Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 2016-00265-00 (802-01)

Sala: SALA CIVIL - FAMILIA

Ponente: María Marcela Pérez Trujillo

Fecha: 2018-05-11

Sujetos procesales: DEMANDANTE: MCCB \ DEMANDADO: DJTP

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CUOTA ALIMENTARIA � Requisitos - Procedencia de la imposici�n al demandado de una cuota alimentaria a favor de la c�nyuge inocente, al encontrarse satisfechos los presupuestos para ello, en tanto existe la necesidad alimentaria de la actora, al carecer de bienes propios de los cuales pueda adquirir los recursos para su subsistencia y la capacidad econ�mica de aquel. / REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER P�BLICO  TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL FAMILIA Magistrada Ponente: MAR�A MARCELA P�REZ TRUJILLO Pasto, once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018) Procede la Sala a dictar sentencia por escrito respecto del recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 2 de octubre de 2017 por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Pasto, dentro del proceso de cesaci�n de efectos civiles de matrimonio religioso promovido por MCCB frente a DJTP.

I.- ANTECEDENTES LAS PRETENSIONES Pidi� la actora se declare la cesaci�n de efectos civiles del matrimonio cat�lico, celebrado entre ella y el demandado en la parroquia Nuestra Se�ora del Carmen de esta ciudad, con fundamento en las causales primera y segunda del art�culo 154 del C.C., as� como tambi�n la disoluci�n de la sociedad conyugal, para proceder a su liquidaci�n. Solicit� que la custodia y cuidado personal de la ni�a NTC se deje a su cargo, fij�ndose una cuota alimentaria equivalente a un mill�n de pesos ($1.000.000) con un incremento anual del SMLMVA.; se fije el r�gimen de visitas el d�a domingo de cada semana de nueve de la ma�ana a una de la tarde; y se establezca la patria potestad compartida respecto de la menor.

Requiri� que se fije una cuota alimentaria a cargo del demandado, por haber dado lugar al divorcio en una suma equivalente a dos millones de pesos ($2.000.000) mensuales con un incremento anual del SMLMV. FUNDAMENTO F�CTICO Afirm� la demandante que contrajo matrimonio cat�lico con el demandado el d�a 22 de diciembre de 1990 en la Parroquia Nuestra Se�ora del Carmen de esta ciudad, registrado a folio � del Registro Civil de Matrimonios de la Notaria Primera del C�rculo de Pasto.

Sostuvo que en el matrimonio procrearon a sus hijas PJ, GM y NTC, esta �ltima menor de edad. Indic� que aproximadamente cinco a�os atr�s el demandado comenz� a tener actitudes sospechosas, y en especial la siguientes: encontr� a su c�nyuge recostado en un mueble de la casa con la empleada del servicio, encontr� mensajes de texto comprometedores con otra persona, y sus hijas efectuaron una video llamada al se�or DT, advirtiendo que �ste se encontraba en un hotel con otra mujer.

Inform� que con ocasi�n a ello ha recibido de su esposo un permanente maltrato psicol�gico que ha conllevado a que tenga que recurrir a profesionales de la psicolog�a a que le ayuden a superar dicho maltrato y apoyarse con sus hijas. Afirm� que se ha presentado incomprensi�n de pareja, incomunicaci�n, se rompi� la colaboraci�n y auxilio mutuo por parte de su c�nyuge, lo que gener� que a partir del 8 de septiembre de 2016, se separaran de hecho, viviendo en habitaciones diferentes, pero no tienen comunicaci�n, realizando una vida independiente para cada uno. Finalmente adujo que el se�or DJTP es comerciante, propietario de varios bienes inmuebles y veh�culos de servicio p�blico, por lo cual adquiere utilidades que superan los DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) por lo cual tiene capacidad econ�mica para fijarle alimentos a favor de su hija menor y su c�nyuge.

