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Relaci�n f�ctica Jairo Antonio R�os Carmona, como Alcalde Municipal de Pensilvania, Caldas, el 26 de junio de 2012 celebr� un contrato de prestaci�n de servicios de forma directa con la �Fundaci�n Sol Naciente�, representada legalmente por el se�or C�sar Augusto Ospina Orozco, para ejecutar un programa de salud mental y de esta manera auspiciar espacios de aprendizaje y esparcimiento para los j�venes de esa municipalidad.
El valor del contrato se fij� en la suma de $5.000.000, con un plazo de ejecuci�n entre el 26 al 30 de junio de ese mismo a�o y en el que act�o la se�ora Yamile Andrea Osorio Villegas, Secretaria de Salud, como interventora. A criterio del Ente Fiscal, en la suscripci�n de dicho convenio, al parecer fueron desatendidas reglas presupuestales y requisitos exigidos en el Estatuto General de la contrataci�n de la Administraci�n P�blica.
De igual forma, su liquidaci�n se hizo sin verificar el cumplimiento en su ejecuci�n. Actuaci�n procesal relevante: 3.1. A instancias de la Fiscal�a General de la Naci�n, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pensilvania, Caldas, les fueron comunicados a los se�ores Jairo Antonio R�os Carmona y Yamile Andrea Osorio Villegas, el 15 de febrero del a�o 2015, los cargos de autores del delito de Inter�s indebido en la celebraci�n de contratos en concurso con Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, mientras al se�or C�sar Augusto Ospina Orozco, el punible de Inter�s indebido en la celebraci�n de contratos, quienes rehusaron la comunicaci�n de cargos. 3.2.
El Fiscal de la Unidad de Administraci�n P�blica radic� el 13 de junio de 2016, escrito de acusaci�n en contra de los nombrados imputados, la cual se formaliz� ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania, Caldas el 23 de febrero del a�o 2017, Funcionario Judicial quien presidi� a su vez la audiencia preparatoria el 25 de abril siguiente. 3.3.
El Juez de conocimiento instal� la audiencia de juicio oral el 12 de septiembre de la misma anualidad, en la que la Fiscal�a divulg� su teor�a del caso y revel� las estipulaciones probatorias suscritas. En la fase probatoria, se escuch� como primer testigo de cargo, al se�or investigador Jorge Alonso Tamayo Hoyos, con quien la Fiscal�a pretendi� ingresar como prueba documental las descritas en los numerales 4, 10 y 7 del escrito de acusaci�n, tituladas como evidencias No. 1, 2 y 3, respectivamente.
Sin embargo, despu�s de finalizar el contrainterrogatorio por parte de los defensores de los acusados, el apoderado de Jairo Antonio R�os Carmona y Yamile Andrea Osorio Villegas, solicit� al Juez de conocimiento que negara su ingreso de las piezas documentales al acervo probatorio, toda vez que a su prohijado en el momento en que le solicitaron el acopio de las mismas, no fue advertido de que estaba siendo investigado, en aras de la salvaguarda del derecho fundamental a la no autoincriminaci�n, lo que torna la prueba en il�cita de conformidad con el art. 29 de la C.P. Por su parte, el abanderado del encartado C�sar Augusto Ospina Cardona, acompa�� en su postulaci�n al otro defensor.
A su turno, llam� la atenci�n frente a la �completitud� del archivo contractual que fue expuesto, porque seg�n lo report� el testigo, su recolecci�n debi� sujetarse a un formalismo, el cual no se llev� en debida forma de conformidad con la Ley General de Archivo. Frente a la evidencia recolectada con el representante legal de la �Fundaci�n Sol Naciente�, acot� igualmente que no se advirti� ni se le reconoci� su derecho a guardar silencio, porque �l estaba siendo investigado desde 18 de enero de 2013 a ra�z de la denuncia formulada en septiembre de ese a�o anterior, luego la petici�n realizada en septiembre de 2015 para el suministro de los documentos, viola el nombrado derecho y a no autoincriminarse, porque solo hasta que entreg� la informaci�n fue ilustrado de tal condici�n. Como consecuencia, deprec� su rechazo.
