17001-31-03-003-2018-00004-02 · Tribunal de Manizales

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NO CONSTITUYE UNA TRANSCRIPCI�N DE LAS GRABACIONES OFICIALES. SE PUBLICA PARA FACILITAR LA CONSULTA O EXAMEN DE LA DECISI�N ORAL. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA MANIZALES Magistrada Sustanciadora: SOFY SORAYA MOSQUERA MOTOA Manizales, diciembre seis (06) de dos mil dieciocho (2018). I. OBJETO DE LA DECISI�N Se resuelve el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia anticipada proferida el 26 de junio de 2018 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, Caldas, dentro del proceso verbal instaurado por GERARDO DE JES�S GIRALDO GIRALDO y PAULA TATIANA DEL SOCORRO URREA CAMPO en contra del Banco BBVA COLOMBIA S.A. II.

ANTECEDENTES 2.1. A trav�s de apoderado, los demandantes solicitaron que se declare que durante el periodo comprendido entre el 29 de abril de 1996 y el 06 de diciembre de 2005, el banco BBVA COLOMBIA S.A. cobr� intereses corrientes excesivos respecto de aquellos que les habr�a cobrado su hubiera aplicado la formula aceptada por ambas partes, causando al 06 de diciembre de 2005 da�os patrimoniales por valor de $52�853.480.

En consecuencia, imploraron que se ordenara al Banco la liquidaci�n del cr�dito instrumentado en el pagar� N� 2702222-4, codificado con el N� 3013-61246, acorde con la formula aceptada, esto es, DTF EA + 8.50% EA y dem�s par�metros fijados en la demanda. El sustento de las pretensiones se resume en que el 29 de abril de 1996 los se�ores GERARDO DE JES�S GIRALDO GIRALDO y PAULA TATIANA DEL SOCORRO URREA CAMPO otorgaron a favor del Banco Central Hipotecario el pagar� N� 2702222-4 para instrumentar el cr�dito de vivienda en pesos otorgado por valor de $38�500.000, pagadero en un plazo de 15 a�os, esto es, hasta el 29 de abril de 2011, a una tasa de inter�s corriente equivalente a DTF nominal anual trimestre anticipado + 8.50%, es decir DTF+8.5.

Mediante comunicaci�n 20170330-102319-8591 del 26 de abril de 2017, el Banco demandado admiti� que la tasa de inter�s del cr�dito era DTF EA + 8.5% EA, lo cual es aceptado por los demandantes, por lo que esa debe ser la formula aplicable para la liquidaci�n que debe hacerse teniendo en cuenta el plazo estipulado (29 de abril de 1996 a 29 de abril de 2011), tal como se desprende del literal b de la cl�usula primera del pagar�.

El cr�dito N� 2702222-4 fue cedido al Banco Granahorrar, hoy BBVA, asign�ndole el N� 3013-61246. Con fundamento en la Ley 546 de 1999 la obligaci�n fue reliquidada y modificada unilateralmente a UVR, dej�ndose de aplicar el inter�s acordado. El �ltimo pago se realiz� el 06 de diciembre de 2005, con un saldo de cero pesos, d�ndose por cancelado el cr�dito.

El Banco omiti� verificar si al liquidar los intereses corrientes a tasas distintas cobr� a los mutuarios intereses superiores a los que habr�a cobrado de haberse aplicado la f�rmula establecida, violando el principio de diligencia previsto en el literal a) del art�culo 3 de la Ley 1328 de 2009 (Ley de protecci�n al consumidor financiero); adem�s de desconocer las estipulaciones contractuales. 2.2.

La Entidad demandada se opuso a las pretensiones aduciendo que la reliquidaci�n del cr�dito se hizo en obedecimiento a la Ley; aclar� que el mismo fue cancelado el 06 de diciembre de 2005, renunciando los demandantes en forma voluntaria al resto de plazo con que contaban para el pago. Como excepciones formul� la Prescripci�n extintiva de la acci�n y Cumplimiento por parte del banco a los par�metros fijado por la Ley 546 de 1999 y presunci�n de legalidad; adem�s solicit� fallo antelado con fundamento en el art�culo 278 del C�digo General del Proceso. 2.3.

En sentencia anticipada el Juez de primera instancia declar� probada la excepci�n de prescripci�n extintiva de la acci�n y en consecuencia neg� las pretensiones, condenando a los demandantes al pago de costas. Expuso que en el proceso se reclama una responsabilidad contractual por el cobro excesivo de las cuotas del cr�dito, relaci�n que se extingui� el 06 de diciembre de 2005, en virtud al pago total anticipado efectuado por los actores, por lo que el t�rmino de prescripci�n se�alado en el art�culo 1 de la ley 791 de 2002 venci� el 06 de diciembre de 2015; es decir, que a la fecha de presentaci�n de la demanda el 22 de enero de 2018, la acci�n se encontraba prescrita.

