Micelio

AUTO — Tribunal Superior de Manizales

Radicado: 2017-80236-01

Sala: SALA PENAL

Ponente: Gloria Ligia Castaño Duque

Fecha: 2017-12-12

Sujetos procesales: JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE ANSERMA, CALDAS. DEFENSOR DEL PROCESADO.

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Manizales, doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). ASUNTO. Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el Abogado Defensor del acusado JOS� MIGUEL PAREJA PUERTA, en contra de la decisi�n proferida en audiencia del diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por parte del Juzgado Penal del Circuito de Anserma, Caldas, a trav�s de la cual decret� la nulidad de la actuaci�n desde la formulaci�n de imputaci�n. 2.

ANTECEDENTES. 2.1. Ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Anserma, Caldas, el d�a nueve (9) de julio de dos mil diecisiete (2017) se celebraron audiencias preliminares concentradas, iniciando con la legalizaci�n de captura en situaci�n de flagrancia, as� como de los elementos que fueron incautados en el momento mismo de la captura del ciudadano JOS� MIGUEL PAREJA PUERTA, todo lo cual se reput� legal.

Seguidamente, se prosigui� con la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, momento en el cual el Fiscal Segundo Seccional de Anserma, Caldas, imput� al se�or JOS� MIGUEL PAREJA PUERTA, la comisi�n de la conducta punible de �Homicidio Culposo�, en raz�n a la muerte de la se�ora LEIDY LORENA S�NCHEZ ORTIZ. Frente a los hechos por los cuales formul� la imputaci�n el Agente de la Fiscal�a, se tiene que el mismo se vali� del informe allegado por los policiales que atendieron los actos urgentes luego de la noticia criminal, de lo que coligi� que la persona se�alada se encontraba en un inmueble de un paraje rural del municipio de Belalc�zar, Caldas, en compa��a de la joven LEIDY LORENA S�NCHEZ ORTIZ y dos personas m�s, cuando, en el momento en que se dispon�a a realizar la recolecci�n de un caf�, avist� una escopeta de fisto, por lo que inquiri� al due�o de la casa por su funcionamiento, si�ndole contestado que se encontraba da�ada y en desuso.

Seguidamente, seg�n adujo el Fiscal en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, procedi� el se�alado a accionar el mecanismo del arma en dos ocasiones contra el suelo, sin que la misma ejerciera la acci�n de disparo, por lo que se procur� del arma para dirigirse a hacerle una broma a la se�ora S�NCHEZ ORTIZ, quien era su compa�era sentimental, momento en el cual, con la intenci�n de asustar a la citada dama le apunt� con el artefacto y lo accion�, con la sorpresa de que ah� s� logr� efecto la percusi�n, con el consecuente disparo en contra de la humanidad de la se�orita S�NCHEZ ORTIZ, lo que le caus� la muerte.

Estos hechos acaecieron en el municipio de Belalc�zar, Caldas, el d�a ocho (8) de julio de dos mil diecisiete (2017). Respecto de los cargos que le fueron endilgados, el se�or JOS� MIGUEL PAREJA PUERTA, decidi� allanarse a los mismos. Finalmente el Representante del Ente Persecutor retir� su solicitud de imposici�n de la medida de aseguramiento. 2.2.

Entendido lo precedente como acusaci�n, pas� la Fiscal�a a reclamar la realizaci�n de la audiencia de individualizaci�n de pena, correspondiendo as� el asunto al Juzgado Penal del Circuito de Anserma, Caldas, c�lula judicial que el d�a 3 de octubre de 2017 instal� audiencia con tal fin, sin que pudiera agotarse de forma ordinaria. Lo anterior, porque al inicio de la diligencia, el Fiscal Segundo Seccional de Anserma, Caldas, al inicio de la audiencia deprec� se decrete la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, en raz�n a que los nuevos rudimentos probatorios recogidos, especialmente el procedimiento de necropsia y las entrevistas recepcionadas ense�aban un escenario diverso al que primigeniamente se mostr� en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n. Al respecto, indic� el Abanderado del Ente Persecutor que la nueva informaci�n allegada a su conocimiento, luego de efectivizado el acto de imputaci�n, dio cuenta de una realidad diversa a la apuntada en la audiencia de imputaci�n, pues con los nov�simos elementos de juicio, se pod�a demostrar que lo acaecido no se contra�a a un homicidio culposo, sino a un homicidio agravado o, incluso, a un feminicidio.

As� pues, consider� el Fiscal que ese yerro en la adecuaci�n, se erig�a en una desavenencia procesal con efectos sustanciales y, por lo tanto, en una vulneraci�n a los derechos de las v�ctimas de delito, por lo que, en apego a la estricta legalidad, solicit� fuera decretada la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n 2.3.

El representante de la v�ctima, a su turno, deprec� la declaratoria de nulidad en igual sentido al Fiscal de la causa, pues consider� que la transgresi�n a la estricta legalidad, en punto de la adecuaci�n t�pica, conllevaba un vilipendio al debido proceso y a los derechos de las v�ctimas, pues claro result�, a su juicio, que los elementos probatorios obtenidos demostraban las agresiones anteriores de que hab�a sido v�ctima la se�orita LEIDY LORENA S�NCHEZ ORTIZ, por lo que no era el homicidio culposo el tipo penal a endilgar al se�or PAREJA PUERTA. 2.4.

Por su parte, el Representante del Ministerio P�blico, anot� que de la relaci�n de los hechos y los nuevos elementos de prueba que fueron procurados por la Fiscal�a, se encontraba ante un posible feminicidio, de suerte que coadyuvara la petici�n elevada. 2.5. Finalmente, el Abanderado de la defensa, se mostr� inconforme con la petici�n suscrita por los dem�s sujetos procesales, en la medida que hab�a sido convocado para otro acto procesal, el de individualizaci�n de pena y sentencia, al paso que arguy� que la totalidad de la actuaci�n, especialmente la imputaci�n y la aceptaci�n de cargos, se surti� con apego a la legalidad.

Luego de ello, recapitul� los hechos que fueron objeto del inicial se�alamiento, para acto seguido indicar que las equimosis encontradas en el cuerpo de la dama fallecida, no necesariamente son pruebas de violencia, sino de cualesquier otra actividad humana, concluyendo que no existen pruebas fehacientes que determinen que la imputaci�n fue errada. 3.

DECISI�N DE PRIMERA INSTANCIA. Ante las peticiones elevadas, la juez de instancia procedi� a fijar una nueva fecha para adoptar la decisi�n, en donde nuevamente se concentraron los sujetos procesales a fin de escuchar el prove�do proferido por el Despacho. En �ste, luego de realizar un recuento de la relaci�n f�ctica que envolvi� la captura del procesado, as� como del haber procesal, procedi� la Juzgadora a realizar una serie de consideraciones en punto de los derechos que le asisten a la v�ctima del delito en clave de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y Constitucional, haciendo especial �nfasis en los derechos a la verdad, justicia y reparaci�n que asisten a los afectados con el punible.

Luego de lo anterior, puntualiz� la A quo que en el asunto de marras no se avistaba que el derecho a la verdad se colmara, por cuanto se avista una transgresi�n al principio de legalidad y al debido proceso, si a una persona se le endilga la comisi�n de un homicidio culposo, existiendo claros elementos de convicci�n que permiten inferir que lo acaecido fue un feminicidio.

As� pues, luego de fincar su decisi�n en una serie de pronunciamientos de la Corte Suprema, en los cuales se hizo hincapi� en el respeto de la legalidad en la adecuaci�n t�pica, procedi� la Juez de instancia a decretar la nulidad implorada, bajo el �ltimo argumento seg�n el cual el error no genera derechos, por lo que la equivocada imputaci�n, no es factible de prohijar, al paso que debe prevalecer la legalidad. 4.

LOS RECURSOS. 4.1. Ante la decisi�n proferida, el Apoderado del enjuiciado impetr� de manera principal el recurso de reposici�n, aseverando que retrotraer la actuaci�n no resulta acertado, por cuanto en el extremo del asunto, adujo, se encuentra un ser humano que arrib� confiado en que las decisiones ya adoptadas por los funcionarios iban a surtir efectos.

Asimismo, reiter� los argumentos ya ofrecidos al descorrer el traslado de la solicitud inicial, para finalmente, bogar por la revocatoria de la providencia. 4.2. El Fiscal, el Representante del Ministerio P�blico y el Gestor Judicial de las V�ctimas, bajo una misma l�nea argumentativa propendieron porque la providencia confutada fuera corroborada, en la medida que se est� velando por la b�squeda de la verdad y por el respeto de la estricta legalidad. 4.3.

La Juez de instancia no repuso su providencia, argumentando que era necesario el respeto por los derechos constitucionales de todos los que se encuentran inmersos en el proceso penal, por lo tanto, tambi�n las v�ctimas, por lo que afirmando con vehemencia que no se estaba de cara ante un delito culposo, la nulidad era la manera adecuada para solventar el yerro advertido. 4.4.

En consecuencia con la decisi�n anotada, procedi� el Abanderado de la Defensa a interponer el recurso vertical, aduciendo que si bien obraban rudimentos de prueba que informaban una situaci�n, �l tambi�n procur� sendos elementos de prueba, conforme con los cuales se dejaba entrever que la versi�n de la Fiscal�a era errada, en la medida que el acusado no violent� a su compa�era sentimental con antelaci�n, de lo que se coleg�a lo acertado de la imputaci�n inicial y por lo que retrotraer el tr�mite, a su juicio, no era id�neo.

En suma, reiter� el defensor lo imperioso de revocar la decisi�n de invalidar, por lo que as� lo solicit� a este Tribunal. CONSIDERACIONES. Problema jur�dico. En atenci�n a los proleg�menos que envuelven la presente actuaci�n, resulta necesario dilucidar si fue acertada la decisi�n de retrotraer la actuaci�n desde la formulaci�n de imputaci�n, en atenci�n a un presunto error en la adecuaci�n t�pica, cuando el procesado se allan� a los cargos que le fueron endilgados en ese incipiente estadio.

A fin de desentra�ar el asunto, atinado resulta realizar una serie de consideraciones en punto de los principios orientadores para la declaratoria de nulidades en el proceso penal, as� como de la terminaci�n anticipada del proceso y la posibilidad que ostenta el juez para realizar un control material a la acusaci�n, lo cual se acompasar� con el caso en concreto. 5.2.

De los principios orientadores de la declaratoria de una nulidad. El instituto de las nulidades procesales se encuentra al servicio del debido proceso, en la medida en que a aquel se acude en aras de recomponer aquellas actuaciones que se encuentran hu�rfanas de soporte legal o que lejos est�n de acomodarse a las pautas procedimentales contempladas en el respectivo estatuto procesal.

Y adem�s de ser la instituci�n que por excelencia se ocupa de velar por el irrestricto cumplimiento del principio de legalidad, tambi�n se instituye como garant�a de las dem�s expresiones que se encuentran intrincadas en el debido proceso, a saber, los derechos de contradicci�n y defensa que, a su vez, tienen la doble connotaci�n de derechos y principios.

