Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Manizales

Radicado: 17-001-31-03-003-2010-00289-02

Sala: SALA CIVIL - FAMILIA

Ponente: Hilda González Neira

Fecha: 2013-09-18

Sujetos procesales: DEMANDADOS: SOTRASAN S.A. SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE SANTÁGUEDA S.A. Y OTRO. DEMANDANTE: JUAN DIEGO TAMAYO OSORIO Y SOLANYI ANDREA GIRALDO

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Manizales, Caldas, dieciocho (18) de septiembre de dos mil trece (2013) I- Objeto de la decisi�n Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante y por la codemandada LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES, contra la sentencia del 7 de febrero del a�o avante, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito Adjunto de Manizales dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual instaurado por JUAN DIEGO TAMAYO OSORIO y SOLANYI ANDREA GIRALDO CARDONA en contra de JAIME ALBERTO L�PEZ TABARES, la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES DE SANT�GUEDA -SOTRASAN S.A.- y de la Aseguradora citada.

II ANTECEDENTES 2.1. Con fundamento en la responsabilidad que imputan con ocasi�n del accidente de tr�nsito acaecido el d�a 29 de marzo de 2010, pretenden los demandantes obtener del propietario del veh�culo de placas WFE 096, la empresa afiliadora y la empresa aseguradora, el resarcimiento del perjuicio patrimonial y moral causado; el cual estimaron, por concepto de �DA�O EMERGENTE Y LUCRO CESANTE PRESENTE Y FUTURO� en $18�573.526.oo y, $70�000.000.oo por �2 PERJUICIOS MORALES Y DA�OS DE LA VIDA EN RELACI�N�.

Afirman los actores que mientras se desplazaban en la motocicleta de placas HXZ 77B en el sector de El Luzon, Vereda La Caba�a, Km 15 v�a Manizales, Tres Puertas, colisionaron con el veh�culo de servicio p�blico de pasajeros, de placas WFE 096; evento que se produjo por descuido e irrespeto de normas y reglamentos por parte del se�or Jaime Alberto L�pez Tabares, conductor y propietario del automotor tipo Willys, quien de manera imprudente, revers� sin percatarse que ellos iban bajando en ese momento por la v�a principal, y no tuvo en cuenta la prelaci�n de la v�a que llevaban en el instante.

Asi lo percibi� el agente de y tr�nsito que elabor� el croquis respectivo. Como consecuencia, sufrieron lesiones en su cuerpo que les generaron �graves molestias, fisicas, est�ticas y econ�micas�, adem�s de la fijaci�n de incapacidades y secuelas m�dico legales que describen en el libelo; y, la motocicleta sufri� da�os que describen y estiman en $948.000.oo. 2.2 Tramitada en primera instancia con oposici�n de los demandados, el a quo profiri� la sentencia objeto de apelaci�n, en la que declar� no probadas las excepciones formuladas por aquellos, declar� al se�or Jaime Alberto L�pez Tabares y a la Sociedad de Transportadores de Sant�gueda � SOTRASAN S.A, civil y solidariamente responsables.

Los conden� a pagar por concepto de da�o emergente a JUAN DIEGO TAMAYO OSORIO, $139.500.oo; $315.226.oo para �ste y SOLANYI ANDREA GIRALDO CARDONA; por perjuicio moral $15�000.000.oo para el primero y, $10�000.000.o para la segunda; y, por da�o a la vida de relaci�n los mismos valores para cada uno. Como n�cleo central de su decisi�n, advertido que las excepciones radicaban, principalmente, en los perjuicios reclamados, luego de determinar la responsabilidad de los demandados, consider� respecto del da�o emergente, con base en las facturas, acreditado el pago del parqueadero y del peritaje para la moto por $139.500.000.oo; de medicamentos y utensilios para las curaciones por $235.226.oo y $80.000.oo por pago de conciliaci�n. No reconoci� $948.000.oo atinente al arreglo de los da�os de aquella en cuanto las cotizaciones no pod�an determinar si el demandante hab�a o no pagado; ni $2.640.000.oo valor del transporte para cirug�a y curaciones por falta de acreditaci�n. Con relaci�n al lucro cesante, no accedi� por ausencia de prueba sobre el valor de los ingresos, ni del tiempo de incapacidad para laborar ni de las �secuelas concretas calificadas como p�rdida de capacidad laboral�.

As�, respecto de los ingresos desestim� la documental suscrita por la contadora por no haber acreditado tal calidad y, desatender los presupuestos de la Circular Externa N�mero 44 de 2005 de la Junta Central de Contadores y del art. 69 de la Ley 43 de 1990. El dictamen pericial por haber partido del grado de incapacidad laboral de Juan diego Tamayo, la que determin� el auxiliar sin estar facultado para ello, como que tal compete a las Juntas de Calificaci�n de invalidez; y de Solanyi Andrea Giraldo, por haber presumido que ganaba el salario m�nimo sin ning�n respaldo probatorio, en cuanto que los testigos informaron sobre las actividades que desempe�aban pero no sobre el �salario real que devengaban�, ni la periodicidad.

