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Manizales, dos (02) de agosto de dos mil diecisiete (2017) 1. Asunto Entra la Corporaci�n a desatar el recurso de apelaci�n elevado por la Defensa del se�or Luis Eduardo Zota Ospina, contra el fallo proferido en sede de incidente de reparaci�n integral por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Manizales, mediante el cual le impuso la obligaci�n de cancelar a la v�ctima �Cooperativa de Ahorro y Cr�dito CESCA�, la suma de $398.521.817, m�s los intereses de mora causados desde el 24 de junio de 2016 a la fecha de verificaci�n del pago, m�s la correcci�n monetaria o indexaci�n, que para el efecto tenga establecida al Superintendencia Bancaria.
Valores que deber�a pagarse dentro de los cinco d�as posteriores a la fecha de ejecutoria de la providencia. 2. Antecedentes procesales 2.1. Mediante sentencia calendada 20 de enero de 2016, el Juzgado Segundo Penal de Circuito de esta localidad determin� condenar prematuramente en virtud del allanamiento a cargos durante el juicio oral, al se�or Luis Eduardo Zota Ospina como responsable del delito de hurto agravado. 2.2.
Con posterioridad, el Juzgado de conocimiento dio tr�mite a las audiencias atinentes al incidente de reparaci�n integral durante los d�as, 23 de junio y 12 y 27 de julio de 2016, profiriendo el respectivo fallo el 30 de agosto del mismo a�o. 3. La providencia impugnada Surtido el tr�mite conforme a lo establecido en los art�culos 102 a 109 del Estatuto Procesal Penal -Ley 906 de 2004-, el Cognoscente determin�: Que no obstante, seg�n las declaraciones del contador Germ�n Buitrago Arango y el gerente de la cooperativa �CESCA�, la cifra que fuera apropiada por el acusado es superior a los $180.150.000 determinados por la Fiscal�a, luego ser�a �ste el monto a tomar en cuenta para determinar el da�o emergente, puesto que as� fue admitido por el procesado al momento de allanarse a los cargos en el avance de la audiencia de juicio oral.
Que adicionalmente, como lucro cesante asumir�a el c�lculo realizado por el contador Germ�n Buitrago Arango, sobre los intereses computados a partir de la premencionada cifra, que ascend�an a $230.371.817, producto del tiempo transcurrido desde el 25 de noviembre de 2008 y el 23 de junio de 2016, el que no fue controvertido, para un total de $410.521.817, a lo que se le descontar�an $12.000.000 por concepto de los abonos que fueron reconocidos por el gerente Octavio de Jes�s Montes Arcila, arrojando as� un guarismo de $398.521.817.
A ello, dijo, habr�an de sum�rsele los intereses de mora causados desde el 24 de junio de 2016 hasta la verificaci�n de pago, as� como la correcci�n monetaria o indexaci�n que para el efecto tuviera establecida al Superintendencia Bancaria. Se abstuvo de proferir condena en materia de perjuicios morales por considerar que no existi� actividad probatoria al respecto. 4.
El disenso 4.1. El apoderado judicial del se�or Zota Ospina impugn� la decisi�n de primer nivel, solicitando decretar la nulidad por violaci�n de los derechos de defensa y debido proceso, a partir del inicio de la audiencia de pruebas y alegaciones, para que la defensa pueda acreditar el reintegro de $35.800.000, previo requerimiento a la cooperativa �CESCA� que posee la informaci�n y para efectos de que pueda objetarse el dictamen contable en que se fundament� la condena.
Lo anterior, por cuanto durante la pr�ctica probatoria pretendi� proporcionar las certificaciones sobre el reintegro de $35.800.000 por cancelaci�n de cr�ditos educativos otorgados a los hijos del procesado, documentos que se encontraban en poder de �CESCA� y para ello elev� petici�n ante el gerente de esa cooperativa, recibiendo como respuesta el oficio G-0134 del 19 de julio de 2016, cinco d�as antes de la audiencia de pr�ctica probatoria, en la que se negaba el suministro de la documentaci�n por tratarse de informaci�n confidencial, respecto de la que no obraba autorizaci�n del titular.
Resalt� que durante la audiencia y antes de darse inicio a la pr�ctica probatoria, demand� del se�or Juez se suspendiera la diligencia y se requiriese a la ofendida para que entregase los registros contables solicitados. Peticiones que fueron tachadas como dilatorias por el A quo, quien las rechaz� de plano sin permitir siquiera la interposici�n de recursos, apoy�ndose en una cita jurisprudencial que no ven�a al caso.
