73675.60.00.477.2016.80049.01 - NI54873 · Tribunal de Ibagué

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Contra: Yuri Mardely Ruiz Clavijo y Diana Clarisa Trejos Bland�n. MAGISTRADA PONENTE: JULIETA ISABEL MEJ�A ARCILA Aprobado en Acta No. 362 Ibagu�, (22) veintid�s de mayo de dos mil diecinueve (2019) ASUNTO Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el defensor de YURI MARDELY RUIZ CLAVIJO y DIANA CLARISA TREJOS BLAND�N, contra la sentencia proferida el 06 de diciembre de 2017, por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Planadas, Tolima, en la que las conden� como coautoras de la conducta punible de hurto calificado agravado.

SIN�PSIS F�CTICA Fueron narrados por el a quo en la providencia recurrida de la siguiente forma: �Los hechos tuvieron ocurrencia el d�a 12 de junio de 2016 cuando a eso de las 17:45 horas aproximadamente los agentes de la Polic�a Nacional OSCAR BARAHONA y JUAN DAVID CORREA VASQUEZ se encontraban prestando guardia en la Estaci�n de Polic�a del Corregimiento de Gaitania del municipio de Planadas Tolima, observando dos ciudadanas seguidas de otra que solicitaba detenerlas por haberle hurtado su celular bajo amenaza, por lo que los policiales emprenden su persecuci�n sin perderlas de vista, hasta que las dos mujeres ingresan a un hospedaje ubicado frente al parque principal y luego a una de las habitaciones.

Ante esto y junto al propietario del sitio, quien da la autorizaci�n, se produce el ingreso al reciento, all� encuentran a las ciudadanas al tiempo que arrojan unos elementos debajo de la cama, estos son un celular y dos armas corto punzantes tipo navaja y cuchillo, siendo reconocido el equipo m�vil por su propietaria, quien se�ala adem�s que con esas armas fue intimidada previamente para despojarle de su celular, as� se logra capturar a YURI MARDELY RUIZ CLAVIJO y DIANA CLARISA TREJOS BLAND�N las cuales fueron puestas a disposici�n de las autoridades judiciales competentes�.

TR�MITE PROCESAL El 13 de junio de 2016, se llev� a cabo ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Chaparral, Tolima, la audiencia en la que se legalizaron las capturas, se formul� imputaci�n y se les impuso medida de aseguramiento de detenci�n preventiva en el domicilio a las implicadas, por la conducta punible de hurto calificado y agravado, contemplada en los art�culos 240 inciso 2� por la violencia contra las personas y 241 numeral 10� del C�digo Penal porque el delito se cometi� por dos personas, cargos que no fueron aceptados.

Presentado el escrito de acusaci�n el conocimiento de la presente actuaci�n correspondi� al Juzgado Promiscuo Municipal de Planadas, Tolima, donde despu�s de se�al varias fechas para la celebraci�n de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, el 15 de marzo de 2017, se vari� la misma por la verificaci�n de un preacuerdo celebrado por la Fiscal�a con las procesadas, quienes aceptaron los cargos imputados, a cambio de que se les reconociera la circunstancia de menor punibilidad de pobreza extrema contemplada en el art�culo 56 del Estatuto Penal.

Una vez verificada la negociaci�n preacordada, el Juez de conocimiento le imparti� legalidad y seguidamente agot� el tr�mite contenido en el art�culo 447 del C�digo de Procedimiento Penal. Acto seguido en audiencia llevada a cabo el 6 de diciembre de 2017, se procedi� a dar lectura a la sentencia respectiva en la que se conden� a las procesadas por la conducta endilgada y aceptada.

DECISI�N DE PRIMERA INSTANCIA El a quo mediante sentencia, luego de hacer un recuento del acontecer f�ctico, jur�dico, procesal y valorativo del recaudo de los elementos materiales probatorios allegados al proceso, concluy� que existe certeza racional acerca de los presupuestos estructurales para emitir sentencia condenatoria, por estar demostrada la conducta delictiva y que las acusadas fueron las responsables, pues ten�an pleno conocimiento de los actos que estaban desarrollando y quisieron materializarlos para atentar contra el patrimonio econ�mico de la se�ora M�nica Mestizo Silva, en la medida que ejercieron violencia a �sta �ltima a trav�s del uso de armas blancas para despojarla de un celular marca Huawei, de color negro, quienes emprendieron la huida y fueron capturadas en situaci�n de flagrancia. Comportamiento que fue aceptado por ellas ante la manifestaci�n de responsabilidad expresada en la audiencia de verificaci�n del preacuerdo, motivo por el cual fueron sentenciadas a la pena de 24 meses de prisi�n y a la accesoria de inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por el mismo t�rmino, en virtud del reconocimiento de la circunstancia de menor punibilidad de pobreza extrema contemplada en el art�culo 56 de la Ley 599 de 2000, no reconoci�ndoles los beneficios se�alados en los art�culos 268 y 269 del c�digo penal, en raz�n a que no se demostr� que el valor de lo hurtado no superara el salario m�nimo legal mensual vigente y s� bien se present� una consignaci�n por parte de las implicadas no equivale a la indemnizaci�n de perjuicios porque estos no fueron tasados dentro del proceso.

Respecto del reconocimiento de subrogados o mecanismos sustitutivos, se�al� que por expresa prohibici�n legal era improcedente conceder la suspensi�n de la ejecuci�n de la pena, as� como la prisi�n domiciliaria, ya que el delito de hurto calificado se encuentra enumerado dentro del art�culo 68A del C.P., que proh�be tales beneficios para quienes cometen ese tipo de conductas que afectan el patrimonio econ�mico.

DE LA APELACI�N Luego de hacer un recuento de los hechos que dieron origen al presente proceso y de la providencia apelada, adujo el defensor p�blico que: El a quo desconoci� la justicia premial mediante los preacuerdos, pues la pena impuesta se fija conforme lo acordado entre las partes y no bajo el sistema de cuartos, pues el preacuerdo determin� la pena imponible.

La decisi�n judicial no puede soportarse solo en las inferencias subjetivas de quienes denuncian o del funcionario calificador, al predicarse una duda respecto del monto del elemento hurtado, pues no se certific� su valor, motivo por el cual, deber� aplicarse el principio de in dubio pro reo, y admitirse que el valor de lo hurtado es inferior al salario m�nimo legal mensual vigente, y en consecuencia, reconocerse la circunstancia de atenuaci�n punitiva del art�culo 268 del C.P. Hay ausencia de certeza exigida para poder dictar sentencia, como quiera que el despacho se pronunci� someramente y sin fundamento legal sobre la rebaja de pena prevista en el art�culo 269 del C.P., pues se�al� el a quo que la suma de $200.000 mil pesos consignados por las procesadas no equivalen a la indemnizaci�n de perjuicios, dado que �sta no fue tazada en el proceso, pese a que la Fiscal�a se atuvo a lo indicado por la v�ctima al momento de denunciar, esto es la suma equivalente a $200.000 mil pesos.