Finalmente, frente a la tercera evidencia solicit� su exclusi�n, dado que no obra claridad de la naturaleza de ese documento, toda vez que, la administraci�n p�blica act�a a trav�s de actos administrativos, hechos, operaciones o v�as de hecho, sin que aqu�l corresponda a alguno de los enunciados, pues no es posible catalogarlos ahora como manual de contrataci�n. Peticiones a las que en conjunto se opusieron el Delegado de la Fiscal�a General de la Naci�n y el apoderado de v�ctimas, quienes argumentaron que las etapas procesales de nuestro ordenamiento penal son preclusivas, situaci�n que impide en este escenario debatir sobre el tema, en la medida en que la oportunidad para hacerlo era la audiencia preparatoria.
As� mismo, agregaron que al momento en que le solicitaron los documentos a los hoy imputados, no estaban siendo investigados. 4. Decisi�n censurada: Inici� el se�or Juez su intervenci�n precisando que a pesar de que nuestro ordenamiento penal contempla etapas procesales preclusivas, el examen de exclusi�n solicitado por los defensores con el pretexto de que las pruebas eran il�citas pueden ser valorados en la vista p�blica.
As� las cosas, de acuerdo con el art. 29 de la C.P., y el pronunciamiento aprobado por Acta No. 981 del 25 de julio de 2017 de la Sala de Decisi�n Penal de esta Corporaci�n, decidi� excluir las pruebas documentales fijadas en las evidencias No. 1, 2 y 3 que fueran decretadas a la Fiscal�a General de la Naci�n. Lo anterior, por cuanto, al momento en que el investigador solicit� a los imputados los documentos aludidos, omiti� enterarlos de que estaban siendo investigados, tampoco se les indic� cu�l era la finalidad de la petici�n, situaci�n que contrar�a el derecho fundamental de ellos a no autoincriminarse.
Contra la decisi�n el Fiscal General de la Naci�n y el apoderado de v�ctimas interpusieron recurso de apelaci�n. Fundamentos de la alzada: 4.1. El titular de la acci�n penal una vez se pronunci� sobre la funci�n y facultades que le asisten, as� como a los investigadores de la Polic�a Judicial en cumplimiento a los diferentes programas metodol�gicos, expuso que en la etapa de investigaci�n no se puede presumir que ciertas personas van a ser vinculadas a la persecuci�n penal, para as� informarles los derechos que les asisten, como sucedi� en el presente asunto.
Asimismo, subray� que la petici�n se dirigi� a una entidad p�blica, la cual estaba representada legalmente por la persona que posteriormente se vincul� a esta causa penal al t�rmino de la etapa de indagaci�n, igualmente como se registr� con el representante legal de la entidad sin �nimo de lucro, luego �stas estaban en la obligaci�n legal de suministrar la documentaci�n que les fue requerida.
Ahora bien, frente a la providencia de esta Corporaci�n que se cit� en la audiencia, concluy� que una cosa es que, al peticionado se le conmine al suministro de ciertos documentos y otra muy distinta es, que se le demande realizar manifestaciones y aseveraciones sobre determinados hechos, situaci�n �ltima que contrar�a el derecho fundamental alegado.
Como consecuencia, solicit� a esta Corporaci�n se revoque la decisi�n adoptada. 4.2. El apoderado de v�ctimas expuso que los argumentos del Juez se centraron en que, una cosa es el aprovisionamiento de la documentaci�n y otra, pedir informaci�n en la que el peticionado puede resultar afectado. Luego, aquella no es censurada, pero esta s�, por lo cual critic� que la presunci�n con la expresi�n utilizada por el funcionario judicial consistente en �puede resultar� es un aserto no aceptado en el sistema penal colombiano. De este modo, el aprovisionamiento de la informaci�n del investigador en etapa de indagaci�n, de la cual se deriv� la persecuci�n penal en contra de los imputados, se ajust� a la legalidad, por lo que, no debieron excluirse las evidencias No. 1, 2 y 3 presentadas por la Fiscal�a General de la Naci�n. 4.3.
