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M{: RAD. 17-001-31-05-001-2014.00259-01 � 12846. EJECUTIVO APELACI�N SENTENCIA DTE: HERNANDO LAGUNA RUBIO DDO: MARIA AMPARO GOMEZ HENAO CONSIDERACIONES El se�or HERNADO LAGUNA RUBIO, por medio de apoderado judicial, present� demanda ejecutiva contra la se�ora MAR�A AMPARO G�MEZ HENAO, pretendiendo que se librara mandamiento ejecutivo por la suma de $25.897.300.oo, m�s los intereses moratorios desde el 12 de mayo de 2014, hasta el pago de la obligaci�n, correspondiente al 30% de lo pactado en un contrato de prestaci�n de servicio profesionales que celebraron las partes (fl 8).
En prove�do del 10 de julio de 2014 el juzgado de conocimiento libr� mandamiento de pago contra la se�ora MAR�A AMPARO G�MEZ HENAO, y a favor del ejecutante por la suma indicada y lo neg� por los intereses moratorios; en el mismo auto decret� medidas cautelares (fls. 49 - 51). Notificada personalmente la ejecutada, por medio de apoderada judicial, present� las excepciones que denomin�: �INCUMPLIMIENTO�, �INACTIVIDAD PROFESIONAL�, �NO ASISTIRLE AL DR. LAGUNA R. LEGITIMACI�N PARA RECLAMAR DE LA DRA. AMPARO GOMEZ H. EL PORCENTAJE QUE POR HONORARIOS PROFESIONALES SE PACT� EN EL CONTRATO DE PRESTACI�N DE SERVICIOS FIRMADO POR LA DRA. GOMEZ H. EN OCTUBRE 20 DE 2005� y �COBRO DE LO NO DEBIDO� (fls.73 a 82).
En la audiencia celebrada el d�a 23 de enero del a�o en curso se declararon no probadas las excepciones y se orden� seguir adelante con la ejecuci�n contra la se�ora Mar�a Amparo G�mez Henao, conden�ndosele en costas procesales a favor del ejecutante (minuto 00:10 a 26:46 CD fl.310). La apoderada judicial de la ejecutada interpuso recurso de apelaci�n, manifestando que en la sentencia se parte del supuesto de que el poder y el contrato de prestaci�n de servicios suscritos por las partes en el a�o 2005 se prolong� en el tiempo porque el demandante hizo solicitud ante el Juzgado S�ptimo Penal del Circuito para que se corrigiera la Resoluci�n No. 51484 de 2006, en punto al factor salarial y, adicionalmente, porque formul� solicitud ante Cajanal para que corrigiera el mencionado acto administrativo, no obstante, a las dos actuaciones nunca se les dio una respuesta por esa entidad por no haberse presentado el respectivo poder, que no produjeron resultado alguno. Y porque fue la doctora Alba Yaneth la que present� la solicitud ante la entidad pensional para que se le diera cumplimiento al fallo de tutela, lo cual se hizo mediante la Resoluci�n 51484 de 2006.
Afirma que si no se present� la revocaci�n del poder por la demandada fue porque no ten�a sentido ni finalidad alguna hacerlo expresamente, ya que con el fallo del Juzgado S�ptimo Penal del Circuito, la Resoluci�n 51484, y el pago de honorarios por la demandante, se finiquit� el mentado contrato de prestaci�n de servicios y el poder. Insiste en que el poder otorgado al ejecutante lo fue para que promoviera la acci�n de tutela en relaci�n con la bonificaci�n que del 12% pas� al 100%, pero que en ning�n momento y por razones obvias la ejecutada en el contrato de prestaci�n de servicios del a�o 2005, dijo que lo suscrib�a para efectos de que se corrigiera la Resoluci�n 51484, y fue, precisamente, a partir de su expedici�n que empez� la gesti�n procesal y personal de la doctora Amparo G�mez con la colaboraci�n de dos abogados para obtener el expediente administrativo y requerir a Cajanal para que diera cumplimiento al fallo de tutela, por lo que ninguno de los supuestos nombrados en el fallo pueden fundamentar el mismo (minuto 27:04 a 31:51 CD fl.310).
