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ANTECEDENTES 1. Por auto del 15 de mayo de 2017 el Juzgado de conocimiento declar� abierto el proceso de sucesi�n del causante Jorge Enrique Castellanos Castellanos, reconoci� como interesado al se�or Luis Enrique Castellanos Escobar y orden� emplazar a los se�ores Gloria Lorena Castellanos Escobar, Claudia Patricia Castellanos Escobar, Miguel �ngel Castellanos Escobar, Jorge Mauricio Castellanos Moreno y Vanesa Castellanos Moreno, adem�s de todos aquellos que se creyeran con derecho de intervenir en el proceso. 2.
El 4 de junio de 2017 se realiz� la publicaci�n de que trata el canon 108 del C�digo General del Proceso, tendiente a informar a los emplazados la existencia del proceso; vencido el t�rmino legal, por auto del 22 de agosto de esa anualidad se design� curadora ad litem para representar los intereses de los herederos determinados e indeterminados.
Debido a que no fue posible citar a la designada, el 15 de septiembre subsiguiente el Juzgado nombr� a otro curador, aclarando m�s adelante que s�lo representar�a los intereses de Jorge Mauricio Castellanos Moreno, Vanesa Castellanos Moreno e indeterminados, en vista de que los dem�s convocados hab�an comparecido al proceso; la notificaci�n del curador se surti� el 2 de marzo de 2018. 3.
El d�a 1 de agosto de 2018 se llev� a cabo la audiencia de inventario y aval�os, en ella se aprobaron los presentados por los herederos reconocidos y se decret� la partici�n. El curador ad litem no asisti�. 4. El 19 de octubre de 2018, la se�ora Vanesa Castellanos Moreno acudi� al proceso por intermedio de abogado, quien seguidamente, en atenci�n a lo consagrado en el canon 121 del C�digo General del Proceso, aleg� la perdida de competencia del Juez a partir el 26 de junio de 2018 y la nulidad de todo lo actuado en adelante, aduciendo que todas las partes interesadas legalmente se entienden notificadas del auto admisorio de la demanda el 26 de junio de 2017, data en que finiquit� el t�rmino de quince (15) d�as h�biles de que habla el art�culo 108 ib�dem. 5.
En auto del 30 de octubre de 2018 el Juez deneg� la solicitud al considerar que en virtud de lo dispuesto en los art�culos 90 y 121 del Estatuto Ritual Civil el t�rmino no hab�a precluido, esto porque la demanda interpuesta el 25 de abril de 2017 fue admitida y luego notificada al interesado el 17 de mayo de 2017, es decir, en un t�rmino inferior a 30 d�as, motivo por el cual el plazo de un a�o para emitir sentencia se computaba no desde la presentaci�n del libelo sino desde la notificaci�n del auto admisorio a los demandados, en este caso a los terceros que se creyeran con derecho a intervenir.
As� las cosas, como el curador ad litem de Jorge Mauricio Castellanos Moreno, Vanesa Castellanos Moreno e indeterminados se notific� del proceso el 2 de marzo de 2018, el periodo para emitir sentencia finiquitar�a el 2 de marzo de 2019. 6. El representante judicial interpuso recurso de reposici�n y en subsidio apelaci�n, alegando que la postura del Juzgado era errada porque el emplazamiento qued� legalmente surtido el 26 de junio del a�o 2017, momento desde el cual el se�or Juez ten�a la obligaci�n legal de designar de manera inmediata al respectivo curador ad litem y expedir la comunicaci�n de dicho nombramiento y, si el designado no aceptaba dentro de los cinco d�as siguientes, deb�a proceder a nombrar otro en seguida; empero, el Funcionario dej� transcurrir desde el 26 de junio de 2017 hasta el 2 de marzo de 2018 para conseguir la aceptaci�n del curador ad litem, actuaci�n que no puede usarse en favor del Judicial para extender el t�rmino de duraci�n del proceso porque era el responsable de cualquier demora ocurrida dentro del tr�mite ocasionada por su negligencia, adem�s todos los interesados quedaron notificados el d�a que se surti� el emplazamiento, esto es, el 26 de junio de 2017. 7.
En el t�rmino de traslado los interesados reconocidos se opusieron a los alegatos del recurrente, se�alando que el Juzgado estaba dentro del t�rmino procesal y que el actuar del apoderado correspond�a a actividades dilatorias, m�xime porque el inmueble objeto de sucesi�n se estaba usufructuando por parte de quienes fueron emplazados. 8.
La C�lula Judicial no repuso la decisi�n y concedi� la alzada. III. CONSIDERACIONES 1. En trat�ndose de la notificaci�n de providencias judiciales, el C�digo General del Proceso en su Libro Segundo, Secci�n Cuarta, T�tulo II, estableci� las formas en que puede realizarse, estando entre ellas la notificaci�n personal (arts. 290 y 291), por aviso (art. 292), en estrados (art. 294), por estado (art. 295) y por conducta concluyente (art. 301).
En ciertos casos, previo a la notificaci�n personal es necesario realizar un emplazamiento; esto, seg�n el art�culo 293 del C�digo Adjetivo, �[C]uando el demandante o el interesado en una notificaci�n personal manifieste que ignora el lugar donde puede ser citado el demandado o quien deba ser notificado personalmente, se proceder� al emplazamiento en la forma prevista en este c�digo� (Subrayas del Despacho).
