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H: 5:30 pm. Manizales, veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014). ASUNTO Procede esta Corporaci�n a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la Fiscal�a y el Representante de la v�ctima, en contra de la sentencia proferida el d�a 13 de agosto de 2012, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares, Caldas, mediante la cual el se�or JOS� YESID OSORIO PINEDA fue absuelto de los delitos de Falsedad en documento privado y Fraude procesal consagrados, respectivamente, en los art�culos 289 y 453 del C�digo Penal.
HECHOS Tal y como se desprende del escrito de acusaci�n, se tiene que en enero del a�o 1995 los esposos Alberto de Jes�s Jaramillo y Luz Dary Quiceno recibieron de parte del se�or JOS� YESID OSORIO PINEDA la suma de $500.000 que �ste les prestaba a un inter�s del 10% mensual. Para garantizar el cumplimiento de la obligaci�n se suscribi� una letra de cambio en la que se plasm� el nombre y firma de ambos obligados, as� como tambi�n, en n�meros, el total de lo prestado, quedando los dem�s espacios en blanco, siendo llenados con posterioridad para el cobro de la deuda ante las autoridades judiciales.
Fue as� como en el a�o 2009, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Manzanares, el se�or OSORIO PINEDA interpuso demanda ejecutiva singular que, para sorpresa de los deudores, no fue por el valor primigenio sino por $5`000.000, alta suma de dinero que fue escrita en letras, respaldada por la adulteraci�n de la cifra num�rica que el t�tulo valor pose�a inicialmente [se le aument� un cero].
Tales irregularidades fueron denunciadas, naciendo as� el proceso penal que aqu� nos convoca. ACTUACI�N DE INSTANCIA 3.1. Surtido el procedimiento bajo los par�metros contenidos en la Ley 906 de 2004, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Manzanares, con funci�n de control de garant�as, el d�a 16 de noviembre de 2011 se adelant� audiencia de formulaci�n de imputaci�n, en la cual a JOS� YESID OSORIO se le atribuy� responsabilidad como autor de los delitos de �Falsedad en documento privado� y �Fraude procesal�, frente a los cuales se declar� inocente. 3.2.
Una vez presentado el escrito de acusaci�n, el d�a 1� de febrero de 2012 se llev� a cabo ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares, audiencia para su formulaci�n oral, en la que al implicado se le endilgaron definitivamente las conductas punibles atentatorias de la Fe P�blica y de la Eficaz y Recta impartici�n de Justicia atr�s aludidas y descritas, respectivamente, en los art�culos 289 y 453 del C�digo Penal. 3.3.
Posteriormente, esto es, el d�a 30 de mayo de 2012, se celebr� audiencia preparatoria, dentro de la cual se solicitaron y decretaron las pruebas a practicar en el juicio oral que se surti� el d�a 10 de julio de la misma anualidad. En tal diligencia, la Fiscal�a en sus alegatos conclusivos hizo alusi�n a la ausencia de prueba acerca de la responsabilidad del procesado en el delito de Falsedad Documental, raz�n por la que �nicamente deprec� condena por el delito de Fraude Procesal.
El Juez, al emitir el sentido del fallo, se acogi� al criterio de la ausencia de prueba sobre el primero de los delitos, pero absolvi�ndolo adem�s por el il�cito de Fraude Procesal. LA SENTENCIA El d�a 13 de agosto de 2012 el Juez de conocimiento dio lectura a la sentencia absolutoria anunciada, argumentando que se cont� con perito en grafolog�a que concluy� que en el aparte de los n�meros en el que aparec�a la suma primigenia de $500.000 le fue agregado un cero, siendo as� palpable una alteraci�n pero que no era posible determinar quien fue su autor, por lo que se cern�an serias dudas, dado que se conoci� que con el elemento escritor que se plasm� la cifra en letras y la fecha de cumplimiento fue el mismo con el que se realiz� la alteraci�n [aumento de un cero], sin poderse identificar a la persona que realiz� esta acci�n, lo que significaba que no pod�a concluirse que JOS� YESID OSORIO alter� la letra de cambio, lo cual explica que la Fiscal�a declinara en sus alegaciones de solicitar condena por el punible de Falsedad en documento privado.
Respecto al llenado de los espacios en blanco de los t�tulos valores, luego de que el Juez trajese a colaci�n jurisprudencia acerca de la facultad del tenedor leg�timo de llenarlos conforme a las instrucciones establecidas -por escrito o verbalmente- con el suscriptor, determin� entonces que JOS� YESID OSORIO al terminar de llenar la letra no llev� a cabo actividad il�cita, no pudi�ndosele atribuir responsabilidad por el delito de Fraude Procesal, m�xime cuando hubo retiro de cargos por la falsificaci�n del documento, por lo que su reclamo ante el juez civil deb�a reputarse legal y no pod�a desdecirse ello por el testimonio de los deudores que ten�an inter�s en el asunto y no ofrecieron informaci�n clara e indubitable.
Con fundamento en la presunci�n de inocencia y en la necesidad de prueba que conduzca a la certidumbre acerca de la existencia del delito y el compromiso del implicado, dispuso la absoluci�n. LA APELACI�N Una vez notificadas las partes actuantes de la decisi�n en estrados, tanto la Fiscal�a como el Representante de las victimas interpusieron recurso de apelaci�n, el cual fue sustentado oralmente y en el acto. 5.1.
La Agencia Fiscal reclam� la sustituci�n del fallo absolutorio por uno condenatorio respecto del delito de Fraude Procesal, argumentando para ello que no hubo una debida valoraci�n de la prueba, al otorg�rsele gran preponderancia a las conclusiones del perito en grafolog�a y desestimarse las palabras de los dos deudores que, habiendo sido testigos presenciales del momento en que se suscribi� la letra, dieron cuenta que se dejaron espacios en blanco pero s� se coloc� la suma de $500.000, cantidad que sab�a JOS� YESID era la que prestaba y que, por tanto, le daba conocimiento que reclamar por $5`000.000 era indebido, como en efecto lo hizo, incurriendo en un delito de Fraude Procesal, que es ilicitud aut�noma que no depende de la configuraci�n de otra, como la Falsedad.
El Fiscal expuso que debi� reconocer que no se conoci� si el procesado fue quien alter� la letra, pero que ello no desdec�a que �l sab�a que $5`000.000 no era lo que le adeudaban, por lo que reclamar tal cantidad ante la jurisdicci�n fue un claro Fraude Procesal; es decir, no hubo conocimiento del autor de la alteraci�n, pero JOS� YESID OSORIO s� sab�a que la letra estaba alterada, por lo que su utilizaci�n fue fraudulenta y requer�a ser sancionada. 5.2.