De esta forma, finca su descontento la mandataria judicial de la ejecutada en una supuesta omisi�n de la juez de primera instancia, que pas� por alto el hecho de que el ejecutante no despleg� actividad alguna para la expedici�n de la resoluci�n 048416 del 30 de mayo de 2012, la cual fue en definitiva, junto con la n�mero 058821 de mayo 21 de 2012, que la modific�, en la que se bas� la entidad de seguridad social para reliquidar la pensi�n de la demandada.
Reitera que no era necesario dar por terminado el contrato o revocar el poder conferido, pues con la expedici�n de la resoluci�n 51484 de 2006, y al haberse proferido el fallo por el Juzgado S�ptimo Penal del Circuito, finaliz� el referido contrato de prestaci�n de servicios, que se celebr� para obtener que la bonificaci�n pasara del 12% al 100%, pero que en ning�n momento lo fue para corregir la Resoluci�n 51484, a partir de la cual empez� la gesti�n procesal y personal de la misma demandada para obtener el pago del derecho prestacional reconocido.
Planteada as� la controversia, corresponde a esta Colegiatura resolver si existe t�tulo ejecutivo para el cobro de los honorarios profesionales, basados en la gesti�n profesional que le fue encomendada al se�or Hernando Laguna Rubio por la se�ora Mar�a Amparo G�mez Henao. Es verdad, como aduce la se�ora apoderada en la sustentaci�n del recurso, que al cumplirse la sentencia dictada para resolver la tutela instaurada por el ejecutante en representaci�n de la ejecutada, Cajanal reconoci� el 100% de la bonificaci�n por servicios y determin� que el monto de la mesada ascend�a entonces a $2.890.027.49 (fl.188).
Es cierto, tambi�n, que, antes de ello, la ejecutada estaba recibiendo $2.794.028.25, a tenor de la resoluci�n No. 4659 de 2005 (fl.33 y 149). Por tanto, la diferencia previa y la obtenida con la acci�n de tutela fue de $95.999.24. En principio, pues, esta es la base para establecer el monto de los honorarios a que ten�a derecho el actor, pues, seg�n el poder, la gesti�n era de resultado y el pago estaba pactado a cuota litis, equivalente al 30% de toda suma que se obtuviere por raz�n del contrato de prestaci�n de servicios profesionales (fl.8).
Est� demostrado que posteriormente, el 30 de mayo de 2012, Cajanal dict� la Resoluci�n UGM 048416 (fl.259), en la cual fij� como mesada la suma de $3.427.049.61. Sin embargo, esto ocurri� seis a�os y cinco meses despu�s de dictada la sentencia de tutela que puso fin al tr�mite en el cual actu� como apoderado el ejecutante. Hay dos factores relevantes para considerar el caso.
Primero, el tiempo transcurrido, demasiado en principio para inferir sin m�s una relaci�n de causalidad directa entre la gesti�n del ejecutante y el resultado final. Y, segundo, numerosos actos, entre ellos una nueva resoluci�n, realizados en ese lapso y otra acci�n de tutela instaurada directamente por la ejecutada, que fueron, al cabo, los factores determinantes del nuevo reconocimiento.
O sea que, en suma, la actividad profesional del ejecutante no constituy� la base del pago que invoca para reclamar los honorarios mencionados en la demanda. Debe insistirse en que, de acurdo con el poder que otorg� la ejecutada al ejecutante, el monto de la remuneraci�n quedaba supeditado a la cantidad que la interesada recibiera efectivamente como resultado de la gesti�n profesional.
