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As� mismo se acredit� el da�o ecol�gico concretado dentro del fen�meno de contaminaci�n h�drica, desencadenada por el vertido de petr�leo, lo cual gener� serias, graves y prolongadas alteraciones, degradaciones y descomposici�n en el recurso h�drico, en los recursos de fauna pesqueros y en los ecosistemas de la zona donde ocurrieron los hechos, debiendo ser objeto de medidas de reparaci�n o restauraci�n. PERJUICIOS MATERIALES - Deben probarse � No hay lugar a la imposici�n de condena, dado que no se encuentran acreditados los perjuicios individuales de �ndole patrimonial que caus� el vertimiento de hidrocarburos, pues si bien se produjo una afectaci�n a los demandantes en su actividad pesquera in genere, no demostraron que hayan incurrido en alg�n tipo de gasto con ocasi�n del perjuicio, o que oper� la p�rdida de ingresos, como consecuencia directa e inmediata del hecho lesivo.
PERJUICIOS INMATERIALES � Se configuran � Procedencia de la condena al pago de indemnizaci�n por este tipo de perjuicios, en tanto est� claro que los demandantes guardan una especial relaci�n con el mar y sus bienes ambientales, recursos naturales y ecosistemas, y no se puede pasar por alto que el hecho da�oso, afect� la esfera de vida de estas personas, incidiendo directamente en su medio de subsistencia, en sus tradiciones, costumbres y pr�cticas ancestrales de la comunidad afro descendiente de la que hacen parte./ SALA DE DECISI�N CIVIL-FAMILIA San Juan de Pasto, diecis�is (16) de enero de dos mil dieciocho (2018).
Radicaci�n:2011-00019-00 (470-03)Asunto:Apelaci�n de sentencia en proceso ordinarioDemandante:Willington Castillo y OtrosDemandado:Petroecuador Procedencia:Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco. Magistrada Ponente: AIDA M�NICA ROSERO GARC�A Procede la Sala de Decisi�n a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia absolutoria dictada en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, dentro del proceso referenciado.
I.
ANTECEDENTES DE LA DEMANDA.- El se�or WILLINGTON CASTILLO y Otros, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda en contra de EMPRESA ESTATAL DE PETR�LEOS DEL ECUADOR � PETROECUADOR, con el fin de que, previo el tr�mite del proceso ordinario, se declare a la empresa demandada responsable civil y extracontractualmente del da�o causado a los actores, por los hechos ocurridos entre el 3 y el 8 de julio de 1998, en la costa litoral pac�fico nari�ense.
En consecuencia, solicitaron se condene al pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, causados a los demandantes, integrantes de la �ASOCIACI�N INTEGRACI�N COSTE�A COSTA PESQUERA AGR�COLA Y CONCHERA�. Los HECHOS en los que se fundamenta la acci�n, en s�ntesis, refieren lo siguiente: El d�a 3 de julio de 1998, se present� un derrame de crudo en el oleoducto Trans-Ecuatoriano en una cantidad de 15.000 a 18.000 barriles aproximadamente, derrame que se origin� en la Provincia de Esmeraldas, Ecuador, llegando tal contaminaci�n hasta las aguas del mar pac�fico colombiano, con consecuencias ambientales grav�simas; afectando la flora y la fauna del ecosistema costero, as� como tambi�n a una poblaci�n de 4.000 familias, pues sufrieron afectaciones de salud, sumadas a las consecuencias sociales, laborales y econ�micas que perjudicaron al pueblo costero de Nari�o. La empresa estatal PETR�LEOS DEL ECUADOR � PETROECUADOR, como administradora del oleoducto donde se produjo el derrame, reconoci� su responsabilidad en varias oportunidades, a trav�s de documentos, de los cuales se adjunta copia con la demanda.
De igual forma PETROECUADOR, por conducto de su aseguradora, pag� varias indemnizaciones a raz�n de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000), a parte de los afectados, sin incluir en ese grupo a ninguno de quienes integran el extremo activo de la demanda. Los demandantes, todos pescadores, concheras y colectoras de moluscos, ejerc�an para la fecha del derrame, como comerciantes de mariscos independientes, sufrieron un da�o grave a ra�z de la contaminaci�n causada por el mentado derrame de hidrocarburos, ya que la actividad por ellos desarrollada se vio reducida en un porcentaje que oscila entre el 80 y 90% de la producci�n, resultando afectados sus ingresos, y por ende su subsistencia y la de sus familias.
DE LO ACTUADO EN PRIMERA INSTANCIA.- Una vez corregida la demanda, se admiti�, imprimi�ndole el tr�mite del proceso ordinario de mayor cuant�a; se orden� notificar la decisi�n a la empresa demandada por conducto de su representante legal, corriendo traslado de la misma. La empresa estatal PETR�LEOS DEL ECUADOR � PETROECUADOR, contest� la demanda de manera extempor�nea.
Siguiendo con el tr�mite, se agot� la audiencia contemplada en el art. 101 del C.P.C.; se abri� el proceso a pruebas, decretando las pruebas solicitadas y las de oficio que se consideraron pertinentes. Culminada la etapa probatoria, mediante auto se corri� traslado a los litigantes para presentar sus alegatos, siendo esta etapa aprovechada oportunamente por ambas partes.
DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, profiri� sentencia de primera instancia el d�a 1� junio de 2017 en la que decidi� declarar no pr�spera la acci�n de responsabilidad civil extracontractual por vertimiento de hidrocarburos entablada por los demandantes, al no haberse probado el da�o impuro sufrido por los mismos, absteni�ndose de condenar en costas a la parte actora.
DEL RECURSO DE APELACI�N. Actuando dentro de t�rmino, la parte demandante formul� recurso de apelaci�n en contra del fallo de primera instancia, presentando de manera concreta los argumentos de disconformidad frente al mismo, de acuerdo a lo establecido en el art. 322 del C�digo General del Proceso. El recurso que fue concedido en el efecto suspensivo por el a quo.
En audiencia celebrada el d�a 11 de diciembre del hoga�o, el recurrente sustent� su recurso, sin embargo, dada la complejidad del caso en examen, se estim� que el fallo de segunda instancia deb�a ser proferido de manera escrita, tal y como lo autoriza el inciso 2�, numeral 5� del art�culo 373 del C. G. del P. Rese�ados los aspectos relevantes de la litis, se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes, II.
