NR 81505946 · Tribunal de Pasto

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Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la sentencia que en primera instancia fue proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto al interior del asunto de la referencia, previos los siguientes: I.

ANTECEDENTES 1. Tr�mite de primera instancia El se�or Cironay Balanta Espa�a a trav�s de su apoderada judicial interpuso una demanda con el fin de que agotados los tr�mites del proceso ordinario, se procediera a conceder sus pretensiones declarativas de simulaci�n del contrato de compraventa suscrito entre ALVARO YURI MARIN NOGUERA e ILDA SOCORRO ZAMBRANO LOMBANA, que tuvo por objeto el establecimiento de comercio denominado �Servicentro Iberia�.

Las razones que expuso a fin de pretender la mentada simulaci�n se fundamentaron en la condici�n de acreedor que adujo ostentaba respecto del demandado MARIN NOGUERA, motivo por el cual consider� que el contrato celebrado entre �l y la se�ora ZAMBRANO LOMBANA afectaba sus intereses. Admitida la demanda mediante providencia de veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015), se corri� traslado a los demandados quienes dieron contestaci�n al libelo con el escrito allegado el tres (3) de junio del mismo a�o, tal como reposa a folios 75 y siguientes del cuaderno principal; memorial en donde hicieron pronunciamiento expreso sobre los hechos, se opusieron a las pretensiones, exponiendo como �nica excepci�n de m�rito la que sin denominaci�n se fundament� en tener como cuant�a de la pretensi�n el valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000.oo).

As�, agotado el tr�mite de rigor, el Juzgado de primera instancia cit� a la audiencia de alegaciones y fallo, misma que se llev� a cabo el d�a nueve (9) de agosto de dos mil diecisiete (2017) y en la cual se profiri� la sentencia de primera instancia favorable a las pretensiones del demandante. Dentro de la oportunidad procesal, el apoderado de la parte demandada interpuso el recurso de apelaci�n expresando los reparos concretos en contra del fallo A quo, alzada que fue concedida mediante auto proferido al interior de la misma audiencia. Luego, el mismo profesional del derecho present� por escrito reparos similares a los que ya hab�a expresado. 2.

Tr�mite de segunda instancia Mediante auto de veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) se admiti� el recurso de apelaci�n, y en providencia del pasado doce (12) de febrero se cit� a las partes para que comparezcan a la audiencia de la que trata el art�culo 327 del C. G. del P., la cual se llev� a cabo el d�a veinte de este mismo mes y a�o con la presencia del apoderado de la parte demandada.

En dicha oportunidad el abogado del extremo pasivo del litigio procedi� a sustentar su recurso y la Sala de Decisi�n luego de tomar un breve receso, procedi� a dictar el sentido del fallo que en este momento se profiere conforme a las siguientes: II. CONSIDERACIONES 1. En primer lugar, tal como se advirti� al momento de proferir el sentido del presente fallo, es claro que el apelante deb�a sujetar su sustentaci�n a desarrollar los reparos concretos a la sentencia impugnada expuestos ante el juzgado de primer grado, puesto que la segunda instancia s�lo puede examinar la cuesti�n debatida, �nicamente en relaci�n con tales reparos, siendo ese el mandato expreso del art�culo 322 y en especial del inciso primero del art�culo 328 ambos del C. G. del P. Al respecto, vale destacar que la presentaci�n de los reparos concretos expuestos, tanto al interior de la audiencia de alegaciones y fallo ante la primera instancia, como los que con posterioridad y oportunamente fueron allegados por escrito, se concretaron en los siguientes: i) Que la sentencia de primera instancia vulner� el principio de non bis in idem que es tra�do del sistema penal. ii) Que en el presente asunto la parte actora no hab�a acreditado la calidad con la que hab�a comparecido al proceso, pues la condici�n de acreedor �nicamente se pod�a demostrar a trav�s de prueba documental que de cuenta de una obligaci�n definida, no a trav�s de indicios. iii) Que ante tal ausencia no se pod�a dictar una sentencia de m�rito, puesto que no exist�a un presupuesto procesal. iv) Que se hab�an tomado en cuenta testimonios de personas que ni siquiera hicieron parte del contrato. v) Que no se demostr� la existencia de una obligaci�n concreta sino abstracta, es decir, con una cuant�a indeterminada. vi) Que de nada serv�a alegar de conclusi�n, si la sentencia en su parte resolutiva ya est� definida desde antes de empezar la audiencia. vii) Que en la sentencia de primera instancia se acudi� al conocimiento personal del Juez al tomar en cuenta como prueba la sentencia proferida por el mismo juzgado en proceso ordinario de simulaci�n anterior.

