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PERSONA EN CONDICI�N DE DISCAPACIDAD � ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA: Cobija a las personas que presenten limitaciones en grado severo y profundo a partir del 15% de la p�rdida de la capacidad laboral. TERMINACI�N UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO DE PERSONA EN CONDICI�N DE DISCAPACIDAD � Se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre la ocurrencia de una justa causa.
TERMINACI�N UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO DE PERSONA EN CONDICI�N DE DISCAPACIDAD � CARGA DE LA PRUEBA: Para que opere en su favor la estabilidad laboral reforzada, le compete al trabajador demostrar que la limitaci�n le produjo una disminuci�n de capacidad laboral en un porcentaje superior al 15%. Con fundamento en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Laboral, al ser el �rgano de cierre jurisdiccional, esta Corporaci�n considera que, no obstante se debe aplicar la presunci�n a favor del demandante de que su despido se dio en raz�n de su disminuci�n de la capacidad laboral, puesto que el empleador no logr� acreditar que el despido se haya dado por una justa causa, no hay lugar a la prosperidad de las pretensiones incoadas en la demanda, siendo que el actor no se hace acreedor de la prerrogativa de la estabilidad laboral reforzada establecida en el art 26 de la Ley 361 de 1997, en tanto no demostr� que su grado de discapacidad era superior al 15% por lo cual pudiera ser calificado entre las personas con limitaci�n severa o profunda y siendo que fue indemnizado por la terminaci�n unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo, tal despido no puede entenderse como ineficaz. / REP�BLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PASTO AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSI�N Y JUZGAMIENTO FECHA: 26 DE JULIO DE 2018 Buenos d�as, en San Juan de Pasto, siendo el d�a y la hora previamente se�alados para la celebraci�n de la presente actuaci�n, los se�ores Magistrados integrantes de la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, doctores CLARA IN�S L�PEZ D�VILA, JUAN CARLOS MU�OZ y CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ, se constituyen en AUDIENCIA P�BLICA dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LUIS EDUARDO ACOSTA MONCAYO en contra de la TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE S.A.S., radicado bajo el n�mero �nico nacional 5200131050032014-00004-01 (083), acto para el cual las partes se encuentran debidamente notificadas.
La Sala asume competencia del presente asunto en virtud del recurso de apelaci�n interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, en contra de la sentencia proferida el 9 de febrero de 2018, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto. PRESENTACI�N DE ASISTENTES y ALEGATOS DE CONCLUSI�N (ART. 82 C.P.L. y S.S. � mod. art. 13 de la ley 1149 de 2007 // art. 107 C.G.P. num. 3�. m�ximo 20 minutos).
Escuchadas las partes en alegatos de conclusi�n, se clausura esta etapa procesal. Se Notifica en ESTRADOS. Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue discutido y aprobado un�nimemente por los integrantes de la Sala de Decisi�n Laboral, seg�n consta en el acta No. ____ de la fecha, por lo que se dicta la siguiente SENTENCIA ANTECEDENTES Pretende el actor, por la v�a ordinaria laboral de primera instancia, que se declare que con la TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE S.A.S, existi� una relaci�n laboral regida por un contrato escrito de trabajo que inicio el 1�. de febrero de 2004 hasta el 11 de enero de 2013, cuando finaliz� sin justa causa; asimismo, que se declare la ineficacia de la terminaci�n del contrato por la condici�n de discapacidad producto de un accidente de trabajo y que como consecuencia de ello se ordene al empleador al reintegro sin soluci�n de continuidad en la prestaci�n del servicio, as� como la capacitaci�n a fin de que pueda desempe�ar las actividades laborales, de igual forma se condene a la demandada al pago de los emolumentos, prestaciones sociales y dem�s derechos enlistados en el libelo genitor, adem�s de la indemnizaci�n prevista en el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, los perjuicios inmateriales en la modalidad de da�o moral y las costas procesales.