Indic� que de conformidad con el numeral 2 del art�culo 91 del C�digo de Procedimiento Civil, vigente para la �poca, hoy numeral 3 del art�culo 95 del C�digo General del Proceso, la interrupci�n no oper� con la presentaci�n de la demanda de responsabilidad contractual, toda vez que la sentencia de segunda instancia revoc� la de primera que hab�a acogido las pretensiones y en su lugar las deneg�.

Rese�� que no era posible acoger el periodo veintenario que con fundamento en el art�culo 41 de la Ley 153 de 1887 invoc� la parte demandante, porque no se trataba de una prescripci�n adquisitiva, figura que s� permite esa opci�n; de manera que deben aplicarse las normas de orden p�blico que regulan la prescripci�n extintiva. 2.4. La parte vencida impugn� argumentando en audiencia que el art�culo 41 de la Ley 153 de 1887 no ha sido modificado ni derogado, permitiendo al interesado ampararse en la antigua norma o en la nueva, acogi�ndose en este caso a la prescripci�n de 20 a�os.

Luego, por escrito adicion� que la sentencia adolec�a de varios errores; el primero, al asegurar que se trata de una responsabilidad contractual a pesar que en la demanda se calific� como una acci�n de obligaci�n de hacer; ello conllev� a que el Juez aplicara los par�metros del art�culo 1 de la Ley 791 de 2002 y desconociera las pretensiones y el fundamento de la solicitud, esto es, la sentencia del 11 de febrero de 2013 de la Corte Suprema de Justicia, donde se estableci� como derecho de los mutuarios de cr�ditos en pesos anteriores al 31 de diciembre de 1999, que las instituciones crediticias entregaran la liquidaci�n aplicando las estipulaciones iniciales a fin de contrastar si hubo o no cobro excesivo al redenominar los pr�stamos en UVR.

Ello significa que en el mejor de los casos, el moj�n de inicio de la exigibilidad de la obligaci�n de hacer, consistente en la liquidaci�n en pesos, s�lo se podr�a computar a partir del 11 de febrero de 2013; sin embargo, la excepci�n se plante� a partir de la fecha de exigibilidad de la acci�n de responsabilidad contractual, que ser�a el 06 de diciembre de 2005, lo que se traduce en una deslealtad procesal al inducir al error al A quo, pues fue el mismo Banco que en su comunicaci�n del 26 de abril de 2017 cit� esa jurisprudencia. La conducta de la Entidad se explica porque una vez notificado el Banco procedi� a realizar la reliquidaci�n, concluyendo que hab�a cobro excesivo.

Adjunto a la contestaci�n de la demanda el Banco present� una liquidaci�n del cr�dito; con lo que renunci� a la prescripci�n al reconocer en el proceso la posibilidad de examinar un cobro excesivo. Debi� el Juez confrontar las pruebas y de hallar demostrada la veracidad del dictamen del Banco, decretar la prescripci�n, pero de no, la excepci�n se precipitaba al fracaso, porque la demostraci�n del cobro abusivo implicaba un reconocimiento impl�cito o expl�cito de la obligaci�n dineraria a cargo del demandado.

En otras palabras, al entregar al proceso el dictamen pericial contentivo de la liquidaci�n en pesos, la Instituci�n Financiera renunci� impl�citamente a la prescripci�n de la acci�n de orden de hacer, fijando un nuevo moj�n para su c�mputo, esto es, el 13 de marzo de 2018, fecha de presentaci�n del memorial de contestaci�n y excepciones.

Es forzoso concluir que el Banco renunci� a la prescripci�n en dos fechas: el 26 de abril de 2017, con la comunicaci�n donde reconoci� i) que la tasa del cr�dito era DTF+8.5 EA, ii) que para el pagar� en menci�n aplicaba la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, iii) que era necesario demostrar en un proceso que la redenominaci�n caus� perjuicios y iv) que el Juez deb�a ordenar la liquidaci�n en pesos.

La segunda fecha fue el 13 de marzo de 2018, donde a su manera dio cumplimiento a lo pactado con la liquidaci�n allegada al litigio, incluso aplicando una interpretaci�n de la formula contenida en el t�tulo valor distinta de la postulada en la comunicaci�n de abril 26 de 2017. Empero el debate probatorio se vio frustrado por la sentencia anticipada.

