15-572-31-84-001-2012-00181-01 · Tribunal de Manizales

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Interno: 15-572-31-84-001-2012-00181-01 Rad. Juzgado: 15-572-31-84-001-2012-00181-00 Manizales, doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014) OBJETO DE DECISI�N Resuelve la Magistrada Sustanciadora la impugnaci�n concedida a las partes contra el Auto Interlocutorio No. 275 proferido por el Juzgado PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO BOYAC�, BOYAC� el d�a tres (3) de septiembre de 2013, dentro del proceso de LIQUIDACI�N DE SOCIEDAD CONYUGAL promovido por el se�or CIRO ALFONSO C�RDENAS ALARC�N contra la se�ora LEIVIS MARYURI DUR�N CASTA�EDA, mediante la cual resolvi� las Objeciones a los Inventarios y Aval�os planteadas por la parte demandada contra la relaci�n de activo y pasivo allegada por la parte actora en diligencia de Inventarios y Aval�os celebrada el d�a 22 de noviembre de 2012. 2.

ANTECEDENTES 2.1. Pretensiones y hechos En diligencia de Inventarios y Aval�os realizada el d�a 22 de noviembre de 2012 dentro del tr�mite liquidatorio de Sociedad Conyugal que se adelanta ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac�, Boyac�, el demandante CIRO ALFONSO CARDENAS ALARC�N, por conducto de su mandataria judicial, alleg� escrito relacionando los bienes y deudas que, en su sentir, pertenec�an a la sociedad conyugal que surgi� dentro de su matrimonio civil con la se�ora LEIVIS MARYURI DUR�N CASTA�EDA. �sta, quien no compareci� a dicha diligencia ni por s� ni a trav�s de su apoderada, dentro del t�rmino de traslado promovi� INCIDENTE DE OBJECI�N, haciendo reclamos al valor asignado a la Partida Primera del Activo por estimar que no se compadec�a con la realidad, pidiendo la exclusi�n de la Partida Segunda por considerar que el inmueble social nunca ha estado arrendado y por ello no se han causado c�nones de arrendamiento, solicitando la exclusi�n de las Partidas Cuarta a Und�cima por cuanto los bienes no fueron determinados ni individualizados en debida forma, y pretendiendo igualmente la exclusi�n del pasivo relacionado alegando que �debe relacionarse circunstancialmente como se dispone para los cr�ditos activos, allegando su comprobante al expediente y no simplemente hojas donde a mano aparecen cifras sin ning�n valor jur�dico�.

La parte demandante, dentro del t�rmino de traslado del incidente de objeci�n solicit� se desestimaran las objeciones planteadas, aduciendo que la totalidad de las partidas relacionadas tanto en el activo como en el pasivo, fueron descritas y soportadas en la realidad, fueron debidamente fundamentadas con documentos legales. No obstante, aport� nuevos documentos como prueba y deprec� se oficiara a algunas entidades y despachos judiciales para la obtenci�n de otros, asom� testigos y pidi� designaci�n de peritos para el aval�o del inmueble descrito y los frutos producidos por �ste. 2.2.

Decisi�n de Primera Instancia El A-quo, como resultado de las pruebas decretadas y recaudadas, decidi�: excluir del activo la partida segunda (relacionada con los frutos civiles), bajo la consideraci�n de que el inmueble no produjo renta alguna y adem�s la demandada lo restituy� y se encuentra desocupado, y excluir la partida s�ptima (relativa a la acreencia econ�mica reclamada ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyac� bajo el radicado No. 2012-00049), aduciendo que pudo establecerse que ese proceso se encuentra archivado por pago total de la obligaci�n, sin que se sepa la cantidad dineraria que fuera percibida por la demandada por tal concepto, present�ndose una indeterminaci�n que no permite su inclusi�n en los inventarios.

As� mismo, resolvi� excluir las recompensas a favor del demandante CIRO ALFONSO C�RDENAS ALARC�N bajo la argumentaci�n de que �Ciro Alfonso adquiri� la vivienda ubicada en la urbanizaci�n Jorge Perico C�rdenas, con un pr�stamo por veinte millones de pesos hecho por la EBSA, con las cesant�as que se encontraban en Horizontes BBVA por valor de Nueve millones de pesos, con el ahorro que ten�a con sus compa�eros y con los ahorros que pose�a en Coopteboy; dineros que hab�a adquirido antes de contraer nupcias con Leivis Maryuri, que los retir� precisamente para adquisici�n de vivienda, �; habr� de tenerse en cuenta que en este sentido no se pactaron capitulaciones matrimoniales; significa lo anterior que aquellos dineros ingresaron a la sociedad conyugal por la voluntad libre y espont�nea de C�rdenas Alarc�n, sin ninguna contraprestaci�n a cambio, en consecuencia no habr� lugar a recompensas�.

En cuanto al pasivo, no fue excluido pero consider� el Juez de Primer Grado tenerlo en cuenta, no por el valor presentado en la diligencia de inventarios y aval�os, sino por la suma de trece millones de pesos, pues el restante valor �se cancel� en vigencia de la sociedad conyugal, con dineros de la sociedad que se liquida�. 2.3 La impugnaci�n. Ambas partes apelaron la decisi�n proferida en primera instancia. Por tal motivo, conforme a lo preceptuado en el inciso primero del art�culo 357 del C�digo de Procedimiento Civil, �el superior resolver� sin limitaciones�.

