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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PERIOD�STICA � CULPA: No se requiere demostrar la intenci�n libre y deliberada de causar da�o, puesto que tambi�n la imprudencia, negligencia o impericia, permiten se�alar que determinado actuar est� revestido de culpa. Conforme las disposiciones contenidas en la Ley 29 de 1944, se determina que se encuentran acreditados los requisitos axiol�gicos para la configuraci�n de este tipo de responsabilidad, en tanto que de los medios probatorios aportados se demostr� la existencia de da�os en las esferas moral, material y social del demandante, ocasionados por la publicaci�n emitida en los peri�dicos de propiedad de las sociedades demandadas, en los cuales se efectu� la divulgaci�n de una informaci�n incompleta y parcial, pues no obstante en principio no fue err�nea, por cuanto el actor en efecto fue detenido, no se inform� del archivo de la investigaci�n por atipicidad de la conducta punible a las pocas horas de haberse producido la captura, actuando con negligencia al no haberse verificado y analizado previamente tal informaci�n y a pesar de que el actor solicit� que la misma fuese corregida y enmendada, no se procedi� de conformidad, derivando en una actuaci�n culposa que gener� tales da�os.
PERJUICIOS MATERIALES � LUCRO CESANTE PASADO: Trat�ndose de actividades informales permitidas por el ordenamiento jur�dico, es posible acudir a presunciones para determinar el monto del da�o, en aquellos casos en que a pesar de haberse acreditado este, es dif�cil determinar su cuant�a. Siendo que se encuentra demostrado que el demandante desarrollaba una actividad econ�mica l�cita de manera informal, se debe acudir a criterios auxiliares para determinar el monto de la indemnizaci�n, como ser�a la aplicaci�n de la presunci�n de que devengaba por lo menos un salario m�nimo legal mensual vigente y no negar la pretensi�n; siendo procedente efectuar la liquidaci�n e imponer la respectiva condena por la ocurrencia de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante pasado.
DA�O MORAL � Monto. La tasaci�n realizada por el funcionario judicial, se considera proporcional, siendo que el monto solicitado por el actor, se aplica para casos en los que la pena o padecimiento moral es de suma gravedad y trascendencia en la vida de una persona, como, por ejemplo, cuando se trata del fallecimiento de familiares cercanos; sin que ello signifique que la aflicci�n padecida en este caso sea intrascendente o fr�vola.
DA�O A LA VIDA DE RELACI�N - �No s�lo puede tener origen en lesiones o trastornos de tipo f�sico, corporal o s�quico, sino en la afectaci�n de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la afectaci�n de otros intereses leg�timos�. Hay lugar a la condena al pago de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que este no s�lo se refiere a padecimientos f�sicos, sino que como en el presente caso, la conducta culposa en la que incurrieron los medios de comunicaci�n de propiedad de las demandadas, afect� las prerrogativas fundamentales a un buen nombre, a la honra, a la esfera exterior del demandante, que se vio alterada a causa de la lesi�n infligida a su actividad social no patrimonial. / Rep�blica de Colombia Rama Judicial del Poder P�blico TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA Magistrado Ponente: Dr. GABRIEL GUILLERMO ORTIZ NARV�EZ Referencia:Apelaci�n de sentencia en proceso ordinario con pretensi�n declarativa de responsabilidad civil extracontractualProceso No.:2017 - 00115 - 01 (069-01)Demandante:LEMDemandado:GRUPO EDITORIAL EL PERI�DICO S.A.S. Buenas tardes a todas y todos, en San Juan de Pasto hoy siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), siendo las 2:30 de la tarde, fecha y hora previamente se�aladas en auto del pasado veinticuatro (24) de abril, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO en SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA, integrada por las Magistradas MAR�A MARCELA P�REZ TRUJILLO, A�DA M�NICA ROSERO GARC�A y quien les habla GABRIEL GUILLERMO ORTIZ NARV�EZ como Magistrado Ponente, da inicio a la audiencia de sustentaci�n y fallo de segunda instancia prevista en el art. 327 del C. G. del P., dentro del asunto de la referencia radicado bajo el N� 52 001 3103 004 - 2017 - 00115 - 01, asunto que en primera instancia fue conocido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO.
