Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 20013105003 – 2016 – 00013 – 01 (355)

Sala: SALA LABORAL

Ponente: Clara Inés López Dávila

Fecha: 2018-02-08

Sujetos procesales: DEMANDANTE: LOURDES ALMEIDA DELGADO \ DEMANDADO: PROTECCIÓN S.A. \ DEMANDADO: COLPENSIONES

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La Sala asume competencia del presente asunto para resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada y la consulta que se surte a favor de Colpensiones por cuanto la decisi�n proferida el 9 de junio de 2017, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, result� adversa a sus intereses. PRESENTACI�N DE ASISTENTES y ALEGATOS DE CONCLUSI�N (ART. 82 C.P.L. y S.S. � mod. art. 13 de la ley 1149 de 2007 // art. 107 C.G.P. num. 3�. m�ximo 20 minutos).

Una vez escuchadas las partes en alegatos de conclusi�n, se declara clausurada esta etapa procesal. Se Notifica en ESTRADOS. Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue discutido y aprobado un�nimemente por los integrantes de la Sala de Decisi�n Laboral, seg�n consta en el acta No._____ de la fecha y por ello se dicta la siguiente SENTENCIA I.

ANTECEDENTES La se�ora LOURDES ALMEIDA DELGADO, a trav�s de apoderado judicial, accion� el aparato judicial por la v�a ordinaria Laboral de Primera Instancia en contra del Fondo de Pensiones y Cesant�as PROTECCI�N S.A., con el fin que se declare la nulidad de la vinculaci�n y afiliaci�n a dicho fondo privado y del traslado del r�gimen de prima media con prestaci�n definida administrado hoy por COLPENSIONES al de ahorro individual con solidaridad.

Como consecuencia de ello se condene a la entidad demandada a devolver el bono pensional, las cotizaciones y sumas adicionales, m�s los aportes para pensiones que recaud�, con todos sus frutos e intereses y la correspondiente indexaci�n a COLPENSIONES, a fin de que la trabajadora pueda tramitar su pensi�n de vejez en el RPM por ser el m�s favorable, que se condene a la demandada a pagar las costas y agencias en derecho y a aquellas prestaciones econ�micas que se consideren pertinentes de acuerdo a las facultades ultra y extrapetita.

Como fundamento de los anteriores pedimentos, se�ala en s�ntesis, que naci� el 08 de enero de 1955, por lo que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es 1� de abril de 1994, contaba con 39 a�os de edad, lo que la hac�a beneficiaria del r�gimen de transici�n; que inici� su vida laboral en octubre de 1986, cotizando al RPM administrado en aquel entonces por el ISS hasta el 30 de abril de 1998, un total de 524,71 semanas, cuando enga�ada por parte de los asesores comerciales de PORVENIR fue trasladada inicialmente a ese fondo privado y luego a otros dentro del RAIS, las cuales tampoco brindaron la informaci�n veraz y necesaria, hasta terminar en PROTECCI�N. Expone la actora que en enero de 2006, solicit� traslado de r�gimen intentando regresar al RPM y que de junio de 2006 a julio de 2007, su empleador para la �poca �COMUNIDAD SAN FRANCISCO JAVIER�, hizo cotizaciones a COLPENSIONES durante ese periodo; que el 13 de septiembre de 2007, se les comunic� que la solicitud de traslado fue rechazada; que en proyecci�n del 9 de febrero de 2015, PROTECCI�N le inform� que la mesada que le corresponder�a a los 60 a�os ser�a de aproximadamente $721.607; que desde el 3 de septiembre de 2012 fue vinculada como docente provisional del Municipio de Pasto, cotizando al sistema pensional especial que administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que sumando sus cotizaciones a los diferentes fondos, privado, del Magisterio y al ISS, cotiz� hasta julio de 2015 al menos 1.393,28 semanas, por lo que amparada por el r�gimen de transici�n previsto en el decreto 758 de 1990, puede pensionarse a los 55 a�os de edad con al menos el 90% del IBC.

Notificada en debida forma la entidad demandada, a trav�s de apoderado judicial, contest� oportunamente la demanda y propuso la excepci�n previa de �FALTA DE INTEGRACI�N DE LITIS CONSORCIO NECESARIO�, por lo que la A quo decidi� vincular al proceso a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES, a la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANT�AS PORVENIR S.A., a la NACI�N � MINISTERIO DE EDUCACI�N NACIONAL y al MUNICIPIO DE PASTO � SECRETAR�A DE EDUCACI�N MUNICIPAL, quienes contestaron oportunamente la demanda, aceptando por parte de COLPENSIONES la mayor�a de los hechos, especialmente los relacionados con la historia laboral y los tiempos de servicios; no obstante, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por considerar que las mismas carecen de fundamentos f�cticos y jur�dicos, por lo que propuso las excepciones de �PRESCRIPCI�N�, �COBRO DE LO NO DEBIDO E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N�, �IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS�, �BUENA FE� Y �SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO OFICIOSO DE EXCEPCIONES�.