Por su parte, el Apoderado de los agraviados hizo alusi�n a que s� hab�a prueba que acreditaba que el t�tulo valor fue alterado en su cifra num�rica, estando siempre en manos del procesado, quien lo adulter� u orden� que ello se hiciera, para utilizarlo, no de forma inocente, sino de manera torticera ante el Juez Civil, con lo que se configur� el Fraude Procesal.
As�, para este Censor, en correspondencia con la Fiscal�a, la alteraci�n del documento estaba acreditada, el conocimiento de tal situaci�n por parte del procesado tambi�n lo estaba y, adem�s se acredit�, que pese a tal conocimiento lo utiliz� para lograr que se librara mandamiento de pago a su favor. Finalmente tild� de equivoco avalar que una letra fuese llenada conforme a instrucciones verbales, pues ellas deber�an estar siempre contenidas en alg�n documento. 5.3.
La Defensa, como sujeto procesal no recurrente, deprec� la confirmaci�n de la decisi�n, ratificando que en este caso imperaba aplicar la m�xima del in dubio pro reo, argumentando sobre el particular que los dos testigos principales de cargo eran los deudores del dinero, por tanto interesados en evadir la obligaci�n que exist�a y que no qued� clara en el t�tulo, quiz�, por un error en la graf�a, m�s no por un dolo dirigido a defraudar a la administraci�n de justicia. CONSIDERACIONES A ra�z de un t�tulo valor [letra de cambio] en el que estaba contenida una obligaci�n dineraria se suscit� el presente proceso penal, bajo la teor�a que el acreedor alter� su contenido y la present� ante la jurisdicci�n para lograr, a trav�s del enga�o, una decisi�n que ordenase el pago de un dinero que no se le deb�a, esto es, cinco millones de pesos, cuando lo realmente adeudado eran quinientos mil pesos que, valga acotar, los demandados siempre plantearon ya hab�an sufragado.
As�, paralelo al proceso civil ejecutivo, surgi� la causa penal en la que se investig� la eventual ocurrencia de los delitos de Falsedad en documento privado y Fraude Procesal, ilicitudes frente a las cuales se profiri� por parte del Juez Penal un fallo absolutorio, por la no acreditaci�n de que el acreedor JOS� YESID OSORIO PINEDA hubiese sido quien alter� el t�tulo valor, apareciendo as� leg�timo su reclamo ante el juez civil.
La Fiscal�a declin� de su solicitud de condena por el delito contra la Fe P�blica, no as� respecto a la conducta punible de Fraude Procesal, raz�n por la que apel� la sentencia de primer nivel reclamando sanci�n por tal il�cito, como tambi�n lo hizo el Representante de las v�ctimas, bajo el argumento conforme al cual, el se�or OSORIO PINEDA, independiente de que hubiese hecho la alteraci�n o no, s� conoc�a lo fraudulento de hacer exigible la letra por $5`000.000.
Pues bien, la Sala desde ya quiere anunciar que no respaldar� la decisi�n de primera instancia, como quiera que del cotejo de la cauda probatoria s� era dable deducir el compromiso penal del procesado, quien debi� ser responsabilizado por el par de ilicitudes que le fueron atribuidas. No obstante, en esta oportunidad, por un aspecto de orden procesal -con incidencia sustancial- �nicamente proceder� la emisi�n de un fallo adverso por el Fraude Procesal.
Para arrimar a la anterior conclusi�n, preciso ser� tomar por separado cada una de las conductas punibles enrostradas, pero como quiera que con este fallo se quiebra la presunci�n de inocencia, se considera oportuno que de forma previa se desarrollen algunas consideraciones sobre tal garant�a de orden constitucional y la m�xima af�n del in dubio pro reo. 6.1.
Presunci�n de inocencia. In dubio pro reo. Dentro del marco normativo que regula la Ley 906 de 2004 como el nuevo C�digo de Procedimiento Penal, se establecieron los par�metros legales que el Estado colombiano debe tener en cuenta a la hora de hacer uso del ejercicio del ius puniendi. As�, con la implementaci�n del nuevo esquema procesal penal con tendencia acusatoria, el Legislador quiso desarrollar un sistema que se acent�e en la garant�a de los derechos fundamentales de los procesados, con el objetivo de definir la verdad y realizaci�n efectiva de la justicia, en donde se tengan presentes adem�s los derechos de las v�ctimas.
En este sentido, la Ley 906 de 2004 ha optado porque el proceso penal se ci�a a los presupuestos de juicio oral, p�blico, con inmediaci�n de las pruebas, contradictorio, concentrado y en donde se respeten la totalidad de las garant�as procesales y constitucionales a cada una de las partes e intervinientes dentro de la actuaci�n. De esta manera, quien es objeto de imputaci�n jur�dica tiene derecho de controvertirla en un tr�mite que se surta con cada una de las etapas consagradas en el C�digo de Procedimiento Penal, haciendo uso del derecho fundamental al debido proceso (art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica), en donde prima como una garant�a de insoslayable observancia el que se deber� presumir a toda persona inocente hasta que se demuestre lo contrario.
La presunci�n de inocencia, adem�s de estar consagrada como una de las prerrogativas fundamentales de todo ciudadano colombiano, encuentra amplia aplicaci�n de cara al ejercicio de la acci�n penal por parte del Estado, en donde se tiene como uno de los principios generales que se deben respetar en el proceso penal. As� lo establece el art�culo 7 de la Ley 906 de 2004: �Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisi�n judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.
( )� Al respecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia de vieja data, ha definido el alcance de dicha prerrogativa, enunciando: �La presunci�n de inocencia se encuentra reconocida en el art�culo 29 inciso 4� de la Constituci�n Pol�tica, mandato por el cual: "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable".
Este postulado cardinal de nuestro ordenamiento jur�dico, no admite excepci�n alguna e impone como obligaci�n la pr�ctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constituci�n y la ley consagran para desvirtuar su alcance. �Etimol�gicamente se entiende por presumir, suponer algo por indiscutible aunque no se encuentre probado.
La presunci�n consiste en un juicio l�gico del constituyente o del legislador, por virtud del cual, considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o m�ximas de la experiencia que indican el modo normal como el mismo sucede. La presunci�n se convierte en una gu�a para la valoraci�n de las pruebas, de tal manera que las mismas deben demostrar la incertidumbre en el hecho presunto o en el hecho presumido. �La presunci�n de inocencia en nuestro ordenamiento jur�dico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no est� obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostraci�n de la culpabilidad del agente.
Este derecho acompa�a al acusado desde el inicio de la acci�n penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicci�n o certeza, mas all� de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexi�n del mismo con el acusado.