Indic� que seg�n el se�or Juez, la defensa debi� haber acudido al Juez de Control de Garant�as para que se ordenara la prueba, de modo que las consecuencias obedec�an a su falta de gesti�n. En su parecer sin embargo, el Juez Garante no ten�a nada que hacer en el incidente de reparaci�n, donde el Juez de conocimiento est� investido de facultades inquisitivas en el marco de las cuales puede incluso decretar pruebas de oficio.
As� que para preservar los axiomas de contradicci�n, igualdad probatoria y debido proceso, debi� requerir la informaci�n impetrada por haber sido oportunamente peticionada y en raz�n de su pertinencia con el asunto en debate. De otro lado, asever� que la pretensi�n indemnizatoria se fundament� en un dictamen contable que no tuvo la oportunidad de objetar por las decisiones equivocadas del Juzgador, mediante las cuales no permiti� demostrar que los intereses no pod�an liquidarse arbitrariamente como lo hizo el asesor contable de la entidad solidaria, sino conforme a lo preceptuado en los art�culos 1617 y siguientes del C�digo Civil.
No obstante, del dictamen no le fue corrido traslado a la Defensa para que lo objetase si fuera pertinente. 4.2. El Representante de la V�ctima se opuso a los argumentos del Apelante, apuntando que durante la aceptaci�n de los cargos en el curso del juicio oral, el Juez le hizo las precisiones sobre la renuncia a la pr�ctica de las pruebas solicitadas, entre ellas, la documental que busc� adosar durante el incidente, ambicionando as� �resucitar un muerto, al cual la defensa ayud� a sepultar con la aceptaci�n de cargos�.
En su criterio, pretender revivir unas pruebas que se revistieron de seguridad y acierto durante la investigaci�n, no es propio de una actuaci�n leal y por el contrario, revela una tendencia dilatoria que en nada ayuda a la pronta y cumplida justicia. 5. Pruebas en segunda instancia El 22 de junio de 2017, previa disposici�n oficiosa de la Sala, el representante legal de la parte Incidentante �Cooperativa de Ahorro y Cr�dito CESCA�, se�or Octavio de Jes�s Montes Arcila, dio respuesta de fondo a la petici�n elevada el 05 de julio de 2016 por el apoderado judicial del incidentado, en lo que tiene que ver con la certificaci�n de pago por $35.000.000 por concepto de cr�ditos educativos, otorgados por esa cooperativa a los hijos del se�or Luis Eduardo Zota Ospina.
El 04 de julio siguiente, por orden de la Magistratura, fueron entregados por la Incidentante los recibos de caja 0061-13455 del 03 de septiembre de 2008 por $35.800.000, rindi� testimonio el contador Germ�n Buitrago Arango y fue practicado el interrogatorio de parte al se�or Luis Eduardo Zota Ospina. Finalmente, el 13 del mismo mes, por decreto de oficio, fue escuchado el testimonio de la contadora de CESCA Rosa Elena Palacio Giraldo. 6.
Consideraciones de la Sala 6.1. Anticipando ser del resorte de esta Corporaci�n el abordar en segunda instancia el conocimiento del presente incidente de reparaci�n integral tramitado por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Manizales, a ello se proceder� conforme a la normativa procesal pertinente. 6.2. Para tal cometido, comenzar� la Sala por relievar que la pretensi�n del Alzadista se enfil� a deprecar la nulidad de la actuaci�n, por estimar que en el tr�mite de la primera instancia fue infringido el debido proceso, por cuanto: i) el A quo omiti� requerir a la demandante para que contestara una petici�n elevada por la parte demandada con el fin de que le fuera suministrara informaci�n sobre el pago de $35.800.000, correspondientes a la cancelaci�n de los cr�ditos educativos de sus hijos; y, ii) no le fue corrido traslado del dictamen mediante el cual fueron liquidados los intereses, de modo que no se le permiti� objetarlo en el sentido de que no pod�a utilizarse un inter�s del 17% anual, sino que dicho c�lculo debi� ce�irse a lo preceptuado por el art�culo 1617 y subsiguientes del C�digo Civil.
En ese contexto, este Juez Plural ha determinado no acceder a dicho petitorio, por cuanto, en lo que toca con la primera de las invocadas causales, el procedimiento civil provee las herramientas para suplir en segunda instancia la alegada pretermisi�n, como en efecto se hizo, conforme a los deberes y potestades previstas en los art�culos, 42 numeral 4, 169, 170 y 327 del C�digo General del Proceso, a trav�s del decreto y pr�ctica de pruebas oficiosas en esta Sede Judicial.
