Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Manizales

Radicado: 17042-31-84-001-2016-00079-02

Sala: SALA CIVIL - FAMILIA

Ponente: Sofy Soraya Mosquera Motoa

Fecha: 2017-09-21

Sujetos procesales: CONSTANZA EUGENIA GÓMEZ RAMÍREZ EN CONTRA DE EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS; ASUNTO EN EL CUAL SE FORMULÓ DEMANDA DE RECONVENCIÓN.

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NO CONSTITUYE UNA TRANSCRIPCI�N DE LAS GRABACIONES OFICIALES. SE PUBLICA PARA FACILITAR LA CONSULTA O EXAMEN DE LA DECISI�N ORAL. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA MANIZALES  Magistrada Ponente: SOFY SORAYA MOSQUERA MOTOA Manizales, septiembre veintiuno (21) de dos mil diecisiete (2017) I. OBJETO DE LA DECISI�N Decide la Sala el recurso de apelaci�n formulado por las partes frente a la sentencia de fecha 16 de febrero de 2017, emitida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma, Caldas, dentro del proceso de Cesaci�n de Efectos Civiles de Matrimonio Religioso, promovido por la se�ora CONSTANZA EUGENIA G�MEZ RAM�REZ en contra de EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS; asunto en el cual se formul� demanda de reconvenci�n. II.

ANTECEDENTES 2.1. A trav�s de apoderada judicial, la se�ora CONSTANZA EUGENIA G�MEZ RAM�REZ deprec� la cesaci�n de los efectos civiles del matrimonio cat�lico celebrado entre ella y el demandado, por la causal contemplada en el numeral 3 del art�culo 154 del C�digo Civil, y en consecuencia, solicit� que se declarara disuelta y en estado de liquidaci�n la sociedad conyugal formada, se autorizara la residencia separada y se dispusiera la inscripci�n de la sentencia en los registros civiles pertinentes.

Sustent� sus pedimentos en los siguientes hechos: 1) Los se�ores CONSTANZA EUGENIA G�MEZ RAM�REZ y EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS, convivieron de manera estable, continua y permanente desde el 9 de septiembre de 2006; contrayendo matrimonio por los ritos cat�licos el d�a 11 de abril de 2013, en la Parroquia de la Sagrada Eucarist�a de Viterbo, Caldas. 2) Fruto de la uni�n, el 20 de abril de 2013, naci� su hija M. J. H. G. 3) El se�or EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS ultrajaba y maltrataba a su c�nyuge e hija, incluso desde su concepci�n; agresiones que se agudizaron en diciembre de 2015 con la visita de la descendiente del demandado, se�ora Clara Mar�a Hoyos Klemman, quien tambi�n maltrat� de palabra a la demandante. 4) En vista de tales circunstancias, el 30 de diciembre de 2015 los padres de la se�ora G�MEZ RAM�REZ decidieron llev�rsela a vivir a su casa junto con la menor. 2.2.

Notificado el se�or EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS, a trav�s de togada contest� el libelo oponi�ndose a las pretensiones de la demanda por la causal invocada. Manifest� que siempre ha tenido un trato tierno, respetuoso y decoroso hacia su c�nyuge e hija. A su vez, present� demanda de reconvenci�n finc�ndose en las causales 2 y 3 del art�culo 154 del C�digo Civil para implorar la cesaci�n de los efectos civiles del matrimonio por culpa atribuible a la c�nyuge, y subsecuentemente, que se declarare disuelta y en estado de liquidaci�n la sociedad conyugal, y se autorice la separaci�n de domicilio de los c�nyuges.

En cuanto a la menor M. J. H. G., solicit� que la patria potestad fuera ejercida por ambos padres pero se dejara a su cargo la custodia y cuidado personal de la ni�a, con regulaci�n de visitas para la demandada en la forma que se estimara conveniente. Como supuestos facticos expuso que durante el �ltimo trimestre del a�o 2015, la se�ora Constanza Eugenia G�mez Ram�rez, a ra�z de su negativa a traspasar a nombre de ella ciertos bienes de su sociedad conyugal anterior, asumi� una constante actitud grotesca que configura ultraje contra el c�nyuge, trat�ndolo con palabras soeces, amenaz�ndolo con embargos y con separarlo de su hija; decidiendo abandonar el hogar con la menor el d�a 30 de diciembre de 2015 y continuando con las agresiones verbales v�a telef�nica, incumpliendo sus deberes de ayuda mutua y socorro, adem�s de ser privado de la presencia de la ni�a. A�adi� que durante el a�o 2015 la se�ora G�mez Ram�rez abandon� el hogar tres veces por periodos aproximados de un mes. 2.3.

Agotadas las etapas de las audiencias regladas por los art�culos 372 y 373 del C�digo General del Proceso, el d�a 16 de febrero del a�o avante la a quo profiri� sentencia en la que neg� las pretensiones de la demanda principal y en su lugar accedi� de forma parcial a las contenidas en la contrademanda. En tal sentido decret� la cesaci�n de los efectos civiles del matrimonio cat�lico de los se�ores CONSTANZA EUGENIA G�MEZ RAM�REZ y EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS celebrado el 11 de abril de 2013 por las causales 2 y 3 del art�culo 6 de la Ley 25 de 1992, declar� disuelta y en estado de liquidaci�n la sociedad conyugal, accedi� a la residencia separada y orden� la inscripci�n del fallo en los registros civiles correspondientes.

En lo que respecta a la menor, el fallo dispuso que la patria potestad, la custodia y el cuidado personal fueran ejercidas por ambos padres, conservando la ni�a la residencia actual con su se�ora madre y fijando para el padre la posibilidad de compartir con ella un fin de semana cada 15 d�as, recogi�ndola los s�bados en la ma�ana y regres�ndola el domingo o lunes festivo, dado el caso, a las 7 de la noche, as� como la semana santa, vacaciones de mitad de a�o y en diciembre, aclarando que en especiales las reuniones ser�an rotativas.