La demandada objetante, sustenta su inconformidad en los siguientes argumentos: que no se acept� excluir la Partida Tercera del Activo Social relacionada con bienes muebles, pese a que en el interrogatorio se adujo que se trataba de bienes muebles adquiridos antes del matrimonio, cuando la pareja conviv�a en Uni�n Marital de Hecho, situaci�n no desvirtuada por el demandante, raz�n por la cual tales bienes no pertenecen a la sociedad conyugal; que las acreencias laborales reconocidas en el proceso Ordinario Laboral bajo el radicado No. 2008-00188-00 tramitado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito, corresponden a cr�ditos laborales propios de la se�ora DUR�N CASTA�EDA consolidadas antes del matrimonio pero canceladas en septiembre de 2011, y que la acreencia debatida dentro del Proceso Ejecutivo No. 2011-00186-00 adelantado por DUVIHENO S.A.S contra COOPMUSER ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyac� no es de la demandante sino de la sociedad DUVIHENO S.A.S que es una persona jur�dica aut�noma e independiente de sus socios propietarios, quienes solo podr�n acceder a los bienes sociales de dicha empresa previa liquidaci�n de la sociedad comercial.

Con fundamento en ello, solicita adicionar lo resuelto ordenando la exclusi�n de las partidas tercera, sexta y novena del acervo social inventariado. El demandante opositor del incidente, por su parte, radica su desacuerdo con lo decidido por el A quo aduciendo que las recompensas s� deben reconocerse puesto que, como el mismo juez de la causa lo concluy�, son dineros adquiridos antes de la vigencia de la sociedad conyugal que fueron aportados a �sta para la compra de un bien social; y en cuanto al pasivo social, luego de hacer extensas citas de doctrina y jurisprudencia sobre el tema, afirma que lo que se pretende es que se incluyan como recompensas los pagos de deudas sociales hechos por el demandante despu�s de ocurrida la disoluci�n de la sociedad conyugal.

Pide entonces, se revoque parcialmente el auto apelado �en cuanto desestim� la parte de las recompensas y el pasivo social frente a terceros� y en consecuencia se ordene la inclusi�n de las partidas novena, d�cima y und�cima, y a t�tulo de pasivo social la partida duod�cima. 3. CONSIDERACIONES 3.1 Dentro del tr�mite liquidatorio de sociedades conyugales o patrimoniales, la oportunidad procesal para hacer el denuncio de bienes pertenecientes a la masa social, lo es la diligencia de inventarios y aval�os de bienes.

La regla 1� del art. 600 del C�digo de Procedimiento Civil precept�a que el inventario ser� elaborado por los interesados, quienes deber�n presentarlo por escrito para su aprobaci�n en la fecha se�alada, con la indicaci�n de los valores que de com�n acuerdo asignen a los bienes. Y ese escrito, por su parte, debe elaborarse siguiendo las prescripciones exigidas por el art. 34 de la Ley 63 de 1.936, que manda que en el escrito de inventario y aval�o se deben especificar los bienes con la mayor precisi�n posible, haciendo las debidas separaciones patrimoniales, esto es, bienes propios de los bienes sociales y, en trat�ndose de sucesiones, patrimonio propio del causante del patrimonio de la sociedad conyugal.

Respecto de los inmuebles, anota la referida norma, debe expresarse su ubicaci�n, nombre, �rea, linderos, cabida, clase y estado de las tierras, cultivos y edificaciones, herramientas, maquinaria, anexidades y dependencias, t�tulos de propiedad y dem�s circunstancias. De los cr�ditos, acciones y dem�s efectos similares, deben enunciarse t�tulos, fecha, valor nominal, deudor o codeudores, si existe o no solidaridad entre ellos, intereses o dividendos pendientes, garant�as que los respalden y dem�s especificaciones pertinentes.

De los derechos litigiosos, deben determinarse la clase y el objeto del litigio, indicarse el nombre de demandantes y demandados, el estado en que se encuentra el proceso, el funcionario competente y dem�s circunstancias que los identifique. Los muebles en tanto, deben tambi�n inventariarse y avaluarse por separado o en grupos homog�neos o con la debida clasificaci�n, y enunciando la materia de que se componen y el estado y sitio en que se hallan.

En cuanto al pasivo, exige que debe relacionarse circunstanciadamente como se dispone para los cr�ditos activos, es decir, indicando su valor, acreedor o acreedores, y allegando los comprobantes, t�tulos o documentos en los que consten. As� las cosas, durante el desarrollo de la diligencia de inventarios y aval�os, lo primero que el funcionario judicial est� obligado a verificar, es que el escrito que se allegue por las partes o interesados, contentivo de la relaci�n de activo y pasivo que se pretende denunciar como perteneciente a la sociedad materia de liquidaci�n, re�na las exigencias del aludido art�culo 34 de la Ley 63 de 1936, pues de no ser as�, mal podr�a admitirse o estimarse que los inventarios est�n confeccionados en debida forma.

Ahora, solo si el escrito re�ne esa formalidad exigida para el denuncio de bienes y deudas, podr� d�rsele curso, esto es, someterse a consideraci�n de las dem�s partes o intervinientes, teniendo muy presente el ritual consagrado en el art�culo 600 de la Ley Procesal Civil. Volviendo sobre la actuaci�n puesta en conocimiento de esta Superioridad en atenci�n a la alzada impetrada, lo primero que ha de resaltarse es que el se�or Juez A quo no ejerci� el control debido sobre el escrito de inventarios y aval�os, como quiera que en el curso de la diligencia misma, debi� abstenerse de admitir aquellas partidas que no fueron integradas con el lleno de los requisitos exigidos por el ya referenciado art�culo 34 de la Ley 63 de 1936.