Como fundamento f�ctico de los anteriores pedimentos, se�ala en s�ntesis, que suscribi� contrato de trabajo con la empresa TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE - TRANSPRENSA, desde el 1�. de febrero de 2004 a1 31 de diciembre de 2008 y hasta el 11 de enero de 2013; que se desempe�aba inicialmente como conductor de un furg�n y a partir del 1�. de enero de 2009, el v�nculo contractual mut� a un contrato de trabajo a t�rmino indefinido, con el cual desempe�� funciones de conducci�n para cubrir el destino Pasto � Ipiales y ocasionalmente, Pasto � Cali, en horario de 7:00 am a 10:30pm de lunes a s�bado y con contraprestaci�n percibi� un salario m�nimo legal mensual.
Agrega que el 13 de noviembre de 2010, sufri� un accidente de trabajo reportado a la ARL SURA a trav�s de su jefe inmediato y que en raz�n de ello, al no ser examinado por el m�dico laboral interpuso acci�n de tutela para que se calificar� la p�rdida de capacidad laboral, circunstancia que se resolvi� mediante dictamen de 20 de abril de 2012, con el que se determin� una PCL del 4.75%, frente al cual se formul� recurso de apelaci�n y la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez lo modific� al 12,65%.
Finalmente se�ala que el 12 de enero de 2013, se le notific� la carta de despido sin justa causa habi�ndose reconocido la indemnizaci�n por este concepto junto con las cesant�as, intereses a las cesant�as y prima de servicios. Tr�mite de primera instancia y contestaci�n de la demanda Notificada en debida forma la demandada, dentro de la oportunidad legal y a trav�s de a apoderado judicial, respondi� el libelo genitor (Fls 82-84.) declarando frente a la mayor�a de los hechos que no le constan, negando otros y aceptando �nicamente los referentes a las actividades desarrolladas, el salario devengado correspondiente a un salario m�nimo legal mensual vigente, el extremo final de la relaci�n contractual y la liquidaci�n otorgada con ocasi�n del despido sin justa causa.
Con base en ello se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda proponiendo en su defensa varios medios exceptivos de m�rito. Rituadas las etapas propias del proceso ordinario laboral y recaudado el material probatorio, en sentencia fechada 9 de febrero de 2018, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto absolvi� a la demandada EMPRESA TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE S.A.S. de la totalidad de las pretensiones de la demanda y se abstuvo de la condena en costas a cargo del demandante por encontrarse beneficiado con amparo de pobreza.
Para adoptar tal determinaci�n la A quo consider�, primigeniamente, la aceptaci�n de la demandada frente a la existencia del v�nculo laboral y respecto de la estabilidad laboral reforzada se�al� que pese a que la doctrina constitucional consagra una postura m�s garantista frente al trabajador, al ser la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia nuestro �rgano de cierre, se debe acoger est� doctrina invariable desde el a�o 2008, sentencia 32532, en lo que respecta a los porcentajes de la disminuci�n de la capacidad laboral, siendo acogidos los mismos en sentencia SL 411 de 2017, en cuanto habla de la PCL de nivel moderado, severo y profundo, para concluir que el porcentaje otorgado al actor de 12.65% se considera como leve y por lo tanto no le asiste derecho para predicar en su favor el fuero de estabilidad laboral pretendido.
Admonita en consecuencia que la empresa convocada a juicio no requer�a de autorizaci�n del ministerio de trabajo para despedir a su trabajador; sumado a que, seg�n lo expuso la A quo, no hay prueba documental adicional que demuestre que la situaci�n del actor se haya visto afectada de forma considerable posteriormente al accidente de trabajo.
Agreg� que el despido se dio sin justa causa siendo indemnizado el trabajador por esta causa, advirtiendo que la decisi�n de terminar el contrato de forma unilateral es una facultad que tienen las partes y que el mismo no constituye una sanci�n disciplinaria, en cuanto lo que se busca con ello es disciplinar y corregir al trabajador, lo que no se logra cuando se opta por despedir.
Apelaci�n parte demandante Inconforme con la decisi�n adoptada por la Jueza de primera instancia, el apoderado judicial de la parte actora interpuso y sustent� oportunamente el recurso de Apelaci�n, en tanto en su criterio, se debe determinar si el trabajador cuenta con fuero de estabilidad laboral reforzada y si el despido sin justa causa es ineficaz o no, asimismo, determinar el precedente aplicable al caso en tanto es la constitucional m�s garantista de los derechos del trabajador en su condici�n de vulnerabilidad frente al empleador.