Se fij� como cuota alimentaria a favor de la infante y a cargo del se�or Hoyos Villegas el equivalente al 40% de la mesada pensional que percibe. Finalmente se conden� en costas en proporci�n del 50% a la demandante principal por haber prosperado en parte las pretensiones de la reconvenci�n. 2.4. La apoderada de la demandante principal y demandada en reconvenci�n invoc� el recurso de alzada, pues consider� que se realiz� una valoraci�n indebida a las pruebas practicadas en tanto que no se bas� en la sana cr�tica, siendo la decisi�n emitida incongruente y en nada objetiva.

As� mismo arguy� no haberse tenido en cuenta varios medios de convicci�n como la historia cl�nica de Eduardo Antonio y la denuncia penal realizada por la c�nyuge en contra de su expareja. 2.5. Por su parte, el demandado principal y demandante en reconvenci�n hizo uso de la apelaci�n adhesiva para refutar el ordinal cuarto de la providencia, aduciendo que la se�ora Constanza Eugenia ha obstaculizado la relaci�n entre �l y la menor, aunado a que no proporciona una crianza correcta a la ni�a seg�n los conceptos de profesionales que obran en el proceso;

Arguy� que en cambio �l ofrece un buen ambiente para su hija y tiene igualdad de derechos con la madre; en consecuencia, solicit� la custodia y cuidado personal total de la menor y subsidiariamente se acceda a que las visitas reguladas inicien los viernes despu�s de la salida del jard�n infantil al que asiste la ni�a. De igual forma, objet� el ordinal quinto del fallo por falta de prueba del monto decretado como cuota alimentaria, haciendo caso omiso a la estimaci�n que tanto �l como la testigo MAR�A LUCY RAM�REZ DE G�MEZ hicieron de los gastos mensuales de la ni�a, en la suma de $450.000, adem�s no se valor� que es �l quien cancela la medicina prepagada y el jard�n, pagos que deben descontarse de la mensualidad fijada.

Finaliz� resaltando que la se�ora CONSTANZA EUGENIA G�MEZ se encuentra en la capacidad de laborar y suministrar el 50% de los alimentos de su hija. III. CONSIDERACIONES 3.1. Satisfechos los presupuestos procesales en esta acci�n, sin que se avizore irregularidad que invalide lo actuado, se propone la Sala resolver la apelaci�n formulada, registrando en acatamiento del art�culo 280 del C.G.P., que de la conducta procesal de las partes no hay indicios por deducir. 3.2.

Problema Jur�dico. Bajo los l�mites trazados por los recurrentes en la sustentaci�n de sus recursos y con las restricciones de los art�culos 320 y 328 del C�digo de General del Proceso en armon�a con el par�grafo primero del art�culo 281 del mismo Estatuto, corresponde a la Corporaci�n determinar si la cesaci�n de efectos civiles del matrimonio celebrado por las partes debi� declararse con fundamento en la causal 3 del art�culo 154 del C�digo Civil invocada en la demanda principal, o si por el contrario, acert� la Juez a quo al concluir que las pruebas respaldaban las causales invocadas en la demanda de reconvenci�n. Dilucidado el punto, se descifrar� lo atinente a la custodia y cuidado personal de la menor hija de la pareja y la obligaci�n alimentaria a cargo de los padres. 3.3.

De las causales de cesaci�n de efectos civiles de matrimonio cat�lico. Conforme a la jurisprudencia y la doctrina las causales de divorcio o cesaci�n de efectos civiles de matrimonio religioso, han sido clasificadas en objetivas y subjetivas. Las primeras se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos del matrimonio, escenario en el que el divorcio se presenta como mejor remedio para las situaciones vividas en el v�nculo matrimonial; de all� que a la separaci�n que surge de �stas motivaciones se le denomine �divorcio remedio�.

Este tipo de causales pueden ser invocadas por cualquiera de los c�nyuges y el juez que conoce de la demanda no requiere para resolver sobre la extinci�n del v�nculo valorar la conducta alegada, quedando relevado de definir cu�l es el c�nyuge culpable y cu�l el inocente; a este grupo pertenecen las causales establecidas en los numerales 6, 8 y 9 del art�culo 6 de la Ley 25 de 1992, que regul� la instituci�n a la luz de la nueva Carta Pol�tica.

Las causales subjetivas en cambio se relacionan con el incumplimiento de los deberes conyugales y los ultrajes y malos tratos por parte de los esposos, por ello solamente pueden ser invocadas por el consorte inocente, dentro del t�rmino de caducidad previsto por el art�culo 156 del C�digo Civil, modificado por el art�culo 10 de la Ley 25 de 1992, con el fin de obtener el divorcio a modo de censura, conocido entonces como �divorcio sanci�n�, sobrellevando entre sus consecuencias la posibilidad de imponer al c�nyuge culpable la obligaci�n de suministrar alimentos al c�nyuge inocente y de que �ste revoque las donaciones que con ocasi�n del matrimonio hubiere hecho a aquel.

A esta categor�a pertenecen las causales consagradas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del art�culo 6 de la Ley 25 de 1992. 3.4. En lo que concierne a las causales invocadas dentro del presente asunto, iniciando por la contenida en el numeral 2 del canon antes mencionado, clarific� la Corte Constitucional en la sentencia C-985 de 2010, al revisar los t�rminos de caducidad previstos en el art�culo 156 del C�digo Civil, que �El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los c�nyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres, se refiere al incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de matrimonio y que est�n previstas en los art�culo 176 y siguientes del C�digo Civil.