Como sujetos procesales no recurrentes, en primer lugar intervino el defensor de los se�ores Jairo Antonio R�os Carmona y Yamile Andrea Osorio Villegas, quien se�al� que en el presente asunto el tema de discusi�n se centr� en la vulneraci�n del derecho fundamental a no autoincriminarse, por lo que, las pruebas glosadas son ilegales. A su turno, el Defensor del se�or C�sar Augusto Ospina Orozco afirm� que la procedencia del estudio por parte del Juez de la censura planteada se fundament� en el art. 10 del C.P.P., asimismo a pesar de existir un descubrimiento probatorio en la audiencia de acusaci�n y su solicitud en la diligencia siguiente, en ning�n momento se tuvo conocimiento c�mo el investigador recogi� los documentos descritos, lo cual s�lo surgi� a ra�z de la pr�ctica de su testimonio en la vista p�blica, cuando explic� que la informaci�n se adquiri� por medio de inspecci�n ocular o a trav�s de petici�n dirigida a los representantes de las entidades, tal y como �l procedi�.
Iter� que para la fecha en que fueron solicitados los documentos, los imputados ya estaban siendo investigados, en raz�n a la denuncia que se interpuso con anterioridad, porque de all� se extrae qui�nes son los posibles perseguidos penalmente, entonces, no puede ser de recibo las manifestaciones que por estar en etapa de indagaci�n no era posible identificar los presuntos comprometidos para as� salvaguardar su derecho a no autoincriminarse.
Como consecuencia, solicit� se confirme la decisi�n. Consideraciones de la Sala: 5.1. Esta Corporaci�n se encuentra habilitada a la luz del numeral 1 del art. 34 del C�digo de Procedimiento Penal, para pronunciarse frente al recurso de apelaci�n interpuesto por el Delegado de la Fiscal�a General de la Naci�n y el apoderado de v�ctimas en contra de la decisi�n adoptada por el Juez Promiscuo del Circuito de Pensilvania, Caldas. 5.2.
En efecto, el A quo decidi� de conformidad con el art. 29 de la Constituci�n Pol�tica., y en concordancia con la preceptiva 23 del C.P.P., excluir de la practica probatoria del juicio oral las evidencias rotuladas bajo los n�meros 1, 2 y 3 de Fiscal�a General de la Naci�n, en raz�n a que, al momento de su recaudo en la fase investigativa se transgredieron los derechos fundamentales de los implicados Jairo Antonio R�os Carmona y C�sar Augusto Ospina Orozco, a guardar silencio y no auto incriminarse, al no inform�rseles de estas garant�as y de la investigaci�n penal que se les adelantaba en su contra, cuando le fue solicitado el aporte de ciertos documentos relacionados con el contrato de prestaci�n de servicios 095 del 26 de junio de 2012. 5.3.
De entrada advierte esta Corporaci�n que no acompa�ar� los argumentos y la decisi�n adoptada por el Juez Promiscuo del Circuito de Pensilvania, Caldas, y que fuera objeto de desaprobaci�n por los alzadistas, toda vez que la prueba documental as� excluida en la vista p�blica no ostenta la m�cula de ilicitud atribuida, y mucho menos de ilegalidad. 5.4.
El art. 23 del C�digo de Procedimiento Penal dispone la cl�usula de exclusi�n de la prueba que es obtenida con violaci�n de las garant�as fundamentales y de aquellas que sean consecuencia de �sta o se expliquen en raz�n de su existencia, respaldado a su vez con las preceptivas 359 y 360 �dem, normas emanadas del art�culo 29, inciso final de la C.P. de 1991.
Al respecto, cabe puntualizar, que ostenta diferencias sustanciales la prueba tildada de il�cita y la ilegal, toda vez que aquella es la obtenida con vulneraci�n de derechos fundamentales, mientras la segunda, se origina en el desconocimiento de las reglas para su recaudo, aducci�n y aporte a la actuaci�n penal, ambas susceptibles de la cl�usula de exclusi�n. De este modo se extracta, a partir de los planteamientos de los defensores, de la decisi�n adoptada y de los argumentos de la censura; que la controversia se enfoca hacia la ilicitud de las evidencias de cargo solicitadas como pruebas, al ser calificadas como presuntamente transgresoras de los derechos constitucionales antes nombrados.
