en los �rganos judiciales.� La Corte Constitucional, en sentencia C-496 de 2016, replica esas consideraciones al decir que �Con relaci�n al aspecto objetivo de la imparcialidad, la CIDH considera que exige que el Tribunal o juez ofrezca las suficientes garant�as que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso.� La opini�n valiosa del jurista Rodrigo Uprimny Y�pez sobre el respecto es que �la jurisprudencia de los mejores tribunales ha se�alado que el juez no s�lo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo a los justiciables pues de esas apariencias depende tambi�n la legitimidad de la justicia. De all� la distinci�n entre la afectaci�n subjetiva de la imparcialidad, que es cuando se logra probar que el juez actu� sesgadamente, y su afectaci�n objetiva, que es cuando concurre en el juez una circunstancia que har�a dudar de su imparcialidad, por m�s de que act�e imparcialmente.� Atr�s se mencion� que la Convenci�n Interamericana de Derechos Humanos dispone que la imparcialidad es una garant�a judicial, y bajo ese entendido nominal, la Sala acude a la obra culmen de Luigi Ferrajoli, el jurista que a nivel de nuestra cultura jur�dica occidental ha desarrollado con mejor prolijidad el tema del garantismo penal, al expresar que la imparcialidad es una �garant�a org�nica� del proceso penal que implica que �El juez, (�) debe contar, sin embargo, con la confianza de los sujetos concretos que juzga, de modo que estos no solo tengan, sino ni siquiera alberguen, el temor de llegar a tener un juez enemigo o de cualquier modo no imparcial.
(�) Para garantizar la imparcialidad del juez es necesario que �ste no tenga en la causa ni siquiera un inter�s p�blico o institucional. En particular, es necesario que no tenga un inter�s acusatorio�. Tal teorizaci�n con nitidez nos remite, de una parte, al principio acusatorio como la mejor garant�a de la imparcialidad, y de otra, a la dimensi�n objetiva de �ste.
Las mentadas referencias jurisprudenciales y doctrinarias son suficientes para entender desde el Bloque de constitucionalidad el concepto de imparcialidad objetiva y su definici�n como garant�a judicial; adem�s ha permitido cumplir la promesa de se�alar que este tema a m�s de procesal es constitucional, y ahora ponemos todo esto al servicio del caso en concreto, para determinar si se aflige la imparcialidad judicial.
As�, pues, tenemos que el a quo actu� erradamente al decretar la nulidad de la imputaci�n que formul� la Fiscal�a ante el juez de control de garant�as, a la cual el procesado se allan�; consider� la primera instancia que se trasgrede el principio de estricta tipicidad penal, dado que el concepto de Medicina Legal en que se bas� la imputaci�n �rrita, no arroja que los hechos se subsuman al delito de lesiones personales previsto en los art�culos 111 y 113 del C�digo Penal que fue lo inicialmente enrostrado, sino que tal concepto oficial arroja que el punible a imputar es el previsto en el �inciso 2� del art�culo 114 del C�digo Penal�, asumiendo con ello su propia teor�a incriminatoria del caso, con lo que, seg�n lo que viene exponi�ndose, se baldona la imparcialidad propia del principio acusatorio, y con esto se acreditan los principios de taxatividad y trascendencia. Llama la atenci�n de la Sala que una vez anulada la imputaci�n, en la artificiosa audiencia de verificaci�n del allanamiento a la imputaci�n, consider�ndose habilitada a instancia de la Judicatura, la Fiscal�a reformul� los cargos, pero no en el sentido concebido por el Juzgador, sino incriminando al procesado HFOR como autor doloso de las lesiones personales previstas en los art�culos 111, 113, 114 y 116 del C�digo Penal, que punitivamente son m�s gravosas que las que increp� en la primera imputaci�n y las que incluso sugiri� el juez.
Tal censurable actuaci�n del Funcionario judicial corresponde al prurito de imponer su propia opini�n en un tema vedado para �l, en tanto avoc� sin m�s las funciones que por antonomasia, tal como se viene pregonando, son del resorte exclusivo de la Fiscal�a, arrasando as� contra la imparcialidad que como rasgo esencial del sistema le asist�a y llev�ndose de calle en consecuencia las bases esenciales del proceso.