Estas obligaciones son, entre otras, fidelidad, socorro, ayuda mutua y cohabitaci�n�. Atinente a los ultrajes, tratos crueles y maltratamientos de obra (causal 3� art. 154 C.C.) en el mismo fallo se pronunci� indicando que se relaciona con el fen�meno de la violencia dom�stica, entendi�ndose como todo da�o o maltrato f�sico, ps�quico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresi�n, producida entre los c�nyuges.

En consecuencia, involucra tanto los castigos f�sicos como insultos, malos tratos o conductas sexuales abusivas. En reciente fallo de tutela STC10829-2017, la Corte Suprema de Justicia remembr� su doctrina en torno a la violencia intrafamiliar en el marco y estructura de las causales de divorcio, contenida en sentencia del 19 de febrero de 1957, en los siguientes t�rminos: �(�) [U]n ultraje leve, trato cruel ocasional, sin gravedad ni importancia o un maltrato de la misma calidad, pueden no alcanzar a justificar el divorcio, pero indudablemente basta uno de esos desplantes, si es muy grave, ofensivo o peligroso.

En verdad no es correcta la interpretaci�n de la regla 5� (art�culo 154 [hoy numeral 3� del mismo canon del C�digo Civil]) al entenderla en el sentido de que para producir el efecto jur�dico all� previsto se necesita que concurran ultrajes, trato cruel y maltratamientos materiales, y que adem�s sean frecuentes. Puede que el marido nunca haya agraviado a la mujer sino de palabra, sin maltrato f�sico, o a la inversa, que sin pronunciar palabra alguna ofensiva o injuriante, llegue al hogar y por disgustarle algo, silenciosa pero torpemente maltrate de obra a la mujer.

Cualquiera de esas actitudes bastar�a para hacer imposibles la paz y el sosiego dom�sticos, lo que justificar�a el divorcio. Por otra parte, la norma en cuesti�n no exige que para el efecto, ultrajes, trato cruel o maltratamiento de obra sean frecuentes. La interpretaci�n del Tribunal implicar�a que la mujer est� obligada a soportar sin queja varios insultos y m�s de dos palizas.

Pero [�]cu�ntas? [�]Cinco, diez o quince? Esa discriminaci�n resulta absurda e inhumana (�)�. En lo que ata�e a la violencia psicol�gica, en sentencia T-967 de 2014, la Corte Constitucional esboz� que �se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorizaci�n e inferioridad sobre s� misma, que le generan baja de autoestima.

Esta tipolog�a no ataca la integridad f�sica del individuo sino su integridad moral y psicol�gica, su autonom�a y desarrollo personal y se materializa a partir de constantes y sistem�ticas conductas de intimidaci�n, desprecio, chantaje, humillaci�n, insultos y/o amenazas de todo tipo.�. A modo de conclusi�n, debe decir esta Sala que cada caso es un universo �nico, con sus propias caracter�sticas y singularidades, lo que demanda del juez una valoraci�n integral, contextualizada y con perspectiva de g�nero, a fin de adoptar una decisi�n legal y justa; siempre bajo el foco de que los asuntos de familia est�n relacionados con la condici�n humana de las personas, sus sentimientos, experiencias y expectativas, cuyos resultados inevitablemente se irradian a la sociedad por ser la familia su n�cleo esencial. 3.5.

Analizado el material probatorio obrante en el plenario, encuentra esta Corporaci�n varios puntos a desarrollar respecto de las causales esgrimidas por las partes para obtener la cesaci�n de los efectos civiles de su matrimonio. En primera medida, respecto a los supuestos malos tratos e injurias ejecutados por el se�or Eduardo Antonio y que fueron alegados por la demandante principal como fundamento de la acci�n incoada, es pertinente apuntar que de las pruebas practicadas no se desprende su existencia. Es que revisados los testimonios de los se�ores Mar�a Lucy Ram�rez de G�mez, Jos� Fernando G�mez Ram�rez y �ngela Mar�a G�mez Ram�rez, se evidencia que no fueron expl�citos, convincentes y determinantes, sino que se limitaron a afirmar que el demandado principal es una persona de mal humor, humillativo, irrespetuosa, agresiva, despectiva, impaciente, sin detallar situaciones en las que hubieren presenciado actos de desprecio, chantaje, insultos o amenazas en contra de la se�ora Constanza Eugenia, y las circunstancias en que presuntamente fueron infligidos.

Lo �nico que relataron son acciones del se�or Eduardo Antonio que eventualmente pudieron dificultar la convivencia, como quedarse despierto hasta altas horas en la noche realizando diferentes actividades mientras los dem�s habitantes de la casa dorm�an, hacer reclamos, pasar tiempo con el se�or H�ctor Germ�n o sus amigos, pero que en modo alguno pueden tenerse como atentatorios del desarrollo personal y la dignidad humana de la demandante, o como reflejo de sentimientos de menosprecio o trato degradante hacia la se�ora Constanza Eugenia.

Por si fuera poco, a debilidad de la prueba se agudiza en los dos �ltimos testigos debido a que no compart�an tiempo considerable con la pareja como para determinar que el c�nyuge perpetraba malos tratos. Tampoco pueden tenerse por acreditados los ultrajes por parte del demandado principal con la simple manifestaci�n de los deponentes mencionados atinente a que el se�or Hoyos Villegas le colocaba sobrenombres a los miembros de la familia G�mez Ram�rez, toda vez que no se logra comprobar que tal conducta generara sentimientos de inferioridad o minusval�a en la se�ora Constanza Eugenia; ni con la afirmaci�n del se�or Jos� Fernando G�mez en el sentido de que a su hermana le tocaba cargar cosas, abrir la portada y otras acciones que no hacen las mujeres, en tanto que se trata de actividades cotidianas que cualquier persona, en pleno uso de sus facultades f�sicas, puede desarrollar sin importar su g�nero.

