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Providencia — Tribunal Superior de Pasto

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En este momento, se deja constancia de que han comparecido los apoderados de las partes, a quienes se concede la palabra para que se identifiquen: A continuaci�n se oir�n las alegaciones de las partes para que sustenten el recurso de apelaci�n hasta por 20 minutos, advirtiendo que las alegaciones se deben sujetar al desarrollo de los reparos concretos hechos a la sentencia ante el Juzgado de primer grado.

En este momento y de acuerdo a lo establecido por el inciso 2� del numeral 5� del art�culo 373 del C.G. del P., la Sala decreta un receso hasta las ____, momento en el cual se reanudara la audiencia con el fin de pronunciar la sentencia. Siendo las _____, se reanuda la audiencia dentro del proceso previamente identificado, y una vez o�dos los alegatos de las partes, procede la Sala de decisi�n a dictar la siguiente Sentencia:

ANTECEDENTES Demanda El extremo activo de la lid a trav�s de apoderada judicial solicit� que se declare a la empresa Grupo Editorial El Peri�dico S.A. propietaria del establecimiento de Comercio Extra �El diario de todos�, civilmente responsable de los perjuicios morales, materiales y de la vida en relaci�n causados a los se�ores � por las falsas publicaciones que emiti� dicha empresa en contra del se�or �.

Fundamentos f�cticos La apoderada judicial se�ala que, el d�a 24 de diciembre de 2010, el peri�dico de todos �Extra� en las p�ginas 5 y 24 public� la noticia titulada �Capturada pareja de guerrilleros � ten�an secuestrada una enfermera� acompa�ada de una fotograf�a del se�or � identific�ndolo como �� alias �El ���, y en el subt�tulo indic� que, � La victima del plagio intent� volarse de los subversivos hace algunos meses, pero en su intento de escape, cay� en un campo minado�.

Agrega que el demandado mediante la publicaci�n del d�a 17 de enero de 2011, indic� que el se�or � se present� a las oficinas de Extra para denunciar que fue acusado falsamente de pertenecer a una organizaci�n guerrillera, considerando que se torna irresponsable por parte del ente demandado al no verificar previamente ante la autoridad judicial o de investigaci�n competente y que adem�s, la rectificaci�n que solicit� el se�or demandante no se realiz� dentro de las condiciones de equidad que permitiera recuperar su honra y su buen nombre.

No obstante, indica que el peri�dico Extra mediante una nota period�stica publicada el d�a 13 de julio de 2011, expres� las aclaraciones respectivas frente a la situaci�n jur�dica del demandante y sobre las publicaciones del d�a 24 de diciembre de 2010 y el 17 de enero de 2011, en las cuales se presentaron algunas inexactitudes con respecto a lo que ocurri� en este caso, y as� mismo, ofreci� excusas al se�or�, por la informaci�n la cual se elabor� con base en un bolet�n oficial del Departamento de Polic�a Nari�o y consecuencialmente, reconoci� que contrariamente a la informaci�n que apareci� publicada el d�a 24 de diciembre de 2010, el mencionado no estuvo en ning�n instante vinculado al delito de secuestro y que al respecto, nunca se le imputaron cargos.

Expresa adem�s que, el n�cleo familiar del se�or �, est� conformado por su c�nyuge la se�ora � y su hija �, quienes se vieron moralmente afectadas por la situaci�n judicial del afectado a la que se sum� la situaci�n psicol�gica de su hija, y que en suma, a su c�nyuge � le gener� intranquilidad e inseguridad sobre el bienestar de su familia al no poder desplazarse hacia el municipio de Tumaco (N) debido al conflicto armado que padece en dicho terrunio.

Y finalmente manifiesta que, el se�or � labor� desde el d�a 20 de enero de 2010 como administrador en un restaurante de la ciudad de Pasto (N) del cual devengaba un salario equivalente a $800.000,00 y en suma le pagaban el auxilio de transporte por un valor de $61.500,oo, que perdur� hasta el 17 de diciembre de 2010 debido a la ocurrencia de los hechos mencionados los cuales incidieron en la decisi�n de la empleadora en no volverlo a contratar.