Y en lo que hace relaci�n con el segundo reparo, es evidente que la queja elevada se contrae a una discusi�n de mero derecho que, en manera alguna ameritaba retrotraer la actuaci�n, habida cuenta el traumatismo procesal que conllevar�a una decisi�n invalidante y comoquiera ese puntual disenso sobre la tasa de inter�s aplicada en el c�lculo del lucro cesante, puede ser dirimido de fondo, a partir de los elementos habidos en el dossier. 6.3.
Descendiendo al fondo de la cuesti�n, se tiene que el monto se�alado como objeto material del hurto por la Fiscal�a y convenido por el se�or Zota Ospina como sustra�do del patrimonio de la �Cooperativa de Ahorro y Cr�dito CESCA� ascendi� a $180.150.000, suma que cuantifica el da�o emergente, a partir del cual el A quo, con fundamento en el ejercicio presentado por el contador Germ�n Buitrago Arango, utilizando una tasa promedio de colocaci�n de la entidad, equivalente al 17% anual, calcul� como intereses desde el 25 de noviembre de 2008 hasta la fecha de su declaraci�n el 23 de junio de 2016, la suma de $230.371.817, que adicionados al monto inicial deriv� en $410.521.817.
A dicho guarismo, dijo el se�or Juez, deb�an descont�rsele $12.000.000 concernientes a los abonos reconocidos por el gerente de la cooperativa, Octavio de Jes�s Montes Arcila, para un total de $398.521.817, m�s los intereses de mora desde el 24 de junio de 2016 hasta la verificaci�n de pago y la correcci�n monetaria o indexaci�n que para el efecto tuviera establecida la Superintendencia Bancaria.
Acorde con el registro de la actuaci�n, el representante judicial del incidentado ha dirigido su controversia hacia la concurrencia de varios pagos que disminuir�an el quantum del da�o, de los cuales fueron reconocidos en la instancia $12.000.000, trascendiendo hasta esta instancia el debate sobre $35.800.000 que, seg�n la Defensa de Zota Ospina, ya habr�an sido saldados.
A ello se ha opuesto, como no recurrente, la parte Incidentante, alegando que la cantidad dineraria reconocida como objeto del hurto en sede de juicio oral, es un hecho inamovible a merced de la aceptaci�n unilateral de cargos, en donde el acusado asumi� sin condiciones su responsabilidad penal y el monto apoderado, as� como existir contradicciones entre lo vertido en la audiencia de reparaci�n por don Luis Eduardo sobre haber cancelado la mencionada suma y las declaraciones al respecto de la entonces contadora Rosa Elena Palacio Giraldo. 6.4.
Estructurada en tales t�rminos la pol�mica que ha dado origen a la intervenci�n de este Juez Plural, es menester dejar sentado desde ya, que no le asiste raz�n a la parte Incidentante en su afirmaci�n de que el guarismo de $180.150.000 no sea discutible en el incidente de reparaci�n, por cuanto el hecho de que una cantidad de dinero o de cosas muebles sea se�alada y/o aceptada como objeto de hurto, no implica la imposibilidad de que pueda discutirse su reintegro o devoluci�n, con posterioridad a la comisi�n del punible, sin poner en duda la concurrencia del mismo.
Ello por cuanto, una puede ser la suma que se acusa como despojada por el procesado y que constituye entonces el objeto material del reato que se investiga, y otra, la que compone el monto de los perjuicios reales irrogados con la conducta delictiva, cuya discusi�n se efect�a justamente en el incidente de reparaci�n integral. M�s a�n en el caso de marras, donde emerge una ambig�edad al respecto, a partir del marco f�ctico vertido por el Ente Investigador desde la formulaci�n de imputaci�n, con reiteraci�n en los hechos jur�dicamente relevantes plasmados en el escrito de acusaci�n, donde se introducen hesitaciones en punto de si los $35.800.000 que enmarcan el debate en esta instancia, fueron o no reincorporados por el acusado a las arcas de la v�ctima, si bien con posterioridad a la ejecuci�n del acto delictivo.
Al efecto, recu�rdese el tenor literal, en el aparte pertinente del libelo acusatorio: Las sumas de dineros indebidamente apropiadas por el se�or LUIS EDUARDO ZOTA OSPINA, las cuales encuentran soporte en los informes contables: $35.800.000 Dinero cr�ditos F101 A 104 C 3 $10.000.000 Dinero Ultra burs�til $60.000.000 Dinero Ultra burs�til $14.750.000 Dinero Ultraburs�til (sic) $59.600.000 Descuadre caja La Dorada C5 F159 TOTAL $180.150.000.