Por lo dem�s, dos de los testigos precisaron la ausencia de violencia f�sica entre los c�nyuges. Si bien la se�ora Mar�a Lucy Ram�rez afirm� que el se�or Eduardo Antonio Hoyos constantemente le hac�a comentarios a Constanza Eugenia como �Usted es una bruta�, en el extenso recaudo probatorio no se logr� confirmar dichas aseveraciones, raz�n por la cual, pierden toda fuerza de convicci�n frente al contenido de los testimonios restantes.

As� por ejemplo, entre los testigos tra�dos al proceso se encuentra la se�ora Luz Amparo V�lez Hern�ndez, quien se desempe�� como empleada del servicio dom�stico de la pareja y compart�a con ellos durante 6 d�as a la semana, relatando de manera clara, precisa y concluyente las circunstancias en que se desarroll� la uni�n matrimonial; manifest� que la separaci�n de los c�nyuges se debi� a los impulsos de ella (refiri�ndose a la demandante) entre los a�os 2014 y 2015, porque de un momento a otro se exaltaba, comenzaba a gritar e insultar al se�or Eduardo Antonio, refiri�ndose a �l con palabras soeces y con afirmaciones como �Usted no sirve para nada�, sin tener razones de peso para comportarse de esa manera, pues ocurr�a cuando �l se negaba a salir a la calle, no iba a Manizales con ella o no quer�a ir a la piscina; haciendo hincapi� la testigo, en que el se�or Hoyos Villegas siempre se comport� de manera decente y paciente, pidi�ndole calma para llegar a una soluci�n. En la misma l�nea, el se�or H�ctor Germ�n Hoyos Villegas se�al� que Eduardo Antonio nunca fue grosero ni violento con Constanza Eugenia, por el contrario fue un esposo que la cuidaba y estaba al tanto de todo lo que llegare a necesitar, sin embargo, era una relaci�n de constantes peleas, donde ella se tornaba altanera, dirigi�ndose hacia su c�nyuge con palabras groseras y comentarios denigrantes ��Usted no sirve para nada��; siendo el declarante conocedor de primera mano de la situaci�n por convivir a diario con ellos.

Por su parte, la deponente Diana Mar�a Villegas brevemente determin� que el demandado principal jam�s fue agresivo con su esposa o humillativo con la familia de ella, en cambio, esta �ltima si exteriorizaba una displicencia y desagrado con �l, presenciando en una ocasi�n una discusi�n entre ellos, donde la demandante se alter� y se dirigi� a �l en un tono de voz fuerte.

Todo lo anterior se acompasa con el interrogatorio prestado por la se�ora Constanza Eugenia, quien siendo la directa implicada no logr� especificar los ultrajes por parte de Eduardo Antonio, solo se refiri� a la falta de cuidado de este para con ella al no cambiarle el colch�n desgastado, no acompa�arla a los controles con el pediatra, no estar pendiente de su alimentaci�n y descanso posteriores al parto; actos u omisiones que si bien podr�an catalogarse de descuido en sus deberes conyugales, no alcanzan a configurar malos tratos en el contexto que rodeaba a la demandante, esto es, su maternidad, condici�n que no requer�a cuidados extraordinarios como para que la ausencia de estos pudiera enmarcarse en violencia moral o psicol�gica; m�xime cuando tres declarantes, Luz Amparo V�lez Hern�ndez, H�ctor Germ�n Hoyos Villegas y Diana Mar�a Villegas, refirieron que el se�or Hoyos Villegas cuidaba amorosamente a la actora, que se le preparaban los alimentos conforme a su dieta y gustos, que ten�a a su disposici�n una ni�era para el cuidado de su hija y no deb�a realizar aseo y otros quehaceres que implica el hogar.

De igual forma, las actitudes alegadas por la demandante atinentes a que su c�nyuge decid�a todo por s� solo, le daba el dinero justo para lo que se llegare a requerir, no le conced�a permiso para salir de la casa a realizar tr�mites de su padre y no la llevaba a visitar a su familia a Manizales junto con su hija, tampoco pueden entenderse como actos humillativos, degradantes e intencionales que buscaran ocasionar sentimientos de inferioridad sobre ella, m�s aun cuando ning�n medio probatorio logra acreditar tales acontecimientos.

En su interrogatorio el se�or EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS inform� que la se�ora G�mez Ram�rez era una persona tosca, impulsiva y ofensiva, que constantemente lo insultaba y le hac�a comentarios como �Usted no es bueno para nada�, agresiones ante las cuales guard� silencio; en cambio puso a disposici�n de su esposa una ni�era para el cuidado de su hija y una empleada para el aseo y preparaci�n de alimentos, porque su c�nyuge dorm�a hasta tarde, descansaba y realiza actividades de esparcimiento.

Estimados en conjunto todos los medios probatorios referidos es claro para esta Corporaci�n que el demandado principal no ultraj� ni maltrato a su c�nyuge durante el tiempo que cohabitaron, pues no se logr� acreditar con las acciones y omisiones relatadas que su intenci�n firme era producir baja autoestima, inferioridad sobre s� misma, desvalorizaci�n que obstaculizara su autonom�a y desarrollo personal, como tampoco se desprende conductas sistem�ticas de humillaci�n, acoso, desprecio o insultos; an�lisis que no solo desvirt�a la posici�n de la demandante principal sino que estructura las causales de cesaci�n de efectos civiles invocadas por el actor en reconvenci�n. En efecto, el trato de la se�ora Constanza Eugenia hacia su consorte Eduardo Antonio fueron acciones conscientes e intencionales de parte de ella que desvalorizaban a su compa�ero, atentando contra su integridad moral y psicol�gica, habida cuenta que la persona que hab�a elegido para compartir su vida impart�a en su contra conductas de desprecio, insultos y amenazas, siendo tan evidentes los ultrajes que terceros lograron percibirlo, tal como se desprende de los relatos de Luz Amparo V�lez Hern�ndez, H�ctor Germ�n Hoyos Villegas y Diana Mar�a Villegas.