La tasaci�n del da�o moral, la deriv� de la evidencia de los padecimientos y angustias que debieron soportar los actores por el accidente que les dej� �secuelas permanentes tanto est�ticas como psicol�gicas�; y, el da�o a la vida de relaci�n por la incidencia de las secuelas en el desarrollo de la actividad que antes hac�a parte de la cotidianidad de aquellos. 2.3.

La decisi�n anterior fue objeto de apelaci�n por los demandantes y, por la empresa aseguradora demandada, �nicamente, respecto de la indemnizaci�n fijada. Los restantes convocados, conductor-propietario y empresa afiliadora, la asintieron. 2.3.1. Los actores sostienen que �el cuantum indemnizatorio est� desfasado por lo bajo en algunos asuntos, especialmente en el referido al lucro cesante y el da�o emergente�.

Con relaci�n al da�o emergente por gastos de transporte critican que no hubieran sido reconocidos conforme al arbitrio judice, en cuanto por sentido com�n derivado de la ubicaci�n del lugar de habitaci�n y del hospital y la necesidad desplazarse para la atenci�n m�dica por raz�n de las lesiones, pod�a evidenciarse aquel, conforme lo dieron a conocer los testigos en sus declaraciones y los actores al absolver interrogatorio.

Cuestiona el no reconocimiento del valor del arreglo de la moto, conforme a las cotizaciones presentadas, por raz�n de la no reparaci�n de la misma, aspecto que considera no indica inexistencia del perjuicio material y si acredita su cuantificaci�n.Respecto al no reconocimiento del lucro cesante, refieren que reconocido y declarada la existencia del da�o, contrario a lo afirmado por el a quo, existe prueba de los ingresos dejados de percibir, para lo que cuestionan la valoraci�n del documento suscrito por la contadora por aparecer all� la tarjeta profesional y el n�mero telef�nico; del dictamen rendido, el que refieren debe ser acogido en cuanto no fue objetado; y, de los testimonios de los que aceptan si bien �no coincidieron de manera puntual en la cifra percibida o en ingreso generado�� si informaron que �ambos trabajaban y ten�an ingresos�, lo que permit�a aplicar la presunci�n del salario m�nimo.

Concluyen que deshechados por el a quo los anteriores, tampoco tuvo en cuenta el tiempo de incapacidad fijada por medicina legal, aspecto m�nimo que solicitan sea tenido en cuenta para el reconocimiento deprecado. La indemnizaci�n del da�o moral y a la vida de relaci�n, estima debe ser aumentada de manera justa y adecuada para ambos demandantes, al considerar la fijada bastante baja frente a las penurias soportadas, tristezas recibidas y da�os causados. 2.3.2.

La inconformidad de LA EQUIDAD radica en que, la p�liza por la que fue demandada contiene en sus condiciones generales unas exclusiones espec�ficas referentes al lucro cesante y a los perjuicios morales, las cuales no fueron tenidas en cuenta por la Juez al momento de fallar, errando al considerar que todos los perjuicios se encontraban amparados por el mencionado contrato de seguro.

La no recurrente, Sociedad de Transportadores de Sant�gueda � Sotrasan S.A.-, en los alegatos de segunda instancia, solicit�, en lo que ata�e a la condena a la Aseguradora al pago de la indemnizaci�n por da�o emergente, perjuicios morales y da�o a la vida de relaci�n, se mantenga la decisi�n de la a quo, porque en su criterio, tal ordenamiento es acertado.

III CONSIDERACIONES 3.1 Atendiendo a los motivos de disenso planteados por los recurrentes y conforme al l�mite establecido por el art. 357 del C.P.C, en raz�n a que no se plante� inconformidad sobre el r�gimen de responsabilidad civil analizada, ni respecto a su declaratoria, compete a la Sala determinar: A. Si hay lugar a (i) condenar a los demandados al pago de da�o emergente proveniente de los gastos de transporte en que incurrieron los se�ores Tamayo Osorio y Giraldo Cardona, y por los da�os de la motocicleta; y, al lucro cesante reclamado en la demanda;

(ii) modificar el cuantum de los perjuicios morales y por da�o a la vida de relaci�n tasados por la Aquo. B. La situaci�n de la Aseguradora de cara a las coberturas y exclusiones de la p�liza. 3.2 Se hallan reunidos los presupuestos procesales en cuanto, la competencia est� radicada en el juzgado de conocimiento, por cuant�a y en virtud del lugar donde ocurrieron los hechos; demandantes y demandados tienen capacidad para ser parte y comparecer al proceso, quienes lo hicieron a trav�s de apoderados judiciales; finalmente, la demanda observ� en su estructura las formalidades de ley.