En este momento, se deja constancia de que han comparecido los apoderados de las partes, a quienes se concede la palabra para que se identifiquen, indicando: NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS C�DULA DE CIUDADAN�A TARJETA PROFESIONAL (S�LO PARA ABOGADOS) DIRECCI�N PARA RECIBIR NOTIFICACIONES N�MERO DE TEL�FONO CORREO ELECTR�NICO Se comienza con el apoderado de la parte demandante (�) Se contin�a con el apoderado de la parte demandada (�) A continuaci�n, no habiendo pruebas que practicar, se oir� la alegaci�n que constituye la sustentaci�n de los recursos formulados por los apoderados judiciales de las partes, para lo cual se les dar� el uso de la palabra, no sin antes advertirles: Que deben sujetar su alegaci�n a desarrollar los reparos concretos a la sentencia impugnada expuestos ante el juzgado de primer grado, puesto que la segunda instancia examinar� la cuesti�n debatida, �nicamente en relaci�n con tales reparos; y Que para la sustentaci�n del recurso ser� suficiente que expresen las razones de su inconformidad con la providencia apelada.
Tiene la palabra el apoderado del demandante a fin de que sustente su recurso y para ello tiene un m�ximo de 20 minutos: (�) Tiene la palabra el apoderado de los demandados a fin de que sustente su recurso y para ello dispone de m�ximo 20 minutos: Se concede ahora la palabra a la contraparte, para que presente sus alegaciones respecto a la sustentaci�n del recurso que hizo la parte contraria, hasta por 20 minutos.
EN ESTE MOMENTO, ACUDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 373 NUM. 5� INC. 2� DEL C. G. DEL P., APLICABLE EN ESTA AUDIENCIA POR LO DISPUESTO EN EL ART. 327 PEN�LTIMO INCISO, LA SALA DECRETA UN RECESO DE VEINTE MINUTOS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA. REANUDADA LA AUDIENCIA y una vez o�das las alegaciones de los apoderados de los extremos en litigio, procede la Sala a decidir sobre las alzadas interpuestas contra el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto al interior del presente asunto; recordando que de conformidad con lo establecido en el art�culo 328 del C. G. del P., el juez de segunda instancia �nicamente tiene competencia para pronunciarse sobre los argumentos expuestos por los apelantes.
As�, por motivos pr�cticos y en atenci�n al orden que debe imprim�rsele al presente fallo, se iniciar� por atender los argumentos de reproche expuestos por la apoderada judicial de las sociedades demandadas, que en resumen se concretan en los siguientes postulados: i) Que en el presente asunto no se han configurado los presupuestos sustanciales para la procedencia de las pretensiones, haciendo �nfasis en varios apartes de la sustentaci�n en el elemento de la culpa que, seg�n su criterio no se encuentra configurado, puesto que no se acredit� que la publicaci�n hecha en los diarios se�alados por el demandante, se haya producido con la intensi�n libre tendenciosa y deliberada de causar da�o, con negligencia, imprudencia o con error de conducta. ii) Que la noticia brindada por los medios de comunicaci�n fue ver�dica en cuanto a la captura en flagrancia del demandante, que si en principio existi� un error, fue por la informaci�n suministrada por la Polic�a Nacional, de ah� que se actu� en virtud del principio de buena fe y confianza leg�tima de los particulares en las autoridades p�blicas, motivo por el cual el actor debi� acudir a la demanda contenciosa administrativa para la protecci�n de sus derechos por el mecanismo de la reparaci�n directa, no por la v�a ordinaria civil. iii) Finalmente, que los perjuicios reclamados apenas estaban soportados en copias simples, de ah� que no hab�a lugar a otorgar indemnizaciones.
As�, para iniciar a responder los reparos que se han hecho por parte de la apoderada de las sociedades demandadas, es necesario hacer claridad respecto de la fuente del da�o, o qu� hechos a juicio del demandante son los que constituyeron un agravio o menoscabo a las prerrogativas enunciadas en el libelo. Y al respecto, resulta innegable que en la demanda se relataron los hechos relacionados con el ret�n realizado por la Polic�a Nacional en el cual fue detenido por el hecho de transportar el qu�mico denominado soda ca�stica, en una cantidad muy superior a la permitida sin que se necesite autorizaci�n especial, de ah� que fuera puesto a disposici�n de la Fiscal�a General de la Naci�n por la presunta comisi�n de un delito en flagrancia; hechos que tuvieron inicio el veintinueve (29) de octubre de dos mil trece (2013) y finalizaron el d�a treinta (30) del mismo mes y a�o, con la decisi�n emitida por el mencionado ente investigador de archivar las actuaciones por cuanto no se encontraba acreditada la tipicidad como elemento de la conducta penal.