Anex� un cd con una liquidaci�n del cr�dito, de donde concluye que el dictamen del Banco adolece de errores y no debe ser tenido en cuenta, que la suma hist�rica cobrada en exceso es de $49�128.771 al corte 06 de diciembre de 2005, que al presentar su dictamen el Banco se someti� a los resultados del proceso y fijo una nueva fecha de arranque de la prescripci�n y sus excepciones son infundadas.

En la sentencia tambi�n se incurri� en otros errores relacionados con la interpretaci�n de los alcances de la ineficacia de la interrupci�n de la prescripci�n; el A quo se equivoc� al interpretar los art�culos 91 del C�digo de Procedimiento Civil y 95 del C�digo General del Proceso, pues no se explicaron los fundamentos de hecho para declarar la prescripci�n, ya que las normas citan varias hip�tesis sin precisar cual se presentaba.

Suponiendo que sea la de absoluci�n del demandado, es de se�alar que si bien el Juez aludi� a la sentencia del 28 de octubre de 2010 emitida por el Tribunal, no expuso el porqu� de esa decisi�n. En dicho fallo el Tribunal no se refiri� al derecho sustancial sino al procedimiento para obtener las restituciones de las sumas pagadas y no debidas, concluyendo la improcedencia de la acci�n de responsabilidad contractual, de forma tal que abri� las puertas para acciones resarcitorias.

La absoluci�n solo tuvo alcance en la acci�n de responsabilidad contractual y no en el marco de una acci�n distinta, de donde se sigue que no ha operado la ineficacia de la interrupci�n; empero el Juez, con un argumento artificioso equipar� la acci�n para obtener orden de hacer con la de responsabilidad contractual. En suma, al tener en cuenta los alcances de esa sentencia, la interrupci�n de la prescripci�n s� oper� por tres a�os, cuatro meses y 16 d�as.

Otro error est� relacionado con la negativa de la prescripci�n de los veinte a�os, aduciendo que no era posible porque no se trataba de una prescripci�n adquisitiva, tergiversando as� los alegatos de la parte demandante. En la sentencia no se hizo ning�n an�lisis del art�culo 41 de la ley 153 de 1887, ni del art�culo 2536 del C�digo Civil que establec�a un t�rmino de 20 a�os y estaba vigente para la fecha de suscripci�n del pagar� (29 de abril de 1996).

De esta forma, la prescripci�n vencer�a el 06 de diciembre de 2025. No se tuvo en cuenta que lo que impera es la voluntad del prescribiente, violando el principio de seguridad jur�dica y protecci�n al ciudadano contenido en el art�culo 58 de la Constituci�n; por manera que la Ley 791 de 2002 no pod�a tener alcance, ni conculcar el derecho adquirido por los demandantes.

III. CONSIDERACIONES Satisfechos los presupuestos procesales en esta acci�n y realizado el control de legalidad que ordenan los art�culos 42 numeral 12 y 132 del C�digo General del Proceso, sin que se avizore causal de nulidad o irregularidad que invalide lo actuado u obligue a retrotraer el tr�mite a etapa anterior, se encamina la Sala a resolver la alzada bajo los l�mites trazados por el extremo impugnante en la sustentaci�n de su recurso, de acuerdo a lo reglado por los art�culos 320 y 328 del Estatuto General Proceso; dejando registro que ning�n indicio hay por deducir de la conducta procesal de las partes en los t�rminos del art�culo 280 ib�dem.

Problema jur�dico: Acorde con los argumentos planteados en la alzada, corresponde en el sub examine establecer si se configur� la prescripci�n extintiva de la acci�n adelantada por los demandantes, o si por el contrario, le asiste raz�n a los recurrentes en que el t�rmino fijado en la ley a�n no se ha completado. Para su resolver se CONSIDERA: 1.

La prescripci�n, a voces del art�culo 2512 del C�digo Civil, es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberlas pose�do o de extinguir las acciones y derechos de otro por no haberlas ejercido, en ambos casos, durante el tiempo se�alado en la norma y siempre que concurran los dem�s requisitos legales. La prescripci�n extintiva, que es la que interesa al caso, exige solamente el transcurso de cierto tiempo en que el titular de la acci�n haya permanecido inactivo, contado este desde que la obligaci�n se hace exigible (art. 2523 C.C.).

El periodo de tiempo var�a dependiendo del tipo de acci�n; as� por ejemplo, al tenor del precepto 2536 del citado c�digo, modificado por el art�culo 8 de la Ley 791 de 2002, para la acci�n la ejecutiva la prescripci�n es de cinco (5) a�os mientras que para la ordinaria es de diez (10); a menos que la ley determine otro t�rmino, como sucede entre otras, con las acciones que prescriben en corto tiempo, a las que se refieren los art�culos 2542, 2543 y 2545 C�digo Civil.

