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ANTECEDENTES El 25 de octubre de 2017, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagu� Tolima, conden� a CARLOS JULIO ARIAS ARIAS, por el delito de omisi�n del agente retenedor o recaudador a las penas principales de 32 meses de prisi�n y multa por $66.714.000. Mediante escrito calendado el 20 de noviembre del a�o inmediatamente anterior, el representante de las v�ctimas solicit� fijar �fecha y hora para adelantar la Audiencia de Incidente de Reparaci�n Integral�.
Seg�n constancia secretarial obrante al folio 31, el t�rmino para presentar la solicitud del incidente de reparaci�n integral venci� el 11 de diciembre de 2017 a las seis de la tarde. LA DECISI�N IMPUGNADA El a quo, mediante decisi�n del 5 de junio pasado, rechaz� la solicitud de apertura del incidente de reparaci�n integral solicitada por el apoderado de la DIAN, con base en decisiones de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en la primera de las cuales se explica que la Administraci�n cuenta, para el cobro de las deudas a favor de la Naci�n, con los procedimientos de cobro coactivo sin necesidad de acudir a los jueces, privilegio que es el medio id�neo para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado; mientras que en la segunda, textualmente se lee: �ninguna raz�n de orden legal explicar�a que a la DIAN se le facultara a concurrir simult�nea o anticipadamente a otro mecanismo para ejercer el derecho a obtener el pago de la obligaci�n y que ante la ineficiencia del optado, en caso de haberse declarado la responsabilidad penal, est� autorizada para iniciar el incidente de reparaci�n integral con aquella misma finalidad�.
LA APELACI�N El representante de la DIAN, inconforme con la decisi�n del juez de instancia, la apel� con base en los siguientes argumentos: El art�culo 36 de la Ley 190 de 1996 (en realidad es de 1995), prescribe que en todo proceso contra la administraci�n p�blica, es obligatoria la constituci�n de parte civil a cargo de la persona jur�dica de derecho p�blico perjudicada.
Debe tenerse en cuenta la doble calidad que tienen los apoderados de la entidad en sus intervenciones en procesos judiciales, pues adem�s de actuar como abogados, tienen la calidad de funcionarios p�blicos, defendiendo los intereses de una entidad cuyo objetivo misional es garantizar la seguridad fiscal del Estado y la protecci�n del orden p�blico econ�mico nacional, mediante la administraci�n y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Frente al motivo del disenso en concreto, si bien es cierto es innegable la relevancia jur�dica de la sentencia de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, debe tenerse en cuenta que este pronunciamiento se da al interior de la justicia ordinaria, por lo que su poder es menor que el de las sentencias de constitucionalidad por expreso mandato del art�culo 243 de la Carta, y de las sentencias de unificaci�n del Consejo de Estado conforme lo dispone el canon 102 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El pronunciamiento de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a�n no constituye doctrina probable, conforme a lo establecido por el art�culo 4 de la Ley 169 de 1896, porque es la primera vez que se pronuncia sobre este asunto. Adem�s, llama la atenci�n que en la decisi�n de la Corte Suprema de Justicia, las referencias y citas jurisprudenciales en materia penal, en su inmensa mayor�a, sino en su totalidad, corresponden a decisiones emitidas con ocasi�n a antiguos c�digos de procedimiento penal, adoptados en el Decreto 2700 de 1991 y en la Ley 600 de 2000, pero la Ley 906 de 2004, de clara tendencia acusatoria y, en consecuencia, diferente a los sistemas anteriores, es innegablemente m�s garantista frente a las v�ctimas y ello ha sido reiteradamente reconocido por la Corte Constitucional, entre otras decisiones, mediante la sentencia C-409 de 2009 y C-344 de 2017, afirmando que la reparaci�n integral es un derecho fundamental de las v�ctimas y su limitaci�n es competencia del legislador, siempre y cuando se respeten criterios de razonabilidad y proporcionalidad, regla que estar�a siendo desconocida por la interpretaci�n efectuada por la Corte Suprema de Justicia que obvi� un an�lisis profundo del delito como fuente de obligaciones conforme lo establece el art�culo 2341 del C�digo Civil, norma que es principio general del ordenamiento jur�dico colombiano y que est� siendo vulnerada por la Corte, pues el art�culo 103 de la Ley 906 de 2004 se�ala que el rechazo del incidente de reparaci�n integral s�lo procede cuando quien lo promueve no es v�ctima o se encuentre acreditado el pago de los perjuicios, a pesar de lo cual el alto Tribunal interpret� la norma indicando que si se inici� el cobro de la obligaci�n no es procedente el mencionado incidente a pesar de no haberse obtenido el pago de los perjuicios derivados de la conducta punible, creando una nueva forma de rechazo, justificando el ejercicio argumentativo al manifestar que como el legislador no hizo menci�n expresa o t�cita a la posibilidad de que las v�ctimas acudan a varios medios para el pago de los perjuicios, debe entenderse que esto no es posible.