No obstante, en la audiencia de sustentaci�n del recurso de apelaci�n, el apoderado de la parte alzadista expuso argumentos que en nada se relacionan con los reparos concretos que se hab�an expuesto ante la primera instancia, tales como: i) Que de acuerdo con los hechos de la demanda y expuestos en la sentencia, el Juez hab�a revivido un proceso anterior relativo a la nulidad de una donaci�n, imponiendo �rdenes que no correspond�an a este proceso. ii) Que el A quo hab�a cometido errores en la determinaci�n de las fechas de las inscripciones hechas por la c�mara de comercio relacionadas con la acreditaci�n del indicio denominado tiempo sospechoso del negocio; iii) Que el demandado no hab�a demostrado la disminuci�n del patrimonio del deudor, mencionando el que considera el valor real de la obligaci�n laboral impuesta al demandado y cuestiones relativas a la falta de competencia en raz�n de la cuant�a. iv) Cuestiones relativas a un desistimiento de la demanda, a presuntos problemas judiciales entre el demandante y su apoderada.

Y finalmente, v) reparos al fallo proferido en el proceso ordinario anterior, en el que se hab�a demandado la simulaci�n de un contrato de donaci�n. En consecuencia, respecto de los �ltimamente enlistados, este Ad quem no realizar� ni puede realizar pronunciamiento alguno, as� como tampoco sobre los reparos concretos que si bien fueron presentados ante la primera instancia, no se desarrollaron en la respectiva sustentaci�n, pues se insiste, esta colegiatura no tiene competencia para pronunciarse sobre ellos.

As�, como corolario de esta primera parte, vale mencionar que los motivos de reproche sobre los cuales la Sala de Decisi�n emitir� pronunciamiento, por haber sido expuestos ante la primera instancia y sustentados debidamente en la segunda, son: i) Que en el presente asunto la parte actora no hab�a acreditado la calidad con la que hab�a comparecido al proceso, pues la condici�n de acreedor �nicamente se pod�a demostrar a trav�s de prueba documental que de cuenta de una obligaci�n definida, no a trav�s de indicios. ii) Que ante tal ausencia no se pod�a dictar una sentencia de m�rito, puesto que no exist�a un presupuesto procesal. iii) Que en la sentencia de primera instancia se acudi� al conocimiento personal del Juez al tomar en cuenta como prueba, un fallo proferido por el mismo juzgado en proceso ordinario anterior, en el que se ventil� la simulaci�n de un contrato de donaci�n, y finalmente, iv) Que la sentencia de primera instancia vulner� el principio de non bis in idem que es tra�do del sistema penal. 2.

Conforme con lo anterior, se impone precisar el problema jur�dico se�alando que el debate en la presente instancia gira en torno a un cuestionamiento principal: �Conforme a los medios de prueba existentes en el plenario, se pude determinar que la parte actora acredit� en debida forma su calidad de acreedor, con la dijo comparecer al proceso? Por lo tanto, para poder responder a la cuesti�n jur�dica que ha sido planteada, es necesario realizar unas precisiones iniciales, relativas a las normas y pronunciamientos jurisprudenciales aplicables a la materia. 3.

Al respecto, la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013), con ponencia del Magistrado Ariel Salazar Ram�rez, explic� de manera clara que el Juez est� obligado, antes de la resoluci�n de todo litigio, a la verificaci�n de si se encuentran reunidos los requisitos necesarios para la constituci�n regular de la relaci�n jur�dico - procesal, cuales son: competencia del fallador, capacidad para ser parte, para comparecer al proceso y demanda en forma.