Por su parte PROTECCI�N S.A., acept� como ciertos unos hechos, neg� otros y afirm� que algunos no le constan. Se opuso a las pretensiones incoadas indicando que no se puede mediante sentencia de un Juez declarar la nulidad de la vinculaci�n a esta entidad, ya que se dio como un simple traslado de AFP de forma libre, espont�nea y voluntaria de parte de la demandante a quien no cobijan los beneficios del r�gimen de transici�n por no tener 750 semanas al 1� de abril de 1994.

PORVENIR contest� en similar forma. El MINISTERIO DE EDUCACI�N NACIONAL, por su parte, acept� como ciertos unos hechos y manifest� que los otros son ajenos a la entidad, cada una proponiendo en su defensa varios medios exceptivos para enervar de fondo las aspiraciones del actor (fls.106 a 109, 189 a 192, 207 y 208) y el MUNICIPIO DE PASTO contest� la demanda, solicitando que se lo desvincule del proceso.

El proceso se dirimi� en primera instancia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, mediante sentencia calendada 9 de junio de 2017, declarando la nulidad de la afiliaci�n de la demandante, condenando a PROTECCI�N S.A. a realizar el traslado de la totalidad de lo ahorrado por ella en su cuenta de ahorro individual, los rendimientos y dem�s sumas recaudadas desde el tiempo de vinculaci�n de la actora y hasta la fecha en la que se efect�e dicho traslado a COLPENSIONES y a �sta le orden� recibir las anteriores sumas de dinero.

Declar� que la demandante cumpl�a con el requisito de edad para acceder al r�gimen de transici�n para el 1� de abril de 1994, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, declar� probada la excepci�n de �COBRO DE LO NO DEBIDO� propuesta por la NACI�N � MINISTERIO DE EDUCACI�N NACIONAL y no probadas las excepciones de m�rito propuestas por las otras demandadas, absolvi� a la SECRETAR�A DE EDUCACI�N MUNICIPAL de las pretensiones y conden� a COLPENSIONES Y PROTECCI�N S.A., a pagar las costas del proceso.

Para arrimar a tal conclusi�n, la A quo consider� que dentro del plenario se demostr� que la actora tiene derecho al r�gimen de transici�n porque a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ten�a 39 a�os de edad. Tras analizar las pruebas y versiones rendidas por los testigos que comparecieron al proceso, concluy� que es notorio el modus operandi adoptado por los fondos privados para que los trabajadores se cambiaran de r�gimen, en tanto aseguran que sus asesores les dec�an que la pensi�n que les otorgar�a el R�gimen de Ahorro individual ser�a m�s alta, informaci�n que fue gen�rica y no clara, que no existi� explicaci�n personalizada sobre ventajas y desventajas del traslado de r�gimen.

Se�al� que el fondo PROTECCI�N no asumi� la carga de la prueba, ya que dicha entidad no acredit� que hubiera informado las consecuencias de la p�rdida del r�gimen de transici�n por el traslado pensional o realizado cuadros comparativos; que por lo tanto, est� acreditado que la afiliaci�n no cumple con los requisitos de libertad y voluntariedad y, de esta manera, hay lugar a declarar la nulidad de afiliaci�n. Apelaci�n parte demandada Inconforme con la decisi�n adoptada por la falladora de primera instancia, el apoderado judicial de PROTECCI�N interpuso y sustent� oportunamente recurso de alzada para que se revoque aquella y se absuelva al fondo de la condena en costas, manifestando que los testimonios no fueron concluyentes para determinar que la informaci�n que se les brind� no fue precisa, en tanto era la disponible y pertinente para el momento en que se hizo la afiliaci�n, aunado a que en esa �poca ni siquiera exist�a la mera expectativa de la concesi�n de una pensi�n. Expres� que el derecho a la libre informaci�n no solo depende de quien la suministra, sino tambi�n de quien la recibe, ya que para el caso en espec�fico se trata de una persona con conocimiento acad�mico de alto nivel, capaz de tomar decisiones atinentes a su futuro pensional, que no puede escudarse en que la informaci�n fue general en una reuni�n p�blica, en que los formularios fueron diligenciados por otras personas y que no tuvieron oportunidad de atender lo que ah� se dec�a, que por ello, no se puede desconocer el descuido del afiliado para acarrearle toda la responsabilidad al fondo, ya que este ha actuado conforme a la Ley y de buena fe prest�ndole toda la informaci�n sobre el traslado a la actora.