CONSIDERACIONES Reunidos como est�n los presupuestos procesales para resolver el fondo del asunto, y sin que se avizore causal alguna de nulidad del proceso, deber� la Sala pronunciarse sobre los recursos de apelaci�n incoados por la entidad demandada y la sociedad llamada en garant�a, contra la sentencia de primera instancia. Para ello, nos ce�iremos a los reparos concretos formulados por los apelantes, los cuales delimitan la competencia de esta segunda instancia de conformidad con los arts. 320 inc. 1� y 328 inc. 1� del C. G. del P., y que pasamos a analizar partiendo de los argumentos expuestos en la sustentaci�n del recurso.
Advirti� el apoderado de la PARTE DEMANDANTE lo siguiente: Que se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, especialmente el da�o personal, impropio. Que los demandantes demostraron el da�o sufrido, toda vez que los testimonios rendidos, entre ellos, los de Ezequiela Valencia, Delf�n Carabal� Estrada, Hernando Nieto y Cristino Rodr�guez, dan cuenta que aquel se caus� con la disminuci�n de sus ingresos y rentas de trabajo, aduciendo que los demandantes no pod�an llevar la contabilidad de sus ingresos.
Se�al� que no se puede exigir a los actores demostrar el quantum de sus ingresos, cuando est� demostrado que ganaban m�s del m�nimo, duplicado y triplicado. Indic� que las concheras devengaban por lo menos $600.000 y los pescadores una suma que oscilaba entre $1.600.000 y $2.000.000; y luego del derrame de crudo, quedaron en la ruina. Adujo una indebida valoraci�n del testimonio del se�or Delf�n Carabal�, en tanto se pretendi� el reconocimiento e identificaci�n de demandantes que integran la parte activa de la litis, pues si bien no se leyeron a todos los integrantes por resultar imposible, �l s� reconoci� una de las afectadas, de ocupaci�n conchera.
Indic� que no existe otra prueba para demostrar la calidad en la que concurren los demandantes. Expuso que se recepcionaron 8 declaraciones de personas quienes en su totalidad indicaron que sufrieron disminuci�n en sus ingresos, sin que el juez de primera instancia haya estimado necesario recibir la declaraci�n de los demandantes restantes.
Que el se�or Nieto indic� las cifras y valores de los productos que les compraba a los demandantes, demostrando as� el da�o de cada pescador y conchera. Que existen pruebas como transacciones y testimonios que demuestran que la parte demandada, pag� indemnizaci�n a m�s de 4.000 personas y a otros comerciantes industriales de la pesca, y ello da cuenta que s� hubo una afectaci�n a los demandantes.
Dicho lo anterior, la Sala se encargar� de dilucidar en esta instancia si se cumplen los elementos de la responsabilidad alegada que permitan declarar civilmente y extracontractualmente responsable a la EMPRESA ESTATAL PETR�LEOS DEL ECUADOR � PETROECUADOR y condenarla al resarcimiento de los perjuicios ocasionados a los demandantes. Inicialmente se debe se�alar que la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que la responsabilidad civil extracontractual por vertimiento de hidrocarburos, surge al margen de la culpa, la cual no se requiere, tampoco se presume, ni su ausencia demostrada o la prueba de la diligencia y cuidado es admisible para desvirtuarla; por tanto, los �nicos presupuestos o elementos estructurales de esta especie de responsabilidad, son el da�o y la relaci�n de causalidad, cuya carga probatoria incumbe a la v�ctima, quien cuando reclama la reparaci�n de su propio quebranto, debe acreditar a m�s de los da�os ambientales y ecol�gicos, el nexo causal.
En ese orden de ideas, se abre paso al estudio de los presupuestos exigidos para la prosperidad de la acci�n, anotando en primer lugar, que no hay discusi�n sobre la ocurrencia del siniestro, pues no ha sido objeto de reparo por parte del recurrente, lo que permite se�alar que los hechos se encuentran demostrados, m�xime cuando en el plenario obran actas de reuni�n suscritas por la empresa demandada en la ciudad de Bogot�, los d�as 24 de noviembre de 1998, 14 de marzo y 15 de junio del a�o 2000, donde la misma reconoci� su responsabilidad y disposici�n de reparaci�n por lo sucedido (Folios 41 a 48 Cuaderno No. 1).
As�, es dable continuar con el estudio del da�o. Ha sido a partir de los grandes desastres y siniestros por vertido de hidrocarburos y de sus derivados, que los ordenamientos jur�dicos en el mundo empiezan a regular la actividad de transporte, bien sea mar�tima o por oleoductos. El caso originario es el del petrolero Torrey Canyon que verti� 107.000 toneladas de petr�leo cerca a las costas Cornwall en Inglaterra, que permiti� elaborar las primeras normas internacionales uniformes con relaci�n a la indemnizaci�n de da�os ocasionados por vertidos de hidrocarburos.
Dichas normas fueron modificadas posteriormente bajo el impulso del caso del naufragio del petrolero Amoco Cadiz en 1978 en la bah�a de Portsall, frente a Francia en el Canal de la Mancha, que verti� cerca de 130.000 toneladas de petr�leo al mar, produci�ndose Protocolos en 1984 que incrementaron los topes de indemnizaci�n. Transcurrieron al menos once a�os para que se produjera el vertido del petrolero Exxon Valdez de al menos 300.000 toneladas al mar en las costas de Alaska, que motiv� a que en EEUU se expidiera una ley federal de vertidos que regulaba tanto la responsabilidad civil, como las reglas de seguridad de buques, tripulantes, Plan Nacional de Emergencia, entre otros temas.
Diez a�os despu�s ocurre el naufragio del petrolero Erika, 12 de diciembre de 1999, que verti� 31.000 toneladas de di�sel-oil pesado en las costas de la Breta�a en Francia, que motiv� a la que la Uni�n Europea desarrollara toda una regulaci�n en la materia. Este tipo de hechos refleja una caracter�stica uniforme: los vertidos con hidrocarburos que se vierten al mar durante su transporte, en especial mar�timo, pueden producir afectaciones, aminoraciones, detrimentos tanto a los bienes ambientales, los recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad y naturaleza, como a los derechos, bienes e interese jur�dicos de las personas individual y colectivamente consideradas, que deben ser examinadas tanto en su esencia material, como en su contradicci�n jur�dica para que se pueda afirmar la producci�n tanto de un da�o ecol�gico, como de un da�o ambiental (sin importar la denominaci�n a la que se quiera apelar).
