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SE PASA A CONSIDERACIONES. II.
ANTECEDENTES (Para conocimiento de los integrantes de la Sala) 2.1. La demanda. (Fls. 74-87 Cdno. Ppal.) Solicitan los demandantes se condene a los encartados Rub�n Dar�o Zuluaga Duque, Flota Metropolitana S.A. y AIG Seguros Colombia S.A. al pago de las sumas indemnizatorias relacionadas en el libelo genitor por concepto de perjuicios materiales e inmateriales, previa la declaratoria de su responsabilidad civil contractual y extracontractual en las calidades de propietario del veh�culo, empresa afiladora y compa��a aseguradora, respectivamente.
Para sustentar sus pedimentos aducen como hechos jur�dicamente relevantes, que el d�a 15 de febrero de 2012 a eso de las 13:30 horas se present� en la avenida Alberto Mendoza de esta ciudad un siniestro donde se vio involucrado el veh�culo de transporte p�blico de placas WBE-826 de propiedad del codemandado Zuluaga Duque, el cual fue abordado por la codemandante a quien le correspondi� tomar el puesto delantero contiguo al lado derecho del conductor.
Sobre las circunstancias de modo manifiesta que en el trayecto desde el Barrio la Enea al Batall�n Ayacucho, a la altura de la estaci�n de Renault Minuto el operador del colectivo tom� una curva cerrada hacia la izquierda con gran velocidad, causando la apertura de la puerta del lugar que Mar�a Alejandra ocupaba, quien sali� expedida del carro por las fuerzas de la f�sica e impact� contra el suelo, sufriendo graves lesiones en su humanidad a ra�z de la imprudente maniobra del conductor, ejecutada en desconocimiento de la normativa vigente frente a asuntos de tr�nsito.
Indica que contra el operario del microb�s se inici� investigaci�n penal por el injusto de lesiones personales culposas que deriv� en sentencia condenatoria emitida por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Manizales el 30 de enero de 2017. Adiciona que con el accidente se origin� para la lesionada una incapacidad m�dico legal de 45 d�as, la perturbaci�n funcional permanente del �rgano de la masticaci�n y afectaci�n en la simetr�a de su rostro, ascendiendo el costo de la �reparaci�n cl�nica� a los $40.000.000, monto que no fue aceptado por la empresa aseguradora; aunado a ello, que se han causado perjuicios inmateriales tanto a la v�ctima directa como a sus progenitores puesto que conviven juntos bajo el mismo techo vi�ndose obligados a modificar diversos aspectos de su estilo de vida en aras de solidarizarse con las nuevas condiciones de su hija, sin mencionar el dolor que les genera ver a Mar�a Alejandra en la situaci�n de indefensi�n derivada del siniestro. 2.2.
La r�plica. 2.2.1. SBS Seguros de Colombia S.A. (Antes AIG Seguros Colombia S.A.) (Fls. 124-151 C1) La primera en pronunciarse fue la compa��a aseguradora quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones proponiendo de manera principal las excepciones de fondo que denomin�: �PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N; CULPA EXCLUSIVA DE LA V�CTIMA; INDEBIDA ACUMULACI�N DE PRETENSIONES� y las subsidiarias llamadas: �CONCURRENCIA DE CULPAS;
EXCEPCI�N GEN�RICA�; respecto al contrato de seguros propuso como esencial el medio de defensa nominado: �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N DE INDEMNIZAR A CARGO DE LA ASEGURADORA QUE REPRESENTO; EXULSION (sic) DE LA P�LIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL� y subsidiariamente �SUJECI�N DE LAS PARTES AL CONTRATO DE SEGURO Y A LA NORMATIVIDAD QUE LO REGULA;
L�MITE DEL MONTO INDEMNIZABLE�. En lo tocante al llamamiento en garant�a realizado por su asegurada invoc� como principales las excepciones de m�rito llamadas �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N DE INDEMNIZAR A CARGO DE LA ASEGURADORA QUE REPRESENTO�, �sta atendiendo a que deb�a prosperar la excepci�n de prescripci�n de la acci�n derivada del contrato de transporte, as� como la de culpa exclusiva de la v�ctima;
IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANT�A INVOCANDO AL MISMO TIEMPO LAS P�LIZAS QUE AMPARAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y LA EXTRACONTRACTUAL� y subsidiarias �EXCLUSI�N DE LA P�LIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL�; �EXCLUSI�N DE LA P�LIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL�; �SUJECI�N DE LAS PARTES AL CONTRATO DE SEGURO Y A LA NORMATIVIDAD QUE LO REGULA�; �L�MITE DEL MONTO INDEMNIZABLE�; �EXCEPCI�N GEN�RICA�.
(Fls. 230 � 235 �dem) 2.2.2. Rub�n Dar�o Zuluaga Duque (Fls. 163-177 C1) Por su parte, el codemandado requiri� que las pretensiones fuesen desestimadas e invoc� como excepciones de m�rito las siguientes: �CULPA EXCLUSIVA DE LA V�CTIMA; INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTUACI�N DEL CONDUCTOR Y EL ACCIDENTE; COBRO DE LO NO DEBIDO Y ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA;
INEXISTENCIA DEL DERECHO INDEMNIZATORIO; INDEBIDA E IMPROCEDENTE TASACI�N DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS; FALTA DEL REQUISITO DE LA DEMOSTRACI�N DE PRUEBA; PRESCRIPCI�N EN VIRTUD A QUE EL SE�OR RUBEN DAR�O ZULUAGA DUQUE TIENE LA CALIDAD DE TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE�; �EXCEPCI�N GEN�RICA�; de manera subsidiaria propuso el medio denominado: �CONCURRENCIA DE CINDUCTAS (sic) Y/O COMPENSANCION (sic) DE CULPAS�. 2.2.3.
Empresa Flota Metropolitana S.A. (Fls. 190 a 204 C1) La empresa transportadora contest� la demanda de manera id�ntica a como lo hizo el propietario del veh�culo y por ende formul� las mismas excepciones. 2.3 La Sentencia. Mediante sentencia del 24 de mayo hoga�o, la a-quo declar� la responsabilidad civil deprecada a cargo de los sujetos convocados, salvo la compa��a aseguradora respecto de la que sentenci� la prosperidad de la excepci�n de prescripci�n contractual respecto a la joven Mar�a Alejandra Duque Rinc�n. El sustento de la providencia se fund� en: (i) Como punto inicial la judicial interpret� la demanda puesta a su consideraci�n en torno a la solicitud de acumular las pretensiones de la activa, para afirmar que respecto a la v�ctima directa se trataba de responsabilidad negocial por el contrato de transporte celebrado entre aquella y la empresa Flota Metropolitana S.A., mientras que frente a sus progenitores deb�a sostenerse una responsabilidad aquiliana al no existir tal v�nculo preexistente.
(ii) Tras realizar un an�lisis respecto a los elementos axiol�gicos de cada uno de los reg�menes mencionados, afirm� que se encontraban probados los da�os, la culpa y el nexo causal, estos dos �ltimos en virtud de la decisi�n condenatoria emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Manizales dentro del proceso seguido contra el conductor del microb�s por el delito de lesiones personales culposas en virtud del siniestro, motivo por el cual era dable la declaratoria de responsabilidad implorada despachando desfavorablemente varias de las excepciones de fondo propuestas.
En lo que ata�e a la excepci�n de prescripci�n la encontr� probada respecto a la aseguradora toda vez que el tiempo para ejercitar la acci�n contractual por parte de la joven Mar�a Alejandra conforme el art�culo 993 del C�digo de Comercio eran dos a�os encontr�ndose fenecido dicho plazo al momento de la interposici�n de la demanda; de igual modo, afirm� la sentenciadora la imposibilidad de extender los efectos de la prosperidad de dicho medio defensivo para los codemandados Flota Metropolitana S.A. y Ruben Dar�o Zuluaga, habida consideraci�n que no fue alegada por los convocados, encontr�ndose vedado el Juez para pronunciarla de oficio, en concordancia con las disposiciones sustanciales y la jurisprudencia vigente.
Pese a lo dicho, sostuvo que considerando la situaci�n de los padres de la v�ctima respecto a SBS Seguros, esto es, que la responsabilidad solicitada fue la extracontractual, la excepci�n de prescripci�n no se configuraba en torno a sus pretensiones. (iii) En concepto de la Funcionaria de primer nivel, los pedimentos materiales a t�tulo de da�o emergente (causado) fueron debidamente soportados en las facturas aportadas al dossier y por ende se reconocieron en la cuant�a requerida, mientras que neg� el denominado �da�o emergente por causar� partiendo de la indeterminaci�n que revest�a la necesidad de los tratamientos posteriores, de los cuales se aportaron tan s�lo cotizaciones.
Frente a los perjuicios inmateriales derivados de los da�os morales y el da�o a la vida en relaci�n fueron concedidos en los montos deprecados tanto para Mar�a Alejandra como para sus progenitores, pues encontr� acreditados los primeros por el dolor que le caus� a la lesionada tanto las secuelas, como la recuperaci�n del accidente acaecido cuando era apenas una menor de edad y las modificaciones en sus condiciones de existencia para asumir las consecuencias del siniestro.