LOS NO RECURRENTES. Obra constancia que los sujetos e intervinientes no recurrentes guardaron silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA De acuerdo con el art�culo 34 numeral 1� de la Ley 906 de 2004, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial son competentes para conocer de los recursos de apelaci�n interpuestos contra las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces penales municipales y del circuito del mismo distrito, por tanto, esta Sala se encuentra facultada para resolver la alzada.

Atendiendo principio de legalidad, del an�lisis minucioso a lo acontecido durante la actuaci�n, desde la etapa preliminar hasta la verificaci�n del preacuerdo, se pudo constatar que se han respetado las garant�as constitucionales y los derechos fundamentales de quienes participaron y ante la no manifestaci�n de nulidad de lo actuado, se debe proceder a desatar el recurso interpuesto.

Como problemas jur�dicos corresponde determinar (i) si la sentencia proferida por el a quo desconoci� la justicia premial y se apart� del preacuerdo celebrado, (ii) si las sentenciadas tienen derecho a que en la dosificaci�n punitiva se les reconozca la circunstancia de atenuaci�n punitiva espec�fica contemplada en el art�culo 268 de C.P., en atenci�n a que el valor de lo hurtado no super� un (1) SMLMV y (iii) si las procesadas tienen derecho al reconocimiento de la diminuente contemplada en el art�culo 269 del C.P. en cuanto a la indemnizaci�n integral de perjuicios, al parecer efectuada a favor de la v�ctima.

SOLUCI�N DEL CASO Se tiene previsto como primer punto de disenso, que el recurrente se muestra inconforme con la determinaci�n del fallador de primera instancia, al haber impuesto la pena aplicando el sistema de cuartos, m�s no la preacordada. Sobre este t�pico se estima pertinente citar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la que, al pronunciarse sobre los alcances que deben tener los preacuerdos celebrados entre procesado y Fiscal�a, ha se�alado: �En efecto, la Ley 906 de 2004 dispone que la Fiscal�a y el imputado o acusado, con miras a alcanzar los elevados fines previstos en ella, pueden �llegar a preacuerdos que impliquen la terminaci�n del proceso� (art�culo 348) y se�ala que tales preacuerdos pueden consistir: 1) En la simple aceptaci�n de los cargos formulados, en cuyo caso el procesado se hace acreedor a que �la pena imponible� se le rebaje en una proporci�n fija (art�culo 293 y art�culo 351, inciso primero). 2) En negociaciones �sobre los t�rminos de la imputaci�n� (art�culo 350, inciso primero) o �sobre los hechos imputados y sus consecuencias� (art�culo 351).

Tambi�n en conversaciones que conduzcan a la eliminaci�n de �alguna causal de agravaci�n punitiva� o de �alg�n cargo espec�fico� (art�culo 350, inciso segundo, numeral primero) o a que la Fiscal�a �tipifique� la conducta �de una forma espec�fica con miras a disminuir la pena� (art�culo 350, inciso segundo, numeral segundo). Precisando los diversos alcances que pueden tener los preacuerdos, la Sala, en CSJ SP 20 nov. 2013, rad.

N�41570, reiterada en CSJ SP13939-2014, 15 oct. 2014, rad. N�42184, indic�: Evidente es, entonces, la profunda transformaci�n que se ha producido en el ordenamiento jur�dico con la adopci�n de la instituci�n de los preacuerdos y negociaciones, la cual genera como consecuencia obvia que el acuerdo pueda incidir en los elementos compositivos o estructurales del delito, en los fen�menos amplificadores del tipo, en las circunstancias espec�ficas o gen�ricas de agravaci�n, en el reconocimiento de atenuantes, la aceptaci�n como autor o como part�cipe (c�mplice), el car�cter subjetivo de la imputaci�n (dolo, culpa, preterintenci�n), penas principales y penas accesorias, ejecuci�n de la pena, suspensi�n de �sta, privaci�n preventiva de la libertad, la reclusi�n domiciliaria, la reparaci�n de perjuicios morales o sicol�gicos o patrimoniales, el mayor o menor grado de la lesi�n del bien jur�dicamente tutelado�. (Subrayas fuera de texto).

Desde esa perspectiva, en los preacuerdos se permite el reconocimiento de alg�n mecanismo con miras a disminuir la pena, y/o la convenci�n en el monto de la que se ha de imponer, as� lo se�al� el Alto Tribunal en la misma decisi�n citada: �Trat�ndose del primer tipo de preacuerdo, es decir, la simple aceptaci�n de los cargos formulados, no hay dificultad alguna en aceptar la tesis expuesta por el tribunal en la sentencia que se examina, pues es indudable que primero se ha de determinar �la pena imponible�, siguiendo los criterios y metodolog�a indicados por el legislador, para luego efectuar su reducci�n, en la proporci�n fija que corresponda, y arribar as� a la que puede denominarse como pena efectiva.

Pero no sucede igual cuando, v. gr., las partes optan por celebrar un pacto sobre las consecuencias jur�dicas de los hechos imputados y acuerdan el monto de la pena, pues en tal eventualidad ni siquiera se aplica el sistema de cuartos (art�culo 61 del C�digo Penal, modificado por el art�culo 3� de la Ley 890 de 2004, CSJ AP 7 feb. 2007, rad.

N�26448). Menos a�n, cuando se conviene la eliminaci�n de �alguna causal de agravaci�n punitiva�, pues si �sta es espec�fica tal supresi�n impide que se incrementen los extremos punitivos del tipo b�sico; por tanto, es dentro de �stos que debe graduarse la sanci�n. En ese mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci�n Penal manifest� que cuando no se realice acuerdo sobre la pena a imponer, el juez deber� cuantificarla conforme al tr�mite ordinario establecido en la legislaci�n penal. �Sobre la posibilidad de aplicar el sistema de cuartos en aquellos eventos en que no se haya preacordado el monto de la sanci�n punitiva, desde el fallo de tutela del 4 de abril de 2006, la Sala de Casaci�n Penal de esta Corporaci�n, precis� que si el acuerdo no incluye el monto o cantidad espec�fica de la pena a imponer, el Juez debe acudir al aludido sistema para individualizarla.