De acuerdo con el canon 108 del C�digo General del Proceso �[C]uando se ordene el emplazamiento a personas determinadas o indeterminadas, se proceder� mediante la inclusi�n del nombre del sujeto emplazado, las partes, la clase del proceso y el juzgado que lo requiere, en un listado que se publicar� por una sola vez en un medio escrito de amplia circulaci�n nacional o local, o en cualquier otro medio masivo de comunicaci�n, a criterio del juez, para lo cual indicar� al menos dos (2) medios de comunicaci�n. (�) Efectuada la publicaci�n de que tratan los incisos anteriores, la parte interesada remitir� una comunicaci�n al registro nacional de personas emplazadas incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su n�mero de identificaci�n, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere.
El registro nacional de personas emplazadas publicar� la informaci�n remitida y el emplazamiento se entender� surtido quince (15) d�as despu�s de publicada la informaci�n de dicho registro. Surtido el emplazamiento se proceder� a la designaci�n de curador ad litem, si a ello hubiere lugar. (�)�. De las normas tra�das queda claro que una es la notificaci�n y otra la publicidad que en ciertos eventos hay que hacer para convocar al proceso a aquellas personas que deben ser notificadas de manera personal pero a quienes no es posible citar por desconocerse su paradero.
Surtido ese llamado con la ritualidad que exige la ley procesal, se concede un plazo de quince (15) d�as -h�biles seg�n el inciso final del art. 118 C.G.P.- para que el interesado comparezca a la notificaci�n personal, de lo contrario se le designar� curador ad litem con quien ha de surtirse la diligencia. Lo primero que cabe precisar es que el lapso de quince (15) d�as no corre a partir de la publicaci�n del edicto en el medio masivo de comunicaci�n que seleccione el Juez sino desde que se publica la informaci�n en el registro nacional de personas emplazadas.
Fenecido ese plazo se entiende perfeccionado el emplazamiento y posterior a ello se lleva a cabo la designaci�n del curador, a quien se cita para que comparezca a ser notificado en representaci�n de los emplazados que no acudieron y en favor de quienes deber� actuar en el proceso, pues aquellos que se hacen presentes deben ser notificados personalmente.
Una vez notificado el curador y el resto de los sujetos conocidos que integran la parte pasiva o quienes deban acudir, se entiende conformado el contradictorio y puede darse el impulso procesal. 2. Las disquisiciones precedentes dejan ver que el apoderado de la se�ora Vanesa Castellanos Moreno confundi� el emplazamiento para notificaci�n personal de que trata el citado art�culo 293 con la notificaci�n misma prevista en el art�culo 291, soslayando que aquel es s�lo un eslab�n previo para que pueda llevarse a cabo el enteramiento de aquellos que deben ser llamadas al proceso; su raz�n de ser radica en dar publicidad de la existencia del mismo para que los individuos que tengan inter�s o se crean con derechos acudan al Juzgado, se notifiquen personalmente y puedan ejercer sus derechos de contradicci�n y de defensa; empero, si no acuden, no pueden quedar hu�rfanas sus prerrogativas fundamentales, por lo que la Ley estableci� el nombramiento de un curador ad litem para esos efectos y de esa manera garantizar los derechos de los ausentes en las diligencias, encargo que trae de suyo que deba notificarse personalmente del auto que admite la demanda, libra mandamiento de pago o, como en este asunto, el que da apertura al tr�mite de sucesi�n. Ahora, seg�n el canon 121 del C�digo General del Proceso, el t�rmino para emitir sentencia de �nica o de primera instancia es de un a�o, computado desde la notificaci�n del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada; en los dem�s procesos, como en los de sucesi�n, el conteo arranca desde que se notifica al c�nyuge o compa�ero permanente, a los herederos conocidos y a los indeterminados, siendo en este caso la fecha en que se notific� al curador ad litem, es decir, el 02 de marzo de 2018, ya que fue el �ltimo de los notificados.
Es de resaltar, tal como lo advirti� el A quo, que en este tr�mite no se aplica la regla establecida en el art�culo 90 del C�digo General del Proceso, toda vez que la apertura de la sucesi�n se puso en conocimiento del libelista interesado (demandante) dentro de los treinta (30) d�as siguientes a la fecha de la presentaci�n de la demanda (25 de abril de 2017), de manera que, como el proceso no ha sido interrumpido ni suspendido, el t�rmino de la instancia de un a�o vence el 02 de marzo de 2019, preservando la competencia el Juzgado Quinto de Familia de Manizales, dado que a�n se encuentra dentro de los l�mites temporales establecidos por la norma para dictar un pronunciamiento de fondo; con la posibilidad de ampliar dicho lapso por un periodo adicional de seis meses de ser necesario.
El plazo para dictar sentencia de primera instancia no puede iniciar, como lo pretende la parte recurrente, una vez surtido el emplazamiento que manda el art�culo 490 del C�digo General del Proceso, porque no hay manera de que el tr�mite avance sin que aquellas personas que no acudieron al llamado est�n debidamente vinculadas y notificadas a trav�s del curador ad litem que debe design�rseles; lo contrario implicar�a la vulneraci�n de sus garant�as procesales.
As� las cosas, al margen de las eventualidades que puedan dilatar esas actuaciones procesales, con o sin justificaci�n, el moj�n a partir del cual empieza a correr el t�rmino de la instancia en una causa mortuoria es la notificaci�n de todos los enlistados en el precepto antes citado, incluida la del curador ad litem de los emplazados. La misma sentencia STC13424 del 17 de octubre de 2018, citada por el recurrente, es clara en precisar el punto de partida del t�rmino del art�culo 121 en trat�ndose de procesos de sucesi�n, que no es otro al que se ha hecho referencia a lo largo de este auto.
