NR 81489671 · Tribunal de Manizales

��ࡱ�>�� a� �� bjbjx�x� *��N\�N\�wW ��^ ^ �@%0UUU��iii8�D��iB!0yyyyyTTT� � � � � � � $r"�(%T� UTTTTT� UUyy�� TUyUy� �T� ��= � y��9n�X+��T�U � !0B!],|%�|%� |%U� $TT�TTTTT� � �TTTB!TTTT��|%TTTTTTTTT^ M�: CESANTIA � Caducidad / CADUCIDAD � Acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho / TERMINO DE CADUCIDAD � 4 meses / SENTENCIA INHIBITORIA � Ineptitud sustantiva de la demanda.

Ha sostenido la Doctrina que la caducidad respecto a la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho ha sido considera un instrumento l�mite para el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos, si se tiene en cuenta que la acci�n en s� misma encarna la esencia de la antigua Plena Jurisdicci�n, ejemplo t�pico de mecanismo subjetivo de acceso a la justicia Contencioso Administrativa, en procura de obtener pronunciamiento frente a las pretensiones de indiscutible contenido personal y patrimonial.

(�) El t�rmino de caducidad no se suspendi�, sin embargo la Procuradur�a 107 Judicial I Administrativa, expidi� la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, de que trata la normativa antes transcrita, el 26 de agosto de 2010, el mismo d�a que se realiz� la Audiencia de Conciliaci�n (fls.31). Teniendo en cuenta lo anterior, el t�rmino de caducidad no se reanud�, ya que la acci�n hab�a caducado.

NORMA DEMANDADA: Ley 1573 TERMINO � Meses o d�as / CADUCIDAD � Meses calendario / TERMINO DE DIAS � D�as h�biles. Para ello es importante resaltar que, la norma en menci�n hace referencia a dos t�rminos diferentes, i) el expresado en meses (4 meses), que en atenci�n a Ley 4� de 1913 inciso 2 del art�culo 62, y art�culo 121 del C. de P.C., aplicables por remisi�n del art�culo 267 de C.C.A., debe contarse conforme al calendario, de manera que el primero y el �ltimo d�a del plazo, tengan el mismo n�mero tanto en el mes de inicio como en el de finalizaci�n, esto en raz�n al art�culo 67 del C.C., y salvo que el �ltimo d�a fuere feriado o de vacante, donde el plazo se extender� hasta el primer d�a h�bil; ii) y aquel comprendido entre la publicaci�n, notificaci�n, comunicaci�n o ejecuci�n del acto demandando y la fecha de inicio de la caducidad, el cual est� expresado en d�as �� a partir del d�a siguiente ��, al que le es aplicable el inciso 1 del art�culo 62 de la Ley 4 de 1913, seg�n el cual no se cuentan lo d�as de vacancia, ni los feriados, y en concordancia con el art�culo 121 inciso 1 del C. de P.C., tampoco se cuentan aquellos en que el despacho permanezca cerrado.

La Corte Constitucional en sentencia en sentencia C-767-10 de 22 de septiembre de 2010, M.P. Dr. Juan Carlos Henao P�rez, se�al� que cuando la Ley o un acto se refiera a �d�as� como lo determina le Ley 4� de 1913, estos deben entender �h�biles�. NOTA DE RELATOR�A: prueba 2 FUENTE FORMAL: Ley 4 de 1913, art�culo 62 inciso 2, c�digo de procedimiento civil � articulo 121.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N SEGUNDA SUBSECCI�N B Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ Bogota, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015) Radicaci�n n�mero: 05001-23-31-000-2011-01102-01(3889-13) Actor: MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA Demandado: MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA Ha venido el proceso de la referencia el d�a 7 de octubre de 2014, a efectos de dictar Sentencia de Segunda Instancia. En consecuencia, le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 19 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se inhibi� para conocer de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, por hallarse probada de oficio la excepci�n de caducidad.