Que superado el anterior an�lisis, debe realizarse la verificaci�n de los elementos definidores o constitutivos de la acci�n, que identifican cual es la acci�n ejercitada y se agrupan en tres elementos: los sujetos, tanto activo como pasivo de la relaci�n jur�dico-sustancial discutida; el t�tulo de la pretensi�n que se invoca, o hechos de donde se deriva, que a su vez constituyen la causa para pedir, y el petitum.

Finalmente, aparecen las denominadas �condiciones de la acci�n�, los cuales ya no la identifican, sino que tienen por finalidad obtener su prosperidad, o lo que es lo mismo, a obtener una sentencia favorable a las pretensiones del demandante y son tres: la tutela de la acci�n por una norma sustancial, la legitimaci�n en causa y en el inter�s para obrar.

A partir de este punto, ya se encuentran argumentos para determinar que no le asiste raz�n al alzadista, puesto que en la sustentaci�n del recurso consider� que por la presunta falta de acreditaci�n de la calidad con la que compareci� al proceso, no se encontraba configurado un presupuesto procesal. No obstante, m�s que a la ausencia de un requisito necesario para la constituci�n regular de la relaci�n jur�dico - procesal, sus razonamientos est�n relacionados con dos de las condiciones de la acci�n, cuales son: la legitimaci�n en causa y el inter�s para obrar.

Sobre el t�pico, bien vale se�alar que la ausencia de la legitimaci�n en la causa por activa, no tiene como consecuencia la imposibilidad de dictar una sentencia de m�rito, puesto que de demostrarse que en verdad no le asist�a a la parte actora la mentada legitimaci�n, a lo sumo proced�a la negaci�n de las pretensiones, pero no se configura con ello alguna nulidad de las establecidas en el art�culo 133 del C. G. del P. Al respecto, dentro del proceso de marras, se respetaron las oportunidades para la solicitud, decreto y pr�ctica de pruebas, conforme lo establece la ley para este tipo de procesos, situaci�n que se defini� a trav�s de las providencias de veinte (20) de agosto y tres (3) de noviembre de dos mil quince (2015), y cinco (5) de junio de dos mil diecisiete (2017), que en virtud de los principios de preclusi�n y eventualidad, ya no es posible recabar sobre lo all� decidido. 4.

Ahora, si lo que se trata poner de relieve, es que en este proceso no se practic� una prueba que por ley era obligatoria, valga memorar que no existe norma que imponga que en los procesos de simulaci�n deba imperativamente practicarse alg�n medio de convicci�n en particular, menos para demostrar la calidad de acreedor con la que acuda el demandante, puesto que lo regulado por el numeral 5� del art�culo 133 del C. G. del P., se refiere por ejemplo a la prueba de ADN en los procesos de investigaci�n de la paternidad, o la inspecci�n judicial en aquellos de pertenencia, cuya pr�ctica es ineludible por mandato legal expreso, raz�n suficiente para descartar la procedencia del argumento de reproche en este espec�fico punto. 5.