Como la resoluci�n dictada inicialmente para cumplir la tutela no colmaba las aspiraciones de la ejecutada, puesto que, si bien reconoci� el 100% de la bonificaci�n por servicios, rebaj� el monto de la asignaci�n b�sica, la interesada se vio obligada a presentar, el 27 de noviembre de 2007 (a juzgar por el texto de la sentencia que obra a folios 204ss), directamente, o sea sin mediaci�n de apoderado, derecho de petici�n ente Cajanal para que se modificara el c�lculo de la mesada pensional hecho en la resoluci�n No. 51484 (resultado de la tutela instaurada por el ejecutante) y se tuviera en cuenta como asignaci�n b�sica no $1.591.147 sino $2.121.530.
Despu�s, en febrero de 2008 (ver fls. 209vto y 212), la ejecutada instaur� a nombre propio acci�n de tutela para que se le amparara el derecho de petici�n, vulnerado porque no le hab�an dado respuesta todav�a a la solicitud mencionada en el p�rrafo anterior. Esta tutela fue resulta favorablemente en sentencia dictada el 22 de febrero de 2008 (fl. 204 ss).
Lo anterior significa que por lo menos a partir del 27 de noviembre de 2007 la interesada hab�a asumido personalmente la realizaci�n de las gestiones necesarias para obtener la correcci�n del error cometido en la Resoluci�n No. 51.484. La ejecutada no tom� esta decisi�n por capricho ni inmotivadamente. Exist�an buenas razones para que, como abogada, intentara ponerse al frente del trabajo.
Hab�a otorgado poder desde el 20 de octubre de 2005 y al cabo ya de dos a�os continuaba esperando que su situaci�n se definiera. O sea que, fuere por esta raz�n o por otra cualquiera, ella desplaz� al apoderado, si es que a�n ten�a facultades para actuar a su nombre, lo cual es dudoso como se ver� a continuaci�n. El poder conferido por la ejecutada al ejecutante le confiere autorizaci�n para �b) Estar pendiente del proceso que por correcci�n del factor salarial por bonificaci�n por servicios que (sic) se adelante en raz�n de los derechos que se van a reclamar, hasta su terminaci�n� (fl.8).
Hasta donde se sabe, el proceso termin� en primera instancia, no hubo segunda y no se produjo revisi�n de la Corte Constitucional. De modo que las facultades concedidas en este ordinal se agotaron. El contrato, asimismo, se�ala: �TERCERA. La representaci�n comprende todas las gestiones que deban realizarse ante el Juzgado que le corresponda la demanda, Tribunal Superior o Corte Constitucional, respecto de las acciones o intervenciones que ameriten iniciarse con ocasi�n de la reclamaci�n de los derecho del PODERDANTE, objeto de este contrato�.
Ya se habl� de lo relativo a la segunda instancia a la Corte Constitucional. En cuanto a �nuevas intervenciones� ante el juzgado, no se observa en la actuaci�n ninguna del ejecutante posterior a la Resoluci�n No. 51484. Por lo que se refiere a la actividad profesional en otros �mbitos, tambi�n posterior a la resoluci�n No.51484, solo existe constancia de una solicitud dirigida por �l a nombre de dos personas, entre ellas la ejecutada, a Cajanal el 23 de agosto de 2010, recabando el cumplimiento del fallo dictado por el Juzgado S�ptimo Penal del Circuido de Manizales, cuya copia se observa a folio 244vto.
Resulta, sin embargo, que a esas alturas ya la ejecutada se hab�a dirigido personalmente a Cajanal para que modificara el c�lculo de la mesada pensional, gesti�n que llev� a cabo el 27 de noviembre de 2007, o sea casi tres a�os antes de la petici�n del ejecutante. Adem�s, como se sabe, la ejecutaba hab�a instaurado en febrero de 2008 tutela a efecto de obtener una respuesta de Cajanal.
Fuera de ello, la ejecutada otorg� poder a la Doctora Janeth Betancourt Giraldo, mediante escrito dirigido a la Subdirecci�n de Prestaciones Econ�micas de la Caja Nacional de Previsi�n Social, Cajanal EICE, fechado el 17 de septiembre de 2008, para que se acatara en su integridad el fallo dictado por el mencionado Juzgado S�ptimo (fl. 221).
