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Por lo cual inocuo resulta analizar la culpabilidad de la parte demandada en la ocurrencia del accidente, donde se alega culpa exclusiva de la v�ctima y el hecho de un tercero, para exonerarse de la responsabilidad civil derivada de la comisi�n del delito, pues el tema qued� esclarecido dentro del proceso penal. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS - COMPENSACI�N DE CULPAS: De acreditarse la culpa de la v�ctima, el monto indemnizatorio est� sujeto a reducci�n - A pesar de que los dos conductores desarrollaban actividades peligrosas, la infracci�n a las medidas de tr�nsito realizadas por el conductor demandado fueron determinantes en la producci�n del accidente y no obstante la conducta de la v�ctima, s� tuvo injerencia en la ocurrencia del da�o, al haber asumido un riesgo adicional al que ordinariamente las personas se encuentran expuestas en el ejercicio de actividades peligrosas, cual fue el de abordar la motocicleta conducida por una persona que se encontraba en estado de embriaguez, no hay lugar a predicar la existencia de una responsabilidad exclusiva de �sta, sino una concurrencia de culpas en su producci�n, dando lugar a la disminuci�n del quantum indemnizatorio; aspecto que debe tenerse en cuenta en la tasaci�n de los perjuicios reconocidos a los actores.
PERJUICIOS MORALES CAUSADOS POR LA MUERTE DE UNA PERSONA � Se presume el da�o moral respecto de quienes han acreditado el parentesco � Procedencia de la condena a la indemnizaci�n por esta clase de perjuicios, siendo que basta la acreditaci�n del parentesco para presumir el dolor y sufrimiento causado con el hecho a los familiares m�s cercanos a la v�ctima, y en tanto tal presunci�n no fue desvirtuada por la parte demandada. / REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER P�BLICO TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL FAMILIA Magistrada Ponente: MAR�A MARCELA P�REZ TRUJILLO Pasto, diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) Procede la Sala a dictar sentencia por escrito para decidir el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2017 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, dentro del proceso ordinario formulado por MATC y OTROS frente a EXPRESO JUANAMBU S.A. y OTROS, sobre el cual, se anunci� sentido del fallo en audiencia celebrada el 13 de julio del presente a�o. I.- ANTECEDENTES LAS PRETENSIONES Los se�ores � � a trav�s de su representante legal-, solicitaron que se declare civil y solidariamente responsables a Expreso Juanambu S.A., �, por los da�os y perjuicios ocasionados por la muerte del se�or En consecuencia de lo anterior, la parte demandante solicit� que se condene a la parte demandada a pagar los perjuicios materiales por el valor de $79.780.000 y perjuicios morales por el valor de $30.220.000.
Igualmente, solicit� que se condene a los demandados al pago de los correspondientes intereses moratorios, y que se realice la respectiva indexaci�n monetaria. Finalmente, se solicit� que la parte demandada asuma el pago de las costas procesales y agencias en derecho que se ocasionen dentro del proceso. FUNDAMENTO F�CTICO Afirm� la parte demandante que el d�a 20 de julio de 2003, frente a las instalaciones del colegio CCP de Pasto, ocurri� un accidente de tr�nsito, entre una motocicleta de placas LKW17A, conducida por el se�or � y el veh�culo tipo taxi de placas SDO-239, conducido por el se�or�, ocurrido por la maniobra peligrosa realizada por este �ltimo, pues al encontrar un bache en el carril derecho, decidi� invadir el carril contrario, sin percatarse que por aquel estaba en tr�nsito el veloc�pedo antes relacionado.
Adujo que el se�or�, era pasajero de la motocicleta, quien como resultado del accidente, falleci� el d�a 23 de julio de 2003 en el Hospital Universitario Departamental de la ciudad de Pasto, sobrevivi�ndole su esposa�. Se�al� que el taxi involucrado en el accidente de tr�nsito, era de propiedad del se�or � y se encontraba afiliado a la empresa de transporte Expreso Juanambu.
Sostuvo que la Fiscal�a Tercera Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pasto, el 09 de noviembre de 2005, dict� resoluci�n de acusaci�n en contra el se�or�, por considerar que la muerte y lesiones personales sufridas por los ocupantes de la motocicleta se produjeron por la invasi�n intempestiva del carril contrario al que deb�a transitar el veh�culo, pues el conductor del taxi, con solo haber frenado al encontrar el bache sin pavimentar, pudo evitar el siniestro.