DEMANDA MARIA PIEDAD DIAZ MONTAYA, en ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 85 del C.C.A., y por conducto de apoderado, demand� la nulidad del Oficio No. 0410-452 de 22 de febrero de 2010 suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jur�dica de la Alcald�a del Municipio de Envigado � Antioquia que neg� el reconocimiento del derecho de la actora a gozar del r�gimen de retroactividad de cesant�as.

A t�tulo de restablecimiento del derecho solicit� se ordene a la entidad demandada a consignar en el respectivo Fondo Administrador de Cesant�as al cual se encuentre afiliada la demandante, la suma correspondiente al retroactivo que ha dejado de percibir desde que la Administraci�n empez� a consignar sus cesant�as en el Fondo Privado � Protecci�n S.A., hasta la fecha de sentencia definitiva.

FUDAMENTOS F�CTICOS Como hechos en que sustenta sus pretensiones, se�ala: La demandante fue vinculada al Municipio de Envigado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 � R�gimen de cesant�as con liquidaci�n anual -. En los inicios del a�o 2002 la Administraci�n Municipal le hizo propuesta verbal de que renunciara al r�gimen retroactivo de cesant�as a cambio de beneficios laborales.

A los d�as de dicha propuesta, los asesores del Fondo Administrador de Pensiones y Cesant�as PROTECCION S.A. se presentaron en las instalaciones de la Alcald�a Municipal para extenderle un formulario de afiliaci�n. En ning�n momento a la demandante se le inform� por parte de dichos asesores, que la afiliaci�n a ese Fondo, constitu�a una renuncia a su r�gimen de cesant�as con retroactividad.

A la demandante se le viene aplicando el r�gimen de cesant�as de liquidaci�n anual (Ley 344 de 1996). En ning�n momento la servidora p�blica ha manifestado de manera expresa y con las exigencias legales, el deseo de cambiar de r�gimen de cesant�as (Ley 344 de 1996, Ley 50 de 1990 y Ley 100 de 1993). En el formulario que suscribi� con la Administradora del Fondo de Cesant�as PROTECCI�N SA., se advierte que la manifestaci�n expresa est� dirigida a que se traslade el valor de sus cesant�as, y en el formulario se escogi� a dicho Fondo como administrador de sus cesant�as, pero en parte alguna del formulario, se manifiesta de manera clara y expresa que la servidora se acoge al r�gimen de liquidaci�n anual, renunciando a su r�gimen de retroactividad.

La demandante se afili� al Fondo Privado de Cesant�as Protecci�n SA. Administradores de cesant�as, para que all� fuesen administradas sus cesant�as, de conformidad con el r�gimen de retroactividad que le es aplicable. La Administraci�n Municipal de Envigado no ha suscrito el convenio del cual trata el art�culo 2� del Decreto 1582 de 1998, y dem�s normas concordantes, mediante el cual ha de surtirse la afiliaci�n respectiva a los fondos privados de administraci�n de cesant�as; y tampoco ha consignado en el respectivo fondo los montos a que la demandante tiene derecho por concepto de retroactividad de sus cesant�as, sin perjuicio de los retiros parciales que de acuerdo con la ley, la empleada puede haber realizado.

La demandante solicit� a la Administraci�n Municipal que se le aplique el r�gimen de retroactividad al cual pertenece, pues no ha renunciado a �l de manera expresa. La administraci�n Municipal emiti� una respuesta negativa a trav�s del acto acusado, aduciendo que la demandante cambi� de r�gimen de manera voluntaria, refiriendo que el hecho de haberse afiliado sin que se hubiese suscrito convenio entre el municipio y los fondos respectivos, le trae como consecuencia la p�rdida de su r�gimen retroactivo de cesant�as.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACI�N Cit� como normas vulneradas las siguientes: Literal a) del art�culo 17 de la Ley 6 de 1945; Ley 65 de 1946; Decreto 2767 de 1945 y Decreto 1160 de 1947; Decreto 3118 de 1968; Ley 50 de 1 990; Ley 344 de 1996; Decreto 1882 de 1998. CONTESTACI�N DE LA DEMANDA El Municipio de Envigado a trav�s de su representante legal y por conducto de apoderado judicial contest� la demanda (folios 87 a 100), frente a los fundamentos f�cticos expres� y acepta como ciertos los relacionados con la vinculaci�n de la demandante: el traslado de �sta al Fondo de Pensiones y Cesant�as Protecci�n S.A.; que no hubo consignaci�n del retroactivo por cesant�as de parte del Municipio de Envigado al Fondo de Cesant�as, la petici�n elevada por la demandante; y la expedici�n del acto administrativo.