Ahora bien, el procedimiento y las normas que lo iluminan por ser un todo sistem�tico e inescindible, tambi�n exige que ese instrumento no sea utilizado de manera indiscriminada, sino que sea un verdadero filtro de la actuaci�n y, en todo caso, eluda el resquebrajamiento innecesario del proceso y alzaprime las normas sustanciales prevalentes.

De igual manera, y precisamente en pro de salvaguardar la actuaci�n, se han instituido principios que delimitan el ejercicio y, por ende, la declaratoria de nulidad, sobre los cuales la jurisprudencia ha sido clara: �No obstante que la Sala desde hace alg�n tiempo adopt� como criterio que para la proposici�n y sustentaci�n de nulidades no se exigen f�rmulas sacramentales espec�ficas, ello no implica que la correspondiente pretensi�n pueda estar contenida en un escrito de libre factura, habida cuenta que no cualquier anomal�a conspira contra la vigencia del proceso, pues la afectaci�n debe ser esencial y estar vinculada en calidad de medio para socavar alg�n derecho fundamental de las partes o intervinientes, de suerte que, igual que en las otras causales, debe ajustarse a ciertos par�metros l�gicos que permitan comprender el motivo de ataque, el yerro sustancial alegado y la manera como se quebranta la estructura del proceso o se afectan las garant�as a consecuencia de aqu�l. �Precisamente, a asegurar esos cometidos, as� como el car�cter serio y vinculante del correspondiente reproche, apunta la observancia de los principios que orientan la declaraci�n de nulidades, los cuales, a pesar de no estar previstos en una determinada norma del C�digo de Procedimiento Penal que rige este asunto, siguen siendo criterios de inexcusable observancia, como as� ha tenido oportunidad de puntualizarlo la Corte. �Tales axiomas se concretan en los siguientes postulados: s�lo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley (principio de taxatividad); quien alega la configuraci�n de un vicio enervante debe especificar la causal que invoca y se�alar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya (principio de acreditaci�n); no puede deprecarla en su beneficio el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuraci�n del yerro invalidante, salvo el caso de ausencia de defensa t�cnica (principio de protecci�n); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o t�cito del sujeto perjudicado, a condici�n de ser observadas las garant�as fundamentales (principio de convalidaci�n); no procede la invalidaci�n cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el prop�sito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa (principio de instrumentalidad); quien alegue la rescisi�n tiene la obligaci�n indeclinable de demostrar no s�lo la ocurrencia de la incorrecci�n denunciada, sino que �sta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garant�as constitucionales (principio de trascendencia) y, adem�s, que para enmendar el agravio no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad (principio de residualidad).

(Resaltado fuera del texto original). 5.1. Del allanamiento a cargos en la formulaci�n de imputaci�n, su verificaci�n y las posibilidades con que cuenta el Juez para ejercer un control material de la acusaci�n. La formulaci�n de la imputaci�n constituye el acto mediante el cual la Fiscal�a General de la Naci�n ejercita sus facultades como titular de la acci�n penal en nombre del Estado, al comunicar a una persona que contra ella se adelanta una investigaci�n por su probable participaci�n en un comportamiento que se acomoda a los supuestos condicionantes de una conducta definida en la ley como delictiva, momento a partir del cual aqu�lla persona adquiere la condici�n de imputada.

Este acto procesal proceder� cuando del material probatorio, evidencia f�sica o informaci�n legalmente obtenida de que disponga la Fiscal�a, se permita inferir razonablemente que la persona indiciada es autora o part�cipe de la conducta punible motivo de indagaci�n, debiendo cumplirse esa diligencia ante un juez con funciones de control de garant�as, en presencia del indiciado o su defensor, y en cuyo desarrollo aqu�l verificar� que el Fiscal exprese en forma oral: i) la individualizaci�n del imputado, con su nombre y todos los datos que permitan identificarlo; ii) una relaci�n clara y sucinta de los hechos jur�dicamente relevantes, en lenguaje comprensible y iii) la posibilidad de aceptar los cargos imputados para obtener la rebaja de la pena conforme lo establecido por el art�culo 351 del CPP (Ley 906 de 2004, art�culos 153, 154-6, 286, 287, 288 y 289). La aceptaci�n de cargos, obedece a una pol�tica criminal que impone el Estado con el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en la administraci�n de justicia, mediante el consenso de los actores del proceso penal, con la finalidad, de un lado, de que el imputado resulte favorecido con una sustancial rebaja en la pena, comparativamente muy inferior respecto a la que habr�a de impon�rsele si el fallo se profiriera despu�s de culminado el juicio oral y, de otro, que el Estado ahorre esfuerzos y recursos en su investigaci�n y juzgamiento.

Precisamente, dicha aceptaci�n conlleva para el imputado la renuncia a la garant�a de la no autoincriminaci�n, a contar con un juicio oral y p�blico y a demostrar con las pruebas practicadas en esta diligencia su inocencia, circunstancia que, por dem�s, no violenta las garant�as al debido proceso como lo enunciara la Corte Constitucional en sentencia T-1236 de 2005 al puntualizar: �Para la Corte es claro entonces, que la posibilidad de renunciar a un juicio p�blico, oral, mediante la celebraci�n de acuerdos entre la fiscal�a y el imputado, as� como la aceptaci�n de la culpabilidad al inicio del juicio por parte del acusado, no viola las garant�as constitucionales propias del debido proceso, en la medida en que debe surtir el control de legalidad del juez correspondiente y deben ser aprobados por el juez de conocimiento, verific�ndose la no violaci�n de derechos fundamentales y el cumplimiento del debido proceso, y que se trata de una decisi�n libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual es imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado as� como que se actu� en presencia del defensor. �Lo anterior, por cuanto aceptado por el procesado los hechos materia de la investigaci�n y su responsabilidad como autor o part�cipe, y existiendo en el proceso adem�s suficientes elementos de juicio para dictar sentencia condenatoria, se hace innecesario el agotamiento de todas y cada una de las etapas del proceso, por lo que procede dictar el fallo sin haberse agotado todo el procedimiento, a fin de otorgar pronta y cumplida justicia, sin dilaciones injustificadas, seg�n as� tambi�n se consagra en el art�culo 29 de la Constituci�n.� Empero, para que tal manifestaci�n del procesado tenga validez dentro del actual esquema procesal, es de imperiosa necesidad que el funcionario judicial realice un control respecto a la legalidad de su aceptaci�n. En relaci�n con el control de legalidad por parte del Juez ante el cual se da un allanamiento a cargos, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que tal actividad comporta tres aspectos: �(i) Que el acto de allanamiento o el acuerdo haya sido voluntario, libre, espont�neo y debidamente informado, es decir que est� exento de vicios esenciales en el consentimiento, (ii) que no viole derechos fundamentales, y (iii) que exista un m�nimo de prueba que permita inferir la autor�a o participaci�n en la conducta imputada y su tipicidad�  As� pues, puede inferirse que la actitud del juez no es pasiva sino activa, respetando en todo caso el principio de preclusi�n de las etapas, ya que, trat�ndose de una forma de terminaci�n anticipada del proceso, cuando se constata el allanamiento a cargos, no es factible, una vez verificado que la aceptaci�n fue responsable y oper� de manera libre, voluntaria y completamente informada, declinar lo aceptado, por parte del procesado.

Ahora bien, en lo relacionado con el control que es factible de realizarse respecto de la imputaci�n efectuada, es menester recordar que, en Colombia, a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, por medio del cual se reformaron los art�culos 116, 250 y 251 de la Constituci�n, se acogi� el Sistema Penal con tendencia Acusatoria, introduci�ndose importantes modificaciones dentro la estructura del proceso penal, las cuales fueron desarrolladas por la Ley 906 de 2004 a trav�s de la cual se expidi� el C�digo de Procedimiento Penal (C.P.P).

Aunado a esto, conviene subrayar que, el nuevo modelo sostiene una perfecta armon�a con la Constituci�n Pol�tica de 1991, emanando de ah� una constitucionalizaci�n del derecho penal, puesto que el mismo se centra en asentir y proteger los derechos fundamentales de las partes e intervinientes, otorg�ndole incluso un notable papel a las v�ctimas con la determinaci�n de satisfacer sus derechos a la verdad, justicia y reparaci�n. Como ya se expres�, el actual Sistema Penal presenta caracter�sticas especial�simas en virtud de los cambios implementados, entre los cuales se pueden resaltar: (i) la separaci�n categ�rica de la investigaci�n y el juzgamiento, circunstancia en raz�n de la cual desaparece la instrucci�n, de tal manera que, el nuevo modelo queda conformado por tres etapas�principales, indagaci�n, investigaci�n, y juicio, y dos intermedias o de transici�n, audiencia de formulaci�n de acusaci�n y audiencia preparatoria, (ii) pas� de un modelo escritural a la oralidad, (iii) creaci�n del Juez con Funci�n de Control de Garant�as (iv) consagraci�n de principios como la oportunidad y, por otro lado, la congruencia, (v) el establecimiento de un juicio oral, p�blico y contradictorio - �ltimo punto en el cual debe hacerse �nfasis toda vez que se trata de un sistema adversarial de partes en virtud del cual el procesado ya no es s�lo un sujeto pasivo dentro del proceso penal, sino que por el contrario desempe�a un rol activo con igualdad de armas, pues se le brinda la posibilidad confrontar la teor�a del caso planteada por el Ente Acusador, anteponiendo la suya, aportando sus propias pruebas y contradiciendo las de su contraparte - basado adem�s en los principios de inmediaci�n y concentraci�n a partir de los cuales se abandona el principio de permanencia de la prueba, etc�tera. En forma an�loga debe destacarse otro rasgo que denota una trascendental importancia dentro de este nuevo modelo, quiz�s el que m�s subraya el cambio de paradigma, y sobre el cual har� �nfasis esta Colegiatura, nos referimos concretamente a la distinci�n implementada entre los funcionarios encargados de investigar, as� como, de acusar, y aquellos encargados de juzgar.

Pues en vista de lo mencionado, la Fiscal�a General de la Naci�n qued� desprovista de funciones jurisdiccionales, lo que en otras palabras significa que perdi� la facultad de tomar decisiones judiciales, determinaciones que subsecuentemente corresponden al Juez con Funci�n de Control de Garant�as o de Conocimiento, seg�n sea el caso. Vale recalcar que dicha transformaci�n se incluy� con el principal objetivo de delimitar labores de la Fiscal�a a la titularidad del ejercicio de la acci�n penal y la representaci�n de los intereses del Estado y de las v�ctimas y, por ende, fue instituida como la encargada de realizar la investigaci�n de los hechos que revistan las caracter�sticas de un delito, apoyada en los �rganos de Polic�a Judicial que quedan bajo su direcci�n, coordinaci�n y control, para posteriormente, llevar a cabo la acusaci�n ante el Juez competente.