Expres� la Corte: �En ese orden, el hito inaugural que trae el canon 121 se remonta a la integraci�n del contradictorio en los �procesos declarativos o ejecutivos�; por tanto, a pesar que en las causas mortuorias te�ricamente no hay contraparte s� es forzoso �notificar a los herederos conocidos, c�nyuge o compa�ero permanente� y emplazar a los terceros que se crean con inter�s (inciso 1� del art�culo 490), lo que guarda, en esencia, estrecha similitud con la �notificaci�n del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo en los procesos en que s� existen demandados o ejecutados�, pues en ambos contextos lo realmente importante es informar a otros sobre la existencia del juicio, a partir de lo cual las etapas comienzan a surtirse generalmente en audiencia, cuya programaci�n est� a cargo del iudex, por lo que desde all� se echa a andar el pluricitado �plazo anual�.
Ergo, efectuadas las citaciones de rigor principia �el t�rmino de un (1) a�o para dictar sentencia de primera o �nica instancia en los procesos de sucesi�n�, y si as� no ocurre, el funcionario �perder� competencia autom�ticamente� y deber� �anular� lo actuado con posterioridad al �vencimiento del plazo� y remitir el infolio al que �le siga en turno��.
L�gicamente, cuando la sentencia se refiere a �citaciones de rigor� debe entenderse que no se limita la remisi�n de la citaci�n para la notificaci�n personal o al emplazamiento sino a la notificaci�n propiamente dicha, que es el verdadero momento en que se integra el contradictorio, o como en estos casos, se vincula a todos los interesados al tr�mite. 3.
Aunque en el sub lite fue pac�fica la obligatoriedad del art�culo 121 del C�digo General del Proceso en los tr�mites de sucesi�n, es de gran relevancia memorar el enfoque que la Corte Suprema de Justicia ha dado a la norma se�alada, as� como fijar la posici�n de este Despacho en torno al tema en materia de procesos liquidatorios. - En sentencia de casaci�n SC16426 del 27 de noviembre de 2015, radicado N� 08001-31-03-006-2001-00247-01, M.P. Ariel Salazar Ram�rez, la Corte analiz� la nulidad de pleno derecho alegada en proceso ordinario reivindicatorio iniciado en vigencia del C�digo de Procedimiento Civil; concluy� que las disposiciones que para ese momento regulaban el t�rmino para fallar no contemplaban la nulidad, y de considerarse lo contrario, el vicio deb�a entenderse saneado cuando se convalida expresa o t�citamente.
Sostuvo la Corporaci�n que: �(�) con la promulgaci�n del C�digo General del Proceso, que tuvo lugar el 12 de julio de 2012, solo entr� en vigor el inciso 5� del art�culo 121, y los restantes (1� a 4� y 6� a 8�) as� como el par�grafo de esa norma comenzaban a regir, en forma gradual, a partir del 1� de enero de 2014, debi�ndose cumplir los requerimientos establecidos en el numeral 6� del art�culo 627. 3.4.
En ese orden de ideas, para el 16 de noviembre de 2012, fecha en la que se profiri� la sentencia impugnada, no se encontraba vigente la sanci�n prevista en el inciso 6� del art�culo 121 de la Ley 1564, conforme al cual ser� �nula de pleno derecho la actuaci�n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia�.
Las disposiciones que reg�an lo atinente a la duraci�n de las instancias y la p�rdida de competencia del fallador, eran, en ese momento, el par�grafo del art�culo 124 del C�digo de Procedimiento Civil, adicionado por el art�culo 9� de la Ley 1395 de 2010 y el art�culo 200 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidi� el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
(�) Sin embargo, ni el art�culo 124 del estatuto procesal con la adici�n introducida por la Ley 1395, ni el art�culo 200 de la Ley 1450, contemplan la invalidaci�n de las actuaciones posteriores a la p�rdida autom�tica de competencia del juzgador, de modo que si, en este caso, la sentencia fue proferida, como as� ocurri�, despu�s del vencimiento del plazo de seis meses previsto legalmente, tal situaci�n no configura la causal de nulidad alegada. 3.5.
Si en gracia de discusi�n se considerara que tal circunstancia puede configurar un motivo de anulaci�n, aunque a�n no haya entrado en vigor el inciso 6� del art�culo 121 del C�digo General del Proceso, habr�a que concluir necesariamente que no es de aquellos insubsanables, porque el �nico vicio relacionado con la falta de competencia del juez que por mandato legal reviste tal car�cter es el derivado del factor funcional seg�n lo dispuesto en el inciso final del art�culo 144 del C�digo de Procedimiento Civil, de ah� que la determinada por ese criterio �temporal� en funci�n de los plazos establecidos para resolver las instancias del proceso es susceptible de saneamiento.� - Luego, en providencia de casaci�n SC9706 adiada 18 de julio de 2016, radicaci�n N� 68001-31-10-004-2005-00493-01, M.P. Fernando Giraldo Guti�rrez, en el marco de un proceso de paternidad extramatrimonial y petici�n de herencia iniciado en el a�o 2007, el �rgano de cierre civil reiter� la sentencia SC16426-2015, para apuntalar que la nulidad de pleno derecho consagrada en el canon 121 del C�digo General del Proceso s�lo empezaba a regir a partir del 01 de enero de 2016 ya que �[A] pesar de que el C�digo General del Proceso se expidi� por Ley 1564 de 12 de julio de 2012, su vigencia no fue inmediata y entr� a regir de manera gradual, en los t�rminos del art�culo 627 (�) Como puede verse, la �nica referencia a que el art�culo 121 de esa compilaci�n empezara a regir antes que la mayor�a de los preceptos que lo conforman, �nicamente se refiere al inciso quinto sobre la �pr�rroga del plazo de duraci�n del proceso�, de lo que se concluye que en lo dem�s quedaba amparado por la regla general, esto es, dados los presupuestos para que empezara a operar la oralidad y precedido de un acto administrativo del Consejo Superior de la Judicatura que as� lo dispusiera.