Por otra parte, cuando hace un momento se mencion� que entre las denominadas condiciones de la acci�n se encontraban la legitimaci�n en la causa y el inter�s para obrar, la jurisprudencia con apoyo en la doctrina se ha encargado de definir y diferenciar estos conceptos en la siguiente forma: De los procesalistas nacionales, es tal vez la obra de Hernando Devis Echand�a, la que mejor explica sus diferencias y propone una definici�n cuya utilidad pr�ctica es innegable en materia de efectos, alcance y contenido de la sentencia. Seg�n ese autor, el que denomin� �inter�s para la pretensi�n, o inter�s para la sentencia de fondo o m�rito, o facultad para gestionar la sentencia de fondo�, corresponde a �la utilidad o el perjuicio jur�dico, moral o econ�mico que para el demandante y el demandado puedan representar las peticiones incoadas en la demanda y la consiguiente decisi�n que sobre ellas se adopte en la sentencia�. En ese orden de ideas, el demandante ha de tener �un inter�s subjetivo o particular, concreto y actual en las peticiones que formula en la demanda, esto es, en la pretensi�n incoada, y que el demandado tenga uno igual en contradecir esa pretensi�n�, y aunque es diferente de la legitimatio ad causam, es �el complemento� de esta, �porque se puede ser el titular del inter�s en litigio y no tener inter�s serio y actual en que se defina la existencia o inexistencia del derecho u obligaci�n, como ocurrir�a v. gr. cuando se trata de una simple expectativa futura y sin efectos jur�dicos�. Luego, en el mismo fallo explic� que el principio de la relatividad de los contratos no tiene aplicaci�n absoluta cuando se trata de solicitar la simulaci�n o la nulidad de los mismos, puesto que en los alrededores de los convenios pueden existir sujetos que en verdad no fueron sus celebrantes, pero a quienes no les es indiferente la suerte final de los mismos, aclarando que en todo caso, la legitimaci�n del tercero resultaba eminentemente restringida, motivo por el cual debe analizarse y deducirse para cada caso especial sobre las circunstancias y modalidades de la relaci�n procesal que se trate, porque es �sta un conflicto de intereses jur�dicamente regulado y no pudiendo haber inter�s sin interesado, se impone la consideraci�n personal del actor, su posici�n jur�dica, para poder determinar, singulariz�ndolo con respecto a �l, el inter�s que legitima su acci�n. Lo anterior, sirve para debatir lo expuesto por el censor cuando en la audiencia de sustentaci�n del recurso trajo a colaci�n un extracto de un fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, el que si bien fue antit�cnicamente citado, puesto que no referenci� ning�n par�metro que permita su identificaci�n, se sabe que es el datado a veinticinco (25) de enero de dos mil diez (2010) con ponencia del magistrado Pedro Octavio Munar Cadena.

Al respecto, en pronunciamiento reciente y con relaci�n directa sobre las resultas de este asunto explic�: �Trat�ndose de los acreedores, su legitimaci�n ad causam en la acci�n de simulaci�n es extraordinaria y deriva de su inter�s en el litigio vinculado a la relaci�n jur�dica ajena que es objeto de la demanda, cuya extinci�n (en casos de simulaci�n absoluta) o reforma (en simulaciones relativas) persigue, en tanto el inter�s jur�dico para obrar �se lo otorga el perjuicio cierto y actual irrogado por el �acuerdo simulado�, ya sea porque le imposibilite u obstaculice la satisfacci�n total o parcial de la �obligaci�n�, o por la disminuci�n o el desmejoramiento de los �activos patrimoniales� del deudor (CSJ SC, 2 Ago. 2013, Rad. 2003-00168-01)�. 6.

As�, para el caso que actualmente ocupa la atenci�n de esta Sala de Decisi�n, se tiene que el alzadista se duele de que la parte actora no demostr� la condici�n con la cual hab�a comparecido al proceso, es decir, que CIRONAY BALANTA ESPA�A no hab�a acreditado la calidad de acreedor de ALVARO YURI MAR�N, lo cual seg�n argumentos del apelante, �nicamente pod�a demostrarse a trav�s del aporte de la primera copia autenticada del fallo que le impon�a una condena particular, o a trav�s del reconocimiento extraprocesal de la existencia del derecho de cr�dito y que �ste hab�a sido insatisfecho; de cualquier forma s�lo prueba documental.

Sin embargo, considera esta Corporaci�n que lo pretendido por el alzadista va m�s all� de lo realmente exigido por las normas que regulan la materia, puesto que si bien es cierto que el numeral 5� del art�culo 77 del C. de P. C. determina que el demandante debe acreditar la calidad con la que comparece al proceso, no determina que lo deba demostrar a trav�s de un espec�fico medio de prueba.

Vale mencionar que los documentos relacionados por el alzadista en la sustentaci�n del recurso, resultan v�lidos e imperativamente necesarios, si de promover un proceso ejecutivo se tratara, puesto que en ese tipo de litigios, en verdad debe allegarse el fallo judicial que impuso la respectiva condena con constancia de ser la primera copia, o el reconocimiento extrajudicial de la obligaci�n, o en t�rminos generales el documento que contenga el derecho de cr�dito de forma clara, expresa y exigible, pues no de otra forma resulta jur�dicamente viable promover el cobro coactivo.

Sin embargo, este no es un proceso en el que se busca la ejecuci�n forzada de una obligaci�n incumplida, sino uno en el que se pretende la declaraci�n de simulaci�n absoluta de un contrato de compraventa que tuvo por objeto un establecimiento de comercio, tr�mite que es promovido por quien alega ostentar la condici�n de acreedor de uno de los extremos contractuales.