Como argumentos de su defensa se�ala que la actora deb�a tener conocimiento respecto a que el traslado de r�gimen de cesant�as le cambiaba las condiciones en cuanto a la liquidaci�n de las mismas, y debi� pedir una adecuada asesor�a, pues la ignorancia de la Ley no sirve de excusa. Indica que la demandante no s�lo se traslad� al Fondo de Pensiones y Cesant�as.

Protecci�n S.A.; sino que adem�s, mediante oficio del 28 de diciembre de 2001, tom� la decisi�n de manera libre y voluntaria d� acogerse al r�gimen de cesant�as contemplado por el art�culo 13 de la Ley 344 de 1996. Adicionalmente, con dicho traslado al Fondo de Pensiones y Cesant�as Protecci�n S.A., consinti� libre y espont�neamente el cambio de r�gimen; hecho que queda plenamente ratificado, con la firma del correspondiente formulario de traslado, manifestando su cambio de r�gimen de cesant�as, al contemplado por la Ley 344 de 1996, articulo 13.

Insiste que en el formulario de traslado al Fondo de Pensiones y Cesant�as Protecci�n SA., que tiene en sus archivos la Administraci�n Municipal, y que se anexa a la demanda, se lee claramente junto a la respectiva firma del afiliado, el siguiente texto: �Me permito comunicarles: que haciendo uso del derecho consagrado en el ordinal 3 art�culo 99 de la Ley 90, he elegido de manera libre y voluntaria como administradora de mi cesant�a a la sociedad administradora de pensiones y cesant�as PROTECCION S.A..� Adem�s debe tenerse en cuenta, que el s�lo hecho del funcionario haberse trasladado a un fondo privado de cesant�as sin que mediara un convenio previo entre dicho fondo y el empleador, daba lugar a que �ste perdiera el r�gimen de retroactividad de las cesant�as a que ten�a derecho, momento en el cual el valor liquidado por este concepto a esa fecha, deb�a girarse al fondo seleccionado por el servidor, que en este caso reitera fue el Fondo de Pensiones y Cesant�as PROTECCION SA.

(fls. 87 a 100). LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de 19 de junio de 2013 se inhibi� para conocer de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, por hallarse probada de oficio la excepci�n de caducidad, con los siguientes argumentos: Frente al acto acusado se debe realizar el an�lisis a fin de determinar si frente a �ste ha operado o no el fen�meno jur�dico de la caducidad, lo anterior, atendiendo a que, como se se�al� en precedencia, no se trata de prestaciones peri�dicas el objeto de la discusi�n -las cesant�as-, como de manera reiterada lo ha reconocido la jurisprudencia de nuestro �rgano de Cierre, en la medida que cada acto de reconocimiento de cesant�a constituye un acto independiente, y los mismos son demandables, tambi�n, de manera independiente, dentro del t�rmino de caducidad de la acci�n. En cuanto a la caducidad de la acci�n, tenemos que seg�n lo dispone el numeral 2� del art�culo 136 del CCA, para la Acci�n de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la caducidad opera al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del d�a siguiente a la notificaci�n, comunicaci�n o ejecuci�n del acto administrativo.

Se tiene as� que la demandante ha debido ejercer la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto expreso que le neg� su reintegro al r�gimen de retroactividad de las cesant�as, dentro del t�rmino legal, y dado que dicho acto administrativo se comunic� a la demandante el 22 de febrero de 2010, cabe anotar, que a la fecha de presentaci�n de la demanda ya no era susceptible de la acci�n, por haber caducado la misma en los t�rminos del art�culo 136 numeral 2�, como pasa a explicarse.