En otros palabras, la nulidad �de pleno derecho� de todo lo actuado en un proceso cuando se vencen los plazos m�nimos de duraci�n en el Despacho que lo viene impulsando, solo aplica a partir del 1� de enero de 2016, cuando empez� la �vigencia en todos los distritos judiciales del pa�s� del C�digo General del Proceso, como lo dispuso la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA15-10392�.
El cargo no prosper� porque a pesar de haberse establecido el vencimiento de los t�rminos en primera instancia, la irregularidad no se invoc� oportunamente; es decir que �[L]a actitud permisiva de ambas partes, si se tiene en cuenta que las sucesoras del accionante fueron mudas sobre esos acontecimientos, no tiene otra lectura que estaban satisfechas con el impulso dado por el juzgado cognoscente y era all� donde deb�a proferirse la determinaci�n definitoria del conflicto, entendi�ndose solucionada cualquier vulneraci�n al rito.�. - Posteriormente, en sentencia de tutela del 31 de agosto de 2016, STC12151-2016, radicaci�n N.� 11001-02-03-000-2016-02412-00, M.P. �lvaro Fernando Garc�a Restrepo, ese Colegiado tutel� los derechos fundamentales de un usuario en contra del Tribunal Superior de Medell�n, en raz�n a que una de sus integrantes se hallaba en incursa en mora judicial sin justificaci�n alguna, acotando que �Ciertamente, de la revisi�n del registro de actuaciones del proceso mencionado, se observa que la autoridad super�, con holgura, no s�lo el t�rmino de cuarenta (40) d�as que le concede el art�culo 124 del C�digo de Procedimiento Civil para presentar el proyecto de fallo de segunda instancia ante los dem�s integrantes de la Sala, sino tambi�n el lapso superior de seis (6) meses establecido por el art�culo 9� de la Ley 1395 de 2010, si se tiene en cuenta que las diligencias ingresaron al despacho para tal fin desde el 19 de octubre de 2010, sin que se encuentre justificaci�n alguna para dicha gesti�n procesal tard�a, en tanto que no hubo interrupci�n o suspensi�n del proceso, m�xime cuando se evidencia que el caso sometido a consideraci�n, esto es, un proceso ordinario de responsabilidad civil contractual, no reviste un grado de complejidad que explique la demora en la definici�n del asunto, ya que versa sobre un tema ilustrado ampliamente a nivel doctrinal y jurisprudencial�.
En ese orden de ideas, dispuso en vez de conminar a la Magistrada censurada para que procediera a emitir el fallo que legalmente correspond�a �dar cumplimiento al procedimiento previsto en el art�culo 121 del C�digo General del Proceso, atendiendo que, conforme a su inciso 6�, �[s]er� nula de pleno derecho la actuaci�n posterior que realice el juez que haya perdido la competencia para emitir la respectiva sentencia��.
Como se aprecia, en esa sentencia la Corte, sin hacer mayores dilucidaciones, se refiri� a la sanci�n procesal prevista en el art�culo 121, sin detenerse en el an�lisis de la vigencia del C�digo General del Proceso y el conteo de los t�rminos para ese caso. - En prove�do de tutela del 14 de diciembre de 2017, STC21350-2017, radicaci�n N.� 11001-02-03-000-2017-02836-00, M.P. Luis Alonso Rico Puerta, la Sala de Casaci�n Civil se pronunci� respecto de un proceso declarativo en segunda instancia en el que ya reg�a en plenitud el C�digo General del Proceso, expresando que �[C]onviene destacar que en esta clase de hip�tesis -donde la alegaci�n de nulidad se invoca una vez pronunciada la sentencia extra�ada-, no puede pasarse por alto el criterio hermen�utico de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el art�culo 228 de la Constituci�n Pol�tica y replicado en el canon 11 del C�digo General del Proceso, conforme al cual �el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial�.
(�) De manera que no puede calificarse de arbitraria, caprichosa y desprovista de fundamento jur�dico, una postura que en supuestos como el aqu� suscitado reclame por la permanencia de los efectos de una actuaci�n consumada; m�xime cuando las causas de la extensi�n en los t�rminos obedecen al cumplimiento de otro deber de similar o mayor val�a, cual es obtener la debida pr�ctica de una prueba para la plenaria definici�n de la litis.
Se acota que en estos eventos, proferida una sentencia por fuera del t�rmino de duraci�n de la instancia, no es en principio razonable retrotraer lo actuado por la aplicaci�n de una pauta que justamente busca la obtenci�n de la decisi�n de m�rito, pues los fines pr�cticos de la administraci�n judicial ya estar�an satisfechos�, denegando entonces la tutela por ser improcedente seg�n las caracter�sticas del caso estudiado.