En efecto, la partida tercera relaciona unos bienes muebles que no fueron clasificados, ni individualizados por sus caracter�sticas propias, ni se precis� la materia de que se componen, ni se indic� el estado ni el sitio en el que se encontraban. La partida cuarta da cuenta de unos bienes inmuebles, lotes de terreno, respecto de los que no se indic� su ubicaci�n, nombre, �rea, linderos, cabida, clase y estado de las tierras, si ten�a cultivos y/o edificaciones, precis�ndose que no ten�an t�tulo de propiedad y que ni siquiera se ha realizado reloteo alguno. Es decir, se hace alusi�n a bienes que no est�n en cabeza de ninguno de los c�nyuges y por lo mismo, no han ingresado a la sociedad conyugal.

Tan cierto es esto, que al folio 84 de las copias remitidas a esta Corporaci�n, aparece comunicaci�n adiada 26 de julio de 2013, con firma y sello del FISCAL de la JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA URBANIZACI�N EL BOSQUE con NIT 900.357.373-1, dirigida al se�or Juez de conocimiento, en el que expresamente aclara que los se�ores LEIVIS MARYURI DUR�N CASTA�EDA y CIRO ALFONSO C�RDENAS ALARC�N son socios de esa asociaci�n, pero que �sta no tiene vendido lotes individuales a ning�n socio, que lo que esos socios hicieron fue un aporte por $730.000,00 cada uno, para que la entidad comprara el predio denominado CHIGUAGUA ubicado en la Vereda Puerto Ni�o, lo que les da un derecho a un cupo dentro de la asociaci�n. Pero una cosa es que se inventar�e el valor del derecho adquirido dentro de la asociaci�n, y otra cosa muy distinta es que se incluyan como pertenecientes a la sociedad conyugal unos lotes inexistentes.

En consecuencia, las objeciones que la parte demandada hiciera a esas partidas tercera y cuarta por no reunir las exigencias del art�culo 34 de la Ley 63 de 1936, est�n llamadas a prosperar y, por lo mismo, tales partidas ser�n excluidas, pese a que el Juez de Instancia mantuvo la partida cuarta aduciendo que como las partes en sus interrogatorios expresaron con claridad c�mo fue que se adquirieron los mencionados derechos, �raz�n por la cual dichos cupos as� se encuentren indeterminados (resalto), existe raz�n clara y precisa del porqu� tal situaci�n se presenta�.

Se insiste, por exigencia legal, no se es viable, en el escrito de inventarios, relacionar bienes de manera indeterminada, por cuanto siendo el inventario la base de la partici�n, al momento de realizar las adjudicaciones se har�a nugatorio el derecho del adjudicatario de un bien indeterminado e incierto, pues no tendr�a mecanismo legal alguno para hacer efectivo su derecho de dominio sobre el mismo.

Es decir, esa partida cuarta no re�ne los requisitos formales para su incorporaci�n en el inventario, no est� integrada en debida forma. Esa es la raz�n jur�dica por la que, no obstante que lo decidido frente a la partida cuarta no fue materia de impugnaci�n, esta instancia excluir� del inventario dicha partida. 3.2 En cuanto al VALOR DE LOS BIENES INVENTARIADOS, �ste debe ser asignado �de com�n acuerdo� por los interesados, previendo el numeral 4 del art�culo 625 del C. de P.C., norma a la que remite el art�culo 626 cuando de liquidaciones de sociedades conyugales disueltas por sentencia civil se trata, que al fijar fecha para la diligencia de inventario de bienes y deudas de la sociedad conyugal y el aval�o de aqu�llos, el juez �tambi�n designar� los peritos si las partes no se ponen de acuerdo en escoger �stos, o si siendo capaces no determinan sus valores�.

Y si previamente no solicitan la designaci�n de peritos y s�lo durante la diligencia se expresa el desacuerdo en torno al valor de los bienes, se aplica, anal�gicamente, lo preceptuado en el art�culo 600 de la ley procesal, es decir, que esos desacuerdos los resuelve el pretor, previo aval�o por peritos. O sea, los reparos u OBJECIONES AL AVAL�O deben efectuarse durante el desarrollo de la diligencia de inventarios y aval�os, y tales reparos u objeciones se resuelven previo dictamen pericial, en la misma diligencia, como quiera que la finalidad de la OBJECI�N A LOS INVENTARIOS, seg�n las voces del inciso 1� del art�culo 601 del mismo estatuto procesal no es otra que procurar �que se excluyan partidas que se consideran indebidamente incluidas, o que se incluyan las compensaciones de que trata el art�culo precedente ya sean a favor o a cargo de la masa social� (Resalto).

Es decir, la objeci�n a los inventarios tiene una finalidad clara y perfectamente definida en la ley, y no es dable, ni a las partes ni al operador judicial, hacer variaciones ni interpretaciones ni aplicaciones que se aparten de esos lineamientos legales. Tan cierto es esto, que la norma se titula �OBJECION A LOS INVENTARIOS�, no se anuncia como �objeci�n a los inventarios y aval�os�.