Los derechos de las v�ctimas en el proceso penal han sido ampliamente analizados por la Corte Constitucional y en reciente pronunciamiento declar� la constitucionalidad del art�culo 94 del C�digo Penal, que habla de la obligaci�n de reparar los perjuicios materiales y morales derivados de la comisi�n de la conducta punible. Finalmente, vale poner de presente que la autoridad judicial se puede apartar de un precedente, conforme ha sido se�alado por las sentencias de constitucionalidad 836 de 2001 y 621 de 2015.
As� las cosas, solicita revocar la decisi�n apelada. CONSIDERACIONES DE LA SALA El problema jur�dico consiste en determinar si debe o no rechazarse el incidente de reparaci�n integral solicitado por el apoderado de la DIAN en su calidad de v�ctima, conforme a la decisi�n del a quo. Los fines principales del proceso penal dentro del esquema de justicia restaurativa que actualmente se aplica en Colombia son la verdad, la justicia y la reparaci�n, de ah� que se propenda por la intervenci�n de la v�ctima en el curso del mismo, toda vez que es el sujeto que ha sufrido un da�o directo o indirecto como consecuencia del injusto, quien tiene derecho, no s�lo a conocer la verdad y obtener pronta y cumplida justicia, sino a acceder a la reparaci�n integral de los perjuicios causados.
Es por ello, que dentro de los principios rectores y las garant�as procesales planteadas en la Ley 906 de 2004 se consagran los derechos de las v�ctimas: �ART. 11. Derechos de las v�ctimas. El Estado garantizar� el acceso de las v�ctimas a la administraci�n de justicia, en los t�rminos establecidos en este c�digo. En desarrollo de lo anterior, las v�ctimas tendr�n derecho: a) (�) c) A una pronta e integral reparaci�n de los da�os sufridos, a cargo del autor o part�cipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los t�rminos de este c�digo�.
En esa medida y con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la reparaci�n mediante el cual se busca el resarcimiento por los da�os causados, el mismo C�digo Procesal Penal, en el cap�tulo IV establece el desarrollo del ejercicio del incidente de reparaci�n integral. Descendiendo al caso bajo an�lisis encuentra la Colegiatura que la inconformidad del recurrente se circunscribe a la decisi�n del a quo de rechazar el incidente de reparaci�n integral, con base en la sentencia SP8463 del 14 de junio de 2017, radicado 47446 de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, teniendo en cuenta los ataques que a la providencia recurrida efect�a el apelante al sustentar el recurso, debe la Sala decir lo siguiente: El art�culo 243 de la Carta Pol�tica, se�ala que los fallos que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr�nsito a cosa juzgada constitucional y ninguna autoridad podr� reproducir el contenido material del acto jur�dico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontaci�n entre la norma ordinaria y la Constituci�n. Implica lo anterior que cuando el tribunal de cierre constitucional emita fallos de inexequibilidad, no podr� ninguna autoridad reproducir el acto jur�dico que ha sido declarado inexequible y que los fallos que dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr�nsito a cosa juzgada constitucional; en consecuencia, siendo la Constituci�n Nacional norma de normas, se encuentra en la c�spide de nuestro ordenamiento interno, conforme a la pir�mide de Kelsen, de lo cual se concluye que las sentencias de constitucionalidad, deben ser acatadas por las dem�s autoridades, pues la declaratoria de inexequibilidad de una norma o de parte de ella, implica su exclusi�n del ordenamiento jur�dico.