ACLARANDO QUE LA APROPIACI�N INCLUYE LA SUMA DE $35.800.000 pero el perito reporta esta suma ingres� posteriormente a CESCA, sin embargo la apropiaci�n il�cita se verifica contablemente. De otro lado, no obstante el contador Germ�n Buitrago Arango, quien practic� una auditor�a externa a la contabilidad de la cooperativa, adujo que el recibo de caja No. 0061-13455 tuvo tres comportamientos distintos, el primero del 02 de septiembre de 2008 con movimiento en $0, con posterioridad por $35.000.000 a nombre de un se�or Hern�n Alonso Grajales Zapata y finalmente $35.800.000 a nombre de Luis Eduardo Zota Ospina, por lo que a su juicio no podr�a afirmar si esta suma ingres� o no efectivamente a la caja de la entidad; existen medios de conocimiento que, m�s all� de la comisi�n de la eventual falsedad en el documento, -que ya fue dirimida en el proceso penal-, dan cuenta de que tal pago s� se efectu�.
Recu�rdese que ninguno de los testigos que convergieron en la audiencia de reparaci�n, neg� que la cancelaci�n de los $35.800.000 se hubiese llevado a cabo, puesto que tanto el aludido contador Buitrago Arango como el se�or gerente de CESCA, Octavio de Jes�s Montes Arcila, adujeron no saber si el reembolso se dio, dado que no vieron f�sicamente el dinero y concurr�an inconsistencias en el recibo que as� lo certificaba.
De otra parte, el se�or Luis Eduardo, afirm� haber dispuesto efectivamente su retorno, utilizando inicialmente, a principios del mes de octubre de 2008, un cheque posfechado que retir� a finales del mismo mes, para luego entregar el dinero en efectivo a la entonces tesorera Rosa Elena Palacio Giraldo. Y fue la mencionada se�ora, quien habiendo concurrido por decisi�n de la Sala a la vista, confirm� lo dicho por el incidentado, en el sentido de haber recibido de �ste, comenzando octubre de 2008, un cheque para sufragar los cr�ditos de sus hijos por unos $35.000.000, t�tulo valor que recogi� finalizando octubre del mismo a�o y a cambio del cual entreg� dinero en efectivo que ingres� a las arcas de CESCA.
De modo que s� obra prueba directa e incontrovertida del real ingreso del dinero en cuesti�n. Am�n de lo anterior, debe subrayarse que dicho aserto result� avalado en alguna medida con los documentos exhibidos con el testimonio de don Luis Eduardo, en tanto a folio 115 del expediente, obran certificaciones signadas por la coordinadora de cartera de la cooperativa en cuesti�n, Luz Dary Ram�rez Henao, en el sentido de que al 01 de febrero de 2013, -mucho despu�s de los hechos y la denuncia- los se�ores C�sar Mauricio Zota S�nchez y Luis Eduardo Zota S�nchez, hijos del incidentado y titulares de algunos de los cr�ditos de que versa la acusaci�n, para esa data no pose�an obligaciones crediticias con esa entidad, aunque �l �ltimo era deudor solidario de un pr�stamo de la se�ora Katherin Lorena Zota S�nchez, con ocasi�n de un cr�dito de reestructuraci�n identificado con el n�mero 81419 por $19.089.792, el cual se encontraba al d�a. De manera que, por las anotadas razones, as� como ante la inexistencia de medios de prueba que conduzcan a una conclusi�n contraria, esta Colegiatura acceder� a la petici�n del Abogado de la parte incidentada, en el sentido de restar $35.800.000 al valor dinerario que ha servido de base para calcular los perjuicios en el asunto de la especie. 6.5.
Ahora, abordando la otra arista del litigio, desde ya se anuncia que no ser� acogida por esta Sala, la segunda solicitud del Apelante en cuanto a disminuir la tasa de inter�s del 17% anual con que se liquid� el lucro cesante, al 6% anual como inter�s legal previsto en el art�culo 1617 del C�digo Civil. Lo as� definido, en cuanto es claro que la proporci�n a que aspira el Libelista �nicamente opera con car�cter subsidiario o supletorio, es decir, en caso de que no pueda determinarse un inter�s distinto en las relaciones de car�cter civil entre particulares.