El desenlace es que al arrogarse el juez, en este caso, funciones propias de la acusaci�n al emitir su propia calificaci�n penal de los hechos, sembr� incertidumbre de su imparcialidad judicial en lo que toca a la dimensi�n objetiva, y en el ambiente de estrados qued� el mensaje de que el compromiso judicial no es con un juzgamiento ecu�nime del asunto sino que tiende a favorecer la causa de la Fiscal�a y de la v�ctimas, en desmedro del procesado, cuando el sistema de enjuiciamiento acusatorio le impone inexorablemente neutralidad respecto al rol funcional de las partes, limit�ndose a decidir en cuanto a las pretensiones que le eleven, sin injerir en los �mbitos competenciales de las partes, le es dable, entonces, el respeto total por la calificaci�n jur�dica del ente persecutor; de lo contrario pareciere que no solamente juzga sino tambi�n persigue al procesado, con lo cual afect� severamente la dimensi�n objetiva de la imparcialidad; por eso el vicio es trascendente desde lo procesal y lo constitucional, ya que socava la estructura adversarial del proceso penal, es decir, por afectar el debido proceso en aspectos sustanciales, que corresponde a la causal de nulidad del art�culo 457 del C�digo de Procedimiento Penal, lo que de suyo atisba la taxatividad.
Comoquiera que seg�n lo que viene de verse, va abri�ndose paso la nulidad en estudio, se tomar�n entonces al final las medidas adecuadas para resta�ar la afectada dimensi�n objetiva de la imparcialidad judicial. Otro aspecto de relieve constitucional que quiere ventilar la Sala es el relacionado con la confianza leg�tima que tiene el procesado en que la tridivisi�n de roles del sistema penal acusatorio se mantenga inc�lume, para as�, con ese convencimiento, tomar las decisiones que estime adecuadas en punto de allanamiento a cargos.
Nos explicamos: La confianza leg�tima es una instituci�n constitucional elaborada a partir de la buena fe y de la seguridad jur�dica, propia del Estado de Derecho (la Sala advierte que con la f�rmula inmediatamente anterior no desconoce el cariz social del estamento, sino que quiere resaltar, para este caso, que al ser Estado de Derecho, est� regido por la ley y la Constituci�n, sin desconocer, ins�stase, que Colombia es un Estado social); consiste, seg�n definici�n de Edward Colman, en �un sistema de defensa en manos de los ciudadanos ante actuaciones s�bitas, impredecibles o sin cautelas suficientes de los distintos Poderes P�blicos (Administrativo, Legislativo y Judicial) con el objeto de proteger, en los casos que as� lo merezcan, la confianza depositada por aquellos en la estabilidad de la conducta de estos�.
Al contrario de lo que pregonan algunas posturas, la confianza leg�tima s� tiene aplicaci�n en lo judicial, tal como lo confirma la Corte Constitucional en sentencia C-131 de 2004, en donde aludi� a que dicha instituci�n �no se limita al espectro de las relaciones entre administraci�n y administrado, sino que irradia a la actividad judicial�; y en la providencia C-836 de 2001, en la cual manifest� que �El derecho a la administraci�n de justicia implica la garant�a de la confianza leg�tima en la actividad del Estado como administrador de justicia. (�) Comprende adem�s la protecci�n de las expectativas leg�timas de las personas de que la interpretaci�n y aplicaci�n de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme.� Para el doctrinante Gabriel Hern�ndez Valbuena �las reglas contenidas en las normas constitucionales, las leyes aprobadas por el Congreso, la jurisprudencia, (�) los precedentes judiciales, (�) etc., pueden llegar a explicar y justificar el surgimiento de la confianza, en tanto y en cuanto todos ellos constituyen los principales medios de expresi�n de la voluntad estatal.� Siguiendo lo anterior, tenemos que el sistema de enjuiciamiento criminal acusatorio, que viene dise�ado desde el Acto Legislativo 03 de 2002, proscribe al juez inmiscuirse en la adjudicaci�n de cargos penales que haga la Fiscal�a, norma superior afianzada por la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia de la cual ya se aludi� en l�neas anteriores, entonces, la norma constitucional y los precedentes generan confianza leg�tima en el procesado de que si se allana a una imputaci�n de cargos hecha por el ente oficial acusador, el juez no se entrometer� a variar esos cargos penales, y si lo hace, de manera abrupta ello va en contrav�a de la confianza leg�tima de la persona sub judice, consistente en que no habr� en ese punto intervenci�n judicial.