Frente a los padres afirm� como mesuradas las sumas pedidas por en el libelo genitor y dio plena credibilidad a sus declaraciones para tener por probado el da�o a la vida en relaci�n tas�ndolos finalmente en $8.000.000 para cada uno. (iv) Para la reparaci�n de los perjuicios a los codemandantes Carlos Alberto Duque y Gloria Cristina Rinc�n, dispuso la sentenciadora la afectaci�n de la P�liza de responsabilidad civil extracontractual N� 1000122. 2.4.
Los Reparos Inconformes con la decisi�n, las partes la recurrieron en apelaci�n, de la siguiente forma: 2.4.1. Demandantes. (Fls. 291 a 294 C1) Reprochan el que por parte de la sentenciadora se hubiese omitido la indexaci�n o actualizaci�n de los valores reconocidos a t�tulo de indemnizaci�n pese a haberse solicitado expresamente en el ac�pite petitorio del libelo, dado que no puede perderse de vista que el accidente que dio lugar a la demanda ocurri� en el mes de febrero de 2012. 2.4.2.
Empresa Flota Metropolitana S.A. y Rub�n Dar�o Zuluaga Duque. (Fls. 295 a 3056 �dem) (i) Fue desconocido por la Judicial que los efectos de la declaratoria de la excepci�n de prescripci�n de corto plazo propuesta por la aseguradora respecto a la joven Mar�a Alejandra deb�an cobijar tambi�n a los codemandados como beneficiarios de la P�liza, en atenci�n al contenido del art�culo 1044 del C�digo de Comercio y a que la compa��a SBS fue llamada en garant�a, raz�n por la que su defensa arropaba o coadyuvaba tambi�n a los llamantes.
As� mismo, aleg� sobre este punto que teniendo en cuenta el esp�ritu del legislador al emitir la Ley 791 de 2002, deb�a declararse la prescripci�n de la acci�n toda vez que su declaratoria se aplicaba a todas las partes que participaron en el respectivo debate. (ii) Los codemandados reprocharon el reconocimiento de los rubros atinentes al da�o emergente, al considerar que fue decisi�n de los padres de Mar�a Alejandra no hacer uso del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tr�nsito � SOAT y acudir a los servicios de manera particular, motivo por el cual no era dable requerir el reembolso de las sumas invertidas puesto que deliberadamente rechazaron la afectaci�n del seguro previsto por la legislaci�n nacional para el cubrimiento de contingencias como la sucedida con la se�orita Duque Rinc�n. (iii) En concepto de los recurrentes los dineros a los que se les conden� a t�tulo de indemnizaci�n de perjuicios inmateriales resultan exagerados y desconocedores del precedente jurisprudencial establecido: En cuanto al da�o a la vida en relaci�n concedido a la v�ctima directa, consideran los apelantes que carece del elementos de convicci�n que lo acrediten bajo el entendido de s�lo haberse tenido en cuenta los dichos de los demandantes en sus declaraciones sin obrar de ello prueba testimonial o pericial tendiente a establecer la afectaci�n, disminuci�n o deterioro de su calidad de vida.
Entre tanto, en sus reclamos verbales sostuvo que la cifra dada por los da�os morales causados a Mar�a Alejandra, deven�a demasiado alta. 2.4.3. SBS Seguros Colombia S.A. (Fls. 307 a 309 �dem) (i) Acusa el quebrantamiento del principio de congruencia entre el ac�pite petitorio de la demanda y la interpretaci�n que de la misma se hizo, pues a criterio de la opugnante no era permisible que la judicial realizara la hermen�utica oficiosa del libelo genitor para afirmar que respecto a la v�ctima directa la responsabilidad era contractual, mientras que frente a sus padres lo era extracontractual por cuanto no fue el debate as� planteado por la activa.
(ii) Err� la Juez cognoscente al reconocer en favor de los padres de la menor la indemnizaci�n por el da�o a la vida en relaci�n habida cuenta que no se encuentra plenamente acreditado, puesto que el �nico elemento suasorio allegado al plenario fue el mismo interrogatorio de los citados codemandantes quienes no pueden constituir prueba a su favor, am�n que acorde la m�s reciente jurisprudencia de los �rganos de cierre este tipo de da�os s�lo se reconocen a favor del lesionado directo.
(iii) No debi� ordenarse el pago de los perjuicios irrogados a los progenitores de Mar�a Alejandra con cargo a la p�liza de responsabilidad civil extracontractual, atendiendo a que los mismos se generaron dentro del marco de la ejecuci�n de un contrato de transporte de lo que se desprende que los menoscabos causados son de naturaleza convencional, independientemente de que los se�ores Duque Hoyos y Rinc�n Cano no hubiesen sido parte del v�nculo negocial subyacente.
(iv) Finalmente, aduce que las sentencias condenatorias emitidas en el proceso penal adelantado contra el conductor del automotor no eran �bice para que la Judicial se abstuviera de analizar lo referente a la imprudencia en que incurri� la se�orita Mar�a Alejandra al no colocarse el cintur�n de seguridad puesto que seg�n lo indic� en el interrogatorio que rindi�, ella ten�a conocimiento que tal conducta le era exigible por ser parte de la normativa de tr�nsito y transporte.
III. CONSIDERACIONES 3.1. Problema Jur�dico Encontrando as� que los presupuestos procesales est�n reunidos, que no se observa causal de nulidad con aptitud de invalidar lo hasta aqu� actuado, tampoco se presenta necesidad de hacer un pronunciamiento expreso en los t�rminos que exige el art�culo 280 del C.G.P, compete a la Sala con el l�mite impuesto en el art�culo 328 del CGP, establecer: 3.1.1.
En lo que corresponde a SBS Seguros Colombia S.A. lo siguiente (i) si como lo sostiene la apelante, se extralimit� la juez al adecuar oficiosamente la acci�n de responsabilidad como lo hizo para desatar el debate; (ii) si era dable reconocer perjuicios derivados del da�o a la vida de relaci�n a favor de los progenitores de la v�ctima directa conforme las probanzas arrimadas;
(iii) determinar si se equivoc� la falladora al afectar la p�liza de responsabilidad aquiliana para la reparaci�n de los da�os irrogados a los padres de Mar�a Alejandra y (iv) definir si comporta alg�n grado de incidencia en el litigio el hecho que al momento del accidente la lesionada no estuviese en uso del cintur�n de seguridad, teniendo en cuenta el pronunciamiento emanado por la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad penal sobre el t�pico. 3.1.2.
En lo tocante a los codemandados Empresa Flota Metropolitana S.A. y Rub�n Dar�o Zuluaga Duque habr� de definirse de manera principal si frente a ellos proced�a la aplicaci�n de la prescripci�n extintiva de la acci�n contractual de cara a que fue alegada por la compa��a aseguradora dentro del llamamiento en garant�a que le hiciese la empresa afiliadora; en caso negativo, se abordar� el estudio de la concesi�n de los gastos relacionados con el da�o emergente y el quantum fijado por concepto de perjuicios inmateriales, esto es, da�o a la vida de relaci�n y da�o moral subjetivado, a favor de la lesionada. 3.1.3.
En lo referente a los demandantes: deber� determinarse, si les asiste raz�n en su pedimento de indexaci�n de los montos concedidos a trav�s de la sentencia objeto de alzada. 3.2. Tesis de la Sala Realizado el an�lisis de los medios que conforman el acervo probatorio, confrontados con las disposiciones sustanciales y adjetivas aplicables, anuncia la Sala que: (i) No son de recibo los argumentos planteados por la aseguradora en el sentido que la sentencia de primer grado desconoci� los l�mites impuestos por el principio de congruencia, as� como tampoco que se tratara el asunto de un litigio de naturaleza eminentemente convencional incluso respecto de los padres de la v�ctima que no hicieron parte del contrato de transporte.
En lo que s� le asiste parcialmente raz�n y de manera concreta es en lo referente a la condena por el da�o a la vida de relaci�n reconocido a favor de los citados progenitores, pues los perjuicios derivados de tal rubro no fueron acreditados a trav�s de las herramientas suasorias procedentes. (ii) En lo que ata�e a la prescripci�n extintiva de la acci�n contractual se sostendr� que al haber sido invocada por parte de SBS Seguros Colombia S.A. en el escenario del llamamiento en garant�a elevado por Flota Metropolitana S.A. se impon�a declararla a su favor; situaci�n que no puede predicarse frente al codemandado Rub�n Dar�o Zuluaga Duque quien no puso el citado medio de presente en la contestaci�n de la demanda, ni hizo parte del aludido acto adjetivo para la intervenci�n de la aseguradora como tercero. Partiendo de lo anterior, el referido sujeto deber� responder por los rubros indemnizatorios fijados para la v�ctima del da�o en la forma dispuesta en la sentencia refutada.