Sentencia de primera instancia. En fallo de 16 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto (N) declar� civilmente responsable al Grupo Editorial El Peri�dico S.A.S. de los da�os ocasionados a los demandantes a ra�z de la publicaci�n surtida el d�a 24 de diciembre de 2010 en el rotativo �El diario de todos Extra�; y en consecuencia conden� a la demandada reparar el da�o sufrido por los demandantes como los perjuicios materiales, morales y da�o a la vida en relaci�n, no obstante, frente a �ste �ltimo, la juez a quo no dio lugar a emitir condena a favor de la se�ora ��c�nyuge-.

Reparos y apelaci�n de la sentencia. La parte demandante apel� el numeral segundo de la sentencia de primera instancia en cuanto a la negativa de acceder a la pretensi�n de que la demandada sea condenada a pagar el perjuicio relacionado con el da�o a la vida de relaci�n frente a la se�ora�, fundada en el siguiente argumento: (i) Que de los testimonios recepcionados se ha dado cuenta que efectivamente todo el n�cleo familiar del se�or�, incluyendo a su esposa �, han sufrido un cambio radical en cuanto a sus vidas, y como ellos mismos lo han manifestado, la demandante ha sido quien ha tenido que asumir un papel de igualdad y de equidad y sufragar la carga econ�mica y emocional de toda su familia, incluido el de su c�nyuge.

La parte demandada finc� sus argumentos en contra del fallo de primera instancia se�alando que: (i), Es necesario que se estudie el grado de responsabilidad que tiene el Peri�dico �Extra�, teniendo en cuenta que siempre ha estado presto a realizar las correcciones y las rectificaciones que haya lugar; y a acatar las �rdenes judiciales estipuladas como se hizo en el presente proceso. ii) Y que de acuerdo al fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto (N), el d�a 13 de julio de 2011 el peri�dico �Extra� emiti� una nota pidiendo disculpas al se�or � por esa informaci�n que se elabor� con base en un bolet�n oficial del Departamento de Polic�a Nacional (N) y reconoci� que contrariamente a la informaci�n que apareci� publicada el d�a 24 de diciembre del 2010, el se�or � no estuvo en ning�n instante vinculado al delito de secuestro y que al respecto, nunca se le imputaron cargos.

II. CONSIDERACIONES Problema jur�dico Corresponde a esta Sala corroborar si dentro del asunto bajo estudio se probaron los presupuestos para declarar que la parte demandada es civil y extracontractualmente responsable de los presuntos da�os ocasionados con las publicaciones surtidas el d�a 24 de diciembre de 2010 y el 17 de enero de 2011 por el peri�dico �El Extra el diario de todos�, y en caso de ser afirmativo, dilucidar si las pruebas allegadas en tr�mite del asunto son suficientes para reconocer a la se�ora � la causaci�n del da�o a la vida en relaci�n. Tesis de la Corporaci�n Considera esta Corporaci�n que los elementos probatorios allegados al proceso permiten identificar que se configur� la responsabilidad civil extracontractual de la entidad demandada por las publicaciones realizadas en el peri�dico Extra que gener� perjuicios a la parte demandante, susceptibles de ser indemnizados, los que no se entienden reparados de forma integral con la posterior rectificaci�n realizada por el medio de comunicaci�n. De igual forma, tampoco se encuentra medio de convicci�n que permita determinar evidenciar la configuraci�n de un da�o a la vida en relaci�n de la se�ora�, por lo que se confirmar� de forma integral la decisi�n adoptada en primera instancia. Estudio del caso: Entrando en materia y refiri�ndonos al primer punto a tratar, de entrada debe decir esta Sala de Decisi�n que de conformidad con la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha expuesto el tipo de responsabilidad que tienen los medios de comunicaci�n con respecto a sus publicaciones, afirmando que: �los medios tienen una gran responsabilidad no s�lo con su audiencia, sino con la sociedad y el Estado, pues en el ejercicio de su actividad, pueden contribuir a la consolidaci�n efectiva de la democracia o incidir negativamente en las garant�as ciudadanas.