Tal como se extrae del tenor literal del art�culo 250 de la Constituci�n Pol�tica de 1991, el cual dispone: �La Fiscal�a General de la Naci�n est� obligada a adelantar el ejercicio de la acci�n penal y realizar la investigaci�n de los hechos que revistan las caracter�sticas de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petici�n especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias f�cticas que indiquen la posible existencia del mismo.

No podr�, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecuci�n penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicaci�n del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la pol�tica criminal del Estado, el cual estar� sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garant�as.

(�)� Todo ello con la intenci�n de asegurar la imparcialidad y el principio de igualdad de armas entre el Ente Acusador y la Unidad de Defensa, aspectos que rigen y son caracter�sticos del Sistema Penal Acusatorio. Descendiendo de lo antedicho, debe indicarse que la formulaci�n de imputaci�n conforme al art�culo 286 de la Ley 906 de 2004 es el acto a trav�s del cual la Fiscal�a General de la Naci�n como titular del ejercicio de la acci�n penal y en virtud de un acto de parte, le comunica a una persona la calidad de imputado, ello en el marco de una audiencia preliminar llevada a cabo ante el Juez con Funci�n de Control de Garant�as.

Al respecto, el art�culo 287 del C.P.P dispone que "el Fiscal har� la imputaci�n f�ctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia f�sica o de la informaci�n legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o part�cipe del delito que se investiga (�)." En ese orden de ideas, la norma citada establece que la imputaci�n realizada por el Fiscal es f�ctica, empero, los hechos por los cuales se le atribuye responsabilidad a una persona deben tener precisamente relevancia jur�dico-penal, dado que deben adecuarse a uno o varios tipos penales previamente determinados por el Legislador, raz�n por la cual se ha aseverado que la imputaci�n tambi�n debe ser jur�dica.

Ahora bien, igualmente, resulta indispensable estudiar la disposici�n aludida en concordancia con el art�culo 288 del C.P.P, el cual consagra que el Fiscal, en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, deber� expresar oralmente tres aspectos, a saber: �1. Individualizaci�n concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. 2.

Relaci�n clara y sucinta de los hechos jur�dicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicar� el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia f�sica ni de la informaci�n en poder de la Fiscal�a, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposici�n de medida de aseguramiento. 3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputaci�n y a obtener rebaja de pena de conformidad con el art�culo 351.� Al respecto es necesario realizar las siguientes disquisiciones a fin de brindar un mayor entendimiento: Por una parte, la imputaci�n realizada debe ser clara, especifica y precisa, pues en contraste, si resulta ser vaga, confusa, e imprecisa, se generar�a una vulneraci�n al debido proceso, sumado a una violaci�n de las garant�as esenciales del imputado.

Por otro lado, la imputaci�n debe fundamentarse en suficientes sustentos probatorios, aun cuando uno de los preceptos mencionados determina que no es menester para el Ente Acusador efectuar el descubrimiento de los mismos, pues se ha considerado que, s� deviene imprescindible para el Fiscal exhibir ante el Juez con Funci�n de Control de Garant�as ciertos elementos de juicio que le permitan a esta autoridad identificar al imputado e inferir razonablemente que el mismo es autor o part�cipe del delito que se investiga y, no menos importante, inferir razonablemente la real ocurrencia de un hecho penalmente relevante.

En este punto, d�gase que los rudimentos probatorios con base en los cuales se efect�a la imputaci�n f�ctica y jur�dica deben recolectarse con plena observancia del art�culo 276 del C.P.P. Acto seguido, dentro de la audiencia preliminar el Fiscal deber� explicarle al procesado las consecuencias jur�dicas de la actuaci�n surtida, tanto punitivas como pecuniarias, haciendo �nfasis en los beneficios que la justicia premial ofrece.

De ese modo, la imputaci�n da inicio al proceso penal habida cuenta que formaliza la primera etapa del mismo, es decir, la investigaci�n penal. Dicho lo anterior, puede concluirse que la finalidad de la imputaci�n es informarle a la persona que hasta ese momento ten�a la calidad de indiciada, que en adelante se tramitar� un proceso penal en su contra y, por lo tanto, se le entera que queda vinculada al mismo como imputada, constituyendo una de las partes esenciales de la relaci�n procesal, legitimada entonces para ejercer sus derechos fundamentales y legales, tal como lo precept�a el art�culo 126 de la Ley 906 de 2004. Espec�ficamente sobre este t�pico, se hace referencia al derecho de contradicci�n y defensa, estipulado en el art�culo 290 del C�digo de Procedimiento Penal, seg�n el cual "con la formulaci�n de la imputaci�n la defensa podr� preparar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello implique la solicitud de pr�ctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este c�digo", esto es as�, porque luego de la formulaci�n de imputaci�n, la Unidad de Defensa consigue un conocimiento m�s amplio respecto de las normas presuntamente violadas y los hechos punibles que previamente fueron delimitados por la Fiscal�a, lo cual les permite planear la estrategia defensiva en aras de estructurar una teor�a del caso.

"La imputaci�n correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o alguno de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jur�dico-penal, a la que, se pretende, conduce o de otra manera, agregar los elementos que, combinados con los que son afirmados, gu�an tambi�n a evitar la consecuencia o a reducirla.

Pero para que la posibilidad de ser o�do sea un medio eficiente de ejercitar la defensa, ella no puede reposar en una atribuci�n m�s o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jur�dico, esto es, en un relato impreciso y desordenado de la acci�n u omisi�n que se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracci�n (cometi� homicidio o usurpaci�n, acudiendo al nombre de la infracci�n, sino que, por el contrario, debe tener como presupuesto la afirmaci�n clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de una persona.�  Igualmente, a partir de ese momento el imputado queda habilitado para aceptar cargos con el prop�sito de recibir los beneficios que el Ordenamiento Jur�dico confiere o, celebrar preacuerdos con el ente acusador.

Como ya se indic� el acto de comunicaci�n se surte en audiencia preliminar presidida por el Juez con Funci�n de Control de Garant�as, funcionario judicial al cual le compete impulsar el proceso penal, por lo que harto beneficioso resulta traer a cuento las palabras de la Corte Suprema de Justicia, en punto del papel de los jueces que tienen a su cargo tal labor, en el desarrollo del acto que se viene analizando, es decir, en la formulaci�n de imputaci�n: �El Juez/la Jueza de Control de Garant�as desarrolla no una labor tuitiva de derechos, sino la tarea fundamental de impulso procesal, y ello ocurre precisamente en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, pues, sin su intermediaci�n no es posible abrir formalmente el proceso penal a trav�s de la comunicaci�n que el fiscal hace al procesado, acerca de la investigaci�n que se le adelanta por una determinada conducta punible. �Desde luego que esa formulaci�n de imputaci�n tiene una connotaci�n procesal innegable, dentro del principio antecedente consecuente, pues, sin ella no es posible, en primer lugar, hablar del inicio formalizado del proceso y, en segundo t�rmino, facultar la posibilidad de formular acusaci�n al imputado, si se trata de la v�a ordinaria, o permitir la terminaci�n extraordinaria por el camino del allanamiento a cargos o los acuerdos entre las partes.� Ahora bien, aunado a lo plasmado por la Alta Corporaci�n en el aparte citado, se desprende tambi�n del art�culo 10 del C.P.P que al Juez con Funci�n de Control de Garant�as le corresponde propugnar por el respeto de los derechos y garant�as fundamentales de todos y cada uno de los intervinientes dentro del proceso penal: �La actuaci�n procesal se desarrollar� teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales har�n prevalecer el derecho sustancial. [�] �El juez de control de garant�as y el de conocimiento estar�n en la obligaci�n de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y garant�as de los intervinientes.� En desarrollo de esa labor de velar por el respeto de los derechos de �ndole fundamental de los actores del proceso, al ser entendido como un Funcionario eminentemente constitucional, el Juez de Garant�as dentro de la audiencia de formulaci�n de imputaci�n tiene varias responsabilidades, a saber: Para empezar, el Juez debe constatar que, el est�ndar probatorio necesario para dar inicio al proceso penal con el acto de apertura del mismo, se colme, es decir, que con los rudimentos probatorios enumerados o exhibidos, as� sea sumariamente, por la Fiscal�a, se cumpla, por lo menos, con la inferencia razonable de que trata el canon 287 del estatuto adjetivo penal, ello en paralelo con lo normado en el art�culo 276 de la ley 906 de 2004, seg�n el cual �la legalidad del elemento material probatorio y evidencia f�sica depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene, se haya observado lo prescrito en la Constituci�n Pol�tica, en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Colombia y en las leyes.� Adicional a ello, le concierne verificar el cumplimiento de lo preceptuado por el art�culo 288 de la Ley 906 de 2004 al momento en que la Fiscal�a realiza la formulaci�n de imputaci�n, toda vez que le corresponde realizar un control formal del contenido de la imputaci�n y la manera en que se transmite la comunicaci�n. �Por esta v�a se puede afirmar que es el juez de control de garant�as el encargado de verificar que el proceso de comunicaci�n se realice de manera exitosa, que se satisfagan todos los requisitos objetivos propios del ejercicio de la acci�n penal, que existe un receptor debidamente presentado y re-presentado, que comparece un delegado de la Fiscal�a en ejercicio de sus funciones y que existe un mensaje para transmitir.� En ese sentido, le ata�e en primer lugar, velar porque el Ente Persecutor efectivamente exprese de forma verbal, lo siguiente: 1.

La individualizaci�n concreta el imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones, pues de acuerdo con el art�culo 128 del Ordenamiento Procesal �la Fiscal�a General de la Naci�n estar� obligada a verificar la correcta identificaci�n o individualizaci�n del imputado, a fin de prevenir errores judiciales� y en �ltimas mantener inc�lume el debido proceso, vinculando como sujeto procesal a quien verdaderamente se le atribuye la comisi�n por acci�n u omisi�n de la conducta punible. 2.

Relaci�n clara y sucinta de los hechos jur�dicamente relevantes, en lenguaje comprensible. En torno a esta cuesti�n el Juez est� en la obligaci�n de garantizar que el imputado sea debida y completamente informado sobre la imputaci�n, pues tiene derecho a conocer las razones por las cuales ser� investigado, tal como lo establecen el art�culo 14, numeral 3, literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y el art�culo 8, numeral 2, literal a) y b) de la Convenci�n Americana sobre Derechos humanos: �Art�culo 14 (�) 3.

Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendr� derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant�as m�nimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusaci�n formulada contra ella (�)� �Art�culo 8 (�) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant�as m�nimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o int�rprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicaci�n previa y detallada al inculpado de la acusaci�n formulada (�)� En forma semejante, la Autoridad Judicial se encuentra en el deber de verificar que la imputaci�n f�ctica y jur�dica ejecutada por el Fiscal sea completa, rigurosa, organizada, clara, precisa, determinada y sobre todo comprensible para el receptor de dicha atribuci�n, ya que esta �ltima consideraci�n se deriva del literal h) del art�culo 8 del C.P.P, el cual establece como fundamento del derecho de defensa del imputado, que �ste tenga derecho a conocer los cargos que le sean imputados, expresados en t�rminos comprensibles, con indicaci�n expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que lo soportan.