Esto es as�, porque ante la duda en la realizaci�n del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, seg�n el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado.� Posici�n que ha sido reiterada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, en sentencia del 09 de marzo de 2006 con ponencia del Magistrado Alfredo G�mez Quintero, radicado 22.179.
Ahora bien, no s�lo como una norma de garant�a constitucional y legal se ha establecido la presunci�n de inocencia en Colombia; tambi�n adquiere relevancia dentro del marco de los derechos inalienables de toda persona humana, siendo definido en la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos en su art�culo 11 como �Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio p�blico en el que se hayan asegurado todas las garant�as necesarias para su defensa.� Concepto que fue consagrado en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos�, ratificado por nuestro pa�s a trav�s de la Ley 16 de 1974, en el art�culo 8: �Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.� N�tese entonces que de las transcripciones normativas antes aludidas, di�fano resulta que est� a cargo del poder estatal, desvirtuar dicha presunci�n dentro de un proceso que est� signado por la legalidad de sus actos y con el respeto debido a la persona humana.
Para tal efecto, es necesario que el Juzgador cuente con el convencimiento suficiente acerca de la comisi�n del delito y la responsabilidad de la persona a quien se acusa, conforme a las pruebas practicadas en audiencia p�blica, es decir, tal y como lo se�ala el mismo art�culo 7 del C.P.P.: �Para proferir sentencia condenatoria deber� existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, m�s all� de toda duda�.
Precepto que se debe leer aparejado con el art�culo 381 de la misma normativa que enuncia: �Para condenar se requiere el conocimiento m�s all� de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en juicio (�)�. En este sentido, se tiene plena garant�a que es a trav�s de las pruebas en el proceso penal que se puede llegar a un convencimiento con cierto grado de certeza sobre los hechos, circunstancias materia de juicio y la responsabilidad penal del acusado, lo cual permite al operador jur�dico desvirtuar la presunci�n de inocencia ya tratada y proferir un fallo de car�cter condenatorio.
Sin embargo, al momento en que las pruebas practicadas en audiencia p�blica no logran esclarecer las circunstancias concomitantes a la comisi�n de la presunta conducta delictiva, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal del procesado en la misma, deber� primar la absoluci�n por aplicaci�n del in dubio pro reo, entendido como �el estadio cognoscitivo en el que en la aprehensi�n de la realidad objetiva concurren circunstancias que afirman y a la vez niegan la existencia del objeto de conocimiento de que se trate.�.
Derivado de lo anterior, deber� ser el funcionario judicial sumamente cuidadoso al momento de entrar a valorar las pruebas practicadas en audiencia, con el fin de tomar la decisi�n que en derecho corresponda, atendiendo al juicio de imparcialidad que se obtiene de la verdad objetiva, la que no puede forzarse para forjar un fallo condenatorio que deje la sensaci�n de justicia, pero que en realidad groseramente tire por la borda la seguridad jur�dica y aquella expectativa de que la duda juega a favor de quien ocupa el banquillo de acusado.
Y paralelo a lo anterior, debe decirse que el estado de dubitaci�n gnoseol�gica que conduzca a la absoluci�n debe ser s�lido y no producto de un apresurado an�lisis, pues tambi�n se transgreden importantes expectativas y derechos de las v�ctimas y la colectividad cuando se acude a la figura del in dubio pro reo sin un cotejo cr�tico, serio y juicioso de las pruebas; tal y como se considera acaeci� en el caso de marras, en el que hab�a elementos de convicci�n suficientes para soportar la acusaci�n lanzada en contra del se�or JOS� YESID OSORIO.
Se pasa a exponer. 6.2. Valoraci�n probatoria. 6.2.1. A la hora de fundamentar f�cticamente el delito de Falsedad en Documento Privado, la Fiscal�a plante� que el se�or JOS� YESID OSORIO modific� la letra de cambio que se suscribi� a su favor, introduciendo un cero en la cifra num�rica para que pasara, falsamente, de ser un t�tulo valor por $500.000 a $5`000.000.
Para acreditar tal supuesto de hecho se acudi� a la experticia de un perito en grafolog�a, quien con las muestras de la escritura del procesado realiz� el cotejo del contenido del t�tulo valor. Surtida tan importante diligencia investigativa que fue documentada en �informe de investigador de laboratorio� y expuesta por su ejecutante en la audiencia de juicio oral, se llegaron a m�ltiples conclusiones acerca de los creadores del t�tulo valor, del origen de su contenido y sus modificaciones.
Pues bien, del informe aludido se abstrae que una de tales conclusiones fue: �con relaci�n a la alteraci�n que presenta el documento por retoque en la cantidad num�rica �5.000.000� millones (sic) NO se puede establecer quien caus� la modificaci�n del valor, teniendo en cuenta que el n�mero retocado o elaborado presenta un retintamiento lo cual hace que no se observe claramente la morfo estructura del signo gr�fico�.
En la anterior conclusi�n fue que se bas� la Fiscal�a y, m�s adelante, el Juez de la causa, para considerar que no hab�a elementos probatorios para responsabilizar al se�or JOS� YESID por la falsedad en documento privado, consideraci�n jurisdiccional que, a juicio de esta Sala, de una mirada desnuda o aislada del resultado citado del graf�logo podr�a colegirse acertada, pero que en verdad result� apresurada, desarticulada de la restante informaci�n y, por consiguiente, equ�voca, pues se avizora que a partir de un an�lisis completo de los resultados de la prueba pericial s� podr�a deducirse responsabilidad.
Claramente el perito graf�logo no era el llamado a resolver la litis, ni a determinar al procesado responsable y, por tanto, no era de esperarse que �ste hiciera un an�lisis de fondo de sus conclusiones, lo cual respet� cuando no incrimin� -ni en su informe ni en el juicio oral- al procesado y se limit� a sellar que de la modificaci�n del n�mero contenido en el t�tulo valor [aumento de un cero] no era dable determinar su autor.