Ese allanamiento a los cargos adjudicados por el ente instructor no corresponde a un derecho adquirido, porque s� puede ser revertida la aceptaci�n de cargos en eventuales casos de afectaci�n a garant�as fundamentales. En conclusi�n, la conducta reprochada al a quo reviste tambi�n afectaci�n trascendente desde la �ptica constitucional de la confianza leg�tima, confianza predicable y aplicable al interior del proceso penal; dir�a la Sala que tal confianza hace parte del debido proceso sustancial, en tanto la intervenci�n judicial en la calificaci�n de los cargos penales rompi� la expectativa del procesado que deviene del principio acusatorio y de la alta jurisprudencia penal de que el juez no tendr� roles acusatorios, que respetar� la imputaci�n de la Fiscal�a, de manera que lo protege la confianza leg�tima, y por ello no se puede permitir ni avalar ese intervencionismo judicial, claro, siempre que se llenen los dem�s principios que rigen las nulidades. �Principio de convalidaci�n: La irregularidad que engendra el vicio puede ser convalidada de manera expresa o t�cita por el sujeto procesal perjudicado, siempre que no se violen sus garant�as fundamentales.� Conviene recordar que el Juez de conocimiento en la censurada audiencia de verificaci�n del allanamiento a cargos, anul� la primera imputaci�n y el allanamiento a la misma; enseguida brind� a la Fiscal�a la oportunidad de impugnar esa determinaci�n, pero el delegado del ente investigativo se hall� conforme con ella, por lo que no la atac�; despu�s le ofreci� a la defensa la oportunidad de confutar lo decidido y fue all� cuando el profesional del derecho que asiste al procesado pidi� un receso para asimilar el fallo de anulaci�n, y al reiniciarse el acto, el director del proceso ya no le permiti� la oportunidad impugnativa a esa parte, sino que justific� como viable realizar la nueva imputaci�n en la vista p�blica en que se encontraban, y as� se hizo.
Obs�rvese que el abogado defensor se vio despojado de la oportunidad de impugnar la decisi�n, desde��ndose con ello el principio de igualdad entre las partes, en lo que se erige en afectaci�n grave al derecho a la defensa. Con todo, cabe preguntar: �que el abogado defensor no haya protestado por esto equivale a convalidaci�n de la irregularidad que venimos estudiando, al entenderse que consinti� en lo decidido?; pero adem�s, luego de memorar lo acaecido en la mentada audiencia, �que el procesado se haya allanado a los nuevos cargos, previo asesoramiento de su defensor, significa asimismo convalidaci�n de las irregularidades que hemos destacado atr�s? El acontecer procesal nos indica que la audiencia de individualizaci�n de pena y sentencia no se hizo concentradamente con la de verificaci�n del allanamiento a cargos, sino en fecha posterior.
Ya en esta diligencia, de entrada, el defensor t�cnico impetr� la nulidad de la invalidaci�n de la primera imputaci�n, la cual le fue despachada en disfavor tanto por el Juez ahora impugnado como por el que resolvi� la segunda instancia, que fue el titular del Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales; se cuestiona si �tal oposici�n del letrado jur�dico implica que no se convalidaron las irregularidades procesales? Aunque los dos primeros interrogantes eventualmente podr�an ser resueltos afirmativamente, en el sentido de decir que la defensa s� convalid� que la Judicatura haya perdido su imparcialidad y que desbarajuste las bases esenciales del proceso penal adversarial, la Sala, con los procesalistas Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, tiene que se�alar que la convalidaci�n �solo resulta v�lida para las nulidades relativas cuya reclamaci�n se conf�a a las partes como cargas, porque la vigilancia de la forma imperativa se conf�a la juez (�).� Si por vigilancia de la forma imperativa se entiende la indemnidad de la estructura b�sica del proceso penal abreviado, la que ya demostramos est� afectada severamente, tal irregularidad no puede ser convalidada por la defensa que es la perjudicada aqu� por tal anomal�a, dado que la vigencia de la forma imperativa corresponde cuidarla al juez, no a las partes.
