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MANIZALES, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE DOS MIL TRECE (2013) A las cinco de la tarde del treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013), oportunidad se�alada para celebrar la audiencia p�blica, con el objeto de llevar a cabo la que para esta calenda y hora estaba se�alada dentro del proceso ordinario laboral promovido por JORGE ELIECER VELASQUEZ BARCO en contra del MUNICIPIO DE SUP�A y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUP�A �COOTAURINOS�.
El Magistrado Ponente declar� abierto el acto. Previa deliberaci�n de los HH. Magistrados que integran la Sala de Decisi�n y de conformidad con el Acta de Discusi�n Nro.234, por unanimidad acordaron la siguiente providencia: En el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, el se�or JORGE ELIECER VELASQUEZ BARCO promovi� proceso ordinario laboral en contra del MUNICIPIO DE SUP�A y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUP�A �COOTAURINOS�.
HECHOS DE LA DEMANDA El se�or JORGE ELIECER VELASQUEZ BARCO trabaj� en el MUNICIPIO DE SUPIA en labores relacionadas con el aseo, concretamente, en la recolecci�n de basuras de dicho municipio, en v�as, calles, parques y plazas p�blicas, desde el 26 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2007. Durante toda la relaci�n laboral el se�or VELASQUEZ BARCO deveng� el salario m�nimo mensual legal vigente y cumpli� un horario de 5.30 a.m. a 2.00 p.m., que en algunas ocasiones se prolongaba hasta las 3.00 p.m., 4.00 p.m. o 5.00 p.m., como en fechas especiales de diciembre o fiestas locales del MUNICIPIO DE SUP�A. Todos los d�as de la semana fueron laborales, incluyendo s�bados, domingos y festivos, con un d�a de descanso.
Las labores fueron cumplidas en diferentes modalidades, en ocasiones trabajando directamente para el MUNICIPIO DE SUP�A, en otras, utilizando la intermediaci�n de diversas entidades, tales como, la Asociaci�n Municipal de Aseo Sin �nimo de Lucro �ASMAS� y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUP�A �COOTAURINOS�. No obstante, agrega el demandante, dichas entidades actuaron como personas morales de fachada, para soslayar la verdadera relaci�n laboral con el MUNICIPIO DE SUP�A, quien daba las �rdenes, se�alaba el horario al trabajador y suministraba los materiales para la realizaci�n de sus actividades, pues incluso, la labor de recolecci�n siempre la ejecut� dicho municipio en veh�culos de su propiedad o uso.
La labor de recolecci�n o aseo efectuada por el se�or VELASQUEZ BARCO termin� por disposici�n directa del MUNICIPIO DE SUP�A, concretamente del alcalde nombrado para el periodo 2008-2011, quien manifest� que ante el cambio de administraci�n ya no hab�a m�s trabajo. Durante la relaci�n laboral �nicamente se cancel� el respectivo salario, nunca se pagaron prestaciones sociales, indemnizaciones, las labores desarrolladas en d�as de descanso obligatorio, vacaciones, etc.
La ruptura del v�nculo laboral gener� en el se�or VELASQUEZ BARCO perjuicios materiales y morales, estos relacionados con la angustia y la congoja por haberse quedado sin empleo. Evidentemente el MUNICIPIO DE SUPIA se benefici� de manera directa del trabajo realizado por el se�or VELASQUEZ BARCO, por cuanto le corresponde a dicha municipalidad asegurar la prestaci�n del servicio p�blico de aseo.
La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUP�A �COOTAURINOS�, a la que se vincul� el demandante presuntamente como �asociado� o �cooperado� acept� que el MUNICIPIO DE SUPIA le fijara el horario e impartiera �rdenes e instrucciones a este. El servicio de aseo como servicio cooperado fue prestado por el se�or VELASQUEZ al MUNICIPIO DE SUPIA entre el 01 de octubre de 2005 y el 31 de diciembre de 2007.
Se hizo la correspondiente reclamaci�n administrativa, en los t�rminos del art�culo 6 del C�digo Procesal del Trabajo. PRETENSIONES. Como pretensiones principales, solicita el demandante que se declare que entre �l y el MUNICIPIO DE SUP�A, existi� un contrato de trabajo a t�rmino indefinido, que tuvo su inicio el d�a 26 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2007, fecha en la cual fue despedido unilateralmente y sin justa causa.
Pide igualmente, que se declare que el MUNICIPIO DE SUP�A es responsable del pago del valor del auxilio de cesant�as, la prima de navidad, la compensaci�n dineraria de las vacaciones, la prima de vacaciones, el trabajo realizado en d�as de descanso obligatorio, la indemnizaci�n por la terminaci�n unilateral, sin justa causa y de manera ilegal de su v�nculo laboral, el reconocimiento y pago de perjuicios materiales e inmateriales, la indemnizaci�n moratoria por el no pago de todas las prestaciones debidas al trabajador, el reconocimiento y pago de la pensi�n sanci�n y las costas y agencias en derecho.
Subsidiariamente solicita que se declare que entre �l y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUP�A �COOTAURINOS�, existi� un contrato de trabajo verbal y a t�rmino indefinido, el cual inici� el 01 de octubre de 2005 y termin� el d�a 31 de diciembre de 2007. Declarar que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUP�A �COOTAURINOS� y el MUNICIPIO DE SUP�A, son solidariamente responsables de la cancelaci�n de las acreencias laborales no pagadas al trabajador.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a los demandados, la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUP�A �COOTAURINOS� y el MUNICIPIO DE SUP�A, a pagar al actor el valor del auxilio de cesant�as, los intereses a las cesant�as y la sanci�n por el no pago de los mismos, las primas de servicios, la compensaci�n dineraria de las vacaciones causadas y no disfrutadas, y el pago del trabajo realizado en d�as de descanso obligatorio (dominicales y festivos).
Que se declare que el MUNICIPIO DE SUP�A adeuda al trabajador la indemnizaci�n por la terminaci�n unilateral, sin justa causa y de manera ilegal de su v�nculo laboral, suma que deber� reconocerse debidamente indexada, y el reconocimiento y pago de perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales. Que se condene a los demandados al pago de la indemnizaci�n moratoria por la no cancelaci�n de prestaciones sociales adeudadas al trabajador, la sanci�n por la no consignaci�n de las cesant�as a un fondo dentro de la oportunidad legal y las costas y agencias en derecho (fls. 22 al 24).
RESPUESTA A LA DEMANDA. El MUNICIPIO DE SUP�A se pronunci� sobre el gestor manifestando no ser ciertos, entre otros hechos, que el demandante haya trabajado a su servicio en forma directa o indirecta, pues dentro de la planta de personal y la estructura org�nica del municipio, no existe ni han existido trabajadores oficiales, calidad que adem�s no se predica de quienes se ocupan de labores de recolecci�n de basura en las v�as, calles, plazas y parques; asimismo precis� que algunas las funciones y competencias legales son desarrolladas directamente por las entidades p�blicas y otras a trav�s de figuras como la descentralizaci�n, la desconcentraci�n, privatizaci�n o contrataci�n de obras o servicios bajo las formas propias del Estatuto General de la Contrataci�n Administrativa, sin que pueda atribuirse a la persona que preste servicios al Estado la categor�a de servidor p�blico.
Sobre las restantes afirmaciones del libelo dijo no constarle o tratarse realmente de transcripciones legales o jurisprudenciales. Se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra y propuso como medios exceptivos de m�rito los de �CARENCIA DE PRESUPUESTOS F�CTICOS Y SUSTANCIALES DE LA DEMANDA � CARENCIA DE OBJETO Y DE DERECHO- INEXISTENCIA DEL DERECHO PRETENDIDO�, �FALTA JURISDICCI�N Y COMPETENCIA�, �PRESCRIPCI�N�, �COBRO DE LO NO DEBIDO�, �INDEBIDO AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACI�N ADMINISTRATIVA Y INCONGRUENCIA DE LAS PETICIONES DE LA RECLAMACI�N CON LAS DEPRECADAS EN LA DEMANDA�(sic), �PAGO PARCIAL DE LAS ACREENCIAS LABORALES�, �CONFUSI�N� y �NO INTEGRACI�N DE LITISCONSORCIO NECESARIO�.
(fls. 128 a 131). Adem�s de lo anterior, el MUNICIPIO DE SUP�A solicit� el llamamiento en garant�a de la compa��a �SEGUROS DEL ESTADO S.A.�, por haber sido esta la sociedad que expidi� la p�liza para asegurar el pago de salarios y prestaciones sociales, derivados de la ejecuci�n del contrato suscrito con �COOTAURINOS�, para la prestaci�n del servicio de recolecci�n de basuras durante el a�o 2007.
SEGUROS DEL ESTADO S.A. al oponerse a las pretensiones respondi� que no le constaba ninguno de los hechos de la demanda, por ser era ajena a las aseveraciones realizadas por el actor, al tiempo precis� que el llamamiento que hiciere el MUNICIPIO DE SUP�A se hizo en virtud de la p�liza tomada por la COOTAURINOS, que dentro de sus amparos incluye el de salarios y prestaciones sociales, con una vigencia del 10 de enero al 31 de diciembre de 2007, con un valor asegurado de $14�000.000, de tal suerte que s�lo responder�a por dichos conceptos dentro del intervalo de tiempo anotado.