II. TR�MITE DE SEGUNDA INSTANCIA Alegatos de conclusi�n� Surtido el tr�mite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisi�n atacada en v�a de apelaci�n por la parte demandada, siguiendo los lineamientos de los art�culos 57 de la ley 2�. de 1984 y 66 A del C.P.L. y S.S., que regulan el principio de consonancia y en v�a jurisdiccional de consulta en favor de la entidad demandada COLPENSIONES, por cuanto la decisi�n adoptada por la falladora de primera instancia result� adversa a sus intereses, sin limitaciones de ninguna naturaleza por as� disponerlo el art. 69 del C.P.L. y S.S., modificado por el art. 14 de la ley 1149 de 2007, previas las siguientes, CONSIDERACIONES En virtud de lo anterior, le corresponde a esta Sala de Decisi�n plantear para su estudio el siguiente problema jur�dico: i) �Se encuentran acreditados los presupuestos para que esta Colegiatura declare la nulidad del �traslado de r�gimen pensional� de la demandante, del ISS a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS PORVENIR S.A. hoy PROTECCI�N S.A., y en consecuencia, se condene a la demandada al traslado de los aportes realizados, junto con sus rendimientos y el pago de las costas del proceso? Para desatar el anterior nudo gordiano es necesario precisar, primigeniamente, que la demandante aspira la declaratoria de nulidad del traslado con la finalidad de regresar a la ADMNISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES �COLPENSIONES, entidad administradora del R�gimen de Prima Media con Prestaci�n Definida y all� obtener el reconocimiento pensionales, teniendo en cuenta que efectivamente se encontraba afiliada al ISS para el momento del traslado al R�gimen de Ahorro Individual, inicialmente con la administradora del fondo privado de pensiones y cesant�as PORVENIR S.A. y luego con otras administradora del mismo R�gimen (Fl. 33).

Seg�n lo considerado por la falladora de primera instancia, en lo que respecta a la solicitud de nulidad del traslado del r�gimen de prima media al de ahorro individual, el fondo accionado omiti� su deber de informar a la actora, tanto los beneficios como las desventajas que implicar�a tal decisi�n, lo cual fundament� en los diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia � Sala de Casaci�n Laboral-, determinando que era factible acceder a la petici�n de declarar la nulidad invocada en el libelo genitor.

En torno a esclarecer el punto toral que ocupa la atenci�n de esta Sala, se tiene que nuestro m�ximo �rgano de cierre jurisdiccional, en sentencia SL 17595-2017 del 18 de octubre de 2017, Magistrado ponente; FERNANDO CASTILLO CADENA, se�ala lo siguiente: �(�) �Pues bien, analizado el material persuasivo, no encuentra la Corte que COLFONDOS haya cumplido con el deber de ofrecer una informaci�n completa sobre las ventajas, desventajas y consecuencias del traslado al r�gimen de ahorro individual con solidaridad�, y para sustentar dicho argumento cit� un aparte de la sentencia SL 31989 del 9 de sep. 2008, que se transcribe: (�) �As�, en el asunto bajo escrutinio, brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre reg�menes, entre los cuales se destaca: (i) la informaci�n que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliaci�n hasta la determinaci�n de las condiciones para el disfrute pensional;

(ii) el deber de proporcionar a sus interesados una informaci�n completa y comprensible, a la medida de la asimetr�a que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad; (iii) una informaci�n que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo est�, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias may�sculas y vitales, como en el sub lite, la elecci�n del r�gimen pensional, trasciende el simple deber de informaci�n, y como emanaci�n del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio m�s activo al proporcionar la informaci�n, de ilustraci�n suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y a�n a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opci�n que claramente le perjudica (sentencia CSJ SL, del 9 de sep. 2008, rad. 31989)�.

Con el citado precedente y aun desde muchos antes, la Sala de Casaci�n Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia (sentencia de 9 de septiembre de 2008, radicaci�n 31.989, M.P. Dr. Eduardo L�pez Villegas, citada tambi�n en las sentencias 31.314 de la misma fecha y 33.083 de 11 de noviembre de 2011), determin� que son las Administradoras de Fondos de Pensiones del R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, quienes tienen la obligaci�n de brindar informaci�n clara, completa y comprensible al momento en que se va a realizar un traslado desde el R�gimen de Prima Media con Prestaci�n Definida, indicando no s�lo los beneficios, sino tambi�n las consecuencias adversas de su decisi�n, dado que en ciertos casos las consecuencias del traslado son nocivas, sobre todo para aquellas personas que ya han adquirido el derecho a pensionarse o que est�n a punto de cumplir los requisitos establecidos para ello en el r�gimen de prima media, a quienes el traslado les implica acceder a la pensi�n a una edad m�s avanzada o en menor cuant�a de la que recibir�an de no haberse surtido �ste e incluyendo la informaci�n sobre la posible p�rdida del r�gimen de transici�n, ya que se trata de una decisi�n trascendental.