Luego, a trav�s de la objeci�n a los inventarios no es viable hacer reparos ni objeciones a los aval�os. Y la raz�n jur�dica es elemental. La regla 1� del art�culo 600 de la citada ley procesal, norma aplicable a los tr�mites liquidatorios de sociedades conyugales por remisi�n del numeral 5 del art�culo 625, al precisar la forma como ha de desarrollarse la diligencia de inventarios y aval�os, en su inciso 3� consagra, como ya se anot�, que si hubiere desacuerdo entre los interesados en cuanto al valor de los bienes, el juez lo resolver� previo aval�o pericial, a menos que previamente a la diligencia hayan expresado ese desacuerdo y soliciten la designaci�n de peritos, como lo prev� el art�culo 625 en su numeral 3.

Infi�rese de lo expuesto entonces, que cualquier reparo al valor asignado a los bienes inventariados, ha de formularse en la misma audiencia. De ah� que los interesados deban asistir a la pr�ctica de la diligencia, como quiera que dentro de la misma se surten actuaciones importantes, precluyendo la oportunidad para realizar dichas actuaciones una vez finalizada la audiencia. Por ello, s�lo se corre traslado del inventario cuando los aval�os est�n consolidados, puesto que en el eventual caso de que haya necesidad de nombrar perito avaluador, el dictamen pericial, que es susceptible de controversia y es �ste el que puede ser objetado por error grave conforme a lo preceptuado en el art�culo 238 del C. de P.C., ha de encontrarse en firme antes de disponer el traslado de los inventarios.

As� las cosas, tomando en consideraci�n que la parte objetante, esto es, la parte demandada, no asisti� a la diligencia de inventarios y aval�os perdiendo oportunidad para hacer reparos al valor dado al inmueble relacionado en la partida primera, el que fue debidamente individualizado por su ubicaci�n, linderos, nomenclatura y t�tulo de adquisici�n, le estaba vedado mediante objeci�n a los inventarios, discutir el valor de dicho bien, y por lo mismo, no era procedente, dentro del tr�mite de objeci�n a los inventarios, disponer la pr�ctica de aval�o del mismo a trav�s de dictamen pericial como lo hizo el inferior.

En consecuencia, el reproche planteado por raz�n del valor dado a este bien, no estaba llamada a prosperar y el valor estimado por la parte demandante en el escrito de inventarios y aval�os debi� permanecer inmodificable, motivos jur�dicos suficientes para que la partida primera del activo se mantuviera en los t�rminos de descripci�n y valor consignados en el escrito allegado en la diligencia respectiva.

No obstante, en la parte motiva del prove�do atacado el se�or Juez Cognoscente concluy� que como el peritaje decretado arroj� un valor superior del inmueble y ese dictamen no fue objetado �el Despacho acoger� la experticia rendida�, pero en la parte resolutiva nada se consign� sobre el punto. Por ello, esta Superioridad debe dejar claro que dentro del tr�mite de objeci�n a los inventarios no tiene cabida alguna la modificaci�n de aval�os y por ende, ante la evidente falta de sustento jur�dico de esa determinaci�n, se mantendr� la partida primera sin modificaci�n alguna. 3.3 EN CUANTO AL PASIVO, la oportunidad procesal para objetarlo no es otra que durante la celebraci�n de la diligencia se�alada para tal fin, esto es, la de inventarios y aval�os.

As� se deduce de lo preceptuado en el inciso 4� del art. 600 de la Ley Adjetiva Civil, que al texto dice: �En el pasivo de la sucesi�n solo se incluir�n las obligaciones que consten en t�tulo que preste m�rito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, o las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los herederos, � (Resalto y subrayo), regla �sta que se aplica tambi�n para los tr�mites liquidatorios de sociedades conyugales por expresa remisi�n del numeral 5 del art�culo 625 ib�dem.

Y del mismo modo lo entienden claramente los procesalistas colombianos. El profesor HERN�N FABIO L�PEZ BLANCO, por ejemplo, sobre el punto expone en su obra INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL COLOMBIANO, Tomo II, Parte Especial, 5� ed., p�g. 562: �Si los cr�ditos presentados por los acreedores son objetados, para lo cual le basta a cualquiera de los interesados que comparecen manifestar su no aceptaci�n, el juez que conoce de la sucesi�n no tiene competencia para dirimir dentro del mismo si existe o no raz�n en la censura, motivo por el cual no se podr�n inventariar, de ah� que en esta hip�tesis �se ordenar� inmediatamente la devoluci�n de los documentos presentados�, para que se hagan valer en proceso separado�� (Resalto y subrayo).

Significa lo anterior, que la saz�n procesal para discutir o no la inclusi�n de un cr�dito como integrante del pasivo social, lo es indiscutiblemente la diligencia de inventario. Tan cierto es esto, que el profesor PEDRO LAFONT PIANETTA, en su obra PROCESO SUCESORAL, Parte Especial, al referirse al inter�s jur�dico para plantear objeciones al inventario, expresamente consigna: �Carecen de �l (inter�s jur�dico) quienes elaboran el inventario (a menos de abuso del apoderado), el interesado que no impugna la inclusi�n previa de un cr�dito y quien no se encuentra reconocido en el proceso, ni obtiene su reconocimiento al estudiar la objeci�n� (p�g. 91), lo que en buen romance significa que no se pueden objetar los inventarios para pretender exclusi�n de pasivo, cuando habiendo acudido a la diligencia de inventarios y aval�os, dentro de ella no se impugn� la inclusi�n del cr�dito.