Antes de la Ley 791 de 2002, cuya vigencia empez� a partir del 27 de diciembre del mismo a�o, la prescripci�n ordinaria hab�a sido ya reducida por el legislador de treinta a veinte a�os (art. 1 de la Ley 50 de 1936), por lo que para unificar los t�rminos de esa modalidad de prescripci�n en el C�digo Civil, dispuso en su art�culo 1: �Red�zcase a diez (10) a�os el t�rmino de todos las prescripciones veintenarias, establecidas en el C�digo Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petici�n de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas�.

No obstante, en las prescripciones iniciadas bajo el imperio de la norma anterior y no completadas al tiempo de promulgarse la Ley 791 de 2002, pod�a optarse por una o por otra, a elecci�n del prescribiente, tal como lo dispone el canon 41 de la Ley 153 de 1887, con la advertencia de que si se elige la �ltima normativa, la prescripci�n solo empezaba a contar desde la fecha en que la nueva ley comenz� a regir.

De otro lado, la prescripci�n que extingue las acciones ajenas, a pesar de tener efectos fulminantes, puede interrumpirse o renunciase. Se interrumpe de forma natural o civil, seg�n el art�culo 2539 del Estatuto Sustantivo. La interrupci�n natural ocurre por el reconocimiento expreso o t�cito que el deudor hace de la obligaci�n, por ejemplo al solicitar plazo o efectuar abonos o pago de r�ditos de capital.

La interrupci�n civil por su parte, se verifica con la presentaci�n de demanda judicial y siempre que el auto admisorio o la orden de pago se notifique al demandado dentro del a�o siguiente a la notificaci�n de esas providencias al demandante; en caso contrario, la fractura del t�rmino s�lo operar� cuando se produzca la notificaci�n (art. 94 C.G.P. antes art. 90 C.P.C.).

Con todo, ni la presentaci�n de la demanda, ni la notificaci�n oportuna al demandado garantizan que los efectos de la interrupci�n se mantengan, pues ellos pueden perder eficacia y dar paso a la prescripci�n si ocurre uno cualquiera de los eventos previstos en el art�culo 95 del C�digo General del Proceso, cuyo hom�logo en el C�digo de Procedimiento Civil era el art�culo 91.

Como antes se indic�, la prescripci�n ya consolidada puede ser objeto de renuncia expresa o t�cita por parte de quien puede alegarla a su favor (art. 2514 C.C.); estando vedado su reconocimiento oficioso, pues la misma debe ser alegada; el juez tampoco podr� declararla si se propone de manera extempor�nea, porque la falta de planteamiento oportuno debe entenderse como su renuncia (incisos primero y segundo art. 282 C.G.P.). 2.

El d�a 22 de enero de 2018, los esposos GIRALDO URREA instauraron demanda contra el Banco BBVA COLOMBIA S.A. solicitando se declare que durante el periodo comprendido entre el 29 de abril de 1996 y el 06 de diciembre de 2005 la Entidad cobr� intereses corrientes en exceso, causando unos da�os patrimoniales, y en consecuencia, se ordene la liquidaci�n del cr�dito instrumentado en el pagar� N� 2702222-4, codificado con el N� 3013-61246, acorde con la formula aceptada por ambas partes, esto es, DTF EA + 8.50% EA y dem�s par�metros fijados en el escrito percutor.

La Entidad Financiera se defendi� arguyendo que el cr�dito se pag� por anticipado el d�a 06 de diciembre de 2005 y durante los diez a�os siguientes los demandantes no adelantaron acciones en su contra, consolid�ndose la prescripci�n de la presente, de conformidad con el art�culo 2532 del C�digo Civil, modificado por la Ley 791 de 2002. La excepci�n se declar� probada por el Juez A quo; conclusi�n que respalda esta Sala por las razones que a continuaci�n se exponen: - A trav�s de la acci�n declarativa los demandantes aspiran, como se lee en el literal i. del ac�pite de pretensiones, que se reconozca un cobro excesivo de intereses y como secuela, se ordene a la demandada que realice la liquidaci�n del cr�dito que estuvo a cargo de los actores, bajo los precisos par�metros referidos en la demanda. - El cr�dito a que se hace referencia fue pagado en su totalidad por los deudores el 06 de diciembre de 2005, tal como ambas partes lo reconocieron; de manera que a partir de esa data empez� a correr el plazo con que los interesados contaban para elevar cualquier reclamo frente de la Entidad acreedora, con ocasi�n al supuesto pago excesivo de intereses o la errada liquidaci�n efectuada por el Banco. - Como para esos eventos no existe un t�rmino de prescripci�n especial se�alado en la legislaci�n, corresponde remitirse a las normas generales de la prescripci�n extintiva que prev�n un plazo de diez a�os; espacio de tiempo aplicable al caso si se recuerda que la norma que redujo los lapsos de prescripci�n, esto es, la Ley 791 de 2002, entr� a regir el 27 de diciembre de ese mismo a�o; estando vigente para diciembre de 2005, �poca en que las presuntas obligaciones que aqu� se reclaman se hicieron exigibles. - Significa ello que los demandantes, tal como lo sostuvo el A quo, ten�an hasta el 06 de diciembre de 2015 para instaurar la presenten acci�n; por lo que al 22 de enero de 2018, data de radicaci�n de la demanda, la acci�n se encontraba prescrita, como quiera que el t�rmino no fue interrumpido por alguna de las formas previstas en el C�digo Civil, por lo menos no se prob�.