Finalmente, formul� como excepciones de fondo las que denominara: �IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANT�A EN EL PROCESO LABORAL�, �CUMPLIMIENTO DEL GARANTIZADO EN SUS OBLIGACIONES � PAGO�, �SEGUROS DEL ESTADO S.A. NO CUBRE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE INICIACI�N DE LA VIGENCIA DE DICHO AMPARO�, �EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES A QUE HACE REFERENCIA LA P�LIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES ESTATALES NRO. 074215036, NO CUBRE EL PAGO DE PERJUICIOS MATERIALES PATRIMONIALES, NI PERJUICIOS INMATERIALES O EXTRAPATRIMONIALES�, �IMPROCEDENCIA DE LA AFECTACI�N DE LA P�LIZA POR AUSENCIA DE COBERTURA�, �EL DEMANDANTE NUNCA SUSCRIBI� CONTRATO NI LABORAL, NI DE PRESTACI�N DE SERVICIOS CON EL ASEGURADO BENEFICIARIO DE LA P�LIZA DE �NICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE LAS ENTIDADES ESTATALES, MUNICIPIO DE SUP�A�, �NO CONSTITUCI�N EN MORA POR PARTE DEL BENEFICIARIO MUNICIPIO DE SUP�A, AL TOMADOR � GARANTIZADO (DEUDOR)�, �INEXIGIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES ECON�MICAS POR NO COBERTURA EN EL AMPARO DE SALARIOS Y/O OTRAS PRESTACIONES SOCIALES�, �FALTA DE LEGITIMACI�N DEL DEMANDANTE PARA DEMANDAR AL MUNICIPIO DE SUP�A�, �INEXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO�, �LA ASEGURADORA NO ESTA EN LA OBLIGACI�N DE PAGAR INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INJUSTO�, �INEXIGIBILIDAD DE INDEMNIZACI�N POR AUSENCIA DE SOLIDARIDAD LABORAL�, �PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N LABORAL�, �INEXISTENCIA DE OBLIGACI�N A CARGO DE SEGUROS DEL ESTADO S.A., POR LA NO OCURRENCIA DEL RIESGO ASEGURADO�, �M�XIMO VALOR ASEGURADO� y �EXCEPCI�N GEN�RICA� (fl. 238 a 248).
A su vez, La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUP�A �COOTAURINOS�, mediante curador ad litem, oportunamente dio contestaci�n a la demanda diciendo no le constarle las afirmaciones del gestor o que se trataban de conceptos, citas normativas o jurisprudenciales. Frente a las pretensiones principales y subsidiarias dijo atenerse a lo que resultare probado en juicio.
(fls. 189 y 190). PRUEBAS QUE OBRAN EN EL PROCESO. * Documentos allegados con la demanda (fls. 2 a 16). * Documentos adosados con la respuesta a la demanda del Municipio de Sup�a (fls. 45 a 120). * Documentos adjuntados con la contestaci�n a la demanda por la llamada en garant�a Seguros del Estado S.A. (fls. 226 a 230). * Interrogatorio de parte: Demandante (fls. 269 a 271). * Testimoniales: Joaqu�n Emilio Velarde Acevedo (fl. 274 y 275), V�ctor Ignacio Hurtado Villegas (fl. 276 y 277), Fabio Nelson Obando Bustamante (fl. 286 y 287), Mar�a Estrella Arredondo Castro (fl. 288), William de Jes�s Ruiz Ladino (fl. 289) y Jos� Manuel Largo Le�n (fl. 290). * Exhibici�n de documentos: P�liza de seguro de cumplimiento ante entidades estatales n�mero 074215036, Resoluci�n No. 014 del 09 de febrero de 2007, por medio de la cual se aprueba una p�liza �nica de garant�a. (fls. 279 a 282).
TR�MITE DE PRIMERA INSTANCIA. La primera instancia concluy� con sentencia del 15 de agosto de 2012, mediante la cual se declar� que entre el se�or VELASQUEZ BARCO y COOTAURINOS existi� un contrato verbal de trabajo desde el 01 de octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2007; y que entre el MUNICIPIO DE SUP�A y COOTAURINOS existe solidaridad por las obligaciones sociales de los trabajadores vinculadas para la prestaci�n de servicios de aseo.
Como consecuencia de lo anterior, conden� a los demandados a pagar en forma solidaria, a favor del actor, diferentes sumas de dinero por concepto de auxilio de cesant�a, intereses a las cesant�as, primas de servicios, vacaciones, la indemnizaci�n moratoria por la no cancelaci�n de salarios y prestaciones, la sanci�n por no consignaci�n de las cesant�as.
Absolvi� de las dem�s pretensiones a las demandadas. Como garante de los codemandados fue condenada SEGUROS DEL ESTADO S.A. a reintegrar al MUNICIPIO DE SUP�A hasta el l�mite del valor y por los conceptos asegurados, en la proporci�n correspondiente, las sumas que este tuviere que pagar. Declar� prosperas las excepciones de fondo propuestas por SEGUROS DEL ESTADO S.A. denominadas: �SEGUROS DEL ESTADO S.A. NO CUBRE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE INICIACI�N DE LA VIGENCIA DE DICHO AMPARO� y �EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES A QUE HACE REFERENCIA LA P�LIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES ESTATALES NRO. 074215036, NO CUBRE EL PAGO DE PERJUICIOS MATERIALES PATRIMONIALES, NI PERJUICIOS INMATERIALES O EXTRAPATRIMONIALES�.
Conden� en costas a las accionadas. Sustent� el a quo su decisi�n, principalmente, en los art�culos 23, 24 y 34 del C.S.T., cuyos supuestos facticos encontr� acreditados en la prueba documental, respaldada por diversos testimonios, de los que se deduce que durante varios a�os el actor desempe�� labores de recolecci�n de basuras para el ente territorial demandado a trav�s de diferentes vinculaciones, siendo la �ltima la que se produjo por intermedio de COOTAURINOS, entidad contratada por el MUNICIPIO para la prestaci�n de servicios de aseo; de tal suerte que, no pudiendo evaluar la jurisdicci�n laboral los documentos que dan cuenta de ello por estar amparados por la presunci�n de legalidad, se concluye que �el accionante fue trabajador de la Cooperativa demandada (�) y que el municipio en virtud de la solidaridad debe responder por las acreencias laborales insolutas (�)� Mediante interlocutorio del 28 de agosto de 2012, previa solicitud del apoderado judicial de la llamada en garant�a, SEGUROS DEL ESTADO S.A., fue aclarada la sentencia precisando que su obligaci�n de reintegrar los salarios y prestaciones debidas al trabajador, corresponde al periodo del 10 de enero al 31 de diciembre de 2007, con base en un salario m�nimo de la �poca.
APELACI�N Disiente del fallo de primer grado el demandante, el demandado MUNICIPIO DE SUP�A y la llamada en garant�a. Veamos: DEMANDANTE Solicita acoger las pretensiones principales de la demanda, incluyendo la sanci�n por la no consignaci�n de las cesant�as en un fondo, habida consideraci�n que existe prueba suficiente para acreditar que en realidad hubo �una sola y �nica relaci�n laboral� en la que el empleador fue el MUNICIPIO DE SUP�A; que los contratos no son actos administrativos propiamente dichos y su existencia no impide a la jurisdicci�n laboral que puedan ser evaluados para inferir de ellos situaciones laborales, como que lo es que el demandante, verdaderamente, fue trabajador del dicho ente territorial.
As� mismo, en caso de no prosperar el recurso frente a las pretensiones principales, pide �el reconocimiento de la terminaci�n del contrato de trabajo, en forma unilateral y sin justa causa�, pues entiende probado que la relaci�n laboral finaliz� por disposici�n del alcalde municipal electo, quien sin mediar justificaci�n prescindi� de los servicios del demandante.
(fls. 353 a 357). MUNICIPIO DE SUP�A Solicita revocar la sentencia para que en su lugar se exonere al MUNICIPIO DE SUP�A de cualquier obligaci�n, considerando que no existe v�nculo laboral entre el actor y su representado, pues si bien este celebr� un contrato para la prestaci�n de un servicio con COOTAURINOS, el mismo est� regido por el estatuto de contrataci�n general, siendo clara la autonom�a e independencia propias de este tipo de relaci�n contractual y la falta de competencia del a quo para decidir un asunto que corresponde a la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa.
Discute que existe inseguridad jur�dica y probatoria frente a los extremos del supuesto contrato de trabajo, pues encuentra dispersos e incoherentes los testimonios al respecto; situaci�n que resulta m�s gravosa si se tiene en cuenta la afirmaci�n hecha en la demanda por el actor, sobre la existencia de diferentes relaciones contractuales con el MUNICIPIO, ASMAS y COOTAURINOS, de las cuales se desconocen sus condiciones y duraci�n. Finalmente manifiesta que al omitir pronunciarse el juez de instancia, en la parte resolutiva, sobre las excepciones formuladas por el ente territorial, las apreciaciones hechas en la parte considerativa sobre las mismas, carecen de total poder vinculante, requiriendo entonces un an�lisis m�s profundo al respecto.
(fls. 359 a 361). SEGUROS DEL ESTADO S.A. Solicita la revocatoria parcial de la sentencia, en lo que ata�e a la condena por indemnizaci�n moratoria, aduciendo para el efecto que el amparo de salarios y prestaciones sociales concedido a trav�s de la P�liza de cumplimiento, est� limitado a los mismos, de forma que no cubre ninguna clase de indemnizaciones.
(fls. 34 a 348). Para resolver, SE CONSIDERA. El Juez de Primera Instancia, en la decisi�n apelada, declar� que entre el demandante y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUPIA �COOTAURINOS�, existi� un contrato de trabajo que se desarroll� entre el 1� de octubre de 2005 y el 31� de diciembre de 2007. As� mismo, conden� a la demandada a reconocer a favor del actor el auxilio de cesant�as, intereses a las cesant�as, prima de servicios proporcional, compensaci�n dineraria de vacaciones, la indemnizaci�n moratoria del art�culo 65 del CST y la sanci�n por no consignaci�n de cesant�as.
De estas obligaciones declar� solidariamente responsable al Municipio de Sup�a y como garante a la Compa��a Seguros del Estado. El apoderado de la Compa��a Seguros del Estado, difiere de la decisi�n adoptada por el a quo, por considerar que la condena impuesta a su representada excede los t�rminos de la p�liza de seguros adquirida por el Municipio de Sup�a, por lo que estima debe ser absuelta frente a la indemnizaci�n moratoria impuesta.
Por su parte, el apoderado del Se�or JORGE ELIECER VELASQUEZ BARCO qued� inconforme con la decisi�n de primera instancia, pues valora que existen pruebas suficientes para sustentar la relaci�n laboral reclamada entre el demandante y el Municipio de Sup�a. Igualmente, considera debe reconocerse al demandante la indemnizaci�n por terminaci�n del contrato sin justa causa y la sanci�n por no consignaci�n de cesant�as.
Finalmente, la apoderada del Municipio de Sup�a presenta recurso de apelaci�n contra la decisi�n de primera instancia, porque seg�n su entender, el ente territorial que representa no es solidariamente responsable de las obligaciones laborales reclamadas, as� mismo, difiere de los extremos laborales declarados, solicita un pronunciamiento de fondo de las excepciones propuestas y considera que es la jurisdicci�n contenciosa la competente para dirimir la litis.