El art�culo 4 de la Ley 23 de 1973 define por contaminaci�n �la alteraci�n del medio ambiente por sustancias o formas de energ�a puestas all� por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Naci�n o particulares�.
En tanto que el art�culo 8, literal a del decreto ley 2811 de 1974 define a los factores que deterioran el ambiente a la �contaminaci�n del aire, de las aguas, del suelo y de los dem�s recursos naturales renovables. Se entiende por contaminaci�n la alteraci�n del ambiente con sustancias o formas de energ�a puestas en �l, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la naci�n o de los particulares�.
La responsabilidad por da�os ambientales y ecol�gicos exige precisar que �(1) la contaminaci�n como fen�meno es el supuesto f�ctico del que se hace desprender la concreci�n da�osa en derechos, bienes e intereses jur�dicos; (2) la contaminaci�n en s� misma no es asimilable al da�o ambiental y ecol�gico, ya que se comprende que en la sociedad moderna a toda actividad le es inherente e intr�nseca la producci�n de uno o varios fen�menos de contaminaci�n, ya que son estos objeto de autorizaci�n administrativa y t�cnica en el ordenamiento jur�dico;
(3) la contaminaci�n desencadena un da�o ambiental cuando produce un deterioro, detrimento, afectaci�n o aminoraci�n en las esfera personal o patrimonial de un sujeto o sujetos determinables; (4) se produce dicho da�o ambiental cuando los derechos, bienes e intereses resultan cercenados o negados absolutamente (destrucci�n de un predio o de un bien mueble como consecuencia de una contaminaci�n h�drica o atmosf�rica), o limitados indebidamente (v.gr., se obliga a una destinaci�n natural y productiva diferente al uso del suelo de un predio, o las limitaciones a sus propiedades para poder seguir desarrollando una actividad productiva o agr�cola en el mismo volumen o proporci�n), o cuando se condiciona el ejercicio (v.gr., cuando sujeta el uso y goce de un predio a una descontaminaci�n o a un proceso de recuperaci�n ambiental antes de retomar o seguir su uso natural y ordinario);
(5) cuando se trata de la realizaci�n o ejecuci�n de obras p�blicas o la construcci�n de infraestructuras el da�o ambiental puede concretarse en la afectaci�n del uso normal de los bienes patrimoniales, o en la vulneraci�n de un bien ambiental, de los recursos naturales, del ecosistema, de la biodiversidad o de la naturales; (6) de un mismo fen�meno de contaminaci�n, o de la concurrencia de varios de ellos se pueden producir tanto da�os ambientales, como da�os ecol�gicos, esto es, aquellos que afectan a bien (es) ambiental (es), recurso (s) natural (es), ecosistema (s), biodiversidad o la naturaleza;
(7) la concreci�n de los da�os ambientales y ecol�gicos puede ser hist�rica, instant�nea, permanente, sucesiva o continuada, diferida�. De acuerdo con los anteriores elementos es por lo que se sostiene que �noci�n de contaminaci�n comprende s�lo aquello que se mide en unidades f�sicas. Esto no pasa con la definici�n de da�o o perjuicio, que es cualitativa y supone apreciar, realizar un juicio de valor y determinar los efectos jur�dicos que se producen�.
Determinada la definici�n, contenido y alcance de la contaminaci�n, y comprendido que no est� la que se juzga como da�o ambiental y ecol�gico, debe precisar el concepto de cada una de estas categor�as. Por da�o ambiental la aminoraci�n, detrimento, deterioro o afectaci�n de los bienes patrimoniales o extra - patrimoniales de una determinada persona, o que se puede consumar en diferentes grados en un conjunto de personas determinadas y determinables, como consecuencia de uno o m�s fen�menos de contaminaci�n que vulneran derechos como a la vida, a la integridad personal, a la locomoci�n, a la propiedad o a la libertad econ�mica o de empresa.
Es �toda agresi�n derivada de la actividad humana en el medio natural, que causa como consecuencia la modificaci�n o alteraci�n en los bienes y recursos disponibles, o efectos nocivos en la salud e integridad de las personas�. En tanto que el da�o ecol�gico est� definido como la �degradaci�n, deterioro o modificaci�n del medio natural causada como consecuencia de cualquier tipo de actividad.
La nota distintiva de esta definici�n se encuentra en que no est� referida a inter�s individual o humano alguno, sino que se enfoca hacia la tutela del medio natural en su conjunto, como inter�s independiente de aquel�, comprendiendo la �destrucci�n de especies, la degradaci�n de los recursos naturales (agua, aire, flora), la alteraci�n de las condiciones de los suelos, el deterioro y la modificaci�n de los sistemas ambientales en la que se integran�.
Bajo esa clasificaci�n, anuncia esta Corporaci�n que en el caso bajo examen se encuentra probado tanto el da�o ambiental as� como el da�o ecol�gico, seg�n los siguientes razonamientos: Para el caso concreto debe analizarse separadamente si se logra demostrar la producci�n de da�os ambientales en las esferas personales o patrimoniales de los demandantes, con ocasi�n del vertido de los hidrocarburos, de aquellos da�os ecol�gicos que se pudieron haber concretado por los mismos hechos y dentro del fen�meno de contaminaci�n h�drica en el que se sustentan, raz�n por la cual se pasa a revisar las pruebas obrantes en el expediente: El estudio realizado por la Universidad del Valle en el mes de noviembre de 1999 (Folios 51 a 54 Cuaderno No. 1), pone de presente la contaminaci�n ambiental ocasionada con aquel vertimiento, resaltando que su nivel t�xico es enorme y peligroso, debido a que resiste por largo tiempo las condiciones ambientales.
Igualmente hizo hincapi� en la disminuci�n notable de especies que eran tradicionales en la zona costera, afectando consigo las actividades socioecon�micas, como la pesca artesanal, que decreci� considerablemente. Por su parte, las pruebas testimoniales acopiadas registraron lo siguiente: El se�or Delf�n Carabal� expuso que las p�rdidas econ�micas de los demandantes obedecen al derrame de hidrocarburos ocurrido en 1998, ocasionado por Petroecuador, y se�al� que, por tal hecho, los 22 integrantes de la asociaci�n que �l representa, incluy�ndose, recibieron una indemnizaci�n por parte de dicha petrolera, raz�n por la cual, aquella est� en la obligaci�n de resarcir el da�o causado a los hoy demandantes.