Sin embargo, aquel fundamento f�ctico no es el que constituye el hecho da�oso, puesto que seg�n lo relata el demandante, aquel se produjo por la publicaci�n emitida en los peri�dicos Diario del Sur y Extra, de propiedad de las sociedades demandadas, en donde se relat� tal acontecimiento sin la debida investigaci�n y sin aclarar que el ahora demandante no era el responsable de la comisi�n de ninguna conducta punible, menos a�n relacionada con el delito de tr�fico de estupefacientes.
Como puede observarse, lo anterior resulta suficiente para descartar los argumentos de reproche relacionados con la supuesta equivocaci�n del actor al elegir la acci�n, puesto que en este caso no se trata de poner en conocimiento de la jurisdicci�n los posibles errores de procedimiento, si es que los hubieran, cometidos por la Polic�a Nacional o la Fiscal�a General de la Naci�n, los que de quererlo el actor, dar�an lugar a la presentaci�n de una demanda con pretensi�n de reparaci�n directa en contra del Estado.
Sino, de la publicaci�n que de unos hechos se hizo en los diarios de propiedad de las sociedades demandadas, los que dan lugar a que el actor promueva una demanda civil de responsabilidad extracontractual en contra de medios de comunicaci�n. Aclarado lo anterior y ubicada la controversia en el escenario litigioso que en realidad ocupa a la corporaci�n, se encuentra que los reparos expuestos por la apoderada de los demandados se centran en el elemento de la culpa, el cual considera ausente, a fin de que sus representadas sean exoneradas de la responsabilidad que se les endilga.
Al respecto, se�al� que la publicaci�n realizada en el Diario del Sur y en el Extra, no se hizo con la intensi�n de causar da�o, ni con la libre inclinaci�n tendenciosa y deliberada de hacerlo. Sobre el t�pico planteado por la alzadista, es de particular relevancia para la Sala aclarar que el asunto que actualmente ocupa su atenci�n, se refiere a la responsabilidad por los da�os ocasionados en el ejercicio de la actividad period�stica, entendi�ndose que �sta labor puede originar responsabilidades de diversa �ndole, pudiendo ser �tica, penal o civil.
As�, sin entrar en mayores elucubraciones respecto de las ajenas a la especialidad de la jurisdicci�n a la que esta Corporaci�n pertenece, la responsabilidad de orden civil halla su fundamento legal en las precisas y especiales disposiciones contenidas en la ley 29 de 1944, actualmente vigente. As�, se destaca que conforme al art�culo 55 de cuerpo normativo �ltimamente mencionado, las particularidades de la responsabilidad civil por el ejercicio de la actividad period�stica se enmarcan dentro de la siguiente premisa legal: �Art. 55.- Todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusi�n o del cinemat�grafo, cause da�o a otra estar� obligado a indemnizarlo, salvo que se demuestre que no incurri� en culpa� De lo anterior, que la responsabilidad civil en que incurren las entidades period�sticas �nicamente puede configurarse en los casos en que aparezca debidamente acreditado que, con intenci�n o culpa, en sus publicaciones falsas o parciales, se haya ocasionado da�o a otro, en cuyo caso deber� resarcirse.
En consecuencia, como puede observarse, no halla fundamento en una norma que se encuentre contenida en el C�digo Adjetivo de la materia, sino que su estructura y elementos axiol�gicos pueden extractarse del art�culo 55 de la ley 29 de 1944, no obstante su similitud con los fundamentos jur�dicos de la responsabilidad civil por culpa extracontractual.
Al respecto, la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci�n Civil ha manifestado: �Sin embargo, en primer t�rmino debe se�alarse que se trata de una legislaci�n particular, porque comprende la responsabilidad civil extracontractual por divulgaci�n antijur�dica del "pensamiento" que cause da�o a otro que, dentro de una concepci�n amplia, incluye por supuesto la originada en informaci�n nociva.
En segundo lugar, tambi�n advierte la Sala que los t�rminos y redacci�n empleados en el sentido de que "todo el que por cualquier medio eficaz cause da�o a otro, estar� obligado a indemnizarlo " (art.55 ley 29 de 1944), no solo revelan que se trata de una aplicaci�n particular de los principios que regulan la responsabilidad civil por culpa extracontractual, sino que adem�s de servirle de fundamento, resultan �tiles para la regulaci�n general de este tipo de responsabilidad civil, la cual no se ubica entonces dentro de la responsabilidad por actividades peligrosas del art�culo 2356 del C�digo Civil.