En este caso la Corte, a pesar de reconocer la obligatoriedad de los t�rminos del art�culo 121 y las consecuencias en �l contempladas, decidi� prevenir un mal mayor absteni�ndose de dejar sin efectos la sentencia emitida en el proceso por fuera de los plazos de la instancia. La Magistrada Margarita Cabello Blanco, a pesar de estar de acuerdo con la improcedencia del amparo en cuanto a la decisi�n de no declarar la nulidad de lo actuado por la Magistrada que recibi� el asunto por perdida de la competencia de su hom�logo, en el entendido de que el art�culo 121 del CGP no tiene prevista la consecuencia de la p�rdida autom�tica de la competencia y la correspondiente sanci�n de invalidez por esa misma circunstancia para cuando el segundo funcionario no dirime la respectiva instancia dentro de los seis (6) meses siguientes al recibo del expediente, aclar� su voto para se�alar que el plazo establecido en el precepto 121 del C�digo General del Proceso era un mandato que deb�a obedecer el Juez ya que �el legislador en el art�culo 121 del CGP prev� una consecuencia procesal para ese preciso evento, cual es �la p�rdida autom�tica de la competencia del funcionario judicial para conocer del proceso�, y le impone el deber, no la facultad, de �remitir el expediente al juez o magistrado que le siga en turno, quien asumir� competencia y proferir� la providencia dentro del t�rmino m�ximo de seis (6) meses�, imposici�n que debe cumplir al d�a siguiente del vencimiento del t�rmino respectivo.
Por tanto, esa es la �nica actuaci�n que debe evacuar el operador judicial en presencia de la figura de la p�rdida autom�tica de la competencia por vencimiento del plazo para resolver la instancia pertinente�. Adem�s fue enf�tica en discurrir que �[E]n esa perspectiva, al retirarle el legislador la facultad de decidir el proceso del que ven�a conociendo, con fuerza de autoridad y efectos vinculantes para los justiciables, ello denota el lazo entre la p�rdida de competencia y el ejercicio de la funci�n p�blica.
Se memora, que seg�n el art�culo 117, inciso 2�, ib�dem, �El juez cumplir� estrictamente los t�rminos se�alados en este c�digo para la realizaci�n de sus actos. La inobservancia de los t�rminos tendr� los efectos previstos en este c�digo, sin perjuicio de las dem�s consecuencias a que haya lugar��. - En sentencia de tutela de fecha 11 de julio de 2018, STC8849-2018, radicado N� 76001-22-03-000-2018-00070-01, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, la Corte protegi� el debido proceso dentro de un tr�mite declarativo en el que los jueces de ambas instancias contabilizaron el t�rmino de un a�o para dictar sentencia a partir de la notificaci�n por estado de la reforma de la demanda.
En esa oportunidad la Corte de forma expresa recogi� las posturas precedentes que en sentido contrario hab�a emitido, aquilatando que los plazos previstos en el precepto 121 son objetivos, inician desde que se notifica la admisi�n o la orden de pago a la parte demandada y s�lo se afectan por interrupci�n o suspensi�n del proceso. Expuso la Corte: �Por otra parte, advierte la Corporaci�n que el hito inicial para el c�mputo del t�rmino de un a�o que establece dicho canon para proferir el fallo de primera instancia, comienza a correr objetivamente desde la notificaci�n del auto admisorio de la demanda al enjuiciado, sin que consagre salvedad alguna en caso de reforma o sustituci�n del libelo.
Entonces la hermen�utica que en esta oportunidad acoge la Corte, alude a que el anotado plazo para dictar sentencia corre de forma objetiva, salvo interrupci�n o suspensi�n del litigio, contrario a lo que sostuvo el juez ad quem criticado, que incluy� una modificaci�n para el c�mputo del referido lapso, no contemplado en la norma bajo an�lisis (�)�.
N�tese que la citada regla, si bien contemplaba la p�rdida autom�tica de la competencia, no impon�a la sanci�n de nulidad a las actuaciones que se adelantaran con posterioridad al vencimiento del plazo conferido al fallador para dirimir el litigio, lo que permit�a predicar su saneabilidad; diferente a lo que acontece en vigencia del C�digo General del Proceso, en el que, sin duda, se instituy� una nueva causal de invalidez y, adem�s, con la particularidad de obrar de "pleno derecho", que s�lo se hab�a contemplado en trat�ndose de la prueba obtenida con violaci�n del debido proceso (art�culo 29, inciso final, Constituci�n Pol�tica).
Y es que este tipo de nulidad, al operar de "pleno derecho", surte efectos sin necesidad de reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo o la inacci�n de las partes, de all� que se excluya la aplicaci�n del principio de invalidaci�n o saneamiento. En otras palabras, una interpretaci�n final�stica de la codificaci�n actual, de configurarse la eventualidad contemplada en el tantas veces mencionado art�culo 121, lleva a concluir como inoperante el saneamiento regulado en el art�culo 136 de la obra en cita, aun a pesar de que los intervinientes hubieran actuado con posterioridad al vicio, guardando soterrado silencio o lo hubiesen convalido expresamente, porque esto contradice el querer del legislador, dirigido a imponer al estamento jurisdiccional la obligaci�n de dictar sentencia en un lapso perentorio, al margen de las circunstancias que rodeen el litigio e, incluso, de las vicisitudes propias de la administraci�n de justicia, desde su punto de vista institucional�. - Despu�s, en providencia del 10 de agosto de 2018, AC3358-2018, radicaci�n N� 11001-02-03-000-2012-01848-00, el Magistrado Sustanciador �lvaro Fernando Garc�a Restrepo, dentro de un proceso de revisi�n en donde se invoc� la nulidad de pleno derecho por no haberse decidido el recurso extraordinario, indic� que no operaba la invalidaci�n contemplada en el art�culo 121 del C�digo General del Proceso debido a que el recurso formulado se orientaba por el C�digo de Procedimiento Civil, conforme a la regla contenida en el inciso 2 del art�culo 624 del Estatuto General Procesal.