El contenido del principio in examen dice que la anomal�a procesal puede ser convalidable por el perjudicado, salvo que viole garant�as fundamentales, y a no dudarlo que el debido proceso en aspectos sustanciales constituye una prerrogativa de esa estirpe, surgiendo as� un argumento m�s de peso que impide arg�ir la ocurrencia en este caso de la convalidaci�n. De no aceptarse la tesis sostenida precedentemente, no faltar� que se afirme que la defensa convalid� el acto judicial irregular con el no reclamo por la sustracci�n de la oportunidad impugnativa y por el allanamiento a los segundos cargos imputados, y que, si bien se atac� la nulidad de la primera imputaci�n, ello se hizo demasiado tarde, pues para entonces el procesado se allan� a los segundos cargos, decisi�n que se torna irreversible.
No es bienvenida esa hip�tesis, porque si aceptamos que existe falta de defensa t�cnica al permitir esa irregular actuaci�n, que a no dudarlo culmin� en desmedro del procesado, pues ser� condenado por un delito con mayor punibilidad; ya la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha definido que en eventos as� no opera la convalidaci�n: �(�) el derecho de defensa constituye la excepci�n al principio de convalidaci�n de actos irregulares.
En caso de vulneraci�n del derecho de defensa no opera la convalidaci�n, de modo que para subsanar la vulneraci�n de esa garant�a superior se impone invalidar todo lo actuado.� �Principio de instrumentalidad de las formas: No procede la invalidaci�n cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el prop�sito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa.� Ya vimos c�mo el fin manifiesto de las referidas artificiosas audiencias a las que convoc� la primera instancia fue efectuar, como as� en efecto lo hizo, control material a la imputaci�n, cumpli�ndose material y jur�dicamente ese prop�sito.
Sin embargo, el principio de instrumentalidad de las formas se refiere a que el acto irregular, empece estar viciado, aun as� cumple los prop�sitos leg�timos del derecho penal y procesal penal; pero sucede que el control material mentado no puede catalogarse como un fin leg�timo del proceso, sino como uno ileg�timo, porque es extra�o al rito abreviado ese control material; por ello es que podemos sostener sin vacilaciones que las irregularidades no cumplieron ni poseyeron la entidad jur�dica de alcanzar los prop�sitos verdaderos y ciertos de la actuaci�n procesal en este caso. �Principio de protecci�n: El sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de anulaci�n no puede plantearlo en su beneficio, salvo cuando se trate del quebranto del derecho de defensa t�cnica.� No puede predicarse que el procesado haya causado las irregularidades comentadas, en la medida en que estas son atribuibles, como se viene pregonando, al Juez de conocimiento; tampoco es dable decir que el acusado se ha beneficiado de las irregularidades, al contrario, van en su contra, pues la primera instancia lo conden� por unas lesiones personales con mayor punibilidad a las cuales inicialmente se acogi�. �Principio de acreditaci�n: Quien alega la configuraci�n de un motivo invalidatorio, est� llamado a especificar la causal que invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya.� Es el Tribunal el que oficiosamente plante� la existencia de unos vicios con aptitud anuladora, por ende, a esta Corporaci�n le corresponde afincar sus razonamientos en una causal de nulidad, como ya se hizo al invocarse el art�culo 457 del C�digo de Procedimiento Penal; tambi�n le concierne fundamentar y explicar sus motivos, tal cual se est� haciendo.