Ello por cuanto, a voces de la Honorable Corte Constitucional, el Legislador dispuso la aplicaci�n de esta norma cuando se da el silencio de los contratantes y en subsidio de la voluntad de �stos, bajo el supuesto de que un deudor est� en mora de pagar una suma de dinero y las partes no hayan pactado el monto con el cual ha de indemnizarse al acreedor por los perjuicios que la mora le causa. � Supuesto que no converge en el caso de marras, dado que est� suficientemente depurado en el plenario, que el sujeto pasivo de la conducta punible es una cooperativa de ahorro y cr�dito, la que acorde con la documentaci�n obrante, tiene dentro de sus funciones las de fomentar el ahorro entre los asociados, recibiendo dep�sitos y concediendo pr�stamos a los asociados.
De modo que habiendo sido solicitada la indemnizaci�n a t�tulo de lucro cesante, entendida como la ganancia o provecho que dej� de percibirse en raz�n del delito cometido, con el testimonio del contador Germ�n Buitrago Arango, qued� esclarecido que el inter�s del 17% equival�a a un promedio de la tasa de colocaci�n de la entidad, siendo entonces la proporci�n adecuada para determinar a cu�nto asciende la suma que habr�a podido percibir CESCA ejerciendo su actividad de cr�dito, si esos dineros no hubiesen sido sustra�dos por el penalmente responsable. 6.6.
En esa direcci�n, y previo a la estimaci�n del lucro cesante, es menester delatar que el A quo incurri� en un error que ri�e con el debido proceso, al aplicar la mencionada tasa sobre el total de lo hurtado, sin tener en cuenta que una parte ya hab�a sido reintegrada, para luego restarla, cuando ya le hab�a sido aplicado un inter�s que no se gener�, puesto que ese monto parcial estaba en el haber de la cooperativa.
As� que, en aras de enderezar el procedimiento, a los $180.150.000 adue�ados, les ser�n restados los reintegros, que seg�n la primera instancia ascienden a $12.000.000, m�s $35.800.000, conforme a lo considerado en esta Sede, para un total de $47.800.000 que deducidos del monto inicial arrojan un guarismo de $132.350.000, cifra que ser� la base para el c�lculo del lucro cesante.
Acto seguido, mediante el mismo m�todo empleado por el profesional en contadur�a Buitrago Arango, y en aplicaci�n de lo reglado por el art�culo 283 del C�digo General del Proceso, se extender� la condena hasta la fecha en que se ha registrado esta sentencia. Para ello, se tomar�n como base los siguientes par�metros: Capital: $132.350.000.
Inter�s anual: 17%. Inter�s diario: 0,000472% Fecha inicial: 25 de noviembre de 2008. Fecha final: 18 de julio de 2017. N�mero de d�as: 3.113 As� entonces, el inter�s generado por los $132.350.000 a una tasa diaria del 0,000472% equivale a $62.469 que multiplicado por 3.113 d�as asciende a $194.466.619 como total correspondiente al lucro cesante.
Dicho guarismo, adicionado al da�o emergente que ha sido fijado en $132.350.000, ofrece un resultado de $326.816.619 como total de la indemnizaci�n por perjuicios materiales. 6.7. Ahora, comoquiera que el Fallador de instancia dio otro traspi� al indicar en la parte resolutiva que el valor final tasado deb�a erogarse con intereses de mora a partir del 24 de junio de 2016, fecha en que se realiz� el c�mputo por el contador de la Incidentante, deber� advertirse en esta instancia, que los mencionados intereses s�lo podr�n exigirse a partir de los cinco d�as posteriores a la ejecutoria, que fue el plazo otorgado por el A quo para sufragar la obligaci�n, sin que al mismo tiempo pueda demandarse la indexaci�n, como, err�neamente se dispuso en el fallo examinado, puesto que al hacerlo implicar�a un enriquecimiento sin causa para la Incidentante.
Tal aserto, se apoya en los planteamientos de la Sala de Casaci�n Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la que se califica de incompatible una condena simult�nea por intereses moratorios con la indexaci�n, dado que aquella contiene el componente inflacionario que conlleva la p�rdida del poder adquisitivo del dinero, lo que determinar que un mismo factor fuera doblemente considerado.
Planteamiento que tambi�n encuentra respaldo en pronunciamiento de la Sala de Casaci�n Civil de la misma Corporaci�n en cuanto que: ��De all� que cuando el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales comerciales, no pueden los Jueces, con prescindencia de toda consideraci�n especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, espec�ficamente cuando los r�ditos que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios o moratorios, el inter�s bancario corriente que sirve de base para su cuantificaci�n (art. 884 C. de Co.), ya comprende, per se, la aludida correcci�n�� Para la Sala Penal, en la misma providencia, aceptar una condena en tales condiciones, implicar�a �� admitir una situaci�n de usura en la medida en que no s�lo se habr�a aplicado por el mismo per�odo el m�ximo inter�s moratorio legalmente permitido, sino porque adem�s se aplicar�a un ajuste por inflaci�n, que ya se halla inmerso en aqu�l.� 7.
