Micelio

Providencia — Tribunal Superior de Manizales

Radicado: 2016-80294-01

Sala: SALA PENAL

Fecha: 2017-03-28

Sujetos procesales: DEFENSOR DE JORGE IVÁN CASTAÑO MORALES CONTRA EL JUZGADO TERCERO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES.

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Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazar�. �2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia f�sica. �3.

Que la Fiscal�a y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que har�n valer en la audiencia del juicio oral y p�blico. �4. Que las partes manifiesten si tienen inter�s en hacer estipulaciones probatorias. �En este caso decretar� un receso por el t�rmino de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudar� la audiencia para que la Fiscal�a y la defensa se manifiesten al respecto.

PAR�GRAFO.�Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscal�a y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. �5.�Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos.�En el primer caso se proceder� a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004_pr012.html" \l "351" \t "_blank" 351.

En el segundo caso se continuar� con el tr�mite ordinario. �ART�CULO 357. SOLICITUDES PROBATORIAS.� Durante la audiencia el juez dar� la palabra a la Fiscal�a y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensi�n. �El juez decretar� la pr�ctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusaci�n que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este c�digo. �Las partes pueden probar sus pretensiones a trav�s de los medios l�citos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. �Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio P�blico tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitar� su pr�ctica. �ART�CULO 358.

EXHIBICI�N DE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA.� A solicitud de las partes, los elementos materiales probatorios y evidencia f�sica podr�n ser exhibidos durante la audiencia con el �nico fin de ser conocidos y estudiados. �ART�CULO 359. EXCLUSI�N, RECHAZO E INADMISIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. Las partes y el Ministerio P�blico podr�n solicitar al juez la exclusi�n, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este c�digo, resulten inadmisibles, impertinentes, in�tiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. �Igualmente inadmitir� los medios de prueba que se refieran a las conversaciones que haya tenido la Fiscal�a con el imputado, acusado o su defensor en desarrollo de manifestaciones preacordadas, suspensiones condicionales y aplicaci�n del principio de oportunidad, a menos que el imputado, acusado o su defensor consientan en ello.

Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba deber� motivar oralmente su decisi�n y contra �sta proceder�n los recursos ordinarios. El an�lisis de la redacci�n de esos art�culos, como de los dem�s que hacen parte del Estatuto Adjetivo Penal debe estar iluminado en las m�ximas procesales que han de direccionar un proceso de corte acusatorio, el cual tiene como una de sus principales caracter�sticas la comparecencia de un juez como tercero imparcial.

Lo anterior implica que el Juez desconoce los elementos materiales probatorios y hasta ese momento las teor�as del caso de cada una de las partes. Esos supuestos tornan m�s exigentes las cargas argumentativas de las partes al exponerle al Juez las razones por las cuales debe dedicar sus esfuerzos a la pr�ctica de pruebas que para �l son desconocidas, pues el contacto con las mismas y la adquisici�n de la calidad de prueba tendr� lugar en la audiencia subsiguiente, esto es, en la audiencia de juicio oral. 6.2.2.

Ahora bien, los supuestos resaltados adem�s de darle soporte al reproche que acaba de formularse, tambi�n allanan el camino para hacer alusi�n a otras directrices. En primer t�rmino, asiste a nuestro ordenamiento procesal penal como un par�metro probatorio que reviste pot�sima importancia el descubrimiento probatorio, importancia que deviene de la garant�a que este reporta para actualizar un verdadero sistema de partes pensado en la igualdad de armas.

En ese orden, solo cuando las partes cumplen ese cometido ser� posible considerar satisfechas esas connotaciones procesales y sobre todo podr� predicarse un tr�mite ajustado al debido proceso y a otras m�ximas que de manera impl�cita lo rodean como: el derecho de contradicci�n, de defensa y el principio de lealtad. Y es que esas m�ximas a pesar de lo insulares que prima facie aparezcan, apuntalan el rito y en todo caso se consagran como garant�as para todos quienes act�an en el proceso.

Es as� como el entendimiento correcto de aquellas implica su extensi�n a todos los intervinientes, no solo a la defensa, luego esa unidad tambi�n tiene preclaros deberes toda vez que la Fiscal�a General de la Naci�n tambi�n ostenta garant�as pasibles de salvaguarda. As� las cosas, la audiencia preparatoria tambi�n se erige en el escenario ideal para que la Fiscal�a conozca las armas con las cuales la defensa reprochar� sus pretensiones o buscar� sacar avante otra u otras hip�tesis en torno a la presentaci�n del suceso delictivo. 6.2.3.