Se encuentra demostrado en el proceso, que la se�ora Mar�a Piedad D�az Montoya, elev� petici�n al Municipio de Envigado, a fin de que se reintegrara al r�gimen de retroactividad de las cesant�as, solicitud que fue resuelta mediante Oficio 0410 - 452, del cual no obra constancia de notificaci�n personal; pese a ello, a folio 80 obra constancia de recibido del Oficio 0410452, con fecha del 22 de febrero de 2010, firmada por varios servidores de la entidad territorial, entre ellos la accionante.

Sobre este asunto, y atendiendo a que la notificaci�n personal es la m�xima expresi�n del principio de publicidad, y la misma est� encaminada a garantizar que las actuaciones de la Administraci�n no sean secretas y ocultas, la notificaci�n de los actos administrativos se debe realizar en forma personal, y de hecho, cuando no se realiza la correspondiente notificaci�n, de ello se deriva la inoponibilidad del acto al administrado; no obstante, si a pesar de la indebida notificaci�n, la actuaci�n de la administraci�n cumple el objetivo de darle publicidad a las decisiones administrativas, y con ello se garantiza adem�s el derecho de defensa, pues el administrado adquiere el conocimiento necesario del contenido del acto al momento de su entrega, la misma no tiene la virtualidad de generar una indebida notificaci�n. Lo anterior, como quiera que a pesar del error en la forma como debi� surtirse la notificaci�n del oficio 0410 - 452 del 22 de febrero de 2010, se advierte, que para el 22 de febrero de 2010, fecha en la que la demandante firm� la constancia de recibido del mencionado oficio, �sta tuvo conocimiento del contenido de la decisi�n administrativa, es decir, que la voluntad de la administraci�n fue la de no disponer su reintegro al r�gimen de retroactividad de las cesant�as.

Conforme lo anterior, se considera que la demandante estuvo suficientemente enterada de la decisi�n administrativa para el 22 de febrero de 2010, pues se deduce de la constancia de recibido de la actora, que la persona sobre la que recaen los efectos de la decisi�n tuvo conocimiento de la misma al momento de la entrega del acto administrativo, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en sentencia T 210 de 2010: y pese a que no se surti� la ritualidad de que trata la norma, a la demandante, en forma personal, se le hizo entrega del acto administrativo, y ella, a su vez, firm� una constancia de recibido, que si bien no constituye un acto de notificaci�n personal, no significa que no se hubiere realizado la comunicaci�n del acto en forma personal.

Conforme lo anterior, la fecha que nos servir� para el c�mputo del t�rmino referido en el numeral 2� del art�culo 136 del C�digo Contencioso Administrativo, lo ser� la fecha en que fue comunicada la demandante del acto acusado, es decir, el 22 de febrero 2010. La caducidad, es un fen�meno procesal que se produce ipso jure, extinguiendo la facultad de ejercer el derecho por su no ejercicio dentro de determinado lapso, cuya declaraci�n puede darse incluso en forma oficiosa por el juez, en raz�n de la naturaleza de orden p�blico que tiene el t�rmino preestablecido por la ley para la realizaci�n del acto jur�dico.

Sobre el tema se ha pronunciado en m�ltiples fallos nuestro �rgano de Cierre, indicando que si bien el referido instituto constituye una restricci�n al derecho de acceso a la administraci�n de justicia, es necesario en la medida que se torna igualmente indispensable proveer la debida seguridad jur�dica a las actuaciones del Estado, que de otra forma quedar�an perennemente en estado de interinidad.

