Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Ibagué

Radicado: 73001.22.04.000.2019.00389.00

Sala: SALA PENAL

Ponente: Julieta Isabel Mejía Arcila

Fecha: 2019-06-07

Sujetos procesales: ACCIONANTE John Edwin Londoño Calle \ ACCIONADO: Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín

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Accionado: Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medell�n.  MAGISTRADA PONENTE: JULIETA ISABEL MEJ�A ARCILA Aprobado mediante Acta N� 400 Ibagu�, (7) siete de junio de dos mil diecinueve (2019) ASUNTO Decide la Sala la acci�n de tutela interpuesta por el se�or JOHN EDWIN LONDO�O CALLE, en contra del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medell�n, por la presunta vulneraci�n de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

LA ACCI�N DE TUTELA El accionante acudi� al presente mecanismo de amparo constitucional en aras de lograr la protecci�n de los derechos fundamentales antes mencionados, con base en los siguientes argumentos: encuentra privado de la libertad en la c�rcel del Guamo-Tolima. Mediante auto 0450 del 25 de abril de 2019 el Juzgado Tercero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu� sostiene que, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medell�n neg� el recurso de apelaci�n interpuesto para que se le concediera libertad condicional.

Mientras que el Juzgado Quinto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, en auto 357 del 11 de abril de 2019, concedi� la libertad condicional a su compa�ero de causa DIEGO LE�N RESTREPO LONDO�O, atendiendo a una nulidad parcial decretada por esa instancia. El accionante sostiene que a �l se le neg� la misma petici�n. Por lo anterior solicita, que se ordene al Juzgado Tercero Penal Especializado de Conocimiento de Medell�n, revoque el auto por el cual el Juzgado Tercero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad, le neg� la libertad condicional.

ACTUACI�N Y CONTESTACI�N DE LOS DESPACHOS ACCIONADOS Mediante auto del pasado 27 de mayo de 2019, se admiti� la presente acci�n constitucional y se dispuso correr traslado de la demanda al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medell�n y al Juez Tercero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de esta urbe, para que se pronunciaran de la demanda de tutela, quienes efectivamente lo hicieron en los siguientes t�rminos: Mediante oficio N�0537 del 28 de mayo 2019, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medell�n ejerciendo su derecho de contradicci�n emiti� respuesta respecto de la presente acci�n de constitucional, aduciendo que en virtud de la valoraci�n realizada por el juez sobre la gravedad de los delitos por los cuales fue condenado JOHN EDISON LONDO�O CALLE, fue lo que sirvi� de soporte para proferir la decisi�n que le permiti� inferir que no ameritaba conceder el beneficio.

Por medio de oficio N� 0355 del 5 de junio de 2019, el Juzgado 3 EPMS ejerciendo el mismo derecho, en su informe indic� que se abstuvo de conceder a dicho penado el mecanismo sustitutivo de la libertad condicional, al acreditarse �sic- el requisito subjetivo de previa valoraci�n de la gravedad de los delitos imputados y fallados, a la luz de lo establecido en el art�culo 30 de la ley 1709 de 2014.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde establecer como problema jur�dico, si las autoridades accionadas incurren actualmente en vulneraci�n de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del se�or JOHN EDWIN LONDO�O CALLE. La Constituci�n Pol�tica de Colombia dispone en su art�culo 86 que la acci�n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario al cual se puede acudir para la protecci�n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, empero, como v�a judicial residual y por lo tanto subsidiaria, solo se podr� acudir en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo, dicha acci�n se tramite como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable.

Sobre el car�cter subsidiario y residual de la acci�n de amparo constitucional, se debe recordar que, la misma s�lo procede cuando no existe otra v�a judicial o administrativa por medio de la cual se resuelva sobre la vulneraci�n del derecho fundamental, o cuando existiendo otras acciones, �stas no son suficientemente eficaces o id�neas para la protecci�n de tales derechos, o cuando existiendo acciones ordinarias, resulta imprescindible la intervenci�n del juez de tutela para evitar un perjuicio irremediable.