En desarrollo del principio de consonancia que en la decisi�n del recurso de apelaci�n entroniz� el art�culo 66-A del C�digo de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, conforme qued� adicionado por el art�culo 35 de la Ley 712 de 2001, cumplir�a referirse exclusivamente a la materia objeto de la alzada promovida por las partes de esta litis.
Sin embargo, allende al imperio de la anterior normativa de raigambre adjetiva, no puede desconocer la Sala que el primer fallo de instancia fue adverso al Municipio, por lo que deber� abordarse en el grado jurisdiccional de consulta que regula el art�culo 69 del C�digo de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. Contrato de Trabajo con el Municipio de Sup�a Manifiesta la parte demandante que existen pruebas suficientes para sustentar la relaci�n laboral reclamada entre el demandante y el Municipio de Sup�a. Contrario a esta afirmaci�n, la codemandada, Municipio de Sup�a, alega que no tuvo v�nculo alguno con el demandante, y como prueba de ello aporta la documental de folios 53 a 120 que corresponde principalmente a diferentes contratos celebrados con ASMAS, con un id�ntico objeto: �la prestaci�n del servicio de recolecci�n de basuras domiciliarias en los sectores residencial, comercial, industrial y lugares p�blicos y �rea urbana del municipio de Sup�a�.
De entrada advierte esta Colegiatura que las personas que declararon como compa�eros del se�or JORGE ELIECER VELASQUEZ BARCO, quienes tienen conocimiento directo de los hechos, al un�sono se�alan que este labor� al servicio del Municipio de Sup�a en la recolecci�n de basura y barrido de calles, diariamente, durante 10 a�os, supeditado al cumplimiento de un horario y bajo las �rdenes impartidas por la alcald�a o un coordinador designado por ellos para tal fin, y, recibiendo como contraprestaci�n por sus servicios, una suma de dinero equivalente a un (1) salario m�nimo; afirmaciones que demuestran la prestaci�n subordinada de servicios, y, en consecuencia la existencia del contrato de trabajo.
En el sub lite, allende que se encuentra probado que el MUNICIPIO DE SUP�A suscribi� con ASMAS un contrato para la prestaci�n del servicio de recolecci�n de basuras, en el expediente existe prueba indicativa de que esta organizaci�n fue utilizada como simple intermediaria de la relaci�n laboral que sosten�a dicha municipalidad con el se�or VELASQUEZ.
Llama la atenci�n de la Sala, que los contratos suscritos con ASMAS, cuyas vigencias de ejecuci�n van del 01 de julio al 31 de diciembre de 2003 (fls. 53-56) y del 01 al 28 de febrero de 2005 (fls. 78 a 81), concuerdan en expresar como raz�n para su celebraci�n, la carencia de personal suficiente para prestar el servicio de aseo en los t�rminos del estudio de conveniencia, el cual, en punto de los �Aspectos t�cnicos requeridos�, luego de identificar la necesidad de prestar el servicio de recolecci�n de basuras, dice que: �� con el �nimo de dar cumplimiento a las Pol�ticas locales de desarrollo es pertinente efectuar la contrataci�n de una empresa o persona que preste el servicio de mano de obra para realizar eficiente y oportunamente las actividades descritas en el punto anterior�.
(fl. 58 -60) De manera concordante, la certificaci�n de folio 57 dice que: �EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUP�A CALDAS CERTIFICA: Que en la planta de personal de la Alcald�a del Municipio de Sup�a Caldas, no existe personal suficiente para prestar el servicio de recolecci�n de basuras domiciliarias, correspondientes al Servicio P�blico de Aseo que presta directamente el Municipio.
Por tal raz�n, es necesario contratar personal para la realizaci�n de dicha actividad� Prestaci�n directa del servicio p�blico, que a voces del numeral 14 del art�culo 14 de la ley 142 de 1994, implica que el municipio lo asuma �bajo su propia personalidad jur�dica, con sus funcionarios y con su patrimonio.� No pasa por alto la Corporaci�n que los municipios, con fundamento en normas legales que forman parte del derecho positivo colombiano, como son la Ley 142 de 1994, la Ley 80 de 1993 y la Resoluci�n CRA 151 de 2001, siendo prestadores directos de un servicio pueden celebrar contratos de operaci�n para ceder o entregar la operaci�n a un tercero. Sin embargo, aquello no es lo que ocurre en este caso, y se itera, la documental aportada es concluyente en mostrar que a trav�s de la asociaci�n, �nicamente se contrata la mano de obra necesaria para la recolecci�n de basuras, labor propia del servicio p�blico de aseo, y en consecuencia, habitual de la entidad prestadora, el MUNICIPIO DE SUP�A, beneficiario del trabajo del se�or VELASQUEZ BARCO.
Si no fuera suficiente lo ya dicho, de acuerdo a la situaci�n descrita por los testigos, se tiene que el ejercicio de la potestad subordinante respecto al demandante, era realizado por la administraci�n municipal, a trav�s de representantes o delegados suyos; situaci�n que evidentemente contrasta con los principios de autonom�a, autodeterminaci�n y autogesti�n administrativa que deben guardar las asociaciones de trabajo cuando contratan la ejecuci�n total o parcial de una actividad con otro ente o un tercero, al tiempo que sirve de prueba a la existencia de un verdadero contrato de laboral.
Aunado a lo expuesto, desvirt�a la pretendida autonom�a e independencia, el hecho de que el veh�culo, las herramientas y los materiales para la prestaci�n del servicio, debieran ser suministrados por el MUNICIPIO DE SUPIA, del que adem�s depend�a la remuneraci�n peri�dica de los trabajadores, como lo ilustran las declaraciones cuyos apartes pertinentes se citan a continuaci�n. Joaqu�n Emilio Velarde Acevedo, afirm�: �PREGUNTA: D�gale al juzgado, para ustedes y en particular para Jorge Eliecer, quien era empleador o patrono durante l relaci�n laboral.
CONSTEST�: En el momento, nos dec�an quera COOTAURINOS, pero al igual que como las otras veces anteriores eran cooperativas o compa�eros de trabajo que nos asignaban, pero realmente era el Municipio el patrono inmediato. Porque eran ellos los que asignan lo que gan�bamos, era desde la Tesorer�a que dec�a que eso gan�bamos y porque ellos nos daban los materiales y colocaban la volqueta y toso ellos son el alcalde o planeaci�n municipal.
PREGUNTA: D�gale al juzgado que materiales le suministraba el municipio de Sup�a para la realizaci�n de las actividades dada su anterior respuesta CONTEST�: Pues una herramienta eran los veh�culos en que recog�amos la basura, guantes, palas, machetes, tarros para echar la basura.� (Fl. 274 Vlto.) V�ctor Ignacio Hurtado Villegas, compa�ero de trabajo del reclamante, expres�: PREGUNTA: D�gale al juzgado, quien suministraba las volquetas o los veh�culos, con los cuales se hac�a la recolecci�n de basuras en el Municipio d Sup�a Caldas.
CONTEST�: Las volquetas, y las cosas de trabajo las dotaba el MUNICIPIO DE SUPIA, en los veh�culos de su propiedad (�)� (Fl.276). En esa perspectiva, concluye la Sala que el Municipio de Sup�a utiliz� la contrataci�n de ASMAS, como un mecanismo ficticio para ocultar una real vinculaci�n contractual laboral, cumpliendo resaltar que para la Colegiatura resulta particularmente diciente el hecho de que las labores fueren cumplidas utilizando los medios suministrados por el empleador, sin pr�cticamente ninguna intervenci�n de la asociaci�n, distinta a la remuneraci�n de su trabajo, en contraste con el control, la vigilancia y la supervisi�n directa ejercida por los funcionarios de la administraci�n municipal o sus representantes.
Adicionalmente, como lo ha explicado iteradamente esta Sala, la mera posibilidad de existencia de personas jur�dicas como asociaciones o cooperativas, como lo pretende hacer ver el ente territorial demandado, no es �bice para examinar si entes semejantes o terceros, como el accionado, est�n utilizando instrumentos como el trabajo asociado para quebrar la normativa laboral.
As�, en casos como el de autos, debe analizarse desde la perspectiva del principio de primac�a de la realidad. En ese orden de ideas, es forzoso declarar la existencia de un contrato de trabajo entre el Municipio de Sup�a y el demandante. Calidad de trabajador oficial del demandante Resuelto lo anterior, debe est� Corporaci�n determinar si las labores desempe�adas por el actor en la recolecci�n de basuras al servicio del Municipio de Sup�a, le dan la calidad de trabajador oficial.
De acuerdo con el art�culo 292 del Decreto 1333 de 1986, quienes realizan actividades atinentes a la construcci�n y sostenimiento de obras p�blicas al servicio de municipio, se consideran trabajadores oficiales vinculados a trav�s de contrato de trabajo; es decir, que quien pretenda ubicarse en tal situaci�n en aplicaci�n de un v�nculo realidad, debe acreditar inexorablemente que las labores desempe�adas estuvieron ligadas directamente a la construcci�n o sostenimiento de una obra p�blica, y que, en desarrollo de aquellas haya mediado el elemento subordinaci�n con respecto al ente territorial.
Manifiesta el actor en el introductorio haberse desempe�ado en labores �recolecci�n de basura de dicho Municipio (Sup�a � Caldas), en las v�as, calles, parques y plazas p�blicas�; afirmaci�n que encuentra sustento en las deponencias de la totalidad de las personas llamadas a declarar, mereciendo de especial atenci�n la de los se�ores Joaqu�n Emilio Velarde Acevedo (fl. 274 y 275), V�ctor Ignacio Hurtado (fl. 276 a 277), William de Jes�s Ruiz Ladino (fl. 289) y Jos� Manuel Largo Le�n (fl. 290), quienes fueron compa�eros de trabajo del demandante y describen tales las actividades con mayor detalle.
El se�or Velarde Acevedo, preguntado sobre las actividades que desarrollaba el se�or Vel�squez Barco durante el tiempo en que fueron compa�eros de trabajo, afirma que: �(�) en el Municipio de Sup�a, trabaj�bamos muchas veces en oficios varios, recog�amos basura, en los parques pod�bamos, retir�bamos �rboles y muchas cosas.�(sic). A su turno, el se�or Hurtado Villegas, cuestionado para que precisara las actividades realizadas del actor, manifiesta que: �Yo trabaj� en el MUNICIPIO DE SUPIA desde el 30 de abril de 2004 al 30 de octubre de 2005, y en ese tiempo Jorge Eliecer era recolector de basuras y cuando yo iba a llevar la basura a Manizales, �l se quedaba arreglando los parques, podando �rboles en el parque y en la v�a central (�)� (sic).