CONTESTACI�N. Asegur� el demandado que nunca ha incurrido en conductas que pongan en riesgo el bienestar del matrimonio, y que las supuestas infidelidades son el resultado de la imaginaci�n de la demandante, derivadas del posible s�ndrome de Otelo, raz�n por la cual se busc� apoyo psicol�gico. Se�al� que no ha admitido ser infiel a su esposa, as� como tampoco ha efectuado malos tratos a aquella; no obstante se�al� que han existido discusiones derivadas a las escenas de celos, las cuales han generado un ambiente hostil.

Se�al� que si bien se dedica al comercio de granos, no es cierto que dicho oficio le reporte los ingresos se�alados en la demanda; bajo esa perspectiva se�al� viable que se fije una cuota alimentaria a favor de su hija; empero precis� que esta debe ser proporcional a la necesidad alimentaria y a la capacidad del alimentante. Bajo ese contexto formulo la excepci�n de carencia de objeto para demandar, al se�alar que no se estructuran las causales de divorcio 1 y 3 del art�culo 154 del C�digo Civil.

SENTENCIA Mediante sentencia de 2 de octubre de 2017 el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Pasto, declar� no probada la excepci�n de fondo planteada por el demandado, decret� la cesaci�n de los efectos civiles de matrimonio religioso contra�do por MCCB y DJTP, por las causales 1� y 2� del art�culo 154 del C.C.;como consecuencia de ello declar� disuelta y en estado de liquidaci�n la sociedad conyugal, impuso al demandado una cuota alimentaria a favor de la demandante, dispuso la residencia separada de los c�nyuges, fij� el r�gimen de custodia, cuidado personal, alimentos y visitas de la ni�a NTC.

APELACI�N El recurso de apelaci�n sustentado en audiencia se sintetiza por la Sala de la siguiente manera: (i) Censur� la valoraci�n probatoria de la juzgadora de primera instancia, argumentando que los mensajes de WhatsAap, y la video llamada fueron declaradas como ilegales por la juez de primer grado y por tanto al desaparecer del escenario procesal no debieron �stas ser tenidas en cuenta por aquella.

(ii) Asegur� los testimonios de las hijas de la pareja dan cuenta del cumplimiento de los deberes de padre del se�or DT; y que el incumplimiento de los deberes de esposo se fundan en el informe de la visita de la trabajadora social del juzgado, la cual �nicamente plasma la versi�n de la demandante, conculcando el derecho al debido proceso y contradicci�n del demandado.

(iii) Se�al� que es el se�or DT quien sufraga las necesidades econ�micas de su esposa, como quiera que sus dos hijas no son econ�micamente productivas. (iv) Sostuvo que la juzgadora a quo no indag� en el interrogatorio de parte por causa de que extremo de la lid se produjo la separaci�n de cuerpos �aun cuando la pareja vive en la misma casa-(v) Se�al� que no se acredito en debida forma las relaciones sexuales extramatrimoniales o el incumplimiento de los deberes como padre y esposo(vi) Censur� que la juzgadora si bien advirti� que el fallo tendr�a en cuenta la prueba indiciaria, no se indic� cual fue �sta para que le permitiera controvertir tales argumentos.

(vii) Adujo que se fij� una cuota alimentaria sin determinar la necesidad alimentaria de la demandante, y la capacidad econ�mica del demandado II.- CONSIDERACIONES PROBLEMAS JUR�DICOS. Corresponde a la Sala determinar si se acredit� el maltrato psicol�gico o la infidelidad del demandado para que prospere la demanda de cesaci�n de efectos civiles de matrimonio religioso y declarar al se�or DJTP como c�nyuge culpable.

Igualmente deber� verificar la Sala si los elementos de persuasi�n recaudados permiten determinar la necesidad alimentaria de la se�ora MCCB, y la capacidad econ�mica de DJTP. CASO CONCRETO. 1.- El articulado de la Ley 25 de 1992 o ley del divorcio, desarrolla los incisos 9� a 13� del art�culo 42 de la Constituci�n Pol�tica de 1991, en el sentido de procurar una reglamentaci�n legal de divorcio compatible con el deber que tienen la sociedad y el Estado de garantizar una protecci�n integral de la familia, de aplicar los principios de igualdad y libertad de las diferentes confesiones religiosas e iglesias ante la ley y de proteger el derecho a la integridad personal y familiar cu�ndo los conflictos hogare�os deban dirimirse con la intervenci�n del �rgano judicial.