Reitera que en la debida oportunidad, en cada uno de los escenarios en los cuales se recaud� la prueba testimonial, la parte demandante formul� tacha a los testigos de la demandada que no fue resuelta por el despacho al momento de analizar la prueba testimonial, en tanto hacen parte de su planta de personal y por tanto resulta evidente que sus declaraciones estar�an encaminadas a proteger los inter�s de la accionada; finalmente si bien no hay prueba directa que permita demostrar el acto de reproche por disminuci�n de la capacidad laboral, por lo cual se produjo el despido, el C.G.P. permite la prueba indiciaria.
TR�MITE DE SEGUNDA INSTANCIA Alegatos de conclusi�n (�) Surtido el tr�mite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisi�n atacada en v�a de apelaci�n por la parte actora del proceso, siguiendo los lineamientos de los art�culos 57 de la ley 2�. de 1984 y 66 A del C.P.L. y S.S., que regulan el principio de consonancia, previas las siguientes, CONSIDERACIONES En virtud de lo antes expuesto, le corresponde a esta Colegiatura plantear para su estudio los siguientes problemas jur�dicos: i) �Es procedente en el presente caso aplicar criterios de la Corte Constitucional para garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada alegada por el actor? O por el contrario, se encuentra ajusta a derecho la decisi�n de primera instancia que fallo con fundamento en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Laboral; ii)�Se encuentra debidamente probado en el sub lite, el estado de debilidad manifiesta, el nexo de causalidad y por tanto la configuraci�n de la estabilidad laboral reforzada en favor del actor, como lo increpa en la alzada; iii)� La A quo omiti� la tacha de testigos propuesta en debida oportunidad por la parte demandante? Antes de adentrarse en el estudio de los puntos de reproche, la Sala llama la atenci�n del apelante por activa record�ndole que si bien la formulaci�n del recurso de apelaci�n no tiene una regla para su formulaci�n, lo cierto es que al menos debe indicarse lo que con �l se pretende; esto es, modificar, adicionar o revocar la decisi�n atacada; no obstante, ello no es �bice para que la Sala aborde el estudio de los problemas jur�dicos proyectados.
As� y en torno a desatar los anteriores planteamientos, parte la Sala por aclarar que en el presente asunto no se encuentra en discusi�n la existencia de un contrato de trabajo a t�rmino indefinido vigente entre el 1� de febrero de 2004 al 11 de enero de 2013, el cual termin� sin justa causa y de manera unilateral por parte del empleador, as� como la liquidaci�n otorgada por tal concepto, por cuanto se trata de situaciones f�cticas y jur�dicas que fueron definidas por la jueza de primer grado y no re�idas por las partes.
En ese orden corresponde a esta Sala de Decisi�n, abordar los siguientes temas: PREVALENCIA DE LOS CRITERIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE A LOS ASUMIDOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA � SALA DE CASACI�N LABORAL - Frente a este tema y de forma suscita es preciso aclarar que tal y como se ha sostenido en reiterada jurisprudencia, incluso de la Corte Constitucional, los precedente que emanen de las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), adquiere un car�cter ordenador y unificador que busca la realizaci�n de los principios de primac�a de la Constituci�n, igualdad, confianza, certeza del derecho y debido proceso, lo que permite que a trav�s de la t�cnica judicial se mantenga la coherencia del ordenamiento.
Es as� como en sentencia C- 621 de 2015, se sostuvo: �Como bien lo ha sostenido la Corte, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura -sala disciplinaria- y la Corte Constitucional, como �rganos de cierre de sus jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligaci�n de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto autoridades que son;
(ii) de la potestad otorgada constitucionalmente a las altas corporaciones, como �rganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y el cometido de unificaci�n jurisprudencial en el �mbito correspondiente de actuaci�n; (iii) del principio de la buena fe, entendida como confianza leg�tima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) de la necesidad de seguridad jur�dica del ciudadano respecto de la protecci�n de sus derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resoluci�n de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como de la confianza leg�tima en la autoridad judicial�.