En esta ocasi�n, la parte objetante, quien, se insiste, no hizo presencia en la diligencia de inventarios y aval�os, pretende que se excluyan las partidas relacionadas en el pasivo, limitadas a dos, pero alegando que no fueron allegados los respectivos comprobantes de existencia de tales deudas. Es decir, que no fueron relacionados con las formalidades que exigen el art�culo 34 de la Ley 63 de1936.

Pues bien, en lo que dice relaci�n con la partida relativa a la deuda que el se�or CIRO ALFONSO C�RDENAS ALARC�N contrajo con la EMPRESA DE ENERG�A DE BOYAC� EBSA por valor de $20.000.000,00 adquirida para la compra del inmueble social, fue respaldada con copia del Pagar� No. 2009-151 que se arrim�, seg�n se hizo constar, junto con el escrito de inventarios y aval�os.

Por lo tanto, se trata de una obligaci�n que constaba en un t�tulo con fuerza ejecutiva, que no fue objetada en su momento oportuno, y que se contrajo para la adquisici�n de un bien social por lo cual es de cargo de la sociedad conyugal. Sin embargo, su valor ciertamente debe actualizarse, pero ese valor a cargo de la sociedad ha de ser el saldo adeudado al momento en que se disolvi� la sociedad conyugal, esto es, al 12 de marzo de 2012 fecha en que se emiti� el decreto de divorcio, y no el saldo a 22 de noviembre de 2012 que fue el certificado por la empresa en constancia obrante al folio 30 de las copias allegadas a esta instancia. Luego la decisi�n, respecto de esta partida se modificar� en el sentido de que el pasivo correspondiente a la partida decimosegunda se mantiene como pasivo social, pero en el monto que se adeudara al 12 de marzo de 2012, para lo cual el juzgado de conocimiento deber� solicitar a la empresa acreedora certificaci�n sobre tal valor a esa fecha.

Ahora, que si ning�n monto se adeudaba a esa fecha por cuanto el cr�dito se iba pagando mediante descuentos peri�dicos del sueldo del c�nyuge C�RDENAS ALARC�N, ninguna obligaci�n se mantiene a cargo de la sociedad conyugal, porque siendo el sueldo devengado por los c�nyuges un bien perteneciente al haber social, esa deuda social se iba pagando con dinero social.

Pero el valor pagado con posterioridad al 12 de marzo de 2012, se le deber� al c�nyuge que hubiere efectuado tal pago. As�, si del salario del se�or C�RDENAS ALARC�N continuaron efectu�ndose descuentos para el pago de dicha deuda con posterioridad a la disoluci�n de la sociedad conyugal, dado que a partir de dicha disoluci�n ese sueldo ser�a un bien propio de CIRO ALFONSO C�RDENAS ALARC�N, la sociedad debe a �ste, el monto que hasta la fecha hubiere pagado, y a la empresa EBSA el monto insoluto del total de la deuda a la fecha.

En lo que dice relaci�n con el pasivo relacionado en la partida decimotercera, relativo a los gastos del proceso, se mantiene inmodificable como lo dispuso el A quo en la parte motiva del prove�do atacado, por cuanto fueron allegados igualmente los comprobantes relativos a los pagos efectuados con ocasi�n del proceso, no fue objetado en el momento oportuno que lo era la diligencia de inventarios, el reparo solo hab�a sido hecho por no haberse soportado, en sentir de la objetante, los gastos con los comprobantes correspondientes lo cual no correspond�a a la realidad y no fue materia de discusi�n en la alzada. 3.4 En lo que dice relaci�n con PARTIDAS INDEBIDAMETE INCLUIDAS, al tenor de los preceptuado en el numeral 1� del Art. 601, �La objeci�n al inventario tendr� por objeto que se excluyan partidas que se consideran indebidamente incluidas, o que se incluyan las compensaciones de que trata el art�culo precedente ya sean a favor o a cargo de la masa social� (Resalto).

Eso significa entonces, que para decidir si las objeciones al inventario por partidas indebidamente incluidas est�n llamadas a prosperar, ha de tenerse claridad suficiente sobre las reglas que rigen para determinar si los bienes en cabeza de los c�nyuges tienen la calidad de sociales o son bienes propios. Las normas que regulan la conformaci�n del haber social, que son las contenidas en los art�culos 1781 y siguientes del C�digo Civil, permiten concluir que pertenecen a la sociedad conyugal los bienes adquiridos por los c�nyuges a partir de la celebraci�n del matrimonio y surgimiento de la sociedad conyugal, siempre que dicha adquisici�n se haya efectuado a t�tulo oneroso, teniendo presente que el art�culo 1795 expresamente prev� que �Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, cr�ditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera de los c�nyuges al tiempo de disolverse la sociedad conyugal, se presumir�n pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario� (Subrayo).

Conforme a lo preceptuado en el art�culo 1781 ib�dem, �El haber de la sociedad conyugal se compone: 1�) De los salarios y emolumentos de todo g�nero de empleos y oficios devengados durante el matrimonio 2�) De todos los frutos, r�ditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los c�nyuges y que se devenguen durante el matrimonio 3�) Del dinero que cualquiera de los c�nyuges aportare al matrimonio, o durante �l adquiriere, oblig�ndose la sociedad a la restituci�n de igual suma �� Luego, infi�rese del contenido de esa norma que los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, son aquellos adquiridos a t�tulo oneroso a partir de su surgimiento, que lo es desde la celebraci�n del matrimonio, y hasta su DISOLUCI�N, es decir, hasta que su vida jur�dica se extingue, teniendo el cuidado de efectuar las restituciones que hubiere necesidad de hacer a los c�nyuges a t�tulo de RECOMPENSA.