Igualmente, de la citada sentencia se tiene que la carga probatoria respecto de la mencionada informaci�n recae en �stas y no en el demandante, contrario a lo increpado por el apoderado judicial de la parte apelante PROTECCI�N S.A. Descendiendo al caso bajo estudio, advierte la Sala que no es errada la conclusi�n a que arrib� la A quo, cuando indic� que la entidad accionada no cumpli� con el deber de informaci�n clara y completa, puesto que verificado el material probatorio obrante en el proceso, el fondo privado de pensiones demandado no demostr� que hubiera brindado la ilustraci�n suficiente a la demandante en el momento de tomar la decisi�n de traslado ni la proyecci�n o c�lculo actuarial realizada para tal ejercicio, pues ello ocurri� mucho tiempo despu�s de su afiliaci�n y cambio de r�gimen pensional � 9 de febrero de 2015 (fl. 45)- y en la que se observa la lesividad de tal decisi�n, pues la actora alcanzar�a a los 60 a�os de edad, una mesada pensional de tan s�lo $721.602 sobre un IBL que bien podr�a superar los $2.000.000.oo.

Tal falencia en la asesor�a y deber de informaci�n a cargo de la entidad administradora en el RAIS, se confirma a trav�s de las declaraciones rendidas por las se�oras MIRYAM DEL CARMEN ENRIQUEZ, NANCY DEL SOCORRO LAGOS HIDALGO y ANA LUCIA DULCE DELGADO, quienes manifestaron que la informaci�n que les suministraron los asesores de los fondos privados estuvo encaminada a resaltar los beneficios que obtendr�an con el cambio de r�gimen sin que les hicieran un c�lculo o proyecci�n de su pensi�n, por lo que no le cabe duda a esta Colegiatura que la libre escogencia de la actora se enlut� con la escueta informaci�n que recibi� por parte de los asesores de las Administradoras del Fondo Privado, misma que sin duda la condujo a tomar una decisi�n lesiva para sus intereses pensionales, que de haber conocido antes, con toda seguridad no la habr�a tomado; ante esta situaci�n y como la demandante tuvo afiliaci�n y cotizaciones al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES, resulta apropiado ordenar la nulidad de la afiliaci�n al r�gimen de ahorro individual con solidaridad y disponer que COLPENSIONES reciba la totalidad de lo ahorrado por el actor en su cuenta de ahorro individual, junto con los rendimientos y utilidades obtenidos a lo largo de su permanencia en el RAIS, junto con los bonos pensionales � si a ello hubiere lugar-, decisi�n que en nada afecta los intereses de la entidad demandada COLPENSIONES, en favor de quien surte el grado jurisdiccional de consulta.

Por lo antedicho resulta palmario concluir que la decisi�n adoptada por la falladora de primera instancia se encuentra ajustada a derecho y en tal sentido ser� confirmada por esta Sala de Decisi�n con las consecuencias l�gicas que tal disposici�n conlleva; esto es, volver las cosas al estado anterior como si nunca hubiesen ocurrido, recobrando los derechos que se hubieren constituido en favor de la actora, incluyendo los beneficios del R�gimen de Transici�n en caso de conservarlo, por cuanto a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es a 1� de abril de 1994, cumpl�a con el requisito de edad, en tanto acredit� tener 39 a�os de edad, sin que resulte pertinente emitir pronunciamiento sobre su conservaci�n bajo el manto normativo del acto legislativo No. 01 de 2005, por no ser materia de apelaci�n. No sigue la misma suerte la condena en costas de primera instancia emitida por la A quo e impuesta a COLPENSIONES, quien si bien es llamado al proceso para que reciba los dineros resultantes de la nulidad del traslado, no es el responsable de los actos generadores de la presente acci�n; es decir, la misma se impone �nicamente en contra del FONDO ADMINISTRADOR DE PENSIONES Y CESANT�AS PROTECCI�N S.A., fijando las agencias en derecho en el equivalente a dos smlmv a favor de la demandante.