Por lo tanto, el Fiscal debe delimitar acertadamente los hechos con relevancia penal, determinar el grado de participaci�n, la modalidad de responsabilidad y para ello debe aportar los medios cognoscitivos suficientes para acreditar tales circunstancias. 3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputaci�n y a obtener rebaja de pena de conformidad con el art�culo 351.

En lo que a este aspecto se refiere, el Juez debe revisar que el �rgano Persecutor informe al procesado acerca de las consecuencias jur�dicas, tanto punitivas como pecuniarias, as� como, las circunstancias agravantes, calificantes y atenuantes, brind�ndole la posibilidad de allanarse a los cargos formulados o celebrar preacuerdos en virtud del modelo premial.

De manera que, si el imputado acepta los cargos por iniciativa propia o en virtud de un acuerdo con la Fiscal�a, corresponde al Juez determinar si el imputado se allan� a los cargos debidamente asesorado por su abogado defensor y si el mismo actu� de forma libre, consciente, voluntaria y espont�nea, pues al respecto el art�culo 131 de la Ley 906 de 2004 consagra: �Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garant�as de guardar silencio y al juicio oral, deber� el juez de control de garant�as o el juez de conocimiento verificar que se trata de una decisi�n libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual ser� imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado.� En consecuencia, todo lo aducido hasta el momento permite concluir que el Juez con Funci�n de Control de Garant�as puede realizar un control formal en torno a la formulaci�n de imputaci�n en aras de amparar prerrogativas fundamentales de los sujetos procesales, verbigracia, el derecho al debido proceso, contradicci�n y defensa, igualdad, entre otros.

Corolario�de lo arg�ido anteriormente, el acto de imputaci�n compromete la responsabilidad de una persona como autora o participe de una conducta tipificada por el ordenamiento�jur�dico, concretamente, el C�digo Penal - Ley 599 de 2000 - y, con tal acto, comienza �la batalla� del Ente Persecutor dirigida a desvirtuar su presunci�n de inocencia, lo cual�simult�neamente�puede conllevar a la afectaci�n�en mucha o poca proporci�n de prerrogativas fundamentales�como�el buen nombre, la honra, la intimidad familiar y personal,�y�libertad de la persona involucrada. �� De ah�, que la decisi�n de limitar derechos no puede quedar �nicamente a discrecionalidad del titular del ejercicio de la acci�n penal, sino que debe existir un control por parte del Juez con Funci�n de Control de Garant�as. �El rol del juez en el sistema penal acusatorio est� centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricci�n de derechos o calificaci�n jur�dica de los hechos.

As�, el control judicial no s�lo debe concretarse en el cumplimiento formal de los requisitos sino en la efectividad de los derechos sustanciales en juego.� Ahora bien, pese a que el Juez de Garant�as ejerce un control formal en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, dentro de la misma pueden presentarse situaciones an�malas que bastan como muestra para demandar la intervenci�n del Juzgador.

Por un lado, cuando la Fiscal�a General de la Naci�n act�a a trav�s de un Fiscal Delegado en pro de ejercer el ius puniendi, pero desarrolla una desacertada adecuaci�n t�pica, otorg�ndole al comportamiento desplegado por el procesado una calificaci�n jur�dica protuberantemente err�nea, como cuando el �rgano Persecutor construye tipos penales completamente al margen de los presupuestos f�cticos y jur�dicos del caso particular, en lugar de realizar una labor de adecuaci�n t�pica para determinar si la conducta puede enmarcarse en la descripci�n t�pica legal previamente establecida por el legislador. Este tipo de circunstancias que claramente desacreditan y desnaturalizan la administraci�n de justicia; adem�s de que, poseen vocaci�n para menoscabar las garant�as fundamentales del imputado, por ejemplo, cuando la Fiscal�a le atribuye la realizaci�n de una conducta punible a�n m�s gravosa de la que en derecho corresponde, abriendo una brecha de inseguridad, la cual puede perjudicar etapas posteriores, pues a manera de ilustraci�n, el procesado puede abstenerse allanarse o celebrar preacuerdos, perdiendo la posibilidad de obtener rebajas en la pena por virtud de la justicia premial.

Pudiendo, adem�s, soslayar prerrogativas de las propias v�ctimas, como en aquellos eventos en los que la incorrecta imputaci�n, no detectada y corregida a tiempo, desemboca como consecuencia en la impunidad a causa de la imposibilidad de acreditar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, cercenando en ultimas los derechos a la verdad, justicia y reparaci�n. Como resultado de desavenencias de tal jaez, se ha originado entonces la necesidad de que el Juez con Funci�n de Control de Garant�as no solo realice un control verificando el cumplimiento de las formalidades, sino que efectu� un control material directamente sobre el contenido de la imputaci�n, es decir, sobre la calificaci�n jur�dica.

En lo relacionado con el control material se han asumido diferentes posturas, tanto doctrinarias como jurisprudenciales, pero se resaltar� la posici�n asumida por la H. Corte Suprema de Justicia � Sala de Decisi�n Penal � Sala de Decisi�n de Tutelas, en la providencia proferida bajo radicado No. 73555 del veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), la cual en efecto es compartida por esta Corporaci�n. En esa oportunidad, aclar� el M�ximo �rgano de la Jurisdicci�n Ordinaria que la jurisprudencia emanada de la Sala de Casaci�n Penal, hab�a sido objeto de una interpretaci�n desafortunada, por cuanto el conglomerado judicial ha comprendido err�neamente sus postulados en punto de la posibilidad de efectuar un control material, ya que, contrario a la desacertada interpretaci�n general, existen unas situaciones puntuales en las que s� es factible actuar en tal sentido por parte del Juez de Control de Garant�as.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia en la providencia de marras asever� que �por regla general el juez no puede hacer control material a la acusaci�n del fiscal en los procesos abreviados u ordinarios, ni a las consecuencias que de ello se derivan, pero, excepcionalmente deben hacerlo frente a actuaciones que de manera grosera y arbitraria comprometan las garant�as fundamentales de las partes o intervinientes.� (Negrilla de fuera del texto original).

Lo referido supra en raz�n a que: �En el sistema acusatorio�las garant�as fundamentales de las partes o intervinientes no pueden ser vulneradas en los procesos abreviados u ordinarios de la Ley 906 de 2004. El ordenamiento jur�dico en esa materia le impuso al juez el deber de hacer control material para salvaguardarlas. �Y ello es as� mientras la Carta Pol�tica establezca que el Estado Colombiano es de derecho (art�culo 1�), que la Constituci�n es norma de normas (art�culo 4�), que debe prodigarse en los procesos judiciales igualdad de trato jur�dico (art�culo 13), que el juzgamiento tiene que adelantarse en forma debida y con respeto por las garant�as establecidas para las partes e intervinientes (art�culo 29), o se le haya asignado a los jueces y magistrados el sagrado deber de administrar justicia (art�culo 103, modificado por el 1� del Acto legislativo 03 de 2002), misi�n en la que ha de hacerse prevalecer el derecho sustancial (art�culo 228). �La potestad de hacer control constitucional que se le reconoce con criterio pac�fico al juez implica control material, porque para que en los procesos penales se realice la justicia como valor, garant�a y derecho fundamental, adem�s de los principios referidos en el p�rrafo anterior, la Ley 906 de 2004 y las normas que la han modificado, consagran que los jueces deben orientar sus decisiones por el��imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia� (art�culo 5�); han de obrar con sujeci�n a la legalidad (art�culo 6�); el respecto por los derechos fundamentales �de las personas que intervienen�, la eficacia de la justicia; la prevalencia del derecho sustancial; la no autorizaci�n de acuerdos o estipulaciones que impliquen �renuncia de los derechos constitucionales�; la facultad de correcci�n de los jueces de garant�as y de conocimiento debe circunscribirse a los��derechos y garant�as de los intervinientes� (art�culo 10� y 136); que las v�ctimas conozcan la verdad, se les administre justicia en el problema jur�dico en el que est�n inmersos y se respete el derecho a la reparaci�n, adem�s��que se consideren sus intereses al adoptar una decisi�n� (art�culo 11); de otra parte la aceptaci�n de cargos y las negociaciones deben �aprestigiar la administraci�n de justicia y evitar su cuestionamiento� (art�culo 348), de tal manera que��obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garant�as fundamentales� (art�culo 351 inciso 4�), previsi�n esta que est� estrechamente ligada con el principio general que la Fiscal�a debe adecuar��su actuaci�n a un criterio objetivo y trasparente, ajustado jur�dicamente para la correcta aplicaci�n de la Constituci�n Pol�tica y la ley�(art�culo 115) y como deber espec�fico debe��Proceder con objetividad��(art�culo 142).� [�] �Los principios y las reglas a que se viene haciendo referencia parten del supuesto que el fiscal es el titular de la acci�n penal, pero tambi�n aquellas le otorgan al juez el deber de administrar justicia en el caso concreto, al primero se le faculta para promover la investigaci�n comunicando los supuestos de hecho con trascendencia en el �mbito penal conforme a la ley penal aplicable y de ah� en adelante la relaci�n jur�dica que surge luego de su comunicaci�n genera derechos, obligaciones y deberes procesales y sustanciales para el fiscal y las dem�s partes e intervinientes y el juez debe velar porque ello sea as�, para el servicio de la justicia material en el expediente al cual se ha integrado como patrimonio lo que se ha judicializado, momento procesal a partir del cual los derechos exclusivos son un una situaci�n excepcional�sima y no la regla ni el principio.� (Negrilla de la Sala) En resumen, plante� la Alta Corporaci�n que: �La condici�n del Fiscal de ser el titular de la acci�n penal cierra toda posibilidad para que el juez pueda desconocer la comunicaci�n�f�ctica�que hace en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, pero�las actuaciones posteriores a esa situaci�n no se rigen por la misma regla limitante, opera el control jurisdiccional material en pro de las garant�as de todos los sujetos vinculados a la relaci�n procesal.� (�) �se debe respetar la iniciativa de la Fiscal�a en la imputaci�n en lo que ata�e al supuesto f�ctico, as� como las actuaciones que sobrevengan como consecuencia de ello, por tanto comunicados los hechos y la atribuci�n jur�dica, sobre �sta �ltima�excepcionalmente�el juez har� control material para restablecer garant�as constitucionales groseramente desconocidas, como cuando se vulnera la estricta tipicidad en un allanamiento o preacuerdo o en un juicio ordinario en el que un error en el nomen iuris conlleva a una soluci�n absurda y por ende agravia en sus garant�as a partes o intervinientes, verbigracia se expresan pretensiones por estafa cuando indiscutiblemente se trata de un peculado o se pide condena por concierto para delinquir en situaciones exclusivas de una (�).� (Negrilla y subrayado fuera del texto) Tambi�n es importante mencionar que H. Corte Suprema de Justicia dentro de la sentencia en menci�n, con radicado No. 73555 del veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), afirm� lo siguiente: �Los controles legales y constitucionales que ejerce el juez de conocimiento no son una expresi�n de parcialidad del operador judicial, es simplemente el cumplimiento de la misi�n de garantizar la realizaci�n de las garant�as fundamentales para las partes e intervinientes en el proceso penal, entre ellas, la m�s primordial de todas, la recta impartici�n de justicia en el asunto sometido a decisi�n� [�] �La justicia que debe administrar el juez es la material, no la formal, est� �ltima no satisface ese fin esencial del Estado ni el inter�s general de la sociedad y menos el individual en el caso concreto de las partes e intervinientes.