Sin embargo, era obligaci�n del recurrente indicar qu� norma de rango constitucional o sentencia de constitucionalidad vulnera la decisi�n de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia citada por el a quo, pero como no lo hizo, queda la Colegiatura relevada de evaluar tal situaci�n, estando habilitada para hacerlo s�lo en presencia de violaci�n de derechos y garant�as fundamentales, lo cual no se observa al interior de este asunto.
Le asiste raz�n al recurrente cuando afirma que la sentencia de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a�n no constituye doctrina probable, conforme a lo establecido por el art�culo 4 de la Ley 169 de 1896, porque es la primera vez que se pronuncia sobre este asunto, no obstante, los operadores judiciales pueden asumir una de dos posturas: (i) acoger el pronunciamiento del alto tribunal o (ii) apartarse del mismo.
En este caso, el se�or juez de instancia decidi� acoger la decisi�n del tribunal de cierre penal, porque con base en su criterio la consider� acertada, esto es, se ajusta al caso concreto. Ahora bien, que la Corte Suprema de Justicia haya citado en su decisi�n providencias dictadas en vigencia de anteriores c�digos adjetivos, no demerita su valor, antes por el contrario, le da sustento a su determinaci�n, que en ning�n momento, como lo hace ver el recurrente, va en contrav�a de los intereses de las v�ctimas, pues su an�lisis se centra en el poder con el que cuenta el Estado para obtener el pago de las deudas tributarias de los contribuyentes, es decir, el cobro coactivo que la administraci�n, por mandato del art�culo 843 del Estatuto Tributario, tiene la obligaci�n de realizar para obtener el pago de las deudas fiscales, mecanismo que, seg�n la decisi�n de la Corte, es el id�neo para que la Administraci�n busque su pago.
Sobre este punto en particular en la aludida decisi�n, se dice: �Con referencia a ese privilegio de la administraci�n, la misma Corporaci�n en sentencia T-604 del 9 de junio de 2005, se�al�: Las facultades asignadas a la Administraci�n para el cobro de las deudas a favor de la Naci�n a trav�s de los procedimientos de cobro coactivo sin necesidad de acudir a los jueces, han sido estudiadas y aceptadas por la jurisprudencia constitucional y administrativa de tiempo atr�s. En efecto, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y esta Corporaci�n, han identificado a la �Jurisdicci�n Coactiva� como el �privilegio exorbitante� que tiene la administraci�n a partir del cual se entiende que �las acreencias p�blicas est�n amparadas por un privilegio general de cobranza�.
En consecuencia, es claro que de vieja data, esto es, bajo el amparo de disposiciones pasadas, los altos tribunales han venido tratando el tema concerniente al cobro de las deudas con la Administraci�n a trav�s de la jurisdicci�n coactiva. Es evidente que la Ley 906 de 2004 brinda especial importancia a las v�ctimas, reivindicando garant�as y derechos a los que en ordenamientos anteriores no se daba la relevancia que merec�an, pero, se itera, el Estado cuenta con un mecanismo id�neo para obtener el pago de las deudas fiscales, un �privilegio exorbitante [que] provee a la administraci�n, a su vez, de medios suficientemente eficaces para asegurar el recaudo forzoso al margen de que se haya dado o no curso a la acci�n penal�.
El art�culo 2341 del C�digo Civil, se�ala que quien ha cometido un delito que ha inferido da�o a otro es obligado a la indemnizaci�n, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por el delito, y no hay duda que sobre este particular le asiste raz�n al recurrente; sin embargo, con la decisi�n de la Corte no se est� cercenando ese derecho a la v�ctima, como tambi�n lo afirma el apelante; simplemente se est� indicando cu�l es el camino que debe tomar, pues en trat�ndose de una entidad p�blica como la DIAN, es a trav�s de la jurisdicci�n coactiva, que no del incidente de reparaci�n integral al interior del proceso penal.