El debido proceso se encuentra instituido en el art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica como el derecho fundamental que posee toda persona para que las actuaciones judiciales y administrativas se lleven en el t�rmino estipulado, bajo el respeto de los derechos sustanciales y con las garant�as constitucionales, as� tambi�n lo ha entendido el m�ximo �rgano en materia constitucional, al se�alar: �En el Estado constitucional, el derecho al debido proceso se estructura como una herramienta fundamental para garantizar la sujeci�n de las autoridades al sistema de reglas que lo caracteriza.

El car�cter fundamental de �ste derecho, consagrado en el art�culo 29 de la Constituci�n ha sido destacado por la jurisprudencia de esta Corte desde sus primeros desarrollos. Ha sostenido que se trata de una garant�a fundamental constitucional instituida para proteger a los gobernados de posibles abusos y desviaciones de poder en que pudieren incurrir las autoridades, originados no s�lo en actuaciones procesales, sino en las decisiones que adopten y puedan afectar injustamente los derechos e intereses leg�timos de aquellos. � El debido proceso involucra adem�s una serie de garant�as��con las cuales se busca sujetar a reglas m�nimas sustantivas y procedimentales el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el �mbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas a esas actuaciones�.

No se limita en consecuencia a la protecci�n de un derecho en estricto sentido, sino que se extiende al conjunto de principios que le proveen de fundamento, toda vez que salvaguarda la primac�a de los principios de legalidad, libertad e igualdad, y se orienta a realizar efectivamente el derecho de acceso a la administraci�n de justicia, sustento b�sico y esencial de una sociedad democr�tica� Ahora en cuanto al derecho a la igualdad la Corte ha sido enf�tica en se�alar lo siguiente: La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garant�a. De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y, iii) la prohibici�n de discriminaci�n que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen �tnico, identidad de g�nero, religi�n y opini�n pol�tica, entre otras.

Descendiendo al caso sub examine, tal y como se acotara en el ac�pite de hechos, la raz�n por la cual el accionante considera afectados sus derechos constitucionales invocados se circunscribe a la negativa de conceder a dicho penado el mecanismo sustitutivo de la libertad condicional, en virtud a que a su compa�ero de causa le fue otorgado el mencionado beneficio.

La Corte Constitucional, ha sido reiterativa al se�alar la improcedencia de la acci�n de tutela en contra de decisiones judiciales, dado el car�cter subsidiario del que goza dicha acci�n constitucional, pues no se trata de una tercera instancia; no obstante, este postulado general encuentra excepci�n en trat�ndose de decisiones que por involucrar una manifiesta y ostensible contradicci�n con la Constituci�n Pol�tica o la ley, en cuanto resultado de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, conculcan o amenazan derechos fundamentales del actor, frente a los cuales no disponga de otro medio id�neo y eficaz para la salvaguarda de sus derechos.

Al respecto, la Corte considera que la tutela solo procede cuando se cumplen ciertos requisitos de procedibilidad, unos de car�cter general que habilitan su interposici�n y otros de car�cter espec�fico, referidos a la procedencia misma del amparo. Sobre los primeros, en la Sentencia SU-818 de 2007, dijo: �Las causales gen�ricas de procedibilidad se refieren a aqu�llos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la acci�n de tutela, pero que referidas al caso espec�fico de la tutela contra providencias judiciales adquieren un matiz especial.

La particularidad se deriva del hecho de que en estos casos la acci�n se interpone contra una decisi�n judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constituci�n. Tales causales son las siguientes: (i) Se requiere, en primer lugar, que la cuesti�n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci�n de tutela, est� acreditada la vulneraci�n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci�n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor;

(ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti�n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t�rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin� la vulneraci�n;

(iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que �stas tengan un efecto decisivo en la decisi�n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.� De igual manera, ha precisado la Corte que los criterios espec�ficos deben revestir un car�cter protuberante y presentarse de forma evidente en la decisi�n bajo examen, resumi�ndolos de la siguiente manera: �i) Defecto sustantivo, org�nico o procedimental: La acci�n de tutela procede, cuando puede probarse que una decisi�n judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicaci�n indebida, error grave en su interpretaci�n, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se act�a por fuera del procedimiento establecido. ii) Defecto f�ctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la pr�ctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variar�a dr�sticamente el sentido del fallo proferido. iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actu� equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un �rgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la administraci�n de justicia. iv) Decisi�n sin motivaci�n: Cuando la autoridad judicial profiere su decisi�n sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisi�n no tiene fundamentos jur�dicos o f�cticos. v) Desconocimiento del precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un m�nimo razonable de argumentaci�n, de forma tal que la decisi�n tomada variar�a, si hubiera atendido a la jurisprudencia. vi) Vulneraci�n directa de la Constituci�n: Cuando una decisi�n judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepci�n de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto.� Frente a los requisitos generales de procedencia de la acci�n de tutela, cabe precisar, que el asunto debatido resulta de innegable relevancia constitucional por tratarse de los derechos fundamentales a la libertad e igualdad.