Asever� que los demandantes, no han recibido ning�n resarcimiento por los da�os sufridos, encontr�ndose en el momento en una grave situaci�n econ�mica. CONTESTACI�N DE LA DEMANDA La empresa Expreso Juanambu S.A. declar� que no le constan los hechos de la demanda y por lo tanto, se opuso a las pretensiones de la misma. Formul� como excepciones de m�rito �culpa de la propia v�ctima, fuerza mayor o caso fortuito, rompimiento del nexo causal por responsabilidad de un tercero y la innominada�.
Igualmente, realiz� llamamiento en garant�a de la empresa QBE Seguros S.A. y solicit� que la entidad sea quien responsa por las condenas que se puedan llegar a causar. Los se�ores�, mediante apoderado judicial, manifestaron que el accidente se produjo por culpa del conductor de la motocicleta, quien conduc�a en estado de embriaguez, por lo tanto, la muerte del se�or � fue consecuencia de sus acciones.
Se�alaron adicionalmente que los �nicos responsables serian la Alcald�a Municipal de Pasto y el conductor de la motocicleta por el avanzado estado de alicoramiento. Como consecuencia de la anterior propusieron como excepciones de m�rito �culpa exclusiva de la v�ctima en concurso con la Secretar�a de Obras Municipales de la Alcald�a Municipal de Pasto y la innominada�. La aseguradora QBE SEGUROS S.A. manifest� que no hay lugar a declarar las pretensiones de la demanda, por cuanto, no se estructuran los presupuestos legales, sustanciales y probatorios necesarios para deducir su responsabilidad, en consecuencia, formul� como excepciones de m�rito �culpa exclusiva de la v�ctima; ausencia de prueba de los perjuicios reclamados; cobertura de la p�liza SOAT No. 1329123224135 expedida por seguros del Estado; ausencia de cobertura de la p�liza de responsabilidad civil No. 4-00-000-367 expedida por QBE Seguros S.A., por tratarse de un acto inasegurable; ausencia de cobertura de la p�liza No. 4-00-000367 expedida por QBE Seguros S.A., por haberse configurado una causal de exclusi�n pactada en el contrato de seguros; limite asegurado; enriquecimiento sin causa y la innominada.�.
Frente al llamamiento en garant�a, la empresa aseguradora, se opuso a la prosperidad de la pretensi�n propuesta y propuso como excepciones �ausencia de cobertura de la p�liza de responsabilidad civil No. 4-00-000-367 expedida por QBE Seguros S.A., por tratarse de un acto inasegurable; ausencia de cobertura de la p�liza No. 4-00-000367 expedida por QBE Seguros S.A., por haberse configurado una causal de exclusi�n pactada en el contrato de seguros; limite asegurado y la innominada.� SENTENCIA Mediante sentencia de 13 de diciembre de 2017 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, declar� no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, por cuanto existe una sentencia penal condenatoria en contra del primero de aquellos, con fuerza de cosa juzgada, la cual es suficiente para establecer la existencia del nexo de causalidad.
En consecuencia de lo anterior, la Juez a quo declar� solidaria y civilmente responsables a � y a la sociedad Expreso Juanambu S.A. por los da�os materiales y morales irrogados a los demandantes �, con ocasi�n del deceso de su padre, debiendo cancelar por concepto de da�os materiales, lucro cesante consolidado y futuro la suma de $79.780.000, debidamente indexados entre abril de 2012 hasta la fecha de su pago, y por concepto de perjuicios morales la suma de $35.220.000, valores que deber�n ser repartidos en partes iguales entre cada uno de los demandantes.