En consecuencia, no les asiste raz�n a los apelantes en su cuestionamiento, en tanto que la decisi�n adoptada por el Juez A quo estuvo por completo ajustada a la normativa pertinente al caso. 3. En su recurso el apoderado de los demandantes realiz� varios planteamientos tendientes a refutar los argumentos del Juez; a ellos se referir� la Sala para despejar cualquier duda sobre la legalidad y acierto de la decisi�n que ser� confirmada. 3.1.

Expres� que uno de los errores de la sentencia fue haber asimilado la acci�n de orden de hacer con una responsabilidad contractual, desconoci�ndose el fundamento de la demanda, cual es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 13 de febrero de 2013 en proceso con radicado N�11001-22-03-000-2012-01971-01, donde se estableci� que los mutuarios de cr�ditos en pesos anteriores al 31 de diciembre de 1999, ten�an derecho a que las instituciones crediticias entregaran una liquidaci�n aplicando las estipulaciones iniciales, a fin de contrastar si hubo o no cobro excesivo al redenominar los pr�stamos en UVR.

Al respecto, opina el Colegiado que la pretensi�n que los demandantes denominan �orden de hacer� est� �ntimamente relacionada con el contrato de mutuo que entre ellos y el Banco demandado existi� y en virtud del cual el acreedor efectu� las reliquidaciones ordenadas en la Ley 546 de 1999 y cobr� intereses; de ah� su legitimaci�n para pedir que se ordene a la Entidad realizar una nueva liquidaci�n bajo espec�ficos par�metros, sin que pueda deslindarse la presunta obligaci�n aqu� reclamada del mencionado contrato.

Recu�rdese que seg�n el art�culo 1494 del C�digo Civil, las obligaciones nacen i) del concurso real de las voluntades de dos personas (contratos o convenciones), ii) de un hecho voluntario de una persona que se obliga (aceptaci�n de herencia o legado y cuasicontratos), iii) a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o da�o a otro (delitos) o iv) por disposici�n de la ley (obligaciones entre padres e hijos).

Entonces, la obligaci�n de hacer que pretenden los actores se imponga a la Entidad Financiera no tiene otro origen que el extinto contrato de mutuo que se considera incumplido por el cobro excesivo de intereses y la omisi�n de llevar a cabo una liquidaci�n en los t�rminos demandados; pues no refulge una fuente distinta de la prestaci�n; de lo que se sigue que la conclusi�n a la que arrib� el Juez no fue equivocada, porque as� en la demanda se denomine �petici�n de orden de hacer� en �ltimas se trata de una acci�n contractual. 3.2.

Sostiene el recurrente que el sustento de la acci�n lo constituye la sentencia del 11 de febrero de 2013 emitida por la Corte Suprema de Justicia, y que por tanto, a partir de ah� debe contarse la prescripci�n; tesis que no acoge la Sala por las razones antes esgrimidas y porque la jurisprudencia invocada, cuyos efectos fueron inter partes, no constituye una fuente de obligaciones sino apenas un derrotero al que apelaron los interesados como respaldo de su pretensi�n; de tal forma que el fallo no ejerce influencia alguna en el t�rmino de prescripci�n de la acci�n ahora formulada. 3.3.

Tampoco se observa que la Entidad hubiere actuado con deslealtad procesal al haber planteado excepciones m�rito cuando aludi� a la jurisprudencia en el oficio del 26 de abril de 2017 dirigido a los actores; porque la ley procesal faculta a la parte demandada para defenderse a trav�s de los medios exceptivos que considere, y es al Juez a quien le corresponde su an�lisis y definici�n, contando con suficiente autonom�a para adoptar la decisi�n que legalmente corresponda, como ocurri� en el sub judice.