De ello se desprende entonces, que la responsabilidad civil extracontractual por los da�os ocasionados en ejercicio de la actividad period�stica por la divulgaci�n informativa, sobre hechos o conductas, que conlleve para una persona determinada o determinable imputaciones falsas o inexactas (delictuosas), solamente puede estructurarse cuando, de acuerdo con las circunstancias especiales de la actividad y los hechos relevantes de la misma, pueda atribuirse a culpa profesional del agente�.
As�, de acuerdo con la jurisprudencia en cita, los elementos axiol�gicos que configuran la responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio de la actividad period�stica, no menosprecian a la culpa como parte de ellos, respecto de la cual la m�xima corporaci�n regente de la especialidad explic� desde 1952: �Culpa en sentido lato es la conducta contraria a la que deb�era haberse observado, desviada, bien por torpeza, por ignorancia, por imprevisi�n o por otro motivo semejante.
Lo que nuestro C�digo Civil define sobre culpa cabe dentro de aquel concepto, pues la hay: cuando no se manejan los negocios ajenos con el cuidado que aun personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios; cuando la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios; cuando falta la diligencia esmerada que un hombre juicioso emplea en la administraci�n de sus negocios importantes�.
Lo anterior, sirve de base para descartar lo se�alado por la alzadista demandada cuando expuso que no pod�a haber responsabilidad si no se demuestra la intensi�n libre y deliberada de causar da�o, puesto que tambi�n la imprudencia, negligencia o impericia, ya sea por torpeza, ignorancia o imprevisi�n, tambi�n permiten se�alar que determinado actuar est� revestido de culpa.
Ahora, respecto de este punto varias cosas merecen ser mencionadas; la primera, que los hechos en los que se vio involucrado el demandante, ocurrieron el veintinueve (29) y treinta (30) de octubre de 2013, d�as en que se produjo la detenci�n y posterior liberaci�n del demandante. Sin embargo, la publicaci�n realizada en los diarios de propiedad de los demandados se hizo el dos (2) de noviembre de aquel a�o, es decir dos d�as despu�s de ocurrida la liberaci�n y en ning�n aparte de la redacci�n de los art�culos period�sticos se da cuenta del archivo de la investigaci�n por atipicidad, y de la total ausencia de responsabilidad de quien hab�a sido detenido.
Lo anterior, denota que la informaci�n suministrada por los medios de comunicaci�n, si bien como lo hace gala la apoderada demandada, en principio no fue err�nea por cuanto el demandante en efecto fue detenido, la realidad demuestra que es incompleta y parcial, pues para la fecha de publicaci�n ya se hab�a producido la liberaci�n del detenido, de ah� que no sean de recibo los argumentos seg�n los cuales �la informaci�n no requer�a ninguna verificaci�n a cargo del periodismo�, ya que de haberse actuado de forma diligente, acudiendo a las fuentes directas de la informaci�n, no resultaba dif�cil verificar que la investigaci�n se archiv� casi inmediatamente por ausencia de tipicidad y por ende de responsabilidad, lo que se insiste, ya hab�a sucedido dos d�as antes de hacer p�blica la informaci�n a trav�s de los diarios, lo que de por s� evidencia la falta de cuidado que a�n las personas poco prudentes usar�an en sus asuntos.
En segundo lugar, los hechos relativos a la total exoneraci�n del ahora demandante, fueron puestos en conocimiento de las respectivas editoriales, con el objetivo de que la noticia que se hab�a publicado de manera incorrecta e incompleta sea corregida y enmendada por los mismos medios de comunicaci�n de forma voluntaria, los que teniendo para ese entonces incluso a�n mayores elementos y razones para proceder de forma correcta, no lo hicieron.
Y es que ni siquiera se actu� en debida forma dentro del t�rmino que fue concedido en una decisi�n de amparo constitucional, prolongando de manera desidiosa, altanera y tozuda, la debida correcci�n de lo inicialmente publicado. Ahora, en tercer lugar, si bien es cierto el tr�mite incidental por desacato no termin� con la imposici�n de las sanciones de las que habla el Decreto 2591 de 1991, el transcurso de tiempo entre el conocimiento real de que lo impreso era err�neo y la respectiva correcci�n hecha el veintis�is (26) de marzo de dos mil diecis�is (2016), no demuestran otra cosa que una conducta desviada del actuar correcto, pues a sabiendas de poder evitar un resultado da�oso, de forma consciente no lo hizo, motivo que sumado a los anteriores evidencian de forma contundente el actuar culposo en que incurrieron las sociedades demandadas, propietarias de los diarios involucrados en este litigio.