Ello para decir que si exclusivamente se hubiera obtenido tal resultado mal se har�a en responsabilizar al procesado, pues es claro que ante una adulteraci�n documental sin determinaci�n de su autor serias dudas se cern�an; las cuales consider� err�neamente la Fiscal�a que exist�an en el presente asunto, al parecer, sin desplegar un juicioso an�lisis de todos los resultados a los que lleg� el perito y que, it�rese, conduc�an a otra soluci�n. Lo anterior, porque el autor del cero que alter� il�citamente el t�tulo valor s� se pod�a conocer a partir del razonamiento entrelazado de los siguientes aspectos que se desprenden de la prueba pericial: (i) se acredit� que hubo una alteraci�n por retoque de la suma de $500.000, al introducirse otro cero en el punto que separaba el segundo y el tercer cero;
(ii) se comprob� que la letra de cambio fue llenada en los espacios vac�os con �cinco millones� y �30 de noviembre de 2006�, expresiones que se introdujeron con la misma tinta [an�logo elemento escritor] que fue utilizada para hacer el aludido retoque; y finalmente (iii) se hall� que los grafismos plasmados en el t�tulo valor, excepto la firma de los demandados y un n�mero de c�dula, ten�an las mismas caracter�sticas gr�ficas de la escritura del se�or JOS� YESID OSORIO, es decir, eran de su autor�a. Atendiendo lo precedente se encuentra, pues, que el perito no hizo un se�alamiento directo del procesado como responsable de la alteraci�n del aparte num�rico (500.000) de la letra de cambio, lo que se considera correcto pues no le correspond�a; empero, ello no pod�a ser fundamento para que el Juez concluyera la imposibilidad de determinar el compromiso penal del se�or OSORIO PINEDA, en tanto, como ya se anunci�, del contraste de los tres aspectos atr�s aludidos s� se pod�a llegar a una contundente conclusi�n. Contundente conclusi�n, seg�n la cual, JOS� YESID OSORIO s� fue el autor de la adulteraci�n, pese a que por las caracter�sticas del cero introducido [retintamiento] no pudiese determinarse grafol�gicamente que fuese de �l, dado que al acreditarse con la experticia que el procesado s� fue la persona que escribi� en el instrumento crediticio �cinco millones� y que la tinta con la que se escribi� ello fue la misma con la que se hizo el retoque del n�mero, a ninguna otra conclusi�n podr�a arrimarse, sino que la persona que introdujo el ileg�timo cero fue la misma que llen� los espacios vac�os.
Expuso el perito graf�logo en juicio: �La letra como tal fue plasmada por dos elementos escritores; con el primer elemento escritor hacen el diligenciamiento de la letra por $500.000, hay un segundo elemento escritor que es utilizado para hacer el retoque o la alteraci�n en la cifra num�rica de $500.000 y adicional a eso hacen un diligenciamiento de la letra donde especifican lo que es la fecha� hacen la alteraci�n de los $500.000 y adicional, con esa misma tinta, hacen la adici�n y hacen un segundo texto que es 30 de noviembre de 2006 y $5`000.000� Y deber� sumarse a lo dicho en precedencia, que no se conoci� en el proceso que el t�tulo valor hubiese pasado a manos de un tercero, ya fuera por cesi�n, endoso o simple entrega material, siendo as� como debe entenderse, tal y como ocurre en el tr�nsito comercial ordinario, que la letra de cambio siempre estuvo en manos del acreedor, sujeto que quer�a cobrar un dinero espec�fico que pod�a colocar en letras en el aparte vac�o del t�tulo valor pero que requer�a modificar en cuanto a la cantidad en n�meros que antes se hab�a fijado, tal y como lo hizo.
As� las cosas, reprueba la Sala la premura de la Fiscal�a para declinar parcialmente de su acusaci�n, as� como se reprocha que el Juez de la causa hubiera limitado su an�lisis de la prueba pericial a la mirada aislada de una conclusi�n del perito, sin ir m�s all�, para determinar lo que aqu� se ha podido vislumbrar, como lo es que el se�or JOS� YESID OSORIO fue quien llen� los espacios vac�os del documento con un elemento de igual tinta con la que se realiz� la alteraci�n de la cifra de $500.000 para aumentarle un cero.
Ello era base probatoria s�lida para derruir la presunci�n de inocencia del procesado respecto del delito contra la Fe P�blica, sin que tales fuesen los �nicos argumentos para tal conclusi�n, en tanto, tambi�n habr�a que tenerse presente que el se�or JOS� YESID siempre estuvo en poder de la letra de cambio y, por consiguiente, era la persona habilitada para realizarle cambios.
Sumado a lo anterior debe decirse que la condici�n de acreedor del procesado lo colocaba en la posici�n de ser el �nico interesado en variar el contenido de la letra de cambio que pose�a a su favor, sin conocerse que cualquier otra persona pudiese obtener ventaja en la adulteraci�n num�rica acreditada. En efecto, nadie se beneficiar�a de que �l pudiese reclamar, no $500.000, sino $5`000.000.
A manera de colof�n y para resaltar lo que viene de exponerse [no sobra ser reiterativo], hemos de se�alar entonces que el perito no afirm� que el procesado haya adulterado la cifra en n�meros porque no le correspond�a ir m�s all� de lo que su t�cnica evidenciaba, pero s� dijo que tal sujeto hizo las graf�as que se hicieron con el mismo elemento escritor [bol�grafo, lapicero, pluma, etc.] con el que se configur� la falsedad, aspectos suficientes que correspond�a evaluar al Juzgador para derivar o deducir responsabilidad, la que no podr�a derruirse porque la Defensa planteara la posibilidad de que el procesado cambiara de lapicero al plasmar la suma adeudada, pues ello adem�s de poco probable en s�, no resulta atendible cuando es un n�mero intermedio de la cifra el �nico que fue escrito con distinta tinta y que, valga decir, no se trata de cualquier signo sino el que, precisamente, permit�a que se ajustara la cifra a la cantidad plasmada en letras y que se sabe escribi� el acreedor JOS� YESID OSORIO PINEDA. 6.2.2.
Con lo discurrido hasta este punto se encuentra que s� exist�an los elementos suasorios suficientes para punir el delito de Falsedad en Documento Privado; sin embargo, no puede perderse de vista que la Fiscal�a declin� de tal pretensi�n en sus alegaciones finales y lo ratific� en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n, determinaci�n que al margen de su acierto o no, se constituye en un verdadero retiro de cargos que, por virtud de la separaci�n de roles en la actual sistem�tica procesal penal y el principio de congruencia, impiden al Juez proferir un fallo de condena.
En efecto, ya ha tenido la oportunidad la jurisprudencia nacional de analizar c�mo debe proceder la Judicatura ante una acusaci�n de la cual el titular de la acci�n penal ha expresado su intenci�n de abdicar, determin�ndose que no les es dable a los juzgadores proferir un fallo de condena cuando media una solicitud de absoluci�n de parte de la Fiscal�a, pues de esta manera asumir�a un rol persecutor y, en esa medida, trastocar�a la esencia del esquema procesal penal implementado con la Ley 906 de 2004.
As� la Corte Suprema de Justicia, en variadas oportunidades, siendo una de ellas la providencia 32685 del 16 de marzo de 2011, ha expresado: En esa medida, si los contenidos de la formulaci�n de la acusaci�n que se extienden hasta el alegato final en el juicio oral constituyen los extremos de congruencia, se comprende que esta se desestabiliza cuando:(�)(ii).- se condena no obstante la solicitud de absoluci�n por parte del fiscal (�)�.