Dijo en esa oportunidad: "Ahora, cuando no hay convenio sobre la pena a imponer (porque se trate de allanamiento o porque siendo un preacuerdo en �ste nada se pacta sobre el monto de la sanci�n), el juez debe tasarla conforme al tradicional sistema de cuartos y de la ya individualizada hacer la rebaja correspondiente, atendiendo factores tales como -a t�tulo ejemplificativo- la eficaz colaboraci�n para lograr los fines de justicia; la significativa econom�a en la actividad estatal de investigaci�n; el que la ayuda que se genere con la aceptaci�n de los cargos muestre proporci�n con la dificultad probatoria; el que -cuando sea del caso- se facilite descubrir otros part�cipes u otros delitos conexos; el que no se dificulte investigar otras conductas o part�cipes, etc., sin influir en este momento los referentes tenidos en cuenta para individualizar la sanci�n, pues ya agotaron su funci�n. �Asimismo, si se ha acudido al mecanismo de la negociaci�n y dentro de ella se pact� el monto de la sanci�n, a �sta quedar� vinculado el juez (art. 370), salvo que en su concreci�n se haya violado alguna garant�a fundamental, no pudiendo por aquella raz�n (y en ello se explica la prohibici�n del art. 3 Ley 890/04) acudir al sistema de cuartos.

Sin embargo, debe advertirse que si bien la limitante legal acabada de rese�ar pareciera absoluta -en el sentido que la entendieron las instancias- vale decir, que en todo caso de preacuerdo el mencionado sistema de dosificaci�n est� prohibido, ello no resulta as�, porque frente a un preacuerdo donde el monto de la pena a imponer no haya sido pactado, al juez fallador -para individualizar la sanci�n- no le queda alternativa distinta que acudir al sistema de cuartos�. �La conclusi�n, entonces, apunta a que la prohibici�n de la Ley 890-3 s�lo debe entenderse aplicable cuando ha mediado un preacuerdo contentivo del se�alamiento de la pena a imponer, y ni siquiera cuando s�lo se ha pactado el monto de la rebaja (como tambi�n puede ocurrir) pues en este �ltimo caso ese quantum de reducci�n acordado �nicamente operar� respecto de una sanci�n previamente individualizada� .

(Negrillas fuera de texto) As� las cosas, es claro para la Sala que, siempre que en el preacuerdo no se haya predeterminado una pena puntual como en el caso de marras, el juez deber� proceder de conformidad con el sistema tradicional de cuartos, de suerte que en el sub examine, en el Acta de Preacuerdo, adiada el 15 de marzo de 2017, suscrita por las condenadas YURI MARDELY RUIZ CLAVIJO, DIANA CLARISA TREJOS BLAND�N, el defensor y la delegada fiscal, se acord� �RECONOCER LA CIRCUNSTANCIA DE MENOR PUNIBILIDAD DEL ART�CULO 56 DEL C�DIGO PENAL, por lo que la pena en concreto, una vez dosificada y determinada por el se�or Juez de conocimiento por la conducta por la cual se le ha vinculado a la presente actuaci�n, esta no podr� ser mayor de la mitad del m�ximo, ni menor de la sexta parte del m�nimo se�alado en la respectiva disposici�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 56 del c�digo penal.� (Negrilla fuera de texto) En consecuencia, al no indicarse ninguna pena en concreto por voluntad de las partes y al dejarse su tasaci�n al Juez de la causa, �ste procedi� de conformidad, imponiendo la pena m�nima del primer cuarto, basado en los l�mites de la circunstancia de atenuaci�n acordada contenida en el art�culo 56 del c�digo penal, de all� que esta primera censura no est� llamada a prosperar.

En cuanto al segundo reproche, el recurrente indic� que �el Juzgado dio por sentado que la cuant�a del hurto es inferior al salario m�nimo legal mensual vigente�, y como consecuencia se lleg� a la conclusi�n que la cuant�a no excedi� el tope previsto en el art�culo 268 del C.P., sin que la Fiscal�a haya indagado respecto del valor del objeto, sino �nicamente de los perjuicios que sufri�.

As� las cosas, bajo el entendido de que ambas posiciones son especulativas se deber� dar aplicaci�n a la m�s favorable en virtud del principio de in dubio pro reo. De tal forma que, para dar respuesta al segundo problema jur�dico, vale aclarar que, contrario a lo expresado por el recurrente, el fallador no dio por sentado que el valor del celular hurtado es inferior a un salario m�nimo legal mensual vigente, sino que dej� de aplicar la norma al considerar que no estaba demostrado el valor de lo hurtado.

Clarificado esto, encuentra la Sala que pese a que en el transcurrir del proceso no se alleg� documento alguno que demostrara el valor del elemento hurtado, en el escrito de acusaci�n presentado por la fiscal�a, puntualmente en las imputaciones f�cticas y jur�dicas, manifest� que el valor de lo hurtado no super� el SMLMV, y reconoci� lo dispuesto en el art�culo 268 del C�digo Penal, como circunstancia de atenuaci�n punitiva.

Concierne indicar que debe haber relaci�n entre lo acusado y la sentencia, conforme al principio de congruencia o consonancia, el cual tiene como objetivo limitar el ius puniendi del Estado al juzgar �nicamente por lo que se ha solicitado, y as� mismo, se tiene como garant�a del procesado al darle a conocer desde el principio de las actuaciones las premisas personales, f�cticas y jur�dicas por las que est� siendo investigado.

Sobre lo anterior, la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente, y haciendo referencia al principio de congruencia en la Ley 906 de 2004, precis�: �El art�culo 8� de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos faculta a �toda persona inculpada de delito� a que se le comunique de manera �previa y detallada� la acusaci�n. En t�rminos similares lo hace el art�culo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos.

Nuestro ordenamiento jur�dico interno responde a tales par�metros internacionales al incluir esa garant�a en el concepto que del debido proceso se consagra en los art�culos 29 y 250 de la Constituci�n Pol�tica de 1991. El art�culo 250 de la Constituci�n Pol�tica prev� que el escrito de acusaci�n debe comprender: (i) la descripci�n clara y precisa de aquellos hechos o comportamientos que fueron objeto de indagaci�n e investigaci�n (imputaci�n f�ctica) porque revest�an las caracter�sticas de un delito, (ii) la calificaci�n jur�dica o nomen iuris que reciben tales supuestos f�cticos (imputaci�n jur�dica) y (iii) la enunciaci�n o listado de las evidencias o elementos materiales probatorios en que se fundan las imputaciones f�cticas y jur�dicas.