Aunado a lo anterior, no se vislumbran defectos sustanciales en la tramitaci�n que invaliden la misma. 3.3 - Antes de abordar los aspectos a determinar, preciso es dejar sentado, que en efecto, del tenor literal del libelo incoatorio, esto es, tanto de los hechos como de las pretensiones y fundamentos de derecho enunciados por el apoderado de los actores, deduce categ�ricamente la Colegiatura, que �stos plantean un caso de responsabilidad civil extracontractual, como quiera que frente a los demandados imploran la condena a la indemnizaci�n de los perjuicios que le fueron causados como consecuencia del accidente de tr�nsito en el que se vieron involucrados la motocicleta del co demandante y el veh�culo marca Willys, de placas WFE 096, conducido el d�a del accidente por su propietario, el se�or Jaime Alberto L�pez Tabares, automotor afiliado a la Sociedad de Transportadores de Sant�gueda S.A., empresa �sta que asegur� el automotor mediante la adquisici�n de la p�liza No. AA001568 de la compa��a La Equidad Seguros Generales.

Tambi�n que no fue discutida, en el sub lite, la decisi�n de la A quo en cuanto encontr� acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual endilgada a Jaime Alberto L�pez Tabares y a la Sociedad de Transportadores de Sant�gueda - SOTRASAN S.A.-, que legitimaban a los actores para demandarlos en acci�n directa y en un solo proceso, junto con la compa��a aseguradora La Equidad Seguros Generales, a tenor de lo dispuesto en el art�culo 1133 del C�digo de Comercio (Modificado L. 45/90, art. 87). 3.4.

Con relaci�n al primer aspecto a determinar, es preciso recordar que en lo atinente al da�o adem�s de ser cierto, real y no eventual o hipot�tico, corresponde al damnificado que lo reclama acreditarlo en cuanto que ��no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicci�n regular y oportunamente decretados y arrimados al proceso�.

Lo anterior significa que, si desconocer que existen excepciones conforme a las cuales se exime de tal probanza, el material no se presume. Por el contrario, la generalidad impone la atenci�n de la carga probatoria referida dado que no siempre la declaratoria de responsabilidad conlleva la reparaci�n del perjuicio, en cuanto es posible que un hecho, aun doloso, no cause perjuicio alguno.

As�, de acuerdo con lo regulado por el art�culo 1614 del C�digo Civil, el da�o emergente comprende una amplia cantidad de rubros, desde la destrucci�n total de un objeto, hasta las erogaciones o desembolsos patrimoniales que la v�ctima realiza o tendr� que realizar producto del hecho da�oso. Cuando la lesi�n afecta a una cosa, ya sea de naturaleza mueble o inmueble, el da�o emergente tangible o intangible, se concretar� en los emolumentos necesarios para repararla.

Y, el lucro cesante �que comprende la privaci�n de la utilidad, beneficio, aumento o provecho que pudiendo percibirse no se logra por causa de la lesi�n��, ��supone una existencia real, tangible, no meramente hip�tetica o eventual� (�) vale decir que�. ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situaci�n real, existente al momento del evento da�ino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonable, que las ganancias o ventajas que se percib�an o se aspiraba razonablemente a captar dejar�n de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente�.

Adem�s, necesario es recordar que si bien procesalmente existe diferencia entre la prueba del perjuicio patrimonial y su cuantificaci�n, �sta depende de la acreditaci�n de la existencia de aquel, carga probatoria que compete a quien lo reclama � art. 177 C.P.C.-, sin desmedro de la facultad oficiosa del juez para el decreto de pruebas de oficio con la finalidad de determinar el quantum, o la de acudir ��a criterios de equidad, que le impiden soslayar los derechos de las v�ctimas� para determinarlo, cuando establecida su existencia y, no obstante la actividad probatoria del reclamante, la cuantificaci�n se torna extremadamente dif�cil � art. 16 Ley 446 de 1998 -.

A su vez, el quantum del perjuicio extrapatrimonial debe ser determinado �en el marco f�ctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situaci�n o posici�n de la v�ctima y de los perjudicados, intensidad de la lesi�n a los sentimientos, dolor, aflicci�n o pesadumbre y dem�s factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador��, valoraci�n que conforme al estado actual de la jurisprudencia ordinaria, verbo y gracia la sentencia del 9 de julio de 2012, no se precisa en salarios m�nimos, sino en cifras concretas. 3.5.

Con referencia al segundo aspecto, se precisa que como uno de los elementos esenciales del contrato de seguro, constituye el riesgo todo suceso futuro e incierto que tenga la virtualidad o potencialidad de causar p�rdida o deterioro a un determinado inter�s asegurable susceptible de estimaci�n en dinero - Art.1054 C de Cio -, reflejado �ste en la relaci�n econ�mica y jur�dica existente entre el asegurado y las personas o los bienes sobre los cuales ejerce alg�n derecho � Arts. 1083, 1137 C de Cio-.