Las causales de divorcio consagradas en el art�culo 6� de la ley 25 de 1992, se aplican en los eventos en que se pretenda tanto el divorcio de matrimonio civil como la cesaci�n de los efectos civiles por divorcio de matrimonios celebrados conforme a los c�nones o reglas de cualquier confesi�n religiosa o iglesia legalmente reconocida. Ahora bien, de esas causales la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de se�alar que algunas de ellas devienen como sanci�n (causales subjetivas) ante la violaci�n de los deberes de los c�nyuges tanto en esa condici�n como en la condici�n de padres y/o madres; y otras denominadas causales remedio y objetivas, no comportan culpa de uno u otro c�nyuge, en tanto otras pueden ser demandadas por uno u otro independientemente de su culpabilidad o de su inocencia. Precisamente sobre este punto en particular, la Corte Constitucional ha se�alado lo siguiente: �Las causales del divorcio han sido clasificadas por la jurisprudencia y la doctrina en objetivas y subjetivas: Las causales objetivas se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, lo que conduce al divorcio �(�) como mejor remedio para las situaciones vividas�.

Por ello al divorcio que surge de esta causales suele denomin�rsele �divorcio remedio�. Las causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los c�nyuges, y el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos c�nyuges de disolver el v�nculo matrimonial. A este grupo pertenecen las causales de los numerales 6, 8 y 9 ib�dem.

Por otra parte, las causales subjetivas se relacionan con el incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser invocadas solamente por el c�nyuge inocente dentro del t�rmino de caducidad previsto por el art�culo 156 del C�digo Civil �modificado por el art�culo 10 de la Ley 25 de 1992, con el fin de obtener el divorcio a modo de censura; por estas razones el divorcio al que dan lugar estas causales se denomina �divorcio sanci�n�. La ocurrencia de estas causales debe ser demostrada ante la jurisdicci�n y el c�nyuge en contra de quien se invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar que los hechos alegados no ocurrieron o que no fue el gestor de la conducta.

Adem�s de la disoluci�n del v�nculo marital, otras de las consecuencias de este tipo de divorcio son la posibilidad (i) de que el juez imponga al c�nyuge culpable la obligaci�n de pagar alimentos al c�nyuge inocente �art�culo 411-4 del C�digo Civil; y (ii) de que el c�nyuge inocente revoque las donaciones que con ocasi�n del matrimonio haya hecho al c�nyuge culpable �art�culo 162 del C�digo Civil.

Pertenecen a esta categor�a las causales descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del art�culo citado.� 2.- Desde esa �ptica recu�rdese que el art�culo 154 del C�digo Civil prev� como causal de divorcio el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los c�nyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres, precisamente sobre esta causal en particular la doctrina nacional se�ala lo siguiente: �Debe observarse que la amplitud de esta causal va hasta el extremo de que las dem�s causales debidas a culpa (1�, 3�, 4�, 5�, y 7�), no son sino especializaciones de ella, pero que el legislador, en virtud de su gravedad, estimo oportuno enunciarlas espec�ficamente�, Bajo esa perspectiva, a juicio de la Sala la demanda de divorcio se torna obscura en su contenido, como quiera que de forma reiterativa indica existir maltrato psicol�gico por parte del demandado, al tiempo que se invoca la causal segunda de divorcio, cuyas caracter�sticas gen�ricas, podr�an llevar a una equivoca invocaci�n normativa, luego entonces, observemos lo que la Corte Suprema ha se�alado sobre la interpretaci�n del libelo introductorio, a saber: �En otros t�rminos, la demanda debe interpretarse integralmente, armonizando la pretensi�n con sus razones f�cticas y jur�dicas, para, seg�n lo tiene explicado la Corte, no �sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal�.