Cabe decir que la denuncia interpuesta por la demandante principal en contra del demandado en nada derrumba lo demostrado con el recaudo probatorio restante, pues los hechos all� expuestos acaecieron el 7 de octubre de 2016, tiempo despu�s de la separaci�n de hecho de la pareja, por lo tanto, no conduce a acreditar la configuraci�n de la causal invocada en la demanda inicial, torn�ndose en un medio probatorio in�til; as� como la denuncia de Eduardo Antonio en contra de Constanza sobre los mismos hechos y el reconocimiento m�dico legal practicado al accionado, m�xime cuando el declarante Jorge Arrieta, Agente de Polic�a de Viterbo, Caldas, no fue determinante para esclarecer la situaci�n acontecida en esa fecha.

Lo hasta aqu� discurrido conlleva a concluir que se halla configurada la causal contemplada en el numeral 3 del art�culo 154 del C�digo Civil, modificado por la Ley 25 de 1992, a favor del demandante en reconvenci�n; como tambi�n se evidencia por parte de este Tribunal la existencia de la contenida en el numeral 2 de la misma norma y que fue invocada en la contrademanda, en vista de que la se�ora Constanza Eugenia el d�a 30 de diciembre de 2015 abandon� su hogar sin una justa causa demostrada, incumpliendo su deber de cohabitar con su c�nyuge.

Aunque algunos declarantes �Mar�a Lucy Ram�rez de G�mez, Jos� Fernando G�mez Ram�rez y �ngela Mar�a G�mez Ram�rez� afirmaron que el 30 de diciembre de 2015 el se�or Eduardo Antonio ech� de la vivienda a su c�nyuge; otros deponentes �Luz Amparo V�lez Hern�ndez y H�ctor Germ�n Hoyos Villegas� consignaron que el actor en reconvenci�n sali� a un almuerzo familiar, circunstancia que aprovech� ella para abandonar la casa; confront�ndose por completo los dos bloques sin que ninguno logre dar certidumbre sobre los hechos ocurridos ese d�a, sin embargo, en vista de que la demandada en reconvenci�n se contradijo en su versi�n, como quiera que en el libelo inicial afirm� que su familia para protegerla a ella y su hija se las llevaron a vivir a Manizales para esa fecha y en la contestaci�n de la reconvenci�n se�al� haber sido desalojada por su esposo y la se�ora Clara Mar�a Hoyos Kleeman, aunado a que debi� irse por sus propios medios, �ltimo punto que posteriormente en su interrogatorio contrarrest� al afirmar que le proporcionaron dinero para cancelar el taxi para que se fuera de la casa; pierde toda credibilidad su postura e impide proporcionarle fuerza probatoria a esas afirmaciones y a lo expuesto por el primer conjunto de declarantes mencionado, tomando impulso, por el contrario, lo exteriorizado por el segundo de estos.

Lo anterior se entreteje con lo asegurado por la se�ora Diana Mar�a Villegas, quien se�al� que la se�ora G�mez Ram�rez se fue del hogar porque se aburri�; y por el se�or Eduardo Antonio en el sentido de que no pudo echarla de la vivienda porque en ese momento se encontraba por fuera y antes de irse se despidieron normal, d�ndose cuenta de que el abandono no era temporal porque Constanza Eugenia le manifest� sus deseos de no volverlo a ver.

Conjetura que se robustece con el hecho de que la c�nyuge en otras ocasiones hab�a dejado el hogar, situaci�n que si bien no se encuentra plenamente demostrada, si configura un indicio en su contra. De esta forma se encuentra que la a quo valor� conforme a la sana critica, la l�gica y la experiencia, los medios de convicci�n obrantes en el dossier, sin que hubiera pretermitido ninguna prueba legalmente acopiada, llegando al convencimiento de la estructuraci�n de las causales 2 y 3 del art�culo 154 del C�digo Civil, invocadas por el demandado inicial en su contrademanda.

La valoraci�n de la prueba testimonial por parte de la juez, si bien no se hizo individualmente, no observa arbitrariedad o falta de coherencia porque su apreciaci�n en conjunto y valorado que grupo de testigos ofrec�a m�s credibilidad y coherencia en sus versiones, otorgando a las del demandado un mayor grado de convencimiento. En relaci�n a las grabaciones no constituyen una prueba determinante en el debate y oportunamente la parte interesada no atac� su actuaci�n. 3.6.

De la custodia y cuidado personal de los menores de edad. Los v�nculos familiares representan un soporte indispensable para el desarrollo propicio de los menores de edad, asisti�ndoles el derecho a crecer en el seno de una familia y ser acogidos por esta, por lo que s�lo pueden ser separados cuando en ella no les garanticen sus prerrogativas (arts. 44 C.Pol. y 22 C.I.A., Convenci�n sobre los Derechos de los Ni�os de la Asamblea General de la ONU de 1989, art. 9).

La responsabilidad parental que comprende la orientaci�n, cuidado, acompa�amiento y crianza de los ni�os, implica el deber compartido y solidario de cada uno de los padres en busca de que los menores puedan obtener la m�xima satisfacci�n de sus derechos, lo cual solo se logra con la comunicaci�n constante y clara entre sus progenitores. As� las cosas, por regla general todo ni�o tiene derecho a conocer a sus padres, ser cuidados por ellos y mantener contacto directo de modo regular aunque est�n separados, excepto cuando condiciones especiales exijan lo contrario, siempre trat�ndose de proteger el inter�s del menor, tal como lo expres� la Corte Constitucional en la sentencia T-572 de 2009.