La audiencia preparatoria igualmente apunta a hacer tangibles otros principios procesales como la b�squeda de la verdad a la par de la celeridad y econom�a procesal, de tal suerte que durante su desarrollo se depurar� el debate probatorio a fin de evitar el ejercicio irrazonable de facultades probatorias y con ello la realizaci�n de juicios extensos y farragosos.

Debe tenerse presente que la b�squeda de la verdad y la realizaci�n de una justicia material no pueden ser el estandarte que cubra la ejecuci�n de actos procesales o probatorios innecesarios. As� las cosas, la exposici�n de la pertinencia, conducencia y utilidad de un medio probatorio son supuestos que obedecen a la idea de una justicia c�lere y l�gica, luego, no resulta caprichoso que el Juez, como director de la audiencia y veedor de los dem�s principios que han de iluminar todas las etapas del proceso, con especial celo el juicio oral, exija el cumplimiento de la carga en comento. 6.3.

Pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba. De conformidad con el esquema procesal penal de tendencia acusatoria implementado con la Ley 906 de 2004, se abri� paso de un sistema inquisitivo a uno adversarial, conforme al cual cada parte ostenta la potestad investigativa, esto es, permite que cada una de las partes logre demostrar con sus propios medios de prueba la teor�a del caso adoptada.

Dentro de esta actividad, como ya se se�alara, la oportunidad procesal para realizar la postulaci�n probatoria es la audiencia preparatoria del juicio oral, escenario propio de la actividad rogada de las partes con el fin de ofrecerle los elementos de juicio necesarios al Juez para que decrete la pr�ctica de pruebas atendiendo al cumplimiento exclusivo de la pertinencia, conducencia y utilidad de las mismas.

Ahora bien, para determinar los requisitos en comento, y antes de adentrarnos en el examen del caso concreto, la Sala rememorar� lo que est� plenamente decantado por la jurisprudencia nacional en punto a la carga procesal de la parte que solicita la pr�ctica probatoria: �En tal sentido, recu�rdese c�mo la Corporaci�n ha decantado que la prueba es conducente cuando ostenta la aptitud legal para forjar certeza en el juzgador, lo cual presupone que el medio de convicci�n est� autorizado en el procedimiento; es pertinente cuando guarda relaci�n con los hechos, objeto y fines de la investigaci�n o el juzgamiento; es racional cuando es realizable dentro de los par�metros de la raz�n y, por �ltimo, es �til cuando reporta alg�n beneficio, por oposici�n a lo superfluo o innecesario. �En ese orden, la parte que formula la postulaci�n probatoria ostenta la ineludible carga procesal de indicar las razones que orientan la solicitud y, espec�ficamente, los motivos de conducencia, pertinencia y utilidad del medio de convicci�n que imponen su decreto, obligaci�n que comporta otorgar argumentos claros y concretos a efectos de garantizar la adecuada comprensi�n de la petici�n y, consecuentemente, el derecho de contradicci�n de la contraparte, quien al conocer sus fundamentos adquiere elementos de juicio para oponerse a su pr�ctica, si as� lo considera.� N�tese entonces que no solo basta con el cumplimiento de tales requisitos para que sea decretada la prueba, en tanto el Juzgador no puede suponerlos o darlos por sentados; por el contrario, se erige como una exigencia procesal insoslayable la carga argumentativa de cada una de las partes que realizan solicitudes probatorias, es decir, la sustentaci�n de la postulaci�n probatoria. 6.4.

Pruebas comunes. Como ya se anunciara, el procedimiento penal actual, como sistema adversarial o de partes, permite que cada sujeto procesal adelante su propia investigaci�n y avance en la depuraci�n probatoria, descubriendo, enunciando, estipulando e impugnando los medios de convicci�n que son solicitados ante el Juez para que sean parte integrante del proceso.

Dentro de ese tr�mite, en ocasiones sucede que un mismo medio de prueba, verbi gracia un mismo testigo o una misma prueba documental, sirvan para la teor�a del caso de las dos partes, situaci�n que deriva en que cada uno de los sujetos procesales solicite como propio ese medio probatorio para ser practicado en la audiencia de juicio oral, constituy�ndose en una prueba com�n. Y en tal evento, no puede soslayarse el cumplimiento de la carga argumentativa propia de la pertinencia, conducencia y utilidad que impone el ordenamiento procedimental.