Tanto la precitada garant�a como el mandato constitucional fueron replicados en los art�culos 337 y 448 de la Ley 906 de 2004, a cuyo tenor literal se prev�: Art�culo 337: �El escrito de acusaci�n deber� contener (�) una relaci�n clara y sucinta de los hechos jur�dicamente relevantes, en un lenguaje claro y comprensible� Y en el art�culo 448 se consagra: �El acusado no podr� ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusaci�n, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena� Las transcritas normas consagran tanto la obligaci�n que tiene la Fiscal�a de precisar la premisa f�ctica de la acusaci�n y su calificaci�n jur�dica, como la consecuente imposibilidad que tiene el Juez de Conocimiento para proferir un fallo de condena por hechos no incluidos en esta (acusaci�n) y por comportamientos t�picos, antijur�dicos y culpables por los cuales no se haya solicitado condena.

Y de la interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 250 de la Constituci�n Pol�tica, 337 y 448 de la Ley 906 de 2004 se puede establecer que el derecho- garant�a que posee todo ciudadano a que el Estado le comunique de manera �previa y detallada� la acusaci�n, es al tiempo un mandato- obligaci�n dirigido a quienes ostentan la representaci�n de �ste en el proceso penal: la Fiscal�a General de la Naci�n y el Juez de Conocimiento.

Aquella est� obligada acotar o determinar con precisi�n los l�mites de los hechos que fueron objeto de investigaci�n por su relevancia jur�dico- penal, mientras que �ste no podr� soslayar esa frontera al momento de emitir el fallo o sentencia. De otra forma dicho, los Juzgadores no pueden extralimitar su actuaci�n m�s all� del marco jur�dico y f�ctico propuesto por la Fiscal�a de manera pormenorizada, espec�fica y definida, so pena de cercenar la correspondencia de los hechos y las normas jur�dicas aplicadas a determinado caso.

La especial protecci�n que el ordenamiento jur�dico actualmente concede a esa garant�a constitucional responde a que en un esquema procesal acusatorio el principio de congruencia se identifica con el derecho a la defensa, pero m�s a�n con la acusaci�n, toda vez que a �sta se la entiende como un acto de comunicaci�n de parte del Estado hacia el ciudadano investigado en el cual se le dan conocer de manera clara, expresa y precisa tanto (i) los hechos que se le atribuyen, como (ii) su calificaci�n jur�dica, esto es, la adecuaci�n de esos elementos f�cticos a una o algunas determinada(s) modalidad(es) de conducta(s) que el legislador previamente estim� como jur�dico-penalmente desaprobada(s) y, por ende, merecedora(s) de una sanci�n o pena;

(iii) aunado a las evidencias o elementos materiales probatorios en los cuales se fundan tales imputaciones. Y en esa l�gica, es con base en el conocimiento que el imputado obtiene del acto complejo de la acusaci�n (escrito de acusaci�n y formulaci�n de acusaci�n en audiencia p�blica), que �ste podr� optar entre: (a) aceptar los cargos que se le han formulado con miras a obtener una sustancial rebaja de la pena o (b) controvertirlos durante la fase de juicio ingresando evidencias en su favor o ejerciendo la contradicci�n de las que se aducen en su contra.

Cualesquiera de esas dos alternativas pone en evidencia la identidad o la estrecha correlaci�n entre el principio de congruencia de la sentencia con la acusaci�n, puesto que si los extremos de la relaci�n jur�dico procesal se encuentran cabalmente delimitados en �sta (acusaci�n), expres�ndose con claridad y precisi�n tanto la imputaci�n f�ctica como jur�dica, aquel operar� �como una barrera en contra de la arbitrariedad y l�mite a las facultades que se otorgan a los administradores de justicia cuando deben resolver un asunto penal, al impedir que una persona pueda ser acusada por [ciertos] hechos y [determinados] delitos, y termine condenada� por otros diferentes.

En efecto, cuando se hace una interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 250 de la Constituci�n Pol�tica y 337 y 448 de la Ley 906 de 2004, se alude a que el ordenamiento jur�dico exige verificar la correspondencia personal (el acusado), f�ctica (hechos) y jur�dica (delitos) entre la acusaci�n y la sentencia. Conformidad que, como desde anta�o ha dilucidado esta Sala, puede ser desconocida por los jueces de las siguientes formas: 1.

Por acci�n: a) Cuando se condena por hechos o por delitos distintos a los contemplados en las audiencias de formulaci�n de imputaci�n o de acusaci�n, seg�n el caso. b) Cuando se condena por un delito que nunca se hizo menci�n f�ctica ni jur�dicamente en el acto de formulaci�n de imputaci�n o de la acusaci�n, seg�n el caso. c) Cuando se condena por el delito atribuido en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n o en la acusaci�n, seg�n el caso, pero se deduce, adem�s, circunstancia, gen�rica o espec�fica, de mayor punibillidad. 2.

Por omisi�n: a) Cuando en el fallo se suprime una circunstancia, gen�rica o espec�fica, de menor punibilidad que se hubiese reconocido en las audiencias de formulaci�n de la imputaci�n o de la acusaci�n, seg�n el caso.� En s�ntesis, la regla general establecida a nivel constitucional (art.250) y legal (arts.337 y 448 Ley 906/2004) impone que los jueces no pueden desconocer los limites se�alados por la Fiscal�a en la acusaci�n dictando sentencia oficiosamente por fuera de ese marco, so pena de comprometer su imparcialidad al quebrantar el principio de separaci�n categ�rica de funciones, el que por antonomasia describe el esquema acusatorio, toda vez que este involucra, de un lado, al ente investigador y, del otro, al procesado y su defensor, en una relaci�n contenciosa en cuyo desarrollo se debe materializar la igualdad de armas�. (Negrillas fuera de texto) De conformidad con los criterios jurisprudenciales expuestos, del escrito de acusaci�n se infiere que el valor del celular despojado a la v�ctima no superaba el salario m�nimo legal mensual vigente para la �poca de los hechos, equivalente a la suma de $689.455, de all� que fue la propia Fiscal�a General de la Naci�n quien dentro de la imputaci�n jur�dica reconoce la circunstancia de atenuaci�n del art�culo 268 del CP, cosa diferente es que al momento de dar lectura al acta de preacuerdo se haya omitido tal situaci�n, lo que si fue objeto de insinuaci�n por parte de la defensa al momento de su intervenci�n dentro de la audiencia de verificaci�n del preacuerdo.