Para adoptar tal decisi�n, se acude al criterio jurisprudencial que ha acompa�ado la conceptualizaci�n de las costas procesales, en tanto �stas equivalen en general a los gastos que es preciso hacer para obtener judicialmente la declaraci�n de un derecho (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil Sentencia de 5 de febrero de 1980).

En relaci�n con el tema el C�digo General del Proceso, acogiendo el sistema objetivo en su numeral 1�, art�culo 365, aplicable en esta material por disposici�n del art. 145 del C.P.T. y S.S, establece que ha de condenarse en costas a la parte que resulte vencida en el proceso, a quien pierda el incidente por �l promovido, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso que haya propuesto.

En ese orden de ideas para resolver el presente recurso de alzada, de manera breve recuerda esta Sala, como lo ha rememorado ya en anteriores oportunidades, que la persona llamada a juicio y vencida en el mismo, tiene la carga de asumir las costas que en la actuaci�n judicial se ocasionen, sin necesidad de examinar si hubo culpa o mala fe en quien promovi� el proceso, recurso o incidente o se opuso a �l y result� vencido.

De esta manera se modifica el numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia materia de apelaci�n y consulta. Por las anteriores consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 1� del art�culo 365 del C. G. P. y el acuerdo 1887 de 2003, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, dadas las resultas del proceso se impondr�n costas en esta instancia a cargo de la parte apelante y a favor de la convocada a juicio, fijando las agencias en derecho en el equivalente a dos salarios m�nimos legales vigentes; esto es, $1.562.484.oo, que ser�n liquidados en la forma regulada por el art. 366 del compendio adjetivo antes citado.

III. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, La Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, el 9 de junio de 2017, objeto de apelaci�n de la parte demandada y revisi�n en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de la presente decisi�n, el cual quedar� as�: �OCTAVO: CONDENAR a la demandada FONDO ADMINISTRADOR DE PENSIONES Y CESANT�AS PROTECCI�N S.A., a pagar las costas de primera instancia, correspondiendo las agencias en derecho en la suma de 2 salarios m�nimos legales mensuales vigentes a favor de la demandante.

T�sense� SEGUNDO. CONFIRMAR en lo restante la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, el 9 de junio de 2017, objeto de apelaci�n de la parte demandada y revisi�n en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a cargo de la parte demandada PROTECCI�N S.A. y a favor de la demandante, fijando las agencias en derecho en el equivalente a dos salarios m�nimos legales vigentes; esto es, $1.562.484.oo, que ser�n liquidados en la forma regulada por el art. 366 del compendio adjetivo antes citado Lo resuelto se notifica a las partes en ESTRADOS y, previa su anotaci�n en el registro respectivo, DEVU�LVASE el expediente al Juzgado de procedencia. Magistrados, CLARA IN�S L�PEZ D�VILA (M.P.) JUAN CARLOS MU�OZ CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ     P�gina PAGE10 de NUMPAGES10 REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL  TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N LABORAL (ORALIDAD) �����U � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � ���������������־������sbN&h�S~h�u5�6�CJOJQJ^JaJ h�-5�6�CJOJQJ^JaJ&h�S~h�-5�6�CJOJQJ^JaJ h�PD5�6�CJOJQJ^JaJh�PDCJaJh+D.CJaJh+D.hdo�CJaJh+D.h`>CJaJh+D.h,-ECJ\�aJh+D.h�-_CJ\�aJh+D.h{5�CJ\�aJ h+D.h{5�5�CJaJmH sH h+D.h{5�5�CJ\�aJ� � � � ������ ����� � �!�!t#u#�#�#��������������������������gd�. $�a$gd�S~d�&d P�� gd,-E�  # % & ' 1 3 6 9: F G c�����Ͻ����ucuQ�=�=�&h�S~h�-5�6�CJOJQJ^JaJ#h �h�-6�CJOJQJ^JaJ#h �h�u6�CJOJQJ^JaJ#h �h6}�6�CJOJQJ^JaJ#h �hG8�6�CJOJQJ^JaJ#h �hEX�6�CJOJQJ^JaJ#h �h �6�CJOJQJ^JaJ#h �h�gA6�CJOJQJ^JaJ h �6�CJOJQJ^JaJ h�gA6�CJOJQJ^JaJ#h�.h�-6�CJOJQJ^JaJ������0; #h�.h�}�6�CJOJQJ^JaJ h�u6�CJOJQJ^JaJ h�9e5�6�CJOJQJ^JaJ h��5�6�CJOJQJ^JaJ&h�S~h�-5�6�CJOJQJ^JaJ hye�6�CJOJQJ^JaJ&hye�hye�5�6�CJOJQJ^JaJ&h�S~ha�5�6�CJOJQJ^JaJ 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