Incluso, con el �nimo de no vulnerar los principios de concentraci�n y eficacia probatoria antes se�alados, por la expresa prohibici�n de la pr�ctica de pruebas repetitivas como lo establece el art�culo 359 del C.P.P. En anteriores oportunidades, la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, era del criterio seg�n el cual, se hace m�s exigente a la Defensa una solicitud en tal sentido, es decir, com�n con el Ente Persecutor, teniendo la obligaci�n de fundamentar las razones por las cuales no era suficiente la etapa del contradictorio para dar por terminado el debate probatorio propuesto por la Fiscal�a, resultando forzoso enunciar una finalidad probatoria diversa a la del Ente Acusador para que ello tenga cabida: � 1.1.

En lo que se refiere al sustento, por el defensor, de los mencionados requisitos respecto de las pruebas comunes, esto es, las mismas que la fiscal�a solicit� para sustentar su propia teor�a del caso, la Corte tiene que decir que la justificaci�n fundada en que procede la pr�ctica de dichas pruebas para que la defensa pueda preguntar de manera directa por aquello sobre lo que no interrogue la fiscal�a, o bien con el fin de precaver un posible desistimiento de su pr�ctica por el ente acusador, no configura un sustento serio, id�neo para satisfacer la exigencia de demostrar a cabalidad los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba�.

(�) �� L�gicamente, la defensa puede prever los riesgos de que el acusador desista del testimonio, situaci�n que frustrar� su posibilidad de tomar parte en el contrainterrogatorio. Pero, insiste la Sala, si para conjurar una tal eventualidad la defensa pretende solicitar tambi�n el testimonio como directo deber� ofrecer unos razonamientos de pertinencia, conducencia y utilidad sobre bases distintas a las presentadas por la contraparte, toda vez que -no sobra repetirlo- su particular inter�s para practicar la prueba (el cual deviene del distinto rol que cumple en el proceso) no puede fundarse en el acaso o en situaciones hipot�ticas o inciertas.� �Lo dicho conduce a recabar que en el caso de pruebas comunes, a la defensa se le exige una argumentaci�n de pertinencia, conducencia y utilidad adicional a la que propone la fiscal�a. Lo anterior es l�gico, porque como distinto es el rol que cumplen la parte acusadora y la parte acusada, entonces la necesidad e inter�s para acudir a la misma prueba es bien dis�mil para ambos.

Es as� que en un sistema en el que la pr�ctica probatoria es rogada, a las partes, en especial a quien pretende oponerse al pliego de cargos, no le est� dado reclamar la pr�ctica de una determinada prueba �a ver qu� pasa� o �por si acaso�, pues debe tener claro y hac�rselo saber de manera expl�cita al juez o corporaci�n de conocimiento -deber que tambi�n le corresponde a la fiscal�a- qu� es en particular lo que busca obtener de la prueba, c�mo esta es id�nea y eficaz para acreditar lo que se quiere y por qu� es relevante para su postura o para el caso, seg�n el inter�s que se defienda y, en especial, por qu� el ejercicio del contrainterrogatorio es insuficiente para obtener la informaci�n que se pretende. �L�gicamente, por raz�n de las distintas pretensiones e intereses encontrados que les asiste a la fiscal�a y a la defensa en el resultado del juicio oral, no cabe razonablemente justificar la procedencia de la pr�ctica de pruebas comunes con los mismos argumentos que presenta la contraparte, pues ser�a tanto como concederle al contradictor la idoneidad de la prueba para demostrar su teor�a del caso y no la propia�� No obstante, la Sala de Casaci�n Penal moriger� su posici�n, determinando en la actualidad que no existir�a un argumento v�lido para negar el interrogatorio directo a las partes en la pr�ctica de la prueba com�n si no es porque existan motivos de rechazo, exclusi�n, inadmisibilidad, impertinencia, inutilidad, o porque se trata de situaciones repetitivas o hechos notorios que no requieren prueba (estipulaciones).

Para mayor comprensi�n y claridad, a pesar de lo extenso de la cita esta Sala se permite transcribir los apartes pertinentes de la providencia aludida, con el �nimo de ofrecer a las partes la posici�n de la M�xima Colegiatura en lo Penal, frente a la prueba com�n: ��Por tanto, ha de admitirse el interrogatorio directo a las partes para un mismo testigo si se refiere a los hechos que dieron origen al proceso penal, a los aspectos principales de la controversia, si se vinculan con situaciones que hagan m�s o menos probable las circunstancias y la credibilidad de otros medios, si tal interrogatorio no pone en peligro grave o causa perjuicio indebido a la administraci�n de justicia, si no tiene por objeto generar confusi�n o no representa un escaso valor probatorio o si no tiene por objeto hacer planteamientos sugestivos, capciosos, en fin si no corresponde a una conducta injustificadamente dilatoria. �3.5.