En esa l�nea, consecuente con las providencias de casaci�n emitidas en los a�os 2015 y 2016 que se glosaron en precedente, el Magistrado afirm� que �si bien la Ley 1395 de 2010 introdujo importantes modificaciones al C�digo de Procedimiento Civil sobre los t�rminos para decidir las instancias en los procesos judiciales, se�alando �un (1) a�o para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificaci�n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, y seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepci�n del expediente en la Secretar�a del Juzgado o Tribunal�; lo cierto es que la nulidad de pleno derecho, estatuida para sancionar �la actuaci�n posterior que realice el juez que haya perdido competencia�, solo vino a incorporarse a la legislaci�n procesal civil con el C�digo General del Proceso, Ley 1564 de 12 de julio de 2012, cuya vigencia no fue inmediata sino gradual, sin alcanzar a cobijar -ya se ha explicado-, a actuaciones como la presente�. - Retomando la posici�n de la sentencia STC8849-2018, la Sala de Casaci�n Civil en providencia del 01 de octubre de 2018, STC12644-2018, radicado N� 11001-02-03-000-2018-02632-00, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque, al fallar acci�n de tutela impetrada contra las diligencias adelantadas en un proceso verbal declarativo reiter� que los t�rminos de la instancia son objetivos y en ese orden, el cambio de funcionario en la c�lula judicial no altera el hito inaugural del plazo contemplado en el precepto 121 del C�digo General del Proceso, ya que �admitirlo, ser�a tanto como sostener que cada vez que var�e el titular del despacho, es necesario reiniciar el conteo del plazo razonable de duraci�n del proceso, como si el hito inicial no estuviera n�tidamente establecido en el art�culo 121�.
All� la Corte fue m�s vehemente en relaci�n con la naturaleza del t�rmino de la instancia y la nulidad insalvable que su vencimiento acarrea para las actuaciones posteriores, la cual no admite convalidaci�n ni saneamiento por ninguna causa, porque �se insiste, el �plazo de duraci�n razonable� se forj� en beneficio innegable de las �partes�; en consecuencia, su disfrute no queda a merced de la prolongaci�n de �x� o �y� en el cargo, porque quien quiera que lo asuma, en cualquier momento, deber� acatar cabalmente los �t�rminos procesales�, incluso aquellos que ven�an corriendo desde antes de su posesi�n.�. - La misma tesis se mantuvo en la sentencia de tutela STC13424-2018, radicaci�n N� 11001-02-03-000-2018-02303-00 de fecha 17 de octubre de 2018, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque, e incluso fue m�s all� al clarificar que el art�culo 121 del C�digo General del Proceso aplica a toda clase de procesos y en concreto se pronunci� acerca de los tr�mites de sucesi�n; conclusi�n que b�sicamente afianz� en tres razones: i) la norma se refiere en general a todos los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia gobernados por el Estatuto Procesal General, sin distinci�n en torno a la naturaleza o complejidad de la pol�mica; ii) los plazos de duraci�n razonable est�n instituidos en beneficio de las partes y no de los operadores de justicia, de manera que basta que los ciudadanos acudan a la jurisdicci�n para que se defina su conflicto de forma oportuna sin importar el car�cter declarativo, liquidatorio, ejecutivo o voluntario de la pretensi�n; y iii) viola el principio el principio de igualdad (art. 13 C.Pol.) dar a la norma un sentido que implique que quienes promuevan una determinada clase de proceso tiene derecho a un plazo razonable, mientras quienes adelantes otro tipo de asuntos no gozan de esa garant�a. - En sentencia de fecha 7 de noviembre de 2018, STC14507-2018, radicaci�n N� 11001-02-03-000-2018-03273-00, M.P. �lvaro Fernando Garc�a Restrepo, la Corte decidi� no pronunciarse de fondo sobre la nulidad consagrada en el canon 121 del C�digo General del Proceso y que en segunda instancia fue declarada por la Magistrada Ponente, decisi�n que en sede se suplica fue revocada por los dem�s magistrados integrantes de la Sala de Decisi�n; en este caso consider� la Corte que la postura adoptada por los Magistrados ten�a apoyo en la tesis acogida por la Corte Constitucional en sentencia T-341 de 2018, sin que sus argumentaciones fueran arbitrarias o caprichosas, por lo que deneg� la tutela deprecada en tanto que no se configuraban los presupuestos de procedencia del tutela en contra de providencias judiciales.
La jurisprudencia en que se ampar� el Tribunal accionado, T-341 del 24 de agosto de 2018 emitida por la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Carlos Bernal Pulido, encontr� plausibles las posturas manifestadas por la Corte Suprema de Justicia; una, en la sentencia STC21350-2017, la cual se itera, esgrimi� que no ten�a raz�n de ser declarar una nulidad de pleno derecho cuando ya se hab�a proferido la sentencia, para emitir una nueva al tenor de lo indicado en el precepto 121 del C.G.P; la otra, en la sentencia STC8849-2018, en que se�al� que el legislador previ� un tiempo que debe ser respetado, imponi�ndose la nulidad de pleno derecho cuando no se obedece el lapso.
Sin embargo, el �rgano de cierre constitucional resalt� que �la configuraci�n de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por fuera del t�rmino fijado en dicha norma, no opera de manera autom�tica�, raz�n por la que decidi� avalar que una vez proferida la sentencia de fondo no hab�a lugar a aplicar la sanci�n establecida en el art�culo 121 del C�digo General del Proceso; pero enfatiz� que la actuaci�n �no podr� ser convalidada y, por tanto, dar� lugar a la p�rdida de competencia, cuando en el caso concreto se verifique la concurrencia de los siguientes supuestos: (i) Que la p�rdida de competencia se alegue por cualquiera de las partes antes de que se profiera sentencia de primera o de segunda instancia. (ii) Que el incumplimiento del plazo fijado no se encuentre justificado por causa legal de interrupci�n o suspensi�n del proceso.