De ah� que la parte actora puede demostrar dicha condici�n a trav�s de cualquier elemento de prueba, pues no existe una norma que indique que aquella condici�n �nicamente pueda ser demostrada a trav�s de un espec�fico medio de convicci�n. As�, para el caso se encuentran dos pruebas que son de especial relevancia para el t�pico bajo estudio; la primera, de tipo documental, consistente en la copia aut�ntica del auto de 9 de marzo de 2015 proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco dentro del proceso ejecutivo No. 2014 - 00037, en donde se decret� el embargo y secuestro del establecimiento de comercio �SERVICENTRO IBERIA�, de donde f�cilmente es posible inferir que al se�or CIRONAY BALANTA ESPA�A le asiste un derecho de cr�dito cierto respecto del demandado ALVARO YURI MAR�N, el cual dio lugar al tr�mite referido en el mencionado prove�do.

La segunda, y m�s importante que la anterior, consiste en la confesi�n contenida en la contestaci�n de la demanda, elaborada por la apoderada judicial del se�or ALVARO YURI MAR�N. Al respecto, reza el art�culo 195 del C. de P. C., que la confesi�n por apoderado judicial valdr� cuando para hacerla haya recibido autorizaci�n de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el art�culo 101.

Al respecto, se mencion� por el demandante en los hechos tercero y cuarto del libelo, que en contra del se�or ALVARO YURI MARIN NOGUERA se adelant� el proceso ordinario laboral radicado con el n�mero 2009 - 00064 - 00, el cual termin� con una sentencia condenatoria a cargo del mencionado demandado, obligaci�n que no fue asumida voluntariamente por el deudor, raz�n que motiv� a adelantar un proceso ejecutivo.

Frente a ello, la apoderada judicial de los demandados ILDA SOCORRO ZAMBRANO LOMBANA y ALVARO YURI MAR�N NOGUERA contest� frente a esos hechos que en efecto, el se�or MAR�N NOGUERA hab�a sido condenado por el Juzgado Laboral en el proceso que coincide con el relacionado en el libelo, y adem�s, que realmente se hab�an negado a cancelar dicha acreencia laboral.

Confesi�n mediante apoderada judicial que resulta v�lida seg�n lo establecido en el art�culo 197 del C. de P. C., norma vigente para el momento en que se contest� la demanda, y que por s� sola, determina que el demandante es acreedor del demandado MAR�N NOGUERA, y que por lo tanto es el tercero calificado para demandar la simulaci�n de los contratos en los que se compromete el patrimonio que es su prenda general de pago, puesto que no s�lo le asiste inter�s para actuar, sino tambi�n legitimaci�n en la causa por activa, sin que puedan ser de recibo los reproches enfilados por la parte alzadista.

Por ello, se concluye que no s�lo es la prueba indiciaria la que dio lugar a la demostraci�n de que el actor en realidad es acreedor de uno de los integrantes de la parte demandada, sino tambi�n la prueba documental que da cuenta de la existencia de un proceso ejecutivo laboral que tiene tanto a uno como a otro en la calidad de ejecutante y ejecutado respectivamente, adem�s de la confesi�n a trav�s de apoderada judicial, en la que se reconoce la existencia de la obligaci�n y que no ha sido asumida en debida forma. 7.

Ahora, tambi�n relacionado con el tema de la confesi�n, vale mencionar que al momento de dar contestaci�n al libelo, la apoderada judicial de la parte demandada propuso como excepci�n que se tenga en cuenta que la cuant�a del presente asunto era de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000.oo), afirmaci�n que hace irrelevantes y por dem�s extempor�neos los argumentos que sobre el tema expuso el alzadista. 8.

Por otra parte, son varias las intervenciones en las que se invoca, alega y refuta, un fallo judicial proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco en un proceso en el que se deprec� y resolvi� con anterioridad, la simulaci�n de contrato de donaci�n. Sin embargo, dentro del plenario no existe copia aut�ntica del mismo que pueda ser valorado como prueba, de ah� que todos los reproches que se relacionen con su existencia, quedan descartados por falta de fundamento probatorio.