En cuanto al llamamiento en garant�a, se conden� a la empresa QBE Seguros S.A. al reembolso de las sumas en que se conden� a Expreso Juanambu S.A. por concepto de perjuicios materiales por la muerte de�, circunscrita a los l�mites pactados, esto es 60 smlmv de 2003 debidamente indexados a la fecha de su pago. APELACI�N El apoderado judicial de los se�ores � sustent� la alzada con base en los argumentos que se sintetiza por la Sala de la siguiente manera: (i) la Juez de instancia, no se pronunci� sobre la imposibilidad que tuvieron los apoderados de practicar el interrogatorio a los demandantes, hecho que sobrevino por la inasistencia de los mismos a las diligencias, en ese sentido, no es verdad que los apoderados fueron incapaces de desvirtuar el monto de los perjuicios morales, ya que la imposibilidad la gener� la parte demandante y en consecuencia se tasaron dichos perjuicios teniendo como base �nicamente la presunci�n del sufrimiento de los familiares;
(ii) dentro de los elementos de la culpa en la actividad de conducir veh�culos, se encuentran, la impericia, negligencia, descuido y la violaci�n de reglamentos, siendo precisamente esta �ltima, la que no tuvo en cuenta la Juez, pues dentro del proceso existe abundante prueba de que el conductor de la moto no cumpli� los reglamentos establecidos en la normatividad para la conducci�n de motocicletas;
(iii) existi� una fuerza extra�a o elemento extra�o que hizo que el conductor del taxi desviar� su trayectoria, como fue el bache de la v�a, que ten�a una profundidad de 10 a 13 cent�metros, por lo cual, el conductor no se pod�a arriesgar a que el veh�culo sufriera alg�n da�o; y (iv) la se�ora Juez, no tuvo en cuenta el croquis y los planos que levant� la misma Fiscal�a, en los cuales se observa que el taxi no se pas� completamente al carril contrario, sino que fue una parte, dejando de esta forma, espacio suficiente para que la moto pudiera maniobrar, acci�n que no fue realizada porque el conductor de la moto se encontraba en estado de embriaguez.
El recurso de apelaci�n sustentado en audiencia por el apoderado judicial de la empresa Expreso Juanambu S.A., en los siguientes terminos: (i) el se�or � al no estar acreditado como conductor por no tener su licencia de conducci�n desconoc�an la normatividad de tr�nsito, adem�s conduc�a en estado de embriaguez y por ende es �l el causante del da�o irrogado por la parte demandante, (ii) El se�or � asume el riesgo de subirse al automotor cuando el conductor se encontraba en estado de embriaguez, (iii) Se configura el hecho de un tercero como consecuencia a que el chofer de la moto conduc�a a mayor distancia de la acera que la se�alada en la ley, aunado con el estado de embriaguez, y la ausencia de iluminaci�n, e igualmente la existencia de un bache en el lugar del accidente.
(iv) como consecuencia solicit� de encontrarse probadas las causales de exoneraci�n de responsabilidad se revoque el fallo de primera instancia, y en subsidio, se aplique la concurrencia de culpas. El apoderado judicial de la parte demandante solicit� se confirme la sentencia de primera instancia, como consecuencia a que se acredit� la muerte del se�or � y el da�o moral causado a los demandantes, e igualmente se acredit� con la sentencia penal que la causa del accidente fue la invasi�n del carril efectuada por el conductor del taxi, decisi�n esta que hace tr�nsito a cosa juzgada y se impone en el juicio civil, en el cual se limita a liquidar el monto de los perjuicios.
II.- CONSIDERACIONES PROBLEMA JUR�DICO Debe verificarse si la sentencia penal condenatoria dictada frente al se�or �, impide que se eval�e en materia civil la culpa exclusiva de la v�ctima y el hecho de un tercero, para infirmar la responsabilidad civil derivada de la comisi�n del delito de homicidio culposo. Debe por otra parte verificase si acaeci� dentro del sub judice la compensaci�n de culpas, y si ello tiene incidencia en la tasaci�n de los perjuicios reclamados.
Finalmente deber� constatase si el monto de los perjuicios, ordenados por la Juez a quo, se encuentra ajustado a los lineamientos normativos y las pruebas recaudadas. CASO BAJO ESTUDIO 1.- En el asunto que ocupa la atenci�n de esta Sala de Decisi�n en esta oportunidad, se enmarca dentro de la responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de actividades peligrosas, pues como ha indicado la jurisprudencia patria la conducci�n de veh�culos automotores, inevitablemente incrementa los riesgos a los que ordinariamente se encuentran expuestas las personas, imponiendo por contera la obligaci�n legal correlativa de cuidado por quienes desempe�en la actividad automotriz.