Finalmente, �Principio de residualidad: Compete al peticionario acreditar que la �nica forma de enmendar el agravio es la declaratoria de nulidad.� La Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relaci�n con este principio, ha desarrollado el llamado argumento consecuencialista, de conformidad con el cual, si la irregularidad que trasgrede el derecho de defensa o el debido proceso en aspectos sustanciales, como en este caso, puede ser enmendada o corregida al adecuar la sentencia a la legalidad; esa decisi�n se prefiere a la nulidad, ya que esta es la �ltima y m�s extrema medida a la que acude el juez y conlleva desgaste procesal leg�timo al retrotraerse el proceso hasta donde hay sanidad del mismo.
Al hilo de ese planteamiento, para soslayar la nulidad aqu� avizorada, bien podr�a la Sala dictar fallo de reemplazo, tornando inv�lidas las colosales irregularidades detectadas, es decir, que se tendr�a por nulo lo actuado por el juzgador de primer grado, de modo que al Tribunal le ocupar�a expedir una nueva sentencia teniendo como marco de referencia el allanamiento a la primera imputaci�n que cobrar�a nuevamente vigencia, por lo que el principio de congruencia se cumplir�a si en el fallo de remplazo se condena al procesado por lo cargos a los que se allan� en primigenia ocasi�n ante el juez de garant�as.
Significa esto que la Corporaci�n verificar�a que se cumpla el est�ndar probatorio para condenar al procesado HFOR como autor doloso de las lesiones personales contempladas en los art�culos 111 y 113 del C�digo Penal; tambi�n dosificar�a la pena y se pronunciar�a sobre los subrogados penales. Pero es lo cierto que esa soluci�n deviene jur�dicamente inviable, porque si bien con ello se restablece el debido proceso mancillado, con el beneficio de que no habr�a el desgaste procesal propio de una nulidad; mas, el correlato desafortunado es que con esa actitud judicial la Fiscal�a perder�a el derecho fundamental a impugnar la providencia, que es totalmente nueva, lo que hace incierto conocer si estar� de acuerdo o no con la misma; incluso, el propio procesado se ver�a afectado en el mismo derecho, ya que la Sala desconoce si estar�, verbigracia, inconforme con la dosificaci�n penal y con las decisiones que se tomen en cuanto a subrogados penales.
Se trata entonces de buscar una decisi�n que logre resta�ar el debido proceso sustancial agredido, pero que a la par garantice el derecho a la segunda instancia por v�a de la apelaci�n, y no de congraciar unos derechos con el sacrificio de otros. A eso invita el principio de armonizaci�n concreta contentivo en el art�culo 2� Constitucional, que pregona que el Estado debe garantizar la efectividad de todos los derechos constitucionales y no solamente la vigencia de unos a costa de otros: �El ejercicio de los derechos plantea conflictos cuya soluci�n hace necesaria la armonizaci�n concreta de las normas constitucionales enfrentadas.
El principio de armonizaci�n concreta impide que se busque la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricci�n de otro. De conformidad con este principio, el int�rprete debe resolver las colisiones entre bienes jur�dicos, de forma que se maximice la efectividad de cada uno de ellos. La colisi�n de derechos no debe, por lo tanto, resolverse mediante una ponderaci�n superficial o una prelaci�n abstracta de uno de los bienes jur�dicos en conflicto.
Esta ponderaci�n exige tener en cuenta los diversos bienes e intereses en juego y propender su armonizaci�n en la situaci�n concreta, como momento previo y necesario a cualquier jerarquizaci�n o prevalencia de una norma constitucional sobre otra.� La nulidad es la �nica soluci�n que armoniza el restablecimiento del debido proceso en aspectos sustanciales con el derecho de las partes a impugnar la sentencia y as� acceder a la segunda instancia. En efecto, al invalidar todo lo actuado por el Juez de conocimiento, se le ordenar� a este que rehaga el proceso convocando a audiencia de individualizaci�n de pena y lectura de sentencia, y que al momento de expedir su fallo respete plenamente el principio de congruencia, bajo el entendido que, en caso de condena, esta lo sea por los cargos a los que se allan� el procesado en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, sin posibilidad ninguna de control material de dicha imputaci�n que hace las veces de acusaci�n, y as�, de esta forma, se restaura el debido proceso en aspectos sustanciales; y como el Juez de primera instancia producir� su sentencia, contra esta las partes pueden ejercer el derecho a impugnar.