Pues bien, al respecto, la Corte Suprema de Justicia en la materia y frente a la consecuencia de uno y otro evento, ha instruido: �Invariablemente la prueba il�cita debe ser excluida del conjunto de medios de convicci�n obrantes en el proceso, sin que puedan exponerse argumentos de raz�n pr�ctica, de justicia material, de gravedad de los hechos o de prevalencia de intereses sociales para descartar su evidente ilegitimidad.
Trat�ndose de la prueba ilegal, tambi�n llamada irregular, corresponde al funcionario realizar un juicio de ponderaci�n, en orden a establecer si el requisito pretermitido es fundamental en cuanto comprometa el derecho al debido proceso, en el entendido de que la simple omisi�n de formalidades y previsiones legislativas insustanciales no conduce a su exclusi�n. Ahora, as� como una prueba il�cita o ilegal sustancial debe ser excluida, de igual manera, el medio probatorio que de ella se derive debe correr la misma suerte, esto es, ser objeto de la cl�usula de exclusi�n, asunto que en la doctrina anglosajona es abordado en la conocida teor�a del fruto del �rbol envenenado, en virtud del efecto espejo, domin� o tambi�n llamado reflejo.
La prueba il�cita que resulta nula por vulneraci�n de los derechos fundamentales no produce efecto alguno, su ineficacia se extiende a todas sus consecuencias y contamina otros medios de convicci�n que de ella se deriven. La prueba ilegal que debe ser excluida cuando el rito pretermitido en su recaudo, aducci�n o aporte es esencial, proyecta sus efectos a otro medio probatorio derivado, siempre que se acredite una muy estrecha relaci�n inescindible entre aquella y este, capaz de lesionar la misma garant�a.
En ese orden de ideas, el desconocimiento del derecho fundamental a la no autoincriminaci�n, sin duda alguna, torna en il�cito el elemento material con vocaci�n probatoria, privilegio que implica su derecho a guardar silencio, no ser testigo en contra de s� mismo y a sus m�s cercanos allegados. Garant�a procesal cuyo �mbito de delimitaci�n entra�a que el Estado no forme una convicci�n condenatoria a partir de la declaraci�n del directo involucrado, obtenida �sta a trav�s de artificios o empleando cualquier tipo de presi�n. De ah� que se le estime como una reafirmaci�n de la presunci�n de inocencia. 5.5.
De acuerdo a lo anterior y frente a la minucia del caso concreto, se consider� en la instancia que los actos de investigaci�n desplegados por un miembro de la Polic�a Judicial en cumplimiento de la orden emitida por el Ente Persecutor, transgredieron la exenci�n de marras, cuando requiri� a los se�ores Jairo Antonio R�os Carmona en su calidad de Alcalde Municipal de Pensilvania y a C�sar Augusto Ospina Orozco, representante legal de la �Fundaci�n Sol Naciente�, a fin de que proporcionaran cierta documentaci�n, sin la salvedad de que se segu�a en su contra una investigaci�n penal.