En lo que tiene que ver con que el inciso 2� del art�culo 103 de la Ley 906 de 2004 cuando se�ala que el rechazo del incidente de reparaci�n integral s�lo procede cuando quien lo promueve no es v�ctima o se encuentre acreditado el pago de los perjuicios, lo cual dice el recurrente no ocurre en el presente caso, con lo que la Corte estar�a creando una nueva causal de rechazo del incidente, la soluci�n a esta inconformidad del recurrente la trae la misma decisi�n del alto tribunal cuando dice: �Por esa raz�n, el motivo de rechazo de la pretensi�n al que se refiere la norma �art�culo 103, inciso 2�, de la Ley 906 de 2004� no puede interpretarse como la consecuente facultad para adelantar ante el juez penal el incidente de reparaci�n, cuando se ha iniciado otra acci�n legal tendiente al pago de la obligaci�n, por la ineficacia de �sta o por haberse dejado vencer los t�rminos para su iniciaci�n o su terminaci�n�; es decir, si la administraci�n ya inici� otra acci�n -como en el presente- o dej� vencer el t�rmino con el que contaba para iniciar el cobro coactivo de la obligaci�n tributaria, no puede acudir al incidente de reparaci�n integral para suplir su negligencia. En consecuencia, se confirmar� el auto recurrido, pues la Sala tambi�n comparte la decisi�n de la Corte, en uno de cuyos apartes dice: �En consecuencia, la Sala encuentra que la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales no estaba legitimada para promover el incidente de reparaci�n integral contra (�), en consideraci�n a que el Estatuto Tributario la provee de un mecanismo extraordinario y de instrumentos eficaces para el cobro forzoso de las obligaci�n derivadas de la omisi�n por parte del agente retenedor de consignar las sumas declaradas como recaudadas por impuesto a las ventas, acci�n que, adem�s, adelant� la entidad, por lo que la sentencia mediante la cual por mayor�a la Sala de Decisi�n del Tribunal revoc� la condena al pago de los perjuicios que puso fin al incidente de reparaci�n en primera instancia, no agravi� ninguna garant�a fundamental de la v�ctima.� En cuanto a lo manifestado por el representante de v�ctimas de que no se presenta vulneraci�n al non bis in �dem al pretender solicitar la reparaci�n integral derivada de la conducta de omisi�n de agente retenedor, si se ha ejercido la potestad de cobro coactivo, por cuanto dicha figura solo es aplicable al derecho penal y sancionatorio, es importante recordar que por el principio de integraci�n contenido en el art�culo 25 de la ley 906 de 2004, en las materias no reguladas por el R�gimen Penal Adjetivo, que para este caso particular por tratarse de una acci�n civil accesoria al proceso penal, se deben aplicar las normas del C�digo General del Proceso, que en su art�culo 100 contempla como una de las excepciones previas, que se pueden proponer por el demandado dentro del t�rmino de traslado de la demanda es la del numeral 8� que corresponde al �Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto�, lo que indica que no es cierto que para el reclamo de una pretensi�n de �ndole civil como ocurre en este caso, se puedan adelantar para su cobro varias acciones simult�neamente.
Por lo anteriormente expuesto la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu�, RESUELVE CONFIRMAR la decisi�n apelada. Contra esta decisi�n no procede recurso alguno. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. Los Magistrados, JULIETA ISABEL MEJ�A ARCILA MAR�A MERCEDES MEJ�A BOTERO H�CTOR HUGO TORRES VARGAS Luz Mireya Jaramillo D�az Secretaria Folios 3 a 7|. Folio 14. Folios 32 a 34. Folios 40 a 45. CE Sala de Negocios Generales.
G.J. XLV. N� 1929, septiembre 1 de 1937, p�g. 773. CXCE Sala Plena, junio 15 de 1965, Anales 407-408, T.LXIX. 1965, p. 297. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Cuarta. Sentencia del 25 de marzo de 1969. Anales 1969. Tomo 76, p�g. 371. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Cuarta, 8 de mayo de 1969. Anales 1969. T. 76, p. 231.
