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I. ASUNTO Se resuelve la alzada entablada por el se�or FRANCISCO FERNANDO BALOY GARC�A contra la decisi�n de fecha seis (06) de junio de 2017 del Juez Primero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada (C) que le neg� la concesi�n del permiso administrativo de hasta 72 horas sin vigilancia. II.
ANTECEDENTES El 8 de febrero de 2010 el Juzgado �nico Especializado de San Andr�s, Isla, conden� a �entre otros�el Se�or Francisco Baloy Garc�a a la pena principal de 21 a�os y 3 meses de prisi�n, como autor del delito Tr�fico, fabricaci�n o porte de estupefacientes agravado por el numeral 3 del art�culo 384 del C�digo Penal del a�o 2000.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andr�s, Providencia y Santa Catalina, el 19 de mayo de 2010 confirm� el prove�do de primer grado. A su vez, la Honorable Corte Suprema de Justicia el 27 de junio de 2012 �y para lo que interesa al asunto concreto�lo ratific�. El Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de La Dorada �en el que est� recluido el peticionario�remiti� al Juzgado Primero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de ese Municipio, un concepto positivo para la concesi�n del beneficio de �72 horas� al Se�or Baloy, siendo desfavorable la solicitud y con ello, promovido el recurso de apelaci�n. III.
LA PROVIDENCIA RECURRIDA El juez de primer grado consider� que no era viable avalar al petitum del se�or Baloy Garc�a, porque conforme lo regla el art�culo 146 de la Ley 65 de 1993, por estar condenado por delitos del resorte de la justicia especializada; para acceder al beneficio, deb�a cumplir con el supuesto objetivo de haber descontado por lo menos el 70% de la pena.
Luego, al determinarse que el condenado no colmaba este requisito, lo priv� de la pretensi�n reclamada. IV. LA APELACI�N El condenado exhibi� su desacuerdo con la decisi�n del juez, mencionando que conforme lo dispone el art�culo 64 de la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1709 de 2014, la Libertad se obtiene con las 3/5 partes de la pena; siendo para el parad�jico acceder a los supuestos de ese requisito, cuando ya est� en libertad.
Consider� que el canon 147 de la Ley 65 de 1993 y art�culo 11 de la Ley 733 de 2002 fueron derogados t�citamente; y que la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado de esta manera. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema Jur�dico 1. Debe la Corporaci�n analizar, si el pronunciamiento emitido en el curso de esta actuaci�n, al momento de negar la solicitud del impugnante fue acertado, tras confrontar los requisitos previstos para la concesi�n del permiso administrativo de hasta 72 horas. 2.
Para solventar la decisi�n que se apresta a adoptar la Sala, se desarrollar�n los siguientes �tems: (i) beneficios administrativos al interior del sistema penitenciario y (ii) el cumplimiento del 70% de la pena como presupuesto para acceder al permiso administrativo de hasta 72 horas en el caso de condenados por la justicia penal especializada.
De los beneficios administrativos 3. Con el fin de estimular a los internos en su proceso de resocializaci�n, se previ� como parte integrante de ese sistema la creaci�n de beneficios administrativos. Son entonces adem�s de concesiones por el correcto y adecuado comportamiento del interno, formas de verificar la eficacia del tratamiento penitenciario al que se somete, confirmando, por ejemplo, la adecuaci�n de aquel a las reglas internas del penal y con ello, entonces el ajuste de sus comportamientos a las exigencias de la permanencia en sociedad.
Esas gracias fueron enlistadas en el C�digo penitenciario y Carcelario en su art�culo 146, as�: ART�CULO 146. BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS. Los permisos hasta de setenta y dos horas, la libertad y franquicia preparatorias, el trabajo extramuros y penitenciaria abierta har�n parte del tratamiento penitenciario en sus distintas fases, de acuerdo con la reglamentaci�n respectiva.
Al tiempo, para obtener el benepl�cito judicial en cada uno de ellos, se dispuso legalmente la observancia de algunos presupuestos, mismos que determinar�n si el interno es o no acreedor a ellos. El cumplimiento del 70% de la pena como requisito para acceder al permiso administrativo de hasta 72 horas en el caso de los condenados por la justicia penal especializada 4.
El art�culo 147 del C�digo Penitenciario y Carcelario, modificado por el art�culo 29 de la Ley 504 de 1999, contempla lo relacionado con el permiso administrativo de hasta 72 horas, sellando: ART�CULO 147. PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS. La Direcci�n del Instituto Penitenciario y Carcelario podr� conceder permisos con la regularidad que se establecer� al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que re�nan los siguientes requisitos: 1.