Adicionalmente, se satisface la causal general de procedibilidad de la inmediatez de la acci�n de tutela, en la medida que la situaci�n f�ctica aducida en la demanda es razonablemente reciente, por cuanto la decisi�n por medio de la cual se le neg� la libertad condicional data del 25 de abril de 2019 y la que concedi� al coautor condenado es del 11 de abril ulterior.

Igualmente, se cumple el requisito de subsidiariedad, si en cuenta se tiene, que el accionante agot� los recursos ordinarios que ten�a a su alcance para la protecci�n de sus derechos fundamentales, pues contra la decisi�n que le neg� en primera instancia la libertad condicional, interpuso los recursos de reposici�n y apelaci�n. Ahora bien, de las pruebas allegadas a la actuaci�n, encuentra la Sala, que en auto No. 0450 de 25 de abril de 2019, el Juzgado Tercero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, neg� al accionante JOHN EDISON LONDO�O CALLE la libertad condicional, tras hacer el an�lisis sobre la gravedad de la conducta punible plasmada por el fallador en la sentencia de primera instancia, decisi�n que fue dictada a la luz de las previsiones del art�culo 64 del C�digo Penal, modificado por el art�culo 30 de la Ley 1709 de 2014.

Bajo argumentos similares, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medell�n, confirm� la decisi�n del a quo, pues consider� que el delito por el que fue condenado el accionante, es una conducta que representa un alto reproche social no solo por la distribuci�n de estupefacientes en sector donde se congregaban menores de edad, sino porque se utiliz� para la ejecuci�n de la conducta a un adolescente.

En este caso resulta necesario traer a colaci�n el siguiente pronunciamiento de la Corte Constitucional: �En primer lugar es necesario concluir que una norma que exige que los jueces de ejecuci�n de penas valoren la conducta punible de las personas condenadas para decidir acerca de su libertad condicional es exequible a la luz de los principios del�non bis in �dem, del juez natural (C.P. art. 29) y de separaci�n de poderes (C.P. art. 113). � Por otra parte, dicha norma tampoco vulnera la prevalencia de los tratados de derechos humanos en el orden interno (C.P. art. 93), pues no desconoce el deber del Estado de atender de manera primordial las funciones de resocializaci�n y prevenci�n especial positiva de la pena privativas de la libertad (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos art. 10.3 y Convenci�n Americana de Derechos Humanos art. 5.6). � Sin embargo, s� se vulnera el principio de legalidad como elemento del debido proceso en materia penal, cuando el legislador establece que los jueces de ejecuci�n de penas deben valorar la conducta punible para decidir sobre la libertad condicional sin darles los par�metros para ello.

Por lo tanto, una norma que exige que los jueces de ejecuci�n de penas valoren la conducta punible de las personas condenadas a penas privativas de su libertad para decidir acerca de su libertad condicional es exequible, siempre y cuando�la valoraci�n tenga en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean �stas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.

Finalmente, la Corte concluye que�los jueces de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad deben aplicar la constitucionalidad condicionada de la expresi�n �previa valoraci�n de la conducta punible� contenida en el art�culo 30 de la Ley 1709 de 2014, en todos aquellos casos en que tal condicionamiento les sea m�s favorable a los condenados�.