Y que la fiscal�a posteriormente solicit� que se tuvieran en cuenta tanto los argumentos de la fiscal�a como de la defensa al momento de dictar sentencia. Ahora bien, el argumento expuesto por el Juez de primera instancia de inaplicar la normativa citada en el hecho de no estar demostrado el valor de lo hurtado, desconoce no solo el principio de congruencia antes expuesto, porque desde el escrito de acusaci�n se mencionaba su cumplimiento, de all� el ofrecimiento y la calificaci�n jur�dica realizada por el ente acusador, sino el principio de libertad probatoria que rige el sistema penal acusatorio, m�s a�n cuando el mismo escrito aludido hace parte integral de la actuaci�n y traza el camino para que el funcionario judicial tome su decisi�n. Justamente en una decisi�n de la honorable Corte Suprema de Justicia, en donde las partes preacordaron sobre la aceptaci�n de responsabilidad por los mismos delitos aqu� formulados, y en la que se cambi� la celebraci�n de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n por la de verificaci�n de preacuerdo, tanto las partes, como el juez de primera instancia y la Sala del Tribunal Superior, omitieron el reconocimiento de la circunstancia de menor punibilidad contenida en el art�culo 268 del CP, pese a estar relacionada tanto en la imputaci�n como en el escrito de acusaci�n, raz�n por la cual la Corte de forma oficiosa decidi� casar la sentencia respectiva y reconoci� la circunstancia que hac�a parte de la realidad f�ctica y jur�dica, lo mismo que ocurre en el sub judice, pues fue la propia Fiscal�a que en el escrito de acusaci�n contempl� esta diminuente punitiva que en t�rminos generales no afecta la negociaci�n, pues se trata de una circunstancia objetiva que se desprende precisamente de la realidad y de lo que en alg�n momento la v�ctima denunciante inform� al ente acusador sobre que el valor del da�o no superaba un salario m�nimo legal mensual vigente, adem�s de que las sentenciadas carecen de antecedentes penales y no se vislumbra en el dossier ninguna afectaci�n grave respecto de la situaci�n econ�mica de la v�ctima.

Al tamiz de lo anterior, la Sala encuentra que la intensi�n inicial de la Fiscal�a fue la de reconocer a favor de las procesadas la causal de art�culo 268 del C.P., y en virtud del principio de congruencia, debi� ser aclarada por las partes o en su defecto por el Juez de primer grado que ten�a la facultad de hacer un control formal sobre lo acordado, teniendo de presente lo contenido en el escrito de acusaci�n, con �nimo de aclarar esto �ltimo, sin embargo, ante tal omisi�n, es menester en esta instancia conceder la rebaja punitiva.

En tal sentido, se proceder� a redosificar la pena de la siguiente manera: El hurto tipificado en el art�culo 239 del C.P., al estar calificado por la violencia sobre las personas conforme al art�culo 240 inciso 2, contempla una pena es de 8 a 16 a�os de prisi�n, o lo que es lo mismo, de 96 a 192 meses. Conforme a la circunstancia de agravaci�n endilgada de cometer el il�cito a trav�s de dos o m�s personas la pena se aumenta de la � a las � partes, proporciones que ser�n aplicadas la menor al m�nimo y la mayor al m�ximo de la infracci�n b�sica, por lo que la pena oscilar� de 144 a 336 meses de prisi�n. Ahora bien, al atribuirse en el escrito de acusaci�n la circunstancia de atenuaci�n punitiva del art�culo 268 del CP, la pena se disminuir� de una 1/3 parte a la 1/2, proporciones que deben ser aplicadas la mayor al m�nimo y la menor al m�ximo de la infracci�n b�sica obteni�ndose una cifra de 72 a 224 meses de prisi�n. Finalmente, al reconocer la circunstancia preacordada �art�culo 56 C.P.- se tiene que la pena no podr� ser mayor de la � del m�ximo ni menor de 1/6 parte del m�nimo, por lo que los extremos punitivos son los siguientes: de 12 a 112 meses de prisi�n. Establecido el m�nimo y m�ximo de la pena se proceder� a determinar el �mbito punitivo de movilidad, dividido en los cuartos pertinentes obteni�ndose lo siguiente: Pena de prisi�nCuarto m�nimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto m�ximo12 a 112 meses de prisi�n.12 a 37 meses de prisi�n.37 meses y 1 d�a a 62 meses de prisi�n.62 meses y 1 d�a a 87 meses de prisi�n.87 meses y 1 d�a a 112 meses de prisi�n. Al apreciarse que las procesadas solo cuentan con circunstancias de atenuaci�n punitiva, la pena a imponer deber� partir del cuarto m�nimo, esto es, de 12 a 37 meses de prisi�n, sanci�n que ser� impuesta en el extremo m�nimo del cuarto, es decir, 12 meses de prisi�n, siguiendo los mismos par�metros que tuvo en consideraci�n el a quo, so pena de vulnerar el principio de no reformatio in pejus.

Consecuencialmente, la �ltima censura expuesta por el recurrente es la relacionada con la negaci�n del beneficio consagrado en el art�culo 269 del C�digo Penal, por cuanto el dinero consignado por las procesadas no equivalen a la indemnizaci�n de perjuicios a favor de la v�ctima, pues no fueron tazados dentro del proceso; la Fiscal�a no se pronunci� sobre el monto de la reparaci�n y se ci�� a que la v�ctima al momento de denunciar, manifest� que los perjuicios ascend�an a la $200.000 pesos; motivos por los que solicit� les sea reconocido el principio in dubio pro reo, en la medida que cualquier duda debe ser resuelta a favor de sus prohijadas.

Puntualmente la norma que pretende el apelante se aplique es el art�culo 269 del C.P., el cual reza: �ARTICULO 269. REPARACI�N. El juez disminuir� las penas se�aladas en los cap�tulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o �nica instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado�.

De la normativa en cita se desprenden tres factores, i) la temporalidad de su aplicaci�n, que implica que solo proceder� antes de dictarse sentencia de primera o �nica instancia, lo que hasta el momento se cumple, ii) que el procesado restituya el objeto material del delito o su valor y iii) que se indemnizare los perjuicios ocasionados con el injusto.

As� las cosas, se tiene que el objeto fue recuperado, conforme al acontecer f�ctico, como consta en el escrito de acusaci�n: �La patrulla inicia la persecuci�n de las agresoras, logrando retenerlas en el Hospedaje que queda enfrente del Parque Principal del Corregimiento de Gaitania, hall�ndoles debajo de la cama de la habitaci�n donde ingresaron y dentro de la cual no estaban hospedadas, las dos armas blancas y el tel�fono celular [�]� En sinfon�a con lo anterior, del acta de preacuerdo se aduce igualmente el cumplimiento de este requisito: �Los patrulleros ingresan a la habitaci�n, las mujeres al notar su presencia arrojan unos elementos debajo de la cama, al verificar encuentran un celular y dos armas blancas tipo navaja y cuchillo, donde la propietaria del celular manifiesta que eses es el celular de ella y que con esas armas la intimidaros y obligaron a entregar el celular�.