(iii) Que no se haya prorrogado la competencia por parte de la autoridad judicial a cargo del tr�mite para resolver la instancia respectiva, de la manera prevista en el inciso quinto del art�culo 121 del CGP. (iv) Que la conducta de las partes no evidencie un uso desmedido, abusivo o dilatorio de los medios de defensa judicial durante el tr�mite de la instancia correspondiente, que hayan incidido en el t�rmino de duraci�n del proceso.
(v) Que la sentencia de primera o de segunda instancia, seg�n corresponda, no se haya proferido en un plazo razonable�. - Por �ltimo, en fallo de tutela del 6 de diciembre de 2018, STC16024-2018, Radicaci�n N.� 11001-22-03-000-2018-02585-01, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque, la Corte reiter� el enfoque dado en la sentencia STC12644-2018 del 01 de octubre de 2018, defendiendo la plena aplicaci�n del postulado 121 en un proceso verbal de simulaci�n en el que el Juzgado sobrepas� los t�rminos para fallar con el argumento que hubo cambio de titular, por lo que la Corporaci�n fue vehemente en indicar que se trata de un plazo objetivo, expres� que no se puede entender que �el �plazo� contemplado en el precepto 121 ejusdem tiene un car�cter subjetivo, y que por ello se �interrumpe� cada vez que se produzca cambio de �titular del despacho� cognoscente, pues esa dial�ctica no concuerda con el fin que fij� el legislador en la norma en que ciment� el �principio de la duraci�n razonable� a que est�n sometidos las �controversias judiciales� a la luz del actual sistema de �enjuiciamiento civil�, que es predominantemente oral y por audiencias�.
Del recuento jurisprudencia que antecede se pueden extractar las siguientes conclusiones: 1) El art�culo 121 del C�digo General del Proceso empez� a regir en su totalidad el 01 de enero de 2016; por lo tanto, en aquellos procesos rituados por esa normativa s�lo se produce la nulidad de pleno derecho de lo actuado con posterioridad a la perdida autom�tica de la competencia, si no se emite sentencia dentro de los t�rminos fijados en la ley, los cuales s�lo empiezan a corren a partir de su vigencia. 2) Dichos t�rminos son objetivos y s�lo se ven afectados por la interrupci�n o suspensi�n del proceso. 3) El art�culo 121 aplica a todos los procesos civiles, agrarios, de familia y comerciales, sin excepci�n. 4) El hito inaugural de los t�rminos se�alados en el art�culo 121 del C�digo General del Proceso se identifica con la integraci�n del contradictorio, esto es, con la notificaci�n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago a la parte demandada; en el caso de las sucesiones, con la notificaci�n de todos los interesados, incluido el curador ad litem que represente a los emplazados determinados e indeterminados. 4.
La disertaci�n plasmada en la presente providencia obliga a esta Magistrada a recoger la postura que en materia de procesos liquidatorios se exterioriz� en pronunciamiento oral del 22 de junio de 2017, donde se sostuvo que en ese tipo de asuntos no se configuraba nulidad de pleno derecho en los t�rminos del art�culo 121 del C�digo General del Proceso porque se trataba de un tr�mite sujeto a especiales reglas de procedimiento en las que el Juez ten�a bastante limitada su potestad de impulso procesal, �al punto que a este tipo de diligencias ni siquiera le es aplicable el art�culo 317 del C.G.P. que prev� el desistimiento t�cito, pues es impensable la sanci�n prevista para los eventos en que el desistimiento se decreta por segunda vez porque ello traer�a de suyo la perennidad de la universalidad, en franco desconocimiento de los derechos de los herederos.
Por lo tanto, como quiera que el tr�mite de la sucesi�n depende en gran medida de las actuaciones de los interesados y no del juez, mal podr�a exig�rsele el cumplimiento del lapso legal previsto�. El cambio de postura obedece a que en verdad no pueden confundirse las consecuencias que el desistimiento t�cito acarrea con las que se suscitan si cumplidos los t�rminos en un proceso de sucesi�n no se ha emitido sentencia. Dado que el decreto por segunda vez del desistimiento t�cito implica la extinci�n del derecho pretendido (art. 317 num. g) C.G.P.) y por contera la permanencia de la universalidad, es claro que la figura no puede pregonarse en ese tipo de tr�mites como quiera que el destino de la herencia es su liquidaci�n entre quienes tiene derecho a suceder o solventar sus cr�ditos; el vencimiento de los t�rminos en cambio, nada tiene que ver con el derecho sustancial involucrado puesto que �nicamente conlleva el traslado del expediente a otro juez, asegur�ndose en todo caso la resoluci�n del asunto mediante la sentencia aprobatoria de la partici�n. En otras palabras, las secuelas establecidas en el art�culo 121 son de car�cter procesal, por lo que la improcedencia del desistimiento por inactividad de las partes o interesados en manera alguna justifica la inaplicaci�n de los t�rminos para fallar.
Si bien podr�a afirmarse que por su tr�mite escritural y por la irremplazable participaci�n de los herederos y dem�s intervinientes que dificulta el impulso procesal aut�nomo de juez, como por ejemplo en la presentaci�n del inventario y aval�os, los t�rminos para fallar concebidos por el legislador no se compadecen con la realidad del proceso sucesoral, lo cierto es que la norma a la que se ha venido haciendo referencia no establece excepciones en cuanto a la naturaleza o complejidad de los asuntos en que debe aplicarse, siendo contrario al principio de igualdad (art. 13 C.Pol.) aplicar un plazo razonable en ciertos asuntos y en otros no, sin raz�n suficiente para esa discriminaci�n. Si la hermen�utica manda que los t�rminos del art�culo 121 est�n instituidos en favor de los usuarios y no del operador judicial, debe as� mismo entenderse que la extensi�n en la definici�n del proceso y el trasteo del cartulario de juzgado en juzgado, por culpa atribuible a las partes cuando no asumen las actuaciones y cargas que les compete pese al impulso oficioso, redunda en perjuicio de los interesados y no del juez.