Esta es la raz�n por la que se justifica que se deba ejercer control material en casos como los que se citan a continuaci�n y que han sido de ocurrencia en el medio judicial, a quienes adem�s de errar en la estricta tipicidad en la imputaci�n o el preacuerdo se les ha otorgado la rebaja de hasta un 50% de la pena por haberse acogido a una forma de terminaci�n anticipada del proceso: i) Se preacuerde responsabilidad por complicidad para una persona que ha sido coautora de un acceso carnal violento, ii) Se pida condena por concierto para delinquir a quien debe responder por rebeli�n, iii) Se juzgue y sancione a petici�n de la fiscal�a por estafa a una persona que ha sido autor material de peculado por apropiaci�n, iv) Se pacte entre el procesado y la defensa condena por varios delitos y se otorgue un sustituto penal expresamente prohibido por la ley en el aspecto objetivo, entre otros.� [�] �Tampoco, en este caso el juez usurpa la funci�n del Fiscal, porque si bien se le ha otorgado a �ste la facultad de acusar, no se le ha dejado esa potestad para que la ejerza de cualquiera manera, a su antojo y arbitrariamente, se le ha condicionado para que lo haga ajustado a derecho y en este contexto tiene que hacerlo con apego a la estricta tipicidad y prestigio para la administraci�n de justicia.� Finalmente, hay que subrayar que la H. Corte Constitucional a trav�s de la sentencia T-643 de 2016 tambi�n asumi� una posici�n similar a la mencionada, en los siguientes t�rminos: � �De todo esto resulta que, efectivamente, el juez de control de garant�as es un juez constitucional, en el sentido de que su deber consiste en velar por la eficacia de los derechos fundamentales de las partes en el marco del proceso penal.

As�, su labor no se circunscribe �nicamente en interpretar y aplicar las normas sustantivas y adjetivas del C�digo Penal o del C�digo de Procedimiento Penal, sino que debe hacerlo a la luz de los principios y normas contenidas en la Constituci�n, teniendo un margen de interpretaci�n m�s amplio que el que podr�a esperarse del juez penal de conocimiento, al punto que tiene la obligaci�n de intervenir y corregir aquellas actuaciones que se aparten de forma grosera del ordenamiento constitucional o en las que se vulneren de manera ostensible los derechos fundamentales de alguna de las partes. � �Aun as�, lo anterior no implica que el juez de control de garant�as no tenga l�mites competenciales; en efecto, los actos del juez de garant�as deben estar enmarcados en las necesidades del procedimiento penal y en los principios que ilustran dichos procesos dentro de sus competencias legales y constitucionales como cualquier otra autoridad judicial.� 5.3.

Caso concreto. Sentado todo el marco te�rico que se acaba de plasmar, necesario resulta recapitular que la presente causa tiene como g�nesis el fallecimiento de la se�orita LEIDY LORENA S�NCHEZ ORTIZ, hecho por el cual, el Delegado Fiscal, en audiencia preliminar de imputaci�n formul� el se�alamiento en contra del se�or JOS� MIGUEL PAREJA PUERTA, como autor de la conducta de homicidio culposo, habida consideraci�n que, para tal momento, los elementos materiales de prueba recaudados le ense�aron que esa era la adecuaci�n t�pica que se adecuaba al comportamiento reprochado.

Frente a tal comunicaci�n de cargos, el procesado opt� por allanarse a los mismos, conforme con lo cual, procedi� a verificarse que dicha aceptaci�n estuviera blindada por el respeto a las garant�as fundamentales por parte del Juez de Control de Garant�as ante el cual se efectu� dicho acto. En la mencionada oportunidad, el Juez Garante imparti� legalidad a la aceptaci�n unilateral de cargos, al encontrar que la misma era respetuosa de los derechos fundamentales, al paso que se realizaba por una persona consiente de las consecuencias de renunciar a su derecho a guardar silencio, en tanto, se encontraba debidamente asesorado por su abogado defensor, por lo que el Juez ante quien se verti� lo anotado le comunic� que por la manifestaci�n de culpabilidad, se emitir�a en su contra una sentencia condenatoria, haci�ndose merecedor a una rebaja sustancial respecto de la pena establecida para el delito que le fue endilgado, es decir, el de homicidio culposo.

En correlaci�n con lo acontecido, procedi� el Fiscal de la causa a allegar al Juzgado de conocimiento el acta respectiva de la diligencia del allanamiento a cargos, misma que hizo las veces de escrito de acusaci�n, a fin de que se convocara a las partes e intervinientes a la audiencia delimitada en el art�culo 447 del Estatuto Adjetivo Penal y se prosiguiera con la emisi�n de la sentencia de rigor.

Pese a ello, en la mentada diligencia, solicitaron, al un�sono, la Fiscal�a, el Apoderado de las V�ctimas y el Representante del Ministerio P�blico, la nulidad del acto de la formulaci�n de imputaci�n, bajo el entendido que, extravasado el acto de la imputaci�n, se allegaron a conocimiento de la Fiscal�a, elementos cognoscitivos que daban cuenta de un posible error en la calificaci�n jur�dica de la conducta, puesto que, al parecer no se trat� de un homicidio culposo, sino de uno agravado o, incluso, de un feminicidio.

Tal argumentaci�n, fue fincada por los sujetos procesales en los hallazgos del examen de necropsia, en donde se plasm� que la v�ctima mortal presentaba algunas equimosis en los brazos, que podr�an dar cuenta de violencia sufrida con alg�n tiempo de antelaci�n al episodio de la muerte, es decir, sufridas antes de su muerte, al paso que se contaba con sendas entrevistas vertidas por familiares de la v�ctima � su padre y una prima- que informaban que, con anterioridad al suceso, el agresor hab�a ejercido vej�menes en contra de la se�orita LEIDY LORENA S�NCHEZ ORTIZ, pues la ultrajaba f�sicamente.

Tal pedimento, pese a la r�plica del abanderado de la Defensa, result� airoso en primera instancia, en donde se decidi� anular la actuaci�n de la formulaci�n de la imputaci�n, bajo el entendido que deb�a respetarse el principio de legalidad y la estricta tipicidad que se avistaba vilipendiado en detrimento de los intereses de los agraviados con la conducta punible, aduciendo la Juzgadora que en caso de emitirse una sentencia en contravenci�n de los nuevos elementos de prueba, se vulnerar�a el derecho a la verdad de las v�ctimas en el proceso penal.

Pues bien, en ese estado de cosas se apresta esta Magistratura a resolver el problema jur�dico planteado, mismo que, reit�rese, se contrae a dilucidar si lo antecedente resulta acertado a la luz de la interpretaci�n que debe realizarse de institutos bacilares del sistema acusatorio, tal como el allanamiento a cargos � justicia premial- y el principio acusatorio, que se evidencia en la separaci�n de los roles de acusaci�n y juzgamiento.

Como qued� clarificado en el ac�pite anterior, con el cambio de sistema procesal penal, las funciones de instrucci�n y juzgamiento quedaron completamente separadas, de lo que deviene la cortapisa para los juzgadores de hacer un control material a la acusaci�n realizada por el �rgano persecutor, salvo contadas excepciones de transgresiones realmente groseras al principio de legalidad.

Ha entendido la Corte Suprema de Justicia que una injerencia de este tipo, es decir, del Juez en la adecuaci�n t�pica que realiza el encargado de efectuarla por mandato constitucional, es tergiversar el sistema procesal que impera en Colombia y, por contera, ir contra la Carta Pol�tica, bajo el entendido que la separaci�n de dichas funciones de acusar y juzgar se erigen en punto esencial del sistema de enjuiciamiento acogido por el Constituyente.

Advi�rtase pues, como en el particular asunto, ocurri� el acto de la aceptaci�n cargos desde el momento mismo de la formulaci�n, por lo que tal actuaci�n, a la luz de lo plasmado en el art�culo 293 del Estatuto Adjetivo Penal, bast� como acusaci�n. �ART�CULO 293. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACEPTACI�N DE LA IMPUTACI�N.�<Art�culo modificado por el art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1453_2011_pr001.html" \l "69" 69�de la Ley 1453 de 2011.

El nuevo texto es el siguiente:> Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscal�a acepta la imputaci�n, se entender� que lo actuado es suficiente como acusaci�n. La Fiscal�a adjuntar� el escrito que contiene la imputaci�n o acuerdo que ser� enviado al Juez de conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espont�neo, proceder� a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractaci�n de alguno de los intervinientes, y convocar� a audiencia para la individualizaci�n de la pena y sentencia. �PAR�GRAFO.�La retractaci�n por parte de los imputados que acepten cargos ser� v�lida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vicio su consentimiento o que se violaron sus garant�as fundamentales.

(Subrayado y negrillas ajenos al texto original de la norma). Al juzgado de conocimiento fue allegada una acusaci�n por el delito de homicidio culposo, raz�n por la cual, el tenor literal de la norma, permite aseverar que en la causa que nos convoca, correspond�a en consecuencia a la juzgadora, proceder con la audiencia delimitada en el art�culo 447 del C�digo de Procedimiento Penal, y posteriormente emitir la sentencia condenatoria.

Empero, en virtud del pedimento de invalidaci�n, se adentr� la juzgadora a realizar un an�lisis del haber probatorio, en aras de verificar s� la imputaci�n � l�ase acusaci�n- se ajustaba plenamente al principio de tipicidad y legalidad, avistando, luego de realizar un recuento de las pruebas obrantes, que la adecuaci�n t�pica obraba err�nea; es decir, que la imputaci�n dimanaba desacertada.

Pues bien, resulta claro despu�s de todo lo anotado en la presente providencia, que el Juez de conocimiento, no tiene la facultad de realizar un an�lisis respecto de la acusaci�n realizada por la Fiscal�a General de la Naci�n, ya que, it�rese, uno de los rasgos que son de la esencia del sistema procesal penal es la separaci�n categ�rica de las funciones de acusar y juzgar.