Corolario de lo anterior, se desprende que existe restituci�n del bien hurtado, pese a que puntualmente no hayan sido las propias responsables quienes realizaran voluntariamente esta acci�n, por consiguiente, se cumple con este segundo elemento. Ahora ante el tercer elemento, observa la Sala que la Fiscal�a en el acta de preacuerdo, indic� que la v�ctima manifest� en la denuncia una tasaci�n de los perjuicios en la suma de doscientos mil ($200.000) pesos, lo que concuerda con tal estimaci�n de los da�os indicados por la denunciante en el formato �nico de noticia criminal FPJ-2- de fecha 12 de junio de 2016, debidamente signado por la declarante.

Por su parte, existe en la foliatura, dos (2) consignaciones de dep�sitos judiciales, cada una por la suma de cincuenta mil ($50.000) pesos, por concepto de pago de indemnizaci�n, y manifestaci�n de asegurar el pago correspondiente al otro 50% con cauci�n juratoria como se desprende del numeral s�ptimo del acta de preacuerdo, transacci�n que garantizaba el cumplimiento de lo estipulado en el art�culo 349 del CPP, esto es, para poder preacordar.

Adicionalmente a lo precedido, las procesadas antes de proferirse la providencia de primer grado, decidieron consignar la suma de cien mil pesos con el fin de cubrir el monto total de los perjuicios aducidos por la v�ctima para completar la suma de doscientos mil pesos, y as� solicitar la rebaja punitiva del art. 269 del CP., sin embargo, esta solicitud fue negada por el a quo sosteniendo que esa cifra no equivale a la indemnizaci�n de los perjuicios, ya que no fueron tasados dentro del proceso.

Negaci�n que no tiene soporte legal, en raz�n a que no existe normativa alguna que indique que deba adelantarse un procedimiento especial para la tasaci�n de los perjuicios al menos antes de la sentencia, pues el escenario natural es el incidente de reparaci�n integral; adem�s aquellos pueden ser estimados bien por la propia v�ctima, por acuerdo de las partes, o acreditarse mediante cualquier medio de conocimiento permitido dentro de la libertad probatoria que rige nuestro sistema penal acusatorio, as� lo ha se�alado la Sala de Casaci�n Penal de la Corte, cuando en providencia se�al�: �As� las cosas, es imperioso que al proceso penal se lleve un elemento que demuestre que el acusado, antes de proferirse sentencia de primera o �nica instancia, restituy� el valor del objeto hurtado y que indemniz� los perjuicios causados.

Como la v�ctima es la primera llamada a determinar la cuant�a de aquellos (CSJ SP, 22 jun. 2006, rad. 24817 y CSJ SP16816-2014, rad. 43959), podr� negociar o transar con el enjuiciado su valor y la forma de cancelaci�n. Dado su poder de disposici�n podr�, incluso, no reclamar perjuicios de alguna �ndole o manifestarse conforme e indemnizada con el reconocimiento econ�mico que haga el victimario, a�n si el mismo refleja un valor inferior al del elemento hurtado.

Al juez, en estos casos, le corresponde �velar porque el prop�sito reparatorio del victimario efectivamente cubra los derechos de las v�ctimas y, por contera, la amplia rebaja punitiva establecida como contraprestaci�n tenga fundamento material y no se torne en graciosa d�diva judicial.� (CSJ SP, 19 jun. 2013, rad. 39719), pero ello no lo legitima para suplantar a la perjudicada con el punible cuando ella ha decidido no reclamar perjuicios, ya sea porque no los sufri� o simplemente porque se sinti� satisfecha con el ofrecimiento hecho por el procesado.

Por consiguiente, si la v�ctima ha expresado encontrarse conforme con el reconocimiento econ�mico, con independencia de su valor, el juez no puede cuestionar la pretensi�n indemnizatoria, en cuanto tan solo le corresponde verificar que la misma �recoja el querer de la ley para que sea integral y se estime de manera razonada, no como consecuencia de una intervenci�n rutinaria y superficial de la v�ctima del delito� (CSJ SP, 13 feb. 2003, rad. 15613) Bajo esos t�rminos, si la ofendida no rechaza la propuesta que como indemnizaci�n hace el procesado y expresa de manera libre, consiente y voluntaria sentirse satisfecha o decide no reclamar valor alguno por concepto de perjuicios, el juez est� impedido para hacer alg�n reproche.

A lo anterior hay que agregar que en nuestro ordenamiento procesal penal existe libertad probatoria, lo que implica que los hechos y circunstancias de inter�s para la resoluci�n correcta del caso, se pueden probar con cualquier elemento de convicci�n, siempre que no viole derechos humanos (art�culo 373 del estatuto adjetivo de 2004)� . (Negrillas fuera de texto) Conforme con lo que antecede, no cabe duda que el monto de los da�os y perjuicios fue tasado por la v�ctima en la suma de doscientos mil ($200.000) pesos, desde la misma denuncia, �ste no fue reprochado por ninguno de los sujetos procesales, inclusive cuenta con el aval de la Fiscal�a General de la Naci�n que as� lo advirti� en el acta de preacuerdo y las procesadas finiquitaron su acci�n reparadora consignando a �rdenes del despacho judicial y en favor de la v�ctima, el mencionado valor, as� que el a quo debi� reconocer el fen�meno pos delictual a favor de las sentenciadas como quiera que no se requer�a ni se exig�a la tasaci�n de los perjuicios por cuanto ya lo hab�a hecho la v�ctima y la indemnizaci�n se dio antes de proferirse la sentencia de primera instancia, raz�n por la cual el reproche del censor en tal sentido prospera y ser� objeto de tasaci�n. REDOSIFICACI�N PUNITIVA.