Lo anterior ratificado en providencias en las que se ha desarrollado la relevancia del principio acusatorio y se ha dicho: �la Sala viene insistiendo y as� ratifica su l�nea de pensamiento, que si el Fiscal solicita sentencia absolutoria en los alegatos finales (443), esa petici�n deber� ser acogida por el Juez, por entenderse como un verdadero retiro de cargos y ser �l, el titular de la acci�n penal, en armon�a con el principio de congruencia (448) que rige el procedimiento acusatorio�. Para realzar lo antepuesto, valga realizar una cita jurisprudencial m�s sobre el particular: �En cambio, en aplicaci�n de la ley 906/04 cuando el fiscal abandona su rol de acusador para demandar absoluci�n s� puede entenderse tal actitud como un verdadero retiro de los cargos, como que al fin y al cabo es el titular de la acci�n penal, siendo ello tan cierto que el juez en ning�n caso puede condenar por delitos por los que no se haya solicitado condena por el fiscal (independientemente de lo que el Ministerio P�blico y el defensor soliciten), tal como paladinamente lo se�ala el art. 448 de la ley 906 al establecer que (entre otro caso) la congruencia se establece sobre el tr�pode acusaci�n �petici�n de condena- sentencia�. Dilucidado lo anterior, no queda otra salida entonces que, ante una acusaci�n que fue renunciada, estarse al criterio del �rgano persecutor, lo que implica confirmar la absoluci�n que por el delito de Falsedad en Documento Privado se profiri� en primera instancia. 6.2.3.
No obstante, la absoluci�n que procede por el retiro de los cargos no tiene incidencia sobre la efectiva acreditaci�n del hecho, seg�n el cual, JOS� YESID OSORIO alter� la letra de cambio que ten�a en su poder; base f�ctica para fundamentar la decisi�n de condena que por el delito de Fraude Procesal habr� de proferirse con este prove�do. Para comenzar, sea del caso referir, como ya ha sido puntualizado en otras oportunidades por esta Sala, que el delito de Fraude procesal significa simulaci�n o falacia en una actuaci�n procesal, judicial o administrativa, y para que sea punible se requiere que quien enga�a tenga el deber jur�dico de decir la verdad. �Art�culo��453.�� Fraude procesal.
El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor p�blico para obtener sentencia, resoluci�n o acto administrativo contrario a la ley, incurrir� en prisi�n de cuatro (4) a ocho (8) a�os, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios m�nimos legales mensuales vigentes e inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas de cinco (5) a ocho (8) a�os�.
El Fraude procesal es, pues, el hecho realizado por cualquier persona que, interesada en resolver un asunto jur�dico que se est� adelantando ante cualquier despacho judicial o autoridad administrativa, provoque un enga�o a trav�s de informaciones falsas, para obtener una decisi�n judicial o administrativa en su beneficio y como consecuencia de esa informaci�n. Tal ilicitud se configura a trav�s de elementos objetos y subjetivos.
Entre los elementos objetivos se encuentran: i) el sujeto activo que puede ser cualquier persona que tenga un inter�s en la decisi�n del asunto jur�dico que se est� conociendo; y ii) el empleo de medios fraudulentos en procesos judiciales o administrativos, que se caracteriza por presentar al Funcionario judicial o a la autoridad administrativa, las cosas o hechos diferente de c�mo pasaron realmente, es decir, contrarios a la verdad; esos medios fraudulentos pueden consistir en la manifestaci�n de testimonios falsos, documentos falsos, alteraci�n de registros contables, escritos, etc.
Mientras que entre los elementos subjetivos del delito de Fraude Procesal, se encuentra el dolo, es decir, la intenci�n del autor de provocar error en el Funcionario judicial o administraci�n, con el prop�sito de conseguir una sentencia o resoluci�n contraria a la ley y favorable para sus intereses. Pues bien, luego de este proleg�meno, preciso resulta apuntar que en el sub examine se hallan acreditados todos los elementos atr�s desarrollados, como quiera que con la introducci�n de un cero en el t�tulo valor, se despleg� el obrar fraudulento que demanda el tipo penal, el cual no fue inane sino que, por el contrario, tuvo la aptitud suficiente para modificar la realidad, pues existiendo una deuda por $500.000, ella vari� ostensiblemente, increment�ndose por tal modificaci�n documental en 4`500.000, siendo as� como una autoridad judicial libr� mandamiento de pago por cinco millones, cuando otra era la deuda.
Y para la Sala otra era la cantidad adeudada, no s�lo por la verificaci�n de que el n�mero del t�tulo valor fue alterado por la adici�n de un cero, sino porque colige veros�miles las palabras de los dos deudores, quienes explicaron que el pr�stamo era por $500.000 que ten�an destinados para la celebraci�n del cumplea�os n�mero 5 de su hija, no denotando mendacidad al explicar que el contrato de mutuo se culmin� en su finca, lugar al que s� ten�a motivo JOS� YESID para asistir, pues era el lugar en el que pod�a tomarle la firma a la codeudora Luz Dary Quiceno, mujer que aparec�a como due�a de la finca y quien, por tanto, resultaba ser la garant�a efectiva de cumplimiento de la obligaci�n. En efecto, cuando se analiza el testimonio de los esposos deudores, no se encuentra bache en sus se�alamientos, aportando una versi�n veros�mil, consistente entre s� y tambi�n con las declaraciones que al interior del proceso civil ofrecieron, siendo as� su condici�n de demandados la �nica raz�n para dudar de su credibilidad, puesto que en juicio denotaron seriedad en sus se�alamientos, no vacilando al afirmar que deb�an $500.000, cifra que es trascendental resaltar y reiterar fue la que se plasm� primigeniamente en el t�tulo valor.
As�, si una hip�tesis es que la deuda era por $500.000 y otra apunta a que en verdad lo era por $5`000.000, no se encuentra raz�n para creer en la segunda por la sola mirada aislada o desprevenida del t�tulo valor [teniendo en cuenta que a trav�s de la simple observaci�n se nota un cero irregular], cuando hay prueba t�cnica que demostr� su adulteraci�n y cuando los deudores as� lo afirman, no de forma suspicaz, sino con la seguridad propia de quien narra la verdad, explicando que la letra fue llenada en cuanto a las firmas y la cifra (en n�meros) de la cantidad de dinero prestada.
Ahora bien, sea este el punto para expresar que equivocado resultaba entonces deducir mendacidad o falta de claridad por parte de los deudores al manifestar que la letra fue firmada en blanco y luego recular para se�alar que la cifra s� fue plasmada, pues de sus testimonios se abstrae que nunca expresaron que exclusivamente sus firmas se consignaron en el instrumento crediticio, sino que siempre fueron contestes en decir que la suma prestada en n�meros tambi�n fue plasmada.