Es por esto que, por mandato del art�culo 20 Superior, los medios de comunicaci�n tienen una expresa responsabilidad social, carga leg�tima que en el caso de la transmisi�n de informaci�n, supone la exigencia de (i) veracidad e imparcialidad; (ii) la distinci�n entre informaciones y opiniones, y (iii) la garant�a del derecho de rectificaci�n. En ese sentido, los informes period�sticos difundidos de manera irresponsable, con fines indebidos, falsos, calumniosos, err�neos o inexactos, pueden significar en la pr�ctica un abuso de su libertad de informaci�n y la afectaci�n correlativa de derechos fundamentales.�(Corte Constitucional.

Sentencia T-219 de 2009 M.P. Mauricio Gonz�lez Cuervo). Bajo la misma perspectiva, la H. Corte Suprema de Justicia en el que expone que, �la legislaci�n vigente consagra dicha responsabilidad al prescribir que "todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusi�n o del cinemat�grafo, cause da�o a otra estar� obligado a' indemnizarlo, salvo que se demuestre que no incurri� en culpa" (art. 55 de la Ley 29 de 1944).

Sin embargo, en primer t�rmino debe se�alarse que se trata de una legislaci�n particular, porque comprende la responsabilidad civil extracontractual por divulgaci�n antijur�dica del "pensamiento" que cause da�o a otro que, dentro de una concepci�n amplia, incluye por supuesto la originada en informaci�n nociva. En segundo lugar, tambi�n advierte la Sala que los t�rminos y redacci�n empleados en el sentido de que "todo el que por cualquier medio eficaz cause da�o a otro, estar� obligado a indemnizarlo " (art.55 ley 29 de 1944), no solo revelan que se trata de una aplicaci�n particular de los principios que regulan la responsabilidad civil por culpa extracontractual, sino que adem�s de servirle de fundamento, resultan �tiles para la regulaci�n general de este tipo de responsabilidad civil, la cual no se ubica entonces dentro de la responsabilidad por actividades peligrosas del art�culo 2356 del C�digo Civil.� (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n. Sentencia de 24 de mayo de 1999.

M.P. Pedro Lafont Pianetta). As� pues, para desarrollar el tema en cuesti�n se debe dar aplicabilidad a la Ley 29 de 1944 que es la que regula espec�ficamente la responsabilidad de la actividad period�stica bajo el articulado 55, que indica que, �Independientemente de la responsabilidad penal a que se refieren los art�culos anteriores, todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusi�n o del cinemat�grafo, cause da�o a otro estar� obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurri� en culpa.�.

De modo que, siguiendo los lineamientos se�alados en el anterior pronunciamiento citado por el �rgano de Cierre con ponencia del Magistrado Lafont Pianetta, la responsabilidad civil extracontractual por los da�os ocasionados en ejercicio de la actividad period�stica por la divulgaci�n informativa, solamente puede estructurarse cuando: �En primer lugar, la presencia de intenci�n de perjudicar o deteriorar el buen nombre o la honra de una persona determinada o determinable con la informaci�n falsa o inexacta que a sabiendas se divulga; o bien de simple culpa (�) En segundo lugar, tambi�n se requiere la existencia de un da�o, que puede ser, de un lado, moral cuando se trata de un deterioro en el patrimonio moral que afecte la honra, la reputaci�n o lesione alguno de los dem�s derechos inherentes a la personalidad; o bien material, cuando se refiere a una disminuci�n en los derechos que conforman el patrimonio econ�mico existente o que pod�a adquirirse mediante la realizaci�n de una labor o trabajo, o por medio de la explotaci�n econ�mica pertinente.