Por su parte el Se�or Ruiz Ladino: �En ese tiempo las labores que hac�amos eran el manejo del aseo, que comprend�a, recoger las basuras de los parques, zonas verdes, las zonas urbanas (�)� Finalmente, el Se�or Largo Le�n expres� que el demandante fue recolector de basuras al servicio del Municipio de Sup�a. Sobre el tema en comento se ha ocupado la jurisprudencia, as� por ejemplo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de noviembre 30 de 2000, con ponencia del Dr. Rafael M�ndez Arango, radicaci�n 14824, dijo lo siguiente: �Y en cuanto a la cuesti�n jur�dica que plantea el recurrente en el cargo, debe decirse que para la Corte resulta equivocada la interpretaci�n de la ley que excluye como trabajador oficial a quien realiza funciones de aseo de una obra p�blica, pues, como lo ha explicado en otros asuntos similares en los cuales se debati� este punto de derecho, que alguien realice labores que no sea dable calificar como de construcci�n de obra p�blica no significa que su actividad no pueda ser considerada como de "sostenimiento" de esta clase de obras.
Resulta desacertado el criterio del Tribunal seg�n el cual "el ornato y la limpieza, cuya �nica finalidad es componer y hacer agradable a la vista lo que ya est� construido tampoco implica las labores inherentes y necesarias para la subsistencia de la obra, esencia de lo que significa sostenimiento" (folio 164), conforme est� textualmente dicho en el fallo acusado, pues para la Corte resulta claro que se trata de actividades que son indispensables para el mantenimiento y conservaci�n de los bienes inmuebles de car�cter p�blico, para evitar su deterioro o ruina, especialmente si se trata de parques o de v�as p�blicas.
As� qued� explicado en la sentencia de 11 de julio de este a�o (Rad. 14161), dictada precisamente en un proceso contra el mismo Municipio de Facatativ�, y en la que se dijo: "Para el caso en estudio es claro que un trabajador que simplemente realiza funciones de aseo no puede ser reputado como de 'construcci�n', pero ello no descarta de plano que en determinados casos pueda ser de 'sostenimiento'.
Considera la Corte desacertado el criterio del Tribunal conforme al cual las labores de limpieza de parques y v�as p�blicas tienen como '�nica finalidad componer y hacer agradable a la vista lo que ya est� construido', o que pueda descartarse que comporten funciones de sostenimiento, toda vez que en principio ellas s� son indispensables para el mantenimiento y conservaci�n de la obra p�blica respectiva, para evitar su deterioro o ruina, especialmente cuando se trata de parques o v�as p�blicas, por lo que no se les puede rotular simplemente como labores de ornato o 'para hacer agradable a la vista lo que ya est� construido', ya que es elemental que un parque p�blico al que no se da el cuidado y el aseo necesarios, no puede seguir funcionando adecuadamente, ni lograr el cometido social o el debido servicio p�blico, pues esa falta de aseo en ocasiones puede incluso poner en riesgo la salud comunitaria".
La misma alta Corporaci�n en sentencia de junio 21 de 2006, expediente 26463, con ponencia de la Dra. Isaura Vargas D�az, tratando un asunto similar reiter� su pronunciamiento. Descendiendo al caso de autos, se concluye que el se�or VELASQUEZ BARCO cumpli� actividades calificables como de trabajador oficial, pues tal como lo ha se�alado la H. Corte Suprema de Justicia, resultan indispensables para el sostenimiento de las obras p�blicas, en especial de parques, plazas y v�as, las laborales de aseo, mantenimiento y jardiner�a referidas en el recaudo testimonial.
Estando sentado lo anterior, no queda m�s que descartar el argumento presentado por el ente territorial en la alzada, respecto que no es �sta jurisdicci�n competente para conocer el presente asunto; si se tiene en cuenta que habiendo ostentado el demandante la calidad de trabajador oficial, su relaci�n con el empleador estaba obligatoriamente regida por un contrato de trabajo; situaci�n que queda enmarcada en la competencia general asignada a la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad laboral, en virtud del numeral 1 del art�culo 2 del CPL y de la SS.
Extremos del contrato de trabajo Definido lo anterior, debe establecer esta Sala las fechas de inicio y terminaci�n de labores desempe�adas por el actor al servicio del Municipio de Sup�a; aspecto que tambi�n fue objeto de alzada por la apoderada de ese ente territorial. Alega el demandante que labor� al servicio del ente territorial desde el 26 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2007, trabajando para el MUNICIPIO directamente o a trav�s de la ASOCIACI�N MUNICIPAL DE ASEO SIN �NIMO DE LUCRO � �ASMAS� y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUP�A - �COOTAURINOS�, como intermediarias.
Dado que los testimonios de las personas llamadas a declarar gravitan sobre los hechos evidenciados como compa�eros del reclamante hasta el 2005, �poca que coincide con el momento que en que este afirma haber iniciado labores como presunto asociado de COOTAURINOS (hecho 27), proceder� la Sala a analizar dos relaciones fundamentales: la primera, entre el demandante y el MUNICIPIO DE SUP�A, que se dice est� enmarcada por un contrato laboral; la segunda, entre aqu�l y COOTAURINOS. Ahora, debe precisarse que en conflictos como el sub examine respecto a la forma en que el juez del trabajo debe obtener los extremos del contrato laboral en circunstancias de dificultad probatoria, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 22 de marzo de 2006, radicaci�n 25580 expres�: �Aunque no se encuentra precisada con exactitud la vigencia del contrato de trabajo, esta podr�a ser establecida en forma aproximada acudiendo a reiterada jurisprudencia sentada desde los tiempos del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, seg�n la cual cuando no se puedan dar por probadas las fechas precisas de inicio y terminaci�n de la relaci�n laboral, pero se tenga seguridad de acuerdo con los medios probatorios allegados sobre la prestaci�n del servicio en un periodo de tiempo que a pesar de no concordar exactamente con la realidad da certeza de que en ese lapso ella se dio, habr� de tomarse como referente para el c�lculo de los derechos laborales del trabajador.� (Subrayados fuera del texto).
Como ya se dijo, son contestes los declarantes en afirmar que durante al menos 10 a�os trabajaron con el se�or VELASQUEZ BARCO, los se�ores Largo Le�n y Velarde Acevedo sin indicar ning�n elemento que sirva de moj�n para establecer la ocurrencia de ello en el tiempo, y el Se�or Ruiz Ladino se�alando haber sido compa�ero de �l hasta el 2005, anualidad que coincide con la calenda en que alega el demandante haber iniciado el v�nculo con COOTAURINOS. As� las cosas, el extremo final del contrato laboral demostrado con el municipio, lo infiere la Sala de la afirmaci�n plasmada por el demandante en los hechos del libelo introductor, que acorde con la testimonial, permiten establecerlo como el treinta (30) de septiembre de 2005, fecha despu�s de la cual inici� el v�nculo con COOTAURINOS (hecho 27).
Mientras que el extremo inicial, se desprende de las declaraciones rendidas por los testigos, quienes manifestaron que el demandante trabaj� para el municipio demandado durante 10 a�os y particularmente por lo dicho por el Se�or Velarde en el sentido que el demandante inici� labores con el municipio en enero de 1995, lo que tambi�n coincide con lo dicho en la demanda, que corresponde al 26 de enero de 1995.
Debe decirse entonces, que el accionante labor� como trabajador oficial del Municipio demandado desde el 26 de enero de 1995 hasta el 30 de septiembre de 2005. Es necesario precisar, que entre el 1 de octubre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007 el demandante alega haber prestado sus servicios al Municipio de Sup�a como presunto asociado de la cooperativa COOTAURINOS, aduciendo de manera principal que esta entidad actu� como simple intermediaria en su vinculaci�n laboral con el ente territorial y de manera subsidiaria, como verdadero empleador.
Contrasta con dichos supuestos facticos, el testimonio de Fabio Nelson Obando Bustamante (fl.286 y 287), el cual, si bien reconoce que el se�or VELASQUEZ se desempe�� como �recolector en la volqueta de la basura�, afirma la condici�n de este como asociado a la cooperativa, se�ala que el cumplimiento de sus funciones no estaba sujeto a subordinaci�n del ente territorial demandado y circunscribe el periodo de ejecuci�n de dicha labor los a�os 2004 y 2007.
Luego, no existe prueba que permita pensar que las actividades que desarroll� el se�or VELASQUEZ BARCO en su condici�n asociado de la cooperativa de trabajo asociado COOTAURINOS, se dieron bajo la �gida de una relaci�n contractual laboral con esta entidad o con el MUNICIPIO DE SUP�A, pues nada dice entorno a ello el recaudo probatorio obtenido en estas diligencias.
De otro lado, ni siquiera est� demostrado que durante octubre 01 de 2005 hasta diciembre 31 de 2006, COOTAURINOS haya sido contratado por el MUNICIPIO para desarrollar labores de recolecci�n de basuras, pues los contratos de prestaci�n de servicios arrimados al plenario, prueba id�nea para verificar esta situaci�n, �nicamente dan cuenta de ello a partir del 2 de enero de 2007 (fls. 111 a 114).
No son inobservados los contratos de folios 84 a 89 y 98 a 102, sin embargo los mismos, vigentes desde el 03 de enero a junio 30 de 2006 y desde el 03 de enero al 31 de diciembre de 2007, no guardan relaci�n con las actividades que dice el actor haber desplegado, pues fueron suscritos para el desarrollo de proyectos de inversi�n y asistencia administrativa en labores de funcionamiento.
En conclusi�n, el demandante no cumpli� con la carga probatoria que le correspond�a allende al art�culo 177 del CPC aplicable por integraci�n normativa al contencioso laboral en virtud del art�culo 145 del CPL y de la SS, pues simplemente se limita a afirmar diferentes supuestos f�cticos con el �nimo de acreditar una relaci�n contractual, sin que dentro del plenario exista prueba fehaciente de ello.