(iii) Son admisibles parcialmente los reparos de la parte demandante en cuanto a la indexaci�n pretendida respecto a los montos resarcitorios otorgados atendiendo a que fue una solicitud expresa dentro del ac�pite petitorio, aunado a las reglas econ�micas relacionadas con la p�rdida de capacidad adquisitiva del dinero. No obstante, tal correcci�n no puede operar en torno al da�o moral, sino exclusivamente respecto al emergente. 3.3.
Supuestos jur�dicos 3.3.1. En t�rminos generales, podr�a definirse la responsabilidad civil como la obligaci�n que le asiste a las personas de indemnizar los da�os que con sus conductas �activas u omisivas-, las desplegadas por sus dependientes o con los elementos en su custodia, se les cause a terceros que no se encuentran en deber jur�dico de soportarlos.
La funci�n principal de tal concepto es la reparaci�n de la v�ctima, reconociendo que la fuente de tal responsabilidad puede provenir de la conducta asumida en el marco de una relaci�n negocial preexistente entre los sujetos � responsabilidad contractual- o sin mediar aquel v�nculo, la originada en un hecho jur�dico con repercusi�n civil - responsabilidad aquiliana o extracontractual-.
En punto del r�gimen que para el caso en estudio interesa, previsto por los art�culos 1602 a 1617 del C�digo Civil, se tiene que la responsabilidad puede surgir de los perjuicios seguidos del da�o ocasionado por la inobservancia de las obligaciones nacidas de manera preliminar de un acuerdo de voluntades entre las partes, cuya celebraci�n las obliga a desplegar las conductas necesarias con miras a alcanzar el prop�sito contractual y en consideraci�n a los t�rminos bajo los que se comprometieron.
No obstante, resulta menester destacar que la simple obligaci�n desatendida o cumplida imperfectamente (de forma incompleta o tard�a) no es per se genitora del deber de indemnizar a cargo del respectivo contratante, puesto que, adem�s de la culpa presumida como consecuencia de tal incumplimiento o ejecuci�n defectuosa de la obligaci�n, se torna necesaria la causaci�n de un da�o del que emanen perjuicios ciertos y la existencia de un nexo que entrelace dichos elementos.
Dicho de otra manera, como elementos estructurales para la declaratoria de responsabilidad civil que se viene hablando, se erigen: a) la existencia de un contrato v�lido y vigente al momento de los hechos; b) el incumplimiento de las obligaciones nacidas del negocio jur�dico; c) el da�o cierto -directo o indirecto- entendido como el menoscabo en el patrimonio de la parte afectada a ra�z del desconocimiento de los t�rminos convencionales y; d) el v�nculo causal entre el incumplimiento y el da�o. 3.3.2.
Atiende al da�o, adem�s de ser cierto, real y no eventual o hipot�tico, corresponde al damnificado que lo reclama demostrarlo; ��no basta afirmarlo, pues que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicci�n regular y oportunamente decretados y arrimados al proceso� (Sentencia de casaci�n del 18 de diciembre de 2009, exp.1998-00529, M.P. Ruth Marina D�az Rueda), lo que deriva en que, sin desconocer que existen excepciones conforme a las cuales se exime de tal probanza, no se presume.
Por el contrario, la generalidad impone la atenci�n de la carga probatoria, en tanto que no siempre la declaratoria de responsabilidad conlleva la reparaci�n del perjuicio; de hecho es posible que un hecho, a�n doloso, no cause perjuicio alguno. En lo referente a los da�os extrapatrimoniales, debe tenerse en cuenta que los de da�o a la vida de relaci�n y los morales tienen naturaleza distinta, pues mientras que los primeros comportan una afectaci�n proyectada a la esfera externa de la v�ctima, sus actividades cotidianas, relaciones con los m�s cercanos, amigos y compa�eros, los segundos o sea los morales, implican una congoja que impacta directamente su estado an�mico, espiritual y estabilidad emocional, tal como lo dijo la Sala Civil de la Corte en (Sentencia SC-7824-2016, M.P. Margarita Cabello Blanco); sin perder de vista que su determinaci�n debe realizarse �en el marco f�ctico de circunstancias, condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos, situaci�n o posici�n de la v�ctima y de los perjudicados, intensidad de la lesi�n a los sentimientos, dolor, aflicci�n o pesadumbre y dem�s factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador�� (Sentencia de la CSJ Cas.
Civ. del 18 de septiembre de 2009, exp. 2005-00406, M.P. Arturo Solarte Rodr�guez) y si bien corresponde al arbitrium judice su cuantificaci�n, a ello procede el juzgador una vez demostrada su existencia, lo cual est� a cargo de quien exige la indemnizaci�n. 3.4. Caso concreto 3.4.1. Reparos de SBS Seguros Colombia S.A. (i) Atendiendo a que uno de los reparos elevados por la compa��a aseguradora se circunscribe a la interpretaci�n que de la demanda realiz� la judicial de primera instancia con el fin de indicar que con relaci�n a la directa lesionada la responsabilidad deprecada correspond�a a la convencional derivada del contrato de transporte celebrado el d�a del siniestro, mientras que respecto a sus progenitores era la atinente a la extracontractual contemplada por los art�culos 2341 y siguientes del Estatuto Sustancial Civil, encuentra pertinente la Corporaci�n iniciar por abordar el t�pico habida cuenta de su indiscutible necesidad a efectos de despachar los reclamos restantes.
A tal prop�sito, visto el escrito allegado en el plazo de que trata el art�culo 322 del C�digo General del Proceso, se extrae que la codemandada se duele de que la Juez procediera a la adecuaci�n del libelo genitor por cuanto en su sentir tal actuar le estaba vedado so pena de desconocer los l�mites sentados por el principio de congruencia concebido en el art�culo 281 del mismo estatuto, am�n que las pretensiones acumuladas no se plantearon conforme el art�culo 88 de dicha obra (como principales y subsidiarias), el cual tan simplemente fue transcrito por el apoderado de la activa.
La norma referida (art�culo 281 del CGP) establece el principio de congruencia indicando que �La sentencia deber� estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem�s oportunidades que este c�digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as� lo exige la ley��.; precepto del cual emerge con claridad que el juez est� obligado a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y las peticiones que se hacen en el escrito de demanda; no puede sentenciar por hechos distintos a los del libelo o de los que sirven de sustento de las excepciones, es decir, debe juzgar de acuerdo con las razones alegadas y probadas por las partes.
A juicio de la Colegiatura, en el asunto bajo estudio la interpretaci�n que de la demanda realiz� la a-quo para ajustar el tipo de responsabilidad deprecada por uno y otro integrante de la activa no deviene desatinada, ni contraviene la citada regla de congruencia puesto que la decisi�n recurrida no contiene pronunciamientos al margen del marco f�ctico presentado por los demandantes, se realiz� el abordaje de las excepciones meritorias propuestas por la pasiva para su defensa, a la par que el ac�pite resolutivo se contrajo a los pedimentos elevados por dicha parte, sin que la omisi�n en se�alar la calificaci�n jur�dica de la especie de responsabilidad civil por los gestores sea �bice para desestimar la acci�n, como quiera que la labor de hermen�utica normativa es competencia del juzgador, de quien se presume en nuestro sistema vigente, es el versado en las disposiciones sustanciales y adjetivas componentes del ordenamiento jur�dico: �La Corte (�) suficientemente ha explicado que distinto es el �rango de la argumentaci�n jur�dica de la parte, porque su omisi�n o error, debe ser salvado por el funcionario judicial, puesto que el tipo de juez t�cnico que reconoce el sistema procesal vigente en Colombia, que lo presume conocedor de la ley (�), le impone el deber de aplicar la que corresponda al caso concreto, haciendo un ejercicio adecuado de subsunci�n�.
Dicho de otra manera, en aras de privilegiar el principio conforme el cual debe el operador judicial velar por el debido acceso de los ciudadanos a la recta administraci�n de justicia, ostenta el Juez no s�lo la facultad, sino la obligaci�n de hacer una ex�gesis razonada, l�gica, integral y coherente con el universo que a trav�s de la demanda se le pone en consideraci�n, lo que cobra mayor relevancia al tratarse de elementos de car�cter jur�dico, todo con el fin de determinar el alcance de los t�rminos del litigio y su consecuente soluci�n de fondo con el �nico l�mite de no alterar la causa petendi, imposici�n por dem�s ratificada en el N� 5 del art�culo 42 del compendio Procesal Civil.
Al respecto ha sostenido la jurisprudencia: �Si est�n probados los hechos�, �incumbe al juez calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no obstante los errores de las s�plicas (�) de ah� que la ��desacertada calificaci�n que el libelista le d� en su demanda a las s�plicas, no tiene por qu� repercutir en el tratamiento jur�dico del caso, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes, definir el derecho que se controvierte��.