Y siguiendo las voces del art�culo 1820 del C�digo Civil, modificado por el art�culo 25 de la Ley 1� de 1976, la sociedad conyugal se disuelve, es decir, se extingue, entre otras causales, por la disoluci�n del v�nculo matrimonial, y a partir de la vigencia de la Ley 25 de 1992, tambi�n se disuelve la sociedad conyugal cuando cesan los efectos civiles de los matrimonios religiosos.

As� lo consagra el art�culo 11 de esta ley, modificatorio del art�culo 160 del C.C.: �Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el v�nculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso. As� mismo, se disuelve la sociedad conyugal,��. Bajo esos preceptos, ha de verificarse pues, si los bienes relacionados en las partidas sexta y octava del haber social, realmente pertenecen a la sociedad conyugal o, por el contrario, deben excluirse por haber sido indebidamente incluidas, toda vez que las partidas segunda y s�ptima ya fueron excluidas en la decisi�n de primera instancia y este punto no fue impugnado, y la partida quinta, relativa a las acciones de la se�ora LEIVIS MARYURI DUR�N CASTA�EDA en la Sociedad SERVCIOS DUVIHENO S.A.S., tampoco fue materia de discusi�n. En la partida sexta, se relacion� como bien social el cr�dito que la Sociedad DUVIHENO S.A.S. cobra ejecutivamente, en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyac�, en proceso promovido contra la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS �COOPMUSER�, bajo el Radicado No. 2011-186.

Y de la sola lectura de los datos suministrados por la parte denunciante de este cr�dito como bien social, puede inferirse di�fanamente que ninguno de los c�nyuges es titular del mismo, que la acreedora de ese cr�dito es una persona jur�dica, la Sociedad DUVIHENO S.A.S. que como tal, tienen personer�a jur�dica propia, es un sujeto de derecho independiente de los socios que la integran, tiene patrimonio y autonom�a propias, y el hecho de que uno de los c�nyuges, en este caso la se�ora DUR�N CASTA�EDA, sea socia de esa sociedad, no significa que por ello se pueda confundir el patrimonio de la sociedad con el patrimonio de uno de sus socios.

Y el derecho sobre bienes que pueda corresponder a cada socio en la sociedad a prorrata de su cuota o participaci�n, solo se hace tangible cuando la sociedad se liquide o, en caso de que se repartan utilidades peri�dicamente, cuando se efect�e su pago. En consecuencia, errada resulta la conclusi�n a la que lleg� el A quo cuando consign� en la parte motiva de su decisi�n que como ese proceso se encontraba en tr�mite, �se debe estar a las resultas del proceso, lo que de all� se derive pertenece a los socios de Divuheno en primer lugar a prorrata de sus acciones; lo que corresponda a Leivis Maryuri en dicha sociedad se repartir� por partes iguales a los socios conyugales�, por cuanto, se insiste, el cr�dito es de la sociedad, de la persona jur�dica.

Lo que s� pertenecer�a a la sociedad conyugal, si se hubiere denunciado, son las utilidades, dividendos, intereses y dem�s beneficios que correspondieren a la socia LEIVIS MARYURI DUR�N CASTA�EDA en proporci�n a su derecho o a sus aportes. Por lo tanto, esa partida sexta debe excluirse del haber social. En la partida octava ser relacion�, como integrante del activo social, las prestaciones sociales que recibi� la se�ora LEIVIS MARYURI DUR�N CASTA�EDA como trabajadora de la COOPERATIVA COOPERADORES que prest� sus servicios a la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ de Puerto Boyac�, y que fueron reconocidas en proceso laboral que se adelant� ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac� por valor de $6.747.574,00 m�s las costas procesales liquidadas en suma de $265.091,00.

Y como esa suma de dinero fue pagada a la se�ora DURAN CASTA�EDA y recibida por �sta cuando a�n se encontraba vigente la sociedad conyugal, circunstancia indicativa de que, al tenor de lo consagrado en el ordinal 3� del art�culo 1781 del C.C., ese dinero ingresa a la sociedad conyugal, debe conjugarse ello con lo dispuesto en el ordinal 1� de la misma disposici�n legal, a fin de establecer si tales prestaciones sociales fueron devengadas en vigencia de la sociedad conyugal.

Seg�n el DRAE �devengar� significa �adquirir el derecho a percibir una retribuci�n por raz�n del trabajo o servicio�; luego, los salarios y emolumentos (prestaciones sociales) devengados dentro de la sociedad conyugal que son los que pertenecen a �sta, no son otros que los que se causen, que se generen en su vigencia. A contrario sensu, aquellos que se causen o generen antes de su vigencia o con posterioridad a su disoluci�n, no le pertenecen a esa sociedad aunque el valor correspondiente a esos salarios, emolumentos o prestaciones se reciba en vigencia de la sociedad.