Lo anterior, no es un absoluto, obviamente, pues el funcionario que tiene asignada la funci�n de juzgar, debe verificar el cumplimiento de los requisitos y el principio bacilar de su actividad, como lo es el principio de legalidad. Ahora, si ello es as�, �c�mo es posible de ser conciliado con lo plasmado con antelaci�n, es decir, la imposibilidad de realizar injerencias en la acusaci�n realizada por la Fiscal�a General de la Naci�n? Para resolver tal interrogante, se ha preconizado por la Corte Suprema de Justicia una l�nea interpretativa, seg�n la cual, en casos de una grosera transgresi�n a la legalidad, en el ejercicio de adecuaci�n t�pica realizado por el Fiscal a la hora de efectuar la acusaci�n, permitir� que el Juez despliegue su labor y no imparta su aprobaci�n al acto esencialmente de parte.

Empero, �Qu� se entiende por una grosera transgresi�n a la legalidad en la adecuaci�n t�pica de la conducta? Por una grosera adecuaci�n t�pica debe entenderse aquella que no se acerca, ni en lo m�nimo a la conducta que de la relaci�n f�ctica se esboza, como por ejemplo cuando por unos actos que encuadran en un acceso carnal violento se realice un se�alamiento por hurto.

Sin embargo, un ejercicio interpretativo de las pruebas y un criterio diverso en torno a la tipificaci�n de los hechos penalmente relevantes, no facultan al juzgador para dar al traste con la acusaci�n blandida por el Ente Persecutor, de suerte que, en estos casos, no sea posible actuar en detrimento del axioma acusatorio. Todo lo que antecede, reviste un entendimiento sencillo para aquellos casos en que el proceso se vierte por la senda ordinaria, es decir, el tr�mite se surte sin que obre alguna de las causas para su terminaci�n anticipada, surgiendo entonces la duda respecto de lo que ocurre en los casos en que el procesado opte por alguna de las formas de aceptar de manera temprana su responsabilidad.

Dicho asunto, ha sido objeto de una serie de pronunciamientos por parte de la M�xima Corporaci�n de la Especialidad Penal, especialmente en lo que ata�e a la terminaci�n anticipada en virtud de preacuerdos, pues el texto legal posibilit� a los fiscales para realizar variaciones jur�dicas con miras a que los encartados aceptaran su responsabilidad, siendo en algunas ocasiones el resultado del concierto una tipificaci�n que se consideraba alejada de la realidad, por lo que era objeto de improbaci�n por parte de los juzgadores, bajo el entendido que deb�an proteger la legalidad y los derechos de las v�ctimas, pues, se consider�, en los inicios, que las preeminencias a la verdad y justicia no se respetaban con una adecuaci�n t�pica que se pensara por el Juez alejada de la legalidad.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia interpret�, en clave de los preceptos ya anunciados, que las facultades del juez no pod�an permear la labor de la Fiscal�a con un control material de la acusaci�n, con las salvedades ya anotadas, por lo que, a�n en esos casos en que no se encontrara acertado a juicio del juzgador, deb�a proferirse una sentencia condenatoria en las condiciones plasmadas en la acusaci�n. Lo anterior, tambi�n fue objeto de pronunciamiento en los casos que se viera el proceso culminado por la v�a del allanamiento puro y simple, pues bajo una id�ntica argumentaci�n, se consider� que nulitar las actuaciones por la disparidad de criterios en punto de la tipificaci�n de uno u otro reato contrariaba la jurisprudencia que de vieja data ha venido sentando la Corporaci�n respecto de la facultad de ejercer un control material a la acusaci�n. En reciente pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia reiter� tal posici�n en un caso de circunstancias an�logas al que nos convoca, pues en dicha ocasi�n conoci� la Alta Corporaci�n del proceso vertido por raz�n de la muerte de una dama en donde fue imputado el delito de homicidio, habi�ndose allanado a los cargos el procesado, para que posteriormente la misma discusi�n que ahora nos concita se presentara, siendo plasmado el criterio de la Colegiatura en la sentencia que a continuaci�n se transcribe, la cual se cita, in extensum, por resultar en un todo ilustrativa para desentra�ar el caso en concreto de la presente providencia: �Estima la Sala que la decisi�n del Tribunal desconoce el criterio sentado por la Corte en torno a las facultades del juez frente a los preacuerdos y allanamiento a cargos.

Adem�s, comporta una interferencia indebida en la actuaci�n de la Fiscal�a con incidencia clara y perjudicial en los derechos del procesado derivados de la aceptaci�n de responsabilidad en la primera oportunidad posible para ello. �La raz�n que arguy� el ad quem para invalidar el allanamiento, se centr� en la calificaci�n jur�dica de los hechos, pero ni siquiera en la denominaci�n del delito, sino en la falta de atribuci�n de circunstancias de agravaci�n punitiva que el Tribunal concluy�, se materializaban luego de emprender una estimaci�n del suceso a partir de la apreciaci�n de pruebas. �Ha sido reiterado el criterio de la Sala en torno a que la calificaci�n jur�dica del suceso criminal es un acto de parte a cargo de la Fiscal�a como titular de la acci�n penal, el cual se concreta en la acusaci�n la que no puede ser objeto de intervenci�n por el juez, cuyo equivalente, en trat�ndose de aceptaciones de responsabilidad, son los preacuerdos y los allanamientos a los que se aplican las mismas restricciones que la acusaci�n en lo relativo al control del juez sobre los mismos.

As� lo ha desarrollado la jurisprudencia de esta Corte: (�) 1. La jurisprudencia ha trazado una l�nea de pensamiento, conforme con la cual la acusaci�n (que incluye los allanamientos y preacuerdos que se asimilan a ella) estructura un acto de parte que compete, de manera exclusiva y excluyente, a la Fiscal�a, desde donde deriva que la misma no puede ser objeto de cuestionamiento por el juez, las partes ni los intervinientes, con la salvedad de que los dos �ltimos pueden formular observaciones en los t�rminos del art�culo 339 procesal. �En esas condiciones, la adecuaci�n t�pica que la Fiscal�a haga de los hechos investigados es de su fuero y, por regla general, no puede ser censurada ni por el juez ni por las partes. �2.

Lo anterior igual se aplica en temas como la admisi�n de cargos y los preacuerdos logrados entre la Fiscal�a y el acusado, que, como lo ha dicho la jurisprudencia, son vinculantes para las partes y el juez, a quien se le impone la carga de proferir sentencia conforme lo acordado o admitido, siempre y cuando no surja manifiesta la lesi�n a garant�as fundamentales (CSJ SP, 6 de feb. de 2013, rad. 39892) Sobre la imputaci�n jur�dica seleccionada por el ente persecutor, la Corte ha sostenido que ninguna injerencia tiene el juez: �La Corte igual ha decantado que el nomen iuris de la imputaci�n compete a la Fiscal�a, respecto del cual no existe control alguno, salvo la posibilidad de formular las observaciones aludidas, de tal forma que de ninguna manera se puede discutir la validez o el alcance de la acusaci�n en lo sustancial o sus aspectos de fondo.

La tipificaci�n de la conducta es una atribuci�n de la Fiscal�a que no tiene control judicial, ni oficioso ni rogado. (�) �Es claro, entonces, que el juez no tiene competencia para cuestionar la imputaci�n efectuada por el fiscal, como que ese acto es propio del titular de la acci�n penal. Por tanto, allegado el escrito de acusaci�n o el acta de allanamiento que, aceptada, equivale al mismo, el juez de conocimiento tiene limitada su participaci�n, como que, trat�ndose de un acto voluntario y libre de aceptaci�n de la imputaci�n, debe aceptarlo y convocar a la audiencia para individualizar la pena, seg�n se lo impone el inciso final del art�culo 293 procesal (CSJ AP 6 mayo 2009, rad 31.538) �En ese orden, radicada la acusaci�n o el acta en la que se consigna el allanamiento a cargos, la actuaci�n del funcionario judicial se limita a hacer un control formal, qued�ndole vedado hacer consideraciones de orden sustancial, entre las que obviamente se incluye el proceso de adecuaci�n t�pica. �Si bien es cierto, las manifestaciones acordadas de responsabilidad o los allanamientos, pueden ser improbadas o invalidadas por el juez, ello solo sucede en forma excepcional�sima y siempre que advierta la trasgresi�n de garant�as fundamentales de acuerdo con lo previsto en el inciso cuarto del art�culo 351 de la Ley 906 de 2004.

Dicha facultad debe entenderse en los t�rminos ya fijados por la jurisprudencia (CSJ SP 15 oct 2014, rad.42184), as�: �Acerca de esta �ltima circunstancia, para la Sala es claro que las garant�as fundamentales a las cuales se refiere la norma para permitir la injerencia del juez, no pueden examinarse a la luz del criterio subjetivo o arbitrario del mismo y deben remitirse exclusivamente a hechos puntuales que demuestren violaciones objetivas y palpables necesitadas del remedio de la improbaci�n para resta�ar el da�o causado o evitar sus efectos delet�reos. �En este sentido, a t�tulo apenas ejemplificativo, la intervenci�n del juez, que opera excepcional�sima, debe recabarse, se justifica en los casos en que se verifique alg�n vicio en el consentimiento o afectaci�n del derecho de defensa, o cuando el Fiscal pasa por alto los l�mites rese�ados en los puntos anteriores o los consignados en la ley �como en los casos en que se otorgan dos beneficios incompatibles o se accede a una rebaja superior a la permitida, o no se cumplen las exigencias punitivas para acceder a alg�n subrogado-.

(Subrayado fuera del texto original) �Sobrepasando los anteriores criterios, los jueces en m�s de una ocasi�n han optado por rechazar las aceptaciones de responsabilidad, aduciendo motivos de justicia y verdad, pues la condena no se acompasar�a con la sanci�n merecida por el hecho cometido en caso de que el proceso terminara por la v�a ordinaria con un fallo condenatorio. �Estos criterios, no pueden sustentar la invalidaci�n del allanamiento a cargos o la improbaci�n de un preacuerdo, pues en todo caso un sistema premial de justicia penal, siempre conllevar� a ceder parcialmente en ciertos aspectos, en orden a racionalizar el ejercicio del poder punitivo del Estado, pues no puede pretenderse que todos los delitos se procesen y la acci�n penal siempre culmine luego de agotado un juicio. �En decisi�n de tutela de la Sala Penal de esta Corporaci�n, CSJ STP 9 feb 2017, rad. 1583, se citaron varios pronunciamientos en torno a esta cuesti�n para concluir que es violatorio del debido proceso la interferencia del juez para ejercer control material a la acusaci�n o su equivalente: �De ninguna manera, es imperativo destacarlo, la evaluaci�n de aprobaci�n o improbaci�n del preacuerdo puede pasar por auscultar que todas las partes e intervinientes se sientan satisfechos con el mismo, ni a partir de verificaciones eminentemente subjetivas acerca del valor justicia y su materializaci�n en el caso concreto, pues, sobra referir, precisamente la raz�n de ser del preacuerdo estriba en las renuncias mutuas de quienes lo signan e indispensablemente ello representa sacrificios m�s o menos tolerables del valor justicia, pero tambi�n de los principios de contradicci�n, doble instancia y el derecho de defensa, conforme lo establecido en el literal k) del art�culo 8� de la Ley 906 de 2004. �En este sentido, siempre ser� posible significar, no importa la �ndole de lo acordado o los beneficios entregados al imputado o acusado, que el pacto representa alg�n tipo de afectaci�n en lo que atiende a los derechos de verdad, justicia y reparaci�n de la v�ctima. �En el mismo sentido, en decisi�n de segunda instancia, CSJ SP 16 oct. 2013, rad. 39886, se sostuvo que la intervenci�n del juez en las aceptaciones previas de responsabilidad penal, est� seriamente restringida. �Con dicha licencia para invalidar las formulaciones de imputaci�n libremente aceptadas por el procesado, se desvertebra la sistematicidad del proceso adversarial, en tanto se coloca al juez en la condici�n de coacusador ya que se le autoriza a que exprese, con car�cter vinculante, su propia teor�a del caso, invadiendo la �rbita requirente que le est� asignada con exclusividad al fiscal; y, de paso, se produce una consecuencia altamente nociva para la operatividad del esquema, pues se altera el flujo de casos que se espera se tramiten por la v�a del proceso abreviado, sin dejar de mencionar las enormes dificultades en que queda la fiscal�a en materia de demostraci�n de una teor�a del caso que no es la suya, sino la del juez que decret� la nulidad.