El juez promiscuo municipal con funciones de conocimiento de Planadas � Tolima, aplicando el tipo penal de hurto calificado y agravado indic� que ten�a como extremos punitivos la pena de 144 a 336 meses de prisi�n y esta instancia por virtud de la concesi�n de la rebaja punitiva contenida en el art�culo 268 del CP estableci� un m�nimo de 72 a 224 meses de prisi�n. Por su parte, conforme con la circunstancia de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema preacordada contenida en el art�culo 56 ib�dem, se dosific� una pena de 12 a 112 meses de prisi�n, la cual, siguiendo los mismos derroteros del fallador del primer grado, se parti� del primer cuarto m�nimo, imponi�ndose una sanci�n de DOCE MESES (12) DE PRISI�N. Esta sanci�n, deber� reducirse en aplicaci�n de la reparaci�n integral se�alada, de la mitad a las tres cuartas partes tal y como lo establece el art�culo 269 del C�digo Penal, sin pasar por alto que el descuento en concreto lo fija el juzgador de forma discrecional, atendiendo el inter�s mostrado por las procesadas al momento de cumplir pronta o lejanamente, total o parcialmente, con los fines perseguidos por la disposici�n penal, que no son otros que velar por la reparaci�n de los derechos vulnerados a la v�ctima (CSJ SP, 09 de marzo de 2016 Rad. 42298) En el presente caso, las sentenciadas Yuri Mardely Ruiz Clavijo y Diana Clarisa Trejos Bland�n se tomaron casi dos (2) a�os para realizar la reparaci�n integral por valor de doscientos mil pesos, contados desde la radicaci�n del escrito de acusaci�n ocurrida el 12 de agosto de 2016 hasta el 21 de julio de 2017, fecha del �ltimo dep�sito judicial por valor de $100.000 pesos, raz�n por la cual esta Colegiatura les conceder� la menor rebaja punitiva, quedando una pena definitiva de prisi�n de 6 meses, cifra que igualmente se aplicar� a la accesoria de inhabilitaci�n en el ejercicio de derechos y funciones p�blicas conforme el inciso final del art�culo 52 del CP.

OTRAS DETERMINACIONES. Conforme a la redosificaci�n de la pena atr�s efectuada, dado el reconocimiento de las atenuantes contempladas en los art�culos 268 y 269 del c�digo penal, advierte la Sala que las procesadas, ya tienen pena cumplida, pues est�n detenidas en el lugar de su residencia, desde el 12 de junio de 2016, cuando se materializaron sus capturas en flagrancia, por lo que es imperioso ordenar la libertad inmediata, siempre que no sean requeridas por otra autoridad judicial; lo anterior, acorde con la sentencia de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, SP2252-2018 con radicaci�n No. 50293 del 20 de junio de 2018, en la que orden� la libertad inmediata posterior al percatarse que una vez realizada la redosificaci�n de la pena esta ya se hab�a cumplido.

Ahora bien, resulta de importancia advertir que en el expediente obra comunicaci�n de fecha 5 de diciembre de 2016 por parte de la Directora del establecimiento carcelario de mujeres de la ciudad de Armenia donde informa y allega denuncia penal por el posible delito de fuga de presos, en raz�n a visitas realizadas por la Dragoneante Diana Marcela Chac�n en la que detalla la no presencia de la procesada Yuri Mardely Ruiz Clavijo para los d�as 23 y 30 de noviembre de 2016, en el lugar de residencia, incumpliendo al parecer la medida de aseguramiento en su residencia, sin que a la fecha se tenga m�s reportes en ese sentido o decisi�n judicial sobre la revocatoria de la detenci�n domiciliaria, por lo que objetivamente ya se tiene por cumplida la pena de 6 meses de prisi�n, adem�s que la enjuiciada acudi� para el d�a 15 de marzo de 2017 a la audiencia de verificaci�n del preacuerdo, atendiendo el requerimiento judicial.

RECAPITULACI�N. La Fiscal�a General de la Naci�n logr� acreditar con los EMP m�s all� de toda duda, la existencia y materialidad de la conducta punible de hurto calificado y agravado y que las sentenciadas Yuri Mardely Ruiz Clavijo y Diana Clarisa Trejos Bland�n son las responsables a t�tulo de coautoras, quienes dentro de la actuaci�n aceptaron los cargos v�a preacuerdo a cambio del reconocimiento de la circunstancia de marginalidad, ignorancia y pobreza extrema contenida en el art�culo 56 del CP, para lo cual se vieron beneficiadas con una rebaja de pena considerable, sumada a la obtenida en virtud de que el celular objeto de hurto no super� el salario m�nimo legal mensual vigente para la �poca de los hechos, en los t�rminos del art�culo 268 ib�dem y de que repararon integralmente a la v�ctima se�ora M�nica Mestizo Silva cumpliendo con los presupuestos indicados en el art�culo 269 de la misma obra jur�dica, razones por las cuales son condenadas a la pena de SEIS (6) MESES DE PRISI�N y a la accesoria de inhabilitaci�n en el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por el mismo lapso de la pena principal.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu�, Tolima, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER a favor de las sentenciadas YURI MARDELY RUIZ CLAVIJO y DIANA CLARISA TREJOS BLAND�N las rebajas punitivas contenidas en los art�culos 268 y 269 del c�digo penal, conforme las consideraciones que preceden.

SEGUNDO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia, en el sentido de que la pena de prisi�n impuesta, es de SEIS (6) MESES.

TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia en el sentido de que la pena accesoria de inhabilitaci�n en el ejercicio de derechos y funciones p�blicas impuesta, es de seis (6) meses.

CUARTO: CONCEDER la libertad inmediata y definitiva a las sentenciadas YURI MARDELY RUIZ CLAVIJO y DIANA CLARISA TREJOS BLAND�N por pena cumplida, para lo cual por Secretar�a se dispondr� lo necesario para la materializaci�n de este derecho comunicando lo pertinente al INPEC, con la advertencia de que si son requeridas por otra autoridad judicial sean puestas a su disposici�n.

QUINTO: ORDENAR que el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de Planadas � Tolima, proceda a realizar la entrega efectiva de los t�tulos de dep�sito judicial referidos en las anteriores consideraciones a favor de la v�ctima de estas diligencias.

SEXTO: CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo dem�s. Contra la presente decisi�n procede el recurso extraordinario de casaci�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. Los Magistrados, JULIETA ISABEL MEJ�A ARCILA MAR�A MERCEDES MEJ�A BOTERO H�CTOR HUGO TORRES VARGAS Luz Mireya Jaramillo D�az Secretaria Folios 253. Cuaderno 1� Instancia. Folios 5 a 8 Cuaderno del Juzgado de control de garant�as. Folios 1-6 Cuaderno 1� Instancia Folio 8 ib�dem Folio 131-134 ib�dem Folio 82.

Acta de Preacuerdo. Cuaderno 1� Instancia. Folio 263-266. Cuaderno 1� Instancia. Folio 253 a 262 Cuaderno 1� Instancia. Folio 131 � 134. Cuaderno 1� Instancia, CD Folio 76. Record: 19:19� a 19:51� minutos. Folios 278 a 282 Cuaderno 1� Instancia. Folio 283 Cuaderno 1� Instancia. CSJ. SP13350-2016. Rad. 47588 del 20 de septiembre de 2016.