As� el objeto del seguro se concreta con la ocurrencia del siniestro y, s�lo en esa oportunidad, cuando el riesgo se realiza, el contrato se hace tangible en cuanto origina la principal obligaci�n del asegurador referida al pago de la indemnizaci�n � Arts. 1072, 1079, 1080, 1088 C de Cio -. Ante la amplitud de riesgos existentes y establecida la cobertura no de manera universal sino especial, su l�mite lo establecen los negociantes por medio de la cl�usula operativa de la p�liza y las exclusiones � Art. 1056 C. de Cio-, lo que se traduce en su determinaci�n mediante la individualizaci�n y delimitaci�n, en la medida que tales estipulaciones delimitadoras, con car�cter general, suelen definirse �como aquellas que sirven para definir y concretar el objeto del contrato del seguro de que se trate, de manera que todo acontecimiento o evento acaecido fuera de aquella delimitaci�n, o que constituya una circunstancia de exclusi�n de cobertura, no tendr� la consideraci�n de siniestro cubierto por la p�liza�.

Realizado el riesgo, en aplicaci�n de los principios sobre distribuci�n de la carga probatoria, compete al asegurado acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuant�a de la p�rdida y, al asegurador los hechos que lo eximen o excluyen su responsabilidad - Art. 1077 C de Cio -; entre estos la exclusi�n de cobertura la que �como excepci�n, como hecho anormal, como hecho innovativo, como hecho impeditivo, como presupuesto esencial de una norma impeditiva, o como supuesto de una norma que consagra el efecto jur�dico perseguido por el asegurador, deber� ser afirmada y probada por �ste,,,,�.

Por lo tanto ��debe afirmar y probar que el derecho aducido por el asegurado es inexistente, se halla fuera del contenido del contrato, y que ello ha sido establecido inequ�vocamente a trav�s de una cl�usula expresa, directa y negativa�. La desatenci�n de la carga probatoria referida, autoriza al juzgador para acudir al suced�neo de la prueba en orden a determinar a qui�n estaba adscrito el actuar probatorio para, ante su omisi�n, aplicar la consecuencia de negaci�n, en cuanto que �S�lo respecto de los hechos alegados y probados puede el �rgano jurisdiccional concretar el derecho, de acuerdo a la tradicional m�xima iudex iudicare debet secundum iuxta allegata et probata� � Art. 174, 177 C.P.C. y 1757 CC -. 3.6 An�lisis probatorio A. Determinaci�n de la indemnizaci�n 3.6.1.

Da�o emergente proveniente de los gastos de transporte y por los da�os de la motocicleta. Revisado el presente, aunque descritos en la demanda, los gastos de transporte no se encuentran acreditados, tal y como lo concluy� la a quo; pues no existe prueba documental en tal sentido y los testigos nada dijeron al respecto, porque aunque les consta las penurias por las que pasaron los actores despu�s del accidente, nada se les indag� y por ende nada manifestaron sobre los gastos de traslado desde su casa al sitio donde recib�an atenci�n en salud y viceversa; y contrario a lo afirmado por el apoderado recurrente, el arbitrum judice est� previsto de manera exclusiva para los perjuicios morales, no para los materiales, los cuales, como acaba de decirse, deben probarse.

Es que no resulta razonable la tasaci�n basada en que �son gastos l�gicos�, pues no se acredit� que se hubieran realizado ni que esas erogaciones las hubiera asumido la parte demandante de su peculio, por cuanto no existe informaci�n probatoria sobre n�mero de desplazamientos, trayectos de viaje, valor del transporte, etc; y, si ha de creerse a los declarantes, el sostenimiento depend�a de la ayuda de los vecinos, como tambi�n lo refieren los reclamantes al absolver su interrogatorio.

Respecto a las aver�as de la moto, comparte la Sala la cr�tica a la a-quo en cuanto evidentes, de acuerdo con el registro fotogr�fico allegado al libelo no objetado por los demandados y da cuenta el testigo presencial CARLOS MARIO LOPEZ GIRALDO quien refiere que �la moto se da��, se da�� todo lo que es el tren delantero�, aunque no hayan sido a�n reparadas, constituyen en criterio de la Sala, una disminuci�n en el patrimonio del se�or Juan Diego Tamayo, como que el no haberlo hecho a�n no significa su no ocurrencia, y si implica un menor valor del vehiculo en raz�n de las piezas que sufrieron da�o en el accidente, esto es, un perjuicio cierto, real y objetivo, el cual debe ser indemnizado, siempre y cuando se acredite su monto.

Por consiguiente no queda duda que la existencia de este da�o fue acreditado. Con el fin de acreditar el valor de los da�os irrogados a la motocicleta, allegaron los actores como �nicas pruebas, dos documentos contentivos de cotizaciones de repuestos y mano de obra, los cuales provenientes de terceros y de car�cter dispositivo, carecen de firma y de autenticidad, lo que impide otorgarles valor probatorio, m�xime cuando no se recibi� declaraci�n alguna de quienes los elaboraron tendiente a su ratificaci�n � arts. 251, 269, 277, 279 C.P.C.-.