(Subrayado fuera del texto original). � [�] Por tanto, si se permite al juez imponer su particular lectura de los hechos �su propia teor�a del caso-, mediante la cual obliga al fiscal a imputarle al indiciado un fragmento del acontecer delictual distinto del que el fiscal considera hasta ese momento probado y por el que debe responder, se desestructura la sistem�tica adversarial, dado que el juez no tiene iniciativa probatoria con la cual pudiera, como en el sistema inquisitivo o incluso mixto, probarla.

Pero adem�s, compromete el programa metodol�gico, y por sobre todo, la iniciativa y responsabilidad de la fiscal�a en el quehacer propio de un sistema con tendencia acusatoria, pues desborda sus posibilidades, usurpando el papel del fiscal, funcionario llamado a organizar el trabajo probatorio, argumentativo y a quien constitucionalmente se le ha asignado el ejercicio de la acci�n penal.� �La imposibilidad de que el juez ejerza control material a la acusaci�n o su equivalente, tampoco debe entenderse como un absoluto, pues habr� casos en que las manifestaciones preacordadas o incondicionales de responsabilidad est�n mediadas por el ofrecimiento u obtenci�n de beneficios que superan criterios de razonabilidad jur�dica, como por ejemplo cuando el hecho se tipifica en un delito que ninguna relaci�n guarda con la conducta cometida, resultando a los ojos de cualquiera como una situaci�n completamente absurda o cuando el beneficio logrado supera los l�mites impuestos por la ley. �En CSJ SP, 6 de febrero de 2013, casaci�n 39892, sobre la adecuaci�n jur�dica del comportamiento en asuntos en los que se presenta aceptaci�n de responsabilidad, se indic� que por regla general resulta vinculante para el juez aceptar este tipo de manifestaciones, quien debe emitir sentencia de acuerdo con lo acordado o aceptado, seg�n se trate de negociaciones o allanamiento.

As� lo ha venido sosteniendo la Corte: �En esas condiciones, la adecuaci�n t�pica que la fiscal�a haga de los hechos investigados es de su fuero y, por regla general, no puede ser censurada ni por el juez ni por las partes. �Lo anterior igual se aplica en temas como la admisi�n de cargos y los preacuerdos logrados entre la fiscal�a y el acusado, que, como lo ha dicho la jurisprudencia, son vinculantes para las partes y el juez, a quien se le impone la carga de proferir sentencia conforme lo acordado o admitido, siempre y cuando no surja manifiesta lesi�n a garant�as fundamentales (auto de 16 de mayo de 2007, radicado 27218). �La Corte igual ha decantado que el nomen iuris de la imputaci�n compete a la fiscal�a, respecto del cual no existe control alguno, salvo la posibilidad de formular las observaciones aludidas, de tal forma que de ninguna manera se puede discutir la validez o el alcance de la acusaci�n en lo sustancial o sus aspectos de fondo.

La tipificaci�n de la conducta es una atribuci�n de la fiscal�a que no tiene control judicial, ni oficioso ni rogado. � [�] La ley y la jurisprudencia han decantado igualmente que, a modo de �nica excepci�n, al juez, bien oficiosamente, bien a solicitud de parte, le es permitido adentrarse en el estudio de aspectos sustanciales, materiales, de la acusaci�n, que incluyen la tipificaci�n del comportamiento, cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales. �Es claro que esa permisi�n excepcional parte del deber judicial de ejercer un control constitucional que ampare las garant�as fundamentales. �La transgresi�n de esos derechos superiores debe surgir y estar acreditada probatoriamente, de manera manifiesta, patente, evidente, porque lo que no puede suceder es que, como sucedi� en el caso estudiado, se eleve a categor�a de vulneraci�n de garant�as constitucionales, una simple opini�n contraria, una valoraci�n distinta que, para imponerla, se nomina como irregularidad sustancial insubsanable, por el prurito de que el Ministerio P�blico y/o el superior funcional razonan diferente o mejor�.

(Subrayado fuera del texto original). Descendiendo el prove�do que se acaba de citar al caso en concreto del se�or JOS� MIGUEL PAREJA PUERTA, claro resulta que la decisi�n adoptada por la Juez de primera instancia de anular la actuaci�n, no consulta el criterio jurisprudencial imperante, en la medida que en la presente ocasi�n no nos hallamos ante una de las excepciones que permite realizar la injerencia en la labor acusadora.

Y es que en la particular ocasi�n, el ejercicio efectuado por la juzgadora indica un ejercicio de valoraci�n de las pruebas para finalmente disentir de la adecuaci�n inicial, en tanto, algunos elementos de juicio le permitieron concluir que realmente se trataba de otro tipo penal, que no el de homicidio culposo. Sin embargo, en dicha labor obvi� verificar que en la causa penal que se revisa, se cuenta con otra serie de probanzas, las que sustentaron la imputaci�n, que pueden perfectamente valer para la adecuaci�n realizada de manera primigenia, pues obran elementos que permitir�an concluir que se trat� de un an�lisis adecuado de la situaci�n de hecho, de suerte que no pueda reproch�rsele a la adecuaci�n inicial el estar completamente alejada del marco f�ctico.

En efecto, la decisi�n de la Juez a quo, se bas� en su criterio de interpretaci�n de las pruebas, justipreciando las mismas para llegar a una conclusi�n dis�mil a la que inicialmente perfeccion� el Fiscal en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, en detrimento de los derechos del procesado y en contrav�a de la jurisprudencia sentada sobre el tema de estudio.

En tal medida, la labor emprendida por la Juez de instancia, retorn� su actuaci�n a sistemas procesales pret�ritos en donde s� era posible ejercer este tipo de controles, pues su tendencia inquisitiva lo permit�a; no obstante, con el advenimiento del acto legislativo 03 del 2002 y su posterior implementaci�n con la Ley 906 del 2004, ya no resulta acertado actuar como se hizo en primera instancia. Igualmente, en la presente causa llama la atenci�n que sea tambi�n el Fiscal quien bogue por la nulidad de lo actuado, pues plantea dudas respecto de lo apresurado de su actuar, por cuanto, de manera indiscutible, su cambio de postura indica que actu� de manera posiblemente precipitada al blandir la acusaci�n en los t�rminos ya anotados.

Al respecto, debe exaltarse que este cambio de postura del Fiscal, en punto de un acto de parte esencial para el proceso, que ya se encontraba perfeccionado, pues, it�rese, con el allanamiento a cargos, lo realizado en la formulaci�n de imputaci�n, bastar� como acusaci�n, no resultaba posible, porque en la audiencia delimitada en el art�culo 447 no se pueden verter situaciones que ata�en a la punibilidad, al paso que no en cualquier estadio de la actuaci�n puede optar el Fiscal por realizar una variaci�n en la calificaci�n jur�dica.

Al respecto, ha indicado la Corte Suprema de Justicia: �La intervenci�n del art�culo 447 de la Ley 906 de 2004 no es un escenario apropiado para variar la tipicidad del reato endilgado ni para variar los extremos punitivos. �As� cuando el art�culo 447 de la Ley 906 de 2004, se�ala que �si se aceptare el acuerdo celebrado con la fiscal�a�, el juez conceder� la palabra para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden, se refiere a circunstancias que le permitan al juez graduar la pena en los t�rminos del art�culo 61 del C�digo Penal y no a aqu�llas que modifican los extremos punitivos del tipo penal o que circundan el hecho torn�ndolo en uno diferente, en perjuicio del mismo acuerdo�.

Y es que, con el allanamiento a cargos, ese acto que har� las veces de acusaci�n se habr� arraigado definitivamente como derrotero base para impulsar el proceso, bajo la idea seg�n la cual, el Fiscal imput� como consecuencia del concienzudo an�lisis que hizo y que lo condujo a atribuir responsabilidad, sin que sea dable pensar que pueda realizar una argumentaci�n de nulidad para variar la calificaci�n jur�dica, en detrimento de los derechos del procesado.

En similar sentido, es necesario rese�ar que propugnar por la invalidaci�n, por parte del Fiscal conlleva a pensar que realiz� una apresurada imputaci�n, de suerte que sea necesario exhortarlo para que en el futuro cuente con los rudimentos necesarios para formarse un criterio s�lido, antes de realizar el primer se�alamiento. En el particular asunto, sin contar a�n con el examen pericial de necropsia, dio apertura el Fiscal a la puerta de entrada del proceso penal, excus�ndose en el corto tiempo con que cuenta para la legalizaci�n de la captura; sin embargo, en la misma diligencia no es inexorable que se realice, de manera inmediata la formulaci�n de imputaci�n, ya que si, como ocurri� en este asunto, cambi� su opini�n respecto de la calificaci�n jur�dica, otros hallazgos pudo encontrar.

Pi�nsese en el evento en que el disparo no hubiera sido la causa de la muerte, sino algo completamente ajeno, ante lo cual no hubiere tenido injerencia el se�or PAREJA PUERTA, sin duda alguna, ser�a un inconveniente del m�s hondo calado para este funcionario. Lo anterior, no indica que la Sala concluya que con los nuevos elementos se est� ante una violaci�n de garant�as fundamentales que permita dar al traste con la actuaci�n, sino que se subraya, para llamar a la Fiscal�a a obrar con m�s cautela en casos como el de autos, en aras de evitar situaciones harto calamitosas para las partes e intervinientes.

Aunado a lo que antecede, es imperioso retomar el contenido del art�culo 293 del C�digo de Procedimiento Penal, esta vez, para hacer referencia al principio de irretractabilidad, para los casos de terminaci�n anticipada del proceso. ART�CULO 293. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACEPTACI�N DE LA IMPUTACI�N.�<Art�culo modificado por el art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1453_2011_pr001.html" \l "69" 69�de la Ley 1453 de 2011.