Partiendo de la base de que la presente acci�n se interpuso el 27 de agosto de 2010 (fI. 21), para el 22 de febrero de 2010 la demandante tuvo conocimiento del contenido acto administrativo acusado por el cual se le neg� su reintegro al r�gimen de retroactividad de las cesant�as; consiguiente tenemos que contaba con cuatro (4) meses, a partir del d�a siguiente, para presentar la demanda, es decir, a partir del 23 de febrero de 2010, llegando a t�rmino el plazo de los cuatro (4) meses, el d�a 22 de junio de 2010; por lo tanto, para el d�a 7 de julio de 2010, fecha eh la cual se present� la solicitud de conciliaci�n prejudicial ante la Procuradur�a General de la Naci�n (fI 31), indefectiblemente hab�a operado la caducidad de la acci�n, sin que dicha solicitud, en el caso concreto, tenga la virtud de suspender o revivir los t�rminos de caducidad.

Lo anterior con fundamento en el numeral 2� del art�culo 136 del C�digo Contencioso Administrativo (fls. 266 a 271). RECURSO DE APELACION El apoderado de la parte actora interpuso el recurso de apelaci�n contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 19 de junio de 2013, con el siguiente argumento: En virtud del segundo principio (In dubio pro operatio), ha debido el A-quo interpretar de manera favorable al trabajador y dar prevalencia a la prueba testimonial, paro dar por sentado la fecha real de la notificaci�n, sobre la prueba documental aportada por el demandado, que sin lugar a dudas, no es contundente.

Y en gracia de discusi�n, si afloraba alguna duda, en ejercicio de sus poderes, ha debido decretar y practicar las pruebas que oficiosamente considerara a efecto de obtener pleno convencimiento. Se observa con toda claridad, que obran en la foliatura dos documentos que dan cuenta de fechas diferentes de la notificaci�n; firma de recibido por parte de la demandante a folio 28, y un documento al cual el despacho le ha concedido merito probatorio folio 80, el cual, de ninguna manera constituye prueba de que ese d�a se enter� a la demandante de manera real y efectiva sobre el contenido del acto administrativo demandado, como tampoco constituye notificaci�n personal, en los t�rminos que lo exige el art�culo 44 del C.C.A. De manera pues, que el se�or Juez de la causa ha olvidado, que lo que se discute en este Proceso, es un derecho de raigambre Laboral, y bajo la egida de los principios que informan esta rama del Derecho denominado Especial, el principio de Favorabilidad ha de imponerse, m�s aun, en la valoraci�n de la prueba.

Algunos autores se refieren al mismo principio como el principio de �pro operatio�, para determinar, que ante la duda, o ante contradicci�n alguna, ha de imperar el principio de favorabilidad en favor del trabajador, pero nunca en favor del Empleador. No es asunto de justicia retributiva de orden civil o administrativa, se trata de una discusi�n de un derecho Social, as� ha sido reconocida la naturaleza jur�dica de los derechos laborales, cuyos discusiones se resuelven bajo los principios propios de dicha disciplina jur�dica, principios que parece desconocer el fallador de instancia. En conclusi�n, solicita se revoque la sentencia, porque insiste en que como se vincul� a la Administraci�n antes del 30 de diciembre de 1996 tiene derecho al r�gimen retroactivo de cesant�as, al que no ha renunciado.

Manifiesta su desacuerdo con la declaratoria de ineptitud sustantiva, porque el derecho de las cesant�as persiste en tanto mantenga su v�nculo aboral y por ello es el Oficio n�mero 0410-452 del 22 de febrero de 2010 mediante el cual la entidad demandada le neg� el derecho que solicit� en forma oportuna. Afirma que la notificaci�n del acto administrativo demandado se hizo el 10 de marzo de 2010, fecha en la cual recibi� la respuesta (fl.28), por lo que se equivoc� el fallador de primera instancia a tener en cuenta el documento que obra a folio 80, porque es un documento aislado que no hace parte del acto administrativo en controversia y que corresponden a dos momentos cronol�gicos diferentes, el primero de los cuales no se valor� en armon�a con la prueba testimonial recaudada (fl.147), que se debi� interpretar en forma favorable al trabajador.