Ahora, hace poco se mencion� citando a la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia que en cuanto ata�e a la responsabilidad civil por el ejercicio de la actividad period�stica y en espec�fico para realizar el juicio culpabil�stico, se deb�an tener en cuenta las circunstancias especiales de la actividad y los hechos relevantes de la misma; as� para este caso, debe destacarse que en una sociedad como la colombiana en la que los delitos como el tr�fico de estupefacientes han generado consecuencias negativas de diversa �ndole, en realidad se exige de los medios de comunicaci�n mayor cuidado en la difusi�n de noticias sin la debida constataci�n de sus fuentes, m�xime si el hecho noticioso se hab�a producido con 3 d�as de anticipaci�n. Ahora, en algunos apartes de la sustentaci�n del recurso tambi�n se hicieron comentarios relativos a la inexistencia de afrenta, deshonor, vilipendio, oprobio, escarnio o cualquier otro efecto da�ino al se�or LEM, y al respecto, no queda m�s que decir que el haber difundido por dos medios regionales de comunicaci�n escrita, una noticia sobre la captura de una persona por delitos relacionados con el tr�fico de estupefacientes, sin la debida constataci�n de que a las pocas horas se hab�a proferido la resoluci�n de archivo de la investigaci�n por falta de atipicidad, definitivamente se produce la afectaci�n de su buen nombre, da�o antijur�dico que no ten�a por qu� padecer.
Al respecto, si la detenci�n se produjo por ejemplo, por no llevar la documentaci�n necesaria para el transporte del elemento denominado soda ca�stica en las cantidades en que se hizo, las consecuencias jur�dicas que dicha omisi�n conllevan son, adem�s de la captura y la inmovilizaci�n e incautaci�n de los elementos materiales de prueba, el verse sometido a una incipiente investigaci�n penal, que al final fue archivada a las pocas horas de iniciarse.
Pero la publicaci�n de una noticia en la que se expuso su nombre ante la sociedad regional como una persona relacionada con el delito de narcotr�fico, sin la debida y oportuna aclaraci�n y correcci�n, es un da�o que se verifica en el plenario y que jur�dicamente no deb�a soportar el se�or LEM, menos cuando en reiteradas oportunidades puso en conocimiento de los demandados las verdaderas circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.
De lo dicho y para descartar los argumentos de reproche expuestos por la apoderada judicial de los demandados, se concluye que no existen falencias probatorias en cuanto a la acreditaci�n del da�o y menos a�n respecto del elemento subjetivo de la culpa, ya que se encuentran demostrados; de ah� que las pretensiones de la demanda deben prosperar tal como lo declar� la sentencia de primera instancia, quedando pendiente entonces la resoluci�n de la alzada planteada por la parte actora, relacionada con los perjuicios a indemnizarse y su cuant�a. Al respecto, el apoderado del demandante expuso en resumen sus motivos de apelaci�n en tres ac�pites, cada uno relacionado con una modalidad de perjuicios en particular.
As�, respecto del no reconocimiento del lucro cesante, manifest� que dentro del plenario existe una prueba que no fue debidamente valorada por el A quo, cual es el juramento estimatorio mismo que no fuera controvertido ni objetado puesto que no existi� contestaci�n de la demanda. En adici�n, asegur� que existen documentos en el plenario y declaraciones de terceros que dan cuenta de la existencia del lucro cesante, indicando que el hecho de que se desempe�e una actividad informal no quiere decir que no exista o que no se percib�an ingresos por aquella.
Por lo dem�s, consider� que los c�lculos realizados en la demanda se hicieron con claridad y adem�s, en una suma que no considera excesiva. As�, el lucro cesante se concreta en la afectaci�n de un inter�s l�cito del damnificado a percibir una ganancia, provecho o beneficio de tipo econ�mico, que ya devengaba o que habr�a obtenido seg�n el curso normal u ordinario de los acontecimientos.
Sobre este t�pico, vale mencionar que el lucro cesante como todo otro perjuicio de car�cter material, debe ser demostrado por la parte actora, en el sentido de evidenciar que se trata de un da�o cierto y concreto como contraposici�n a unas meras expectativas. Sin embargo, frente a este t�pico la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci�n Civil ha se�alado que trat�ndose de actividades informales, es posible acudir a presunciones, siempre que se demuestre fehacientemente el desempe�o de una labor permitida por el ordenamiento jur�dico, bajo el entendido de que desde el punto de vista procesal, una cosa es la prueba del perjuicio patrimonial, en s� mismo considerado, y otra la de su cuant�a. As�, en el a�o 2013 reiterando lo que ya hab�a dicho en el a�o 2004, la Alta Corporaci�n explic�: �Incluso, la jurisprudencia reiterada de esta Corporaci�n ha se�alado que es posible acudir a la equidad para determinar el monto del da�o, en aquellos casos l�mite, en que, habi�ndose acreditado el perjuicio patrimonial, la determinaci�n de su cuant�a se torna extremadamente dif�cil, no obstante el cumplimiento de las cargas probatorias por la parte demandante.