Esto implica que en esa labor el juez debe examinar la demanda ��en su conjunto, en forma razonada y l�gica, como quiera que la intenci�n del actor muchas veces no est� contenida en el cap�tulo de las s�plicas, sino tambi�n en los presupuestos de hecho y de derecho por �l referidos a lo largo de la pieza fundamental��. Basta, entonces, que la intenci�n del demandante aparezca clara en el libelo, ya de manera expresa, ora porque se deduzca de todo su texto mediante una interpretaci�n razonable.

De ah� que, como en el mismo antecedente se reiter�, la �torpe expresi�n de las ideas per se no puede ser motivo de rechazo del derecho suplicado cuando �ste alcanza a percibirse en su intenci�n y en la exposici�n que de los presupuestos f�cticos hace el demandante en su demanda��.� As�, recu�rdese que dentro de los fundamentos facticos de la demanda de la referencia (fl.4), se expuso que �(�) la se�ora MCCB ha recibido de su esposo DJTP un permanente maltrato psicol�gico, que ha conllevado a que tenga que recurrir a profesionales de la psicolog�a a que le ayuden a superar dicho maltrato, y apoyarse ante sus hijas quienes le colaboran para poderlo superar, (�)� En consonancia con lo anterior, esta Corporaci�n advierte que tanto la prueba documental, la testimonial y el interrogatorio de parte del demandado fue solicitada en el libelo de postulaci�n (fls. 11 y 12) con el objeto de acreditar tanto las infidelidades del se�or DT, como el maltrato psicol�gico que �ste ejerc�a sobre la se�ora MCCB; y finalmente, se solicit� como una de las medidas cautelares la residencia separada de los consortes, con el prop�sito de prevenir que se cometan delitos como el de violencia intrafamiliar y otros (fl. 10) Como puede apreciarse, son dos las causas que sirven de fundamento a la demanda de divorcio, la infidelidad y el maltrato psicol�gico alegado, circunstancias �stas que deben encuadrarse en los enunciados normativos de las causales de divorcio primera y tercera, y que ciertamente tambi�n se mirar�an imbuidas �por su amplitud- en la causal segunda por cuenta del incumplimiento de los deberes de fidelidad y respeto debidos entre los c�nyuges, todo ello en aplicaci�n del principio iura novit curia, en tanto el funcionario judicial es el que define el derecho que debe aplicarse en cada proceso y no las partes.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que �(�) �en raz�n del postulado �da mihifactum et dabo tibi ius� los jueces no quedan sujetos a las alegaciones o fundamentos jur�dicos expresados por el actor, porque lo que delimita la acci�n y constituye la causa petendi no es la fundamentaci�n jur�dica se�alada en la demanda �la cual puede ser muy sucinta y no tiene que coincidir con lo que el funcionario judicial considere que es el derecho aplicable al caso�, sino la cuesti�n de hecho que se somete a la consideraci�n del �rgano judicial�.

(CSJ SC13630-2015, 7 Oct. 2015, Rad. 2009-00042-01)�(Negrilla fuera de texto) En adici�n a lo expuesto, ha de resaltarse que el extremo pasivo de la lid, tuvo la oportunidad de controvertir los fundamentos de hecho sobre los cuales se aleg� el maltrato psicol�gico, como en efecto lo realiz� en la litis contestatio, de ah� que pueda esta Judicatura estudiar de forma plena si se acredit� la causal tercera de divorcio y/o el incumplimiento del deber de respeto entre los consortes. 3.- Precisamente la Corte Constitucional ha se�alado que el maltrato psicol�gico se encuadra dentro de las hip�tesis de la mencionada causal, y se distingue por las siguientes caracter�sticas: �36.