As� las cosas, es posible sostener que en el caso de autos la parte demandante, apelando a la posibilidad de acumular pretensiones en los t�rminos del art�culo 88 del C.G.P., inco� tanto la acci�n de responsabilidad civil contractual como la extracontractual, lo que se explica en que los hechos en que se funda la solicitud de su declaratoria y subsiguiente condena son id�nticos tanto para la v�ctima directa como para sus padres, sin que la falta de calificaci�n de la especie de responsabilidad para uno y otro limite al Juez dado que no incide en la cuesti�n f�ctica discutida, conduciendo tales argumentos a sostener que en este punto no le asiste raz�n a la aseguradora y que en el caso acert� la Juzgadora en la adecuaci�n que de oficio adelant�.
En efecto, los hechos originaron la acci�n son los sucedidos en el mes de febrero del a�o 2012, cuando se present� un accidente de tr�nsito donde result� lesionada la joven Mar�a Alejandra Duque Rinc�n quien se movilizaba en calidad de pasajera dentro del veh�culo de servicio p�blico rese�ado a lo largo del tr�mite, trat�ndose as� de responsabilidad contractual respecto a aquella en virtud del contrato de transporte celebrado en dicha data, mientras que frente a los padres se colige que ata�e a la aquiliana concebida por los art�culos 2341 y siguientes del C�digo Civil toda vez que ninguna relaci�n los vinculaba con los demandados cuando acaeci� el incidente, empero sufrieron perjuicios propios que consideran deben ser resarcidos, punto sobre el cual m�s adelante se volver� atendiendo a que tambi�n fue objeto de reproche.
Para finalizar la cuesti�n que ahora se despacha, vale la pena memorar que si bien el art�culo 1006 del C�digo de Comercio en punto al contrato de transporte sosten�a la imposibilidad de acumular la acci�n hereditaria para el reclamo de los perjuicios sufridos por el pasajero fallecido por v�a de la acci�n contractual, con la solicitud de indemnizaci�n para los familiares perteneciente al plano extracontractual, tal disposici�n fue derogada por el literal c) del art�culo 626 del C�digo General del Proceso, raz�n por la cual ning�n sentido tiene sostener que en la actualidad subsiste la prohibici�n de ejercer la acci�n de responsabilidad civil tanto de una como de otra clase de manera simult�nea dentro de la misma demanda, menos trat�ndose de un pasajero lesionado, t�pico sobre el cual este Juez Plural ya se ha pronunciado. (ii) Se enrostra el desatino en la decisi�n bajo el entendido de haber reconocido la indemnizaci�n de perjuicios derivados del da�o a la vida de relaci�n a favor de los progenitores de la v�ctima directa, teniendo en cuenta la ausencia de elementos de acreditaci�n de los mismos puesto que la Judicial cognoscente se apoy� de manera exclusiva en las declaraciones dentro de los interrogatorios de parte rendidos por los codemandantes Gloria Cristina Duque Rinc�n y Carlos Alberto Duque Hoyos, afirmando que eran suficientes para darlos por probados.
Para la compa��a aseguradora la postura asumida por el Despacho desconoce el principio acorde con el cual no le es l�cito a la parte constituir su propia prueba, am�n de la m�s reciente jurisprudencia de las altas Cortes en el sentido que un perjuicio de la naturaleza ahora comentada s�lo puede admitirse a favor del directo afectado de la lesi�n. De manera general puede definirse la pluricitada noci�n (el da�o a la vida de relaci�n) como la alteraci�n de las condiciones de existencia de la v�ctima respecto a su entorno exterior; el desmedro que padece a ra�z del hecho generador del da�o impidi�ndole gozar de su vida en las condiciones que ven�a haci�ndolo antes de su ocurrencia, comprendiendo tanto las actividades rutinarias como el disfrute de los placeres vitales; han sido enf�ticas la doctrina y la jurisprudencia en distinguir este perjuicio, que sea del paso decir es aut�nomo, del denominado da�o moral que por conocido se tiene, est� ligado de manera inherente a los menoscabos sufridos al interior de la esfera m�s �ntima de la persona.
Conviene anotar que la jurisprudencia ha aceptado que los efectos del quebranto extrapatrimonial pueden irradiarse a terceros: As�, referente a los familiares m�s cercanos en las hip�tesis de perjuicios morales es posible presumirlos partiendo de la gravedad o magnitud de la lesi�n que resultare demostrada con los dem�s elementos del plenario; ello atendiendo a los v�nculos de amor, solidaridad y afecto que com�nmente revisten tales relaciones, presunci�n legal que por tal connotaci�n puede ser desvirtuada por la contraparte.
Ahora, en torno al da�o en la vida de relaci�n resulta menester su efectiva comprobaci�n a trav�s de la pluralidad de herramientas suasorias concebidas por el ordenamiento jur�dico a dicho fin, no pudiendo ser de otro modo por el principio onus probandi a partir del cual se afirma como deber de las partes el acreditar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones.
En otras palabras, conforme la teor�a general de la prueba quien pretende le sea reconocido un derecho debe acreditar con suficiencia los elementos constitutivos del mismo; la carga probatoria no se colma con la formulaci�n de hip�tesis o conjeturas, sino mediante la real aportaci�n de medios que permitan formar la convicci�n en el operador judicial, m�xime trat�ndose de la demostraci�n de los perjuicios de la naturaleza que se estudia, habida cuenta que su certidumbre siempre debe emerger indiscutible como requisito forzoso para acceder a la petici�n indemnizatoria, sin que en el sub-judice ello se satisfaga, como se pasa a explicar: Una vez estudiada la decisi�n objeto de alzada es posible aseverar que le asiste raz�n a la impugnante bajo el entendido que adem�s de los interrogatorios de parte, no obra ninguna otra probanza tendiente a establecer la existencia del da�o a la vida de relaci�n, pues sin desconocer la complejidad de la situaci�n originada para los progenitores de la joven Mar�a Alejandra a ra�z del accidente, no es posible aceptar sus dichos como suficiente elemento demostrativo a efectos de asegurar que la mutaci�n de vida por ellos informada se constituye en un rubro indemnizable, puesto que brillan por su ausencia otros medios que analizados en conjunto conforme el art�culo 176 del C.G.P conduzcan a establecerlo as�.
Es decir, no brotan en el expediente circunstancias que sustenten la alegada transformaci�n externa de la vida de los codemandantes en relaci�n con su entorno por raz�n del hecho da�oso, que sus actividades rutinarias o las que les brindaban placer cambiaron porque ya no pueden realizarse, pues como bien lo acot� la censura, no le es l�cito a la parte constituir su propia prueba a trav�s del interrogatorio, ni al judicial atender de forma exclusiva y aislada a este, como quiera que no se aprecian distintas piezas de convicci�n, ni documentales, ni testimoniales y menos periciales que los refuercen o de las que se infieran y en ese sentido es posible indicar que la actividad probatoria de la activa fue insuficiente en la medida que no logr� acreditar los menoscabos padecidos bajo la modalidad deprecada, siendo esto ineludible como presupuesto para su reparaci�n. En esas condiciones, no queda otro camino diferente a la revocatoria de la sentencia en lo atinente a la concesi�n de los perjuicios derivados del da�o a la vida en relaci�n para los pregenitores, para en su lugar negarlos, como se proceder�.
Finalmente, atendiendo a que fue uno de los argumentos con que se edific� este reparo, vale la pena mencionar que como se aclar� en las l�neas que anteceden, de tiempo atr�s la jurisprudencia ha indicado la posibilidad de reconocer el rubro ahora estudiado a favor de terceros, pues si bien las lesiones son per se padecidas por la v�ctima, sus efectos pueden extenderse a diferentes personas por m�ltiples motivos, posici�n que hasta el momento no ha sido recogida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo que no comulga este Juez Colegiado con el razonamiento seg�n el cual un perjuicio de la aludida estirpe s�lo opere a favor del directamente afectado. (iii) Fue objeto de desacuerdo por la divergente el que la indemnizaci�n concedida a t�tulo de da�os morales para los padres de la lesionada se impusiera a cargo de la p�liza que amparaba la responsabilidad civil extracontractual.
Sostuvo que la respectiva clausula contempla el resarcimiento de los perjuicios causados con el veh�culo amparado en supuestos de culpa aquiliana, lo que no se da en el caso analizado puesto que los percances se irrogaron en virtud de la ejecuci�n de un contrato de transporte, incluso si los citados codemandantes no fueron parte dentro de aquel, derivando de ello que la responsabilidad del conductor del automotor fue contractual.
En el asunto se encuentra a folios 220 a 224 del cuaderno principal la P�liza N� 1000122 expedida por Chartis Seguros Colombia S.A. donde figura como tomador Flota Metropolitana S.A., a su vez como asegurada dicha empresa y/o los propietarios del carro y en calidad de beneficiaros los �TERCEROS AFECTADOS�; la protecci�n se encontraba vigente desde el 5 de febrero del 2012 hasta el 5 de febrero de 2013, datas entre las cuales se present� el siniestro que nos convoca.