Con todo, debe igualmente tenerse presente que seg�n las voces del art�culo 1795 del C.C. ya citado en l�neas anteriores, toda cantidad de dinero que existiere en poder de cualquiera de los c�nyuges al tiempo de disolverse la sociedad conyugal, se presume pertenecerle a �sta a menos de probarse lo contrario. La se�ora DUR�N CASTA�EDA, por conducto de su mandatario, al sustentar la apelaci�n y pretender la exclusi�n de esta partida que no fue excluida en primera instancia, aduce que esas acreencias laborales �corresponde a per�odos laborales con anterioridad al matrimonio, es decir, al 15 de febrero de 2008� indicando que por ello la demanda laboral se inici� en el a�o 2008.

Sin embargo, no se alleg� prueba fehaciente del per�odo de tiempo al cual correspond�an esas acreencias laborales, como quiera que la �nica prueba que sobre el particular fue allegada al tr�mite incidental consiste en la certificaci�n contenida en el Oficio No. 0200 del 25 de febrero de 2013 (fol. 79), expedida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac�, que da cuenta de que en dicho juzgado se adelant� Proceso Ordinario Laboral radicado No. 2008-00188-00, promovido por LUIS GUILLERMO SIERRA BEDOYA Y OTROS en contra de COOPERADORES C.T.A. y la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO V�SQUEZ, en el que se declar� que los demandantes ejecutaron un contrato de trabajo a favor de las entidades demandadas y se conden� a la parte demandada a pagarle, solidariamente, a LEIVIS MARYURI DUR�N CASTA�EDA un suma de dinero por valor de $6.747.574,06.

Y no obstante a que ciertamente el proceso se inici� en el 2008, tampoco se tiene certeza de la fecha de inicio y por ende, no es posible concluir que la presunci�n contenida en el art�culo 1789 del C. C. hubiere sido desvirtuada, por lo que como esos dineros ingresaron al patrimonio de la se�ora DURAN CASTA�EDA en vigencia de la sociedad conyugal, se presume que le pertenecen a �sta.

La carga demostrativa de que esos dineros correspond�an a acreencias laborales causadas con anterioridad al surgimiento de la sociedad conyugal, correspond�a a quien as� lo alegaba, y ning�n medio de convicci�n con la eficacia suficiente para desvirtuar la presunci�n legal aludida, fue incorporado a la actuaci�n. En consecuencia, no puede excluirse esta partida, pero por las razones de orden jur�dico aqu� expuestas.

Resta as� por definir, entonces, lo relativo a las RECOMPENSAS a favor del se�or CIRO ALFONSO CARDENAS ALARCON. Sobre el particular, est� demostrado que, adem�s del pr�stamo que solicit� �ste la empresa EBSA para la compra del inmueble destinado a vivienda que es un bien social, el se�or CARDENAS ALARCON invirti� tambi�n en esa compra del bien social unos dineros propios cuales fueron el valor de cesant�as, el valor de los dineros aportados al Fondo de Empleados de la Empresa de Energ�a de Boyac� EBSA para la que trabajaba, y el valor de los aportes que ten�a invertidos en la Cooperativa COOPTEBOY, lo que fue acreditado, no solo con los documentos enunciados en el escrito de inventarios y aval�os, sino con los que posteriormente fueron allegados dentro del tr�mite incidental de objeci�n (folios 67 a 78) y con la confesi�n que hiciera la se�ora LEIVIS MARYURI DUR�N CASTA�EDA al absolver el interrogatorio de parte (ver min. 5:41 a 5:54 CD DILIGENCIA DE INTERROGATORIOS Y TESTIMONIOS, PROCESO RADICADO No. 2012-00181-00), adem�s de las declaraciones rendidas por los testigos SANDRA JANETH GARCIA ARAQUE y MARIO EFR�N ORJUELA ROA (ver a partir del minuto 26:47 hasta el final del CD ya referenciado).

Por lo tanto, la sociedad conyugal est� obligada a restituirle tales valores pero s�lo en el monto de las cesant�as causadas antes del matrimonio y en el monto de los aportes efectuados antes de la celebraci�n de ese acto. En ese orden de ideas, la recompensa por concepto de las cesant�as que invirti� el se�or C�RDENAS ALARC�N en la adquisici�n del inmueble perteneciente a la sociedad conyugal de que trata la Partida Novena, deber� ser pagada por la sociedad conyugal, pero no en el monto se�alado en ella, sino en el valor correspondiente a las cesant�as causadas desde el a�o 2005 hasta el d�a 14 de febrero de 2008, por cuanto las cesant�as causadas a partir del d�a 15 de febrero de 2008, por estar devengadas en vigencia del matrimonio le pertenecen a la sociedad conyugal y se invirtieron en la adquisici�n de un bien social.

Para el efecto, deber� solicitarse, antes de que se produzca el decreto de partici�n, certificaci�n al fondo de Pensiones y Cesant�as HORIZONTE BBVA. Igualmente deber� ser pagada la recompensa relacionada en la Partida D�cima relativa a los ahorros que depositaba quincenalmente el se�or C�RDENAS ALARC�N en el Fondo de Empleados, pero tambi�n en el monto correspondiente al tiempo anterior al 15 de febrero de 2008.

Ello por cuanto, mediante las declaraciones rendidas por SANDRA YANETH GARC�A ARAQUE y MARIO EFR�N ORJUELA ROA, quienes fueron Tesorera y Directivo de ese Fondo respectivamente, qued� establecido que desde antes del matrimonio, el 1 de abril de 2003, cuando se cre� el Fondo, hasta cuando �ste se disolvi� a mediados de 2009, CIRO ALFONSO C�RDENAS ALARC�N cumpl�a con el aporte quincenal.