As�, cuando al se�or Alberto de Jes�s Murillo se le cuestion� sobre el particular expres� �La vi [la letra de cambio] con la firma m�a, la de mi esposa y con los n�meros de 500 mil pesos�, lo que ratific� cuando al ser nuevamente cuestionado por el contenido del t�tulo valor expres� que en �l quedaron consignadas: �las firmas y el valor en n�meros�.
Por su parte, la se�ora Mar�a Luz Dary Quiceno expuso acerca de la letra: �la firmamos y le pusimos los $500.000 en n�meros y el resto qued� en blanco�. Y varias discusiones hubo al interior del juzgamiento acerca de las instrucciones para llenar los espacios vac�os de los t�tulos valores y la posibilidad de que lo hiciese su tenedor leg�timo, pero ante la alteraci�n de la cifra num�rica, perd�a y pierde relevancia tal discusi�n, pues habi�ndose modificado la cantidad adeudada, fulguraba la falsedad, interesando poco que JOS� YESID estuviese autorizado o no para terminarla de llenar, porque en todo caso, la existencia de tal autorizaci�n no lo era para modificar la cifra adeudada.
Si el n�mero 500.000 no se hubiese plasmado en la letra podr�a pensarse que, bajo determinadas circunstancias, era l�cito que su tenedor plasmara el valor a reclamar ante la jurisdicci�n, pero tal supuesto dista mucho del presente caso, en tanto, la suma de dinero no estaba sujeta a discusi�n y, por consiguiente, adem�s de las firmas, se plasm� que lo adeudado eran $500.000, suma que al no ser ratificada en letras viabilizaba su modificaci�n, pero sin que tal variaci�n fuese voluntad de los deudores.
As� las cosas, la alteraci�n de la cantidad de dinero adeudado no respond�a a una instrucci�n impartida previamente para llenar la letra, constituy�ndose as� la modificaci�n que aqu� nos convoca en ileg�tima, y la presentaci�n del instrumento crediticio ante un juez civil para su reclamo coactivo, un verdadero obrar torticero que encuadra plenamente en el delito que, protegiendo a la recta y eficaz impartici�n de justicia, sanciona el intento de enga�o de las autoridades administrativas y/o judiciales, como aqu� acaeci� a instancias del se�or JOS� YESID OSORIO PINEDA. 6.3.
Tasaci�n de la pena. 6.3.1. Nos encontramos ante la ilicitud consagrada en el art�culo 453 del C�digo Penal que para aquellos que fraudulentamente inducen a error en un servidor p�blico para obtener decisi�n favorable, impone unas penas principales que oscilan entre 6 y 12 a�os de prisi�n, multa entre 200 y 1000 salarios mensuales vigentes al momento de cometer la ilicitud, e inhabilitaci�n del ejercicio de derechos y funciones p�blicas de 5 a 8 a�os.
Determinado lo anterior, ser�a del caso definir los �mbitos de movilidad de todas y cada una de las sanciones relacionadas, para dividirlos en cuatro cuartos, pero ello se considera ahora innecesario, pues la Sala colige que, atendiendo que respecto del procesado no hay constancia de la concurrencia de circunstancias de mayor punibilidad debe tomarse como referente el primer cuarto, y dentro de �ste, conforme a la modalidad de la conducta y su consecuente necesidad de sanci�n, las penas m�nimas resultan ajustadas y razonables, siendo as� como habr� de purgar una pena de prisi�n de 6 a�os, sufragar a favor del Estado una multa equivalente a 200 smlmv y quedar inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por un lapso de 5 a�os. 6.3.2.
Sea del caso determinar que, atendiendo el quantum de la pena privativa de la libertad, no hay lugar a la concesi�n del subrogado de la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena que tiene como requisito que al sentenciado se le haya impuesto una pena inferior a 4 a�os de prisi�n. Pero s� habr� lugar a la concesi�n del mecanismo sustitutivo de la prisi�n domiciliaria que, por virtud del art. 23 de la Ley 1709 de 2014, exige que la condena sea por delito que no tenga pena fijada en la ley superior a 8 a�os, siendo ello favorable para OSORIO PINEDA, pues se le est� responsabilizando por una conducta punible que apareja una pena m�nima de 6 a�os, sin que sea una de aquellas contenidas en el art�culo 68A del C�digo Penal.
Y es necesario tambi�n verificar del procesado su arraigo familiar y social, lo que en esta oportunidad se constata positivamente, dado que del cartulario se abstrae que se asienta en el municipio de Manzanares con su familia, sin encontrarse fundamento para que abandone tal lugar y, por el contrario, dados sus quebrantos de salud incapacitantes, es dable pronosticar que de concederle el sustituto punitivo lo respetar� y se mantendr� en la municipalidad en la que ha desplegado a lo largo de varios a�os su vida social, pudi�ndose mantener en su lugar de residencia. Para tales efectos, el se�or JOS� YESID OSORIO PINEDA deber� previamente suscribir acta en la que se comprometa a no cambiar de residencia o abandonarla sin previa autorizaci�n, a permanecer en la misma, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido, y a presentar un comportamiento personal, familiar y social adecuado, absteni�ndose de incurrir en nuevos atentados contra la ley penal; compromisos que, sumados a los dem�s de ley, garantizar� mediante cauci�n que se fija en la suma equivalente a un salario m�nimo legal mensual vigente.
Se le advierte que el incumplimiento de cualquiera de los compromisos le acarrear� la revocaci�n del sustituto punitivo y la p�rdida de la cauci�n. El control respectivo estar� a cargo del INPEC. 6.4. Acotaci�n necesaria. A trav�s del proceso, ambos deudores a los que se les ha asignado cr�dito por parte de este Juez Plural, dijeron que el pr�stamo de dinero que les hizo el procesado JOS� YESID OSORIO era a un inter�s del 10% mensual, claro porcentaje que resulta excesivo y configurativo del delito de Usura que, dadas las palabras de los esposos v�ctimas, era obrar recurrente del procesado, pues era la manera como sol�a prestar dinero en el pueblo.