Luis Hernando Nieto, comerciante de mariscos y pescados desde hace m�s de 30 a�os, se�al� que su empresa fue una de las afectadas con el derrame de crudo ocurrido en 1998 y que como representante del gremio de comerciantes pesqueros, estuvo durante un a�o adelantando gestiones tendientes a lograr una conciliaci�n entre las 50 empresas afectadas y la entidad demandada respaldada por su aseguradora; logrando el pago de una indemnizaci�n que conllev� a la terminaci�n de procesos judiciales que se adelantaban en Colombia.
Se�al� que la pesca se vio disminuida en un 80%, siendo la causa directa de dicha afectaci�n, el derrame de crudo imputable a Petroecuador, subsistiendo el da�o causado hasta la actualidad. Por �ltimo, Cristino Santiago Rodr�guez Hurtado, mencion� ser pescador artesanal desde 1980 hasta cuando se present� el derrame de petr�leo que lo dej� sin trabajo.
Adujo que desde 1998 hasta la fecha, la disminuci�n de producci�n pesquera es de un 80%, situaci�n que ha incrementado el valor del producto y ha generado importaci�n ecuatoriana; siendo la causa de ello, el derrame de petr�leo acaecido. Manifest� que se pueden realizar unas capturas m�nimas de pesca, pero no como medio de subsistencia; que actualmente, los pescadores y concheras se encuentran en calidad semejante a la de desplazados, porque viven del rebusque y no tienen c�mo suplir las necesidades b�sicas de su familia.
Entonces, en cuanto a los da�os ambientales, se encuentra que el vertido o derrame de los hidrocarburos gener� la disminuci�n de la pesca y colecta de moluscos en la ensenada de Tumaco (N), en efecto, generando un detrimento, deterioro y afectaci�n en la esfera patrimonial de los demandantes, en especial en la actividad econ�mica o productiva a la que se dedicaban y acreditaron de pesca, que adem�s era su medio de subsistencia. Asimismo, la contaminaci�n h�drica ocasionada por el vertido de petr�leo produjo da�os ambientales en la esfera personal de los demandantes al afectar, vulnerar y limitar indebidamente las tradiciones, costumbres y pr�cticas ancestrales de aprovechamiento de los recursos de pesca de la zona de la Ensenada de Tumaco, trat�ndose a tenor de lo consagrado por la Ley 70 de 1993 de una comunidad afrodescendiente amparada constitucional, convencional y legalmente en el ejercicio y desarrollo de sus propias tradiciones y costumbres, pr�cticas ancestrales de producci�n, comprendidas como las actividades y t�cnicas agr�colas, mineras, de extracci�n forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolecci�n de productos naturales en general, que han utilizado para garantizar la conservaci�n de la vida y el desarrollo sostenible.
La Corte Constitucional ha sostenido en un caso de vertidos de petr�leo en la misma Ensenada de Tumaco, que �el da�o ecol�gico mar�timo afecta sobremanera a quien tiene por oficio la pesca. Y si este oficio forma parte de la cultura de una etnia, con mayor raz�n hay que proteger al pescador. Esa protecci�n a la diversidad �tnica, en el caso de una comunidad negra de pescadores, fortalece la protecci�n a tal oficio porque �ste integra la cultura � Este derrame afect� todo el ecosistema, el da�o, EN GENERAL, ocasion� perjuicios muy graves y directos, especialmente en aquella parte de la ensenada donde el crudo lleg� a la playa y algo a los manglares.
En PARTICULAR, respecto a las 101 personas que instauraron la acci�n de tutela � en los cuales se constat� que eran pescadores y resultaron afectados � Pero si ese da�o ocasion� la violaci�n al derecho fundamental a la libertad de oficio, en el sentido de que no debe afectarse la continuaci�n del mismo, surge esta situaci�n: es indudable que la pesca disminuy� por el vertimiento de petr�leo y es tambi�n obvio que un nuevo accidente en tal sentido ser�a catastr�fico para todos los pescadores de la ensenada de Tumaco� En ese sentido, se itera, que el da�o ambiental se consuma y concreta con car�cter cierto, personal y directo en los demandantes al resultar cercenado, limitado indebidamente o condicionada su libertad de oficio como pescadores y la libertad de desarrollar una actividad productiva o econ�mica en la condici�n de pescadores, concheras y colectores de moluscos en la que comparecen los actores, cuyo origen directo e incuestionable est� en la contaminaci�n h�drica desencadena por el vertido de petr�leo que produjo la empresa demandada y que afect� en una gran extensi�n y durante cierto tiempo a la Ensenada de Tumaco.
Est� adem�s demostrado el car�cter personal del da�o ambiental ya que la calidad en la que comparecen los demandantes al proceso, se encuentra acreditada, como quiera que una vez revisadas las declaraciones de parte de los se�ores Samuel Ignacio Arboleda Grueso, Estela Leonor Monta�o de Monta�o, Walberto Manuel Sol�s Ordo�ez, Paula Cuero Rosero, Miriam Antonia Ram�rez Campaz, Segundo Francisco Qui�onez Guti�rrez, Rodrigo Rinc�n Vivas y el de la se�ora Ezequiela Qui�onez Castillo, se evidencia que los mismos con precisi�n se�alaron ser de profesi�n pescador o concheros.
Ahora, debe tenerse en cuenta que no se recepcionaron las declaraciones de parte de los demandantes restantes, por causas completamente ajenas a su voluntad, toda vez que fue el Juez de primera instancia, mediante auto proferido en diligencia llevada a cabo el d�a 28 de junio de 2016, quien se�al�: �El Juzgado se abstendr� de recepcionar los interrogatorios de parte de los dem�s demandantes por considerar que la informaci�n suministrada hasta el momento es suficiente respecto de lo que se pretende demostrar con esta prueba �( Cuaderno D, folio 142); es decir, entre otras cosas, la profesi�n u oficio de los demandantes.
As�, dichos medios de prueba, valorados bajo la �ptica del art�culo 191 del C.G. del P., resultan completamente v�lidos para demostrar la calidad en la que comparecen los actores, especialmente cuando la parte demandada estando en posibilidad de refutar tales afirmaciones, no lo hizo, pues omiti� aportar alg�n elemento probatorio que indicara lo contrario, de hecho, tambi�n omiti� contestar oportunamente la demanda y el representante legal de la empresa, se abstuvo de asistir a la audiencia en la que se recibir�a su interrogatorio de parte; lo que constituye un indicio grave en su contra, que hace presumir ciertos los hechos de la demanda a la luz del art�culo 205 de la misma obra procesal.