Es por eso que, la Corte Suprema de Justicia en reiteras ocasiones ha afirmado que �trat�ndose de accidente de tr�nsito producido por la colisi�n de dos automotores, cuando concurren a la realizaci�n del da�o, la jurisprudencia ha postulado que estando ambos en movimiento, estar�an mediados bajo la �rbita de la presunci�n de culpas�, lo anterior significa que la responsabilidad, -como lo sostuvo la juzgadora a quo- va a estar mediada por la participaci�n de todas las partes involucradas en el accidente de tr�nsito, pues, tanto v�ctima como victimario, habr�an contribuido en una determinada proporci�n a la ocurrencia del da�o. Ahora, esta Sala debe advertir que en el caso de marras, inocuo resulta analizar la culpabilidad de la parte demandada en la ocurrencia del accidente acaecido el 20 de julio de 2003, pues no se debe olvidar que el tema qued� esclarecido dentro del proceso penal, seguido en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto, quien determin� que la muerte del se�or �, ocurri� como consecuencia del incumplimiento al deber objetivo de cuidado del conductor del taxi de placas SDO-239.
En ese escenario, es menester recordar lo que la Corte Suprema de Justicia ha se�alado acerca de la incidencia de la cosa juzgada penal, en materia civil, as�: En efecto, el fundamento de la teor�a de la cosa juzgada penal sobre lo civil es que una vez realizada una declaraci�n por parte del juez penal, la misma no puede ser analizada, cuestionada, puesta en duda o refutada por el juez civil.
Pero si lo que nuestra jurisprudencia ha dicho es que el juez civil est� obligado a analizar el m�rito de la providencia penal en lo que corresponde a la existencia del hecho causante del da�o y al �nexo de causalidad�, entonces el resultado del proceso de responsabilidad extracontractual no est� condicionado de ning�n modo por lo que se haya decido en la instancia penal sino por lo que el juez civil considera en atenci�n a su propio marco jur�dico�valorativo.
La cosa juzgada penal sobre lo civil, entonces, no s�lo no es absoluta sino que no opera cuando el juez penal declara la inexistencia del hecho lesivo, o que el da�o ocurri� por una causa extra�a a la voluntad del sindicado. Si ello era as� en vigencia del Decreto 050 de 1987, cuyo art�culo 55 consagraba los efectos de la cosa penal absolutoria sobre la acci�n civil en los precisos casos contemplados por esa disposici�n, es decir por inexistencia del hecho, por ausencia del nexo causal, o por la existencia de una causal de justificaci�n, entonces con mayor raz�n tales circunstancias no generan cosa juzgada sobre lo civil en vigencia del actual ordenamiento adjetivo penal, pues �ste no consagra la aludida restricci�n. La declaraci�n penal de inexistencia de culpabilidad o de absoluci�n por ausencia de prueba de dicho elemento, por su parte, no ha sido nunca objeto de cosa juzgada de lo penal en lo civil, ni en el anterior C�digo de Procedimiento Penal ni en el actual, lo que tiene su explicaci�n en que ambas jurisdicciones realizan el juicio de reproche desde una perspectiva distinta.
La culpabilidad civil funciona con una l�gica propia que permite atribuir responsabilidad por eventos distintos a los que valora el juez penal, como sucede en los casos de responsabilidad por el hecho ajeno, por omisiones y responsabilidad directa de las personas jur�dicas, los cuales requieren una preconcepci�n jur�dica inherente al instituto de la responsabilidad civil, cuyo juicio de reproche es m�s amplio y menos restrictivo que el que realiza el juez penal.
Existe, no obstante, una situaci�n en la que no le es dable al juez civil apartarse de la sentencia dictada por el juez penal, lo que ocurre cuando este �ltimo declara probada la existencia de cualquiera de las modalidades de la conducta penal (dolo, culpa o preterintenci�n). Ello es as� porque cualquiera de esas modalidades supera el umbral m�nimo de la culpabilidad civil, en cuyo caso el juez civil habr� de limitarse a liquidar los perjuicios correspondientes si el funcionario penal no lo hizo en el respectivo incidente de reparaci�n, sin que le sea dable entrar a cuestionar las declaraciones proferidas por el juez penal respecto de los elementos que estructuran la responsabilidad.