(�) Y en �ltimo t�rmino, dicha responsabilidad tambi�n exige que haya una relaci�n de causalidad entre la divulgaci�n falsa o parcial hecha intencional o culposamente y los da�os mencionados, de tal manera que �stos sean directamente atribuidos a aquella (�).�. Bajo esa perspectiva, debe entonces esta Corporaci�n determinar la intenci�n de perjudicar el buen nombre o la honra del se�or � por parte del peri�dico Extra, por lo cual se encuentra acreditado que el d�a 21 de diciembre de 2010 se adelant� audiencia preliminar de legalizaci�n de captura y formulaci�n de imputaci�n, dentro de la cual el fiscal solicit� la libertad del demandante por lo que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant�as Ambulante de Pasto decidi� dejar en libertad al mismo (Fl 19 a 23, Cdno. 1).

Sin embargo, el peri�dico Extra emiti� las publicaciones del 24 de diciembre de 2010 y del 17 de enero de 2011, mediante las cuales, en la primera se�alaron al demandante bajo el presunto sobrenombre de �El �� pertenec�a al grupo armado ilegal ELN y se lo sindic� de haber secuestrado a una enfermera en la vereda � del municipio de � (N) (Fl. 16 a 18 Cdno. 1); mientras en la segunda nota frente al demandante refirieron que �Se encuentra en libertad - Acusado falsamente de ser guerrillero� (Fl 35 Cdno. 1).

As� las cosas, se encuentra acreditado que se public� por parte de la entidad demandada una informaci�n que no era veraz, y que le se�al� de cometer actividades il�citas, cuando no exista sentencia judicial o pronunciamiento por parte de la autoridad competente que as� lo hubiera declarado, en especial cuando para la fecha en que se divulg� tal noticia ya hab�a transcurrido la audiencia en que se dej� de libertad al se�or�, sin que se le imputara tipo penal alguno sino que indic� que en caso de tornarse necesario adecuar�a su actuaci�n, aspecto esencial que se debi� tener en cuenta en caso de cubrir tal suceso, y que se omiti� por el medio noticioso.

Ahora bien, frente al da�o que por la publicaci�n inexacta se ocasion� en virtud de la publicaci�n inexacta en contra del se�or�, teniendo en cuenta los elementos probatorios allegados, tal como la declaraci�n de la se�ora � y la certificaci�n expedida por la misma a folio 61 del cuaderno principal, que refieren que el se�or � trabaj� en el restaurante � con un salario mensual de $800.000 hasta que el peri�dico �Extra� public� dicho suceso; y que por motivos de seguridad y solidaridad tanto para ella como para la familia del afectado termin� el contrato de trabajo.

Igualmente, se pudo evidenciar de los testimonios de � que el demandante se vio econ�mica y moralmente afectado por la publicaci�n injuriosa en su contra, pues aparte de que no volvi� a trabajar tampoco pudo desplazarse al municipio de Tumaco donde realizaba actividades comerciales ni en la ciudad de Pasto por el temor a que atenten contra su seguridad, y adem�s, se�alan tambi�n, que se vio obstruida la tranquilidad de su hogar; y as� mismo, cabe resaltar la declaraci�n del se�or � en el que manifiesta que no tiene un trabajo por encontrarse estigmatizado como �delincuente� en virtud de la publicaci�n realizada por el peri�dico �Extra� y que ahora depende econ�micamente de su compa�era permanente.

A estos elementos de prueba debe agregarse la conducta procesal del demandado y sus consecuencias, pues no debati� en las oportunidades pertinentes los fundamentos f�cticos de la demanda al punto que a�n en la audiencia de instrucci�n y juzgamiento su conducta fue completamente exigua, al momento de rebatir las declaraciones de la parte demandante y de los testigos que esta arrim�.

En ese sentido, la Sala considera que el medio de comunicaci�n demandado efectivamente caus� unos perjuicios a los demandados, en virtud de la negligencia de no verificar y analizar previamente la informaci�n suministrada, que conllev� las consecuencias que pudieron acaecer despu�s de la publicaci�n que lleva inmersa una acusaci�n de tan grave talante, como la ya antes mencionada, en contra del se�or�, teniendo en cuenta adem�s que no consta dentro del plenario que el medio de comunicaci�n demandado hubiere adelantado una m�nima diligencia para verificar o contrastar con las autoridades encargadas de investigar el caso, la informaci�n que al respecto fue emitida con gran despliegue, pues es claro que el mismo se vio perjudicado por el actuar omisivo del medio de comunicaci�n, que no fue sino hasta la segunda nota de 17 de enero de 2011 donde refirieron que el demandante �Se encuentra en libertad - Acusado falsamente de ser guerrillero� (Fl 35 Cdno. 1) y posteriormente en cumplimiento de la orden judicial emanada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto (N), el d�a 13 de julio de 2011 public� una nueva rectificaci�n frente a las publicaciones acusatorias en contra del demandante.