Por lo tanto, desatendi� la parte actora la carga probatoria que en este aspecto le compet�a y, en consecuencia, se mantendr� la decisi�n de la a quo de no ordenar el pago del da�o emergente representado en gastos de transporte y da�os de la moto. 3.6.2. Lucro cesante reclamado en la demanda. Analizados en conjunto y uno a uno los medios de prueba recaudados, aflora que la funcionaria de primera instancia no acert� en la negativa, porque, como lo considera en la sentencia, fue acreditada la existencia del da�o e, igualmente del an�lisis conjunto de los medios probatorios recaudados, puede inferirse los elementos necesarios para su cuantificaci�n, conclusi�n que aflora no obstante que la Sala comparte la cr�tica al dictamen rendido y la valoraci�n de la funcionaria de primer grado respecto del documento suscrito por YULI MARCELA CASTA�O LANCHEROS.

El primero en cuanto no resulta el auxiliar, dada su profesi�n de abogado, id�neo para determinar �discapacidad, perdida de la capacidad laboral o minusval�a�; y, el segundo dado que adem�s de tratarse de un documento privado, emanado de un tercero, desprovisto de autenticidad y aportado en copia simple, carece de acreditaci�n de la calidad de contadora de quien lo suscribe, no fue acompa�ado de los soportes o fuente de informaci�n sobre los ingresos reportados, ni indica el alcance de tal reporte, supuestos que la ley ha previsto como requisitos para que un contador, como fedatario p�blico, emita certificaciones veraces y con valor probatorio respecto de personas naturales; y, tampoco coincide con la informaci�n referida por los mismos demandantes sobre sus ingresos mensuales � arts. 6,37,69 Ley 43 de 1990; arts. 251, 269, 277, 279 C.P.C.-.

Al efecto, tal como se admite en la sentencia objeto de apelaci�n, fue probado que Juan Diego Tamayo se dedicaba al aserr�o de madera y a los cultivos de la finca que era de su propiedad, y que Solanyi Andrea trabajaba en venta de productos de cat�logo y como estilista, actividades por las que recib�an contraprestaci�n dineraria, entradas que se vieron disminuidas por raz�n de las lesiones recibidas con ocasi�n del accidente de tr�nsito en la medida que no las pudieron realizar, por lo menos, durante el lapso de �dos o tres meses� que refiere la testigo ADRIANA AGUDELO CARDONA, lapso muy pr�ximo a los d�as de incapacidad m�dico legal definitiva determinado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; afirmaci�n en la que coincidieron testigos como Ana Deisy Giraldo S�nchez, Adriana Agudelo Cardona y Flor Aleyda Galves C�rdenas.

La situaci�n descrita evidencia, con alta probabilidad y razonabilidad, imposibilidad de generar ingresos constitutiva de lucro cesante. Por consiguiente, acreditada la existencia del da�o, compet�a a aquellos acreditar su cuantum. Para la cuantificaci�n, mientras en la demanda se determin� el ingreso mensual de Solanyi en $550.000.oo, las declarantes citadas mencionaron que vend�a, en �poca de cosecha, entre $600.000.oo y $1�000.000.oo mensuales, de los cuales �sacaba la utilidad�, lo que se redujo luego del accidente a menos del salario m�nimo, con un ingreso entre $200.000.oo o $300.000.oo mil pesos; y, en su interrogatorio, los mismos demandantes afirmaron que su ingreso mensual era �muy relativo�, de m�s o menos $450.000 para el caso de la se�ora Giraldo Cardona y de $1.500.000 en el de Juan Diego.

Disonancia en valores que f�cilmente podr�an llevar a entender que el quantum no fue acreditado, no obstante las probanzas recaudadas por petici�n de los reclamantes, de no atender que tal se desvanece en consideraci�n a la dificultad probatoria derivada de las circunstancias especiales de aquellos, de que da cuenta el acervo probatorio, referentes al desenvolvimiento de una pareja residente en zona rural, no subordinada a un empleador, adem�s no obligada a llevar contabilidad, lo que facilitar�a acreditar sus ingresos; aunado el hecho que producen para atender su necesidades b�sicas, como lo relat� SOLANGY ANDREA quien refiere que destina los suyos para su vestido, el de sus hijos y alguna cortina para la casa y, su compa�ero para los gastos del hogar por ellos constituido, entendida alimentaci�n, servicios y educaci�n de los hijos, situaci�n no extraordinaria ni anormal en el com�n de los hogares colombianos. Acreditada la existencia del da�o y la de ingresos generados por la actividad productiva de los demandantes la discordancia anterior, de cara a la reparaci�n integral y atendidas las circunstancias especiales de aquellos que dificultan su cuantificaci�n, precisa acudir a criterios razonables, en orden a su determinaci�n; entre estos el valor del salario m�nimo, el cual cumple una funci�n de car�cter social y, debe �garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia� �Ley 278 de 1996 art. 2 Lit. e-, derivada del car�cter fundamental que nuestra Constituci�n consagra para el derecho al trabajo � art. 25 � y, del principio m�nimo laboral de la remuneraci�n m�nima vital y m�vil, entendida como aquella que cubre las necesidades b�sicas del trabajador y su familia, la que no debe permanecer est�tica en el tiempo, aplicable no solo al salario m�nimo sino a toda clase de remuneraci�n.