En ese orden de ideas, conforme hasta lo aqu� expuesto, los reparos formulados respecto al da�o ambiental y la calidad de pescadores y concheras de los demandantes, prosperar�n, habida cuenta que contrario a lo expuesto por el a quo, tales circunstancias, s� se encuentran demostradas. Por otra parte, el mentado informe de la Universidad del Valle permite verificar que la misma contaminaci�n h�drica desencadenada por el vertido de petr�leo ocasionado durante la actividad realizada en el oleoducto por PETROECUADOR, gener� serias, graves y prolongadas alteraciones, degradaciones y descomposici�n en el recurso h�drico, en los recursos de fauna pesqueros, y seguramente en los ecosistemas que los albergaban en la zona de la Ensenada de Tumaco, por lo que est� demostrada con car�cter cierto y directo la producci�n de un da�o ecol�gico, que no es en esencia personal, o individualizable, aunque tiene necesarias repercusiones en las comunidades afrodescendientes sin que estas sean llamadas a ser titulares de los bienes ambientales, los recursos naturales o ecosistemas afectados, pero que su calidad de vida, el desarrollo sostenible y las condiciones sociales de vida dependen de aquellos, por lo que habr� lugar a reconocerlo, determinando si debe ser objeto de medidas de reparaci�n o restauraci�n que sean de contenido patrimonial y/o de otra �ndole.
Luego, acreditado el da�o, debe analizarse si se encuentra probado el nexo de causalidad, advirtiendo de entrada, que la respuesta a tal planteamiento es afirmativa. Lo anterior encuentra asidero en que, a trav�s de los medios de convicci�n acopiados por la parte demandante, se logra establecer que el derrame de crudo ocurrido en el a�o 1998, produjo de manera adecuada, directa y eficiente los da�os ambientales y ecol�gicos en la costa pac�fica colombiana, sin que se haya demostrado por la empresa demandada, la ocurrencia de alguna de las causales eximentes de responsabilidad, como la fuerza mayor, el hecho o culpa exclusiva de la v�ctima, o el hecho de un tercero. Sencillamente, los actores acreditaron que tal vertimiento afect� e incidi� sobremanera en su actividad pesquera desarrollada como medio de subsistencia y fuente directa de empleo; de hecho, demostraron con las actas de reuni�n aportadas y los apartes de un diario informativo, que la misma petrolera reconoci� indemnizaciones y asumi� la responsabilidad ante los afectados en Colombia, por las mismas circunstancias.
Siendo ello as�, cumplidos como se estiman los presupuestos de la acci�n incoada, es deber de la Corporaci�n determinar cu�l es la indemnizaci�n que surge como consecuencia de dicha responsabilidad. Inicialmente, habr� de recordar que los perjuicios materiales, tienen dos modalidades: (i) Da�o Emergente, entendido como las erogaciones en que debe incurrir quien soporta el perjuicio; y (ii) Lucro Cesante, o sea los ingresos que la v�ctima deja de percibir.
En este punto la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que �[L]a indemnizaci�n de perjuicios materiales o patrimoniales, comprende las compensaciones relativas a la p�rdida, destrucci�n o deterioro real y efectiva del patrimonio econ�mico, la erogaci�n o gasto necesario para su recuperaci�n o restablecimiento (damnun emergens) y a la privaci�n de la utilidad, beneficio, aumento o provecho que deja de percibirse por la lesi�n y sin la cual se hubiera percibido (lucrum cessans), o en otros t�rminos, alcanza todo el da�o causado, cierto, actual o futuro, mas no eventual ni hipot�tico (art�culo 16 de la Ley 446 de 1998)� .
Ahora, el menoscabo inmaterial o extrapatrimonial se remite a lo que de anta�o la Corte denomin� �da�o a la persona�, consistente en un �� desmedro a la integridad f�sica o mental, o en injuria al honor, la libertad o la intimidad�� (sentencia de abril 4 de 1968, G.J. t. CXXIV, pag. 58). Adem�s, rese�� que la lesi�n en los citados perjuicios versa sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables, sin que ello sea �bice para que sea jur�dicamente posible el reconocimiento de una determinada cantidad de dinero, encaminada, m�s que a obtener una reparaci�n econ�mica exacta, a mitigar, paliar o atenuar, en la medida de lo posible, las secuelas y padecimientos que afectan a la v�ctima.
El criterio utilizado para la tasaci�n ha sido el del arbitrium judicis, que otorga un discreto margen de c�lculo al funcionario judicial, el cual debe ser �ponderado, razonado y coherente seg�n la singularidad, especificaci�n, individuaci�n y magnitud del impacto, [consultando] por supuesto que las caracter�sticas del da�o, su gravedad, incidencia en la persona, el grado de intensidad del golpe y dolor, la sensibilidad y capacidad de sufrir de cada sujeto, son variables y el quantum debeatur se remite a la valoraci�n del juez�, de manera que, seg�n postulados de la jurisprudencia, �para la valoraci�n del quantum del da�o moral en materia civil, [se] estima apropiada la determinaci�n de su cuant�a en el marco f�ctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situaci�n o posici�n de la v�ctima y de los perjudicados, intensidad de la lesi�n a los sentimientos, dolor, aflicci�n o pesadumbre y dem�s factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador�, siguiendo el par�metro de la equidad, pero descartando �valoraciones manifiestamente exorbitantes o, al contrario inicuas y desproporcionadas en relaci�n con los perjuicios sufridos�.
Al respecto, de las pruebas testimoniales se puede extraer: El se�or Delf�n Carabal� Estrada, adujo ser pescador artesanal y representante legal de una asociaci�n tambi�n afectada por el aludido derrame de petr�leo. Inform� que la mayor fuente de trabajo antes del derrame de crudo en el municipio de Tumaco era la pesca comprendida como la captura de distintas especies marinas, indicando que tal actividad, ofrec�a ganancias de hasta 3 veces un salario m�nimo, pues cada pescador, al menos, vend�a 70 kg de peces al mes, obteniendo ganancias en promedio de $2.500.000 a $3.000.000 mensuales; y, diariamente, en promedio, se recolectaban 1.000 conchas por persona, vendidas en $3.000 el ciento y $6.000 el kilo.