Conforme con lo anterior, se absolver� a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUP�A de todas las pretensiones del mismo. Antes de proceder a liquidar los cr�ditos laborales por los que debe responder el Municipio a favor del actor, es necesario abordar la excepci�n de �PRESCRIPCION� propuesta por el ente territorial demandado al descorrer el libelo (fl. 130).
En relaci�n con la prescripci�n de la acci�n laboral, la �ltima preceptiva legal en cita establece: �Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribir�n en tres a�os, que se contar�n desde que la respectiva obligaci�n se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestaci�n debidamente determinado, interrumpir� la prescripci�n pero s�lo por un lapso igual�.
De acuerdo con lo expresado y teniendo en cuenta que el contrato de trabajo desarrollado entre el Municipio de Sup�a y el demandante tuvo como extremo final el 30 de septiembre de 2005, en tanto que el escrito de reclamaci�n administrativa fue presentado el 26 de septiembre de 2008 y la demanda que dio origen a esta litispendencia el 15 de diciembre de 2010 (folio 28 bis), lo cual implica que alcanzaron a transcurrir los tres (3) a�os de que habla el art�culo 151 del C�digo de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, lo que conlleva a que se enerven los cr�ditos laborales a que ten�a derecho el accionante con anterioridad al 26 de septiembre de 2005, exceptuando las cesant�as que solo prescriben contabilizando el t�rmino a partir de la finalizaci�n del contrato como lo ha definido la jurisprudencia, y las vacaciones que tienen un t�rmino especial de 4 a�os.
En ese orden de ideas, se declarar probada parcialmente la excepci�n de �PRESCRIPCI�N� propuesta por la demandada MUNICIPIO DE SUPIA, y procede entonces esta Sala a liquidar los cr�ditos laborales reclamados en la demanda, conforme a las pretensiones principales de la misma, para lo cual se tendr� como salario base el m�nimo legal vigente al momento de terminar la relaci�n laboral, esto es la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($381.500).
Dada la condici�n de trabajador oficial del actor, como se dej� sentado con anterioridad, las disposiciones aplicables a un servidor como el actor ser�an b�sicamente las de la Ley 6� de 1945 y su Decreto reglamentario 2127 del mismo a�o, con otras disposiciones legales. Auxilio de cesant�as Con fundamento en lo establecido en los art�culos 17 de la Ley 6� de 1945, 1� del Decreto 2767 de 1945, 1� y 2� de la Ley 65 de 1946, 2� y 6� del Decreto 1160 de 1947 y 2� del Decreto 1252 de 2002, lo cual es aplicable al sub examine por haberse vinculado el se�or VELASQUEZ como servidor antes de diciembre de 1996, tiene derecho por este concepto, desde el 26 de enero de 1995 hasta el 30 de septiembre de 2005, a la suma de CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($4.468.633.oo.) Prima de Navidad Contemplada en el art�culo 32 del Decreto 1045 de 1978, corresponde al trabajador por este concepto la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($298.047), por el tiempo laborado durante el a�o 2005.
Compensaci�n dineraria de vacaciones De conformidad con lo establecido en el art�culo 20 del Decreto 1045 de 1978, el actor tiene derecho a la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($381.500,oo) por concepto de la compensaci�n dineraria de las vacaciones causadas por la prestaci�n de servicios desde el 01 de octubre de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2005.
Sobre el monto de las vacaciones causadas con anterioridad a esta fecha, de acuerdo a lo establecido en el art�culo 23 ib�dem, oper� el fen�meno prescriptivo por haber transcurrido m�s de 4 a�os. Prima de Vacaciones Como lo disponen los art�culos 29 y 30 del Decreto 1045 de 1978, el actor tiene derecho a la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($381.500,oo) por concepto de la compensaci�n dineraria de las primas vacacionales causadas por la prestaci�n de servicios desde el 01 de octubre de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2005.
Operan sobre las primas causadas antes de dicha fecha, el fen�meno de la prescripci�n, por haber transcurrido m�s de 4 a�os sin que el trabajador efectuara la reclamaci�n correspondiente, despu�s de su causaci�n, acorde con el art�culo 31 de precitado decreto. Pago de trabajo realizado en d�as de descanso obligatorio Sustenta el demandante esta petici�n en el supuesto f�ctico, que �Durante toda la relaci�n laboral, los d�as laborales lo fueron todos los d�as de las semana incluyendo s�bados, domingos, y d�as festivos, sacando un d�a a la semana como d�a de descanso�.
La prueba recaudada a instancias del accionante tendiente a probar esta pretensi�n, est� conformada por la declaraci�n de los Se�ores Joaqu�n Emilio Velarde Acevedo, V�ctor Ignacio Hurtado y Jos� Manuel Largo Le�n; pues el testimonio del se�or Ruiz Ladino nada dice al respecto. Sobre este asunto, el se�or Velarde Acevedo afirm� que: �ten�amos un horario de entrada a las 5:30 a.m., hasta las 2 de la tarde, pero a veces se extend�a el horario, porque hab�a m�s basura o un carro se da�aba, eso era muy frecuente.� Y dijo V�ctor Ignacio Hurtado: �(�) el horario era muy relativo, porque muchas veces, yo cog�a trabajo como conductor a las 8 de la ma�ana y volv�a a las 12 m y ellos muchas veces me entregaban la volqueta llena a las 8 de la noche, o sea que nosotros no ten�amos tiempo definido de trabajo y una cosa que tengo que aclarar es que nosotros trabaj�bamos todos los d�as, s�bados, domingos y d�as de fiesta, para nosotros no hab�a d�a de descanso.� Tambi�n sobre el tema declar� el Se�or Jos� Manuel Largo Le�n: �(�) Nosotros entr�bamos a las 6 de la ma�ana y no ten�amos horario de salida 4 o 5 y 6 de la tarde depend�a del llenado del carro a veces se demoraba m�s y a veces se demoraba m�s y a veces se demoraba menos, lo normal de la salida era a las 5 de la tarde.� De vieja data la jurisprudencia ha sostenido que el trabajo suplementario, dominical y festivo debe estar plenamente establecido, como quiera que no es procedente hacer c�lculos m�s o menos aproximados o probables.
Siguiendo lo esbozado, se colige que si bien el actor pudo haber laborado de manera suplementaria o durante dominicales o festivos, dado que, los deponentes transcritos son contestes en afirmarlo, las mismas son insuficiente para imponer una condena por este concepto, pues resulta demasiado vaga para considerar que ello se hiciere de manera ineludible y en forma habitual, adem�s que no desvirt�a la posibilidad de que el d�a descanso semanal, que acepta el demandante haber disfrutado, haya podido ser tomado en un d�a corriente.
Indemnizaci�n por terminaci�n del contrato sin justa causa Examinada la declaraci�n rendida por el propio demandante (fl. 283), en la que preguntado sobre la forma en que le fue terminado el contrato de trabajo y la manera como se le notific� la decisi�n, este manifest� que: �Nada as� de boca, el alcalde electo se llamaba JORGE MORENO, eso fue el 31 de diciembre de 2007 (�) como nosotros ten�amos contrato de trabajar con el Municipio el deber de nosotros era preguntarle al alcalde que hab�a ganado las elecciones si segu�amos o no. Y yo en el parque le pregunt� Don Jorge entonces nosotros seguimos con el trabajito y �l me contest� no yo ya tengo el combo m�o�.
(sic) Como se lee, si de la declaraci�n del propio demandante, ni siquiera emerge con la claridad la presunta terminaci�n unilateral del contrato, supuesto indispensable para acreditar el derecho a la indemnizaci�n, mal har�a en calificarse �ste como justo o injusto. Incumb�a al demandante demostrar que la terminaci�n del contrato de trabajo fue en forma unilateral e injusta por parte del ente demandado, carga probatoria que no cumpli�, por lo cual no hay lugar a imponer condena por este concepto.
Luego, conforme con lo anterior, la pretensi�n del reconocimiento y pago de perjuicios materiales e inmateriales, igualmente est�n llamadas al fracaso. Indemnizaci�n moratoria La sanci�n moratoria por no pago de las prestaciones e indemnizaciones para trabajadores oficiales tiene su fuente normativa en el art�culo 1� del Decreto 797 de 1949; no obstante lo cual, sobre la aplicaci�n de la figura, son valederos los criterios que ha expuesto la Corte Suprema en relaci�n con la que contempla el art�culo 65 del C�digo Sustantivo del Trabajo, como los que informan que el juez laboral no puede imponer la carga resarcitoria en comento de manera autom�tica e inexorable, sino que debe explorar, en cada caso concreto, si la conducta del empleador es fruto de la mala fe.
En el sub examine, se estableci� que ninguna de las pruebas muestra que la intermediaci�n desplegada por la ASOCIACION MUNICIPAL DE ASEO � ASMAS haya ido m�s all� de su participaci�n en el pago de algunos periodos laborales de la relaci�n que vincul� a las partes; pues, se insiste, las �rdenes e instrucciones proven�an directamente del municipio; las direcci�n de la prestaci�n del servicio estuvo siempre a cargo del municipio; y los elementos de trabajo fueron del municipio.
Conforme con ello, la existencia de contratos de prestaci�n de servicios, o si se quiere, como lo manifiesta la mandataria del MUNICIPIO DE SUP�A, la cancelaci�n oportuna del valor acordado en estos actos, no pueden ser elementos indicativos de buena fe. Todo lo contrario, lo que aquellos permiten considerar razonablemente, es que la utilizaci�n de esta forma de contrataci�n fue dirigida a desdibujar una relaci�n de �ndole laboral, que incluso ven�a de tiempo atr�s, para soslayar el cumplimiento de la ley del trabajo, claro indicativo de mala fe.
En los t�rminos del Decreto 797 de 1949 est� incurso el ente territorial en la llamada indemnizaci�n moratoria, que se causa despu�s de los noventa d�as que tuvo de plazo el municipio para pagar los salarios y prestaciones adeudados despu�s de finalizado el nexo entre las partes. Debe entonces la suma diaria de $12.716,66 desde el 11 de febrero de 2006 hasta el momento en que le pague las prestaciones sociales a que tiene derecho.