En atenci�n a ello y siendo nuestro �rgano de cierre juridisccional la Sala de Casaci�n Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ser�n sus postulados los que se apliquen en la pr�ctica jur�dica de esta Corporaci�n. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Fijado lo anterior, es preciso rememorar que la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, M�ximo �rgano de Cierre Jurisdiccional Laboral, frente al alcance de la protecci�n regulada por el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, recientemente en sentencia SL17945-2017 de 25 de octubre de 2017, con ponencia de la Mag.
Dra. CLARA CECILIA DUE�AS QUEVEDO, precis�: �Ahora bien, se tiene que la acusaci�n est� encaminada a que se determine jur�dicamente, que para acceder a la protecci�n especial que consagra el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, no se requiere que la persona en estado de discapacidad tenga un determinado grado de minusval�a, sino que se encuentre en una manifiesta debilidad al momento de la terminaci�n del contrato de trabajo que, en sentir del recurrente, lo constituye el accidente de trabajo, que fue catalogada como de origen profesional.
Para dar respuesta a tal argumento, basta decir que esta Corporaci�n ha sostenido que la estabilidad laboral reforzada objeto de reclamo, solo aplica a quienes tengan una limitaci�n f�sica, ps�quica o sensorial en los t�rminos previstos en dicha normativa. Al respecto, es pertinente destacar lo que se�al� la Corte en la sentencia CSJ SL, 39207, 28 de ago. 2012, reiterada en las SL14134-2015, y m�s recientemente SL10538-2016 y CSJ SL5163-2017, en la que fij� el alcance de la protecci�n de que trata el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, al precisar: (�) esta Sala reitera su posici�n contenida en la sentencia 32532 de 2008, consistente en que no cualquier discapacidad est� cobijada por el manto de la estabilidad reforzada previsto en el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997; dicha acci�n afirmativa se justifica y es proporcional en aquellos casos donde la gravedad de la discapacidad necesita protecci�n especial para efectos de que los trabajadores afectados con ella no sea excluidos del �mbito del trabajo, pues, hist�ricamente, las discapacidades leves que podr�a padecer un buen n�mero de la poblaci�n no son las que ha sido objeto de discriminaci�n. Por esta raz�n, considera la Sala que el legislador fij� los niveles de limitaci�n moderada, severa y profunda (art�culo 5� reglamentado por el art�culo 7� del D. 2463 de 2001), a partir del 15% de la p�rdida de la capacidad laboral, con el fin de justificar la acci�n afirmativa en cuesti�n, en principio, a quienes clasifiquen en dichos niveles; de no haberse fijado, por el legislador, este tope inicial, se llegar�a al extremo de reconocer la estabilidad reforzada de manera general y no como excepci�n, dado que bastar�a la p�rdida de la capacidad en un 1% para tener derecho al reintegro por haber sido despedido, sin la autorizaci�n del ministerio del ramo respectivo.
De esta manera, desaparecer�a la facultad del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente, lo que no es el objetivo de la norma en comento. En esa medida, no le asiste raz�n al recurrente en cuanto sostiene que es suficiente la sola presencia de una debilidad manifiesta, en este caso, la calificaci�n del accidente de trabajo del actor como de origen profesional, para merecer la especial protecci�n de que trata el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997.
(Subrayas intencionales de la Sala) Criterio que fue revaluado recientemente en sentencia SL-1360 de abril 11 de 2018, con ponencia de la Mag. Dra. CLARA CECILIA DUE�AS QUEVEDO, en el cual expres�: �En esta direcci�n, la disposici�n que protege al trabajador con discapacidad en la fase de la extinci�n del v�nculo laboral tiene la finalidad de salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos discriminatorios, l�ase a aquellos que tienen como prop�sito o efecto su exclusi�n del empleo fundado en su deficiencia f�sica, sensorial o mental.
Esto, en oposici�n, significa que las decisiones motivadas en un principio de raz�n objetiva son leg�timas en orden a dar por concluida la relaci�n de trabajo. Lo que atr�s se afirma deriva del art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, pues, claramente, en ese precepto no se proh�be el despido del trabajador en situaci�n de discapacidad, lo que se sanciona es que tal acto est� precedido de un criterio discriminatorio.