Rep�rese que, en concreto, al primero de ellos, se le demand� suministrar los documentos faltantes del contrato de prestaci�n de servicios No. 095 de 2012 que reposaban en la administraci�n y al segundo, lo relacionado con la contrataci�n de la se�ora Mar�a Gilma Moreno Grisales y su ejecuci�n. Este proceder, en ning�n momento imprime a los medios suasorios recolectados una m�cula de ilicitud, como se ha insinuado, por cuanto se desprende de la dicci�n del investigador Jorge Alonso Tamayo Hoyos, que frente a la petici�n dirigida al primer mandatario del municipio de Pensilvania, se busc� acopiar los documentos faltantes de la carpeta del contrato de prestaci�n de servicios para el programa de salud mental antes descrito, sin que tal quehacer entra�ara dar explicaci�n o aserci�n de ninguna especie respecto al convenio en s� y menos a�n de su intervenci�n en el mismo, al punto que al enunciar el Oficio No. S.J. 152-2015 del 2 de septiembre de 2015, por medio del cual contest� la solicitud, se limit� a su enumeraci�n de la siguiente manera: �� estudios previos, propuesta del contratista, contrato, informe, acta de interventor�a, liquidaci�n y material fotogr�fico del cual fue solicitado a la secretar�a de salud, instructivos de contrataci�n que se adaptaron como manual de contrataci�n vigente para el a�o 2012, ejecuci�n presupuestal de ingresos y gastos para los rubros afectados con ocasi�n del contrato 095 del 2012, documentos que determinan la idoneidad del contratista y certificado de existencia y representaci�n legal de la fundaci�n Sol Naciente, actos administrativos de nombramiento y posesi�n del alcalde municipal y de Yamile Andrea Osorio Villegas.� A su vez, y para descartar cualquier resquicio de duda, cabe advertir que tal medida se ejecut� el 02 de septiembre de 2015, mientras que la comunicaci�n de cargos al se�or Jairo Antonio R�os Carmona por la Fiscal�a se hizo el 15 de febrero del a�o siguiente, lo que significa que el recaudo y aseguramiento de elementos materiales probatorios y evidencia f�sica se ejerci� con anterioridad a su vinculaci�n formal, lo que deja entrever que la pesquisa transitaba por la etapa de indagaci�n, en la que, en ejercicio de su autonom�a, la Fiscal�a puede adoptar varias estrategias investigativas tendientes a esclarecer la ocurrencia o no de un il�cito, sin que ello implique que una mera referencia en la noticia criminal, que tampoco se acredit�, active la advertencia a los involucrados en la aludida dispensa constitucional, como que los apelantes no lograron explicar en qu� forma se afectaron las prerrogativas fundamentales con el acto f�sico de expedir las copias de los documentos p�blicos que ten�a en su poder.
De manera que, la pretensi�n de la Defensa, m�s lo sopesado por el Juez de instancia, no puede ser de recibo, toda vez que la simple contestaci�n a la petici�n del investigador, en manera alguna deriv� un compromiso de los derechos y garant�as que les asisten como investigados o procesados. M�xime cuando, se reitera, lo perseguido no comportaba una declaraci�n anterior ni mucho menos un testimonio documentado, sino subordinarse a una obligaci�n ciudadana y propia del car�cter de burgomaestre de una municipalidad, en el sentido de atender el requerimiento de la autoridad, y servir de canal para facilitar la entrega de legajos contentivos de la contrataci�n de prestaci�n de servicios objeto censura.
Lo propio cobra relevancia para el insumo suministrado por el representante legal de la Fundaci�n Sol Naciente, en la medida en que su proceder se subordin� a proveer los documentos relacionados con el contrato celebrado con la profesional Mar�a Gilma Moreno Grisales, el cual ten�a como finalidad la ejecuci�n del convenio suscrito con la administraci�n p�blica. �stos fueron: �a) Hoja de vida de la doctora Mar�a Gilma Moreno Grisales, persona con la que la Fundaci�n Sol Naciente realiz� contrato de prestaci�n de servicios para la ejecuci�n del contrato 095. b) Contrato de prestaci�n de servicios entre la Fundaci�n Sol Naciente y la Dra. Mar�a Gilma Moreno Grisales. c) Lista de asistencia y soporte fotogr�fico de las diferentes actividades realizadas en el marco del cumplimiento del contrato entre la Dra. Mar�a Gilma Grisales y la Fundaci�n Sol Naciente� As� las cosas, f�cilmente se avizora que la respuesta ofrecida tampoco involucr� su criterio frente a los hechos denunciados o a su participaci�n en los mismos, como que la intenci�n del polic�a judicial se encamin� a la provisi�n de sendos pliegos para la investigaci�n penal, en desarrollo de su autonom�a y t�ctica tendiente a esclarecer la ocurrencia o no de un il�cito, sin que tal medida pueda capitalizarse con posterioridad como contraventora de su derecho a guardar silencio o de auto incriminarse. 5.6.