Otra limitaci�n que se impone al juez civil con relaci�n a la reparaci�n de perjuicios ordenada en el proceso penal tiene lugar cuando en este �ltimo se dispuso el pago y �ste efectivamente fue recibido por la v�ctima. Mas esta situaci�n no obedece a la extensi�n de la cosa juzgada penal sobre lo civil sino a la prohibici�n de resarcir dos veces un mismo da�o, en cuyo caso bastar� con invocar la respectiva excepci�n de pago.� (Negrilla fuera de texto) De esta forma, es indiscutible que el an�lisis la cosa juzgada emanada de una sentencia penal condenatoria se encuentra tajantemente restringido cuando se hubiere corroborado dolo, culpa o preterintenci�n del procesado, tal como acontece en el caso bajo estudio, en el que se declar� penalmente responsable al se�or � de la comisi�n del delito de homicidio culposo del se�or�, y que naturalmente es la fuente de obligaci�n de reparar el da�o irrogado como lo indica el art�culo 1494 del C�digo Civil.
En ese panorama observa esta Corporaci�n que en la sustentaci�n de la apelaci�n efectuada por los apoderados judiciales de la empresa de transporte, el propietario y el conductor del taxi, argumentan al un�sono el acaecimiento de la culpa exclusiva de la v�ctima y el hecho de un tercero, como defensa para tratar de infirmar de manera absoluta su responsabilidad en la producci�n del da�o; empero, siendo ello objeto del debate penal que fue debidamente zanjado en la sentencia arriba comentada, en la que se insiste, el funcionario judicial se�al� que la causa eficiente de la muerte del se�or�, fue precisamente el actuar culposo del se�or�, al invadir el carril contrario al que legalmente le correspond�a y por la que avanzaba la motocicleta en la que se transportaba la victima junto con el se�or� En ese sentido, la responsabilidad de los demandados declarada por la Juez de primera instancia se mantiene inerme frente a los argumentos de la apelaci�n referidos, aunque valiendo recordar que entre el conductor, el propietario y la empresa existe responsabilidad solidaria, de acuerdo con el art�culo 2344 del C�digo Civil, y la abundante jurisprudencia que sobre el tema ha desarrollado el �rgano de cierre de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil. 2.- Ahora bien, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia ha se�alado que �La intervenci�n de la v�ctima, seg�n se expres� podr� actuar como causa exclusiva o concurrente del quebranto.
En la primera hip�tesis, se atribuye a su conducta y rompe el nexo causal con la del supuesto agente; en cambio, en la segunda, concurre con la de �ste y, por tanto, establecida su contribuci�n o participaci�n, el monto indemnizatorio est� sujeto a reducci�n, pues ��no puede ser obligado, sin quebranto de la equidad, a resarcir, al menos �ntegramente, el da�o sufrido por la v�ctima� (CLV, p�g. 213). (Negrilla fuera de texto) Se itera en consecuencia, que si bien en virtud de la sentencia penal condenatoria ya referenciada no pueda variarse la calificaci�n de la culpa del conductor del taxi, situaci�n diferente es que si se pueda verificar si la conducta del se�or, concurri� � con la culpa probada del primero en la producci�n del resultado da�oso, para efecto exclusivo de la tasaci�n de perjuicios, como quiera que se ha planteado como parte de la apelaci�n el argumento de la concurrencia de culpas, tema sobre el cual la Corte ha se�alado lo siguiente: �Reduciendo, pues, lo dicho a su ultima esencia para ponerlo en t�rminos concluyentes, habr�a que puntualizar que gravita sobre quien realiza actividades de esa especie [las peligrosas], la presunci�n de ser responsable del da�o causado con ocasi�n de su ejercicio.
Otra cosa debe concluirse, empero, cuando demandante y demandado concurren al suceso da�oso ejerciendo similares actividades peligrosas, vale decir, cuando el da�o alegado encuentra su venero en la convergencia de sendas actividades peligrosas, pues, en tal supuesto, las respectivas presunciones de culpa que cobijan a los implicados, pueden aniquilare mutuamente, forzando al demandante a demostrar la culpa del encausado; por supuesto que, como lo tiene dicho esta Corporaci�n: "Varias son las soluciones que la doctrina propone para solucionar el enfrentamiento de las presunciones de culpa, pero el problema pr�cticamente desaparece cuando solo una de las partes reclama da�o, demostrando culpa exclusiva del demandado.