Estar en la fase de mediana seguridad. 2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta. 3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial. 4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecuci�n de la sentencia condenatoria. 5. Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat�ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados. 6.
Haber trabajado, estudiado o ense�ado durante la reclusi�n y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina. Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su presentaci�n al establecimiento sin justificaci�n, se har� acreedor a la suspensi�n de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere un delito o una contravenci�n especial de polic�a, se le cancelar�n definitivamente los permisos de este g�nero.
Por su parte el Decreto 232 de 1998 en su art�culo 1� instruye que: Art�culo 1�. Con el fin de garantizar el cumplimiento del art�culo 147 de Ley 65 de 1993, los directores de los establecimientos carcelarios y penitenciarios podr�n conceder permisos hasta de setenta y dos (72) horas a los condenados en �nica, primera y segunda instancia, o cuyo recurso de casaci�n se encuentre pendiente.
Para el ejercicio de esta facultad discrecional, los directores de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, cuando se trate de condenas inferiores a diez (10) a�os, resolver�n la solicitud del permiso hasta por setenta y dos (72) horas, de conformidad con el art�culo 147 de la Ley 65 de 1993, el art�culo 5� del Decreto 1542 de 1997 y el presente decreto.
Cuando se trate de condenas superiores a diez (10) a�os, deber�n tener en cuenta, adem�s de los requisitos a que se refiere el inciso anterior, los siguientes par�metros: 1. Que el solicitante no se encuentre vinculado formalmente en calidad de sindicado en otro proceso penal o contravencional. 2. Que no existan informes de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado que vinculen al solicitante del permiso, con organizaciones delincuenciales. 3.
Que el solicitante no haya incurrido en una de las faltas disciplinarias se�aladas en el art�culo 121 de la Ley 65 de 1993. 4. Que haya trabajado, estudiado o ense�ado durante todo el tiempo de reclusi�n. 5. Haber verificado la ubicaci�n exacta donde el solicitante permanecer� durante el tiempo del permiso. 5. En trat�ndose de beneficios como el que ahora ocupa nuestra atenci�n, los cuales si bien son del resorte exclusivo de las autoridades penitenciarias, tambi�n demandan de la revisi�n legal y concepto judicial de quienes tienen a su cargo velar por la legalidad y constitucionalidad de los procedimientos a trav�s de los cuales se define o no la procedencia de �stos. 6.
As� pues, la labor de los Jueces de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad, de acuerdo con las directrices jurisprudenciales existentes al respecto, no debe ser pasiva, sino que debe trascender en atenci�n a que el respeto de las garant�as fundamentales y la aplicaci�n irrestricta de la supremac�a de la Carta Magna as� se lo imponen: �El principio de colaboraci�n arm�nica de los diferentes �rganos del Estado en la fase de ejecuci�n de la pena.
Ahora bien, en desarrollo del principio de separaci�n y colaboraci�n arm�nica de los diferentes �rganos del Estado para la realizaci�n de los fines que le son propios (Art.113), mientras que a los jueces de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad les corresponde garantizar la legalidad de la ejecuci�n de la pena, mediante la verificaci�n del cumplimiento efectivo de las condiciones, legalmente establecidas, que ameritan el otorgamiento del correspondiente beneficio, a las autoridades penitenciarias les compete certificar las condiciones o requisitos que, conforme a la ley, deben concurrir para el otorgamiento del correspondiente beneficio, cuando supongan hechos que el juez no pueda verificar directamente. Esta facultad certificadora de las autoridades penitenciarias, no tiene la virtualidad de desplazar o sustituir a la autoridad judicial encargada de velar por la legalidad en la ejecuci�n de la pena, y en desarrollo de tal potestad otorgar o negar los referidos beneficios.
(Resalta la Sala). Si bien la competencia certificadora �resulta razonable si se tiene en cuenta que son estas autoridades administrativas quienes est�n encargadas de administrar los centros de reclusi�n (�) la facultad de certificar estas condiciones no supone el encargo de una funci�n de control de la legalidad de la ejecuci�n de la pena.