Al respecto se ha expresado que �[c]on referencia espec�fica al invocado principio de la equidad, vale la pena recordar, adem�s, con apego a numerosos contenidos doctrinarios, jurisprudenciales y, por supuesto, normativos, que no obstante las consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atr�s aludida, hay casos en que ser�a injusto no concretar el valor de la indemnizaci�n so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del da�o, su cuantificaci�n no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, adem�s de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las v�ctimas�.
De donde se desprende que una vez se acredita que la parte demandante desarrollaba una actividad econ�mica l�cita de manera informal, el juez debe acudir a criterios auxiliares para determinar el monto de la indemnizaci�n, entre los cuales est� por un lado, la presunci�n de un salario m�nimo mensual legal vigente o por otro, la cantidad de dinero que suelen devengar, en promedio, las personas que se dedican a esa actividad econ�mica o a una semejante, tal como lo advirti� la misma Corporaci�n en pronunciamiento del veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecis�is (2016), con ponencia del Magistrado Luis Alonso Rico Puerta.
Para el caso, se encuentra demostrado a trav�s de los testimonios de Luis Arturo Revelo Villegas y del se�or Rafael Molina Rosero, que el demandante LEM s� desempa�aba labores de transporte independientes, a parte de las que le generaban el ingreso mensual fijo. Y es que al respecto, vale entender que el fallador A quo reconoce tal actividad, s�lo que indica que no existe demostraci�n de su monto, t�pico frente al cual la conducta a seguir no es la negaci�n de la pretensi�n, sino acudir a los mencionados criterios auxiliares que se han expuesto, entre ellos, la presunci�n de que devengaba por lo menos un salario m�nimo legal mensual vigente como remuneraci�n por tal actividad.
Ahora, la parte actora incluso en el recurso de alzada, insiste en que el promedio mensual recibido por las actividades de car�cter independiente, no exced�a los CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($450.000.oo) mensuales, raz�n por la cual, en atenci�n a lo establecido en el art�culo 281 del C. G. del P., no es posible condenar al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en �sta, y para el caso de la segunda instancia, tampoco es posible referirse a cuesti�n distinta a la que fue objeto de reparo concreto presentado ante la instancia A quo.
En ese sentido, para determinar el valor del lucro cesante pasado se acudir� a las siguientes f�rmulas, establecidas para tal concepto en la sentencia de nueve (9) de julio de dos mil doce (2012) proferida por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci�n Civil, con ponencia del Magistrado Ariel Salazar Ram�rez. Para el periodo comprendido entre el tres (3) de noviembre de dos mil trece (2013) hasta el veintiocho (28) de marzo de dos mil diecis�is (2016), se cuentan 28 meses.
Esta liquidaci�n con base en lo solicitado CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($450.000.oo), actualizado a la fecha presente, arroja el siguiente resultado Va = Vh If____ Ii Donde: Va = Valor actual Vh = Valor hist�rico IF = IPC final (fecha de la correcci�n) Ii = IPC inicial (fecha de la erogaci�n) As�: IPC Noviembre de 2013: 113.68292 IPC Marzo de 2016: 130.63385 Entonces: $450.000.oo x 130.63385 = $450.000.oo x 1.149107 113.68292 = $517.098 De modo que la suma nominal reajustada a marzo de dos mil diecis�is (2016) asciende a: quinientos diecisiete mil noventa y ocho pesos ($517.098.oo), valor que deber� reconocerse con sus respectivos intereses legales durante 28 meses, seg�n la f�rmula matem�tica que permite actualizar una suma que se va generando y acumulando mes a mes y que se simboliza as�: VA=LCI x Sn.
Donde, VA=Valor actual a la fecha de la liquidaci�n. LCI=Lucro Cesante Mensual. Sn=Valor acumulado de una renta peri�dica de 1 que se paga n veces, a una tasa de inter�s i por periodo. Sn= (1+i)n - 1 i Siendo, i=inter�s legal (6% anual) n=n�mero de pagos Entonces Sn = (1+0.005)28-1 = 0.14987261 = 29.9745 0.005 0.005 Luego, VA = LCI x Sn VA = $517.098 x 29.9745 = $15.499.754.001 As�, el lucro cesante pasado a favor del se�or LEM es por el valor de: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO UN PESOS ($15.499.754.001), suma por la cual se impondr� la respectiva condena, conforme lo permite el inciso tercero del art�culo 281 del C�digo General del Proceso.