El derecho del fiscal y la defensa respecto de la prueba com�n desarrolla los fundamentos de los incisos 1� y 2� del art�culo 357 del C�digo de Procedimiento Penal, pues no de otra forma se complementa el derecho que se les reconoce a solicitar �las pruebas que requieran para sustentar su pretensi�n� y la libertad para ofrecer en la preparatoria los medios que sustenten su teor�a del caso y controvertir los allegados al juicio (art�culos 373 y 378 ib�dem). �3.6.

Negarse el interrogatorio directo al fiscal y a la defensa para dejarlo exclusivamente a uno de ellos por haber solicitado el testimonio en primera oportunidad, sin aplicar los criterios que se vienen expresando, lesiona garant�as fundamentales del debido proceso, defensa, contradicci�n, igualdad de oportunidades, as� como tambi�n menoscaba los principios de celeridad y razonabilidad que deben regir la pr�ctica probatoria. �3.7.

Se debe garantizar el derecho al interrogatorio de ambas partes en las condiciones en que se viene registrando porque cada una de ellas tiene su inter�s por raz�n de su teor�a y le corresponde demostrarla, ese fin particular no se identifica plenamente para el fiscal y la defensa. �3.8. Las reglas de hermen�utica llevan a admitir que ante el silencio o regulaci�n incompleta de la legislaci�n, en este caso la Ley 906 de 2004, hace surgir para el int�rprete la facultad de precisar el alcance jur�dico de los textos llamados a regular la situaci�n, pero esta no es ilimitada, tanto que la orientaci�n que se asigne a una disposici�n no puede afectar las garant�as de las partes. �Con base en el criterio expresado, la afectaci�n que se advierte si se niega a las partes interrogar directamente a un testigo, es evidente, cuando se han formulado argumentos en el ofrecimiento de la prueba que cumplen a cabalidad los prop�sitos y las condiciones expresadas en el numeral 3.4. de los considerandos de esta providencia. �3.9.

Como las partes en el campo probatorio tienen un objeto espec�fico y consustancial a su pretensi�n, la carga de la prueba corre por su cuenta, de tal forma que al ofrecerla el fiscal o la defensa en la audiencia preparatoria deben precisar el thema probandum conforme a su inter�s, en lo que incide sustancialmente el objeto que puede abordarse en el interrogatorio o contrainterrogatorio. �As� debe ser, porque el interrogatorio directo le corresponde a quien pidi� la prueba y el contrainterrogatorio al otro sujeto procesal, pero �ste �ltimo tiene restringidos sus derechos frente al primero, as� se advierte de lo dispuesto en el inciso segundo del art�culo 391 del C.P.P., que reza: �La parte distinta a quien solicit� el testimonio, podr� formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitar� a los temas abordados en el interrogatorio directo�. �El texto legal en cita implica que con el contrainterrogatorio no se pueden incorporar al proceso supuestos que no fueron objeto de interrogatorio, pues su finalidad principal es confrontar la prueba para obtener algo favorable a trav�s de preguntas cerradas y sugestivas.

En otras palabras, con el contrainterrogatorio no se pueden introducir al juicio, supuestos nuevos. �Las caracter�sticas del contrainterrogatorio constituyen la raz�n primordial por la cual se le debe permitir a cada parte que pueda acceder al interrogatorio respecto de una prueba com�n, si justifica que lo requiere con los fines se�alados en el numeral 3.4. de esta providencia, pues el directo por su naturaleza es el medio que facilita allegar informaci�n sobre la controversia con preguntas abiertas, dicho de otra manera a trav�s del interrogatorio directo se presenta la prueba al juez. �Por tanto, de lo que viene de decirse, se infiere que el interrogatorio directo a la contraparte no puede serle autorizado cuando no se vincula con su particular teor�a del caso, o sus fundamentos no son objetivos y s�lidos, o asume una conducta desleal, o no se justifica en los pluricitados t�rminos del numeral 3.4. de esta providencia, ni cuando el inter�s no es pertinente, conducente y �til para las preguntas directas que se reclaman, menos puede ser posible el ejercicio de ese derecho a quien hace manifestaciones gen�ricas, abstractas, aleatorias, indeterminadas o sin un objeto espec�fico diferente a querer repetir lo que se ha propuesto por quien solicit� la prueba, o si se busca no un resultado fructuoso con el interrogatorio sino uno pernicioso porque no se establece ning�n objeto que lo justifique, como ser�a si no se expresan criterios razonables y eficientes y s� por el contrario se acude al ejercicio desbordado para someter al testigo a un innecesario cuestionamiento sobre aspectos f�cticos que se agotan con lo inicialmente pedido con la prueba. �3.10.