Se�al� Cristino Santiago que el promedio de captura de peces era de 40 a 70 kg diarios por pescador, por un valor de $3.500 a $4.000. El precio de la concha era de aproximadamente 3.000 pesos el kilo y diariamente se capturaban aproximadamente 900 conchas, a nivel de familia. Seguidamente indic� que los ingresos de los pescadores eran 3 veces un SMLMV y 2 veces, frente a lo devengado por las concheras.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso advertir que la judicatura no encuentra evidenciado en el plenario cu�les fueron esos perjuicios individuales de �ndole patrimonial que caus� el vertimiento de hidrocarburos imputable a PETROECUADOR, pues si bien no media discusi�n sobre la latente afectaci�n que sufrieron los demandantes en su actividad pesquera in genere, aquellos no demostraron que hayan incurrido en alg�n tipo de gasto con ocasi�n del perjuicio (da�o emergente), o de manera concreta, cu�l fue y c�mo oper� la p�rdida de ingresos, como consecuencia directa e inmediata del hecho lesivo (lucro cesante); de ah� que no haya lugar a condenar por los mismos, justamente porque es necesario una cierta posibilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto para cada demandante, no apareciendo ello probado dentro del expediente.
No obstante, distinta consideraci�n se hace extensiva a los perjuicios inmateriales reclamados, pues est� claro que los demandantes guardan una especial relaci�n con el mar y sus bienes ambientales, recursos naturales y ecosistemas, y no se puede pasar por alto que el hecho da�oso, afect� la esfera de vida de estas personas, incidiendo directamente como se dijo con antelaci�n, en su medio de subsistencia, en sus tradiciones, costumbres y pr�cticas ancestrales de la comunidad afrodescendiente de la que hacen parte.
De acuerdo con el �Convenio sobre la Diversidad Biol�gica�, hecho en R�o de Janeiro (Brasil), el 5 de junio de 1992, e incorporado a la legislaci�n colombiana mediante la Ley 165 de 1994, en su art�culo 8.j se dispone que se �respetar�, preservar� y mantendr� los conocimientos, las innovaciones y las pr�cticas de las comunidades ind�genas y locales que entra�en estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservaci�n y la utilizaci�n sostenible de la diversidad biol�gica y promover� su aplicaci�n m�s amplia, con la aprobaci�n y participaci�n de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y pr�cticas, y fomentar� que los beneficios derivados de la utilizaci�n de esos conocimientos, innovaciones y pr�cticas se compartan equitativamente�, que hace parte de lo que se denomina la �conservaci�n in situ�.
Seg�n el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de 1966, norma incorporada a la legislaci�n colombiana mediante la Ley 74 de 1968, en su art�culo 27, en �los Estados en que existan minor�as �tnicas, religiosas o ling��sticas, no se negar� a las personas que pertenezcan a dichas minor�as el derecho que les corresponde, en com�n con los dem�s miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religi�n y a emplear su propio idioma�.
En tanto que seg�n la Convenci�n Internacional sobre la Eliminaci�n de todas las formas de Discriminaci�n Racial, de 1965, incorporada a la legislaci�n colombiana mediante la Ley 22 de 1981, en su art�culo 2.2, establece que los �Estados Partes tomar�n, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, econ�mica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protecci�n de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Esas medidas en ning�n caso podr�n tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales despu�s de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron�. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas�ha afirmado que garantizar �reas tradicionales de pesca, asegura a su vez pr�cticas de subsistencia de este tipo de comunidades.
De hecho, existe la Conferencia Global de Pescadores de Peque�a Escala realizada por el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO en Bangkok en el 2008, en la que se redact� un documento en el que se reconocen los derechos humanos de las comunidades pesqueras artesanales. Lo importante del contenido de la declaraci�n es que reconoce un conjunto de derechos y se invita a los Estados a proteger la identidad cultural, la dignidad humana y el ejercicio de los derechos tradicionales de las comunidades pesqueras, reconociendo la interdependencia e interconexi�n entre el bienestar y calidad de vida de las comunidades costeras y los ecosistemas acu�ticos de los que depende su sustento diario.
Finalmente, nuestra Corte Constitucional ha reconocido que �las comunidades de pescadores y todas aquellas que dependen de los recursos del medio ambiente, merecen una especial atenci�n por parte de los Estados, toda vez que son grupos de personas, en su mayor�a de bajos ingresos, que con su oficio artesanal garantizan su derecho a la alimentaci�n y a su m�nimo vital.
De hecho, es evidente la relaci�n �ntima que adquieren estas comunidades con los ecosistemas, que, junto con el ejercicio de su oficio tradicional, crean una identidad cultural. Es por eso que, al haberse producido da�os ambientales con el vertido de petr�leo ocasionado desde el oleoducto Trans�Ecuatoriano, de control y gesti�n de la empresa demandada PETROECUADOR y que afect� toda la zona y las aguas de la Ensenada de Tumaco, se concretaron perjuicios inmateriales en bienes protegidos constitucional y convencionalmente, consistentes en la perturbaci�n del estilo de vida de las comunidades afrodescendientes que deb�an conservarse y promoverse en su relaci�n singular e indiscutible con los bienes ambientales, recursos naturales y ecosistema del �rea, en especial con los recursos pesqueros, as� como por cercenarse con ello tradiciones, costumbres y pr�cticas ancestrales de pesca que debieron suspenderse por un tiempo y generando un ser�a limitaci�n a la libertad de oficio en igualdad de condiciones que a otras comunidades en la misma zona.