Luego, respecto del da�o moral, la parte apelante considera que el monto por el cual se conden� resulta muy bajo, en consideraci�n a los da�os que se causaron y por el tiempo de dos a�os en los que los diarios de las sociedades demandadas se negaron a realizar la respectiva correcci�n, solicitando que por lo menos ascienda a los 100 salarios m�nimos legales mensuales vigentes.
Sobre este punto, como bien lo resalt� el alzadista, el monto del da�o moral causado no puede calcularse a trav�s de criterios objetivos, como sucede con el perjuicio material en el cual resulta posible acudir a f�rmulas matem�ticas que permiten determinarlo con mayor precisi�n. Por eso, se ha aceptado que el Juez acuda al denominado arbitrium judicis para determinar su quantum.
Para el presente caso, debe se�alarse que los guarismos similares o superiores a los cien salarios m�nimos legales mensuales vigentes, se aplican para casos en los que la pena o padecimiento moral es de suma gravedad y trascendencia en la vida de una persona, como por ejemplo, cuando se trata del fallecimiento de familiares cercanos tales como padres o hijos;
Al respecto, no se dice que la aflicci�n padecida por el aqu� demandante sea intrascendente o fr�vola, sino que en comparaci�n con otros de mayor gravedad, la tasaci�n realizada por el A quo resulta proporcional y por ende el monto por el concepto bajo an�lisis ser� confirmado. Finalmente, el apoderado de la parte actora manifest� su desacuerdo respecto de la abstenci�n en la condena por concepto de da�o a la vida de relaci�n, alegando conforme a extractos jurisprudenciales que para el caso se encontraba demostrado y en especial por la afectaci�n de sus derechos fundamentales sufrida.
Sobre este t�pico, vale mencionar que el fallador A quo niega la imposici�n de la condena por concepto de da�o a la vida de relaci�n, en virtud que seg�n sus criterios, aquel s�lo se refiere a padecimientos f�sicos, argumento que no puede ser de recibo con base en los mismos apartes jurisprudenciales invocados en el fallo objeto de recurso, puesto que bien claro se expres� que tal perjuicio �No s�lo puede tener origen en lesiones o trastornos de tipo f�sico, corporal o s�quico, sino en la afectaci�n de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la afectaci�n de otros intereses leg�timos�.
As�, bajo las consideraciones anteriormente expuestas resulta claro que la difusi�n de la noticia en la forma en que se hizo, sin que se corrigiera en debida forma sino habiendo transcurrido dos a�os, bajo se�alamientos que en la misma publicaci�n se hacen relacionados con el transporte de insumos para la fabricaci�n de estupefacientes, es una situaci�n que evidentemente afecta, en un contexto social como el colombiano, sus prerrogativas fundamentales a un buen nombre y a la honra, lo que provoc� que personas y establecimientos de comercio que en pasada oportunidad lo contrataban, dejaron de hacerlo ante la desconfianza que les produc�a verse relacionados con una persona se�alada de cometer il�citos.
De lo anterior, resulta claro que la conducta culposa en la que incurrieron los medios de comunicaci�n de propiedad de las sociedades demandadas, afect� la esfera exterior del demandante, que se vio alterada a causa de la lesi�n infligida a su actividad social no patrimonial, disminuyendo al menos en parte, una conducta que en forma cotidiana desarrollaba, que era su actividad comercial con sus clientes.
En tal medida, resulta v�lido considerar conforme al arbitrium judicis necesario para su tasaci�n, que el da�o a la vida de relaci�n asciende a un monto equivalente a cuarenta salarios m�nimos legales mensuales vigentes a favor del se�or LEM. Ahora, bien es cierto que los documentos obrantes en el plenario y que sirvieron de base para proferir las decisiones tanto de primera, como de segunda instancia, reposan en copia simple, tal como da cuenta la parte demandada.
Sin embargo, se deja claro que aquellos instrumentos son de car�cter privado, de ah� que la forma en que fueron aportados prest� m�rito probatorio, porque no fueron objetados por la parte contra la cual se exhibieron, en la medida que ni siquiera existi� contestaci�n de la demanda, siendo �sta la subsunci�n que exige lo establecido en el art�culo 246 del C. G. del P. Finalmente, en virtud de que el recurso de apelaci�n ha sido resuelto de forma parcialmente favorable a la parte demandante y totalmente desfavorable a la parte demandada, conservando �sta su condici�n de extremo vencido, se hace necesario condenar en costas de segunda instancia a la pasiva de la litis, motivo por el cual se proceder� tambi�n a fijar las agencias en derecho.