Recu�rdese que el a�o de ocurrencia de los hechos fue el 2010, �poca para la cual el salario m�nimo mensual correspond�a a $515.000.oo, suma que no difiere ostensiblemente de la se�alada en la demanda - $550.000.oo -, ni de la referida por los declarantes del m�nimo en temporadas bajas y, hasta un mill�n en altas, con referencia a la cosecha.

Por consiguiente, adicionado el hecho de la edad productiva de los lesionados � 41 y 33 a�os -, razonable resulta tener este criterio como factor de ingreso para la cuantificaci�n respectiva, tal como lo aplic� el perito designado, sin que ello signifique compartir en su integridad el dictamen rendido. Como ya se expres� respecto del dictamen pericial, y sin desconocer la diferencia entre incapacidad laboral e incapacidad m�dico legal atendidos sus fines y consecuencias, tal como lo refiere el Ministerio respectivo en el concepto No. 332671 de Octubre 11 de 2011, la realidad en el presente es que aunque no haya calificaci�n de invalidez expedida por el organismo competente para ello, si obran en el proceso las valoraciones m�dico-legales respectivas, que arrojaron como incapacidad definitiva para Juan Diego de cien d�as y para Solanyi de setenta d�as; el referente testimonial conforme al cual los lesionados �en la cama estuvieron como 2 o 3 meses� y estuvieron impedidos para trabajar �como seis meses�, factores que unidos, permiten inferir la ausencia de la actividad productiva usual desarrollada antes del accidente e impone reconocer, como m�nimo, el lucro cesante dejado de percibir por los actores como quiera que acreditado est� que en tales lapsos se gener� una incapacidad total, y as� fue pedido en la demanda.

El reclamado �LUCRO CESANTE FUTURO POR INCAP. DE TRABAJAR� tasado en $8.000.000.oo y, $1.283.330.oo. para cada uno, no ser� reconocido dado que, como ya se analiz�, si bien existe prueba sobre las secuelas m�dico legales por las lesiones, entre ellas, la de la perturbaci�n funcional del miembro inferior derecho de car�cter permanente para Juan Diego y deformidad f�sica, de car�cter permanente que afecta el cuerpo para Solanyi; no est� acreditada la incidencia de estas secuelas en la actividad productiva de cada uno, sin que pueda derivarse dicha connotaci�n del solo hecho del cansancio para aquel, por estar de pie, m�xime cuando existe informaci�n de su trabajo, posterior, en un deposito de madera conforme relat� FLOR ALEYDA G�LVEZ C�RDENAS; tampoco de la �cicatriz� o secuela en la pierna de aquella, por ausencia de relaci�n determinante entre �sta y las ventas por cat�logo.

En consecuencia, establecido el da�o patrimonial en la especie de lucro cesante consolidado, habr� de modificarse el numeral tercero de la sentencia, para incluirlo, en orden a lo cual la liquidaci�n atender� un per�odo indemnizable por el lapso de 70 y 100 d�as, con referencia al salario m�nimo legal vigente para 2010 y, el IPC para marzo de 2010 y, julio de 2013.

Per�odo indemnizable: 2,33 y 3,33 meses renta hist�rica SMLV 2010: $515.000.oo Renta actualizada = Renta hist�rica (smmlv2010). IPC julio 2013/IPC marzo 2010. Ra = $515.000 x 113,80 / 103,81 = $564.560,25 Indemnizaci�n S = Ra por (1 + i)n � 1 / i (1 + i)n, donde Ra = renta actualizada n = per�odo indemnizable I = inter�s puro mensual con referencial al 6% a. SOLANYI ANDREA GIRALDO CARDONA S = $564.560,25 x (1 + 0,00486)2,33 � 1 / 0,00486 (1+0,00486)2,33 S = $564.560,25 x 0,0113768 / 0,0047403 S = $564.560,25 x 2,4000168 = $1.354.954.08 b. JUAN DIEGO TAMAYO OSORIO S = $564.560,25 x (1 + 0,00486)3,33 � 1 / 0,00486 (1+0,00486)3,33 S = $564.560,25 x 0,0162992 / 0,0049463 S = $564.560,25 x 3,2952307 = $ 1.860.356,31 3.6.3- modificaci�n del cuantum de los perjuicios morales y da�o a la vida de relaci�n tasados por la Aquo.