Sobre las costas procesales Comoquiera que el incidente de reparaci�n integral, como reiteradamente lo ha proclamado la jurisprudencia, ostenta un talante eminentemente civil, en virtud del principio de integraci�n plasmado en el art�culo 25 de la Ley 906 de 2004, al tenor del cual, en aquellas materias no reguladas en esta Ley, debe regirse por las normas del procedimiento civil, para este caso, el C�digo General del Proceso, expedido mediante la Ley 1564 de 2012.
En tal virtud y como se decantara en otras ocasiones por esta Colegiatura, la Honorable Corte Suprema de Justicia, con miras al desarrollo de la jurisprudencia en punto de la condena en costas al interior del incidente de reparaci�n integral contemplado por la Ley 906 de 2004, de vieja data ha recordado que por costas procesales se entienden los gastos que deben sufragarse en el proceso, cuyo pago corresponde a quien sale vencido en el litigio, incluyendo las expensas y las agencias en derecho, defini�ndolas as�: (�) las expensas son los gastos necesarios realizados por cualquiera de las partes para adelantar el proceso, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos y los curadores, los impuestos de timbre, el valor de las copias, registros, p�lizas, gastos de publicaciones, etc.
A su vez, las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, esto es, el pago de los honorarios de los profesionales del derecho que cada parte debi� contratar para adelantar la gesti�n. Explic� en aquella �poca, que la mencionada condena en el proceso, incidente o recurso, se dispone en contra de la parte vencida, con un criterio objetivo, sin que sea necesario el an�lisis de razones como la temeridad y la mala fe.
As� mismo, que los discernimientos para su liquidaci�n son igualmente objetivos, puesto que se hallan sujetos a par�metros establecidos por el Legislador, como que �� solo habr� condena en costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci�n.� Por consiguiente, el Alto Tribunal dej� sentado el car�cter ineludible de la condena en costas en el incidente de reparaci�n integral, al se�alar en la providencia antecitada: Pero f�cil se advierte, entonces, que sea por la v�a general de las preceptivas propias de la indemnizaci�n judicial, o por la espec�fica de la Ley 906 de 2004, es ineludible la condena en costas, cuando estas efectivamente han sido causadas.
Ello porque no puede dudarse la evidente simbiosis que con el tema indemnizatorio y, particularmente con las formas civiles de dirimir conflictos, tiene el tr�mite del incidente de reparaci�n integral, pues, en primer lugar, suficientemente se conoce que el delito se constituye en fuente de obligaciones, por la v�a de la responsabilidad civil extracontractual, acorde con lo dispuesto por los art�culos 1494 y 2341 del C�digo Civil.
Y, en segundo t�rmino, parece evidente que en nuestra legislaci�n, aunque se puede tabular en un mismo proceso el aspecto penal y el civil, se ha querido separar ambos tipos de responsabilidad, mucho m�s con las recientes modificaciones al tr�mite del incidente de reparaci�n integral, al punto de demandar, para que este pueda tener lugar, del pronunciamiento previo de responsabilidad penal en sentencia ejecutoriada.
Las anteriores premisas fueron reforzados en la misma decisi�n, aludiendo a lo dispuesto sobre el tema en la reglamentaci�n del incidente por la Ley 906 de 2004, as� como recurriendo a un enfoque de orden pr�ctico sobre la cuesti�n, en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia: Y si, adem�s, de forma expresa el legislador referenci� la posibilidad de condenar en costas, para el caso consagrado en la norma, cuando el promotor del incidente no concurre a una de las audiencias, no puede pensarse, desde los l�mites del absurdo, que este es el �nico caso en el cual es posible esa condena.
Una lectura contextualizada de ese apartado normativo claramente permite inferir c�mo se parte de la base general de que la parte condenada en el incidente debe pagar, adem�s, las costas del proceso. Y, si el promotor del incidente se abstiene de concurrir, ser� �l quien responda por ellos. Por lo dem�s, dentro de un plano eminentemente pr�ctico, no puede ser que el incidente de reparaci�n integral se surta, cuando la norma no contempla el t�pico, dentro de los presupuestos generales del procedimiento civil, que desde luego implica las m�s de las veces gastos ingentes �d�gase publicaciones, peritajes, notificaciones, curadur�as, inspecciones judiciales, e incluso pago de honorarios profesionales-, pero deban dejarse de lado, precisamente, los aspectos puntuales que garantizan sufragarlos, con lo cual, no sobra anotar, finalmente resultar�n afectados patrimonialmente quienes buscan reparaci�n, al extremo de desmotivar este como mecanismo efectivo para el efecto, o tornarlo elitista, cuando no prohibitivo, en clara vulneraci�n de los principios de igualdad y de acceso a la justicia. Lo antes dicho, lleva sin ambages a concluir, que las costas s� operan en el incidente de reparaci�n integral previsto para el proceso penal acusatorio, con remisi�n a las disposiciones del procedimiento civil, para el asunto que nos concita, la Ley 1564 de 2012 o C�digo General del Proceso, preceptiva que gobierna la materia en los siguientes t�rminos: Art�culo 365.
Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetar� a las siguientes reglas: � 1. Se condenar� en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci�n, casaci�n, queja, s�plica, anulaci�n o revisi�n que haya propuesto.
Adem�s, en los casos especiales previstos en este c�digo. � Adem�s se condenar� en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulaci�n de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relaci�n con la temeridad o mala fe. � 2. La condena se har� en sentencia o auto que resuelva la actuaci�n que dio lugar a aquella. � 3.
En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenar� al recurrente en las costas de la segunda. � 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida ser� condenada a pagar las costas de ambas instancias. � 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podr� abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisi�n. � 6.
Cuando fueren dos (2) o m�s litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenar� en proporci�n a su inter�s en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entender�n distribuidas por partes iguales entre ellos. � 7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocer�n los gastos que hubiere sufragado y se har�n por separado las liquidaciones. � 8.
Solo habr� lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci�n. � 9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendr�n por no escritas. Sin embargo podr�n renunciarse despu�s de decretadas y en los casos de desistimiento o transacci�n. Como emerge del precepto trascrito, es claro que deben ser declaradas cuando en el expediente aparezca que se causaron.
Y en el evento, en que el Juez decida abstenerse de hacerlo o determine su decreto parcial, habr�n de divulgarse los fundamentos de su decisi�n. No obstante, m�s all� de la imposici�n de costas por parte del Juez a la parte vencida, la que debe llevarse a cabo en la sentencia o auto que defina la actuaci�n que le dio origen, debe rememorarse que, a tono con el canon 366 del c�digo General del Proceso, las mismas deben liquidarse de manera concentrada en el juzgado que haya asumido el proceso en primera o �nica instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso, o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior.
Ello, con sujeci�n a las reglas previstas en la citada pauta normativa, as�: 1. El secretario har� la liquidaci�n y corresponder� al juez aprobarla o rehacerla. � 2. Al momento de liquidar, el secretario tomar� en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y tr�mites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casaci�n, seg�n sea el caso. � 3.
La liquidaci�n incluir� el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los dem�s gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido �tiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. � Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes ser�n incluidos en la liquidaci�n de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables.
Si su valor excede los par�metros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regular�. � 4. Para la fijaci�n de agencias en derecho deber�n aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un m�nimo, o este y un m�ximo, el juez tendr� en cuenta, adem�s, la naturaleza, calidad y duraci�n de la gesti�n realizada por el apoderado o la parte que litig� personalmente, la cuant�a del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el m�ximo de dichas tarifas. � 5.
La liquidaci�n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr�n controvertirse mediante los recursos de reposici�n y apelaci�n contra el auto que apruebe la liquidaci�n de costas. La apelaci�n se conceder� en el efecto diferido, pero si no existiere actuaci�n pendiente, se conceder� en el suspensivo. � 6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casaci�n y revisi�n o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidaci�n se har� inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificaci�n del auto de obedecimiento al superior, seg�n el caso.
Por consiguiente, en el referido contexto, subyace que una vez dictada la sentencia de primera instancia, debi� el se�or Juez, en virtud de la normativa supra expuesta, pronunciarse en abstracto sobre la condena en costas procesales causadas en primera instancia, cuyas expensas, con base en los elementos contenidos en el expediente, habr�an de ser liquidadas por la secretar�a del Despacho de conocimiento, y las agencias en derecho fijadas por el Funcionario, seg�n lo reglado por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016.