Ahora, respecto al soporte jur�dico que sirvi� para edificar la aplicaci�n de tan dr�stica sanci�n, no otro que la decisi�n de esta Colegiatura identificada con Acta No. 981 del pasado 25 de julio, tras una cuidadosa consulta se establece que no fue correcta la interpretaci�n dada por los se�ores Defensores y recogida igualmente por el Juez de instancia. De ah� que no estaba llamada a ser aplicada de la forma como se hizo, en tanto los supuestos f�cticos difieren de los all� registrados.
En efecto, en la citada providencia, sin dificultad se extracta que el investigador solicit� al representante legal de cierta entidad una explicaci�n en torno a la cesi�n del contrato que impuls� la persecuci�n penal, es decir, recaud� una declaraci�n previa de un potencial investigado, sin precaver el amparo de las prerrogativas fundamentales que dicho acto entra�aba, lo que amerit� la ilicitud de la misma, habilitando as� a su exclusi�n. Hip�tesis que no converge en el sub examine, puesto que al entonces mandatario del municipio de Pensilvania y el representante legal de la �Fundaci�n Sol Naciente� no se les conmin� para que rindieran testimonio sobre los hechos objeto de investigaci�n, por el contrario, el acto desarrollado se limit� a la recopilaci�n de documentos que integraban el contrato de prestaci�n de servicios para el programa de salud mental de esa localidad entre el municipio y el contratista, as� como y respecto al segundo, del contrato firmado con la se�ora Mar�a Gilma Moreno Grisales, quien en �ltimas fue la que al parecer lo ejecut�.
En ese orden de ideas, al constatar que en cumplimiento del plan metodol�gico trazado por el Ente Investigador, se hac�a necesario acopiar los documentos reclamados a trav�s del Oficio No. S.J. 152-2015 del 2 de septiembre de 2015 al imputado R�os Carmona, se advierte que los requeridos obedecieron a los demandados por la propia administraci�n municipal al proponente y hasta su liquidaci�n, es decir, son los soportes objetivos de la contrataci�n p�blica.
En igual sentido ocurre con las piezas documentales entregadas por el ciudadano C�sar Agusto Ospina Orozco, representante legal de la nombrada entidad sin �nimo de lucro, toda vez que, de manera libre procedi� a entregar la hoja de vida de la profesional que finalmente ejecut� el contrato celebrado por la administraci�n municipal para el programa Salud mental de esa localidad, el documento contentivo del acuerdo de voluntades de aquella con la �Fundaci�n Sol Naciente� y los legajos del cumplimiento del contrato.
En consecuencia, esta Sede Judicial se aparta de la decisi�n emitida por el Juez de instancia que lo llev� a excluir de la presente actuaci�n penal los documentos contentivos de las evidencias No. 1, 2 y 3 presentadas por el Acusador, de las que se recalca, ninguna irregularidad acarrearon durante su recaudo, toda vez que, en momento alguno se forz� a su entrega violentando garant�as superiores, como tampoco conllevan afirmaciones impl�citas sobre hechos u opiniones respecto a la materia investigada.
Por tanto, se reversar� la providencia glosada, y en su lugar, se admitir�n como prueba de cargo. 5.7. Finalmente, los Defensores, al momento de presentar su postulaci�n en la vista p�blica y en los argumentos como no recurrentes, aludieron a la ilegalidad de la evidencia No. 3, basados en su no sometimiento a cadena de custodia. Igualmente, hubo discrepancia frente a la explicaci�n rendida por el testigo en el instante de descubrirla, enunciarla y solicitarla como prueba de la Fiscal�a, en el entendido en que �el procedimiento para la elaboraci�n de estudios y documentos� previos, no corresponde al manual de contrataci�n con vigencia para el a�o 2012, como lo rese�� el investigador en su atestiguaci�n. Estructurados as� los reparos, la Corporaci�n no se pronunciar� de fondo sobre los mismos, por cuanto el tema se margina de los presupuestos de procedencia para la aplicaci�n de la regla de exclusi�n probatoria, coyuntura que ya presagiaba la Corte Suprema de Justicia al divulgar la reconsideraci�n de su postura sobre cu�ndo es dable la apelaci�n de la providencia que accede a una prueba.