No obstante, es cierto que el indicio relativo a la participaci�n del demandado en negocios simulados anteriores, tuvo fundamento en el conocimiento personal del Juez sobre la existencia de una sentencia anterior favorable a las pretensiones de simulaci�n. Sin embargo, la decisi�n de primera instancia no �nicamente se bas� en el mencionado indicio para entender acreditada la existencia de la simulaci�n en el asunto que nos ocupa, sino tambi�n en: El tiempo sospechoso del negocio.

Estar el vendedor amenazado de cobro de obligaciones vencidas. El comportamiento de las partes en el litigio. La retenci�n de la posesi�n del bien por parte del enajenante. El precio exiguo o bajo. Construcciones indiciarias que sirvieron de fundamento a la decisi�n de primera instancia y que en nada refut� el apelante al momento de sustentar su recurso, de ah� que las bases en la que se encuentra cimentado el fallo se mantienen inc�lumes, raz�n por la cual habr� de confirmarse en su integridad.

Y es que vale recordar que la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 15 de diciembre de 2015, con Ponencia del Magistrado Edgardo Villamil Portilla, explic� que si bien en los procesos de simulaci�n juega un papel fundamental la fuerza individual de cada indicio, tambi�n lo hace el elenco de todos ellos, a fin de reconstruir un itinerario l�gico que llev� al fallador a decidir como lo hizo. 9.

Finalmente, en lo atinente al principio del non bis in idem y su holgada relaci�n con el principio de la cosa juzgada que el alzadista aleg� en la sustentaci�n, es de precisar dos cosas: La primera, que la cosa juzgada debi� ser alegada en su oportunidad a modo de excepci�n, allegando los elementos de prueba a fin de lograr la prosperidad del medio de enervaci�n de las pretensiones, lo que en este proceso no se hizo.

La segunda, que a�n existiendo prueba del fundamento de la cosa juzgada en los t�rminos que la aleg� el apelante, lo cierto es que ella no tendr�a un destino favorable, pues se relacion� un proceso con sentencia en firme en el cual se declar� la simulaci�n de un contrato de donaci�n, caso que no es el que ocupa la Jurisdicci�n en este momento, ya que lo actualmente ventilado es que no hubo voluntad contractual alguna, soterrada bajo el manto de una supuesta compraventa, motivo por el cual si bien podr�a hablarse de identidad de sujetos, no ser�a posible hacerlo respecto del objeto o la causa. 10.

As�, como corolario de lo expuesto se responde de manera positiva el problema jur�dico planteado en los albores de este fallo, en el sentido de determinar que los documentos aportados y solicitados por la parte actora s� resultan suficientes para encontrar acreditada la legitimaci�n en la causa por activa del se�or CIRONAY BALANTA ESPA�A, lo que en consecuencia implica la confirmaci�n en su integridad del fallo de primera instancia. Finalmente, en virtud de que el recurso de apelaci�n ha sido resuelto de forma negativa a la parte que lo interpuso, se har�a necesario su condena en costas.

Sin embargo, no habr� lugar a ello en la medida que no se han causado. III. DECISION En m�rito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en Sala de Decisi�n Civil Familia, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, Resuelve:

PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco al interior del presente asunto, y que fuera objeto de apelaci�n.

SEGUNDO. SIN LUGAR a condenar costas de segunda instancia a la parte demandada.

TERCERO. ORDENAR, una vez en firme la presente decisi�n, el env�o del expediente al Juzgado de origen. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE GABRIEL GUILLERMO ORT�Z NARV�EZ Magistrado MAR�A MARCELA PEREZ TRUJILLO Magistrada AIDA M�NICA ROSERO GARC�A Magistrada Competencia del fallador, capacidad para ser parte, para comparecer al proceso y demanda en forma. DEVIS, Op cit., t. I, p�g. 447.

Citado en: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil. Sentencia de 18 de noviembre de 2016. M.P. Ariel Salazar Ram�rez. Ref. No. SC16669-2016. Ib�dem, 446. Ib�dem, 440. Ref: Exp. 11001 3103 031 1999 01041 01. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil. Sentencia de 15 de diciembre de 2005. Expediente 68001-31-03-003-1996-19728-02.