Ante tal informaci�n no puede quedarse ajena esta Corporaci�n, siendo as� como se ordena la compulsa de copias para que desde la Fiscal�a �nica Seccional de Manzanares se investigue la posible ocurrencia del referido delito contra el orden econ�mico social por parte del se�or JOS� YESID OSORIO PINEDA. 6.5. Restablecimiento del Derecho. No es ya el derecho penal aquella herramienta leg�tima de poder dirigida a la exclusiva concreci�n de la retribuci�n justa que persiguen las penas, sino que ha trascendido aqu�l car�cter vindicativo y, paralela a tal funci�n de la sanci�n, ha ambicionado colocarse al servicio de los leg�timos derechos de las v�ctimas, para que, adicional a la verdad y justicia que siempre habr� de ambicionar, puedan encontrar un desagravio y una reparaci�n. Pero ello no se logra �nicamente a trav�s de decisiones resarcitorias cuando el perjuicio ocasionado con el delito se ha materializado, sino que, con aspiraciones prevencionistas, tambi�n se ha buscado que dentro del enjuiciamiento criminal, al acreditarse la existencia del delito, se busque suspender los efectos lesivos del il�cito que a�n no se han hecho efectivos.
Es as� como nos encontramos de cara al principio rector consagrado en el art�culo 22 del C�digo de Procedimiento Penal, seg�n el cual, �Cuando sea procedente, la Fiscal�a General de la Naci�n y los jueces deber�n adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independiente de la responsabilidad penal�.
Atendiendo tal disposici�n legal, de naturaleza principial�stica, y soportada en disposiciones constitucionales, resulta pues necesario que ante la comprobada existencia de un t�tulo valor espurio que se convirti� en fundamento para un cobro coactivo, este Juez Plural no limite su intervenci�n a declarar el compromiso penal del procesado, sino que ampl�e su campo de acci�n y, por consiguiente, adopte una determinaci�n que concrete el cese y restablecimiento de los agraviados con el referido il�cito.
As� las cosas, con este prove�do se declarar� carente de todo efecto jur�dico el t�tulo valor base de este proceso, esto es, la letra de cambio con referencia TL 1801 de la editorial �L�pez y L�pez�, sin numeraci�n, adiada el 28 de enero de 1995, en la que Alberto de Jes�s Murillo y Lus(sic) Dari(sic) Quiseno(sic) se obligaban al pago de cinco millones de pesos el d�a 30 de noviembre de 2006 y que, como consta, fue presentada para su cobro judicial ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Manzanares.
Y adicional a la declaratoria de carencia de efectos jur�dicos del t�tulo valor, tambi�n habr� de declararse la carencia de toda consecuencia jur�dica que de tal t�tulo valor se derive. En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES, SALA DE DECISI�N PENAL, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: MANTENER INC�LUME la sentencia proferida el d�a 13 de agosto de 2012 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares, Caldas, en cuanto absolvi� al se�or JOS� YESID OSORIO PINEDA del delito de Falsedad en documento privado, atendiendo el retiro de cargos expresado por la Fiscal�a.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia referida aqu� revisada por v�a de apelaci�n, en cuanto a la absoluci�n resuelta a favor de JOS� YESID OSORIO PINEDA por el delito de Fraude procesal que como autor se le endilg�.
TERCERO: En su lugar y conforme a lo discurrido en el ac�pite de consideraciones, CONDENAR al se�or JOS� YESID OSORIO PINEDA, de condiciones civiles y personales conocidas en la actuaci�n, como responsable del delito de Fraude procesal, consagrado en el art�culo 453 del C�digo Penal, a las penas principales de 6 a�os de prisi�n, multa equivalente a 200 smlmv e inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por un lapso de 5 a�os.
CUARTO: SE CONCEDE al procesado el mecanismo sustitutivo de la prisi�n domiciliaria. En consecuencia, se ordena LIBRAR de manera inmediata ORDEN DE CAPTURA en contra de JOS� YESID OSORIO PINEDA (art�culo 450 inciso 2� del CPP.) para que comience a purgar la sanci�n en su lugar de residencia, debiendo suscribir acta compromisoria y pagando la cauci�n, en los t�rminos referidos en el ac�pite de consideraciones.
QUINTO: Atendiendo lo expuesto en la parte motiva de este fallo SE ORDENA la compulsa de copias para que desde la Fiscal�a �nica Seccional de Manzanares se investigue la posible ocurrencia del delito contra el Orden Econ�mico Social de Usura por parte del se�or JOS� YESID OSORIO PINEDA.
SEXTO: SE DECLARA carente de todo efecto jur�dico el t�tulo valor base de este proceso, esto es, la letra de cambio con referencia TL 1801 de la editorial �L�pez y L�pez�, sin numeraci�n, adiada el 28 de enero de 1995, en la que Alberto de Jes�s Murillo y Lus(sic) Dari(sic) Quiseno(sic) se obligaban al pago de cinco millones de pesos el d�a 30 de noviembre de 2006 y que, como consta, fue presentada para su cobro judicial ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Manzanares.
Y adicionalmente se declara la carencia de toda consecuencia jur�dica que de tal t�tulo valor se derive. S�PTIMO: De acuerdo al art�culo 102 del C�digo de Procedimiento Penal [modificado por la Ley 1395 de 2010] ADVERTIR que una vez adquiera firmeza la presente sentencia condenatoria, dentro del t�rmino de 30 d�as, las v�ctimas del delito podr�n solicitar [ante el Juzgado que conoci� del proceso en primera instancia] la iniciaci�n del INCIDENTE DE REPARACI�N INTEGRAL, con el cual podr�n lograr el resarcimiento de los perjuicios generados con el punible.
OCTAVO: Notif�quese la presente decisi�n a las partes, inform�ndoles que en contra de la misma procede el recurso extraordinario de casaci�n. Notif�quese y c�mplase. Los Magistrados, GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A JOSE FERNANDO REYES CUARTAS Johana Franco Herrera Secretaria. El acta de la audiencia de formulaci�n de imputaci�n est� a folios 7 y 8 del cuaderno ppal. El escrito de acusaci�n se encuentra de folio 15 a 18 del cuaderno principal.
Por su parte, el acta de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n se halla entre los folios 21 y 24. A partir del folio 32 del cuaderno ppal. corresponde al acta de audiencia preparatoria, mientras que la constancia de la audiencia de juicio oral se avista de folio 106 a 108. Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, sentencia del 29 de septiembre de 2009 radicado 32.270. Confrontar a partir del folio 94 del cuaderno principal. Todo lo anterior se desprende del informe de laboratorio en el que se lee: �el documento t�tulo valor correspondiente a la letra de cambio� presenta alteraci�n por retoque� �el texto correspondiente a `cinco millones` y `30 de noviembre 2006`que aparece en el documento falsificado, son grafismos que presentan UNIPROCEDENCIA con los manuscritos del se�or JOS� YESID OSORIO� y finalmente: �el documento t�tulo valor� presenta la alteraci�n por adicci�n en el espacio donde fue escrito en letra las palabras `cinco millones` la cual corresponde al mismo tipo de tinta utilizado para retocar la cifra num�rica�. Corte Suprema de Justicia, radicado 15.843 del 13 de julio de 2006. Corte Suprema de Justicia. Providencia 26099 del 27 de octubre de 2008. Extracto tomado de la providencia 15843 del 2006, citada en la providencia 28361 del 8 de octubre de 2008 de la Corte Suprema de Justicia. P�gina PAGE 1 de NUMPAGES 33 Sistema Acusatorio: 2009-80074-01 JOS� YESID OSORIO PINEDA Falsedad en doc.