La violencia psicol�gica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorizaci�n e inferioridad sobre s� misma, que le generan baja de autoestima. Esta tipolog�a no ataca la integridad f�sica del individuo sino su integridad moral y psicol�gica, su autonom�a y desarrollo personal y se materializa a partir de constantes y sistem�ticas conductas de intimidaci�n, desprecio, chantaje, humillaci�n, insultos y/o amenazas de todo tipo.

(�) 39. A partir de todo lo analizado hasta ahora, para esta Corte es claro que, de los mandatos contenidos en la Constituci�n y en las Convenciones sobre protecci�n a la mujer, se deduce que el Estado tiene obligaciones ineludibles en torno a la eliminaci�n de cualquier tipo de discriminaci�n o violencia ejercida contra una persona por raz�n de su sexo.

As�, por ejemplo, se extrae que el Estado debe a) garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia y discriminaci�n por raz�n del sexo; b) prevenir y proteger a las mujeres y las ni�as de cualquier tipo de discriminaci�n o violencia ejercida en su contra; e c) investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas otras. 40.

Esta �ltima obligaci�n, en esencia, dentro de nuestro ordenamiento, est� en cabeza de la Rama Judicial del Poder P�blico; por lo que, son los operadores judiciales del pa�s quienes deben velar por su cumplimiento. Sin embargo, como qued� evidenciado, una de las mayores limitaciones que las mujeres encuentran para denunciar la violencia, en especial la dom�stica y la psicol�gica, es la tolerancia social a estos fen�menos, que implica a su vez la ineficacia de estos procesos y las dificultades probatorias a las que se enfrenta la administraci�n de justicia frente a estos casos.� Y m�s adelante se�al� en cuanto a la dificultad probatoria en este tipo de casos: �En efecto, esta Sala Recuerda que, como se explic� con anterioridad, la violencia psicol�gica y dom�stica que ocurre en el hogar tiene una dificultad probatoria muy alta si se verifica desde los par�metros convencionales del derecho procesal, debido a que el agresor busca el aislamiento y el ocultamiento de los hechos violentos.

Por tanto, es claro que las v�ctimas de tales agresiones tienen como �nica posibilidad de protecci�n abrir los espacios de intimidad familiar a sus m�s allegados. En esa medida, desde una perspectiva de g�nero, es necesario que los operadores de justicia, empleen la flexibilizaci�n de esas formas de prueba, cuando se denuncia la violencia al interior del hogar.� (Negrilla fuera de texto) Bajo esa coyuntura, recu�rdese que GMTC (audio y video parte 2, min. 44:48) hija de las partes afirm� lo siguiente: �(�) pues desde peque�as, �l ha sido muy duro con ella, no s�, de un coraz�n frio, no s� qu� era lo que le pasaba con ella, pues cuando �ramos peque�as si la maltrataba f�sicamente y ahora pues tambi�n psicol�gicamente, ya hemos hablado con �l, �l pues haya cambiado un poco pero si ha habido maltrato m�s psicol�gico (�)�, y al preguntarle la juzgadora de primer grado en que consist�a el mencionado maltrato respondi�: �(�) pues que le dice muchas groser�as, que dice que es tonta, que no sirve para nada,que no vale para nada y qu� pues somos la peor desgracia que le ha pasado en la vida (�)� Como se puede apreciar, la declaraci�n anterior se torna veros�mil y conteste, en tanto expone las circunstancias que en el �mbito familiar a ha podido percibir como constitutivas maltratamiento f�sico y actualmente sicol�gico que su padre DT ha realizado respecto de su madre MCC, sin que de su dicho pueda esta judicatura advertir contradicciones o inconsistencias que enerven la credibilidad del testigo, m�s aun cuando es por la cercan�a y familiaridad con ambas partes las que le dan fuerza probatoria a su dicho.