En lo que respecta a la tasaci�n de los perjuicios extrapatrimoniales, debe se�alar la Sala, que seg�n se observa, para la determinaci�n de su cuant�a, tuvo en consideraci�n la funcionaria de primera instancia, el marco f�ctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situaci�n de las v�ctimas, intensidad de la lesi�n a los sentimientos, dolor, aflicci�n o pesadumbre e incidencia de la situaci�n en la cotidianidad de los lesionados por raz�n de las secuelas, conforme a la cual vario, por ejemplo, la practica de deportes y se afect� la consideraci�n del cuerpo con relaci�n a los dem�s, lo que vislumbra un arbitrio judicial ponderado del fallador, raz�n por la cual la no coincidencia con las apreciaciones del apelante, no imponen la revocatoria o modificaci�n de la sentencia en este aspecto.

B. - Situaci�n de la Aseguradora de cara a las coberturas y exclusiones de la p�liza. 3.6.4 La funcionaria de primera instancia concluy� frente a la Aseguradora, que est� llamada a responder por los riesgos amparados en la p�liza, orden�ndole cubrir la totalidad de los perjuicios a que fueron condenados los demandados, decisi�n atacada por LA EQUIDAD, quien aduce que la p�liza por la que fue demandada contiene en sus condiciones generales unas exclusiones espec�ficas referentes al lucro cesante y a los perjuicios morales, las cuales no fueron tenidas en cuenta por la Juez al momento de fallar, errando al considerar que todos los perjuicios se encontraban amparados por el mencionado contrato de seguro.

Lo anterior, remite necesariamente al contrato de seguros de responsabilidad civil extracontractual � P�liza de automotores para veh�culos de servicio p�blico, celebrado entre las demandadas, documentado en la P�liza No. AA001568 y certificado AA007438 en el que funge como aseguradora La Equidad Seguros Generales, tomadora Sociedad de Transportadores de Sant�gueda S.A., asegurado el se�or Jaime Alberto L�pez Tabares, por un valor asegurado total de $89.442.000 por cada uno de las coberturas (Da�os a bienes de terceros, Lesiones o Muerte de una persona Lesiones o Muerte de dos o m�s personas;

Protecci�n patrimonial; Asistencia jur�dica en proceso penal); p�liza vigente para la fecha de ocurrencia del siniestro (Desde el 5 de agosto de 2009 hasta el 015 de agosto de 2010), conforme a la cual en la �extensi�n de coberturas� por mutuo acuerdo entre aseguradora y tomador incluyeron perjuicio moral y lucro cesante, condicionados a decisi�n judicial y vinculaci�n al proceso de aquella, circunstancias que han acaecido en el sub lite.

Tales coberturas tambi�n est�n estipuladas en las condiciones generales, tal como se observa en los numerales 6.1 y 6.2 de la cl�usula 6 denominada �Extensi�n de coberturas ��art. 1088 C. de Cio -. Significa entonces, a la luz de lo pactado entre las partes del contrato de seguro, que habiendo sido demandada directamente la Aseguradora y, declarada judicialmente la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado, deber� La Equidad Seguros Generales, responder por las condenas realizadas en primera instancia, como quiera que los riesgos a que se refieren se encuentran dentro de la cobertura de la p�liza No. AA001568 y no superan el valor asegurado. 3.7 Conclusi�n En consecuencia de lo anterior, se confirmar� la sentencia impugnada, con la modificaci�n establecida respecto del lucro cesante, conforme a la cual se adiciona a los perjuicios ordenados pagar, por concepto de lucro cesante pasado, lo siguiente: SOLANYI ANDREA GIRALDO CARDONA $ 1.354.810.08 JUAN DIEGO TAMAYO OSORIO $ 1.860.356,31 3.8 No habr� condena en costas en esta instancia para los demandantes dada la prosperidad parcial del recurso; pero si para la demandada apelante, en raz�n de la resoluci�n desfavorable de su recurso- art. 392 C.P.C-.

IV. DECISI�N En m�rito de lo expuesto La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1.- CONFIRMAR, con la adici�n al numeral tercero, la sentencia de primera instancia proferida el 7 de febrero del a�o avante por el Juzgado Quinto Civil del Circuito Adjunto de Manizales dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Civil Extracontractual instaurado por JUAN DIEGO TAMAYO OSORIO y SOLANYI ANDREA GIRALDO CARDONA en contra del se�or JAIME ALBERTO L�PEZ TABARES, de la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES DE SANT�GUEDA -SOTRASAN S.A.- y de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. En consecuencia, en el numeral tercero, adem�s de la condena por da�o emergente, perjuicio moral y a la vida de relaci�n, se incluye: Por concepto de lucro cesante consolidado: A JUAN DIEGO TAMAYO OSORIO, la suma de UN MILL�N OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 31 CENTAVOS ($1.860.356,31) A SOLANYI ANDREA GIRALDO CARDONA, la suma de UN MILL�N TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON 0CHO CENTAVOS ($1.354.810.08). 2.- No condenar en costas, en esta instancia, a los demandantes. 3.- Condenar en costas a favor de la parte demandante, en esta instancia, a LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES.