Que el Banco presentara con la contestaci�n de la demanda una liquidaci�n del cr�dito bajo su propia interpretaci�n de lo acordado en el pagar�, no significa la renuncia a su oposici�n ni a las excepciones formuladas y mucho menos, que le est� concediendo la raz�n a los demandantes en su reclamo; su conducta es reflejo del libre ejercicio de su derecho de contradicci�n y defensa, por lo que nada hay que reprocharle y tampoco, como lo pretende el recurrente, tener la fecha presentaci�n de su memorial, 13 de marzo de 2018, como un evento de interrupci�n natural de la prescripci�n extintiva, porque como se advirti� antes, la misma se consolid� el 06 de diciembre de 2015 y no puede un hecho sobreviniente tener los efectos pretendidos, menos cuando lo que el Banco hizo fue defenderse, que no allanarse, alegando la prescripci�n a su favor, por lo que de ninguna manera puede considerarse declinada. 3.4.

Al constatar el Juez del conocimiento la configuraci�n de la prescripci�n extintiva, su deber es declararla en sentencia anticipada o al finalizar las etapas procesales, absteni�ndose de examinar el fondo del asunto dada la secuela que trae consigo, que no es otra que la imposibilidad de acceder a las pretensiones con efectos de cosa juzgada; as� se deriva de los art�culos 278 y 282 del C�digo General Procesal.

As� las cosas, no es correcto afirmar que el A quo debi� adentrarse en el debate probatorio y en caso de hallar acreditada la veracidad del dictamen del Banco, ah� si decretar la prescripci�n; hip�tesis por completo contrario a la l�gica jur�dica y a los principios de econom�a procesal y eficacia en la administraci�n de justicia. 3.5. Sostuvo la parte impugnante que la Entidad Crediticia renunci� a la prescripci�n extintiva con el oficio del 26 de abril de 2017, remitido a los actores.

Revisado con detenimiento el citado escrito, obrante a folios 60 a 65, no se desprende de su contenido la intenci�n inequ�voca del Banco BBVA COLOMBIA S.A., expresa o t�cita, de reconocer derecho alguno a los se�ores GERARDO DE JES�S GIRALDO y PAULA TATIANA DEL SOCORRO URREA; por el contrario fue enf�tico al indicar que �no est� obligado legal ni contractualmente a efectuar liquidaciones adicionales en la forma requerida en su derecho de petici�n�, expresando tambi�n las razones por las que no pod�a acceder a reliquidaciones ni revisi�n de intereses.

Queda entonces descartada la renuncia de la prescripci�n que los accionantes le atribuyen al Banco. 3.6. Adujo tambi�n que la interrupci�n del t�rmino de prescripci�n, ocurrida con la presentaci�n de la demanda de responsabilidad civil contractual interpuesta previamente contra el mismo Banco, no perdi� eficacia, toda vez que la sentencia de segunda instancia que absolvi� al demandado no se refiri� al derecho sustancial sino al procedimiento para obtener la restituci�n de las sumas pagadas y no debidas, concluyendo el Tribunal la improcedencia de la acci�n de responsabilidad contractual, de forma tal que abri� las puertas para acciones resarcitorias.

Al respecto, considera la Sala que si bien la precedente acci�n de responsabilidad civil contractual persegu�a unas declaraciones y ordenamientos m�s amplios, los deprecados en la actual demanda b�sicamente estuvieron inmersos en aquella; de manera que, al margen de las razones tenidas en cuenta por el Tribunal en fallo del 28 de octubre de 2010 de segunda instancia para revocar la sentencia de primer grado y en su lugar, absolver a la entidad bancaria; lo cierto es que el evento contemplado en el numeral 2 del art�culo 91 del C�digo de Procedimiento Civil, vigente para la �poca, se configur�.

De acuerdo con la norma citada, no se consideraba interrumpida la prescripci�n cuando el proceso terminaba con sentencia que absolviera al demandado, sin contemplar el precepto ninguna excepci�n fundada en las razones para esa absoluci�n. La misma regla se recoge en el numeral 3 del art�culo 95 del C�digo Adjetivo regente. Ergo, no son de relevancia las consideraciones que en su momento acogi� el Tribunal Superior de Manizales para dictar sentencia a favor de la parte demandada, porque la normativa no ense�a que haya que ahondar en esos argumentos; basta la sentencia ejecutoriada absolutoria para que la interrupci�n civil pierda toda eficacia. Ahora, si se acogiera el planteamiento del recurso, en el sentido de que se trata de acciones dis�miles y por ello lo sucedido en la una no influye en la otra, con mayor raz�n habr�a que concluir que oper� la prescripci�n extintiva, como que ninguna acci�n de la misma estirpe fue interpuesta durante el tiempo de diez a�os transcurrido entre el 06 de diciembre de 2005 y el 06 de diciembre de 2015. 3.7.