Es decir, por lo menos a partir de esa fecha, 17 de septiembre de 2008, el ejecutante hab�a perdido facultad para representar ante Cajanal a la ejecutada. En ejercicio del poder la nueva representante pidi� a Cajanal que se reliquidar� la pensi�n de la ejecutada (fl. 222). Asimismo, solicit� a Cajanal el 11 de noviembre de 2008 que se desarchivara el expediente y se enviara a la oficina competente para cumplir el fallo del Juzgado S�ptimo (fl. 235 vto).
La profesional reiter� esta petici�n el 23 de abril de 2009 (fl. 240). La ejecutada otorg� nuevo poder a la abogada el 1� de julio de 2009 dirigido a Cajanal para que pidiera el cumplimiento del fallo dictado por el Juzgado S�ptimo (fl. 239). La misma apoderada remiti� el 25 de junio de 2010 al Gerente de �PA BUEN FUTURO� copia del fallo dictado por el mencionado Juzgado S�ptimo para que le diera cumplimiento (fl.243 vto).
Posteriormente, el 22 de octubre de 2012 la ejecutada, obrando a nombre propio, solicit� la inclusi�n en n�mina y el pago del retroactivo con base en la nueva resoluci�n que reliquid� la mesada pensional (fl. 281, 282). Finalmente, la interesada pidi� personalmente que se le informara sobre la falta de respuesta a solicitud anterior en el mismo sentido.
Tras esta considerable actividad de la nueva representante y de la propia interesada se produjeron una nueva resoluci�n y el pago de la suma adeudada retroactivamente. Es decir, que mediaron dos factores independientes de la actividad del ejecutante como causa para el resultado favorable. Para que la obligaci�n de pagar determinada suma de dinero pueda demandarse mediante proceso ejecutivo debe constar en documento que constituya plena prueba y, adem�s, ser clara, liquida y actualmente exigible.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, la que pretende hacer efectiva el demandante no cumple por lo menos dos de los tres �ltimos requisitos. En efecto, no es clara porque el pago que recibi� finalmente la ejecutada no puede imputarse sin dura a actividad profesional del ejecutante, seg�n se observ� en precedencia. Y, como se sabe, el monto de los honorarios pactados depend�a de lo que se obtuviera efectivamente con la actuaci�n del abogado.
El hecho de hacer referencia en resoluciones posteriores a la sentencia dictada por el Juzgado S�ptimo Penal del Circuito de Manizales no significa que se diera el v�nculo indicado, porque despu�s de ese fallo se produjeron distintas actuaciones no atribuibles al ejecutante, e inclusive nuevas sentencias de tutela y resoluciones de Cajanal debidas a ellas, para desembocar finalmente en el reconocimiento que dio lugar al cobro ejecutivo.
En esas condiciones, adem�s, no puede decirse que se haya establecido una obligaci�n de la ejecutada exigible por el ejecutante. Ahora bien, tampoco habr�a lugar para adelantar la ejecuci�n por una suma menor con base en la resoluci�n No. 51484 de 2006, con la que realmente se dio cumplimiento al fallo de tutela del Juzgado S�ptimo Penal del Circuito con la inclusi�n del 100% de la bonificaci�n por servicios (fl.16), que fue el objeto del contrato de prestaci�n de servicios, pues en la demanda no se aport� documento alguno en que constara el pago de retroactividad por tal concepto ni, por supuesto, la fecha.
En conclusi�n, se revocar� la sentencia apelada, para declarar la inexistencia de t�tulo ejecutivo y abstenerse de seguir adelante la ejecuci�n, con el levantamiento de las medidas cautelares. Costas de primera instancia a cargo de la parte demandante. Sin costas de segunda instancia porque el recurso prosper�. Por lo expuesto, la SALA DE DECISI�N LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, administrando justicia en nombre de la Rep�blica, y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR LA INEXISTEN DE TITUTO EJECUTIVO y REVOCAR el fallo de excepciones proferido el 23 de enero de 2015 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, en el proceso ejecutivo laboral adelantado por HERNANDO LAGUNA RUBIO contra MARIA AMPARO G�MEZ HENAO.