Por consiguiente, las situaciones que avalan la separaci�n total de los ni�os de alguno de sus padres, impidi�ndole su custodia y cuidado personal, deben obedecer a razones excepcional�simas derivadas de la carencia de elementos necesarios para asegurar sus derechos. Al tamiz de lo esbozado y lo obrante en el dossier, esta Sala no encuentra asidero al pedimento del demandante en reconvenci�n atinente a que la custodia y cuidado personal de la menor M. J. H. G. sea adjudicada �nicamente a �l, porque, seg�n afirm�, la se�ora Constanza Eugenia ejerce una crianza indebida y obstaculiza la relaci�n con su hija.

De la verificaci�n de derechos realizada por el Instituto de Bienestar Familiar no se desprende tal aseveraci�n, pues si bien se determina que el rol materno desempe�ado por la demandada en reconvenci�n se �hace desde una perspectiva de cuidado y protecci�n, donde prima la seguridad y se ha desdibujado un poco los l�mites del cuidado y la seguridad propia, mostrando un sistema de crianza complaciente y sin una figura de autoridad; lo cual ha llevado a que se presente en M. J. un enlentecimiento y la no elaboraci�n de la frustraci�n�, lo cierto es que tambi�n se se�ala que dichas condiciones pueden ser modificadas y mejoradas por la figura cuidadora �padre y madre�, para que pueda construir una confianza b�sica que le permita afrontar los retos de su propio proceso evolutivo y los generados por los entornos en los que est� inserta, raz�n por la cual, privar de la custodia y cuidado personal a la se�ora CONSTANZA EUGENIA G�MEZ RAM�REZ ser�a una medida desproporcionada.

Adem�s, de la visita realizada por la trabajadora social a la residencia actual de la madre de la menor se concluye que las condiciones son adecuadas para garantizar el normal desarrollo integral de la ni�a, porque cuenta con cuidados, protecci�n, satisfacci�n de necesidades b�sicas, afecto de su progenitora y presencia de su familia extensa, recomendando que la custodia sea compartida y la menor conserve la actual vivienda junto con su madre, para que no se acreciente el trauma generado con ocasi�n de los conflictos y separaci�n de sus progenitores; informe que respalda lo se�alado por el Instituto de Bienestar Familiar.

Referente a la obstaculizaci�n de la se�ora G�MEZ RAM�REZ en la relaci�n de padre e hija, es de subrayar que de ning�n modo se encuentra acreditado en el plenario que los inconvenientes que este ha padecido para compartir y comunicarse con la ni�a provengan del actuar exclusivo de la se�ora Constanza Eugenia, en tanto que tambi�n corresponde al actor en reconvenci�n desplegar todas las gestiones necesarias y hacer uso de los medios a su disposici�n para interactuar y hacer presencia en la vida de la menor; aunado a que es un argumento endeble para fundamentar la p�rdida de la custodia de la madre.

Esto no quiere decir que el se�or Eduardo Antonio no goce de los mismos derechos que la progenitora, ni tampoco que no cumpla con los requerimientos indispensables para su custodia y cuidado, toda vez que est� demostrado que reune todo lo necesario para tal labor, su estado de salud es estable y se encuentran controladas sus patolog�as de base, posee de todas las habilidades para velar por la ni�a, ya que ha participado activamente en su crianza, tanto en afecto como en disciplina, teniendo una casa segura, rodeada de un ambiente sano y tranquilo, en �ptimas condiciones de aseo y con presencia de terceras personas que ayudan a la atenci�n de la infante; no obstante, en vista de que esta �ltima ha sufrido alteraciones en su vida por cuenta de las diferencias y separaci�n de sus padres, lo mas recomendable por las expertas que emitieron sus conceptos profesionales es que siga residiendo donde actualmente lo hace, a efectos de evitar un nuevo cambio trascendental en su desarrollo; sugerencia que no pod�a ignorarse por parte de la a quo, ni ahora por este Tribunal.

Por �ltimo, aunque Constanza Eugenia G�mez Ram�rez, Mar�a Lucy Ram�rez de G�mez y �ngela Mar�a G�mez Ram�rez manifestaron que el se�or Eduardo Antonio Hoyos proporcionaba un trato ultrajante y descalificante a la menor refiriendose a ella como si fuera una persona mayor y con palabras como �tonta�, �torpe� y �bruta�; los dem�s deponentes lo definieron como un padre amoroso, que le dedicaba tiempo de calidad jugando, bailando y compartiendo en todo sentido con ella; quedando en simples afirmaciones carentes de respaldo las hechas por los primeros.

En atenci�n a lo discurrido, se confirmar� la decisi�n relativa a que la custodia y cuidado personal de M. J. H. G. sea compartida, conservando su actual lugar de habitaci�n; empero, de acuerdo a las circunstancias que envuelven al se�or HOYOS VILLEGAS en el sentido de que su domicilio se encuentra en Viterbo, Caldas, mientras su hija reside en la ciudad de Manizales, se acceder� al pedimento subsidiario y en consecuencia se dispondr� la modificaci�n del fallo en lo que ata�e a la regulaci�n de visitas para que pueda compartir con ella un fin de semana cada 15 d�as, recogiendola los viernes a la salida del jard�n infantil, de forma que puedan disfrutar de todo el d�a sabado.

Lo dem�s quedar� inc�lume. 3.7. De los alimentos. La ruptura del v�nculo matrimonial, que siempre obedece a conflictos internos de la pareja, no debe implicar la desprotecci�n de los menores de edad procreados y no es justificable la desantenci�n de sus obligaciones de orden material y moral que han asumido frente a sus hijos. Desamparar a los infantes por el incumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la paternidad, implica una grave transgresi�n a sus derechos fundamentales, compromete su subsistencia y afecta su desarrollo personal, siendo esta la raz�n para que deban quedar claramente establecidas las prestaciones a cargos de los separados, seg�n sus capacidades econ�micas.