Invoc� el impugnante la prescripci�n veintenaria para afirmar que ella deb�a aplicarse porque era la elecci�n de los demandantes y estaba vigente para la fecha de suscripci�n del pagar�, 29 de abril de 1996. De manera que el t�rmino fenecer�a el 06 de diciembre de 2025. Semejante argumento no merece sino decir que dada la obligaci�n que se reclama, originada en el contrato de mutuo celebrado con el banco y terminado por pago anticipado voluntario de parte de los deudores el 06 de diciembre de 2005, el t�rmino de prescripci�n de cualquier acci�n que de aquel pudiera surgir, empez� a correr desde esa data, momento para el cual la norma regente era la Ley 791 de 2002 que en su art�culo 1 redujo a diez a�os todas las prescripciones veintenarias contenidas en el C�digo Civil, y con el 8 modific� el art�culo 2536 del Estatuto Sustantivo para fijar en diez a�os la prescripci�n de las acciones ordinarias.

Bajo esa perspectiva, no existe ninguna posibilidad de acudir al art�culo 41 de la Ley 153 de 1887, ya que la prescripci�n no inici� en vigencia de la norma anterior, aunado a que la elecci�n no est� a cargo del afectado con la prescripci�n sino del beneficiado con ella. No se aprecia violaci�n del contrato de mutuo por parte de la Entidad Financiera, como lo sostiene la parte recurrente, so s�lo porque el mismo no se desprende ninguna de las estipulaciones aqu� referidas en relaci�n con una prescripci�n veintenaria sino porque adem�s, las norma que regulan el tema son de orden p�blico, no susceptibles de estipulaci�n particular.

Conclusi�n: Los argumentos exteriorizados en este prove�do son suficientes para desestimar el recurso impetrado en la medida que no refulge en la sentencia atacada yerro que amerite su revocatoria, como quiera que la prescripci�n declarada est� constatada en el plenario; por consiguiente el fallo ser� confirmado en su integridad. No se condenar� en costas de segunda instancia por no haberse causado, de acuerdo al numeral 8 del art�culo 365 del C�digo General del Proceso.

IV. DECISI�N Por lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, SALA DE DECISI�N CIVIL-FAMILIA, Administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia emitida el 26 de junio de 2018 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, Caldas, dentro del proceso verbal instaurado por GERARDO DE JES�S GIRALDO GIRALDO y PAULA TATIANA DEL SOCORRO URREA CAMPO en contra del Banco BBVA COLOMBIA S.A. Sin CONDENA en costas de segunda instancia (art. 365 num. 8 C.G.P.).

Oportunamente por Secretar�a retorne el expediente al Juzgado de origen. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, SOFY SORAYA MOSQUERA MOTOA Magistrada Ponente �NGELA MARIA PUERTA C�RDENAS �LVARO JOS� TREJOS BUENO Magistrada Magistrado Rad. 17001-31-03-003-2018-00004-02 Proceso Verbal PAGE \* MERGEFORMAT 1 ./m n � � � � � ! ��߸��vd�vSBSBSB1 hrZ�h*`�CJOJQJ^JaJ hrZ�h�3�CJOJQJ^JaJ hrZ�h p�CJOJQJ^JaJ#hrZ�h*`�5�CJOJQJ^JaJ hrZ�hQmCJOJQJ^JaJ �CJOJQJ^JaJ hrZ�h�u�CJOJQJ^JaJ hrZ�hg3�CJOJQJ^JaJ hrZ�hW$CJOJQJ^JaJ hrZ�h��CJOJQJ^JaJ hrZ�h%~CJOJQJ^JaJ hrZ�h�qSCJOJQJ^JaJ hrZ�h�{*CJOJQJ^JaJ hrZ�h�U CJOJQJ^JaJ %cd��^j��i��Ｋ��xg�UC2 hrZ�hutFCJOJQJ^JaJ#hrZ�h�5�CJOJQJ^JaJ#hrZ�hFL5�CJOJQJ^JaJ hrZ�h� `CJOJQJ^JaJ hrZ�h�]�CJOJQJ^JaJ hrZ�hm CJOJQJ^JaJ hrZ�h��CJOJQJ^JaJ hrZ�h 1ECJOJQJ^JaJ hrZ�h��CJOJQJ^JaJ hrZ�h!!CJOJQJ^JaJ hrZ�h�)CJOJQJ^JaJ hrZ�hg3�CJOJQJ^JaJi�� *+,-23Mg��ͼ��͚�wbMbM(hrZ�h;�CJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�h�8CJOJQJ^JaJmH $sH $#hrZ�h�,5�CJOJQJ^JaJ hrZ�h�8CJOJQJ^JaJ hrZ�hP.}CJOJQJ^JaJ hrZ�h�9�CJOJQJ^JaJ hrZ�h;�CJOJQJ^JaJ hrZ�hH%(CJOJQJ^JaJ hrZ�hutFCJOJQJ^JaJ hrZ�h�qSCJOJQJ^JaJ ly��op��hi��֗ւ�mXm�X�mXm�CX(hrZ�h�b�CJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�h�:(CJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�haQJCJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�h\ZYCJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�hPz"CJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�h�P�CJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�h� gCJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�ht�CJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�h�" CJOJQJ^JaJmH $sH $i�� # (hrZ�h�;3CJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�h9(iCJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�h9NCJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�hMvqCJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�h '�CJOJQJ^JaJmH $sH $(hrZ�hyCJOJQJ^JaJmH $sH $ hrZ�hyCJOJQJ^JaJ hrZ�h9NCJOJQJ^JaJ hrZ�hMvqCJOJQJ^JaJ hrZ�hM2CJOJQJ^JaJ G T W Z b w � � � � � %.