Sin embargo, comoquiera que la parte vencida en el litigio durante la actuaci�n de primer nivel, fungi� como apelante �nico, una disposici�n en tal sentido por parte de esta Corporaci�n respecto de dicha actuaci�n, implicar�a una reforma peyorativa para su situaci�n. Ya en lo que concierne a las costas de segunda instancia, no se ordenar� el pago de expensas por cuanto no concurren en el legajo elementos que indiquen su existencia. Tampoco hay lugar al pago de agencias en derecho, comoquiera que no se perfecciona ninguna de las hip�tesis, que para el efecto establece el art�culo 365 del C�digo General del Proceso, respecto al tr�mite de las impugnaciones, habida cuenta que la sentencia de primer nivel no fue confirmada en todas sus partes, como tampoco fue revocada en su integridad. *** Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, -Sala de Decisi�n Penal- administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, R e s u e l v e:
PRIMERO: Modificar el ordinal primero de la sentencia confutada, en el sentido de condenar al se�or Luis Eduardo Zota Ospina a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en favor de la �Cooperativa de Ahorro y Cr�dito CESCA�, dentro de los cinco d�as calendario posteriores a la ejecutoria de esta providencia, la suma de trescientos veintis�is millones, ochocientos diecis�is mil seiscientos diecinueve pesos ($326.816.619), m�s intereses moratorios desde la ejecutoria hasta la efectiva realizaci�n del pago.
SEGUNDO: Abstenerse de disponer la condena en costas o agencias en derecho en esta instancia, por las razones aludidas.
TERCERO: Advertir a los sujetos procesales que contra esta decisi�n no procede el recurso de casaci�n, acorde al art�culo 181 numeral 4 de la Ley 906 de 2004, a merced de no alcanzarse la cuant�a fijada en los c�nones 366 del C�digo de Procedimiento Civil y 338 del C�digo General del Proceso. Notif�quese y C�mplase, Los Magistrados, Dennys Marina Garz�n Ordu�a Jos� Fernando Reyes Cuartas Antonio Toro Ruiz Gloria In�s Guti�rrez Aristiz�bal Secretaria Fl. 4 Fl. 40 Cuaderno del proceso penal.
Fl. 5 Sentencia C-367/95. Corte Constitucional. M.P. Jos� Gregorio Hern�ndez Galindo. Fl. 34. Vto. Art�culo 283. Condena en concreto. La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se har� en la sentencia por cantidad y valor determinados. � El juez de segunda instancia deber� extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado. C.S.J. Sala de Casaci�n Penal.
Rad. 39228. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. 08-10-12 Sentencia de 19 de noviembre de 2001, proceso 6094 Art�culo 25. Integraci�n. En materias que no est�n expresamente reguladas en este c�digo o dem�s disposiciones complementarias, son aplicables las del C�digo de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal. C.S.J. Sala de Casaci�n Penal.
Rad. 34145. M.P. Sigifredo Espinosa P�rez. 13-04-11 �Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o m�s personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptaci�n de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o da�o a otra persona, como en los delitos; ya por disposici�n de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.� �El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido da�o a otro, es obligado a la indemnizaci�n, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.� Art�culo 87 de la Ley 1395 de 2010. Ley 906 de 2004.
Art�culo 181.4. Cuando la casaci�n tenga por objeto �nicamente lo referente a la reparaci�n integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deber� tener como fundamento las causales y la cuant�a establecidas en las normas que regulan la casaci�n civil. PAGE 2� instancia, Incidente de Reparaci�n No. 2008-03931-06 Procesado: Luis Eduardo Zota Ospina Delito: Hurto agravado Decisi�n: Modifica Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal PAGE \* MERGEFORMAT3 )4567AIJKfgxy����ֱ��x�eO=+"hi�CJ OJQJ^JaJ mH sH "hBZCJ OJQJ^JaJ mH sH +hW �h�|55�CJ OJQJ^JaJ mH sH %h5�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�cCJ OJQJ^JaJ mH sH (h�h�|5CJ OJQJ^JaJ mH sH "hKY�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�|5CJ OJQJ^JaJ mH sH %hW �5�CJ OJQJ^JaJ mH sH +h�h�|55�CJ OJQJ^JaJ mH sH %h�|55�CJ OJQJ^JaJ mH sH 67Kg������| ������������ $dh�a$gd {� $dh�a$gdpu $d�a$gdpu $dh�a$gd�C� $dha$gd�2� $da$gdpu $dha$gd�i�dgdpu$dh&d P�� a$gd9>$ �fFdha$gd�� y~�������������������ǵ�����mm�ZD5 h�H�5�CJ OJQJ^JaJ +h� !h�C�5�CJ OJQJ^JaJ mH sH %hW%e5�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�d CJ OJQJ^JaJ mH sH "h.�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�2�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�9CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�|5CJ OJQJ^JaJ mH sH "hi�CJ OJQJ^JaJ mH sH (h�h�|5CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�DpCJ OJQJ^JaJ mH sH ������������ ;
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