Pensi�n sanci�n Pretende la parte actora el reconocimiento de la pensi�n sanci�n conforme a lo establecido en el art�culo 8 de la Ley 171 de 1961, normativa derogada por el art�culo 37 de la Ley 50 de 1990, con la expedici�n de la Ley 100 de 1993 el que establece: ART�CULO 133. PENSI�N SANCI�N. El art�culo 267 del C�digo Sustantivo del Trabajo, subrogado por el art�culo 37 de la Ley 50 de 1990, quedar� as�: El trabajador no afiliado al Sistema General de Pensiones por omisi�n del empleador, que sin justa causa sea despedido despu�s de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) a�os o m�s y menos de quince (15) a�os, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente Ley, tendr� derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) a�os de edad si es hombre, o cincuenta y cinco (55) a�os de edad si es mujer, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.
Si el retiro se produce por despido sin justa causa despu�s de quince (15) a�os de dichos servicios, la pensi�n se pagar� cuando el trabajador despedido cumpla cincuenta y cinco (55) a�os de edad si es hombre, o cincuenta (50) a�os de edad si es mujer, o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. La cuant�a de la pensi�n ser� directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habr�a correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensi�n de vejez en el r�gimen de prima media con prestaci�n definida y se liquidar� con base en el promedio devengado en los �ltimos diez (10) a�os de servicios, actualizado con base en la variaci�n del Indice de Precios al Consumidor certificada por el DANE.
PAR�GRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente art�culo se aplicar� exclusivamente a los servidores p�blicos que tengan la calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector privado. (�)� Sobre la vigencia del mencionado art�culo 8�, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de casaci�n laboral, entre otras, en providencia del 18 de agosto de 2010, radicaci�n 37159, ratific� lo se�alado en sentencia del 22 de agosto de 1995 (radicaci�n 7571) en la que se precis� que: �No puede perderse de vista que con arreglo al art�culo 37 de la Ley 50 quedaron derogados los art�culos octavo de la Ley 171 de 1961 y 267 del C.S.T. ( ) Es tan cierto lo expresado anteriormente, que si no fuera as�, carecer�a de l�gica que la Ley 50 de 1990 hubiera subrogado expresamente el art�culo 8 de la ley 171 de 1961, del que se desprend�a, en armon�a con los reglamentos del seguro social, el derecho a la pensi�n sanci�n para algunos afiliados al I.S.S.� Las anteriores consideraciones son procedentes para estimar que el se�or VELASQUEZ BARCO le corresponde acreditar, al tenor del Art. 133 transcrito, como requisitos para acceder a la pensi�n sanci�n, los siguientes: (i) haber sido despedido sin justa causa;
(ii) no ser afiliado del Sistema General de Pensiones; (iii) haber laborado para la misma entidad como m�nimo durante 10 a�os; y, (iii) tener 60 o m�s a�os de edad. En cuanto al primero de los requisitos, debe reiterarse que en el caso autos no se encuentra probado que el despido alegado por el demandante haya tenido ocurrencia, motivo suficiente para que fracase la pretensi�n sancionatoria.
Sanci�n por no consignaci�n de cesant�as El vocero judicial del se�or JORGE ELIECER VELASQUEZ BARCO, solicita acoger las pretensiones principales de la demanda, incluyendo la sanci�n por la no consignaci�n de las cesant�as en un fondo. No obstante lo anterior, revisadas la peticiones formuladas como principales en el escrito introductor (fls. 22-23), es verdad indiscutible que �la sanci�n por la no consignaci�n de cesant�as en un fondo dentro de la oportunidad legal� no fue propuesta dentro de estas, por lo que basta decir, su decisi�n a trav�s de esta instancia resulta abiertamente improcedente.
Excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE SUPIA Propuso el municipio demandado las excepciones de m�rito de �CARENCIA DE PRESUPUESTOS F�CTICOS Y SUSTANCIALES DE LA DEMANDA � CARENCIA DE OBJETO Y DE DERECHO- INEXISTENCIA DEL DERECHO PRETENDIDO�, �FALTA JURISDICCI�N Y COMPETENCIA�, �PRESCRIPCI�N�, �COBRO DE LO NO DEBIDO�, �INDEBIDO AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACI�N ADMINISTRATIVA Y INCONGRUENCIA DE LAS PETICIONES DE LA RECLAMACI�N CON LAS DEPRECADAS EN LA DEMANDA�(sic), �PAGO PARCIAL DE LAS ACREENCIAS LABORALES�, �CONFUSI�N� y �NO INTEGRACI�N DE LITISCONSORCIO NECESARIO�.
(fls. 128 a 131). Sobre la excepci�n de �PRESCRIPCI�N� esta Sala ya se pronunci� en l�neas anteriores, declar�ndola PROBADA PARCIALMENTE. Frente a las excepciones de �CARENCIA DE PRESUPUESTOS F�CTICOS Y SUSTANCIALES DE LA DEMANDA � CARENCIA DE OBJETO Y DE DERECHO- INEXISTENCIA DEL DERECHO PRETENDIDO� y �COBRO DE LO NO DEBIDO�, no hace un pronunciamiento expreso sobre estas la Sala, por considerar que m�s parecen simples oposiciones y como tal recibieron su an�lisis, toda vez que la Colegiatura se ocup� detenidamente en dilucidar que el demandante tuvo un contrato realidad con el Municipio accionado y por ende, es acreedor de la mayor�a de las pretensiones incoadas.
En igual sentido se despach� lo que la demandada alega como excepci�n al plantear la �CONFUSI�N�, pues tambi�n se dijo que la entidad ASMAS de la que supuestamente fuera parte el demandante, no hay vestigio de que fuera sido empleadora del Se�or VELASQUEZ BARCO, como se quiere decir por la entidad territorial demandada. Respecto de la excepci�n de �PAGO PARCIAL DE LAS ACREENCIAS LABORALES�, la cual sustenta el MUNICIPIO demandado afirmando que COOTAURINOS ya cancel� las acreencias laborales reclamadas, es forzoso tambi�n declararla NO PROBADA pues dentro del expediente no hay prueba que demuestre que al actor le hubieren cancelado los cr�ditos reclamados a trav�s de esta demanda.
Present� tambi�n el MUNICIPIO DE SUPIA como de fondo la excepci�n de �FALTA DE JURISDICCI�N Y COMPETENCIA�, sobre ella dijo que es la jurisdicci�n contencioso administrativa la competente para conocer el presente asunto, por haber manifestado el actor en la demanda que antes del a�o 2005 estuvo vinculado con la administraci�n municipal bajo contratos de prestaci�n de servicios, adicionalmente, teniendo en cuenta que el ente territorial no cuenta en su planta de personal con trabajadores oficiales, por lo que es imposible que el Se�or VELASQUEZ BARCO hubiera tenido esta vinculaci�n. Para resolver, sea lo primero advertir que esta excepci�n reviste el car�cter de previa y as� debi� resolverse por el despacho de primera instancia; no obstante, considera esta Corporaci�n que no tienen asidero los argumentos presentados por el apoderado del demandado, pues tal y como qued� determinado, el actor se desenvolvi� como recolector de basuras y por ende trabajador oficial del MUNICIPIO DE SUPIA, por lo que es la jurisdicci�n ordinaria laboral la competente para conocer este proceso.
Tambi�n propuso como de fondo la excepci�n de �INDEBIDO AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACI�N ADMINISTRATIVA Y (Sic) INCONGRUENCIA DE LAS PETICIONES DE LA RECLAMACI�N CON LAS DEPRECADAS EN LA DEMANDA�, expres� para sustentar la misma �Hago consistir esta excepci�n en que el demandante al presentar la demanda, incluy� pretensiones no incluidas en el escrito inicial de reclamaci�n administrativa efectuado en el a�o 2008 ante la Administraci�n Municipal, y por tanto respecto de tales pretensiones se efect�o un indebido agotamiento que hace improcedente la prosperidad de las pretensiones�.
(fl. 130). En efecto, tal y como lo afirma el ente territorial codemandado, cuando el a quo admiti� la demanda, instaurada contra el MUNICIPIO DE SUP�A, pas� por alto que no se estaba acompa�ando con el introductorio la reclamaci�n administrativa respecto de la totalidad de las pretensiones del gestor, pues si bien es cierto que frente a la petici�n de pago del auxilio de cesant�a, las primas, la compensaci�n dineraria de las vacaciones, el trabajo realizado en d�as de descanso obligatorio, la indemnizaci�n por la terminaci�n unilateral del contrato sin justa causa y la indemnizaci�n moratoria por el no pago de las prestaciones, se encuentra satisfecho dicho requisito, no sucede lo mismo con los dem�s pedimentos mencionados.
Ha de decirse que, el agotamiento de la v�a administrativa constituye al tenor del Art�culo 6� del C�digo de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, factor de competencia en los procesos adelantados contra la Naci�n, las entidades territoriales y cualquier otra entidad de la administraci�n p�blica. Por la falencia atr�s anotada, cab�a proponer a la parte demandada, como excepci�n previa, la falta de competencia por el no agotamiento de la v�a gubernativa sobre la totalidad de las pretensiones de la demanda.
Situaci�n que fue hecha de manera equivocada, al proponerse como de m�rito. Planteada la situaci�n como se ha visto, siendo entonces la aludida �Reclamaci�n Administrativa� un factor de competencia para el juez laboral, este debe observarlo en el momento de la admisi�n de la demanda, y tal omisi�n, advertida por v�a de excepci�n, necesariamente debe ser resuelta como previa, por iniciativa propia del se�or juez de conocimiento o a petici�n de parte, en la audiencia obligatoria de conciliaci�n, decisi�n de excepciones previas, saneamiento y fijaci�n del litigio de que trata el art�culo 77 del C.P.T. y de la S.S., no dej�ndola para la sentencia o agotando los recursos para obtener un pronunciamiento oportuno, seg�n sea el caso.
As� las cosas, debe determinarse qu� incidencia tiene esta omisi�n en el proceso, al momento de proferir sentencia para resolver el conflicto, siendo ilustrativo para el efecto, el pronunciamiento realizado por la Sala de Casaci�n Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de mayo de 2007, radicaci�n 30056, que reitera lo expuesto en la providencia del 13 de octubre de 1999, radicaci�n 12221, as�: �(�) Independientemente de cualquier falencia que hubiese podido cometer el juez colegiado en la actividad de apreciaci�n de las pruebas, se observa que la inconformidad esencialmente gira en torno a que el juzgado no resolvi� la excepci�n previa que la demandada formul�, denominada falta de agotamiento de la v�a gubernativa; en ese orden de ideas, basta con decir que el recurso extraordinario no es el medio id�neo para proponer nulidades o remediar falencias procesales que se debieron plantear y definir en las instancias.