Esa prueba de culpa hace desaparecer el inter�s de las presunciones en juego.� En ese contexto jurisprudencial, debe puntualizarse que en la tasaci�n de los perjuicios ocasionados, habr� de considerarse el hecho concerniente a que el se�or�, asumi� un riesgo adicional al que ordinariamente las personas se encuentran expuestas en el ejercicio de actividades peligrosas, cual fue el de abordar la motocicleta conducida por el se�or�, cuando �ste presentaba un alto grado de alicoramiento, seg�n se corrobora con el informe emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Fl. 58 C.1) Precisamente, si bien ese hecho en particular, obviamente no puede considerarse como la causa exclusiva de la producci�n del luctuoso hecho �que se itera fue estudiado por la justicia penal -, si debe tener incidencia en la liquidaci�n de perjuicios por el juez civil, pues no ha de pasar inadvertido que aun cuando no se tiene claridad sobre si el se�or � se encontraba igualmente en estado de embriaguez (en virtud de la contraposici�n de la prueba documental visible a folio 54 y aquella que reposa a folio 59), si se corrobor� la exposici�n irreflexiva al riesgo subyacente que comportaba la conducta ya descrita, esto es abordar un veh�culo automotor conducido por una persona en estado de embriaguez.
Bajo esa perspectiva se proceder� a modificar el fallo de primera instancia, y en consecuencia se realizar� la reducci�n de la condena de perjuicios impuesta en sede de primera instancia, en un 30%, al haberse corroborado la concurrencia de culpas tal y como se anunci� en la audiencia celebrada el 13 de julio de 2018. 2.- En relaci�n a la tasaci�n de los perjuicios materiales, es oportuno se�alar que los demandantes, realizaron el correspondiente juramento estimatorio y seg�n el art�culo 206 del C�digo General del Proceso, dicho juramento har� prueba de su monto mientras su cuant�a no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo.
Bajo esa perspectiva, se tiene que acorde con el derecho de defensa de la parte demandada, aquella cuenta con la facultado procesal de debatir el juramento a trav�s de la respectiva objeci�n en el t�rmino del traslado del escrito que lo contiene, teniendo presente que �solo se considerar� la objeci�n que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimaci�n�, es decir, debe referirse a cada rubro, partida o concepto del juramento, afirmando que dicha cifra es inexacta.
Dentro del sub lite, n�tese precisamente que en los escritos de contestaci�n de la demanda, nada se dijo respecto al juramento estimatorio, no fue controvertido de ninguna manera, ni se aport� prueba que permita inferir que su cuantificaci�n es desproporcional o inexacta; siendo obligatorio memorar que el objeto de la citada figura es precisamente �hacer prevalecer la buena fe y la lealtad procesal sobre las formas procesales, otorg�ndole un valor especial a lo se�alado por las partes� En ese contexto ha de recordarse que partiendo del hecho de que la jurisprudencia nacional ha se�alado que cuando una persona desempe�a una actividad econ�mica, se presume que al menos devenga un salario m�nimo, aunado con las edades de los demandantes �a quienes legalmente deb�a alimentos- para el momento de la muerte de su progenitor (fls.10 a 11), no advierte que la estimaci�n de perjuicios resulte desproporcionada o injusta, de ah� que en ausencia de la objeci�n respectiva sobre dicho t�pico en espec�fico, debe aplicarse la consecuencia procesal probatoria, de tenerse por acreditado el monto de los mismos a trav�s del mencionado juramento estimatorio. 3.- En lo que respecta al monto de los perjuicios morales, esta Corporaci�n debe se�alar que efectivamente, dentro del proceso, se realiz� la solicitud de un dictamen pericial para corroborar aquellos que se ocasionaron con la muerte del se�or�, experticia que result� de dif�cil realizaci�n, seg�n inform� el perito el d�a 13 de octubre de 2015.