Para tal efecto, como agencias en derecho se se�ala la suma de UN MILL�N DE PESOS MCTE ($1.000.000.oo.). Secretar�a liqu�delas y, oportunamente, devuelva el expediente a su lugar de origen. NOTIF�QUESE Los Magistrados, HILDA GONZALEZ NEIRA FERNANDO L�PEZ MORA MAR�A OVEIDA CASTA�O DE CUARTAS  Fol. 13 cuad. 5  Fol. 18 cuad. 5  Cas Civ 18-12-2009 exp.1998-00529  (Casaci�n Civil de mayo 29 de 1.996.

M.P. Jos� Fernando Ram�rez G�mez, exp. 4217. Gaceta No. 40, pag. 29). (Casaci�n Civil de mayo 29 de 1.996. M.P. Jos� Fernando Ram�rez G�mez, exp. 4217. Gaceta No. 40, pag. 29).  Cas Civ 09-08-2013 exp. 2001-0142  Cas Civ 18-12-2009 exp. 1998-00529, reiterada en Cas Civ 08-09-2013 exp. 2001-01402 M.P. Dra. Ruth Marina D�az R.  CSJ Cas Civ 5-10-2004 exp. 6975  CSJ Cas Civ 18-09-2009 exp. 2005-00406-1 citada en Cas Civ 28-02-2013 exp. 2002-01011-01 M.P. Dr. Arturo solarte R.  CSJ, Sala de Casaci�n Civil sentencia del 9 de julio de 2012.

MP. Dr. Ariel Salazar Ram�rez. EXP: 11001310300620020010101  Tratado de contratos. Director: Bercovitz Rodr�guez-Cano, Rodrigo. Tomo V, p�g. 5537, Valencia 2011.  Stiglitz Rub�n. Derecho de Seguros. Tomo I, p�g. 433, Buenos Aires, 1998  Stiglitz Rub�n. Ob. Cit.  Pic� I Junoy, Joan. El derecho a la prueba en el proceso civil. Barcelona, 1996, P�g.15.  Fols. 14 a 18 cuad. ppal  Fol.14 cuad.2  Fol. 53 cuad. ppal  Fol. 54 y 55 cuad. ppal  Fols. 12 y 13 cuad.

Ppal.  Fol. 11 cuad. 2  Fol. 16 cuad. 2  Fol. 19 cuad. 2  Fol.193 cuad. ppal  T 012 de 2007  Fols. 12 y 13 cuad. ppal  Fol. 16 cuad.2  Fol. 19 cuad.2  Fol. 20 cuad. 2  Fols. 151 a 156 cuad, ppal     17-001-31-03-003-2010-00289-02 Ordinario �Responsabilidad Civil Extracontractual - JUAN DIEGO TAMAYO OSORIO Y SOLANYI ANDREA GIRALDO CARDONA/ SOTRASAN S.A. SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE SANT�GUEDA S.A. y Otro.

Sentencia 165 PAGE 23 YZ[\�������������� $ & = ? @ $ ��ŷ�᪠��������u���l`WQFhQjh�gwCJ^J hQj^JhQj5�CJ\�hJ hK 5�CJ\�hJ hK CJh�>0OJQJ^JhJ h?`�OJQJ^Jh�p�OJQJ^JhK OJQJ^Jh?`�OJQJ^JhJ hK OJQJ^JhJ hK OJQJ^Jy(7jhJ hK 5�KHOJPJQJU\�^JnHtH hJ hK 5�OJQJ\�^Jh�gwB*OJQJ^Jph�)WXY\p����$ % ? @ \ ] m n ���������������������]���gdQj�3]�3gdK $����r�dh^���`�r�a$gdK $da$gdK $����d^��`��a$gdK ����d^��`��gdK $dha$gdK $ ) [ ] ^ ` l m n p r �  +, -. a b c M~%(*+��!?��OQsz� )-�������������������������������������{���p���hQjhK]�CJ^JhQjhQjCJ^JhC�CJ^J hQj^JhK]�hQj6�CJ^JaJhK]�hK]�6�CJ^JaJhK]�CJ^JhK]�h�gw6�CJ^JaJ hQj5�^JhQjhQj5�CJ^JhQjh�gw5�CJ^JhQjCJ^JhQjh�gwCJ^Jh?`�CJ^J,n b c &'(��PQstj k � � 4#5#*$+$�%�% ' '������������������������������]���gdGZ ���]���gdQj��rtvx��i k m p �    � � �!�!�!�!�!""3#5# $)$+$-$0$�%�%�%�% '��������������߯�������������th��`�h+I�CJ^JhGZ h�gw5�CJ^JhGZ hQj5�CJ^JhGZ CJ^JhGZ hQjCJ^JhGZ h�gwCJ^J!jhQjh�gw0JCJU^JhK]�h�gwCJ^JaJhQjhQjCJ^JhQjh�gw5�CJ^JhQjhQj5�CJ^JhK]�h�gw6�CJ^JaJhQjh�gwCJ^JhQjCJ^J% ' ' 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