En efecto, la parte accionada, hoy recurrente, debi� haber solicitado en su oportunidad que el juzgador de primera instancia resolviera sobre dicho medio exceptivo o interponer los recursos legales para obtener un pronunciamiento al respecto. De otro lado, el tema propuesto por el censor, fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporaci�n, en el que, contrario al criterio expuesto en la sentencia que se rememora del 14 de octubre de 1970, se decidi� que la nulidad por falta de agotamiento de la v�a gubernativa es saneable; fue as� como en la sentencia del 13 de octubre de 1999, radicaci�n 12221, citada por la r�plica, que en esta oportunidad se reitera, precis�: �(�) puede suceder que el Juez Laboral admita la demanda sin advertir la falta de cumplimiento por parte del accionante de la exigencia contemplada en el pluricitado art�culo 6� del C. de P.L. En este caso es deber procesal de la parte demandada, as� como un elemental ejercicio de la lealtad que se deben los sujetos procesales entre s� y que �stos le deben al Juez, alertar a �ste sobre la omisi�n del agotamiento del procedimiento gubernativo, pero no de cualquier manera, sino mediante la proposici�n de los medios de defensa que en su favor consagra la ley adjetiva del trabajo en su art�culo 32, cuales son las excepciones previas o dilatorias respectivas, que para el caso concreto que se examina se contrae a la de falta de competencia, por no agotamiento previo de la v�a gubernativa, de conformidad con lo previsto en el numeral 2� del art�culo 97 del C.de P.C., modificado por el D.E. 2282 de 1989, art. 1�, num.46, disposici�n a la cual fuerza remitirnos por mandato del art�culo 145 del C�digo de Procedimiento Laboral.
O tambi�n puede formularse la excepci�n dilatoria de no agotamiento del procedimiento gubernativo o reglamentario, que como ya ha tenido oportunidad la Corte de expresarlo, � bien puede entenderse que constituye una excepci�n en el proceso laboral, propia y aut�noma� (Sentencia de Julio 21 de 1981. Rad. N� 7619). S� la parte accionada procede de esta forma, es decir, que ante la ausencia del cumplimiento de la exigencia consagrada en el art�culo 6 del C. de P.L., propone oportunamente alguna de las anteriores excepciones, lo cual seg�n las voces del art�culo 32 ib�dem bien puede hacer en la contestaci�n de la demanda o en la primera audiencia de tr�mite, la decisi�n interlocutoria que adopte el Juez Laboral sobre este asunto, claro est�, una vez ejecutoriada la misma, pone punto final a toda discusi�n sobre este tema, y en consecuencia cualquier vicio de procedimiento en torno al presupuesto procesal de competencia queda debidamente saneado y, por tanto, llegado el momento de dirimir el conflicto el juzgador debe emitir un fallo que resuelva de m�rito la controversia planteada.
Ahora, si la entidad demandada no utiliza en tiempo procesal oportuno las excepciones atr�s indicadas para corregir o enmendar el vicio de procedimiento de la falta de competencia del Juez Laboral, surgido como consecuencia de haberse admitido por este funcionario judicial la demanda sin avistar el incumplimiento del requerimiento consagrado en el art. 6� del Estatuto Procesal Laboral, lo que, como ya se vio, constituye no s�lo una carga procesal para aqu�lla sino un deber y una obligaci�n en virtud del principio de lealtad procesal, la anomal�a procedimental proveniente de tal falta de competencia quedar� saneada a la luz de lo preceptuado en el numeral 5., del art�culo 144 del C. de P.C., modificado por el D.E. 2282 de 1989, art. 1�, num. 84, norma que dispone que �La nulidad se considerara saneada Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepci�n previa.
Saneada esta nulidad, el Juez seguir� conociendo del proceso.� Y es que la incompetencia del juez laboral, a ra�z de la pretermisi�n de la etapa previa de reclamaci�n del derecho requerido a la entidad p�blica o social demandada, no escapa al principio de saneamiento de la nulidad proveniente de la falta de competencia recogido en el C�digo de Procedimiento Civil de 1970, y el cual a su vez es una de las manifestaciones esenciales del postulado de econom�a procesal que irradia a dicha rama del derecho y con mucho m�s raz�n al procedimiento laboral, dado el car�cter social de los derechos que en esta �rbita de la jurisdicci�n ordinaria se discuten, que exige del juez del trabajo un r�pido pronunciamiento, para lo cual debe evitar dentro del marco de sus poderes cualquier dilaci�n que obstaculice ese fin.
En efecto, si la jurisprudencia tradicional de la Corte ha sostenido que el procedimiento gubernativo o reglamentario es un factor de competencia para el Juez Laboral, lo cual ahora se vuelve a reiterar, no hay raz�n para que a esta forma especial de ella se le sustraiga de los efectos de saneamiento latente en todas las nulidades que puedan originarse en la falta de competencia, cuando no se hayan alegado como excepci�n previa, postulado del que solo se except�a la falta de competencia funcional.
Nada justifica que luego de un proceso contra una entidad oficial, donde esta ha sido convocada oportunamente a trav�s de la notificaci�n de rigor y por ende ha tenido todas las oportunidades para ejercer cabalmente su derecho de defensa, se declare la nulidad de todo lo actuado ad portas de la emisi�n del fallo llamado a resolver de fondo el litigio iniciado, aduciendo como argumento que no se cumpli� el procedimiento gubernativo tantas veces mencionado, cuando la parte demandada contando con el mecanismo procesal id�neo para remediar ese defecto, como son las excepciones previas pertinentes, ya se�aladas en el curso de esta providencia, no hizo uso del mismo; mucho menos sentido tiene que se plantee una decisi�n de esta naturaleza en la segunda instancia o a trav�s del recurso extraordinario de casaci�n. Un pronunciamiento de esta �ndole re�ir�a frontalmente con los principios de econom�a procesal, de saneamiento de las nulidades por incompetencia y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, instituciones estas que constituyen soporte esencial para los prop�sitos del derecho procesal laboral: hacer efectiva la concepci�n social y tutelar del derecho laboral sustancial.
(��) De otro lado, como el fin �ltimo del agotamiento de la v�a gubernativa es que la administraci�n p�blica tenga la oportunidad de decidir de manera directa y aut�noma si resulta procedente o no el reconocimiento de los derechos reclamados por el peticionario y de esta forma enmendar cualquier error que hubiera podido cometer sobre el particular, precaviendo a trav�s del instrumento de la autocomposici�n un eventual pleito judicial, choca contra la l�gica de lo razonable que habiendo tenido aqu�lla oportunidad de llevar a cabo ese cometido durante todo el curso del proceso, aun cuando ning�n inter�s haya demostrado en este sentido, quiz�s porque no encuentra viable lo solicitado, la consecuencia o el efecto inmediato del incumplimiento de la exigencia del art�culo 6� del C.de P. L. sea la nulidad de todo lo actuado.
Ello resulta sumamente inconveniente, no s�lo para las partes, sino para la propia administraci�n de justicia, toda vez que luego de todo un derroche de jurisdicci�n, tiempo y gastos no se logr� resolver de manera r�pida y eficaz el conflicto.� Se tiene entonces, que como consecuencia del cambio normativo sobre el particular, se modifica la posici�n sentada por la Corte en su pronuncimiento del 14 de octubre de 1970 dentro del proceso de ERNESTO CALDERON FLOREZ contra la UNIVERSIDAD NACIONAL, reiterada, entre otras sentencias, en la del 21 de julio de 1981, Rad. 7619, en la cual se expres� que el no cumplimiento de la exigencia del art�culo 6� del C.P.L., si no se alegaba oportunamente por la parte demandada la excepci�n dilatoria de declinatoria de jurisdicci�n ni se propon�a incidente de nulidad, conduc�a o tra�a como consecuencia la anulaci�n de todo lo actuado en el proceso, porque la competencia en ese caso era improrrogable.� (Resalta la Sala).� Se rese�a lo anterior para hacer notar que la reclamaci�n administrativa, antes llamada agotamiento de la v�a gubernativa, no es inexorable, pues, las conductas adoptadas tanto por el Juez de instancia, como por la parte demandada, tienen como resultado el saneamiento de la nulidad y de manera consecuente la pr�rroga de la competencia. Finalmente, declarar la nulidad por falta de competencia cuando el expediente se encuentra para fallo o inhibirse de decidir sobre aquello que no se agot� la reclamaci�n, no asegura el cumplimiento de los fines que se persigue con ello, por el contrario sacrificar�a el derecho a tener una pronta resoluci�n, por un aspecto meramente formal, desconociendo de paso los principios procesales de protecci�n, convalidaci�n y trascendencia. Dicho esto, resulta forzoso declarar PROBADA PARCIALMENTE la excepci�n de �INDEBIDO AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACI�N ADMINISTRATIVA Y INCONGRUENCIA DE LAS PETICIONES DE LA RECLAMACI�N CON LAS DEPRECADAS EN LA DEMANDA�, propuesta por el MUNICIPIO DE SUPIA.
Finalmente, debe resolver esta Corporaci�n la excepci�n de �NO INTEGRACI�N DE LITISCONSORCIO NECESARIA� propuesta por la codemandada MUNICIPIO DE SUPIA, la cual es sustentada en el hecho que no se vincul� a este proceso a la Asociaci�n Municipal de Aseo- ASMAS. Respecto de la misma, la cual tambi�n es de naturaleza previa, debe decirse El litisconsorcio necesario puede originarse en la disposici�n legal o imponerlo directamente la naturaleza de las relaciones o actos jur�dicos, respecto de los cuales verse el proceso, present�ndose este �ltimo caso, cuando la relaci�n de derecho sustancial objeto de la pretensi�n est� conformada por un n�mero plural de sujetos, activos o pasivos, en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como una, �nica e indivisible frente al conjunto de tales sujetos, o como la propia ley lo declara, cuando la cuesti�n haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes.
Ahora bien, una vez escudri�ados los hechos y pretensiones del libelo, colige la Sala que la Asociaci�n Municipal de aseo- ASMAS no debe ser convocado al proceso como litisconsorte necesario, pues su intervenci�n no es esencial para la definici�n de la litis. Se dice lo anterior, porque no se estima inminente la integraci�n de la litis con ASMAS, puesto que su actuaci�n no es requisito necesario para adelantar v�lidamente el proceso, debido a que no posee unidad inescindible con la relaci�n del derecho sustancial en debate.