De acuerdo a lo que obra en el tr�mite, se tiene por probado que M. J. H. G. es una ni�a de escasos 4 a�os que requiere suplir sus necesidades basicas y todo lo atinente a su desarrollo integral, comprendiendo esto su alimentaci�n, vivienda, educaci�n, salud, recreaci�n y vestimenta. Desde esta perspectiva, la cuota alimentaria estimada por la Juez de primera instancia encuentra respaldo en que la pensi�n del jardin infantil donde est� matriculada oscila entre los $43.200 y $48.000 pesos, sus refrigerios entre los $48.300 y 57.000 pesos, su transporte al centro educativo ida y regreso es aproximadamente $200.000 pesos y su seguridad social $185.000 pesos, quedando el restante de la mensualidad para cubrir los gastos de alimentaci�n, recreaci�n, vestido y erogaciones varias; siendo un monto ajustado para satisfacer las necesidades b�sicas, m�xime cuando no es dable desmejorar la calidad de vida de la infante con ocasi�n de la separaci�n de sus padres.

Es de aclarar que la obligaci�n alimentaria en principio es compartida por los dos progenitores del menor, sin embargo, debe ser conforme a la capacidad econ�mica de cada uno de estos, motivo por el cual, si no se logr� comprobar que la se�ora G�mez Ram�rez se encuentra actualmente laborando u obteniendo ingresos pecuniarios, no puede este acontecimiento perjudicar a la ni�a M. J., debiendo su padre entrar a suplir todos sus requerimientos vitales, quien adem�s cuenta con la suficiencia monetaria para hacerlo.

Finalmente y en aras de cerrar la discusi�n, es acertado precisar que dentro de la mensualidad ordenada se encuentra incluido el concepto de educaci�n, sin que haya lugar a que el se�or Hoyos Villegas deba seguir cancelando el mismo separadamente; situaci�n diferente la de la medicina prepagada, por cuanto no es una necesidad primaria de la ni�a, sino m�s bien una asistencia extra para la atenci�n en salud, que de ninguna manera puede estar comprendida dentro de la cuota alimentaria, quedando al albedrio de su padre, mantener dicho beneficio. 3.8.

Conclusi�n. De lo antepuesto se concluye que la a quo finiquit� la controversia de cara al recaudo probatorio, efectuando una debida valoraci�n apoyada en la sana critica, la l�gica y la experiencia, no accediendo a las pretensiones del escrito principal y decretando la cesaci�n de efectos civiles del matrimonio por las causales que fueron probadas en esta controversia.

As� mismo, se encontraron ajustados a derecho los pronunciamientos respecto a los alimentos de la menor, as� como lo concerniente a la custodia y cuidado personal de la misma, entrando a modificar �nicamente las visitas reguladas a fin de que inicien los d�as viernes despu�s de la salida de la ni�a M. J. del jard�n infantil. Los anteriores argumentos dejan sin sustento el recurso de apelaci�n impetrado por la parte demandante inicial, prosperando parcialmente el interpuesto por el demandado principal, conllevando la confirmaci�n con modificaci�n de la sentencia confutada, en lo que respecta a la regulaci�n de visitas del se�or Eduardo Antonio Hoyos Villegas.

Se condenar� en costas a la parte demandante inicial por no haber prosperado su recurso, conforme al art�culo 365 del C�digo General del Proceso. (CONDENA SUJETA A CAUSACI�N). IV. DECISI�N Por lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA, Administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA CON MODIFICACI�N la sentencia de fecha 16 de febrero de 2017, emitida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma, Caldas, dentro del proceso de Cesaci�n de Efectos Civiles de Matrimonio Religioso, promovido por la se�ora CONSTANZA EUGENIA G�MEZ RAM�REZ en contra de EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS; asunto en el cual se formul� demanda de reconvenci�n. Se MODIFICA el ordinal cuarto del fallo, quedando del siguiente modo: �CUARTO: La custodia y cuidado personal de la menor M. J. H. G. ser� compartida por ambos padres de la siguiente manera: - La menor conservar� el actual lugar de residencia con su madre CONSTANZA EUGENIA G�MEZ RAM�REZ. - El se�or EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS podr� compartir con su hija M. J. un fin de semana cada 15 d�as, recogi�ndola en la salida del jard�n infantil los d�as viernes y regres�ndola el domingo o lunes festivo, dado el caso, a las 7 de la noche.

As� mismo, podr� estar con la menor durante toda la Semana Santa, vacaciones de mitad de a�o y diciembre, aclarando que para las fechas especiales la tenencia de la menor ser� rotativa, empezando el 24 de diciembre del a�o en curso con su padre y el 31 de ese mismo mes lo compartir� con su se�ora madre.� Se CONDENA en costas de segunda instancia a la se�ora CONSTANZA EUGENIA G�MEZ RAM�REZ, en favor de la parte demandada principal.

Las agencias en derecho ser�n fijadas por la Magistrada Sustanciadora en el momento procesal oportuno, conforme al art�culo 366 del C�digo General del Proceso. Liqu�dense por el Juzgado de conocimiento. (CONDENA SUJETA A CAUSACI�N). Por Secretar�a, DEVU�LVASE oportunamente el expediente al juzgado de origen. SOFY SORAYA MOSQUERA MOTOA Magistrada Ponente �LVARO JOS� TREJOS BUENO JOS� HOOVER CARDONA MONTOYA Magistrado Magistrado  Fls. 137 a 141 C1.  Fls. 14 a 21 C3.  Fls. 267 a 270 C1.  Fls. 267 a 270 C1.  Fls. 272 a 275 C1.  Ver GARC�A SARMIENTO, Eduardo.�Elementos del derecho de familia.�Bogot�: Editorial� Facultad de Derecho, 1999; ver tambi�n la Sentencia C-985 de 2010.