Examinado el documento referido, se evidencia tambi�n que cubr�a los perjuicios causados por el asegurado en la modalidad extracontractual, extendi�ndose a: �Da�os a bienes de terceros; Lesiones o Muerte de un tercero; Lesiones o Muerte de dos o m�s terceros (�) Da�o moral del tercero afectado� a rengl�n seguido dentro de las exclusiones se observa: �Bajo la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, no se cubrir�n perjuicios originados directa o indirectamente de lesiones y/o muerte de Conductores y Tripulantes�.
As� las cosas, emerge palmario que la mencionada cobertura est� dirigida a reparar a terceros ajenos al negocio subyacente, en este caso espec�ficamente al contrato de transporte, aceptando de tal manera que no s�lo como v�ctimas de los accidentes acaecidos en el �mbito del transporte concurren quienes fueron partes del v�nculo convencional, sino que por diversas situaciones puede afectarse a terceros extra�os a �ste, hip�tesis en las cuales la fuente u origen no es el contrato per � se sino el delito al que alude el art�culo 1494 del C�digo Civil, naciendo a cargo de quien caus� los perjuicios, enmendarlos en la modalidad extracontractual de que trata los art�culos 2341 y siguientes del mentado compendio normativo.
Conforme el principio de la universalidad de riesgos en concordancia con el prop�sito resarcitorio del seguro, �ste deber� comprender todos las contingencias inherentes al transporte que pueden presentarse durante su ejecuci�n. El riesgo como elemento esencial al seguro corresponde al: �suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado, o del beneficiario, y cuya realizaci�n da origen a la obligaci�n del asegurador�.
(Art. 1054 del C. Co) y puede materializarse tanto respecto al pasajero o tripulante, como frente a terceros. Descendiendo al caso concreto se tiene que efectivamente la responsabilidad del conductor del microb�s como dependiente, empleado de la empresa transportadora, es contractual respecto a su pasajera; emana del incumplimiento de la obligaci�n de llevarla a salvo a su destino �obligaci�n de resultado-, m�s ello no puede afirmarse con relaci�n a los padres que en el asunto acuden en calidad de terceros afectados a ra�z de la situaci�n presentada con su hija, estando legitimados para hacerlo de acuerdo al ya mencionado postulado contenido en las disposiciones sustanciales referidas, a la par de la conocida m�xima del derecho seg�n la cual �(�) se establece favor de la v�ctima del il�cito el derecho a que el causante del da�o o quien por �l deba responder, le repare el agravio inferido (�)� esto por el principio o deber general de no causar un da�o a otro.
Aceptar una tesis en los t�rminos de la que fue planteada por la compa��a aseguradora como codemandada, equivaldr�a a aseverar que toda la responsabilidad derivada de los da�os causados con el veh�culo asegurado a sujetos ajenos a la convenci�n de transporte debe analizarse en el escenario de la culpa contractual por la simple raz�n de ser ese el origen de la actividad, lo cual es conceptualmente err�neo seg�n ha quedado visto y dejar�a sin sentido alguno la figura del seguro de responsabilidad que ampara da�os a terceros en este tipo de hip�tesis.
Por lo expuesto se considera que el reclamo planteado para atacar el ordinal cuarto de la decisi�n confutada no est� llamado a prosperar. (iv) Critica la aseguradora que la judicial cognoscente no entrara a examinar los elementos de la responsabilidad, espec�ficamente que haya preterido el que la tripulante al momento en que abord� el veh�culo no hubiese tomado las medidas necesarias de autocuidado, tales como el uso del cintur�n de seguridad, siendo esto exigible a la luz de la normativa vigente.
Teniendo en cuenta la ya conocida posici�n de la jurisprudencia patria en el sentido de los efectos jur�dicos que en campo civil produce una sentencia penal de car�cter condenatorio, como quiera que jur�dicamente no es admisible la contradicci�n entre ambos ordenamientos y encontr�ndose plenamente decantado el proceso penal por medio del cual se declar� la culpabilidad del se�or Jaime G�mez Guar�n conductor del veh�culo de placas WBE 826 por el delito de lesiones personales causadas a la se�orita Mar�a Alejandra Duque Rinc�n, seg�n se acredita con las sentencias emitidas el 30 de enero de 2017 y 26 de octubre de dicho a�o (C. 2), a vista de la Corporaci�n ninguna incidencia comporta el hecho de no haberse pronunciado la sentencia civil en torno a la falta de utilizaci�n de la correa de seguridad por parte de la joven.
La alegaci�n de tal aspecto apuntaba a estructurar la concurrencia de responsabilidades por el actuar de la v�ctima en el desenlace fatal, e incluso la exclusiva de aquella, sin ser dable al Juez civil realizar nuevo examen en lo que ata�e al elementos de la responsabilidad, particularmente a la culpa y nexo causal: �(�) si el juez penal tiene por probados los elementos de la responsabilidad, entre los cuales se encuentra la culpabilidad, nada tiene que entrar a discutir la instancia civil a tal respecto, y s�lo debe proceder a la liquidaci�n de los perjuicios correspondientes.
(�)� (Al respecto cabe ver la Sentencia SC3062-2018 del 1 de agosto de 2018 con ponencia del Magistrado �lvaro Fernando Garc�a Restrepo) As� mismo, no se pierda de vista que al adelantar el an�lisis correspondiente, la Sala Penal del Tribunal de este Distrito ya hab�a hecho referencia a la espec�fica situaci�n que ahora es puesta de presente por la aseguradora, para finalmente sostener que quien ten�a el control de la fuente de riesgo era el citado conductor al que por eso era exigible requerir a su tripulante el cumplimiento de todas las disposiciones del caso antes de iniciar la marcha, cuesti�n con la cual esta Sala se encuentra en total acuerdo, lo que conduce a decir que sobre este punto a la opugnante no le asiste raz�n en su reparo. 3.4.2.
Empresa Flota Metropolitana S.A. y Rub�n Dar�o Zuluaga Duque (i) Por parte de la empresa transportadora, afiliadora del veh�culo con que se causaron los da�os a los demandantes, del cual el codemandado Zuluaga Duque era propietario al momento en que acaeci� el siniestro, se sustent� de manera fundamental como punto de desacuerdo el no haberse declarado a favor de dichos sujetos la prescripci�n dimanada del contrato de transporte, lo cual s� se hizo respecto a la compa��a aseguradora.
Como argumento principal para no extender los efectos de fen�meno extintivo, fue aducido por la judicial de manera esencial que la prescripci�n contenida en el art�culo 993 del C�digo de Comercio no fue en modo alguno alegada por los citados encartados sin ser posible su declaratoria oficiosa; motivo que en el escenario de su responsabilidad civil contractual frente a la tripulante Mar�a Alejandra Duque Rinc�n obligaba a condenarlos a la reparaci�n de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del deber de llevarla sana y salva a su lugar de destino. Contra la posici�n adoptada por el Despacho, los apelantes formularon los siguientes cargos: a) En cumplimiento de la obligaci�n legal contemplada por el Gobierno Nacional para la operaci�n de las empresas prestadoras del servicio p�blico de transporte, la Empresa Flota Metropolitana S.A. adquiri� p�lizas para asegurar los riesgos atinentes a eventos de responsabilidad civil contractual y aquiliana, con ocasi�n de las cuales elev� el llamamiento en garant�a a la compa��a aseguradora, siendo dicho acto procesal admitido por auto del 11 de julio de 2017.
Adujo que por la naturaleza de la intervenci�n del llamado, a �ste le era dable ejercer tanto su defensa en el llamamiento como coadyuvar la del llamante respecto a la demanda. Para reforzar su razonamiento, se�al� que la disposici�n contenida en el art�culo 1044 del C�digo de Comercio permit�a a la compa��a aseguradora, a su vez llamada en garant�a, alegar excepciones que exclu�an no s�lo su responsabilidad sino la del tomador y el asegurado, lo cual se present� aqu� habida cuenta que SBS Seguros Colombia S.A. puso de presente la prescripci�n de corto plazo derivada del contrato de transporte. b) Indic� que en aras de la materializaci�n del derecho sustancial, el prop�sito del legislador al emitir la Ley 791 de 2002, modificatoria del art�culo 2513 del C�digo Civil, fue la extensi�n de los efectos de la prescripci�n aniquilatoria a todos quienes tuviesen inter�s en ella dentro del debate, motivo por el cual para declararla a su favor bastaba con que la aseguradora la pusiera de presente, tal como pas�.
Enmarcada en tales t�rminos la discusi�n, teniendo en cuenta que la posici�n de los codemandados Empresa Flota Metropolitana S.A. y Rub�n Dar�o Zuluaga Duque es diferente, en virtud que pese a que sus argumentos escritos contra la sentencia fueron los mismos, la �nica que elev� el llamamiento en garant�a a la compa��a aseguradora fue la primera, encuentra adecuado esta Sala de decisi�n realizar el examen de manera individual: Respecto a Flota Metropolitana S.A. Con relaci�n a la Empresa que efectivamente realiz� el llamamiento en garant�a dentro de la oportunidad procesal contemplada para dicho fin, delanteramente anuncia la Colegiatura que encuentra asidero el primero de los reproches en el sentido que si bien la prescripci�n extintiva derivada del contrato de transporte no fue alegada expresamente por el citado sujeto procesal, s� lo fue por parte de la compa��a aseguradora al contestar la demanda y en su calidad de llamada en garant�a, posici�n que la facultaba a ello corolario de la naturaleza de tal figura adjetiva.