Suficiente ilustraci�n da al caso que ocupa la atenci�n de la Sala, el anterior aparte jurisprudencial, para concluir, que no le asiste raz�n al accionante cuando pregona la vulneraci�n de sus derechos fundamentales. Lo anterior, por cuanto los argumentos con los que sustentaron los jueces accionados la decisi�n cuestionada, no pueden controvertirse en el marco de la acci�n de tutela, pues, como se advierte, no resultan visiblemente arbitrarios, caprichosos o irracionales, sino que responden a una interpretaci�n razonable de la ley, concretamente del art�culo 30 de la Ley 1709 de 2014, el cual exige un examen o valoraci�n de la conducta punible previo al estudio de las dem�s exigencias, y no supone un razonamiento agregado al realizado por el juzgador en el fallo de primera instancia. Adicionalmente el se�or LONDO�O CALLE, argumenta que se vulner� por parte de los accionados el derecho a la igualdad en la medida que a su compa�ero de causa se le otorg� el beneficio de la libertad condicional por parte del Juzgado Quinto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja que vigila la pena, no obstante tratarse de los mismos hechos y delitos.

Sobre el particular encuentra esta Colegiatura, que si bien es cierto, al compa�ero de causa del accionante le fue concedido el subrogado de la libertad condicional en virtud de la decisi�n emitida por el Juzgado Quinto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja el pasado 11 de abril de 2019, esto es, un juzgado diferente perteneciente a otro distrito judicial, esto no quiere decir que por este solo hecho se le deba otorgar tambi�n el sustituto penal, en virtud de que los antecedentes procesales de cada caso fueron diferentes, como lo sostiene el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medell�n como autoridad de segunda instancia para la vigilancia de ambas condenas; adicional a que los despachos que vigilan la pena del se�or JOHN EDWIN LONDO�O CALLE en primera y segunda instancia, se ci�eron estrictamente a lo establecido por el legislador en el art�culo 30 de la ley 1709 de 2014, por lo que no se adopt� decisi�n arbitraria ni caprichosa, pues al valorar el requisito relacionado con la gravedad de la conducta punible, hizo transcripci�n textual del aparte del fallo de primera instancia que refiere a dicho t�pico y a la jurisprudencia pertinente.

Por tanto, en virtud del principio de autonom�a e independencia que tienen los jueces de la Rep�blica al momento de emitir sus providencias conforme al art�culo 228 de la Carta Pol�tica, el funcionario no puede adoptar una decisi�n id�ntica a sabiendas de que los antecedentes procesales de cada uno de los condenados son diferentes, adem�s debe ce�irse a lo que conste dentro de la actuaci�n que vigila y a lo determinado en la constituci�n y en la ley; por tanto, luego de analizar la situaci�n particular, para esta Sala es acertada la decisi�n de abstenerse de conceder el subrogado penal conforme a los argumentos expuestos en ambas instancias, sin que se advierta que existe objetivamente vulneraci�n a los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad invocados por el actor, pues su situaci�n se advierte dis�mil.

La gran importancia de la funci�n judicial, e incluso la celosa protecci�n del derecho de acceder a ella resultan vac�os e in�tiles, si no se garantizan de igual manera la autonom�a e independencia de los jueces, reconocidas y relievadas tambi�n por varios preceptos constitucionales y por los tratados internacionales sobre la materia. En suma, los operadores judiciales deben ser aut�nomos e independientes, pues s�lo as� los casos puestos a su conocimiento podr�n ser resueltos de manera imparcial, aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el legislador, de tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misi�n constitucional de administrar justicia. (Negrita de la Sala) En ese orden de ideas, se denegar� el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu�, Tolima, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE DENEGAR el amparo constitucional deprecado por JOHN EDWIN LONDO�O CALLE a los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Notificar esta decisi�n y en caso de no ser impugnada, rem�tase la actuaci�n a la Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE.

Los Magistrados, JULIETA ISABEL MEJ�A ARCILA MAR�A MERCEDES MEJ�A BOTERO H�CTOR HUGO TORRES VARGAS Luz Mireya Jaramillo D�az Secretaria  Folios 1 a 2 Cuaderno Original  Folios 3 a 6 Cuaderno Original  Folio 19 Cuaderno Original  Folios 23 a 24 Cuaderno Original  Folio 33 Cuaderno Original  Corte Constitucional Sentencia T-1303 de 2005;

M.P Dr. Jaime C�rdoba Trivi�o  Sentencia T-030/2017 GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO  �El presupuesto b�sico para la procedencia del amparo es la vulneraci�n o la amenaza de vulneraci�n a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales gen�ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci�n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen�ricas se�aladas �que bien podr�an ser subsanadas a trav�s de los mecanismos y recursos ordinarios-es necesario tambi�n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)� Sentencia C-701 de 2004.