En ese orden de ideas, puede concurrir inter�s del acusador y del defensor en la pr�ctica de determinada prueba testimonial, lo que no est� vedado por el ordenamiento jur�dico, caso en el cual de autorizarse la declaraci�n a quien la solicit�, la contraparte podr� reclamar interrogatorio directo, pero debe agotar una argumentaci�n completa y suficiente en la audiencia preparatoria que le permita al juez determinar por qu� se satisface la pretensi�n probatoria con ese tipo de interrogatorio, dados los supuestos de licitud, pertinencia, conducencia y utilidad y dem�s factores ya referidos en esta decisi�n�� (Resalta la Sala).

N�tese entonces que la posibilidad de la pr�ctica de pruebas comunes est� delimitada por los criterios de razonabilidad y eficiencia, en tanto un ejercicio desbordado de tal atribuci�n conllevar�a la pr�ctica de infinitos interrogatorios por ambas partes que desdibujar�an el sistema adversarial propuesto, sin la necesidad de sustentar la pretensi�n probatoria como lo ha dispuesto el mismo C�digo de Procedimiento Penal.

Se reitera, a pesar de que en anteriores oportunidades la jurisprudencia nacional era del tenor que para la pr�ctica de la prueba com�n no era suficiente con el argumento de la Defensa tendiente a que proceder�a a interrogar directamente sobre lo que omitiera la Fiscal�a o precaver el desistimiento de la pr�ctica de prueba por el oponente, en la actualidad se ofrece un panorama m�s laxo al advertirse que de no agotarse temas por parte de la Fiscal�a en el interrogatorio, se cercenar�a la posibilidad de abordar nuevos t�picos que pudieran beneficiar la tesis defensiva constituyendo tal circunstancia un argumento aceptable para la pr�ctica de la prueba com�n. Sin embargo, ello no quiere decir que la jurisprudencia desconozca la obligaci�n que radica en cabeza de la parte que solicita la prueba com�n en la audiencia preparatoria, de cara a la argumentaci�n completa y suficiente que le permita al Juez determinar por qu� se satisface la pretensi�n probatoria dados los supuestos de licitud, conducencia, pertinencia y utilidad para respaldar su teor�a del caso.

En este sentido, es necesario que la parte que solicita la prueba com�n satisfaga los anteriores requisitos, encaminando sus fundamentos en una finalidad diversa a la pretendida por su contendor, garantizando con ello el principio de no repetici�n en materia probatoria. 6.5. El caso concreto. Descendiendo al caso objeto de an�lisis, de conformidad con los antecedentes de la presente providencia, se tiene que el Juez de instancia neg� la solicitud probatoria realizada por la Defensa del se�or JORGE IV�N CASTA�O MORALES, en punto de la prueba testimonial com�n del menor D.A.P.C, que ya hab�an sido decretadas como prueba de la Fiscal�a. Ahora bien, una vez analizados con detenimiento los registros de video de la audiencia preparatoria desarrollada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales, Caldas, a la luz de las consideraciones realizadas en precedencia, debe indicarse que menester resulta realizar una nueva verificaci�n respecto de los requisitos para congraciarse o no, con el pedimento probatorio.

Lo anterior, por cuanto se evidencia que el �nico entibo para denegar la solicitud elevada por el Defensor, se aviene a la imposibilidad de decretar pruebas comunes si no se esboza un objeto de prueba diverso al ya establecido por el Agente de la Fiscal�a. En efecto, como ya hemos delimitado, este argumento, hu�rfano de acompa�amiento como fundamento para denegar la prueba, ya no resulta aplicable, por cuanto, esta Sala ha acogido la variaci�n jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia, en relaci�n con el decreto de pruebas comunes de Fiscal�a y Defensa.