La aludida instituci�n contenida en el art�culo 64 de nuestro C�digo General del Proceso permite la integraci�n del litisconsorcio por activa o pasiva en raz�n a la existencia de una relaci�n legal o contractual entre llamante y llamado, que permite la participaci�n del �ltimo como tercero interviniente con las facultades contenidas en el art�culo 66 del compendio normativo citado.
Su prop�sito es favorecer el principio de econom�a procesal habida cuenta que mediante la sentencia es posible resolver la situaci�n jur�dica no solo de las partes primigenias, sino tambi�n del llamante y el convocado, para que de ser el caso, �ste entre a responder en la hip�tesis de una eventual condena. Dentro de las posibilidades con que el ordenamiento jur�dico dota al tercero llamado en garant�a, est� entre otras, aquella de contestar tanto el llamamiento como la demanda, situaci�n que encuentra fundamento en el hecho que el an�lisis del acto procesal citado se aborda exclusivamente en los supuestos de abrirse paso las pretensiones de la acci�n, es decir, queda supeditado a la prosperidad de la demanda y consecuente condena en contra de la pasiva.
En concepto de la doctrina autorizada el llamado se encuentra en la posici�n de atacar las pretensiones de la demanda principal: (�) tambi�n podr�a enjuiciar en el amplio sentido del vocablo la pretensi�n del demandante para que triunfe su llamante y no haya estudio de la relaci�n que tiene con el que provoc� su llamamiento� proponiendo inclusive medios exceptivos en defensa de su llamante si aquel lo hubiese omitido.
As� indica el profesor Hern�n Fabio L�pez Blanco: �(�) Esta expresa facultad para que a toda persona a quien se le llama en garant�a pueda contestar la demanda y adem�s el escrito de llamamiento, reviste una especial importancia pr�ctica por cuanto habilita al llamado en garant�a, para excepcionar con id�nticas facultades de las que goza el demandado, de modo que si �ste dej� de alegar alg�n hecho exceptivo de los que requieren solicitud de parte como la prescripci�n, el llamado podr� proponerla, lo que encuentra su raz�n de ser en que el resultado de la sentencia en cuanto a las partes, es determinante respecto de la decisi�n a tomar frente al llamamiento.� (Negrillas fuera de texto) Delimitado lo anterior se advierte que SBS Seguros Colombia S.A. fue convocada de manera directa por los demandantes en su calidad de beneficiarios del seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual conforme el art�culo 1133 del C�digo de Comercio, as� como llamada en garant�a por parte de Flota Metropolitana S.A. con ocasi�n al contrato de seguro por los que se expidieron las p�lizas N� 1000122 y 1000039.
Al momento de contestar el libelo como codemandada dentro de los medios de contradicci�n invocados se encontraba el que denomin�: �PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N� que hizo consistir en que el accidente que ocasion� las lesiones cuya reparaci�n se persigue por la v�a judicial sucedi� el 15 de febrero del 2012, siendo incoada la solicitud de conciliaci�n extrajudicial el 9 de diciembre del 2016 y la acci�n radicada en febrero de 2017, en un lapso muy superior a los dos a�os de que trata el art�culo 993 del C�digo de Comercio para iniciar las acciones convencionales emanadas del incumplimiento al contrato de transporte, lo que imposibilitaba su inicio por la configuraci�n del fen�meno de la prescripci�n extintiva, as� indic�: �(�) habi�ndose materializado en el caso de la especie el fen�meno de la prescripci�n frente a los asegurados, la misma consecuencia ser� predicable respecto a AIG Seguros, bajo el entendido que la responsabilidad de la aseguradora no es aut�noma sino que es subsidiaria de la de su asegurado� (Fol. 139 C. Ppal).
An�logamente en la r�plica al llamamiento en garant�a hecho por Flota Metropolitana S.A. aleg� como de m�rito la �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N DE INDEMNIZAR A CARGO DE LA ASEGURADORA QUE REPRESENTO� la cual afinc� en el razonamiento seg�n el cual prescrita la acci�n derivada del contrato de transporte por haber transcurrido los dos a�os de que trata el art�culo 993 del Estatuto Comercial no hab�a lugar a condenar a la aseguradora al pago de la indemnizaci�n consecuente a la responsabilidad civil contractual; de tal modo afirm�: �(�) prescrita la acci�n que tiene la v�ctima en contra de los codemandados, la misma consecuencia aplicar� respecto a AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. (�)� (Fol. 231 �dem) De lo anterior se extrae que la compa��a de seguros en el llamamiento en garant�a ejercit� la facultad de asumir la defensa de su llamante, proponiendo en su nombre la prescripci�n extintiva de las acciones derivadas del contrato de transporte, por lo que en estricto derecho lo procedente era reconocerla tanto para SBS Seguros Colombia S.A. en virtud de la acci�n directa, como a favor de Flota Metropolitana S.A. con motivo del pluricitado llamamiento.
En ese sentido la decisi�n deber� ser modificada con el fin de exonerar a la empresa transportadora. Respecto a Rub�n Dar�o Zuluaga Duque Vale la pena aclarar que el discernimiento previamente realizado no puede aplicarse respecto al codemandado Rub�n Dar�o Zuluaga Duque, puesto que la declaraci�n de prescripci�n extintiva de la acci�n contractual a favor de la Empresa Flota Metropolitana S.A. como tomadora, opera exclusivamente por el llamamiento que realiz� frente a la aseguradora y no por que pueda aceptarse la extensi�n de los efectos de dicho fen�meno al asegurado, pues no debe perderse de vista que quien pretende servirse de la extinci�n de la acci�n por el transcurso del tiempo, debe expresamente alegarla encontr�ndose vedado el Juez para declararla de manera oficiosa conforme los art�culos 2513 del C�digo Civil y 282 del C�digo General del Proceso.
En efecto, la consecuencia de no invocar oportunamente la excepci�n de prescripci�n extintiva deriva en que se entienda renunciada por quien pod�a hacerlo y en este aspecto concuerda el Tribunal con la posici�n adoptada por la falladora de primera instancia, pues el codemandado Zuluaga Duque no adujo en forma alguna el fen�meno extintivo por el lapso de tiempo trascurrido en los precisos t�rminos del art�culo 993 del C�digo de Comercio, ni llam� en garant�a a la compa��a aseguradora pese a existir entre ellos un v�nculo convencional del contrato de seguro que se lo permit�a con el fin de robustecer su defensa, como s� lo ejecut� la Empresa Transportadora.
No es de recibo para la Sala lo indicado por el codemandado en el entendido que para propender por el derecho sustancial a la par de la eliminaci�n de las formalidades, la intenci�n del legislador al expedir la Ley 791 de 2002 hubiese sido la aplicaci�n del fen�meno prescriptivo de extinci�n a quien tuviese inter�s en ello incluso en los casos de no haberlo alegado, en primer lugar porque si ello fuere as� no existir�a la proscripci�n legal expresa para el operador judicial de declararla de oficio y en segundo, porque es claro que una tesis de tal naturaleza contraviene de manera directa el principio de igualdad procesal entre las partes que debe ser garantizado por el respectivo funcionario en el decurso adjetivo.
Conforme lo anterior, se tiene que acert� la a-quo respecto a la condena emitida a favor de la joven Mar�a Alejandra Duque Rinc�n a cargo del se�or Rub�n Dar�o Zuluaga Duque por los perjuicios causados con el incumplimiento del contrato de transporte. Finalmente, es del caso indicar que el art�culo 1044 del C�digo Comercial se refiere a las excepciones que puede oponer el asegurador a la v�ctima en los casos que por ella se ejerza la acci�n directa, correspondiendo ellas �(�) las que hubiere podido alegar contra el tomador o el asegurado, en caso de ser estos distintos de aquel, y al asegurado las que hubiere podido alegar contra el tomador (�)� sin que de esto se siga de manera autom�tica que a favor del varias veces referido codemandado deb�a declararse la prescripci�n por haber sido propuesta por SBS Seguros Colombia S.A., cuando se itera, el citado se�or se abstuvo de alegarla y por ende se entiende renunciada.
Por el contrario lo que se evidencia es que los medios de defensa a los que se refiere el citado art�culo son los derivados de circunstancias propias del acuerdo de voluntades, a l�nea de ejemplo: la terminaci�n del contrato de seguro por la omisi�n en el pago de la prima, las exclusiones legales y convencionales, limites o valores asegurados, entre otras.