Magistrado Ponente: Dr. Edgardo Villamil Portilla. PAGE Apelaci�n sentencia en proceso ordinario No. (645 - 01) Magistrado Ponente Dr. Gabriel Guillermo Ortiz Narv�ez PAGE 1 Apelaci�n sentencia en proceso ordinario agrario de pertenencia No. 2007-00174 (165-01) Magistrado Ponente Dr. Gabriel Guillermo Ortiz Narv�ez ./TVq|}�� ɷ��o]�]K: h.htP#CJOJQJ^JaJ#h.h 255�CJOJQJ^JaJ#h.h�E�5�CJOJQJ^JaJ#h.hzqt5�CJOJQJ^JaJ#h.htP#5�CJOJQJ^JaJ#h.h�pH5�CJOJQJ^JaJ#h.hul�5�CJOJQJ^JaJ#h.hK)5�CJOJQJ^JaJ#h.h�5�CJOJQJ^JaJ#h.h �5�CJOJQJ^JaJ#h.h.�5�CJOJQJ^JaJ� � � � I h i } � � � �� $$Ifa$gd�*� $Ifgd�P� $dha$gd�P�$a$gd�q� $dha$gd�q�gd�q�gd� 5gd�q�$&d 7$8$P�� a$gd@`N E g x { � � � � ) * n ~ � � � � � � ��s�b�Q�@Q1 h.h�oCJ OJQJaJ h.h�CJOJQJ^JaJ h.h� 5CJOJQJ^JaJ h.h�V�CJOJQJ^JaJ h.h�E�CJOJQJ^JaJ h.h�]�CJOJQJ^JaJ h.hS+�CJOJQJ^JaJ h.hzd�CJOJQJ^JaJ#h.hg CJOJQJ\�^JaJ#h.h�_nCJOJQJ\�^JaJ#h.h� 5CJOJQJ\�^JaJ#h.h@`NCJOJQJ\�^JaJ� � � � � � H I g h i | } � ��|��fM7( h.h �5�6�OJQJ\�+h.h �6�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $1h.h �5�6�CJ OJQJ\�^JaJ mH $sH $+h.h �CJ OJQJ\�^JaJ mH $sH $h.h �5�OJQJ\�h.h �OJQJ\�4h.h �5�6�CJ OJQJ\�]�^JaJ mH $sH $ h.h �5�CJ OJQJaJ h.h �CJ OJQJaJ h.h �CJ OJQJaJ y(0jh.h �CJ OJQJUaJ mHnHu h.h� 5� � � � � � � ! 3 8 9 E [ \ ] f g h y � � � � � � � � ��ź��ۘ��Иۺ�ہ�ۺ��tgZgZh.h;@(OJQJ^Jh.h�F6OJQJ^Jh.h�*�OJQJ^Jh.h�*�5�OJQJh.h� OJQJh.h�P�5�OJQJh.h �OJQJh.h�O�OJQJh.h�%mOJQJh.h�l�OJQJh.h�P�OJQJh.h �5�OJQJh.h�K*OJQJh.h �6�OJQJ\� 8 9 E ��4�Zkd^$$IfT�F�0h _� t�� 6�� 4�4� la�oyt�P��T $$Ifa$gd�P� $Ifgd�P�Zkd$$IfT�F�0h _� t�� 6�� 4�4� la�oyt�P��TE \ ] h � �� $Ifgd�*� $Ifgd�P�Zkd�$$IfT�F�0h _� t�� 6�� 4�4� la�oyt�P��T $$Ifa$gd�l�� z�� $dh7$8$a$gd;@( $dh7$8$a$gdKz[ $dh7$8$a$gd82Zkd$$IfT�F�0h _� t�� 6�� 4�4� la�oyt�P��T� � � � `��|��;>AB��ؾؾ��ر}�p�p�p��cUch.h 66�OJQJ^Jh.h 6OJQJ^Jh.h�]OJQJ^Jh.hA&OJQJ^Jh.h~!