Privado y Fraude procesal Revoca y condena Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal 67Kfx{����������,. 8 = X � ��ʹ��������{l{��ZE�Z�Z(h�K�h�K�CJOJQJ^JaJmH sH "h�K�CJOJQJ^JaJmH sH h�h�5�OJQJ^JmH sH h{up5�OJQJ^JmH sH h�K�5�OJQJ^JmH sH h�K�OJQJ^JmH sH #h�}�h�K�5�OJQJ^JmH sH h�}�h�K�OJQJ^JmH sH hI+OJQJ^JmH sH %h�K�5�CJOJQJ^JaJmH sH (hY]lh�K�CJOJQJ^JaJmH sH 67Kf������� � � � � �����������������$��dh`��a$gd�K�$��dh`��a$gd�K�$ &Fdha$gd�K� $dha$gd�K� $dha$gd�K�$��dh^��a$gd�K�$dh&dP��a$gd�K�$a$gdY]l� � � * H J Z e f g x � � � � �y��� & W X � �������ܷܷܧɓ�o�o]oKoKo"h6c�CJOJQJ^JaJmH sH "h4]CJOJQJ^JaJmH sH "h�C�CJOJQJ^JaJmH sH "h��CJOJQJ^JaJmH sH 'h�?�h�K�5�OJQJ^JaJmH sH h�K�OJQJ^JaJmH sH "h1j5CJOJQJ^JaJmH sH %h�K�5�CJOJQJ^JaJmH sH "h�K�CJOJQJ^JaJmH sH "hY]lCJOJQJ^JaJmH sH �� �vwde+,��hi,3��������������������$��dh`��a$gd��gd�wj��dh^��gd�K�$ &Fdha$gd�K� $dha$gd�K�$��dh`��a$gd�K�� � � � � � � ���� r{����+XYZ\cdi�������������ܸ��~�h�ʦʦʦʦʦʦʦʦʦʦ+h�9�h�K�5�CJOJQJ^JaJmH sH (h�9�h�K�CJOJQJ^JaJmH sH %h�K�5�CJOJQJ^JaJmH sH "h�K�CJOJQJ^JaJmH sH "h��CJOJQJ^JaJmH sH "h6c�CJOJQJ^JaJmH sH "h�C�CJOJQJ^JaJmH sH "hlzCJOJQJ^JaJmH sH #��������5>LY������������+4GKcstw��՛՛՛՛՛՛՛՛Չw�՛՛�_�/jh�K�0JCJOJQJU^JaJmH sH "h�P�CJOJQJ^JaJmH sH "hY]lCJOJQJ^JaJmH sH "hpg�CJOJQJ^JaJmH sH (h� ih�K�CJOJQJ^JaJmH sH %h�K�5�CJOJQJ^JaJmH sH "h�K�CJOJQJ^JaJmH sH /jh6c�0JCJOJQJU^JaJmH sH !w{|�����9Kace��� 3Zj��������������������y�y��g�g�y�O��/jh�K�0JCJOJQJU^JaJmH sH "h1j5CJOJQJ^JaJmH sH "h�P�CJOJQJ^JaJmH sH "h�wjCJOJQJ^JaJmH sH "hpg�CJOJQJ^JaJmH sH "h�K�CJOJQJ^JaJmH sH (hYh�K�CJOJQJ^JaJmH sH %h�K�5�CJOJQJ^JaJmH sH +h�Gh�K�5�CJOJQJ^JaJmH sH +,3G�`e���NnOqrz���ѿ�����w�eSeAeAe"h1j5CJOJQJ^JaJmH sH "h�P�CJOJQJ^JaJmH sH "h�I�CJOJQJ^JaJmH sH "h��CJOJQJ^JaJmH sH "hlzCJOJQJ^JaJmH sH "hiRmCJOJQJ^JaJmH sH "h��CJOJQJ^JaJmH sH "h�K�CJOJQJ^JaJmH sH h�K�mH sH %h�K�5�CJOJQJ^JaJmH sH %h�7O5�CJOJQJ^JaJmH sH �"I�������:gi'*+,3@A�����������p^KCh�K�mH sH %h�K�5�CJOJQJ^JaJmH sH "h�K�CJOJQJ^JaJmH sH "h��CJOJQJ^JaJmH sH "hAbgCJOJQJ^JaJmH sH "h@jCJOJQJ^JaJmH sH "hK~�CJOJQJ^JaJmH sH "h1j5CJOJQJ^JaJmH sH "hlzCJOJQJ^JaJmH sH "h�9�CJOJQJ^JaJmH sH "h5�CJOJQJ^JaJmH sH 3@A$ % �!�!c#d#7%8%''+','))�*�������������������$��dh`��a$gd�7$ &Fdha$gd�K�$��dh`��a$gdK~�$��dh`��a$gd�K�gd�K�$ &F��dh^�`�a$gd�K�ASTjm���������#$d����,8��� $ % k � ���������������ٱٟ����{�{�{�{�{i{�"h�}�CJOJQJ^JaJmH sH "h�i CJOJQJ^JaJmH sH "h#g�CJOJQJ^JaJmH sH "h�S�CJOJQJ^JaJmH sH +hh%�h�K�5�CJOJQJ^JaJmH sH "hK~�CJOJQJ^JaJmH sH "h�K�CJOJQJ^JaJmH sH (h� ~h�K�CJOJQJ^JaJmH sH #� $!�!�!�!�!�! 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predeter.Ri���R0Tabla normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin listaD@�D�K� Encabezado ��8!mHsHX�o��X�K�Encabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmHsHtH @�K��Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,texto de nota al pie,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Cha,Car, Car,CaCJaJmHsHX�o��!X�K�0Texto nota pie CarCJOJPJQJ^JaJtH H&`��1H�K��Ref. de nota al pie,Ref,de nota al pie,Texto de nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Footnote number,referencia nota al pie,BVI fnr,fH*�o��A�K��Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char Car$CJOJPJQJ^JaJmHsHtH Z�`��RZ�K� Sin espaciado$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH n�Obn�K�estilo1 ����d�����]��^��%B*CJOJ QJ aJmH $phsH $tH $,��q,�K� texto_navy:U`���: 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