N�tese que all� se dispone que �ninguna persona limitada podr� ser despedida o su contrato terminado por raz�n de su limitaci�n�, lo que, contrario sensu, quiere decir que si el motivo no es su estado biol�gico, fisiol�gico o ps�quico, el resguardo no opera. Lo anterior significa que la invocaci�n de una justa causa legal excluye, de suyo, que la ruptura del v�nculo laboral est� basada en el prejuicio de la discapacidad del trabajador.
Aqu�, a criterio de la Sala no es obligatorio acudir al inspector del trabajo, pues, se repite, quien alega una justa causa de despido enerva la presunci�n discriminatoria; es decir, se soporta en una raz�n objetiva� �Con todo, la decisi�n tomada en tal sentido puede ser controvertida por el trabajador, a quien le bastar� demostrar su estado de discapacidad para beneficiarse de la presunci�n de discriminaci�n, lo que de contera implica que el empresario tendr� el deber de acreditar en el juicio la ocurrencia de la justa causa.
De no hacerlo, el despido se reputar� ineficaz (C-531-2000) y, en consecuencia, proceder� el reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, m�s la sanci�n de 180 d�as de salarios consagrada en el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997. Es en tal direcci�n que, a juicio de la Sala, debe ser comprendida la protecci�n especial del art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, pues resulta il�gico prohibir el despido del trabajador �por raz�n de su limitaci�n� y al tiempo vedarlo cuando este fundado en un motivo ajeno a su situaci�n. Si, la sanci�n tiene como prop�sito disuadir despidos motivados en el estereotipo de la condici�n de discapacidad del trabajador, no deber�a haberla cuando est� basada en una causa objetiva demostrada.
A la larga, la cuesti�n no es proteger por el prurito de hacerlo, sino identificar y comprender los or�genes o causas de los problemas de la poblaci�n con discapacidad y, sobre esa base, interpretar las normas de un modo tal que las soluciones a aplicar no los desborden o se transformen en otros problemas sociales� �As� las cosas, la Corte abandona su criterio sentado en la sentencia CSJ SL36115, 16 mar. 2010, reiterada en SL35794, 10 ago. 2010, en la que se adoctrin� que el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997 no consagra una presunci�n legal o de derecho, que permita deducir a partir del hecho conocido de la discapacidad del trabajador que su despido obedeci� a un m�vil sospechoso.
En su lugar, se postula que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de la causa alegada�. De la lectura de lo anterior y descendiendo al caso en estudio, encuentra esta Colegiatura, que en esta oportunidad, el apoderado judicial de la parte actora esgrime que su prohijado fue despedido en raz�n de su condici�n de disminuci�n de la capacidad laboral, ello acogiendo criterios jurisprudenciales de la H. Corte Constitucional; no obstante, como ya se anot�, es el criterio de la Sala de Casaci�n Laboral, M�ximo �rgano de Cierre de la Jurisdicci�n Ordinaria Especialidad Laboral, el que direccionar� el actuar de esta Sala de Decisi�n, para lo cual se deber� tener en cuenta que el empleador al momento de notificar el despido no acudi� a ninguna de las justas causas contempladas en la ley, por el contrario solamente le dio a conocer al actor que la empresa hab�a decidido terminar su contrato (Fl. 48) y posterior a ello en la liquidaci�n del mismo reconoci� un valor de $2.856.654,oo por concepto de INDEMNIZACI�N, lo que lleva a concluir a esta Sala que el despido se hizo sin justa causa.
Lo anterior pese a que dentro del juicio el apoderado de la parte demandada fue insistente en afirmar que el despido se dio en raz�n de los innumerables llamados de atenci�n al actor por su comportamiento, lo cual considera la Sala no guarda consonancia con la carta de despido, en la cual simplemente se le da a conocer al trabajador de la decisi�n unilateral y sin justificaci�n alguna del empleador, de dar por terminado su contrato.
Ahora bien, en el presente caso no es motivo de discusi�n la ocurrencia de un accidente de trabajo acaecido el 13 de noviembre de 2010, cuando el accionante se encontraba al servicio de la convocada a juicio TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE S.A.S., pues a folio 12 se aporta el informe de accidente de trabajo y si bien ello no fue aceptado en la contestaci�n de la demanda, lo cierto es que en los documentos aportados por la empresa demandada se observa a folio 104, oficio suscrito por la Terapeuta Ocupacional y la M�dica Laboral de la ARP SURA, a trav�s del cual se le hace a la Asistente de Gesti�n Humana de la empresa demandada una serie de recomendaciones de tipo laboral de acuerdo a la evoluci�n cl�nica del actor.