Por lo analizado, la Sala reconocer� ponderada y razonablemente, y con car�cter excepcional, la indemnizaci�n de estos perjuicios, los que se graduar�n como m�nimo en siete (7) salarios m�nimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la intensidad del fen�meno contaminante en los recursos marinos y su permanencia, que se despliega en la afectaci�n del estilo de vida de los demandantes y que condicionaron su calidad de vida de manera transitoria por lo que merecen ser compensados por �nica vez y en funci�n de un resarcimiento que restablezcan esa dimensi�n inmaterial, sin pretender su plena restituci�n a un estado anterior, sino aquella que por equivalencia represente en los recursos econ�micos para cada individuo, una mejor oportunidad de afrontar la perdida material por el per�odo de tiempo de afectaci�n. Ahora y como tambi�n se encuentra demostrada la producci�n de da�os ecol�gicos, los que se invocaron desde la demanda y cuya titularidad no se puede afirmar en cabeza de los demandantes, considera necesario este Tribunal reconocer que la contaminaci�n por derrame de hidrocarburos en la Ensenada de Tumaco en el a�o 1998, gener� adicionalmente da�os ecol�gicos y ambientales que afectaron a toda la comunidad tumaque�a que se sirve de dichas aguas, por lo que tambi�n resulta necesario disponer que la empresa demandada cumpla con su obligaci�n de (i) coordinar las medidas de prevenci�n para impedir cambios en los equilibrios ecol�gicos y (ii) prevenir la contaminaci�n y preservar el medio acu�tico; raz�n por la cual, se le ordenar� efectuar en la ciudad de Tumaco (Nari�o), un acto p�blico de sensibilizaci�n, formaci�n e informaci�n ante nuevos y potenciales derrames de petr�leo y de las medidas de aviso oportuno y de contenci�n que se podr�an adoptar, como aporte a la socializaci�n del conocimiento con la comunidad afrodescendiente afectada, respecto a este tipo de lamentables hechos que pueden ocurrir en la industria del petr�leo.
Para efectos de cumplir la obligaci�n aqu� se�alada, ser� necesario que PETROECUADOR coordine con las autoridades locales, Alcald�a de Tumaco, y bajo la supervisi�n de la Procuradur�a Nacional Delegada para Asuntos Ambientales, la protocolizaci�n y realizaci�n de dicho acto. En consecuencia, se anuncia conforme a lo expuesto, que la sentencia de primera instancia ser� revocada, no sin antes advertir que la suscrita Magistrada Ponente, con la presente decisi�n, recoge su criterio sentado en el fallo proferido el d�a 19 de enero de 2017 por este mismo Tribunal, donde no fungi� como Ponente, en la medida que el estudio de dicho asunto se ci�� a un an�lisis en extremo jur�dico civilista, y ahora, m�s all� de eso, se expone una tesis con enfoque supraconstitucional, y desde una perspectiva diferencial de minor�as �tnicas, como son los demandantes afrodescendientes, en aplicaci�n desde luego de los principios propios del derecho ambiental que se estiman completamente aplicables al presente caso.
Finalmente, atendiendo al resultado de la alzada, habr� de imponer condena en costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada, como lo ordena la regla cuarta del art. 365 del C. G. P., fijando el valor de las agencias en derecho. Para su tasaci�n, habr� de seguirse lo dispuesto en el art. 6� num. 1.1 del Acuerdo 2222 de 2003 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y, en tal sentido, se estimar�n las agencias en derecho en una suma equivalente al 3% de las pretensiones reconocidas.
En m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, EN SALA DE DECISI�N CIVIL-FAMILIA, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco al interior del presente asunto y, en su lugar, DISPONE: PRIMERO.- DECLARAR QUE LA EMPRESA ESTATAL PETR�LEOS DEL ECUADOR � PETROECUADOR, es civil y extracontractualmente responsable del da�o causado a los demandantes dentro del presente asunto, por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el municipio de Tumaco (N) en el a�o de 1998.
SEGUNDO. - CONDENAR a LA EMPRESA ESTATAL PETR�LEOS DEL ECUADOR -PETROECUADOR- al pago de una indemnizaci�n a favor de los demandantes reconocidos dentro de este proceso y por los perjuicios inmateriales a ellos causados, equivalente a siete (7) salarios m�nimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.� TERCERO.- ORDENAR a LA EMPRESA ESTATAL PETR�LEOS DEL ECUADOR �PETROECUADOR- que dentro de los tres (3) meses siguientes a su notificaci�n, y una vez ejecutoriado el presente fallo, realice en la ciudad de Tumaco (Nari�o) un acto p�blico de sensibilizaci�n, formaci�n e informaci�n, ante nuevos y potenciales derrames de petr�leo, de las medidas de aviso oportuno y de contenci�n que se podr�an adoptar, como aporte a la socializaci�n del conocimiento con la comunidad afrodescendiente afectada, respecto a este tipo de lamentables hechos que pueden ocurrir en la industria del petr�leo, todo en coordinaci�n con las autoridades locales, Alcald�a de Tumaco (Nari�o), y bajo la supervisi�n de la Procuradur�a Nacional Delegada para Asuntos Ambientales, o quien haga sus veces a nivel departamental.
COMUN�QUESE a las prenombradas, para lo de su cargo, anexando copia aut�ntica del presente fallo. CUARTO.- CONDENAR al pago de las costas procesales, de ambas instancias, a la empresa demandada. Al momento de tasar las mismas, t�ngase por Agencias en Derecho una suma equivalente al 3% de las pretensiones aqu� reconocidas. QUINTO.- ORDENAR, una vez en firme la presente decisi�n, el env�o del expediente al Juzgado de origen.
AIDA M�NICA ROSERO GARC�A Magistrada MARIA MARCELA P�REZ TRUJILLO Magistrada MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA Magistrada Lo que no implica que sea una tesis que se aparte de lo consagrado en los art�culos 2341 y 2356 del C�digo Civil, puesto que en diferentes ordenamientos jur�dicos han operado tesis como la de los problemas de vecindad cuando se trata de las actividades industriales; o la de la guarda o custodia ordinaria de las actividades; del abuso del derecho; de la aplicaci�n de la teor�a del riesgo. �Posiblemente esta tesis pueda tener alg�n juego cuando se trate de contaminaci�n h�drica, siempre que se pueda plantear una obligaci�n de custodia sobre los vertidos t�xicos o los desechos que puedan ser expulsados por las f�bricas a los afluentes � Pero ni siquiera esto puede asegurarse, dado que pese a las condiciones de las instalaciones y a la adopci�n de t�cnicas y medidas que mitiguen los vertidos, en muchas ocasiones estos escapan al control de las creaciones del hombre, lo que supone exigir tareas imposible que no se corresponden con la exigencia concreta de responsabilidad fundada en este criterio (de ah� que en la actualidad se ha incluido la cl�usula de la �mejor tecnolog�a disponible� [definida en el Umweltgesetzbuch (UGB) como �el estado de desarrollo alcanzado por los procesos efectiva y progresivamente, las facilidades o modos de operaci�n que en el espacio de los valores naturales y de otros recursos o de su prevenci�n aparecen en la pr�ctica, y en caso de ser imposible, minimizar todos los impactos adversos en los valores protegidos� cuando se determina la mejor tecnolog�a disponible, la consideraci�n en particular est� referida a la cuesti�n de qu� tecnolog�as comparables ha sido con �xito probadas recientemente y cu�les son los costos en proporci�n con los prop�sitos��.