Corte Constitucional. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  Ib�dem.  Corte Constitucional, Sentencia C-985 de 2010.  Corte Constitucional, Sentencia C-985 de 2010.  CSJ, Sentencia STC10829-2017 del 25 de Julio de 2017. Rad. 201-01401-00. M.P.: Luis Armando Tolosa Villabona.  Gaceta Judicial N� 2138 y 2139, pags. 44 a 47.  Corte Constitucional, Sentencia T-967 de 2014.  Fl. 26 C.3.  Fls. 212 a 213, 217 a 218 C.1.  Fl. 214 a 216 C.1.  Corte Constitucional, Sentencia T-572 de 2009.  Fls. 1 a 3 C.3.  Fl. 5 vto.

C.3.  Fl. 5 vto. C.3.  Fls. 200 a 201, 219 a 251, 258 C.1  Fls. 260 a 261 C.1  Interrogatorio de Constanza Eugenia G�mez Ram�rez y Fl. 26 C.3.  Interrogatorio de Constanza Eugenia G�mez Ram�rez y Fl. 25 C.3.  Interrogatorio de Constanza Eugenia G�mez Ram�rez  Interrogatorio de Constanza Eugenia G�mez Ram�rez y Eduardo Antonio Hoyos Villegas.     17042-31-84-001-2016-00079-02 Cesaci�n de Efectos Civiles de Matrimonio Religioso ��l m � � � � 2 3 M j � � � � N � � �  � �  " o�}~���������з�Ъ���wnwnw�`��wnwnwnwnwWwWhR5fCJ\�^Jh�B�h� 5�CJ\�^Jh� CJ\�^Jh�B�h� CJ\�^Jh�B�h� CJ^Jh�B�h� 5�CJ^Jh�B�h� 5�OJQJ\�^Jh�B�h� OJQJ^J0jh�B�h� OJQJU^JmHnHtH $uh�B�h� 5�OJQJ^Jh�r�5�OJQJ^Jh�r� h� ah�r�h� 5�OJQJ^J"./l m � � � � � � � 2 3 L M ����������������$ ��3d]�3a$gd� $�3�d]�3`�a$gd� $�3d]�3a$gd� $ �� da$gd� $da$gd� $da$gdyy�$a$gd�r�$a$gd�r�dgd�'M � � � � � �  PQ����ijkqr���������������������$�3d]�3a$gd� $�3��d]�3`��a$gd� �3d]�3gd� $�3�d]�3`�a$gd� �3�d]�3`�gd� ��������hijp�� (/V\mnpr����!8Bi�������������� >?Yx�����������������Ǻ�������������������������������������������hR5fOJQJ^J%jh�B�h� 0JOJQJU^Jh� OJQJ^Jh�B�h� OJQJ^Jh�B�h� 5�OJQJ^Jh�B�hR5fCJ\�^Jh� CJ\�^JhR5fCJ\�^Jh�B�h� CJ\�^J:�������ij~�� EO������������mno~������ 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Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,Footnote Text Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,ft5$7$8$9DH$B*CJaJmH phsH 0�/��Q0 *3N�Texto nota pie Car, Car Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,Footnote Text Char Char Char Car Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1,Footnote Text Cha Car-B*CJOJPJQJ^JaJmH phsH tH &`�� *3N0�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,FC,referencia nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Pie de P�gina,Appel note de bas de page,Footnotes refss,Footnote number,BVI fnr,f,4_G,16 Point,Superscript 6 Point,Texto nota al pie,Texto de nota al pi@�B*CJH*T�OrT *3NINICIO$��dh`��a$CJOJQJmH $sH $tHH�/���H *3N INICIO CarCJOJPJQJ^JaJtH<@�< yy�0 Encabezado  ��8!H�/���H yy�0Encabezado CarCJOJPJQJaJB �B yy�0 Pie de p�gina  ��8!N�/���N yy�0Pie de p�gina CarCJOJPJQJaJH�/���H � T�tulo 1 CarCJOJPJQJmHsH\�/���\ � T�tulo 2 Car,5�6�CJOJPJQJ\�]�aJmH sH tH V�/���V � T�tulo 3 Car&5�CJOJPJQJ\�aJmH sH tH 8) ��8 � N�mero de p�ginal�l � Nota al pie"! �h�P5$7$8$9DH$`�PB*CJaJmH phsH n�"n � Texto predeterminado"5$7$8$9DH$B*CJaJmH phsH pB2p $� Texto independiente#�x5$7$8$9DH$B*CJaJmH phsH d�/��Ad #� Texto independiente CarB*OJPJQJmH phsH :>R: &� Puesto%$a$ aJmHsHD�/��aD %� Puesto CarCJOJPJQJmHsH@Jr@ (� Subt�tulo'$a$ aJmHsHJ�/���J '� Subt�tulo CarCJOJPJQJmHsHPP�P *� Texto independiente 2 )d��x^�/���^ )� Texto independiente 2 CarCJOJPJQJaJ^"�^ � Descripci�n+$5$7$8$9DH$a$B*aJmH $phsH $hR�h -� Sangr�a 2 de t. independiente,�d��x^�n�/���n,� !Sangr�a 2 de t. independiente CarCJOJPJQJaJ�/��� � rTexto nota pie Car1,Texto nota pie Car Car, Car Car,Texto nota pie Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car CarOJQJ^JmH sH tH B^�B � 0 Normal (Web)/�d�d[$\$:U ��: � 0 Hiperv�nculo >*ph�>W ��> � Texto en negrita5�\�H�"H � textocaja2�d�d[$\$ mH sH tH B�o��1B � apple-converted-space,�/��A, � 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