En ese orden de ideas y en atenci�n a los criterios jurisprudenciales antes expuestos, es evidente que en el presente caso se debe aplicar la presunci�n a favor del actor de que su despido se dio en raz�n de su disminuci�n de la capacidad laboral, puesto que como qued� dicho, la accionada TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE S.A.S. no logr� acreditar en juicio que el despido se haya dado amparado en una justa causa, de las reguladas en el numeral d) del art. 62 del C.S.T., modificado por el art�culo 6�. del Decreto 2351 de 1965 y 5�. de la Ley 50 de 1990.
No obstante todo lo anterior, ciertamente y en virtud del principio de la carga de la prueba regulado en el art. 167 del C.G.P., seg�n el cual quien aspire prosperidad en sus pretensiones o en las excepciones formuladas est� en la imperiosa obligaci�n de acreditar los supuestos de hechos en los que ellos se fundamentan, so pena de obtener una decisi�n adversa a sus intereses, al trabajador le corresponde demostrar su estado de discapacidad en la forma como lo se�ala la jurisprudencia en cita, para ser beneficiado por la prerrogativa de la estabilidad laboral reforzada que hoy persigue.
Decantado lo anterior, se tiene que en el plenario obra prueba de la PCL (Fls. 68 y 69) dictaminada por la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez de Nari�o, quien al desatar el recurso de apelaci�n interpuesto por el demandante la determin� en un porcentaje del 12,65, quedando este nivel de limitaci�n excluido del amparo especial de estabilidad laboral reforzada, tal como lo expone desde vieja data la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues ella procede exclusivamente para las personas que presenten limitaciones en grado severo y profundo; es decir, una PCL superior al 15% y no para las que padezcan cualquier tipo de limitaci�n, de tal suerte que, trat�ndose de una garant�a excepcional a la estabilidad, no puede el juez extenderla de manera indebida para eventos no contemplados en la mencionada norma, cuyo criterio jurisprudencia contin�a vigente.
Tal conclusi�n conduce indefectiblemente a respaldar la decisi�n que en tal sentido adopt� la falladora de primera instancia, en tanto y cuanto para esta Sala de Decisi�n el actor si bien se encontraba en una situaci�n de discapacidad del 12.65%, no se hace acreedor de la protecci�n especial estatuida en el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997 y soportada en el art�culo 13 Constitucional.
En la forma como se resuelve resulta inane el estudio de los restantes problemas jur�dicos, incluso el tema de la tacha de los testigos, por cuanto el fundamento de la presente decisi�n, que es eminentemente jurisprudencial, no requiere de an�lisis de prueba testimonial. En todo caso la Sala acota que en aplicaci�n a las directrices contempladas en el art�culo 58 del C. P. del T. y de la S. S., en concordancia con el art�culo 211 del C.G.P., la tacha de testigos debe resolver en la sentencia, momento procesal en cual el Juez, una vez analizados en conjunto con las dem�s pruebas allegadas, bajo las reglas de la sana cr�tica y el principio de la libre formaci�n del convencimiento, conforme lo se�ala el contenido en el art�culo 61 del C. P. del T. y la S. S., debe estimar si dichas declaraciones gozan de pleno valor probatorio, situaci�n que en el sub lite se aprecia puesto que se observa que los testigos no denotan inter�s directo en las resultas del presente asunto, sumado a que coinciden en que el actor, posterior al accidente de trabajo, no tuvo problema para realizar sus funciones y de quienes frente a la circunstancia del accidente del trabajo y las posibles afecciones de salud nada puede extraerse, aclarando que la A quo sent� su decisi�n en la valoraci�n de la prueba documental, mencionando el relato de los testigos �nicamente para expresar que no se evidenci� que el desarrollo de las labores prestados por el actor hayan sido afectadas por el accidente de trabajo sufridas.