Brice�o Chaves, Andr�s Mauricio, �La tutela civil del ambiente y la responsabilidad por da�os ecol�gicos y ambientales. Su reconocimiento jur�dico y sus limitaciones en el derecho europeo y comunitario europeo (especial referencia a la jurisprudencia espa�ola)�, en AAVV, Lecturas de Derecho del Medio Ambiente, T.XIV, 2010. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, MP.
Dr. William Nam�n Vargas. Sentencia del 16 de mayo de 2011. BRICE�O CHAVES, Andr�s Mauricio, Responsabilidad y protecci�n del ambiente: La obligaci�n positiva del Estado, 1� ed, Bogot�, Universidad Externado de Colombia, 2017, p.430. �En el derecho internacional p�blico, la responsabilidad por da�os ecol�gicos y ambientales ha empezado a abrirse paso en el marco de las importantes Declaraciones de Estocolmo (1972), R�o de Janeiro (1992) y Johannesburgo (2002), aunque en sus albores fue en el �mbito de la contaminaci�n del mar por hidrocarburos (1969) en donde se formul� uno de los primeros sistemas de responsabilidad por la contaminaci�n transfronteriza que se produc�a como consecuencia del transporte de hidrocarburos (entre los instrumentos internacionales se encuentra la Convenci�n de Bruselas de 18 de noviembre de 1971, relativa a las contaminaciones accidentales en el medio marino y su Protocolo modificatorio de 27 de noviembre de 1992, con los que se cre� el conocido Fondo Internacional de indemnizaci�n por los da�os debidos a la contaminaci�n por hidrocarburos �FIPOL-).
Este primer paso luego se fue perfilando mediante el reconocimiento de acciones legales destinadas a reclamar la reparaci�n de las p�rdidas o da�os causados al mar (Convenci�n de las Naciones Unidas acerca del derecho del mar firmada en Montego Bay � Jamaica � el 10 de diciembre de 1982 �art.232-, y Acuerdo relativo a la aplicaci�n de la parte XI de la Convenci�n de las Naciones acerca del derecho del mar, aprobado en New York el 28 de julio de 1994)�. Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Subsecci�n C, auto de 10 de diciembre de 2014, rad.23001-23-31-000-2012-00004-01 -46107-, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. �La contaminaci�n es un concepto �extra�do de la ciencia y que, en principio, ha sido traspuesto al derecho en sus complejos t�rminos, pese a la dificultad que pueda resultar para su valoraci�n jur�dica.
La >, pues, puede entenderse como el cambio f�sico, qu�mico o biol�gico del medio natural, en conjunto, o de alguno de los elementos o unidades f�sicas que lo componen� � �no es el concepto de contaminaci�n el que define el da�o ecol�gico y ambiental, ya que este s�lo viene a definir la situaci�n f�ctica, las condiciones y factores que inciden en la alteraci�n, modificaci�n o degradaci�n de la naturaleza o del ambiente, y la proyecci�n de estos en los diferentes �mbitos en los que se manifiesta��.
Brice�o Chaves, Andr�s Mauricio, Responsabilidad y protecci�n del ambiente: La obligaci�n positiva del Estado, 1� ed, Bogot�, Universidad Externado de Colombia, 2017, pp.606-607. Brice�o Chaves, Andr�s Mauricio. �Aproximaci�n a los conceptos de da�o ecol�gico y de da�o ambiental. Dos da�os en un mismo esquema de responsabilidad�, en Brice�o Chaves, Andr�s Mauricio (et al).
Da�o ambiental. T.II, Universidad Externado de Colombia, Bogot�, 2009, pp.26 y 27. Brice�o Chaves, Andr�s Mauricio. �Aproximaci�n a los conceptos de da�o ecol�gico y de da�o ambiental. Dos da�os en un mismo esquema de responsabilidad�, cit, pp.26 a 28. Audio 1, record: 01:00:00 Ley 70 de 1993, Articulo 2�. Corte Constitucional, Sentencia T-574 de 1996.
M.P. Dr. Alejandro Martinez Caballero. Cuaderno 1D, folio 1134-1137 y 1139-1142. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci�n Civil, sentencia de 9 de julio de 2010, M. P. Dr. William Nam�n Vargas, expediente N� 11001-3103-035-1999-02191-01. Sentencia de casaci�n del 18 de septiembre de 2009, M.P. William Nam�n Vargas, expediente: 20001-3103-005-2005-00406-01 �bid Flavio Peccenini, La liquidazione del danno morale, in Monateri, Bona, Oliva, Peccenini, Tullini, Il danno alla persona, Torino, 2000, Tomo I, 108 ss.
Citado en la sentencia de Casaci�n Civil del 18 de septiembre de 2009. Sentencia T -348 de 2012, M.p. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB �dem. INCLUDEPICTURE "http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/img/logo_rama_judicial.gif" \* MERGEFORMATINET Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto PAGE Apelaci�n de sentencia en proceso ordinario N� 2011-00019-00 (470-03) P�gina PAGE 2 de NUMPAGES 22 INCLUDEPICTURE "http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/img/logo_rama_judicial.gif" \* MERGEFORMATINET Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelaci�n de sentencia en proceso ordinario N� 2011-00019-00 (470-03) P�gina PAGE 1 de NUMPAGES 22 GJors���������B �Һ��v_v_v_H_1_,h�qMh0p5�B*CJOJQJ^JaJph,h�qMh�H�5�B*CJOJQJ^JaJph,h�qMh�B�5�B*CJOJQJ^JaJph,h�qMh�%Z5�B*CJOJQJ^JaJph)h�qMh R_B*CJOJQJ^JaJph/h�qMh�%Z5�B*CJOJQJ\�^JaJph/h�qMh R_5�B*CJOJQJ\�^JaJph,h�qMh R_5�B*CJOJQJ^JaJph,h�qMh�#5�B*CJOJQJ^JaJph��#$mnz������������� $IfgdjR $dh*$a$gdjR m$gd9�$a$gdjR 5d�&d 1$P�� gd�B1 5d�1$gd�B1 5d�1$gd� X B � � � � H R c d q s � � � 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