La situaci�n descrita en el p�rrafo precedente, se mantuvo hasta el d�a en que se profiri� sentencia; no obstante es oportuno citar lo que acerca del tema en menci�n la Corte Suprema de Justicia, mutatis mutandis, ha dicho que frente a la imposibilidad de acudir a la experticia practicada en un proceso para fijar el monto indemnizatorio, los art�culos 187 y 241 del C�digo de Procedimiento Civil, hoy art�culos 176 y 232 del C�digo General del Proceso, le permiten a los jueces �prescindir de esas valoraciones t�cnicas� adem�s �tampoco es absolutamente indispensable hacer uso de la facultad de decretar un segundo dictamen al tenor del art�culo [226 ib�dem]., pues los hechos a esta altura comprobados le permiten hacer la regulaci�n que en justicia corresponde acomod�ndose a la verdad de esos hechos (�)� Sumado a lo anterior, no solo la Corte Suprema de Justicia ha se�alado que los perjuicios morales causados por la muerte de una persona se presumen respecto de quienes han acreditado el parentesco con aquella,- pudiendo en todo caso la parte en contra quien se alega la misma, infirmar dicha presunci�n a trav�s de cualquier medio probatorio-, en efecto la Corte Constitucional ha se�alado sobre el tema lo siguiente: �La comentada presunci�n se basa en las �reglas de la experiencia� que permiten presumir �que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su n�cleo familiar, en atenci�n a las relaciones de cercan�a, solidaridad y afecto, adem�s de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como n�cleo b�sico de la sociedad�.
En este sentido se ha se�alado que �es lo corriente que los padres, los hijos y los hermanos se amen entre s�, y por lo tanto, que sufran los unos con la desaparici�n de los otros�. En este orden de ideas, el parentesco �puede constituir indicio suficiente de la existencia, entre los miembros de una misma familia, de una relaci�n de afecto profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan los unos con la desaparici�n o el padecimiento de los otros�.
As�, en el caso de los hermanos de la v�ctima, la presunci�n elaborada para efectos de demostrar el perjuicio moral, se funda �en un hecho probado�, cual es �la relaci�n de parentesco�, pues a partir de ella y �con fundamento en las reglas de la experiencia, se construye una presunci�n que permite establecer un hecho distinto, esto es, la existencia de relaciones afectivas y el sufrimiento consecuente por el da�o causado a un pariente, cuando �ste no se encuentra probado por otros medios dentro del proceso�.
Ello quiere decir, que la actuaci�n realizada por la Juez de instancia al tener por acreditada la existencia de los perjuicios morales por la presunci�n del sufrimiento que tienen los familiares m�s cercanos a la v�ctima, no fue antojadiza ni desproporcional, pues claramente, es una posici�n avalada por la jurisprudencia nacional; adem�s, es importante se�alar que no solo se tuvo en cuenta la presunci�n como dicen los apelantes, pues precisamente, existen otros medios probatorios que permiten inferir el dolor y congoja de los familiares, como es el testimonio de la se�ora �(Fl.3 C. pruebas de oficio), quien narr� que el se�or�, cuidaba de sus hijos y su familia y que los mismos sufrieron mucho, testigo a la cual los apoderados de los demandados pudieron contrainterrogar y formular las preguntas que consideraron en ese momento relevantes.
Bajo esa perspectiva, la inasistencia de los demandantes a la diligencia de interrogatorio de parte no puede por s� sola desvirtuar la presunci�n en menci�n, de ah� que no se acojan sobre este t�pico los razonamientos que sobre el punto se esgrimieron en el recurso de apelaci�n. Bajo esa perspectiva, si bien se estiman adecuadas las consideraciones que en relaci�n a la tasaci�n de perjuicios efectuada en sede de primera instancia, esta Judicatura proceder� a realizar la reducci�n del quantum indemnizatorio, en raz�n a la concurrencia de culpas, ya referenciada con anterioridad.