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666666666666666666666666666�66666666�666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�62�� 0@P`p��2(�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p��8X�V~�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@ OJQJ_HmH nH sH tH J`��J Normal d��CJ_HaJmH $sH $tH $PBP #+��T�tulo 4$d��@&CJOJQJ^JaJNA ��N Fuente de p�rrafo predeter.Ri��R 0 Tabla normal �4� l4�a�,k ��, 0 Sin lista V��V �=CINICIOdh�`��a$ CJ OJPJQJ^JaJtH |B| �=CTexto independiente d��5$7$8$9DH$a$ CJOJPJQJ^JaJtH b�/��b �=CTexto independiente Car CJOJPJQJ^JaJtH v "v �=C0Texto nota pie d��5$7$8$9DH$$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH `�/��1` �=C0Texto nota pie Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH B& ��AB �=C0Ref. de nota al pieH* *B*ph�8�/��a8 �M� texto_navy1 B* ph�D�rD �)� P�rrafo de lista ^��m$F @�F �)� Encabezadod��8!4��4 �)�Encabezado CarL @�L �)�0 Pie de p�ginad��8!:��: �)�0Pie de p�gina CarV��V �)�0Texto de globo d��CJOJQJ^JaJP�/��P �)�0Texto de globo CarCJOJQJ^JaJ,��, �_ texto_navyB��B �t�apple-converted-spacel^l �60 Normal (Web) d��d�d[$\$$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH �� cL�st,X ��!, cL�@�nfasis6�]�D�/��1D +�� T�tulo 4 CarCJOJQJ^JaJj�Bj +�0Normal + 12 pt$d��d�d[$\$ B*CJOJQJ^JaJphUUU`�R` �]O fulltexttext%d��d�d[$\$CJOJPJQJ^JaJ>W ��a> �]O`Texto en negrita5�\�,��q, �]O searchterm\��\ �]O headadjust(d��d�d[$\$CJOJPJQJ^JaJR�`��R Qm Sin espaciado) CJPJ_HaJmH sH tH xC@�x +.5fSangr�a de texto normal*�d��x^� CJOJQJaJmH sH tH j�/��j *.5fSangr�a de texto normal Car CJOJQJaJmH sH tH PK!�� [Content_Types].xml��N�0E�H��-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r� �Ø��J��B+$�G]��7O٭V�� >��Aީ��^��W*6q�z�֫��F0Ҕ��4;]?�j��[�V�^�_��+P��D��+P��7�W��W�_��K��W7� R n�K~�,G�C&�^��ׯW2�+̆|v�.&,��Z� �H��Qr�g�LC�x33ͥJ�_��ԕ��H�� h�| >J�L�܏��A^��g��'9y��ϩ#�� ի��ɧ�_Ͼ{��+;��_��a�� ϟ��?xl��t�Ç$�ܹ��,��A�v�ݢ O9��'B}m�(��:،��$�� 2��*�� bj��2� �\QD��!�H�H��LO1eNo�9��\O`�Zү��ӾO��L9��C��.;

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