Hizo referencia a tres procesos en donde se discutieron hechos similares y no se declar� la caducidad. CONSIDERACIONES Problema jur�dico.- Siendo el marco de juzgamiento en esta instancia, los argumentos del recurso de apelaci�n interpuesto por la parte actora, debe la Sala precisar si la demanda presentada por la se�ora MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA se interpuso dentro del t�rmino de 4 meses que dispone el numeral 2� del art�culo 136 del C.C.A. De lo probado en el proceso.- A folio 21 del expediente el apoderado de la parte actora instaur� demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Antioquia el 27 de agosto de 2010.

Mediante petici�n de 6 de enero de 2010, entre otros, la demandante, solicit� al Alcalde Municipal de Envigado el reintegro al sistema de cesant�as retroactivas, adem�s del reconocimiento y liquidaci�n de dichas sumas, por considerarlo un derecho adquirido (fls.62-73). El Oficio No. 0410-452 de 22 de febrero de 2010 suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jur�dica de la Alcald�a del Municipio de Envigado � Antioquia que neg� el reconocimiento del derecho de la actora a gozar del r�gimen de retroactividad de cesant�as (fls. 24 a 28).

Obra a folio 80 del expediente reporte de recibido del acto demandado el 22 de febrero de 2010, donde figura la demandante MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA. A folio 31 del expediente obra constancia expedida por la Procuradur�a 107 Judicial I para Asuntos Administrativos, en la que consta que la actora solicit� la conciliaci�n el 7 de julio de 2010, y la audiencia se llev� a cabo el 26 de agosto de 2010 sin que existiera �nimo conciliatorio por lo que se declar� fallida la etapa conciliatoria, de conformidad con la ley 1285 de 2009, y ley 640 de 2001, en la misma fecha se entregaron las copias correspondientes.

De la caducidad de la acci�n.- Ha sostenido la Doctrina que la caducidad respecto a la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho ha sido considera un instrumento l�mite para el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos, si se tiene en cuenta que la acci�n en s� misma encarna la esencia de la antigua Plena Jurisdicci�n, ejemplo t�pico de mecanismo subjetivo de acceso a la justicia Contencioso Administrativa, en procura de obtener pronunciamiento frente a las pretensiones de indiscutible contenido personal y patrimonial.

Esta actitud del Legislador limitadora del derecho a reclamar en juicio los derechos que se consideren vulnerados, no puede considerarse en forma alguna una violaci�n o desconocimiento de la garant�a Constitucional del libre acceso a la Administraci�n de Justicia, Todo lo contrario, como un desarrollo del principio de la seguridad jur�dica, bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal para la reclamaci�n judicial de los derechos De conformidad con lo anterior, sea lo primero advertir, que la disposici�n normativa que se transcribe a continuaci�n sobre la materia en cuesti�n, tiene plena observancia en el asunto que se atiende, dado que al tratarse de una norma de car�cter procesal, seg�n las voces de los art�culos 40 y 6� de la Ley 153 de 1887 y C.P.C., respectivamente, son de orden p�blico y de obligatorio cumplimiento.

La prevalencia del derecho sustancial no implica que pueda hacerse caso omiso de las formas propias de cada juicio. El numeral 2� del art�culo 136 del C.C.A., es del siguiente tenor literal: Art�culo 136.- Modificado Decreto 2304 de 1989, art.-23. Modificado Ley 446 de 1998, art.44. � 2. La de restablecimiento del derecho caducar� al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del d�a siguiente al de la publicaci�n, notificaci�n, comunicaci�n o ejecuci�n del acto, seg�n el caso. �� (Se subraya).

Se observa a folio 21 del expediente el apoderado de la parte actora instaur� demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 27 de agosto de 2010. En este caso debe contarse el t�rmino de caducidad de la acci�n a partir del 22 de febrero de 2010, - comunicaci�n del acto demandado, luego, venci� el 23 de junio de 2010. Sin embargo, como la parte accionante present� la demanda el 27 de agosto de 2010 (fl.21), la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho intentada a todas luces se encuentra caducada.