En consecuencia, fue imprudente el actuar del peri�dico demandando, en tanto la informaci�n sobre la situaci�n presuntamente delictuosa fue apresurada, inexacta, y no contrastada con la realidad, a pesar de que ya en la diligencia judicial llevada a cabo con antelaci�n a la publicaci�n se hab�a solicitado por el representante de la Fiscal�a la libertad del se�or�, no obstante le acus� p�blicamente por medio de comunicaci�n escrito de ser coautor de delitos, sin que para ello hubiere mediado decisi�n judicial, o al menos elementos m�nimos de juicio que sirvieran para corroborar la noticia, lo que gener� da�os en la esfera moral, material y social a los demandantes.

En suma, sin duda el medio informativo ten�a el deber de corroborar la informaci�n antes de publicarla con un despliegue llamativo que afectaba el nombre de quien all� aparec�a como coautor de una conducta il�cita que no le hab�a sido imputada, desatendiendo su deber de control de la informaci�n, derivando ello en una actuaci�n culposa que gener� da�os en las personas involucradas, aunado al indicio grave en su contra por la ausencia de contestaci�n de la demanda y su asistencia a las audiencias programadas por el Juzgado de primer grado, pretendiendo de forma tard�a adelantar medios de defensa cuando en la oportunidad procesal para tal efecto se abstuvo de realizar cualquier pronunciamiento que desvirt�e la veracidad de los hechos que se sindican en su contra.

Ahora bien, es menester entrar a analizar el argumento que expuso la jueza a quo referente a que dentro del expediente no obra la rectificaci�n se�alada por la apoderada del ente demandado en sede de alegatos fechada en el mes de junio de 2011, aspecto sobre el cual refuta la parte demandada. La jurisprudencia constitucional menciona al respecto que �El derecho a la rectificaci�n en equidad queda satisfecho cuando: i) el despliegue informativo es equivalente; ii) cuando el medio de comunicaci�n reconoce la equivocaci�n; iii) cuando se hace oportunamente y; iv) siempre y cuando el medio no se limite a difundir lo que dice la persona o entidad que ha sido perjudicada con la informaci�n.� (Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2011.

M.P. Mauricio Gonz�lez Cuervo). De conformidad con lo anterior, se puede evidenciar que el actor interpuso una acci�n de tutela en contra de la parte demandada que mediante decisi�n del 30 de junio de 2011 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto (N), ampar� los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del se�or � ordenando a la misma que se rectifique la informaci�n consignada (Fls. 39 a 55 Cdno, 1); y como se puede evidenciar dentro del plenario a folio 28 del cuaderno principal, el peri�dico efectivamente cumpli� con emitir la publicaci�n del 13 de julio de 2010, en la que aclar� los hechos de las informaciones publicadas en las fechas mencionadas, y se�al� lo siguiente, �(�) se presentaron algunas inexactitudes, sobre lo que ocurri� en este caso.� y m�s adelante indic� que, �(�) ante estas circunstancias, el peri�dico EXTRA le ofrece excusas al se�or �, por esta informaci�n la cual se elabor� con base en un bolet�n oficial del Departamento de Polic�a Nari�o (�)�; que incluso la misma parte demandante aport� al expediente; por lo que la jueza a quo incurri� en un yerro al omitir la valoraci�n de dicha publicaci�n. No obstante lo anterior, contrario a los argumentos que en alzada eleva la parte demandada, no puede concluir este Tribunal que ante la existencia de una rectificaci�n por parte de un medio de comunicaci�n que public� informaci�n inexacta, se desnaturalice la configuraci�n de la responsabilidad civil extracontractual estudiada, pues como se refiri� en apartes precedentes el da�o antijur�dico sufrido por los demandantes ya se consolid�, y los efectos negativos que tuvo en su contra la divulgaci�n de informaci�n que no era veraz ni certera ya se efectuaron, por lo que tal aspecto si bien podr�a ser tenido en cuenta al momento de la tasaci�n de perjuicios no tiene la potencialidad de desvirtuar su responsabilidad.