De conformidad con lo previsto en el numeral 1� del art�culo 365 del C. G. P. y el Acuerdo PSAA16-10554 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, dadas las resultas de la alzada y teniendo en cuenta que el actor es beneficiario de amparo de pobreza no se impondr�n costas en esta instancia. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, LA SALA DE Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR �ntegramente la sentencia proferida en audiencia p�blica llevada a cabo el 9 de febrero de 2018, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto (N), objeto de apelaci�n por la parte activa de la Litis, por las razones expuestas en la parte motiva de �ste prove�do.
SEGUNDO. SIN COSTAS en esta instancia. Lo resuelto se notifica a las partes en ESTRADOS y, previa su anotaci�n en el registro respectivo, DEVU�LVASE el expediente al Juzgado de procedencia. Magistrados, CLARA IN�S L�PEZ D�VILA (M.P.) JUAN CARLOS MU�OZ CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ PAGE \* MERGEFORMAT2 %&'5wxy W ` q � ����ɷ���q`N �5�CJOJQJ^JaJ#h�&�hICZ5�CJOJQJ^JaJ h�&�hPE�CJOJQJ^JaJ#h�&�hPE�5�CJOJQJ^JaJT U f t u v � � K R ` � � � � � � � �����������xgxgVxEx h�&�h�jFCJOJQJ^JaJ h�&�hftCJOJQJ^JaJ h�&�h-�CJOJQJ^JaJ h�&�h'F�CJOJQJ^JaJ h�&�hzCJOJQJ^JaJ h�&�h�#�CJOJQJ^JaJ h�&�hH�CJOJQJ^JaJ h�&�h#- CJOJQJ^JaJ h�&�h�_=CJOJQJ^JaJ h�&�hDCVCJOJQJ^JaJ h�&�h�1CJOJQJ^JaJ7LMN���: @FIcd^r�������� 79MVW1PSd���˼��������������y��k�_�_h�&�hSM�6�CJaJh�&�hDt�5�6�CJaJh�&�h5�6�CJaJh�&�hSM�5�6�CJaJh�&�h6�CJaJh�&�hbd6�CJaJ h�&�hX�5�6�>*CJaJ h�&�hW�5�6�>*CJaJ h�&�hbd5�6�>*CJaJ.jh�&�h�sv5�6�CJUaJmHnHuh�&�hbd5�6�CJaJ%du����������/[jv�����������������Ͼϰ���{oc{co�oWo{ocKc�oh�&�hie6�CJaJh�&�h�ql6�CJaJh�&�h�B�6�CJaJh�&�hcoj6�CJaJh�&�h, 6�CJaJh�&�h�VX6�CJaJh�&�hbd5�6�CJaJ h�&�h6#|5�6�>*CJaJh�&�h6#|5�6�CJaJ!h�&�h6#|6�>*CJPJ]�aJh�&�h6#|6�CJaJh�&�hDt�6�CJaJh�&�hSM�6�CJaJh�&�hbd6�CJaJ ������ef � � ! y �!�!B#C#�������������������$dh5$7$8$9DH$a$gd7_2 $dha$gd(> $ & F�dh^�a$gd7_2 $dha$gd7_2 $dha$gd7_2$ �o (dha$gd7_2���� $Bf~�������7IQVl����-cde|������� *-.1FMOPu���������������ë۫�ß����������÷������÷��������h�&�h�316�CJaJh�&�h:2�6�CJaJh�&�h~(6�CJaJh�&�h�y�6�CJaJh�&�hie6�CJaJh�&�h�VX6�CJaJh�&�h�ql6�CJaJh�&�h, 6�CJaJh�&�hcoj6�CJaJh�&�h�B�6�CJaJ4u}��������0AI����� * +, J K Q U b � � � � � � � � � � ���������������÷۫۫ß��ۓ�÷���{�{�{o{�{�h�&�hm�6�CJaJh�&�h(> 6�CJaJh�&�h'i 6�CJaJh�&�h�P}6�CJaJh�&�h�F36�CJaJh�&�h�7J6�CJaJh�&�h?>�6�CJaJh�&�h�d�6�CJaJh�&�h�VX6�CJaJh�&�h~(6�CJaJh�&�h�316�CJaJh�&�h��6�CJaJ+ ( + � � � � � � � � . / 0 S b | � � � � ! 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