Corolario de lo hasta aqu� discurrido, una vez establecida la responsabilidad contractual, se hace necesario aclarar que los restantes reclamos planteados en el escrito com�n de los codemandados se analizar�n exclusivamente con miras a la situaci�n del se�or Zuluaga Duque: (ii) Fue controvertido el reconocimiento del rubro de da�o emergente bajo el argumento que la joven lesionada decidi� no afectar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tr�nsito � SOAT siendo ello lo procedente en supuestos de hecho como el que dio origen al litigio, motivo por el cual el apelante se muestra en desacuerdo con la condena emitida con base en las facturas de los servicios particulares a los que los padres de la entonces menor decidieron conducirla.
Con relaci�n a los gastos erogados para la recuperaci�n de la salud de la v�ctima, esto es, los pagos realizados para el cubrimiento de servicios m�dicos, la sentenciadora de primer nivel acogi� los documentos que daban cuenta de su cuant�a, atendiendo adem�s al principio de congruencia para limitarlo, decisi�n que a plenitud se comparte como quiera que para que proceda la reparaci�n de tales rubros basta con que aparezcan debidamente soportados sin que sea aceptable, como lo pretende el recurrente, compeler a la v�ctima como beneficiario a que afecte el seguro obligatorio dado que se encuentra aquella en total libertad de adoptar las determinaciones que considere m�s convenientes en pro de la recuperaci�n de su estado previo al hecho da�oso.
En otras palabras, el que Mar�a Alejandra hubiese optado por acudir a especialistas particulares para tratar sus lesiones y no a los servicios proporcionados por la p�liza obligatoria no es menester para que al propietario del veh�culo se le exonere del pago de perjuicios a t�tulo de da�o emergente, pues el derecho como beneficiaria del SOAT es independiente y aut�nomo del que le asiste para deprecar la indemnizaci�n al responsable del da�o. El da�o emergente corresponde al detrimento en el patrimonio de la persona afectada derivado directamente del evento fat�dico, significando que comprende, entre otros, los gastos en que la v�ctima hubiese incurrido a ra�z de los hechos de los que se deriva la responsabilidad, siendo procedente la reparaci�n en la medida que fuese acreditada dentro del tr�mite judicial, lo cual a juicio de la Sala sucedi� en el asunto estudiado puesto que fueron aportadas las facturas emitidas por los profesionales de la salud que atendieron la situaci�n de salud de Mar�a Alejandra. As�, figuran cuentas de cobro expedidas por expertos en ortopedia maxilofacial, rehabilitaci�n oral, odontolog�a, cirug�a, entre otras, que permiten entrever que los reclamos de la v�ctima por el concepto aqu� referido tienen pleno fundamento, por lo que la condena impuesta a su favor se mantendr�.
Cabe tambi�n recordar que expuso la parte actora como contraargumento a esta tesis, que al momento del accidente el SOAT no cubr�a tratamientos odontol�gicos, como los que tuvo que recibir la v�ctima directa, lo que explica porque fue necesario asumirlos de manera particular. (iii) Fue objeto de disenso por el impugnante la cuant�a monetaria concedida a la joven Duque Rinc�n por perjuicios morales; se duele de haber sido exagerada la condena emitida por la a-quo espec�ficamente en lo que al da�o a la vida de relaci�n toca, pues considera que no hab�a elementos de convicci�n para soportar la afectaci�n, disminuci�n o deterioro en su calidad de vida.
A efectos de despachar este reclamo, lo primero a tener en cuenta es lo probado dentro del dossier exclusivamente respecto a los perjuicios, esto es, que a ra�z del accidente sufrido en el mes de febrero del 2012 la entonces menor de edad Mar�a Alejandra Duque Rinc�n padeci� de una multiplicidad de lesiones que devinieron en una incapacidad m�dico legal de 45 d�as, siendo dictaminado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se trata de �Perturbaci�n funcional de �rgano de la masticaci�n, de car�cter permanente� (Fls. 63-64 C1).
Da cuenta el mencionado informe aunado a los conceptos aportados con la demanda emanados por los respectivos galenos tratantes, (sobre los que sea del paso decir no fueron objeto de controversia), que adem�s de diversas cicatrices en la humanidad de la joven, �sta se vio forzada al uso de aparatos de ortodoncia, someterse a la instalaci�n de implantes dentales, as� como que consecuencia del siniestro padece cierto grado de asimetr�a facial.
Por otro lado, fue comunicado en sede del interrogatorio de parte por la v�ctima los fuertes dolores que padece en su mand�bula por el accidente, las limitaciones que ellos implican en el ejercicio de su actividad profesional como psic�loga en la que debe hacer uso permanente de sus habilidades comunicativas a lo largo del d�a, la privaci�n para consumir cierto tipo de alimentos y dem�s aspectos que analizados en concordancia con lo probado en el cartulario tornan a modo de ver de la Colegiatura en adecuada y proporcionada la suma fijada como da�o a su vida de relaci�n. No ofrece discusi�n el hecho que Mar�a Alejandra con ocasi�n al accidente sucedido cuando apenas ten�a 17 a�os, ha sufrido alteraci�n respecto a la forma en que desde entonces se relaciona con su entorno, debiendo afrontar adem�s de una limitaci�n funcional para satisfacer necesidades tan b�sicas como el consumo de sus alimentos, una deformidad f�sica de car�cter permanente en su rostro y los constantes dolores que en ocasiones la han obligado a ausentarse de su trabajo, lo que sin duda alguna ha alterado y seguir� alterando la forma en que se desenvuelve en el mundo exterior.
Bajo id�ntica �gida considera este Cuerpo Colegiado que los rubros atinentes a los perjuicios morales padecidos por la pasajera se avienen adecuados, teniendo en cuenta su naturaleza subjetiva. No encuentra el Tribunal objeci�n respecto a su quantum pues no hay lugar a desconocer la aflicci�n, angustia y tristeza que ha padecido Mar�a Alejandra debido al accidente.
Este tipo de perjuicios, adem�s de resultar l�gico que se hayan suscitado por la complejidad de su situaci�n, quedaron suficientemente acreditados con las declaraciones de sus progenitores, quienes son las personas que pudieron conocer de primera mano el sufrimiento y padecimiento de la entonces adolescente, manifestando la madre que desde entonces percibe en su hija tristeza y congoja no s�lo por el dolor f�sico que padece, sino por las alteraciones en su rostro y sonrisa; prefiere no salir con la familia y quiere permanecer acostada por la sensaci�n de fatiga que le causan secundariamente todos los medicamentos que debe tomar para paliar o hacer m�s soportable el sufrimiento de su mand�bula.
En tal norte, no puede predicarse como lo afirma el apoderado del recurrente que el monto por ese concepto sea excesivo porque no es posible subestimar o tildar de intrascendente todo el desasosiego y angustia experimentada por Mar�a Alejandra, principalmente cuando dichos sentimientos negativos derivados del accidente se produjeron en una persona tan joven y por ende m�s susceptible de experimentar complejos y frustraci�n. Como si lo dicho no bastara, no debe pasarse por alto que el divergente no brind� ning�n tipo de argumento para sustentar en qu� consist�a lo excesivo de la tasaci�n, que tras observarla puede afirmarse, tampoco supera los topes fijados por la jurisprudencia patria para los perjuicios morales.
En conclusi�n, los dineros reconocidos para el resarcimiento de perjuicios inmateriales a la joven Mar�a Alejandra Duque Rinc�n, en su calidad de directa afectada por los da�os acaecidos con el siniestro de tr�nsito el d�a 15 de febrero de 2012 se mantendr�n. 3.4.3. Demandantes Elevaron un �nico reproche contra la decisi�n de primer nivel, atinente a la falta de pronunciamiento en torno a la indexaci�n de los dineros que fue solicitada dentro de las pretensiones del libelo genitor, reclamo que encuentra asidero por la siguiente raz�n: La indexaci�n o correcci�n monetaria del monto indemnizable encuentra justificaci�n en la medida que permite aplicar una verdadera justicia al reconocer la p�rdida de valor adquisitivo del dinero, propendiendo as� porque la reparaci�n se surta de forma integral compensando dicha merma que por elementales reglas de la econom�a sucede.
De igual forma, aplicable al asunto de marras la indexaci�n se calcular� desde el momento de la ocurrencia del da�o emergente hasta el d�a que se haga el pago efectivo de la reparaci�n a la v�ctima. Sea del paso decir que de anta�o la jurisprudencia ha establecido la improcedencia de indexaci�n del da�o moral, siendo entonces lo adecuado la fijaci�n del quantum por arbitrio iuris atendiendo a las circunstancias del caso y limit�ndose por los pedimentos esbozados en el libelo genitor en raz�n al principio de congruencia: ��Advi�rtase que no se trata de aplicar correcci�n o actualizaci�n monetaria a las cifras se�aladas por la Corte de anta�o, por cuanto el da�o moral no admite indexaci�n monetaria, sino de ajustar el monto de la reparaci�n de esta lesi�n, como par�metro de referencia o gu�a a los funcionarios judiciales, a las exigencias de la �poca contempor�nea�� (SC nov. 17/2011, exp. 1999-533).� As� las cosas, para la liquidaci�n en concreto de la condena a cargo del se�or Rub�n Dar�o Zuluaga Duque hasta la data de la sentencia, el Tribunal proceder� de conformidad con la conocida f�rmula de indexaci�n, a partir del �ndice de precios al consumidor publicado por el DANE en su p�gina web, respecto al da�o emergente; las sumas atinentes a perjuicios morales se mantendr�n en los montos se�alados por la providencia de primer nivel.