En s�ntesis, los t�rminos establecidos en el canon 121 del Estatuto Adjetivo, vigente en pleno desde el 01 de enero de 2016, deben respetarse en los juicios de sucesi�n, por ser una norma de orden p�blico y no una facultad judicial (art. 13 C.G.P.), que apunta al cumplimiento del mandato contenido en el art�culo 2 del C�digo General del Proceso, que dispone: �Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela judicial jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeci�n a un debido proceso de duraci�n razonable.
Los t�rminos procesales se observar�n con diligencia y su incumplimiento ser� sancionado�; resaltando que a los intervinientes tambi�n les asiste el deber de actuar con compromiso y lealtad a fin de contribuir a la resoluci�n del asunto en los lapsos previstos, so pena de que el Juez, en uso de sus facultades disciplinarias y como director del proceso, realice las diligencias tendientes a reprochar las actitudes dilatorias de las partes. 5.
En colof�n, se confirmar� el prove�do habida cuenta que en el caso concreto el Juzgado se halla dentro del periodo indicado en la norma para emitir sentencia, por lo que no se configura tampoco la nulidad de pleno derecho consagrada en el art�culo 121 del C�digo General el Proceso en tanto que el Judicial no ha perdido la competencia. 6.
Se condenar� en costas de esta instancia a la parte apelante, de conformidad con el art�culo 365 del Estatuto Procesal vigente. Se fijan como agencias en derecho la suma de ochocientos veintiocho mil ciento diecis�is pesos MCTE ($828.116). Liqu�dense conforme a lo establecido en el art�culo 366 del Estatuto Procesal. IV. DECISI�N En m�rito de lo expuesto la Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, CONFIRMA el auto de fecha 30 de octubre de 2018, proferido por el Juzgado Quinto de Familia de Manizales, dentro del proceso de sucesi�n del causante Jorge Enrique Castellanos Castellanos. SE CONDENA en costas de esta instancia a la parte apelante, de conformidad con el art�culo 365 del Estatuto Procesal vigente.
Se fijan como agencias en derecho la suma de ochocientos veintiocho mil ciento diecis�is pesos MCTE ($828.116). Liqu�dense conforme a lo establecido en el art�culo 366 del Estatuto Procesal. Devu�lvase al Juzgado por Secretar�a. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. SOFY SORAYA MOSQUERA MOTOA Magistrada Fl. 25C.1. Fls. 31 y 49 C.1. Fl. 33 y 34 C.1. Fls. 76 a 78 C.1. Fls. 103 a 109 C.1. Fls. 114 a 116 C.1. Fls. 118 a 133 C.1. Fls. 136 C.1. Fls. 137 a 139 C.1. Tribunal Superior de Manizales, Sentencia del 22 de junio de 2017.
Radicaci�n 17174-31-84-001-2009-00011-02. M.P. Sofy Soraya Mosquera Motoa. Corte Suprema de Justicia, Radicado No. 00241-01 del 5 de agosto de 2013. Corte Suprema de Justicia, Radicado No. 00257-01 del 30 de octubre de 2014; STC 14909-2014; SCT 1760-2015, Radicado No. 2014-00345-01 del 23 de febrero de 2015; STC 4726-2015, Radicado No. 2015-00150-01 del 23 de abril de 2015; entre otras. Radicado: 17001-31-10-005-2017-00145-02 Sucesi�n Apelaci�n Auto PAGE PAGE 1 RS`mo������������������ɼ����ui]QE9i9Eh��h�yz5�CJaJh��h�55�CJaJh��h0.5�CJaJh��h�Iw5�CJaJh��h�V�5�CJaJh��h��5�CJaJh��h~=�5�CJaJh��h�L�5�CJaJh<!i5�CJaJh��h*q�5�CJaJh��h{d5�OJQJ^Jh��h1c�OJQJ^Jh��h�yzOJQJ^J4jh��h�yzOJQJU^JmHnHsH $tH $uh��h�yz5�OJQJ^J(GQRTUo������ �������������������������$��d]��a$gd�4$��d]��a$gd�4��d]��gd�4 $da$gd�4��������� P R Y [ \ a c j � � ���̿����~q~�dWdW��J��=h��h�R{OJQJ^Jh��h�eOJQJ^Jh��h�}OJQJ^Jh��hO~OJQJ^Jh��h �OJQJ^Jh��h1c�OJQJ^Jh��h7gvOJQJ^Jh��h�~�OJQJ^Jh��h�5OJQJ^Jh��hRS�OJQJ^Jh��h�IwOJQJ^Jh��h�Iw5�OJQJ^Jh��h�V�OJQJ^Jh��h�V�5�CJaJh��h e5�CJaJ� � � � � � � � � � � " # & 0 B ^ �����ٿ����zl_RE�E�h��h�OJQJ^Jh��h�F�OJQJ^Jh��h�/�OJQJ^Jh��h�Z5�OJQJ^Jh��h*q�5�OJQJ\�^Jh��h�/�5�OJQJ^Jh��h"oOJQJ^Jh��h�ZOJQJ^Jh��h&q�OJQJ^Jh��h �OJQJ^Jh��h�IwOJQJ^Jh��h�~�OJQJ^Jh��hh&�OJQJ^Jh��h�5OJQJ^J���"����������% ', M z � � � � � � � 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