Por su parte en el interrogatorio de parte, la se�ora MCCB (1:32:24 audio parte 1), se�al� haber padecido de maltrato por parte de su esposo por cuanto �ste se ha referido a ella de forma despectiva, menospreciativa y refiriendo un sentimiento de rechazo por parte de aquel, por lo cual acudi� a tratamiento psicol�gico, exponiendo:�(�) yo asist� donde el doctor C�stulo Cisneros porque a m� me dio depresi�n medio como el coraz�n parec�a que se me quedaba entonces yo fui donde varios doctores,(�) �ltimamente he ido donde el doctor Uribe doctor Gerardo Uribe (�) yo fui por depresi�n porque a cada rato pues me daba depresi�n y todo eso, pero entonces es doctor Uribe me ha sacado adelante me ha hecho valorar lo de la mujer, �l me ha inculcado cosas bonitas de una mujer, los cuales yo quiero hacer respetar porque tengo mis hijas y tengo que darles buen ejemplo tambi�n, porque tambi�n �l es como de machista.� Igualmente, en el informe de trabajo social (fl. 139) se arrib� entre otras conclusiones a la siguientes �De lo narrado por la persona entrevistada, en este caso la se�ora MCC, se perciben indicios de violencia en contra de la mujer, tanto en el aspecto sicol�gico, como emocional y econ�mico.

Aunque la principal v�ctima puede ser la se�ora MCC, ello no implica que de una u otra manera sus tres hijas est�n o hayan estado afectadas por tal situaci�n� (Negrilla fuera de texto) Como se puede apreciar, el informe de la Asistente Social del Juzgado de primer grado refleja la percepci�n que la mencionada funcionaria obtuvo de la visita realizada al hogar conyugal, que coincide de forma clara con la declaraci�n rendida por la hija de la pareja GM as� como con la declaraci�n de parte de la se�ora MC, emanando de esa convergencia la fuerza probatoria del dicho elemento de convicci�n, de ah� que no le asiste la raz�n al apoderado de la parte demandada cuando en su apelaci�n manifiesta que tal informe no puede ser tenido en consideraci�n por cuanto su patrocinado no estuvo presente en la visita realizada para el efecto, pues se insiste que en �l se deja constancia de la apreciaci�n de la empleada judicial, y que en todo caso, dicho extremo ha podido controvertirlo, como en efecto se realiza con el recurso que se desata en esta oportunidad. 4.- Desde otra perspectiva, recu�rdese igualmente que se ha se�alado en el libelo de postulaci�n que el se�or DJT, no ha cumplido con su deber de fidelidad para con su consorte, respecto de lo cual se realizan las siguientes precisiones: Sea lo primero advertir que ciertamente los mensajes de datos que en copia se aportaron al plenario fueron declarados como prueba il�cita por la juzgadora de primera instancia, raz�n por la cual despojados de cualquier valor de persuasi�n esta Judicatura valorar� los dem�s medios de prueba que yacen en el plenario.

En efecto obs�rvese que las se�oritas PJ y GMTC afirmaron en su declaraci�n que realizaron una video llamada a su progenitor desde C y se percataron que estaba en un hotel, acompa�ado de una mujer, siendo evidente el nerviosismo de �ste, como consecuencia a que sali� de forma apresurada del lugar, y cuando pens� haber finalizado la llamada retorn� al mismo, siendo ayudado por su acompa�ante para terminar la video llamada.

Igualmente las testigos indican que en un viaje familiar a la ciudad de Medell�n, su padre recibi� un mensaje de un contacto de nombre �Noraldo�, que contaba con una foto de perfil femenina, en el que le se�alaba �mi amor ya estoy con mi hermana�, verificando con posterioridad que con el mencionado n�mero telef�nico permanec�a en permanente contacto y correspond�a a una mujer de nombre �N�, quien anteriormente trabajo en la bodega con el demandado.

Estas declaraciones, a juicio de la Sala son veros�miles, en tanto especifican las circunstancias bajo las cuales aquellas pudieron advertir de dichos sucesos que afectaban el n�cleo familiar, y por tanto susceptibles de irrogar plenos efectos probatorios dentro del sub judice. En ese contexto se tiene que la prueba testimonial �y no los mensajes de datos como lo se�ala el apelante-, si bien no son prueba directa de una relaci�n sexual extramatrimonial, si permiten inferir que el padre de las deponentes mantuvo un trato afectivo con una persona diferente a su madre, y que desde luego califican como una relaci�n abiertamente dis�mil al que de ordinario prodigar�a con cualquier otra persona o empleado, de ah� que ciertamente se aprecie el incumplimiento del deber de fidelidad que entre los consortes deben guardarse, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 176 del C�digo Civil.