SEGUNDO: ORDENAR EL LEVANTAMIENTO de las medidas cautelares decretadas por el mismo juzgado en auto del 10 de julio del a�o 2014.
TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandante. Sin costas de segunda instancia. NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE. Notificaci�n en estrados. Se concluye la audiencia y se firma por quienes en ella intervinieron, le�da y aprobada. DOLLY GRISALES CEBALLOS Magistrada Ponente CARLOS ARTURO GUR�N JURADO Magistrado GILDARDO MU�OZ CARDONA Magistrado !"#(+-.MRgm������������� ������������������{l`l`lTl`h�$QOJQJ^JaJh�KKOJQJ^JaJh�G�h�eOJQJ^JaJh�G�h�eOJQJaJ#h�z�h�z�5�OJQJaJmH sH h�|`5�OJQJaJmH sH +hK�hK�5�CJOJPJQJaJmH sH hK�h�5�6�CJPJaJhK�hK�6�CJPJaJh�G�6�CJPJaJh�'�6�CJPJaJhK�hKs6�CJPJaJ .Mh�����I J ac 34���������������� $dha$gd�<� $dha$gd�T�$ �0�dha$gd�e $dha$gdr� $dha$gd�e $dha$gdB�$�Idh`�Ia$gd�e $dha$gd�:�dhgdKs$�^�a$gd�'� a k � � � � � � � � � � � & * 1 5 D E J Z \ b c l m � � � � � � � � � �������������������غث���������{�och�|`OJQJ^JaJh�j�OJQJ^JaJh]!OJQJ^JaJhr�OJQJ^JaJh�$Q@���OJQJaJhr�@���OJQJaJh�G�h�e@���OJQJaJh�KKOJQJaJh�$QOJQJaJhBnOJQJaJh�G�h�eOJQJaJh�KKOJQJ^JaJh�G�h�eOJQJ^JaJ%� � "#$PVX[]ac�������� 6 ����ĸ�����������vjvj^j�R�R��h &uOJQJ^JaJhOJQJ^JaJh�>OJQJ^JaJh�<�OJQJ^JaJh�t�OJQJ^JaJh�G�h�e@���OJQJaJh�uOJQJ^JaJh�G�h�eOJQJ^JaJh�4�OJQJ^JaJh20AOJQJ^JaJh�Q�OJQJ^JaJheOJQJ^JaJh�|`OJQJ^JaJh�$QOJQJ^JaJ6 7 < B D } � � %,/13456@����������������ʻʻʻʻ客���~�rfZNZNh$OhOJQJ^JaJh�9 OJQJ^JaJh�rbOJQJ^JaJh�2�OJQJ^JaJh�,#OJQJ^JaJh�OJQJ^JaJh1L!OJQJ^JaJh�|`OJQJ^JaJh�G�h�eOJQJaJh�Y�h�eOJQJ^JaJh�Y�ht�OJQJ^JaJh�4�OJQJ^JaJh�G�h�eOJQJ^JaJh&Y8OJQJ^JaJ+@mz�����������<>KM����ĸ����|�|�pdXLXL@p�h�&XOJQJ^JaJh5�OJQJ^JaJh�{YOJQJ^JaJh�<�OJQJ^JaJh�h�OJQJ^JaJh� OJQJ^JaJhw�OJQJ^JaJh�2�OJQJ^JaJhNPOJQJ^JaJh�4�OJQJ^JaJh�rOJQJ^JaJh�d�OJQJ^JaJhrbOJQJ^JaJhMJ>OJQJ^JaJh��OJQJ^JaJh�g�OJQJ^JaJMagr�����Mr|�������+�����ĸ�Ġ���|p�dXL@h�kPOJQJ^JaJh�K]OJQJ^JaJhC\�OJQJ^JaJh0x�OJQJ^JaJh'vtOJQJ^JaJhPU�OJQJ^JaJh�4�OJQJ^JaJhM[�OJQJ^JaJh�OJQJ^JaJh�+�OJQJ^JaJh�'�OJQJ^JaJh""OJQJ^JaJh�}2OJQJ^JaJh$)�OJQJ^JaJh�A&OJQJ^JaJh6�OJQJ^JaJ4������������=>?'