Luego, las sumas depositadas entre el 1 de abril de 2003 y el 15 de febrero de 2008 eran dineros propios, que cuando le fueron restituidos los invirti�, junto con el valor de cesant�as y el pr�stamo obtenido, en la compra de vivienda. Lo mismo ocurre con la recompensa relacionada en la Partida Und�cima. Con los documentos obrantes a los folio 67 a 78 pudo establecerse que el se�or CIRO ALFONSO C�RDENAS ALARC�N ingres� a la ORGANIZACI�N COOPERATIVA COOPTEBOY O.C. como asociado, desde el 11 de septiembre de 2001 y permaneci� all� hasta el d�a 21 de junio de 2010 cuando se retir� voluntariamente; que sus aportes le fueron reembolsados por valor de $4.536.982,93 y que el motivo de su retiro fue porque requer�a de esos aportes para la compra de vivienda.

Por ende, ese dinero que invirti� tambi�n en la adquisici�n del bien social, ha de serle restituido por la sociedad conyugal pero en monto equivalente al valor de los aportes hasta el 15 de febrero de 2008, fecha hasta la cual esos aportes deven�an de dinero propio, En consecuencia, ha de requerirse la informaci�n correspondiente a la COOPERATIVA COOPTEBOY O.C. para que certifique el valor de los aportes que el se�or C�RDENAS ALARC�N ten�a en ella hasta el 15 de febrero de 2008.

En m�rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, CONFIRMA, REVOCA, MODIFICA y ADICIONA la providencia confutada, y en consecuencia: R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR los ORDINALES PRIMERO y CUARTO del Interlocutorio No. 275 de fecha tres (3) de septiembre de dos mil trece (2013) proferido por el Juzgado PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO BOYAC�, Boyac�.

SEGUNDO: REVOCAR el ORDINAL SEGUNDO de la providencia referida en el punto anterior. En su lugar, NO EXCLUIR del inventario las partidas Novena, D�cima y Und�cima del escrito de inventario correspondientes a RECOMPENSAS, pero su valor ser� modificado en la forma se�alada en la parte motiva, para lo cual deber� requerirse a las entidades respectivas en los t�rminos all� precisados.

TERCERO: MODIFICAR y ADICIONAR el ordinal TERCERO de la providencia confutada en el sentido de NO EXCLUIR las Partidas D�cimo Segunda y D�cimo Tercera del escrito de inventarios y aval�os correspondientes al pasivo social, pero el monto de la Partida D�cimo Segunda ser� el valor que se adeudara a la Empresa de Energ�a EBSA al 12 de marzo de 2012 o el pagado por el se�or CIRO ALFONSO CARDENAS ALARCON con posterioridad a esa fecha.

CUARTO: ADICIONAR la decisi�n apelada en el sentido de EXCLUIR las Partidas Tercera, Cuarta y Sexta del haber social, NO EXCLUIR la Partida Octava y MANTENER inmodificable la Partida Primera, por las razones expuestas en la parte motiva.

QUINTO: SIN COSTAS en atenci�n a que ambas partes apelaron.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Magistrada ANGELA GIOVANNA CARRE�O NAVAS )*,�� ' + -. / U W Y l � � � � � % / 3 8 B E J W ^ b � � � � Wu��Ȯ�񤗍��񗍗��y��oh��OJQJ^Jh#OJQJ^Jh�aOJQJ^Jh�\�OJQJ^JhRch�?�OJQJ^Jh�?�OJQJ^J2j��V hRch�?�5�OJQJUV^JmH sH #hRch�?�5�OJQJ^JmH sH,jhRch�?�5�OJQJU^JmH sH hRch�?�5�OJQJ^J+-b�� U V W X Y l m �� $ &F�a$gd�i� $�a$gd�#C $�a$gd�i�u}~�� > � N��D�GHIJ��(��챧��|q|�g�]�]�]hjB$OJQJ^Jh�i�OJQJ^Jh��6�OJQJ^Jh�f6�OJQJ^Jh�i�6�OJQJ^Jh��6�OJQJ^Jh��OJQJ^Jh�fOJQJ^Jh+pkOJQJ^Jh#OJQJ^Jh�?�5�OJQJ^JhRch�?�5�OJQJ^JhRch��5�OJQJ^Jh��OJQJ^Jh�\�OJQJ^J$IJ��Z[oOP�A� � �!�!��$ �C�"da$gd"�$ &F �C�"da$gd�a$ �C�"da$gd�#C$a$gd�#C $�a$gd�#C��NO��v;<�� kl>GK_�/0��Ƽ䲼��~�se[�[�[s~h%DOJQJ^Jh'A�h�4�6�OJQJ^Jh%D6�OJQJ^Jh�i�6�OJQJ^Jh'A�6�OJQJ^Jh�i�OJQJ^Jh'A�OJQJ^Jh� dOJQJ^JhNJeOJQJ^Jh�4�OJQJ^Jh#OJQJ^Jh�?�OJQJ^JhjB$OJQJ^JhRch�?�OJQJ^JhRch�?�5�OJQJ^J#0YZ[no�$MNO��@��õ��|n|�`n`RD`hlTCJOJQJ^JaJh#CJOJQJ^JaJhH` 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