VA: Monto a indemnizar x IPC Final / IPC Inicial De donde: VA: Valor actualizado IPC Final: �ndice de Precios al Consumidor correspondiente al mes y a�o de proferida la sentencia. IPC Inicial: �ndice de Precios al Consumidor correspondiente al mes y a�o de ocurrencia del siniestro. Da�o emergente a favor de Mar�a Alejandra Duque Rinc�n $10.080.212 x 138.85/109,16 = $12.822.194,70 3.5.
Conclusi�n Conforme a lo expuesto, la sentencia confutada ser� objeto de modificaci�n en cuanto a la declaratoria de prescripci�n extintiva de la acci�n contractual frente a la Empresa Flota Metropolitana S.A. y confirmada en lo atinente a la declaratoria de responsabilidad civil del codemandado Rub�n Dar�o Zuluaga Duque a favor de la lesionada Mar�a Alejandra Duque Rinc�n, conden�ndolo al pago de las sumas impuestas en la sentencia confutada, indexando la atinente al da�o emergente.
An�logamente se ratificar� la decisi�n en torno a la declaraci�n de responsabilidad civil extracontractual a cargo de los convocados y a favor de los codemandantes Carlos Alberto Duque Hoyos y Gloria Cristina Rinc�n Cano, aboliendo lo atinente a la concesi�n de da�os a la vida de relaci�n para en su lugar reconocer s�lo los perjuicios morales. 3.6.
Costas Atendiendo a la prosperidad parcial de los recursos para las partes que recurrieron la decisi�n de primera instancia, se advierte de conformidad con las disposiciones contenidas en el art�culo 365 del Estatuto Procesal Civil que no se encuentra causado este rubro y por ende se abstendr� el Tribunal de imponerlo. (Si los recurrentes no vienen a la audiencia de sustentaci�n: no se condenar� en costas en esta instancia, pues las mismas no se causaron, toda vez que la parte accionada no asisti� a esta audiencia ni se observa otra actuaci�n de su parte en esta sede, de la que se pudiera desprender tal causaci�n art 365 Nos. 1 y 8).
IV. DECISI�N El Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Manizales en Sala de Decisi�n Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente con modificaci�n la sentencia proferida el 24 de mayo de 2018, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, Caldas, en el proceso verbal de responsabilidad civil instaurado por la se�orita Mar�a Alejandra Duque Rinc�n y los se�ores Gloria Cristina Rinc�n Cano y Carlos Alberto Duque Hoyos contra Flota Metropolitana S.A., Rub�n Dar�o Zuluaga Duque y AIG Seguros Colombia S.A. (Ahora SBS Seguros Colombia S.A.), tr�mite donde acude como llamada en garant�a la referida compa��a de seguros.
SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO de la parte resolutiva de la providencia, los cuales quedar�n as�: �PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCI�N DE PRESCRIPCI�N alegada por SBS Seguros Colombia S.A. y Empresa Flota Metropolitana S.A.. en relaci�n con la acci�n de responsabilidad civil contractual impetrada por Mar�a Alejandra Duque Rinc�n, cuyos efectos no se extienden al codemandado Rub�n Dar�o Zuluaga Duque seg�n lo dicho.
SEGUNDO: DECLARAR CIVILMENTE RESPONSABLE al codemandado Rub�n Dar�o Zuluaga Duque en relaci�n con los perjuicios sufridos por la joven Mar�a Alejandra Duque Rinc�n. En consecuencia deber� pagar en su favor por concepto de da�o emergente causado la suma de $12.822.194,70 dineros que fueron objeto de indexaci�n con base en el �ndice de precios al consumidor al a�o 2018; por da�o a la vida de relaci�n $30.000.000 y por da�o moral subjetivado $30.000.000.
TERCERO: DECLARAR CIVILMENTE RESPONSABLES a los codemandados Empresa Flota Metropolitana S.A., Rub�n Dar�o Zuluaga Duque y SBS Seguros Colombia S.A. en relaci�n con los perjuicios sufridos por los se�ores Carlos Alberto Duque Hoyos y Gloria Cristina Rinc�n Cano. En consecuencia deber�n pagar en su favor por concepto de da�o moral subjetivado la suma de $10.000.000 para cada uno.
QUINTO: CONDENAR en costas a la codemandante Mar�a Alejandra Duque Rinc�n en favor de SBS Colombia S.A. y de Flota Metropolitana S.A., por haber prosperado la excepci�n de prescripci�n en este caso puntual � TERCERO: DEJAR inc�lumes los dem�s ordenamientos.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a las partes, de conformidad con lo indicado.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen. Esta decisi�n se notifica en estrados. Agotada la finalidad de la audiencia, se termina a las pm. Los Magistrados �NGELA MAR�A PUERTA C�RDENAS �LVARO JOS� TREJOS BUENO JOS� HOOVER CARDONA MONTOYA YCF Sentencia 0208 de 31 de octubre de 2001, expediente 5906. Sentencia de 3 de febrero de 2009, expediente 00282. �� en el evento de que las consecuencias del insuceso sean unas lesiones y no la muerte del pasajero, este podr� demandar en acci�n de responsabilidad civil contractual; mientras que sus familiares y terceros, en caso de haber sufrido perjuicios, podr�n ejercitar la acci�n de responsabilidad civil extracontractual; no viendo la Sala un motivo de peso para impedir la acumulaci�n de ambas pretensiones en los t�rminos del art�culo 88 del CGP, pues quien est� alegando la contractual es el pasajero (�nica que tiene a su alcance) y la extracontractual, su familiares o terceros afectados, al ser ajenos al v�nculo contractual�.
Sala de Decisi�n Civil-Familia �M.P.: Jhon Roger L�pez Gartner rad. 17001-31-03-001-2016-00018-02. 7 de febrero de 2018. CSJ civil sentencia de 20 enero de 2009, exp. 000125; reiterada el 28 de abril de 2014, SC 5050-2014, exp. 2009-00201-01. CSJ civil sentencia del 6 diciembre de 2012, exp. 11001-3103-043-2003-00113-01. M.P. Arturo Solarte Rodr�guez. �Los terceros en el proceso civil.� S�ptima edici�n. Jairo Parra Quijano. Librer�a ediciones del profesional Ltda. Pag. 219. �C�digo General del Proceso.
Parte General� Hernan Fabio L�pez Blanco. Dupre Editores. 2016. Pag 384. PAGE 19 $2EFZmwx����������������������ȶ��ֈ{n{n{n{n�dZPFh�zvOJQJ^Jh�N>OJQJ^Jh]{�OJQJ^Jh�OJQJ^Jht�5�OJQJ\�^Jh�\�5�OJQJ\�^Jh: +5�OJQJ\�^J#h^�h�0�5�OJQJ^JmH $sH $ h? u5�OJQJ^JmH $sH $#h^�h? u5�OJQJ^JmH $sH $h\]6h? uOJQJ\�^Jh? u5�OJQJ\�^J h^�h? u5�OJQJ\�^Jh�'I5�OJQJ\�^J2EFZwx������> ? @ Q � ������������������ $���]���a$gd�i� $���]���a$gd�i� $���]���a$gd}1$���d]���a$gd? u$���d]���a$gd��$���d]���a$gd? u $da$gd? u������ / 7 8: O P U Y ` a m n � � ���ѽ����v��i�i_i_iNi@h�\�OJQJ^JmH $sH $ h^�h? uOJQJ^JmH $sH $ht�OJQJ^Jh^�h? uOJQJ^J'h]{�h]{�5�@���OJQJ^JmH $sH $ ht�@���OJQJ^JmH $sH $ h: +@���OJQJ^JmH $sH $$h^�h? u@���OJQJ^JmH $sH $'h^�h? u5�@���OJQJ^JmH $sH $!h? u5�@���OJQJ^JmH $sH $h/1OJQJ^Jh? uOJQJ^Jh�\�OJQJ^J� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ' 1 � � � � � Q R ����Ƽ��Შ�Լ��ឨ����Ƃt�f�fX�h�QOJQJ^JmH $sH $h}1OJQJ^JmH $sH $h�8OJQJ^JmH $sH $h0c�OJQJ^JmH $sH $h�\�OJQJ^JmH $sH $h�8OJQJ^Jht�OJQJ^Jh�\�OJQJ^Jh? uOJQJ^Jh]{�OJQJ^JmH $sH $h^�h? uOJQJ^J h^�h? uOJQJ^JmH $sH $ht�OJQJ^JmH $sH $! ! 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