As� pues, ante el advenimiento de dicho cambio, adl�tere a que la decisi�n de primer nivel, �nicamente se fundament� en la raz�n esbozada para sustentar la negativa respecto del ofrecimiento probatorio, como testigo com�n, del adolescente D.A.P.C., se impone, por parte de la Colegiatura, realizar un nuevo an�lisis que permita verificar si realmente la solicitud probatoria re�ne los dem�s requisitos que s� son necesarios de verificaci�n corriente, es decir, tal como ocurr�a con otro tipo de medio de conocimiento.

Y es que, a la luz de la jurisprudencia en que se basa el presente prove�do, es claro que la constataci�n de la argumentaci�n ofrecida, en relaci�n con el cumplimiento de los requerimientos naturales de conducencia, pertinencia y utilidad, deben contrastarse, para acceder al decreto de las pruebas de toda naturaleza. De suyo pues, que debamos remitirnos, nuevamente, a la argumentaci�n primigenia que blandi� el Abogado de la Defensa, en torno a la solicitud en concreto de este medio de prueba.

Obs�rvese entonces, como el apoderado del se�or JORGE IV�N CASTA�O MORALES, en el decurso de la audiencia preparatoria, adujo requerir la presencia, como testigo de descargo, del menor D.A.P.C., quien ya hab�a sido solicitado por la Fiscal�a, s�lo en caso de que el Fiscal de la causa no llevara a este testigo a juicio, ora no le preguntara las situaciones espec�ficas que requer�a la teor�a del caso defensiva.

De igual manera, asegur� el Censor que auscultar�a en el interrogatorio puntualmente respecto de qui�n dispar� el arma en contra de la v�ctima, el d�a de los hechos y las razones para obrar en tal sentido, as� como todo lo tiene que ver con lo acontecido y que es objeto de investigaci�n, por ser el mencionado testigo directo y presencial de los hechos.

En las se�aladas condiciones, es evidente que el Abogado que asiste la Defensa no agot� puntualmente cada uno de los presupuestos que deben concurrir para que una probanza pueda decretarse, vale decir, que sea conducente, pertinente y �til; no obstante, es deber del juzgador comprobar si lo dicho se ajust� al precepto legal aplicable. Signifiquemos entonces, que cuando hablamos de pertinencia, nos referimos en concreto a que la prueba deprecada, tenga relaci�n con los hechos o lo que se pretende probar en el litigio, es decir, ser� pertinente toda prueba que pretenda probar un suceso que tenga relevancia en el proceso.

Al tenor de lo antedicho, debe subrayarse nuevamente, si bien el Defensor no abord� cada una de estas categor�as procesales, claro deriva de su argumentaci�n, que pretende probar con el testigo de marras que fue otra persona la que realiz� el disparo del que se ha dicho efectu� su defendido, por lo que claro aparece, tiene una relaci�n directa con el compendio factico que enmarca la actuaci�n. Ahora bien, la conducencia impone que el medio de conocimiento si tenga la virtualidad de probar lo pretendido; es decir, que sea el medio probatorio llamado a esclarecer las situaciones alegadas.

Bajo esta �ptica, res�ltese que si bien en el sistema penal acusatorio, se cuenta con el principio de libertad probatoria, sin que pueda aducirse una tarifa legal, es claro que ciertos medios probatorios no son los id�neos para realizar una fehaciente comprobaci�n de una afirmaci�n determinada, verbigracia, un testimonio no ser�a el medio correcto para demostrar al juzgador que la velocidad de la bala que impact� al occiso era de 50 km/h, que no a 40 km/h, puesto que para ello, es menester acudir a una pericia. Desde esta perspectiva, para el caso de autos, en efecto el defensor arguy� que era necesario, para sacar avante su teor�a del caso, que el testigo directo de los hechos narrara lo acontecido, especialmente para determinar qui�n dispar� realmente, lo que, a no dudarlo, se puede acreditar con la exposici�n que en la audiencia de juicio oral pudiera hacer el joven en alusi�n. Pasando al siguiente t�pico, esto es, a la utilidad, diamantino fulgura que la unidad de defensa, pretende comprobar la inocencia de su prohijado, por lo que el testimonio de alguien que pod�a aseverar que otra persona fue quien accion� el arma de fuego, resultar�a altamente �til.

Bajo la �gida de esta argumentaci�n, constatable resulta que el abanderado de la defensa complet� la argumentaci�n necesaria para acceder a la pr�ctica del interrogatorio como com�n del menor D.A.P.C., ya que si bien, no se exaltaron los elementos de manera determinada y pormenorizada para cada uno de ellos, analizado en conjunto todo lo arg�ido s� es viable colegir un ejercicio argumentativo completo.