Ver tambi�n Sentencia T-381 de 2004, reiterada en Sentencia T-590 de 2006�.  �Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las Sentencias T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU.159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre otras (cita original de la jurisprudencia trascrita)�.  �Sobre defecto f�ctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260 de 1999, T-488 de 1999, T-814 de 1999, T-408 de 2002, T-550 de 2002, T-054 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita)�.  �Al respecto, las sentencias SU-014 de 2001, T-407 de 2001, T-759 de 2001, T-1180 de 2001, T-349 de 2002, T-852 de 2002, T-705 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita)�.  Corte Constitucional, Sentencias T-693 de 2009 y T-033 de 2010.  Folio 15  Folio 24  Corte Constitucional, Sentencia C-757, de 15 de octubre de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Sentencia invocada por el funcionario de primera instancia.  Folios 7-14 cuaderno de tutela.  Al parecer por una imprecisi�n en el funcionario de primera instancia que denomin� lapsus calami, la cual obra al folio 10 del cuaderno de tutela.  Folios 24 cuaderno de tutela.  La Administraci�n de Justicia es funci�n p�blica. Sus decisiones son independientes.

Las actuaciones ser�n p�blicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecer� el derecho sustancial.  T-238 de 2011     73001.22.04.000.2019.00389.00 Tutela 1� Instancia PAGE \* MERGEFORMAT2 >?@nyz{|���Ħ��x^QA++h�\�h�8w5�CJOJQJ^JaJnH tH hlOgh�8w5�mH nH sH tH h�8w5�mH nH sH tH 3h�8wB*CJOJQJ^JaJmH nH phsH tH /h".h�8w5�CJOJQJaJmH nH sH tH +h>Vh�8w5�CJOJQJ^JaJnH tH;jhTQUhTQU5�CJOJQJU^JaJmHnHtH $u*h".h�8w5�CJOJQJ\�aJnH tH 'h".h�8w5�CJOJQJaJnH tH !h�8w5�CJOJQJaJnH tH >@nyz{|���1345����������������$ ��8!�hd��]�ha$gd�8w$ ��8!�h�� d��]�h^�� a$gd�8w$ ��8!�h�� d��]�h`�� a$gd�8wgd�8w $7$8$a$gd�8w$a$gd�8w������012345Hez���ٰ�â�~r_I,9h'h'B*CJOJQJ^JaJmH nH phsH tH +h�\�h�8w5�CJOJQJ^JaJmH sH %h�8w5�CJOJQJ^JaJmH sH h�8wmH nH sH tH h(B�h�8wmH $nH sH $tH (h&nh�8wCJOJQJ^JaJnH tH jhTQUUmHnHu%h�8w5�CJOJQJ^JaJnH tH +h�\�h�8w5�CJOJQJ^JaJnH tH %h/_�5�CJOJQJ^JaJnH tH %h��5�CJOJQJ^JaJnH tH 5e�������������F����������������$ & Fdh�a$gd�E\ $dh�a$gd�b� $dh�a$gd�*� $dh�a$gd�8w d��gd�8w $dh�a$gd�8w $dh�a$gd' $dha$gdTr $d�a$gd�8wz{����������ˮ�˔��dK5*h� �CJOJQJ^JaJmH nH sH tH 0h�\�h�8wCJOJQJ^JaJmH nH sH tH 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�U��N�y�q$V�����@!;����;���y�$$�l %� �����'Her�<$>4�ly3���՛f@�Ʋ�=�a���۴�B��~sC��~�9$n�N��a��"V��+P=�<����r�c��/ �2���i��0m���Sa'�����z��߮����%QE��Ю���[kJ� s�� 4x� ��H����J����Vg��n��U�9\����p5��}�?o�z\Ve�[}:�~D|)J��n��R�7��G�Xuzu�W�\c���l�i�p�;dm2��.\J|�h�4>=O�*�z�ԇ]\B�r��i��AG�ܳ�cpe��$\m���AR����m0mpW ��� qk;�7�ӭw�# �M�o||�nD�\oQ&dY��&��)S�Ե8v�R2I�ݷ�j̛�obW0Ɍ��E �k�W���U|o�or\����B jQ�,`r��'��P��(�`����:]J|� �*s4�^��1!G>}�>x*���"K9/�r:9�}yV�nXJ@KhOA��?j�s�n^&D��O�Z~�ռBt����rl����YXyy�+qo�eE���&G�O��������#���M�� J��� ���E Eb�� 1c� (��9 �B�(�$)��d�u(��[Z�2�s�y�>�j%����7CѝƴFpA���i|�Z�+�;�V+�����7����@mC$�$�1󭇀쟄�|T���qL�` �K7�헆��K�#C ��F�ʜ�� �b��9.