En ella advirti�: En este punto, la Corte quiere hacer hincapi� en la necesidad de que los jueces controlen adecuadamente la solicitud de pruebas y sus efectos, pues es factible que las partes acudan al mecanismo de exclusi�n para evadir la limitaci�n del recurso de apelaci�n que aqu� ha quedado claro existe frente la impugnaci�n de autos que resuelven sobre peticiones probatorias.
Al efecto, se debe precisar que el tema de exclusi�n necesariamente est� vinculado con la vulneraci�n de derechos fundamentales, dentro del escenario de la prueba il�cita y no apenas la ilegal, lo que obliga de quien se opone a ella presentar una argumentaci�n dirigida exclusivamente a demostrar la vulneraci�n de tales garant�as. De no ocurrir as�, ha de resaltarse, que al juez le compete rechazar de plano la argumentaci�n y la petici�n que alrededor de ella se eleve, acorde con lo establecido en el ordinal primero del art�culo 139 de la Ley 906 de 2004, dada la abierta improcedencia de lo solicitado.
En desarrollo de dicha cautela, la Sala relieva que nada dijeron los interesados sobre en qu� consisti� la supuesta ilicitud ante la desatenci�n de la cadena de custodia, mucho menos de la inconsistencia en el nombre dado a la evidencia documental. Con lo que se pone al descubierto que dichos aspectos, al no estar �ntimamente ligados a la afectaci�n de derechos fundamentales, debieron ser abordados y cuestionados en la vista preparatoria, o por �ltimo, ser diferidos para el alegato conclusivo, con miras a demeritar su valor suasorio.
Opci�n �sta con la que cuenta a�n los inconformes. *** Por lo expuesto, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, -Sala de Decisi�n Penal- administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley; Resuelve:
PRIMERO: Revocar la decisi�n adoptada el 12 de septiembre de 2017, por el Juez Promiscuo del Circuito de Pensilvania, Caldas, por medio del cual decidi� excluir las evidencias No. 1, 2 y 3, solicitadas por la Fiscal�a General de la Naci�n, para en su lugar, admitirlas como prueba, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Advertir que contra esta determinaci�n no recae recurso alguno.
TERCERO: Disponer la devoluci�n del expediente al Juzgado de origen. Notif�quese y C�mplase, Los Magistrados, Dennys Marina Garz�n Ordu�a C�sar Augusto Castillo Taborda Gloria Ligia Casta�o Duque Gloria In�s Guti�rrez Aristiz�bal Secretaria Folio 1 y 2 cuaderno principal Folio 14 id Folio 84 al 88 Folio 90 al 96 estudios previos, propuesta del contratista, contrato, informe, acta de interventor�a, liquidaci�n y material fotogr�fico del cual fue solicitado a la secretar�a de salud, instructivos de contrataci�n que se adaptaron como manual de contrataci�n vigente para el a�o 2012, ejecuci�n presupuestal de ingresos y gastos para los rubros afectados con ocasi�n del contrato 095 del 2012, documentos que determinan la idoneidad del contratista y certificado de existencia y representaci�n legal de la fundaci�n Sol Naciente, actos administrativos de nombramiento y posesi�n del alcalde municipal y de Yamile Andrea Osorio Villegas. Hoja de vida de la doctora Mar�a Gilma Moreno Grisales, persona con la que la Fundaci�n Sol Naciente realiz� contrato de prestaci�n de servicios para la ejecuci�n del contrato 095.