Conforme a lo expuesto, se declarara tambi�n NO PROBADA esta excepci�n. Responsabilidad de la llamada en garant�a Finalmente, y dadas las resultas del proceso, es forzoso absolver a la llamada en garant�a SEGUROS DEL ESTADO de las pretensiones del gestor, si se tiene en cuenta que fue convocada por el Municipio de Sup�a como garante de las obligaciones salariales y prestacionales en virtud de la p�liza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 074215036 en la que figura como tomador la CTA Taurino de Sup�a y como asegurado- beneficiario el Municipio de Sup�a. La mencionada p�liza ten�a una vigencia del 10 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010 (fl. 119).
As� las cosas, y en consideraci�n a que esta Corporaci�n declar� la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y el Municipio de Sup�a, cuyos extremos son el 1 de octubre de 1995 y el 30 de septiembre de 2005, claramente no hay lugar a imponer condena alguna en contra de la llamada en garant�a, pues el t�rmino en que se desarroll� el contrato de trabajo celebrado, no es cubierto por la p�liza No. 074215036.
Se declarar� probada la excepci�n de: �SEGUROS DEL ESTADO S.A. NO CUBRE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE INICIACI�N DE LA VIGENCIA DE DICHO AMPARO� (fl. 239), la cual resulta suficiente para enervar las pretensiones del gestor frente a la llamada en garant�a. En conclusi�n, se revocar� la sentencia apelada, para, en su lugar, declarar que entre el demandante y el Municipio accionado existi� un contrato de trabajo, desde el 26 de enero de 1995 hasta el 30 de septiembre de 2005; se declarar� probada parcialmente la excepci�n de prescripci�n. Se condenar� al Municipio de Sup�a a pagar a favor del se�or JORGE ELIECER VELASQUEZ BARCO, los siguientes conceptos: compensaci�n dineraria de vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesant�as y sanci�n moratoria del art�culo 1� del decreto 797 de 1949.
Se absolver� al municipio demandado de las dem�s pretensiones. Se declarar� probada de oficio la excepci�n de inexistencia del contrato de trabajo entre el demandante y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINOS DE SUPIA- COOTAURINOS y se absolver� a la �ltima de todas las pretensiones del gestor. Costas en primera instancia a cargo del Municipio demandado y a favor del demandante, en un 40% de su valor.
El trabajador demandante pagar� costas de ambas instancias a favor de COOTAURIOS. Las agencias en derecho de segunda instancia se fijan en la suma de $500.000 pesos. Costas de segunda instancia a cargo del municipio demandado. En atenci�n a la reforma introducida por la Ley 1395 de 2010, al art�culo 392 del CPC aplicable por integraci�n normativa al contencioso laboral en virtud del art�culo 145 del CPL y de la SS, se fijan como agencias en derecho la suma de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000).
Por lo expuesto, la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio el d�a 15 de agosto de 2012, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el Se�or JORGE ELIECER VELASQUEZ BARCO en contra del MUNICIPIO DE SUPIA y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUPIA- COOTARUNOS.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de �CARENCIA DE PRESUPUESTOS FACTICOS Y SUTANCIALES DE LA DEMANDA- CARENCIA DE OBJETO Y DE DERECHO- INEXISTENCIA DEL DERECHO PRETENDIDO�, �FALTA DE COMPETENCIA�, �COBRO DE LO NO DEBIDO�, �INDEBIDO AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACI�N ADMINISTRATIVA Y (sic) INCONGRUCENCIA DE LAS PETICIONES DE LA RECLAMACI�N CON LAS DEPRECADAS EN LA DEMANDA� y �PAGO PARCIAL DE LAS ACREENCIAS LABORALES�, propuestas por el Municipio de Sup�a y conforme a lo manifestado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA las excepci�n de �PRESCRIPCI�N�, propuesta por el Municipio de Sup�a por los cr�ditos laborales causados antes del 26 de septiembre de 2005, exceptuando las cesant�as y las vacaciones conforme a lo analizado en la parte considerativo de este prove�do.
CUARTO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepci�n de �INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO�, entre el demandante y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUPIA- COOTAUNIOS, conforme a lo expresado en la parte considerativa de esta sentencia.
QUINTO: DECLARAR PROBADA la excepci�n de �SEGUROS DEL ESTADO S.A. NO CUBRE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE INICIACI�N DE LA VIGENCIA DE DICHO AMPARO�, propuesta por la COMPA��A SEGUROS DEL ESTADO.
SEXTO: DECLARAR que entre el MUNICIPIO DE SUP�A y el Se�or JORGE ELIECER VELASQUEZ BARCO existi� un contrato de trabajo, cuyos extremos fueron entre el 26 de enero de 1995 y el 30 de septiembre de 2005, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
SEPTIMO: CONDENAR al Municipio de Sup�a a cancelar a favor del Se�or Joaqu�n Emilio Velarde Acevedo, las siguientes sumas y conceptos: Auxilio de cesant�as: a la suma de CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($4.468.633.oo.). Prima de Navidad: la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($298.047), por el tiempo laborado durante el a�o 2005.
Compensaci�n dineraria de vacaciones: la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($381.500,oo) Prima de Vacaciones: a la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($381.500,oo) Indemnizaci�n moratoria: la suma diaria de $12.716,66 desde el 11 de febrero de 2006 hasta el momento en que le pague las prestaciones sociales a que tiene derecho.
OCTAVO: ABSOLVER a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TAURINO DE SUPIA- COOTAUNIOS y a la COMPA��A SEGUROS DEL ESTADO de las pretensiones del gestor, conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia.
NOVENO: Costas en esta instancia ser�n a cargo del municipio demandado, a favor del actor. Se fijan como agencias en derecho la suma de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000.oo). D�CIMO: Costas en primera instancia a cargo del municipio demandado y a favor del demandante, en un 40% de su valor. ONCE: El trabajador demandante pagar� costas de ambas instancias a favor de COOTAURIOS.
Las agencias en derecho de segunda instancia se fijan en la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($500.000). NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE. Por su pronunciamiento oral la anterior providencia se entiende notificada en estrados a las partes conforme a la ley, se concluye la audiencia y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron, le�da y aprobada en su integridad.
GILDARDO MU�OZ CARDONA Magistrado DOLLY GRISALES CEBALLOS CARLOS ARTURO GUAR�N JURADO Magistrada Magistrado CAROLINA GIRALDO OSORIO Secretaria Subrayado fuera de texto. PAGE \* MERGEFORMAT- 1 - RADICACI�N No. 2010-137-01 * 11281 (SENTENCIA) ORDINARIO DE JORGE ELIECER VELASQUEZ BARCO CONTRA MUNICIPIO DE SUPIA Y OTROS ________________________ 8X[������� � � # d � ��'������Ż�������{q{qfqfqfq{q\qh�OJQJ^Jh7?�5�OJQJ^Jh7?�OJQJ^Jhz�OJQJ^Jh7?�CJOJQJ^JaJh7?�CJOJQJ^JaJhz�5�CJOJQJ^Jh7?�5�CJOJQJ^Jh7?�OJQJ^Jh7?�CJ$OJQJ^JaJ$h7?�OJQJ^J'jh7?�CJOJQJU^JmH $sH $h7?�5�OJQJ^Jh7?�9LYZ[����� � HI'<=�������������������$�:dh`�:a$gdz�$�:dh`�:a$gd�:n &Fdh9Dgd�:n, ��dhgd�:n $dha$gd�:n &Fdh9Dgd�:ndhgd�:n';=��Y x ������KL��]_k+_!+!�#�#O$n$1'>'u'~')})������ӷө��ӝ�����vl�lvlblblXlXl�h!>OJQJ^Jh�;]OJQJ^Jh7?�OJQJ^Jh7?�5�>*CJ OJQJ^Jh�;]OJQJmH sH hz�OJQJmH sH h7?�OJQJmH sH h0OJQJ^JmH sH hz�OJQJ^JmH sH h�;]OJQJ^JmH sH h7?�OJQJ^JmH sH h7?�CJOJQJ^JaJ h7?�5�>*CJ OJQJ^JaJ "=W X ��JK�����mnKLAB��^_pq������������������������������$�:dh`�:a$gd�:n������!!-!.!�$�$%%�'�'))H+I+�1�1 3��������������������������$�:dh`�:a$gd�:n})�)�)G+I+p1�1�1�13 3 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p�rrafo predeter.1`�/���`T�tulo 6 Car/59B*CJOJ QJ ^J _HmH�phsH�tH\�/���\T�tulo 7 Car,5B*CJ OJ QJ ^J _HmH�phsH�tHX�/���X0Encabezado Car$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH8)r�8N�mero de p�ginaf�/���fSangr�a de texto normal CarCJ_HaJmH sH tHV�/���VBody Text 2 Car CJOJQJ^J_HmH $sH $tHX�/���XTexto de globo CarCJOJQJ^JaJmH sH <U ���<Hiperv�nculo>*B*ph�N�/��NTexto independiente CarmH sH P�/��P0Texto nota pie CarOJQJ^JmH sH N�o��!NCaracteres de nota al pieH*f�/��1fTexto independiente 3 CarCJOJQJ^JaJmH sH B& ��ABRef. de nota al pieH*F* ��QFRef. de nota al finalH*H�/��aHCaracteres de nota finalV��VEncabezado1 '���x$OJQJCJPJ ^JaJ^B�^Texto independiente (��xOJQJCJ^JaJ*/��*Lista)^JJ��JEtiqueta *�x�x$CJ6^JaJ]0��0�ndice+$^J��O�0WW-Ep�grafe#,$a$1$ ��8*$7$5$9D/B*mH�phOJ QJ CJsH�sH�95^J aJ<@�<0 Encabezado - ��8!rC�rSangr�a de texto normal.^�]�`���xOJQJCJ^JaJt�O�tBody Text 2$/dh$a$7$5$9D^�]�`�� OJQJCJmH $sH $sH $^JaJB @B Pie de p�gina 0 ��8!L�LTexto de globo1OJQJCJ^JaJ~�"~Texto independiente 312dh$a$7$5$9D OJQJCJmH sH 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