As� pues, pese a que de las declaraciones rendidas por los testigos no dan cuenta exactamente si despu�s de la rectificaci�n los demandantes estuvieron en las mismas o en peores condiciones que al inicio, es de recalcar que la acusaci�n de haber realizado una conducta punible y se�alarlo como integrante de un grupo armado al margen de la ley, no es una eventualidad que pueda olvidarse en cualquier momento, ya que una vez publicada dicha noticia se ve perturbado el buen nombre del ciudadano, la libertad de locomoci�n y dem�s derechos fundamentales, y as� mismo, se encontrar� estigmatizado por dichos se�alamientos, antes esas razones se puede inferir realizada la rectificaci�n por parte del peri�dico y haber expresado que las anteriores publicaciones se basaron en una noticia del departamento de polic�a con informaciones inexactas que en su momento anunci� el error con un amplio despliegue de la equivocaci�n cometida, pues dicha eventualidad de alguna forma contribuy� a mitigar el da�o pero de igual manera no es suficiente para exonerar de la responsabilidad a la entidad, que en ese mismo sentido la doctrina ha establecido que, �Con todo, nosotros creemos que ese riesgo debe asumirlo el guardi�n de la actividad informativa, es decir, quien tenga el poder de direcci�n y control de la misma, ya que, utilizando los medios masivos de comunicaci�n, puso a la v�ctima en un estado tal de indefensi�n que nada hace posible resarcir o eliminar el da�o. (�) Y en tales circunstancias, el causante del da�o no solo est� obligado a rectificar satisfactoriamente la informaci�n, sino tambi�n, a indemnizar los da�os ya causados.

(�)� (Javier Tamayo Jaramillo. De la Responsabilidad Civil, Tomo II. Ed. Temis S.A. 1999, P�g. 516.) (Subrayas fuera de texto). Por lo anterior, deviene claro que la rectificaci�n rendida por parte del medio de comunicaci�n demandado no desvirt�a la existencia de una responsabilidad civil extracontractual, por el contrario, era su deber ante las evidencias de la divulgaci�n de noticias falsas que le correspond�a desvirtuar tales se�alamientos en contra del actor, aunado a la indemnizaci�n que le corresponde a las personas afectadas.

Frente a la tasaci�n de perjuicios materiales y morales dado que los mismos no fueron objeto de reproche por ning�n extremo procesal este Tribunal se abstendr� de abordar tal arista, sin embargo para abordar el estudio de la objeci�n de la parte demandante en cuanto a la indemnizaci�n al da�o a la vida de relaci�n de la se�ora�, se procede a analizar la configuraci�n del da�o a la vida de relaci�n con base en el siguiente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia: �Como se observa, a diferencia del da�o moral, que corresponde a la �rbita subjetiva, �ntima o interna del individuo, el da�o a la vida de relaci�n constituye una afectaci�n a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de una lesi�n infligida a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jur�dicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denomin� �actividad social no patrimonial�.

Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminuci�n o deterioro de la calidad de vida de la v�ctima, en la p�rdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como tambi�n en la privaci�n que padece el afectado para desplegar las m�s elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad.

Podr�a decirse que quien sufre un da�o a la vida de relaci�n se ve forzado a llevar una existencia en condiciones m�s complicadas o exigentes que los dem�s, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo m�s simple se puede tornar dif�cil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente.

Es as� como de un momento a otro la v�ctima encontrar� injustificadamente en su camino obst�culos, preocupaciones y vicisitudes que antes no ten�a, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicaci�n, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar.� (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Civil.

Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01. Sentencia de 13 de mayo de 2008. M.P. C�sar Julio Valencia Copete). Bajo ese panorama, se puede decir que los testimonios de los se�ores�, se centran �nicamente en describir la afectaci�n econ�mica y moral por la que padeci� el se�or �a ra�z del mencionado suceso, que entre otras cosas, aludieron que estuvo impedido para desplazarse al municipio de Tumaco (N), hasta el punto de llegar a ocultarse en su casa de la ciudad de Pasto (N) por su seguridad, evento que le impidi� desarrollar alguna actividad laboral.

Caso contrario, no se pudo percibir de dichos declarantes, espec�ficamente de la situaci�n por la que se encontr� en ese momento la se�ora�, como por ejemplo si hubiese estado obstaculizada de hacer cualquier exteriorizaci�n social, laboral, recreativa, etc., circunstancia que no se evidenci� dentro de la pr�ctica de pruebas testimoniales, por lo que la decisi�n de primer instancia se encuentra acorde con la situaci�n actual de la parte demandante.

En este orden de ideas, considera el Tribunal que se confirmar� la sentencia apelada, sin que haya lugar a condena en costas de segunda instancia en virtud que ninguno de los argumentos de la alzada interpuesta por las partes prosper�, en virtud del numeral 5� del art�culo 365 del C�digo General del Proceso. En m�rito de lo expuesto la SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 16 de noviembre de 2017 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto (N), dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual de la referencia. SEGUNDO.- SIN LUGAR a condenar en costas en segunda instancia. TERCERO.- DEVU�LVASE el expediente junto con la actuaci�n surtida en �sta Corporaci�n, al Juzgado de origen.

CUARTO. - La presente decisi�n se notifica por estrados. MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA Magistrada MARIA MARCELA PEREZ TRUJILLO Magistrada GABRIEL GUILLERMO ORTIZ NARV�EZ Magistrado      PAGE \* MERGEFORMAT 1 Ref.: Responsabilidad Civil Extracontractual Rad. No.: 2016-00001 (990-02) +-TUXc��  � � � � � � # & = s � � � �������Ƿ����{nanTnTnGnhNlwh�;�CJ^JaJhNlwhtCJ^JaJhNlwh�-�CJ^JaJhNlwh[�CJ^JaJhNlwh�-�CJ\�^JaJhNlwhoR�5�CJ\�^JaJhNlwh�9l5�CJ^JaJhNlwh�9l5�CJ\�^JaJhNlwh|r5�CJ\�^JaJhNlwh|rCJ\�^JaJhNlwhnbCJ\�^JaJhNlwhw'�5�CJ^JaJhNlwh[�5�CJ^JaJ( ) Z y z � � � � /01������fg����������������������gd�*�1$gd�*� $ ��a$gd�*� $1$a$gd�*�$a$gd�*�d�gd {�d�&d P�� gd� �  J T ] ^ s v � � � � � � � � � � � � � � � $ * / 0 1 ����ٿٿٲ������旊�}�p�cVhNlwh�CJ^JaJhNlwh� CJ^JaJhNlwh3iHCJ^JaJhNlwhB1UCJ^JaJhNlwhU�CJ^JaJhNlwh�2�CJ^JaJhNlwh�2�CJ\�^JaJhNlwhcH�CJ^JaJhNlwh�;�CJ^JaJhNlwhu�CJ^JaJhNlwh[�CJ^JaJhNlwh�]�CJ^JaJhNlwh��CJ^JaJ1 � � � � � � � $ ' ( ) Z y � � � � � � � � � ����ٿٿ�������{odYdYN{BhNlwhju5�^JaJhNlwh�^JaJhNlwh�7�^JaJhNlwh3~�^JaJhNlwh45�^JaJhNlwh�5�^JaJhNlwh�5�]�hNlwh�5�hNlwhu\�^JaJhNlwhG>CJ^JaJhNlwh@@�CJ^JaJhNlwhi'�CJ^JaJhNlwhDb�CJ^JaJhNlwh�uTCJ^JaJhNlwhoQ�CJ^JaJhNlwh 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