Bajo esa perspectiva, esta Corporaci�n advierte que se han corroborado las causales segunda y tercera de divorcio previstas en el art�culo 154 del C�digo Civil, en tanto se deduce de forma clara que el se�or DJT no solo ha faltado de forma grave a la obligaci�n de respeto y fidelidad debido para con su c�nyuge, sino que ha sido causante del maltrato psicol�gico -continuado- padecido por la se�ora MCC, quien ha sido tratada profesionalmente de la depresi�n derivada de �stos, razones suficientes para que se abra paso la cesaci�n de los efectos civiles del matrimonio religioso, y la consecuente declaraci�n de c�nyuge culpable del demandado. 5.- Para abordar el segundo de los problemas jur�dicos planteados, recu�rdese que la noci�n del derecho de alimentos lleva consigo la posibilidad de exigir por parte de los titulares de este derecho, las asistencias necesarias para su subsistencia, a los sujetos obligados por la ley a suministrarlos, cuando no cuenten con la capacidad econ�mica para procur�rselas por s� mismos.

Luego, apr�ciese que numeral 4 del art�culo 411 del C�digo Civil, modificado por el art�culo 23 de la Ley 1� de 1976, se�ala que los alimentos se encuentran �A cargo del c�nyuge culpable, al c�nyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa.� Desde esa perspectiva, para la existencia de la obligaci�n alimentaria es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos: �(i) Que el peticionario carezca de bienes y, por consiguiente, requiera los alimentos que demanda;

(ii) Que la persona a quien se le piden alimentos tenga los recursos econ�micos para proporcionarlos y (iii) Que exista un v�nculo de parentesco o un supuesto que origine la obligaci�n entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos�..Sobre este tema, la jurisprudencia ha dicho: �El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.� Bajo esa perspectiva t�ngase en consideraci�n que PJTC (Audio y video parte 2, min.1:19:41) se�al� de forma expresa dentro del plenario que la se�ora MCCB depende econ�micamente del se�or DJTP, lo cual es corroborado por la trabajadora social del juzgado a quo (Fl. 140), no existiendo prueba en el expediente de que aquella cuente con bienes propios de los cuales pueda adquirir los recursos para su subsistencia, de ah� que se tenga por acreditada la necesidad alimentaria de la c�nyuge inocente; sucediendo lo propio respecto de la necesidad alimentaria de la ni�a NTC, en tanto se trata de una menor de edad que dependiente de los recursos que su padre le provea.

Ahora bien, recu�rdese que el se�or DJTP confes� en el interrogatorio a �l practicado que contaba con unos ingresos de entre tres y cuatro millones de pesos, raz�n por la cual se bien el demandado contaba con la posibilidad de aportar los libros contables de su actividad comercial o las declaraciones de renta correspondientes para infirmar su capacidad econ�mica, ning�n esfuerzo probatorio realiz� al respecto, raz�n por la cual se estima ajustada la decisi�n de primera instancia respecto de la cuota alimentaria fijada a favor de la c�nyuge inocente as� como a la hija menor de edad habida en el matrimonio, sin perjuicio, de que en el evento en que var�en las condiciones econ�micas del alimentario o la necesidad de la alimentarias se promueva las acciones pertinentes de incremento o reducci�n, en tanto, este punto en espec�fico � esto es la cuota alimentaria- hace tr�nsito a cosa juzgad formal.