La importancia de la atribuci�n jurisdiccional en lo que se refiere a la verificaci�n de su legalidad, permite que el juez pueda verificar el cumplimiento efectivo de tales condiciones, y por ello, el ordenamiento legal le otorga la facultad de constatar personalmente lo dicho en la certificaci�n administrativa, esto es, el cumplimiento efectivo del trabajo, educaci�n y ense�anza que se lleven a cabo en el centro de reclusi�n�. La asignaci�n expresa del legislador a los Jueces de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de la funci�n de reconocer, o denegar en su caso, los beneficios administrativos, entra�a un desarrollo del principio de reserva judicial de la libertad, en una fase en la que �ste valor se encuentra seriamente expuesto en virtud de la materializaci�n y concreci�n del ius puniendi del Estado.
De ah� la importancia de rodear este momento de garant�as, entre las que se encuentran la independencia e imparcialidad que caracteriza la actividad jurisdiccional; la necesidad de que las causales y condiciones para el otorgamiento est�n previstos en la Ley; y el amplio poder de control que debe ejercer la autoridad judicial mencionada sobre la legalidad de la facultad certificadora que cumplen las autoridades penitenciarias.
En tal sentido ha destacado la Corte el valor constitucional que entra�a la necesidad de preservar tanto el principio de legalidad como el de reserva judicial de la libertad en la fase de ejecuci�n de la pena, lo cual implica que cualquier medida administrativa que afecte el tiempo de privaci�n efectiva de la libertad de un condenado, o las condiciones en las cuales se cumple la condena, debe ser sometida a aprobaci�n de la autoridad judicial encargada de ejecutar la pena.
De lo contrario, se abrir�a la posibilidad de que autoridades administrativas modificaran decisiones judiciales concretas en materia de libertad, con la consiguiente ruptura del principio de separaci�n de funciones entre los diversos �rganos del poder p�blico. Por consiguiente, en acato a dicho deber legal, el A quo defini� que en el presente caso le era esquivo el beneficio requerido, en la medida de evidenciar que el se�or Baloy Garc�a incumple uno de los requisitos exigidos por la norma antes trascrita, en cuanto que no ha descontado a�n el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat�ndose de un condenado por delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados. �condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Andr�s, Isla-. 7.
Requerimiento de naturaleza objetivo que entiende esta Corporaci�n no se encuentra derogado, ni tampoco obra alg�n fallo que haya declarado inexequible el numeral quinto (5) del precepto en examen, todo lo contrario, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en declarar la exequibilidad de dicho segmento normativo. 8. As� las cosas, pese a que las directivas del establecimiento en el que descuenta la condena de prisi�n el impugnante, dieron su aprobaci�n para la concesi�n del mencionado beneficio administrativo; por las razones esgrimidas se torna improcedente convalidar ese concepto, y por ello, en segunda instancia, el pedido del condenado se hace adverso a sus intereses.
An�tese adicionalmente que no puede el interno procurar que sea evaluada su solicitud �permiso de 72 horas� de cara a un mecanismo como lo es la libertad condicional, que est� regulado en la legislaci�n de forma clara y distinta al permiso deprecado, bajo ese derrotero ninguna de las dos figuras puede ser modificada por el juez. 9. Entonces, a tono con lo discurrido, habr� de refrendarse la providencia censurada, en cuanto el condenado Baloy Garc�a no colma la exigencia demandada, situaci�n que se encuentra plenamente acreditada.
En raz�n y m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, SALA DE DECISI�N PENAL, CONFIRMA la providencia que por v�a de apelaci�n se ha revisado. Ordena la devoluci�n al Juzgado de origen. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Los Magistrados, DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A JOS� FERNANDO REYES CUARTAS ANTONIO TORO RUIZ Gloria In�s Guti�rrez Aristiz�bal Secretaria Cfr. Sentencia C- 312 de 2002. Cfr. C-312/2002.
Al respecto el C�digo Penitenciario establece: �ARTICULO 81. EVALUACION Y CERTIFICACION DEL TRABAJO. Para efectos de evaluaci�n del trabajo en cada centro de reclusi�n habr� una junta, bajo la responsabilidad del Subdirector o del funcionario que designe el director. El director del establecimiento certificar� las jornadas de trabajo de acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento de labores, que se establezcan al respecto.� Disponiendo en el siguiente art�culo: �ARTICULO
82. REDENCION DE LA PENA POR TRABAJO. El juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad conceder� la redenci�n de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. A los detenidos y a los condenados se les abonar� un d�a de reclusi�n por dos d�as de trabajo. Para estos efectos no se podr�n computar m�s de ocho horas diarias de trabajo.
El juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad constatar� en cualquier momento, el trabajo, la educaci�n y la ense�anza que se est�n llevando a cabo en los centros de reclusi�n de su jurisdicci�n y lo pondr� en conocimiento del director respectivo.� Cfr. C-312 de 2002. Este numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia HYPERLINK "http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0392de2000.htm" \o "Haga clic para abrir la Sentencia C-392 de 2000" C-392 de 2000, Providencia confirmada en la Sentencia HYPERLINK "http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0708de2002.htm" \o "Haga clic para abrir la Sentencia C-708 de 2002" C-708 de 2002 y en la Sentencia HYPERLINK "http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0426de2008.htm" \o "Haga clic para abrir la Sentencia C-426 de 2008" C-426 de 2008. Ver sentencias C-392 de 2000, sentencia C-708 de 2002 y C-426 de 2008. PAGE 12 2�.
Instancia 2008 81005 Procesado: Francisco Fernando Baloy Garc�a Delitos: T. F o P de Estupefacientes Asunto: Decide apelaci�n auto Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal PAGE 12 PAGE 1 &289DMhi{�������������������챜�ñ�x�����f�x��UFhb=5�CJOJQJ^JaJ h�hb=CJOJQJ^JaJ"h,@CJOJQJ^JaJmH sH "h�MuCJOJQJ^JaJmH sH "h�3BCJOJQJ^JaJmH sH (h�hb=CJOJQJ^JaJmH sH "hb=CJOJQJ^JaJmH sH +h�hb=5�CJOJQJ^JaJmH sH %h�/�5�CJOJQJ^JaJmH sH %hb=5�CJOJQJ^JaJmH sH !89:Mi��������������������������$a$gdb=gdb=$�����dh^��`���a$gd�3B$����dh^�`���a$gd�3B�dh^�gd�Mu�dh^�gdb=$dh&dP��a$gdb= $dha$gdb=����������� % < ] � � ���ν��������u�u�u�gVGh�S�5�CJOJQJ^JaJ h]`Qh�/�CJOJQJ^JaJh�/�CJOJQJ^JaJh]`QCJOJQJ^JaJh,@5�CJOJQJ^JaJhb=5�CJOJQJ^JaJhb=CJOJQJ^JaJhVm�CJOJQJ^JaJ h{hb=CJOJQJ^JaJhh=$hb=OJQJ^Jhb=OJQJ^Jhb=OJQJ#h�hb=5�CJOJQJ^JaJ��� `a��wx� � � ������������������$�L��xdh^�L�`�xa$gdb= $dha$gdb=$��dh`��a$gdb=$�L�dh^�L�a$gdb=dhgdb=$�L��xdh^�L�`�xa$gdb=$a$gdb= � � � � a���=>?AIhi��̾��������x�x�j�YHY:h�MuCJOJQJ^JaJ h,@h�ECJOJQJ^JaJ 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Fuente de p�rrafo predeter.Ri���R 0Tabla normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin lista<@�<b= Encabezado ��8!X�/��Xb=Encabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH B @Bb= Pie de p�gina ��8!^�/��!^b=Pie de p�gina Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH 8)`��18b=N�mero de p�gina@@B@b=Texto nota pieCJaJ`�/��Q`b=Texto nota pie Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH B&`��aBb=Ref. de nota al pieH*�B@r�b=Texto independiente$dh5$7$8$9DH$a$#5�6�B*CJOJQJmH phsH v�/���vb=Texto independiente Car/5�6�B*OJPJQJ^JaJmH phsH tH r�O�rb=Sangr�a de texto normal1$5$7$8$9DH$a$CJaJmH $sH $lT@�lb=Texto de bloque.$�j��d�5$7$8$9DH$]�j^��a$6�]�t�O�tb=OmniPage #20$�Z���5$7$8$9DH$]�Z^��`�a$CJaJmHnHuf�O�fb=OmniPage #7"�i��5$7$8$9DH$]�i^��CJaJmHnHu�C@��b=Sangr�a de texto normal��x5$7$8$9DH$^�#5�6�B*OJQJaJmH phsH ��/����b=Sangr�a de texto normal Car35�6�B*CJOJPJQJ^JaJmH phsH tH n�O�nb=Texto independiente 31$5$7$8$9DH$a$CJaJmH $sH $<U`��< b=Hiperv�nculo>*B*ph�L�L "�3B0Texto de globo!CJOJ QJ ^J aJT�/��!T!�3B0Texto de globo CarCJOJ PJQJ ^J 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