Contrato de prestaci�n de servicios entre la Fundaci�n Sol Naciente y la Dra. Mar�a Gilma Moreno Grisales. Lista de asistencia y soporte fotogr�fico de las diferentes actividades realizadas en el marco del cumplimiento del contrato entre la Dra. Mar�a Gilma Grisales y la Fundaci�n Sol Naciente procedimiento para la elaboraci�n de estudios y documentos previos, y Procedimiento para la contrataci�n directa. Minuto 02:14:24 Corte Suprema de Justicia SP12158 de 2016, Radicado. 45619 Cfr. CSJ SP, 5 ago. 2014.
Rad. 43691. C- 258 de 2011. Ver CSJ. Sentencia 129 del 17 de octubre de 1991, citada C- 258 de 2011. Sobre el particular ver sentencia c-422 de 2002. CSJ Rad. 47469-16 PAGE 1 Radicado No. 2012 00009 01 Procesado: Jairo Antonio R�os Carmona y Otros Delito: Inter�s indebido en la celebraci�n de contratos y otros Decisi�n: Revoca Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal PAGE PAGE \* MERGEFORMAT20 $*678ABJKLghyz�ӽ髙�r`rM7r%"h~KLCJ OJQJ^JaJ mH sH +hW}ih�1�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH %h�{�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h� _CJ OJQJ^JaJ mH sH (hW}ih�1�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�{�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h |�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH +hW}ih!|�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH +hW}ih�9�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH +hW}ih;5�CJ OJQJ^JaJ mH sH 78Lh������U V W ���������������$����dh^��`��a$gd�e�$��dh`��a$gd`$ & F� dh^� a$gd`dhgd` $dha$gd`$� dh^� a$gd` � dh^� gd`$&d P�� a$gd` $dha$gdB�z~������������ + E r � � ����ٹ���|�n`nRnDn6h>pzCJ OJQJ^JaJ h�O2CJ OJQJ^JaJ hk-%CJ OJQJ^JaJ h� �CJ OJQJ^JaJ h>oCJ OJQJ^JaJ #hW}ih�1�5�CJ OJQJ^JaJ h (.5�CJ OJQJ^JaJ h�5�CJ OJQJ^JaJ h�wRCJ OJQJ^JaJ hVnPCJ OJQJ^JaJ "h~KLCJ OJQJ^JaJ mH sH (hW}ih�1�CJ OJQJ^JaJ mH sH "hu CJ OJQJ^JaJ mH sH � � `CJ OJQJ^JaJ 'jh�l�0JCJ OJQJU^JaJ #h�l�h�1T6�CJ OJQJ^JaJ h�l�CJ OJQJ^JaJ h�1TCJ OJQJ^JaJ huCJ OJQJ^JaJ h}1jCJ OJQJ^JaJ h `�CJ OJQJ^JaJ h�nCJ OJQJ^JaJ h��CJ OJQJ^JaJ h�S^CJ OJQJ^JaJ h�)�CJ OJQJ^JaJ h�g)CJ OJQJ^JaJ ���������48Dw�������� FG�)+,�����������~p~b�b�b�bTb~h4|kCJ OJQJ^JaJ h�S�CJ OJQJ^JaJ h��CJ OJQJ^JaJ hyY�CJ OJQJ^JaJ hu�CJ OJQJ^JaJ hvpCJ OJQJ^JaJ h�%CJ OJQJ^JaJ h}1jCJ OJQJ^JaJ h> `CJ OJQJ^JaJ #h_C�hmZ16�CJ OJQJ^JaJ h_C�CJ OJQJ^JaJ hmZ1CJ OJQJ^JaJ,-8>NUZ� # C f w � � � � � � + �������ȷ��������se��WE#h01�h01�5�CJ OJQJ^JaJ h�5�CJ OJQJ^JaJ hrmCJ OJQJ^JaJ hChrmCJ OJQJ^JaJ hCh}1jCJ OJQJ^JaJ hCh�0�CJ OJQJ^JaJ hChk5CJ OJQJ^JaJ hCh�5]CJ OJQJ^JaJ h�5]CJ OJQJ^JaJ h}1jCJ OJQJ^JaJ h> `CJ OJQJ^JaJ h�-"CJ OJQJ^JaJ +, - 4 B � � %.
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