En ese contexto, se confirmar� la sentencia apelada por las razones aqu� expuestas, y se condenar� en costas a la parte apelante o demandada, en los t�rminos del art�culo 365 numeral 1 del C.G.P. Como agencias en derecho se se�ala la suma de un salario m�nimo mensual legal vigente. III.- DECISI�N En raz�n y m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, SALA CIVIL FAMILIA, administrando Justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de octubre de 2017 por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Pasto, dentro del proceso de cesaci�n de efectos civiles de matrimonio religioso promovido por MCCB frente a DJTP. SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la parte apelante. Como agencias en derecho se se�ala la suma de un salario m�nimo mensual legal vigente.

NOTIF�QUESE Y C�MPLASE MAR�A MARCELA PEREZ TRUJILLO Magistrada AIDA M�NICA ROSERO GARC�A Magistrada MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA Magistrada Inciso 1� del Art�culo 5� de la Ley 25 de 1992.  Inciso 2� ib�dem.  Cfr. sentencia C-1495 de 2000,M.P. �lvaro Tafur Galvis.  Ver GARC�A SARMIENTO, Eduardo. Elementos del derecho de familia. Bogot�: Editorial Facultad de Derecho, 1999.  Es preciso anotar que a partir de la Ley 962 de 2005, tambi�n posible que el divorcio por mutuo acuerdo se lleve a cabo ante una notar�a mediante escritura p�blica.

Esta posibilidad fue reglamentada por el Decreto 4436 de 2005.  Ver GARC�A SARMIENTO, Eduardo. Elementos del derecho de familia. Bogot�: Editorial Facultad de Derecho, 1999.  Corte Constitucional. Sentencia C-985 de 2010. VALENCIA ZEA Arturo, ORTIZ MONSALVE �lvaro, Derecho Civil, Tomo V, Derecho de Familia. S�ptima edici�n. Ed. Temis. P�g. 252.  Sentencia de 16 de febrero de 1995 (CCXXXIV, 234). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION CIVIL, Sentencia de 5 de septiembre de 2002.

Magistrado Ponente: JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ. Referencia: Expediente No. C-6632  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, Sentencia STC6507-2017, Magistrado Ponente: ARIEL SALAZAR RAM�REZ  Ib�dem Seg�n el art�culo 3� de la Ley 2157 de 2008, el da�o psicol�gico es el �proveniente de la acci�n u omisi�n destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidaci�n, manipulaci�n, amenaza, directa o indirecta, humillaci�n, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicol�gica, la autodeterminaci�n o el desarrollo personal.�  Rese�adas en los p�rrafos 26 a 29 de esta sentencia  Corte Constitucional, Sentencia T-967-14  Ib�dem. Corte Constitucional, sentencia T-506 de 2011.

M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, sentencia C-237 de 1997. M.P. Carlos Gaviria D�az.     PAGE \* MERGEFORMAT2 Proceso: Divorcio Radicado: 2016-00265-00 (802-01) Demandante: MCCB Demandado: DJTP 7[^���� #  � � � � ��ų�}�}�b�G�,�5h�qCh�y�B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qChBN�B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qCh�p~B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qCh�W�B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qChZ�B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH #h�#hZ�CJOJQJ\�^JaJ&h�#hZ�5�CJOJQJ\�^JaJ&h�#hz�5�CJOJQJ\�^JaJ#h�#hz�5�CJOJQJ^JaJ� �, - C c e � � � � � �  X ����������������$ � dh5$7$8$9DH$a$gd� � $dha$gd� � $dha$gd� �$dh5$7$8$9DH$a$gd� �$5$7$8$9DH$a$gd�~�$&d P�� a$gd8JF$a$gdz�$a$gdZ�� � � � � � � �  �ɮ�v[@%5h�qChz�B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qCh�K B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qCh�Z)B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 8h�qCh�Z)5�B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qChTT+B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qChZ�B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qCh _^B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qCh�D B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH   +; = � � � �   " (, �ɫɐu�Z�Zu�?5h�qCh�#B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qCh*%bB*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qCh�8SB*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h�qCh�K B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH :h�qCh*%bB*CJOJQJ^JaJfHphq� 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