M.P. CSJ. SP13350-2016. Rad. 47588 del 20 de septiembre de 2016. M.P. Radicado T-24.868. Rad. 33478 del 20 de octubre de 2010. Corte Suprema de Justicia Sala De Casaci�n Penal. Magistrado Ponente. Dr. Sigifredo Espinoza P�rez. Folio 82 y 83 Cuaderno de Primera Instancia. Folio 279 cuaderno 1� instancia Folios 3 y 4 Cuaderno 1� Instancia. Art�culo 448 de la Ley 906 de 2004. Ib�dem CSJ, SP 15 mayo 2008, radicado 25913. CSJ, SP 25 abril 2007, radicado 26309. CSJ, SP 28 febrero de 2007, radicaci�n 26087 y CSJ, SP 6 abril de 2006, radicaci�n 24668:�el principio de congruencia no se cercena cuando en el escrito de acusaci�n los hechos y los delitos atribuidos bajo las distintas categor�as dogm�ticas establecidas por el legislador, guardan identidad sustancial con el fallo del Tribunal; cuya caracter�stica esencial se traduce en la vigencia del principio acusatorio, el cual significa que no puede existir condena sin imputaci�n (f�ctica-jur�dica) o proceso sin acusaci�n (nemo iudex sine acusatore).// Se concluye que el postulado de congruencia es de la esencia del debido proceso y un contundente mecanismo para efectivizar el derecho de defensa (t�cnico y material) al conformar la dupla en la que se hinca el sistema de derecho penal acusatorio: en su estructura y garant�a; sin el primero no hay proceso y sin el segundo no hay defensa.

(�) Se ha advertido que el sistema procesal penal colombiano opt� por una imputaci�n f�ctica y una imputaci�n jur�dica, que debe ser latente desde el instante en que se formula la imputaci�n, pues, como lo tiene se�alado la ley, los extremos de la relaci�n jur�dico procesal deben estar cabalmente delimitados y, por ende, en conocimiento del imputado y su defensor� Ib�dem CSJ, SP 6354-2015, radicaci�n 44287. CSJ Sala de Casaci�n Penal SP606-2018.

Rad. N� 47680 del 11 de abril de 2018. Folio 76 DC record 23:50- folio 257 �sentencia 1� instancia. CSJ, SP. 18326-2017. Radicaci�n No. 47195 del 1 de noviembre de 2017. MP. Dra. Patricia Salazar Cu�llar. Art�culo 240 Inciso Segundo Ley 599 de 2000. Art�culo 241 Ley 599 de 2000. Art�culo 60 Numeral 4 Ley 599 de 2000. Art�culo 60 Numeral 5 Ley 599 de 2000. Art�culo 56 Ley 599 de 2000. Art�culo 61 Inciso 1 Ley 599 de 2000. Folio 3 Cuaderno 1� Instancia. Folio 81 Cuaderno 1� Instancia. Folio 83 Cuaderno 1� Instancia. Folios 124 a 127.

Cuaderno 1� Instancia. Folios 77 y 78 Cuaderno 1� Instancia. Folio 83 Cuaderno 1� Instancia. Folio 182. Cuaderno 1� Instancia. Folio 260. Cuaderno 1� Instancia. CSJ. Sala de Casaci�n Penal SP11895-2015. Radicaci�n No. 44618 del 7 de octubre de 2015. MP. Dr. Eyder Pati�o Cabrera. Folio 6. Cuaderno 1� Instancia. Folio 89 y 94. Folio 37. Folio 38 a 41. Folios 42 y 43. Folio 131 a 134. PAGE Segunda Instancia Ley 906 de 2004.

Procesadas: Yuri Mardely Ruiz Clavijo y Diana Clarisa Trejos Bland�n. Radicado: 73675. 60.00477.2016.80049.01 NI. 54873 P�gina PAGE2 de NUMPAGES34 P�gina PAGE1 de NUMPAGES34 67JZ[ef}~��ܾ��ueXeXeKe>KeKeKh��5�CJOJQJaJh6$t5�CJOJQJaJh�|�5�CJOJQJaJh�$h6$t5�CJOJQJaJh�u�5�CJOJQJaJ,h6$t5�CJOJPJQJ\�^JaJnH tH h{�5�CJOJQJ\�^JaJ&h�$h6$t5�CJOJQJ\�^JaJ;jh��h��5�CJOJQJU^JaJmHnHtH $u h�$h6$tCJOJQJ^JaJ#h�$h6$t5�CJOJQJ^JaJ68f}~��! 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Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,texto de nota al pie,Texto nota pie Car Car Car,Texto nota pie Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car,FA,ft,Ref. de nota al pie1, Card��CJaJ&�/��Q&6$t0�Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Texto nota pie Car Car Car Car,Texto nota pie Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car CarCJOJPJQJ^JaJ&`��a6$t�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,Appel note de bas de page,referencia nota al pie,BVI fnr,Footnote symbol,Footnote,Ref. de nota al pie2,Nota de pie,Ref,de nota al pie,Pie de pagina,Ref.,Ref1,FC,FZ,Footnotes refss,Ref. de nota al pie 2,f,4_GH*`^r`6$t0Normal (Web)d��d�d[$\$CJOJPJQJaJtH $T�O�T6$tdh�a$*5�CJ$OJPJQJ\�^JaJmH sH tH R�/��R6$t T�tulo Car&5�CJ$OJPJQJ\�aJmH sH tH `�`��`6$t Sin espaciado7$8$$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH V>@V6$tPuestod��m$ @��CJ8KHOJPJQJ^JaJ8L�/��L6$t� Puesto Car @��CJ8KHOJPJQJ^JaJ8D�@�D�$� P�rrafo de lista ^��m$<U ��< �iD0Hiperv�nculo>*B*ph�P�/��P�_�T�tulo 3 Car5�CJOJPJQJ^JaJtH ��`��:pTabla con cuadr�cula7:V �0�� d��C@�"0g�Sangr�a de texto normal!d��`�7a$ CJOJPJQJaJmH sH tH r�/��!r!0g�Sangr�a de texto normal Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH ��/��1�%%��Texto nota pie Car1,Texto nota pie Car Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Char Car1,Footnote reference Car1,FA Fu Car1,Footnote Text Cha Car1,Footnote Text Char Char Char Car1,FA Fu�notentext Car1CJaJx�Bx�ytTexto independiente 21$dh�*$a$ CJOJPJQJaJmH sH tHFBRF &�it0Texto independiente%�xV�/��aV%�it0Texto independiente CarOJPJQJ^JD' ��qD �K�0Ref. de comentarioCJaJJ�J )�K�0Texto comentario(d�CJaJX�/��X(�K�0Texto comentario CarCJOJPJQJ^JaJLj��L +�K�0Asunto del comentario*5�\�h�/��h*�K�0Asunto del comentario Car5�CJOJPJQJ\�^JaJV��V -�K�0Texto de globo,d��CJOJ QJ ^J aJT�/��T,�K�0Texto de globo CarCJOJ PJQJ ^J 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