C.P. CSJ Sala de Negocios Generales, 13 de agosto de 1936. G.J. N� 1911. P�g. 882. Folio 40 incidente de reparaci�n integral. Segunda Instancia 73001600043220140258001 NI: 37967 PAGE PAGE \* MERGEFORMAT3 67J}~������� I J K \ ���������w�sl�^�I)hMshB`\B*OJQJ^JmH phsH hMsh�V{OJQJ\�^JhMshB`\h�V{hMsh�%�5�CJOJQJaJhMsh�5�CJOJQJaJhMsh�V{5�CJOJQJaJhMsh�V{OJQJ^JhMsh�V{5�OJQJ\�^J7jh8Ah8A5�OJQJU^JmHnHsH $tH $u hMsh�V{CJOJQJ^JaJhMsh�V{5�OJQJ^J68f}~��� J K a � � � � ������������������� dh��gdB`\ $dha$gd�V{�&dP��^�gdB`\�^�gdB`\dhgd�V{gd�V{ $dha$gd�V{\ ] ` a g � � � � � � � � � ��Ȼ�����xcN9)hMsh��B*CJOJQJ^JaJph)hMsh�V{B*CJOJQJ^JaJph)hMshfB*CJOJQJ^JaJph#h�V{B*CJOJQJ^JaJphhMsh�V{5�@���OJQJ^JhMshfOJQJ^Jh�V{OJQJ^Jh�!`OJQJ^JhMsh�V{OJQJ^Jh�!`hB`\5�>*OJQJ^J)h�!`5�>*B*OJQJ^JmH phsH #h�!`B*OJQJ^JmH phsH � � � ?@ANOGH � � � � ����@�������������������� $dha$gd�[C dh�gd�V{$dh�a$gd�[C $dha$gd�V{ $dha$gd�V{$dh�a$gd�V{$dh�a$gd�V{� � � � $ +, K P d v w � � � � 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normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin lista&`����V{0�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,Appel note de bas de page,referencia nota al pie,BVI fnr,Footnote symbol,Footnote,Ref. de nota al pie2,Nota de pie,Ref,de nota al pie,Pie de pagina,Ref.,Ref1,FC,Ref. de nota al pie 2,FZ,Footnotes refss,4_GH*&@&�V{0�Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,texto de nota al pie,Footnote Text Char Char Char,texto de nota al pie Car,Texto nota pie Car Car,Footnote Text Char,Car, Car,Car Car,C,f,ftCJaJmH sH `�/��`�V{0�Texto nota pie Car,FA Fu Car1,FA Fu Car Car Car Car Car Car Car Car Car,FA Fu Car Car,FA Fu Car Car Car Car Car Car,Texto nota pie Car Car Car Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH B @"B�V{0 Pie de p�gina �C�"^�/��1^�V{0Pie de p�gina Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH 8)@�A8�V{N�mero de p�gina<@R<�V{0 Encabezado �C�"X�/��aX�V{0Encabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH,�/��q,�V{�Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car1,Footnote Text Char Char Char Car,texto de nota al pie Car Car,Texto nota pie Car Car Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH F>@�F�V{Puestodh7$8$a$5�CJ$\�aJV�/���V�V{ Puesto Car*5�CJ$OJPJQJ\�^JaJmH sH tH `�`���`�V{ Sin espaciado7$8$$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH D��D�V{ P�rrafo de lista ^��m$TB@�T�V{Texto independiente�x7$8$CJaJj�/���j�V{Texto independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH L��L �V{0Texto de globoCJOJQJ^JaJ`�/���`�V{0Texto de globo Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH \^@\l:�0Normal (Web) �d�d7$8$[$\$CJaJmH $sH $tH $<U ��< l:�0Hiperv�nculo>*B*ph�V�/��!V�\��T�tulo 1 Car&5�CJ0KH$OJPJQJ\�^JaJ0tH $h�2hRT~Texto independiente 21#dh7$8$a$aJmH sH tH $B��AB�K�apple-converted-spaceH�RH~/centrado%�d�d7$8$[$\$CJaJPK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g 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