�OJQJ^Jh.h�OJQJ^Jh.h�M+OJQJ^Jh.h�G�OJQJ^Jh.h�YOJQJ^Jh.h�IOJQJ^Jh.h;@(OJQJ^Jh.h;@(5�OJQJ^Jh.h �OJQJ^J �BC��IJABVWABXY� � � 9$:$�� $dh7$8$a$gd�Y $dh7$8$a$gd�Y $dh7$8$a$gdKz[�:��HI�@ABVZ45DXY��̿��}o}�bU�Gh.h�Y6�OJQJ^Jh.h# XOJQJ^Jh.h� BOJQJ^Jh.h�Y5�OJQJ^Jh.h �OJQJ^Jh.h�YOJQJ^Jh.hm FOJQJ^Jh.h�1OJQJ^Jh.h�`�5�OJQJ^Jh.h;@(OJQJ^Jh.h 6OJQJ^Jh.h�q/OJQJ^Jh.h�fOJQJ^Jh.hZ7OJQJ^JY[\�� T X � � � � 2 4 ��պպ��rbTG:h.h�b�OJQJ^Jh.h�Z�OJQJ^Jh.h�^55�OJQJ^J h.h�^55�6�OJQJ^Jh.h�^5OJQJ^J h.hjiq5�6�OJQJ^Jh.hjiqOJQJ^Jh.h�D5�OJQJ^J h.h�D5�6�OJQJ^Jh.h�DOJQJ^Jh.h�Y5�OJQJ^Jh.h�YOJQJ^Jh.h�Y6�OJQJ^J h.h�Y5�6�OJQJ^J4 5 6 7 8 � � � � � � � ~ � � T!V!Y!Z!a!g!"+"-"1"2""�"��𷪝��se�Wseses�WsJh.h�ELOJQJ^Jh.h�}45�OJQJ^Jh.h�}46�OJQJ^Jh.h�}4OJQJ^J h.h�}45�6�OJQJ^Jh.h� BOJQJ^Jh.h�YOJQJ^Jh.hjiqOJQJ^Jh.hjiq5�OJQJ^Jh.h�b�OJQJ^Jh.h�b�5�OJQJ^J h.hjiq5�6�OJQJ^J h.h�b�5�6�OJQJ^J �"##$#'#(#?#^#�#�#�#�#�#8$:$I$s$x$�$�$�$�$�$�$Q%a%s%{%�%�%�%�%��滮��w�i�w��\�h.h;@(OJQJ^Jh.h�Y6�OJQJ^Jh.h# XOJQJ^Jh.h�>OJQJ^Jh.h�YOJQJ^J h.h�~25�6�OJQJ^Jh.h�~2OJQJ^Jh.h�K�OJQJ^Jh.h�s�5�OJQJ^J h.h�s�5�6�OJQJ^Jh.h�s�OJQJ^Jh.h1fOJQJ^J:$�%�%�)�)++�+�+�-�-�/�/�0�0-3.3�4�4�6�6�9�9�:�:��gd�-gd�P gd g $dh7$8$a$gdKz[ $dh7$8$a$gd�Y�%�&�&�&�'�'�'�'$('()(�(�(")2)5)t)�)�)�)�)�)�)�)>*H*K*��Ū��wlaUIUh.hQP�OJQJ\�h.hKz[OJQJ\�h.hKz[OJQJh.hQP�OJQJh.h �OJQJh.h�YOJQJ^Jh.h�>OJQJ^Jh.hQP�6�OJQJ^Jh.hQP�OJQJ^Jh.h]�5�OJQJ^J h.hQP�5�6�OJQJ^Jh.h]�6�OJQJ^J h.h]�5�6�OJQJ^Jh.h]�OJQJ^JK*+Q+S+d+�+�+�/�/�/�/�0�0�0�0�0�1�1��ͺ��m�Z�F�F�3Z$h.h=�CJ OJQJaJ mH $sH $'h.h�->*CJ OJQJaJ mH $sH $$h.hQP�CJ OJQJaJ mH $sH $'h.h�-6�CJ OJQJaJ mH $sH $$h.h�-CJ OJQJaJ mH $sH $$h.h �CJ OJQJaJ mH $sH $$h.hQ.�CJ OJQJaJ mH $sH $$h.h �CJ OJQJaJ mH $sH $$h.hg! 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