La aserci�n que precede, encuentra a�n mayor sustento en el entendido de que no se avizoran causales de inadmisi�n, rechazo o exclusi�n de la prueba que permitieran prohijar la decisi�n de primer nivel. As� pues, se revocar� la decisi�n de primer grado y, en consecuencia, se dispondr� el decreto del testimonio del menor D.A.P.C., como testigo directo de la defensa, as� como de la Fiscal�a. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en Sala de Decisi�n Penal, RESUELVE, REVOCAR la decisi�n de la Juez Tercera Penal del Circuito de Manizales, Caldas, adoptada en audiencia preparatoria del treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017), en el sentido de no decretar como prueba de la defensa el testimonio del menor DIEGO ARMANDO P�REZ CASTA�O y, como consecuencia de lo anterior, se decreta el testimonio mencionado como com�n para Fiscal�a y defensa.

Se dispone el retorno de las diligencias a la oficina de origen a fin de que se contin�e con la audiencia de juicio oral. Contra la presente decisi�n, no procede recurso alguno. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados, GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A JOS� FERNANDO REYES CUARTAS Yanet Licet Ocampo Vallejo Secretaria  Folios 1-5 del expediente.  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Penal.

Auto del 03 de septiembre de 2014. Radicado 43254. M.P. Mar�a del Rosario Gonz�lez Mu�oz.  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Penal. Auto del 21 de mayo de 2014. Radicado 42864. M.P. Jos� Luis Barcel� Camacho.  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Penal. Auto del 25 de febrero de 2015. Radicado 45011. M.P. Eugenio Fern�ndez Carlier.     P�gina  PAGE 21 Sistema Acusatorio: 2016-80294-01 JOREGE IV�N CASTA�O MORALES Homicidio y otro  Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal 9:Qo}~����������Į��o�]�H]3�(hJe�h�-�CJ OJQJ^JaJ mH sH (hJe�h�+�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�M�CJ OJQJ^JaJ mH sH (hJe�h�CJ OJQJ^JaJ mH sH (hJe�h;#�CJ OJQJ^JaJ mH sH (hJe�h �CJ OJQJ^JaJ mH sH +hJe�hNG�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH (hJe�hNG�CJ OJQJ^JaJ mH sH %hJe�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH %hNG�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH  6:Nl��������� ��������������$��dh�`��a$gd�@�gd L� dh�gdNG�$�dh�^�a$gd� DgdG� $d��a$gd�+� $dh�a$gdJe� $dh�a$gdNG�$dh�&d P�� a$gdNG� $dh�a$gdNG�����������������ӽ��{�eO�ӑ9�+hAEYh�.J5�CJOJQJ^JaJmH sH +hAEYhb)�5�CJOJQJ^JaJmH sH +hAEYhK �5�CJOJQJ^JaJmH sH +hAEYh�+�5�CJOJQJ^JaJmH sH +hAEYhg+�5�CJOJQJ^JaJmH sH +hAEYh�M�5�CJOJQJ^JaJmH sH +hAEYh+SU5�CJOJQJ^JaJmH sH +hAEYhNG�5�CJOJQJ^JaJmH sH +hJe�h�+�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH ��������������; > �ӽӧ���q�q^SB4h CJ OJQJ^JaJ hNG�hNG�CJ OJQJ^JaJ h�]_h L�mH sH %hNG�5�CJOJQJ^JaJ mH sH %hNG�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH %h� D5�CJ OJQJ^JaJ mH sH hx'�mH sH h�+�mH sH +hAEYhE+5�CJOJQJ^JaJmH sH +hAEYh�.J5�CJOJQJ^JaJmH sH +hAEYh�+�5�CJOJQJ^JaJmH sH +hAEYh�vH5�CJOJQJ^JaJmH sH > F G K Q k l n o � � � � � � � � � � �  ����ĵ����yk�ky�]OAkh|-�CJ OJQJ^JaJ h�V�CJ OJQJ^JaJ hNG�CJ OJQJ^JaJ hI�CJ OJQJ^JaJ hk�CJ OJQJ^JaJ hplCJ OJQJ^JaJ hNv)5�CJ OJQJ^JaJ hd �hNv)CJ OJQJ^JaJ h&U5�CJ OJQJ^JaJ h@�5�CJ OJQJ^JaJ h��CJ OJQJ^JaJ hNG�hNG�CJ OJQJ^JaJ h7$�CJ OJQJ^JaJ      # -. 2 3 4 F G J P S V W ^ j y � � � � � �����������Ȭ��ւ��t�f\M h� D5�CJ OJQJ^JaJ h�@�OJQJ^Jhwc�CJ OJQJ^JaJ h -�CJ OJQJ^JaJ h�sjCJ OJQJ^JaJ h�"ECJ OJQJ^JaJ h� �CJ OJQJ^JaJ h� �CJ OJQJ^JaJ h;#�CJ OJQJ^JaJ h|-�CJ OJQJ^JaJ hI�CJ OJQJ^JaJ h��CJ OJQJ^JaJ h&UCJ OJQJ^JaJ � � � � P Q R i j k ����!�������������y$���dh�^�`��a$gd�,�$���dh�^�`��a$gd1�$���dh�^�`��a$gd�=dhgdc�$�dh�^�a$gd� �$��dh�`��a$gdT"gd�� $dh�a$gd� D $dha$gdc�� � � � � � � � � � � � � � O P Q R ���������t�tftXJ �CJ OJQJ^JaJ h�Z�CJ OJQJ^JaJ h �CJ OJQJ^JaJ hP�CJ OJQJ^JaJ h��CJ OJQJ^JaJ h�DsCJ OJQJ^JaJ h�0CJ OJQJ^JaJ h�Z�5�CJ OJQJ^JaJ !"^_���������������|}������������������������$��dh�`��a$gd�E(gd�+|$a$gd3B$��dh�`��a$gd�@� $dh�a$gd�Sm\]^_cde��������������̺���yky]yOyAOAy3h�-$CJ OJQJ^JaJ h�6qCJ OJQJ^JaJ htS/CJ OJQJ^JaJ hS>ECJ OJQJ^JaJ hp ?CJ OJQJ^JaJ h��CJ OJQJ^JaJ h��hF!_CJ OJQJ^JaJ h��h�doCJ OJQJ^JaJ h��h s�CJ OJQJ^JaJ #h��h s�5�CJ OJQJ^JaJ hF.�5�CJ OJQJ^JaJ #h��hF.�5�CJ OJQJ^JaJ #h��h�S5�CJ OJQJ^JaJ ����[xy�������������O|�����������享����r�rdVHVh�+�CJ OJQJ^JaJ h@�CJ OJQJ^JaJ h�gCJ OJQJ^JaJ hX CJ OJQJ^JaJ hS>E6�CJ OJQJ^JaJ hS>ECJ OJQJ^JaJ hIFCJ OJQJ^JaJ hS>E5�CJ OJQJ^JaJ h�$�CJ OJQJ^JaJ h�-$CJ OJQJ^JaJ hJe�CJ OJQJ^JaJ h'�CJ OJQJ^JaJ htS/CJ OJQJ^JaJ �����������������\]{|�D���°������uf�f�uXuJu Eh�$�CJ OJQJ^JaJ Db����������,fghi{|}��������Ⱥ���亚�}n`R@n#h� �h@�5�CJ OJQJ^JaJ hW_CJ OJQJ^JaJ h@�CJ OJQJ^JaJ h@�5�CJ OJQJ^JaJ h��5�CJ OJQJ^JaJ hg$NCJ OJQJ^JaJ h �h �CJ OJQJ^JaJ h �5�CJ OJQJ^JaJ h �CJ OJQJ^JaJ h.3CJ OJQJ^JaJ h�)�CJ OJQJ^JaJ h��CJ OJQJ^JaJ h�h=CJ OJQJ^JaJ �ghi{|}�� ^ _ `   � � � � �������������������� $��^��a$gd@�$��dh`��a$gd=75$��dh`��a$gd@�$�3�dh��]�3^�a$gd@�$��dh�`��a$gd�E(����� \|��������  ; _ ` f   � � � � � � } ~  � � � @!B!E!y!�!�!���±���������m������V�A)h8�h@�B*CJOJQJnH $phtH $,hAh�h@�>*B*CJOJQJnH $phtH $)hAh�h�v�B*CJOJQJnH $phtH $#h@�B*CJOJQJnH $phtH $)hAh�h@�B*CJOJQJnH $phtH $h@�nH $tH $ h� �h@�CJ OJQJ^JaJ #h� �h@�5�CJ OJQJ^JaJ hB3@5�CJ OJQJ^JaJ h@�5�CJ OJQJ^JaJ h &CJ OJQJ^JaJ � � ~  � � @!A!�"�"�#�#�$�$%%& &0'1'�(�(:*�*�*,,��������������������������$��dh`��a$gd@� $��^��a$gd@��!"" 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