As� pues, nulidad es la decisi�n que aqu� asume el Tribunal. Con esa soluci�n se desagravia la dimensi�n objetiva de la imparcialidad judicial, que fue la promesa pendiente de la Sala al abordar atr�s este tema, pues las sensaciones que dio el Juez censurado de romper su ecuanimidad al virar, sin que se lo permita la sistem�tica procesal, en favor de los intereses de la Fiscal�a y de las v�ctimas en contra del procesado, queda neutralizado con la nulidad decretada, en la cual se impone a dicho Funcionario retomar el sendero de la imparcialidad, respetando cabalmente la primera imputaci�n, sin posibilidad de intervenci�n judicial de la misma; con ello queda el a quo concernido a ser objetivo y neutral, como lo exige su rol, recuperando as� la confianza de las partes, intervinientes y de la sociedad en que las actuaciones judiciales son ciertamente imparciales.
Decisi�n En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, Resuelve Primero.- Anular el proceso penal a partir de la audiencia innominada de verificaci�n de allanamiento a la imputaci�n, inclusive. Segundo.- Ordenar al Juez de primera instancia que rehaga el proceso convocando a audiencia de individualizaci�n de pena y lectura de sentencia, y que al momento de expedir su fallo respete plenamente el principio de congruencia, bajo el entendido que, en caso de condena, esta lo sea por los cargos a los que se allan� el procesado en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, sin posibilidad ninguna de control material de dicha imputaci�n que hace las veces de acusaci�n. Se notifica en estrados y se hace saber que contra esta decisi�n no procede ning�n recurso impugnativo.
C�piese y c�mplase, Franco Solarte Portilla Magistrado Blanca Lidia Arellano Moreno Silvio Castrill�n Paz Magistrada Magistrado Miguel �ngel S�nchez Acosta Secretario Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, sentencia SP4886-2016, radicaci�n No. 45223 del 20 de abril de 2016. Ib�dem. Sentencia AP1173-2014, Radicado 43158 de 12 de marzo de 2014. Decisi�n del 18 de marzo de 2009, Radicado 30710. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, providencia AP 819-2014 radicado 43171 del 26 de febrero de 2014. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, providencia SP 40053 radicado 33409 del 13 de febrero de 2012. Ib�dem. PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, N�LSON SARAY BOTERO, Uniacad�mia, Editorial Leyer, ISBN 978-958-769-460-4, Bogot�, 2016, p�gina 291. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, providencia SP 40053 radicado 33409 del 13 de febrero de 2012. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, providencia AP 819-2014 radicado 43171 del 26 de febrero de 2014. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, providencia SP 40053 radicado 33409 del 13 de febrero de 2012. Ib�dem. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, providencia AP 819-2014 radicado 43171 del 26 de febrero de 2014. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, providencia SP 8666-2017 radicado 47630 del 14 de junio de 2017. Art�culo jur�dico denominado: �La independencia, imparcialidad y conflicto de inter�s del �rbitro�, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24246.pdf Columna de opini�n denominada: �La imparcialidad judicial�, disponible en: https://www.dejusticia.org/column/imparcialidad-judicial/ Derecho y Raz�n, Teor�a del Garantismo Penal, Editorial Trotta, p�ginas 581 y 582. Definici�n tomada del libro �Alteraci�n de la confianza leg�tima por cambio jurisprudencial� de los autores Adriana Giraldo Molano y Carlos Fernando Rodr�guez Rojas, UniAacademia, Editorial Leyer, p�gina 25. Tomado del ya citado libro �Alteraci�n de la confianza leg�tima por cambio jurisprudencial�, p�gina 54. TEOR�A GENERAL DEL PROCESO, Editorial Temis, Bogot�, 2000, ISBN 958-35-03300-2, p�gina 483. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, radicado 27283 del 1 de agosto de 2007. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, Sentencia proceso 31280 del 8 de julio de 2009. Corte Constitucional, sentencia T-425 de 1995. Sentencia segunda instancia � SPA Procesado: HFOR Radicaci�n No. 201200791-01 NI 23782 M.P. Franco Solarte Portilla PAGE PAGE 20 :<yz����� ! e f ~ � � �����ɷ�ۥ���r�`N`�N<N#h-oh4B�5�CJOJQJ^JaJ#h-ohx)25�CJOJQJ^JaJ#h-ohq.�5�CJOJQJ^JaJ h�p.5�CJOJQJ^JaJ#h-oh�S"5�CJOJQJ^JaJ#h-oh�M�5�CJOJQJ^JaJ#h-oh�A�5�CJOJQJ^JaJ#h-oh�e�5�CJOJQJ^JaJ#h-oh;#5�CJOJQJ^JaJ#h-oh�nt5�CJOJQJ^JaJ#h-oh\5�CJOJQJ^JaJ<�! � 1 � v � � @S������������y $d��&d 5$7$8$9DH$P�� a$gdCh[$d��5$7$8$9DH$a$gdCh[$d��5$7$8$9DH$a$gd\$d��5$7$8$9DH$a$gd�<$d��5$7$8$9DH$a$gd� �$d��5$7$8$9DH$a$gd�w � � � � 1 � � � � , - D E ���ɯɝ�y�gM3M3M3M33h-oh,55�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH 3h-oh@)�5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH #h-oh,55�CJOJQJ^JaJ#h-oh@)�5�CJOJQJ^JaJ#h-oh�M�5�CJOJQJ^JaJ#h-oh�<5�CJOJQJ^JaJ3h-oh� �5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH #h-oh� �5�CJOJQJ^JaJ#h-ohx)25�CJOJQJ^JaJ#h-oh�5�CJOJQJ^JaJE L M X Y g h s t v � � � � � � 0 1 2 = T V X �������˹������sbsQbs@s@ h-oh�1vCJOJQJ^JaJ h-oh5@<CJOJQJ^JaJ h-oh' �CJOJQJ^JaJ h-ohs!CJOJQJ^JaJ h-oh�CJOJQJ^JaJ#h-oh4B�5�CJOJQJ^JaJ#h-oh\5�CJOJQJ^JaJ#h-oh�<5�CJOJQJ^JaJ3h-oh,55�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH 3h-oh@)�5�CJOJQJ^JaJmH nH 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normal �4� l4�a�,k ���, 0 Sin lista ( @�( $�A�0�Texto nota pie,Ref. de nota al pie1,Texto de nota al pie,Fago Fu�notenzeichen,Footnotes refss,referencia nota al pie,Footnote number,BVI fnr,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,FA Fu,Footnote Text Cha,FA Fu�notentext d��CJaJ�R� %�t�0 Sangr�a 2 de t. independiente�d��x^� CJOJQJaJmH sH tH nBn �t�0Texto independiente$dh�a$ CJ OJQJaJmH sH tH f�/��!f �t�0Texto independiente Car CJOJQJ^JaJmH sH tH R� ��2R H=� Sin espaciado CJ^J_HaJmH $sH $tH �� �C� 32��Tabla con cuadr�culaD:V�0������k� d��^J$�/��Q$ �< i_aj^JF�/��aF �sapple-converted-space^J$�/��q$ �sb_aj^J\^�\ �s0 Normal (Web)d��d�d[$\$CJOJQJaJtH $`Z�` �EN0Texto sin formato d��CJOJQJaJmH sH b�/���b �EN0Texto sin formato Car CJOJQJ^JaJmH sH tHV��V Iz0Texto de globo d��CJOJQJ^JaJP�/���P Iz0Texto de globo CarCJOJQJ^JaJH��H 48� P�rrafo de lista ��^��m$<)`���< �A�0N�mero de p�gina^JF&`���F �A�0Ref. de nota al pieH*^JF @F !�A�0 Encabezado �C�"d��8�/��8 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