Con tal motivo, la Sala se regir� por lo establecido en el art�culo 5� del Acuerdo PSAA16-105547, seg�n el cual aquellas podr�n ascender HASTA 6 salarios m�nimos legales mensuales vigentes. DECISION En m�rito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en Sala de Decisi�n Civil Familia, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, Resuelve:
PRIMERO. MODIFICAR el numeral 3� de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto al interior del presente asunto, y que fuera objeto de apelaci�n, en el sentido de adicionar las condenas impuestas a cargo de la parte demandada, de la siguiente forma: �A t�tulo de indemnizaci�n de da�o material - lucro cesante: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO UN PESOS ($15.499.754.001), suma que deber� ser debidamente indexada al momento del pago.
A t�tulo de da�o a la vida de relaci�n la suma equivalente a cuarenta salarios m�nimos legales mensuales vigentes.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo dem�s el fallo objeto de apelaci�n.
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandada. Al momento de tasarlas, tener por agencias en derecho a cargo de la parte demandada y a favor de la parte demandante, la suma equivalente a un salario m�nimo legal mensual vigente.
CUARTO. ORDENAR, una vez en firme la presente decisi�n, el env�o del expediente al Juzgado de origen. La presente decisi�n se notifica por estrados de acuerdo al art. 294 del C. G. del P. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, la misma se da por terminada, no sin antes solicitar a los intervinientes que antes de retirarse, procedan a firmar el formato de control de asistencia, que hace parte del acta a que se refiere el art. 107 del C. G. del P. Gracias.
GABRIEL GUILLERMO ORT�Z NARV�EZ Magistrado MAR�A MARCELA PEREZ TRUJILLO Magistrada AIDA M�NICA ROSERO GARC�A. Magistrada Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil. Sentencia de 24 de mayo de 1999. M.P. Dr. Pedro Lafont Pianetta. Expediente No.5244. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil. Sentencia de 11 de marzo de 1952. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil.
Sentencia de 28 de febrero de 2013. M.P. Arturo Solarte Rodr�guez. Ref.: 11001-3103-004-2002-01011-01. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil. Sentencia de 13 de mayo de 2008. Citada en el fallo de primera instancia objeto de apelaci�n al interior de presente asunto. PAGE Apelaci�n sentencia en proceso ordinario No. (069 - 01) Magistrado Ponente Dr. Gabriel Guillermo Ortiz Narv�ez PAGE 2 Apelaci�n sentencia en proceso ordinario agrario de pertenencia No. 2007-00174 (165-01) Magistrado Ponente Dr. Gabriel Guillermo Ortiz Narv�ez TUabc���������� � � � � � � � � � � ����ǹǹ���������rererXrKh�M�h��OJQJ^Jh�M�hC�OJQJ^Jh�M�h>F9OJQJ^Jh�M�h:OJQJ^Jh�M�h�*�5�OJQJ^J h�M�h�P 5�OJQJ\�^Jh�M�h�P 5�OJQJ^Jh�M�h�5xOJQJ\�^Jh�M�h�5x5�OJQJ^Jh�M�hTe�5�OJQJ^Jh�M�h��5�OJQJ^Jh�M�h:OJQJ\�^Jh�M�h:5�OJQJ^Jbcc d xy/0 "BCt������������������ $dha$gd�q�gd�q�gd�q� �fd�&d P�� gd~g" �fd�gd�F! �fd�gd�� �fd�gd�Yf �fd�gd R6$a$gdTe�6$a$gd�Uy . 0 I [ j k � � � � � � � � � . ` a � � ����پ��ٖ��|�|��obUH;h�M�hup�OJQJ^Jh�M�h��OJQJ^Jh�M�hHP�OJQJ^Jh�M�h�m�OJQJ^Jh�M�h�C�OJQJ^Jh�M�hT ZOJQJ^Jh�M�h�_OJQJ^Jh�M�h�,OJQJ^Jh�M�h��OJQJ^Jh�M�h�,OJQJ\�^Jh�M�h:OJQJ\�^Jh�M�h''_OJQJ^Jh�M�h:OJQJ^Jh�M�h�# OJQJ^Jh�M�h��OJQJ^J� � � � � � � � � " & ( b c d � ����ٿ��昋���~p[E+h�M�h�^5�CJOJQJ^JaJmH $sH 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