El nuevo texto es el siguiente:> Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscal�a acepta la imputaci�n, se entender� que lo actuado es suficiente como acusaci�n. La Fiscal�a adjuntar� el escrito que contiene la imputaci�n o acuerdo que ser� enviado al Juez de conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espont�neo, proceder� a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractaci�n de alguno de los intervinientes, y convocar� a audiencia para la individualizaci�n de la pena y sentencia. �PAR�GRAFO.�La retractaci�n por parte de los imputados que acepten cargos ser� v�lida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vicio su consentimiento o que se violaron sus garant�as fundamentales.

(Subrayado y negrillas ajenos al texto original de la norma). Pues bien, el contenido del canon normativo, ha sido tomado en cuenta por la jurisprudencia para predicar la imposibilidad de los acusados de retractarse de los cargos que fueron objeto de aceptaci�n; no obstante, advi�rtase como la redacci�n del art�culo impide que la retractaci�n sea por cualesquiera de los intervinientes.

As� pues, si el Fiscal hizo un ofrecimiento de una rebaja en caso de aceptaci�n de cargos, por un delito determinado, a esto debe atenerse el sujeto procesal en comento, sin que resulte acertado este tipo de retractaciones en el decurso de la actuaci�n, pues en el fondo del asunto subyace es eso, que el Fiscal, luego de un an�lisis posterior, quiso retractarse de su propio acto.

De suerte que, si ha sido enf�tica la jurisprudencia constitucional en se�alar que el imputado no puede sobrevenir con una retractaci�n, mucho menos puede plantearse la posibilidad de que la Fiscal�a se retracte del ofrecimiento de rebaja por el allanamiento a cargos, con el delito que le fuera imputado al penalmente perseguido. Bajo toda la l�nea argumentativa planteada, se impone la revocatoria del prove�do que decret� la nulidad de lo actuado, pues d�gase, a manera de colof�n, lo realizado fue un control material a la acusaci�n, sin que se encontrara la juez habilitada para actuar en tal sentido, por las particularidades del caso en concreto que no exhib�an una transgresi�n grotesca de la legalidad, aunado a que para la Fiscal�a no es posible realizar una retractaci�n de lo actuado ante el juez con funci�n de control de garant�as.

En raz�n y m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, SALA DE DECISION PENAL, RESUELVE, REVOCAR el auto del diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017), a trav�s del cual el Juzgado Penal del Circuito de Anserma, Caldas, decret� la nulidad desde el acto de formulaci�n de la imputaci�n, en atenci�n a las consideraciones expuestas en precedencia. En consecuencia, se dispone la devoluci�n de las diligencias al Juzgado de origen, para que se contin�e con la diligencia de individualizaci�n de pena y sentencia consagrada en el art�culo 447 del C.P.P., atendiendo al allanamiento a los cargos acaecido desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n. SE INFORMA que en contra de la presente decisi�n no procede recurso alguno. Notif�quese y c�mplase.

Los Magistrados, GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A C�SAR AUGUSTO CASTILLO TABORDA Gloria In�s Guti�rrez Aristizabal Secretaria  Cfr. Entre otras, sentencias de 18 de noviembre de 2008 y 18 de marzo de 2009, radicaciones 30539 y 30710, respectivamente.  Tal principio est� contemplado en la Ley 906 de 2004, art�culo 458.

Y de acuerdo con la misma normatividad las circunstancias enervantes son: la nulidad derivada de la prueba il�cita y cl�usula de exclusi�n (art�culos 23 y 455 ib.); la nulidad por incompetencia del juez (art�culo 456 ib); y la nulidad por violaci�n a garant�as fundamentales: derecho a la defensa y debido proceso, en aspectos sustanciales (art�culo 457 ib.).  Providencia del 30 de noviembre de 2011.

Rdo: 37298. M.P: Julio Enrique Socha Salamanca.  Corte Suprema de Justicia, Sala de casaci�n penal, radicado 34.022.  Corte Suprema de Justicia, Sala de casaci�n penal, radicado 25.108, reiterado en la Sentencia con radicaci�n 35.973.  Art�culo 293 del C�digo de Procedimiento Penal.  Al respecto la sentencia proferida por la H. Corte Constitucional C-591 de 2005 indic� que: �Presenta caracter�sticas fundamentales especiales y propias.

(�) con acento en la garant�a de los derechos fundamentales del inculpado, para la definici�n de la verdad y la realizaci�n efectiva de la justicia, teniendo presentes los derechos de las v�ctimas. Se estructur� un nuevo modelo de tal manera, que toda afectaci�n de los derechos fundamentales del investigado por la actividad de la Fiscal�a, queda decidida en sede jurisdiccional, pues un funcionario judicial debe autorizarla o convalidarla en el marco de las garant�as constitucionales, guard�ndose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la ponderaci�n de intereses, a fin de lograr la m�nima afectaci�n de derechos fundamentales.

(�) Con todo, en el curso del proceso penal, la garant�a judicial de los derechos fundamentales, se adelantar� sin perjuicio de las competencias constitucionales de los jueces de acci�n de tutela y de habeas corpus�  Sentencias C-591 de 2005, C-025 de 2010, C- 260 de 2011, T-293 de 2013 y C-387 de 2014.  Sentencias C- 260 de 2011 y T-293 de 2013.  ART�CULO 126.

CALIFICACI�N. El car�cter de parte como imputado se adquiere desde su vinculaci�n a la actuaci�n mediante la formulaci�n de la imputaci�n o desde la captura, si esta ocurriere primero. A partir de la presentaci�n de la acusaci�n adquirir� la condici�n de acusado.  bernal cu�llar, j. and montealegre lynett, e. (2013).�el proceso penal. 6th ed. Universidad Externado de Colombia.  Sentencia No. 29904 del doce (12) de junio de dos mil ocho (2008), proferida por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casaci�n Penal  Sentencia No. 44103 del veintid�s (22) de septiembre de dos mil nueve (2009) proferida por la Corte Suprema de Justicia � Sala de Casaci�n Penal � Sala de Decisi�n de Tutelas.  Sentencia C-144 de 2010.  Sentencia C-1260 de 2005 proferida por la H. Corte Constitucional, en torno este prove�do se�al� la C.S.J en decisi�n No. 73555 del 20 de mayo de 2014 que �es la primera fuente para se�alar que excepcionalmente el juez debe ejercer control material para preservar las garant�as de las partes e intervinientes en los procesos penales.  Reiterado en la sentencia bajo radicado No. 42452 del primero (1) de octubre de dos mil catorce (2014), donde se dijo: �En el proceso adversarial, por regla general el juez de conocimiento no puede controlar materialmente la acusaci�n del fiscal, �pero excepcionalmente debe hacerlo frente a actuaciones que de manera grosera y arbitraria comprometan las garant�as fundamentales de las partes o intervinientes� (CSJ, SP9853 16 jul 2014.

Radicaci�n n� 40.871).�  En sede de tutela: CSJ STP, 24 de sep. de 2013, rad. 69478; CSJ STP, 13 de nov. de 2013, rad. 70392; CSJ STP, 4 de dic. de 2013, rad. 70.712, CSJ STP, 27 de feb. de 2014, rad. 72092 y CSJ STP, 10 de mar. de 2016, rad. 84761. En casaci�n: CSJ SP, 1 de jun. de 2016. rad. 46101, CSJ SP, 24 de feb. de 2016, rad. 45736 y CSJ SP, 25 de Ene. de 2017, rad. 48293.  Criterio reiterado en CSJ SP9853-2014, 16 de julio de 2014, casaci�n 40871;

CSJ AP6049-2014, primero de octubre de 2014, segunda instancia 42452; CSJ, SP13939-2014, 15 de octubre de 2014, casaci�n 42184; y CSJ SP14842-2015, 28 de octubre de 2015, casaci�n 43436.  CSJ SP, 3 feb 2016 rad. 43356.  Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto del 10 de mayo de 2006, Radicado: 25.389; reiterado en sentencia de junio 29 de 2008, Radicado 29.788, M.P Augusto J Ib��ez Guzm�n.     P�gina  PAGE 51 Sistema Acusatorio: 2017-80236-01 JOS� IGUEL PAREJA PUERTA Homicidio Culposo Rep�blica de Colombia  Tribunal Superior de Manizales Sala Penal 6Je������������� ' * + G ` � � ���ׯנׯט��옐�t�f�W�Ih�?�CJOJQJ^JaJh1Q�5�CJOJQJ^JaJhjL�CJOJQJ^JaJhP*�CJOJQJ^JaJh8:#CJOJQJ^JaJh�\�mH sH h8:#mH sH h�\�h8:#CJaJmH sH "hRM(CJOJQJ^JaJmH sH +h�\�h8:#5�CJOJQJ^JaJmH sH (h�\�h8:#CJOJQJ^JaJmH sH %h8:#5�CJOJQJ^JaJmH sH 6Je����������g h ����������������dhgd8:#$�����dh]���`��a$gd8:#$ & F ������dh^�`���a$gd8:#gd8:#$��dh^��a$gd8:#$dh&d P�� a$gd8:# $dha$gd8:#� � � � � � � � � � �  ' I f g h { | � � � � . / 0 z �����������ֺ�֬֨�����{p{f\Rh�^�CJOJQJh�\�CJOJQJh8:#CJOJQJh�E[5�CJOJQJh�E[CJOJQJh�7wCJOJQJhe>�CJOJQJh�\�h8:#5�CJOJQJh8:#h&CJOJQJ^JaJh��CJOJQJ^JaJh�j&CJOJQJ^JaJh8:#CJOJQJ^JaJh�?�CJOJQJ^JaJh1Q�CJOJQJ^JaJh z { | / 0 a b ����BC��  �����������������$dh7$8$H$a$gd8:# ��dh^��gd8:#$�Sdh7$8$H$`�Sa$gd X3$�Sdh7$8$H$`�Sa$gde>�gd�id$dh7$8$H$a$gd8:#z � � � � ! 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Char Char Char Char Char Char Car, Car Car$CJOJPJQJ^JaJmHsHtH Z�`��RZ 8:# Sin espaciado$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH ZB@bZ 8:#Texto independiente$dha$ aJmHsHj�/��qj 8:#Texto independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmHsHtH B �B 8:#0 Pie de p�gina  �C�"^�/���^ 8:#0Pie de p�gina Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH B�o���B W,apple-converted-space,�o���, W, selectableD�O�D W,western�d�d[$\$ mH $sH $tH $^�O�^ k �textoindependiente21�d�d[$\$ mH $sH $tH $<U`���< Lj%0 Hiperv�nculo >*B*phc�VC�V E3 0Sangr�a de texto normal��x^�b�/��b E3 0Sangr�a de texto normal CarCJOJPJQJaJPK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$␴�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� � �ð �_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml �M � 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