Con el fin de agotar el requisito de procedibilidad de la acci�n dispuesto en la Ley 1285 de 2009, la actora solicit� audiencia de conciliaci�n ante la Procuradur�a 107 Judicial I para Asuntos Administrativos el 7 de julio de 2010 (fl. 31), es decir, cuando ya hab�a operado el fen�meno jur�dico de caducidad de 4 meses. Con relaci�n a las normas relativas en asuntos de lo Contencioso Administrativo, el cap�tulo V de la Ley 640 de 2001 fue reglamentado por el Decreto 1716 de 2009, y el art�culo 3� precept�o que la presentaci�n de la solicitud de conciliaci�n suspende el t�rmino de caducidad, hasta que se presente alguno de los siguiente eventos: �� Art�culo 3�.

Suspensi�n del t�rmino de caducidad de la acci�n. La presentaci�n de la solicitud de conciliaci�n extrajudicial ante los agentes del Ministerio P�blico suspende el t�rmino de prescripci�n o de caducidad, seg�n el caso, hasta: Que se logre el acuerdo conciliatorio, o Se expidan las constancias a que se refiere el art�culo 2� de la Ley 640 de 2001, o c) Se venza el t�rmino de tres (3) meses contados a partir de la presentaci�n de la solicitud; lo que ocurra primero. En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el t�rmino de caducidad suspendido con la presentaci�n de la solicitud de conciliaci�n se reanudar� a partir del d�a h�bil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente. �� (Se subraya).

El t�rmino de caducidad no se suspendi�, sin embargo la Procuradur�a 107 Judicial I Administrativa, expidi� la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, de que trata la normativa antes transcrita, el 26 de agosto de 2010, el mismo d�a que se realiz� la Audiencia de Conciliaci�n (fls.31). Teniendo en cuenta lo anterior, el t�rmino de caducidad no se reanud�, ya que la acci�n hab�a caducado.

As� las cosas, el t�rmino de caducidad de que trata el art�culo 136 numeral 2� del C.C.A., venci� el 23 de junio de 2010, y la demanda fue presentada el 27 de agosto de 2010 (fl.21), es decir lo que indica que la parte actora no demand� en tiempo el acto administrativo. De otro lado, observa la Sala que para efectos de dilucidar el t�rmino de la caducidad de la presente acci�n, debe definirse si la expresi�n �a partir del d�a siguiente� que contiene el art�culo arriba transcrito, hace alusi�n a un d�a h�bil, o no. Para ello es importante resaltar que, la norma en menci�n hace referencia a dos t�rminos diferentes, i) el expresado en meses (4 meses), que en atenci�n a Ley 4� de 1913 inciso 2 del art�culo 62, y art�culo 121 del C. de P.C., aplicables por remisi�n del art�culo 267 de C.C.A., debe contarse conforme al calendario, de manera que el primero y el �ltimo d�a del plazo, tengan el mismo n�mero tanto en el mes de inicio como en el de finalizaci�n, esto en raz�n al art�culo 67 del C.C., y salvo que el �ltimo d�a fuere feriado o de vacante, donde el plazo se extender� hasta el primer d�a h�bil; ii) y aquel comprendido entre la publicaci�n, notificaci�n, comunicaci�n o ejecuci�n del acto demandando y la fecha de inicio de la caducidad, el cual est� expresado en d�as �� a partir del d�a siguiente ��, al que le es aplicable el inciso 1 del art�culo 62 de la Ley 4 de 1913, seg�n el cual no se cuentan lo d�as de vacancia, ni los feriados, y en concordancia con el art�culo 121 inciso 1 del C. de P.C., tampoco se cuentan aquellos en que el despacho permanezca cerrado.