(hi����������������������� $dha$gd� $dha$gd�]� $dha$gd�2T$�Idh`�Ia$gd�e $dha$gd�/] $dha$gdTU�+78@�����,g{���0Wjkx�����ĸ�����|pdXL@4@h�#�OJQJ^JaJh�NOJQJ^JaJh6&OJQJ^JaJh�uOJQJ^JaJh�OJQJ^JaJh��OJQJ^JaJh5�OJQJ^JaJh�%�OJQJ^JaJhxiOJQJ^JaJh�2�OJQJ^JaJh�|`OJQJ^JaJh�Y�OJQJ^JaJh�'OJQJ^JaJh�8�OJQJ^JaJhv�OJQJ^JaJh�'�OJQJ^JaJhI�OJQJ^JaJx���$J\]��������������!45����ĸ�����vjvjvjv�^R^R^F^Rh<vOJQJ^JaJh_zvOJQJ^JaJh�2TOJQJ^JaJh�OJQJ^JaJh�Y�h�/]OJQJ^JaJh�G�h�eOJQJ^JaJh�/]OJQJ^JaJh�YOJQJ^JaJh�zOJQJ^JaJh>eOJQJ^JaJh�s�OJQJ^JaJh�SOJQJ^JaJh G�OJQJ^JaJh:l�OJQJ^JaJh'�OJQJ^JaJ5:=BYZcm{���������9DEFXw|������������������и��������|��p�|�|p|dXh�f�OJQJ^JaJh��OJQJ^JaJh�|`OJQJ^JaJh��OJQJ^JaJh��OJQJ^JaJhZOJQJ^JaJh�G�OJQJ^JaJheROJQJ^JaJh�#<OJQJ^JaJhLE�OJQJ^JaJh_zvOJQJ^JaJh�m�OJQJ^JaJh�4�OJQJ^JaJh�2TOJQJ^JaJ!��������)7LUY~����������)������ܸ�����Ĭ���|�pdXdXLdhA�OJQJ^JaJhZ/OJQJ^JaJh�8OJQJ^JaJh� OJQJ^JaJh� �OJQJ^JaJh�P�OJQJ^JaJhZOOJQJ^JaJh�X�OJQJ^JaJh�O>OJQJ^JaJh�/UOJQJ^JaJhU�OJQJ^JaJh�IpOJQJ^JaJh<=*OJQJ^JaJh�|`OJQJ^JaJh�'�OJQJ^JaJ)G[���������a��������������ĸ������yiyiYiIiIh�L�OJQJ^JaJmH sH h�'�OJQJ^JaJmH sH h0e%OJQJ^JaJmH sH hL�OJQJ^JaJmH sH h�|`OJQJ^JaJmH sH $h�]�h�]�OJQJ^JaJmH sH h%OJQJ^JaJh�f�OJQJ^JaJhy�OJQJ^JaJh��OJQJ^JaJh� �OJQJ^JaJh%�OJQJ^JaJh�3\OJQJ^JaJ��Zy�!"�"�"�"�#�# $$�%�%�&.'7'U'u'�'�'�'�'�(�(�)�) *�*������������������}�}�}�m�}�Y'h/Wzh/Wz6�OJQJ^JaJmH sH hrI OJQJ^JaJmH sH h�MzOJQJ^JaJmH sH $h'h�U�OJQJ^JaJmH sH h�U�OJQJ^JaJmH sH h'OJQJ^JaJmH sH hl�OJQJ^JaJmH sH h�:aOJQJ^JaJmH sH h0e%OJQJ^JaJmH sH h\H�OJQJ^JaJmH sH �n!o! 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