ԭ^�QEHQE$�QRI�� *s���������666666666vvvvvvvvv66666>66666666666666666666666666�666666666�66666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62����&6FVfv������2(��&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv��8X�V~�������� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@ OJPJQJ_HmH $nH $sH $tH $J`��J �8wNormal d��CJ_HaJmH $sH $tH `` �T��T�tulo 1$$���@&!B*CJ OJPJQJ^JaJ ph.t�`` �T��T�tulo 2$$�(�@&!B*CJOJPJQJ^JaJph.t�NA`���N Fuente de p�rrafo predeter.Ri���R 0 Tabla normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin lista F@�F �8w0 Encabezadod����8!D�/��D �8w0Encabezado CarOJPJQJ^JL @L �8w0 Pie de p�ginad����8!J�/��!J �8w0Pie de p�gina CarOJPJQJ^J(@2( �8w�Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,Footnote Text Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,texto de nota al pi,texto de nota al p,Footnote Text Char d��CJaJ�/��A �8w�Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,Footnote Text Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char Car,texto de nota al pi CarCJOJPJQJ^JaJ&`��Q �8w�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Footnote number,BVI fnr,f,4_G,16 Point,Superscript 6 Point,Nota a pie,Ref,de nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Footnote Text Char1 Car Car Car CarH*pB@bp �8wTexto independiented��a$ CJOJQJ^JaJmH sH tH j�/��qj �8wTexto independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH lP@�l �8wTexto independiente 2 d��xCJOJQJaJmH sH tH n�/���n �8wTexto independiente 2 Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH R�`���R �8w Sin espaciadoCJPJ_HaJmH sH tH R�/���R �8wSin espaciado CarOJPJQJ^JmH sH D�@�D �b� P�rrafo de lista ^��m$R�/���R �T�� T�tulo 1 Car!B*CJ OJPJQJ^JaJ ph.t�R�/���R �T�� T�tulo 2 Car!B*CJOJPJQJ^JaJph.t�2/�2 �T�0Lista ^�`���m$6?6 !�T�0Cierre d��^��<�/��< �T�0 Cierre CarOJPJQJ^JRC"R #�T�0Sangr�a de texto normal "�x^�^�/��1^ "�T�0Sangr�a de texto normal CarOJPJQJ^JrN!Br %�T�0%Texto independiente primera sangr�a 2$��^�h`�hz�/��Qz $�T�0)Texto independiente primera sangr�a 2 CarOJPJQJ^JB�O�aB `%�apple-converted-spacef�o��rf `%�Default '7$8$H$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmH phsH tH V��V )� �0Texto de globo (d��CJOJ QJ ^J aJT�/���T (� �0Texto de globo CarCJOJ PJQJ ^J aJPK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$␴�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� � �ð �_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml �M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 8���PK!8#3��theme/theme/theme1.xml�Y]�7}/�? ���k�K���I��$�NJ���QV32#y7&J�X(��� ���m ����f۔6���^i�cɖ�ɒ�R��eFs��ѽҹ���K�"�������x��$���[�~��:\�x�(�q�]`�^�����hG�8���|��P��N��GЌ�6�1<��$Bn�iq��c��b�T�#Db׉Qn�`㌱s}2!#��.��(�.F4H�8�Ѱ�òD�h�!�r��1;�{�u(��ܒ�s���h'3�b��f�W�]f0>��>��Aީ��^���W*6q�z�֫���F0Ҕ����4;]?�j����[�V�^�_�������+P������D��+P��7�W���W�_���K��W7� Rn�K~�,G�C&�^�›�ׯW2�+̆|v�.&,��Z� 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