La Corte Constitucional en sentencia en sentencia C-767-10 de 22 de septiembre de 2010, M.P. Dr. Juan Carlos Henao P�rez, se�al� que cuando la Ley o un acto se refiera a �d�as� como lo determina le Ley 4� de 1913, estos deben entender �h�biles�; en los siguientes t�rminos: �� Si bien el art�culo 45 del Decreto 2067 de 1991 establece que cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formaci�n del acto sujeto de control, lo devolver� a la autoridad que lo profiri� para que enmiende el defecto, precisando que el t�rmino no podr� ser superior a treinta (30) d�as contados a partir del momento en que la autoridad est� en capacidad de subsanarlo, resulta preciso remitirse al art�culo 62 de la Ley 4� de 1913 por el cual se subrog� el art�culo 70 del C�digo Civil, seg�n el cual cuando la ley o el acto se refiera a d�as, estos deben entenderse h�biles, salvo que expresamente se establezca lo contrario.

De ah� que el t�rmino indicado en el citado art�culo deber� contabilizarse en d�as h�biles. �� En otras palabras, la caducidad de la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho en el presente asunto, de conformidad con los art�culos 136 numeral 2� del C.C.A., 62 de la Ley 4 de 1913 inciso 1�, cuando la ley o acto se refiera a d�as, deben contarse como h�biles.

En el sub lite, el acto administrativo demandado se comunic� el 22 de febrero de 2010 (fl. 80), por lo que los 4 meses para interponer la acci�n se cumpl�an el 23 de junio de 2010, sin embargo, lo hizo el 27 de agosto de 2010 (fl.21), por ende la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho intentada se encuentra caducada. En consecuencia, la Sala habr� de confirmar la sentencia recurrida, pues la encuentra ajustada a derecho.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, Subsecci�n �B�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, F A L L A CONFIRMASE la sentencia de 19 de junio de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se inhibi� para conocer de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, por hallarse probada de oficio la excepci�n de caducidad.

C�piese, notif�quese, c�mplase y ejecutoriada esta providencia devu�lvase el expediente al Tribunal de origen. C�MPLASE. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesi�n de la fecha. SANDRA LISSET IBARRA V�LEZ ALFONSO VARGAS RINC�N GERARDO ARENAS MONSALVE Informe visto a folio 368. Tratado de Derecho Administrativo - Santofimio Gamboa Jaime Orlando, Universidad Externado de Colombia, p�ginas 423 y 424 � Tercera reimpresi�n 2007. Modificado por el art�culo 624 de la Ley 1564 de 2012 �C�digo General del Proceso�. Auto de Subsecci�n de 5 de agosto de 2010, Exp.

No. 4171-05, Actor: Luis Gabriel Urueta Romer�a, M.P. Dra. Bertha Luc�a Ram�rez de P�ez. El art�culo 121 del C.P.C., establece que los t�rminos de meses y a�os se contar�n conforme al calendario. Sobre R�gimen Pol�tico y Municipal. �Los de meses y a�os se computan seg�n el calendario; pero si el �ltimo d�a fuere feriado o vacante, se entender� el plazo hasta el primer d�a h�bil.� �Los t�rminos de meses y de a�os se contar�n conforme al calendario�. �En los plazos de d�as que se se�alen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario�. �En los t�rminos de d�as no se tomar�n en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho.� ��n��$%&'8jklmz��&'()uxy��Nd{)ITUVWhstuv��-./0=>?@nopq�� h�o�6�h�o�>*whh�o�h^1A h�o�5�Z��%'km��')UWtv��$��d��]��^��a$��d�]��^��d��]��^��$��d�]�^�`�a$��d��]��^��.0>@oq��d��]��^��d�]��^�� $��d �]��a$ $��d �]��a$$��d�]��^�`�a$ $��d �]��a$$��d�]�^�`�a$��DEFGHIJK��$%&'0123L��QRSThijklmrx��KLMN�� "�"�"�"d#e#f#g#a%b%c%d%&& &&s't'u'v'�'�'�'��jh�o�H*Uh�o�h^1A h�o�5�\EGIK%'13��RTi��]��$��d�s]�^�`�a$��]��^��]��$��d��]��^�`�a$ 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