Finalmente no habr� lugar a imponer condena en costas en virtud de la prosperidad parcial del recurso de apelaci�n propuesto por la parte demandada. III.- DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, en SALA DE DECISI�N CIVIL-FAMILIA, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. - ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia del 13 de diciembre de 2017 dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, con el siguiente inciso: �Los rubros se�alados en precedencia, y a los que fue condenada la parte demandada, concernientes a la tasaci�n de perjuicios materiales y perjuicios morales, se reducen en un 30%, por cuenta de la compensaci�n de culpas probada dentro del proceso.� SEGUNDO.- Sin lugar a imponer condena en costas por la prosperidad parcial del recurso de apelaci�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE MAR�A MARCELA P�REZ TRUJILLO Magistrada AIDA M�NICA ROSERO GARC�A MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA Magistrada Magistrada Folios 204-205 C.P. Folios 211-214 C.P. Folios 43-61 del Cuaderno Llamamiento en Garant�a Folios 78-84 Ib�dem Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Civil.
Sentencia de 17 de mayo de 2011. M.P. William Nam�n Vargas. Referencia: 25290-3103-001-2005-00345-01 ��(�) pertinente memorar que, la conducci�n de automotores ha sido calificada por la jurisprudencia inalterada de esta Corte como actividad peligrosa, o sea, "aqu�lla que ��aunque l�cita, es de las que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de da�os,�� (G.J. CXLII, p�g. 173, reiterada en la CCXVI, p�g. 504),considerada su �aptitud de provocar un desequilibrio o alteraci�n en las fuerzas que �de ordinario- despliega una persona respecto de otra� (sentencia de octubre 23 de 2001, Exp. 6315), su �apreciable, intr�nseca y objetiva posibilidad de causar un da�o� (cas. civ. 22 de febrero de 1995, exp. 4345), o la que �� debido a la manipulaci�n de ciertas cosas o al ejercicio de una conducta espec�fica que lleva �nsito el riesgo de producir una lesi�n o menoscabo, tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteraci�n en las fuerzas que �de ordinario- despliega una persona respecto de otra�, como recientemente lo registr� esta Corporaci�n en sentencia de octubre 23 de 2001, expediente 6315�.
(cas. civ. sentencia de 16 de junio de 2008 [SC-052-2008], exp. 47001-3103-003-2005-00611-01).� Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Civil. Sentencia de 06 de mayo de 2016. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. SC5885-2016. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI�N CIVIL. M.P. ARIEL SALAZAR RAM�REZ, Sentencia SC13925-2016 de fecha 30 de septiembre.
Radicaci�n n� 05001-31-03-003-2005-00174-0. Incluida en esta ultima la responsabilidad atribuida a la Alcald�a de Pasto, por la no reparaci�n de la v�a en la que ocurri� el accidente �tema este propio de la jurisdicci�n contenciosa administrativa, como el hecho de la embriaguez acreditada del conductor de la motocicleta en la que se transportaba la v�ctima. Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 18 de septiembre de 2009, M.P. William Nam�n Vargas CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, S�LA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA.
Sentencia de 5 de mayo de 1999. Magistrado Ponente: JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES. Rad. Expediente 4978 Art�culo 206 del CGP. Corte Constitucional. Sentencia C-279 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Fl. 626 Cuaderno 2. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2009. M.P. Ruth Marina D�az Rueda.
Referencia. Exp. n�. 05001-3103-010-1998-00529-01. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera. Sentencia de 18 de junio de 2008. Radicaci�n No. 52001-23-31-000-1996-07347-01 (15625). Actor Guillermo Garc�s Bagui y otros. C. P. Enrique Gil Botero. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera.
Sentencia de 19 de julio de 2001. Radicaci�n No. 52001-23-31-000-1995-6703-01 (13086). Actor Jorge Alfredo Caicedo Cort�s. C. P. Alier Eduardo Hern�ndez Enr�quez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera. Sentencia de 10 de marzo de 2005. Radicaci�n No. 85001-23-31-000-1995-00121-01 (14808). Actor Maria Elina Garz�n y otros.
C. P. Germ�n Rodr�guez Villamizar. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera. Sentencia de 19 de julio de 2001. Radicaci�n No. 52001-23-31-000-1995-6703-01 (13086). Actor Jorge Alfredo Caicedo Cort�s. C. P. Alier Eduardo Hern�ndez Enr�quez. Fl. 3 Cuaderno Pruebas de Oficio. Asunto: Ordinario Radicaci�n: 2012-00088 (059-02) Demandante: � Demandado: Expreso Juanambu S.A. 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