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H: 5:30 PM. Manizales, veintiocho (28) de febrero de dos mil catorce (2014). 1. ASUNTO. Procede la Sala a desatar el recurso de apelaci�n interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia proferida el d�a 2 de agosto de 2012 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pensilvania, Caldas, mediante la cual se conden� al se�or WILLIAM HERN�NDEZ CASTA�O, como responsable de la conducta punible de Lesiones Personales Culposas que la Fiscal�a le atribuy�. 2.
HECHOS. Como se desprende del escrito de acusaci�n, los hechos ocurrieron en horas de la tarde del d�a 29 de diciembre de 2010, cuando en zona rural del municipio de Pensilvania, corregimiento de �Pueblo Nuevo�, cuando el se�or Jos� Leonardo D�az Palacio cay� del capacete del Jeep �Willys� de placas OYF-123 que conduc�a JOS� WILLIAM HERN�NDEZ CASTA�O, en el momento en que este �ltimo, sin percatarse que su pasajero estaba en la parte superior del veh�culo bajando un costal, inici� la marcha del automotor.
El pasajero cay� sobre la v�a, lo que le signific� una incapacidad m�dico legal definitiva de 75 d�as y una perturbaci�n funcional permanente del miembro superior derecho, siendo tales resultas inculpadas al conductor del Jeep por retomar su marcha sin verificar que ten�a a alguien en los estribos del automotor que estaba de pie, para bajar un costal. 3.
ACTUACI�N PROCESAL. 3.1. Posterior a la interposici�n de la denuncia y de haberse surtido audiencia de conciliaci�n que fue declarada fracasada, ante el Juez Promiscuo Municipal en funci�n de control de garant�as de Pensilvania, el d�a 1� de agosto de 2011 se llev� a cabo audiencia de formulaci�n de imputaci�n, durante la cual se le atribuy� al conductor del Jeep HERN�NDEZ CASTA�O responsabilidad por el delito de lesiones personales culposas, al haber generado imprudentemente a la v�ctima una incapacidad m�dico-legal de 75 d�as [art. 112 C.P.] y perturbaci�n funcional del miembro superior derecho y del �rgano de la aprehensi�n de car�cter permanente [art. 114 C.P.].
Tales cargos no fueron aceptados por el imputado. 3.2. En consecuencia, el d�a 19 de diciembre de 2011 se realiz� audiencia de formulaci�n de acusaci�n ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pensilvania, en la cual al conductor se le endilg� definitivamente la conducta punible contra la integridad personal atr�s referida. 3.3. Superados los estadios procesales mencionados, el d�a 20 de marzo del a�o 2012 se realiz� audiencia preparatoria, escenario en el que se decretaron las pruebas a practicar en el juicio oral que, efectivamente, se surti� el 21 de junio de la misma anualidad, culminando con un sentido del fallo de car�cter condenatorio.
4. LA SENTENCIA CENSURADA. El d�a 2 de agosto de 2012, la Juez de conocimiento dio lectura al fallo condenatorio previamente anunciado, imponiendo al conductor procesado las penas de 9 meses y 18 d�as de prisi�n [suspendida], 6,93 smlmv como multa y la prohibici�n de conducir veh�culos por un a�o. En la decisi�n de instancia se estableci� que las pruebas acaudaladas eran suficientes para evidenciar que fue el acusado quien contribuy� con su obrar imprudente a la concreci�n del resultado lesivo, est�ndose ante un accidente del que adem�s de constatarse la relaci�n causal entre el proceder del conductor y el resultado, se determin� que �ste hab�a incrementado indebidamente el riesgo, al no observar la norma de tr�nsito [art. 83 C�digo Nacional de Tr�nsito] que proh�be llevar pasajeros en la parte exterior del veh�culo, lo que admiti� el mismo procesado al decir que la v�ctima estaba sentada en el capacete del Jeep y que de all� fue que cay�, lo cual ocurri� por no ser cauteloso quien manejaba, m�xime cuando se movilizaba por el norte de Caldas, que sabido es tiene sus v�as en mal estado. 5.
LA APELACI�N. 5.1. Una vez notificadas las partes actuantes de la decisi�n en estrados, se les dio la posibilidad de interponer el recurso de apelaci�n contra ella, espacio en el que �nicamente la Defensa opt� por hacer uso de tal prerrogativa, sustentando la alzada dentro de los 5 d�as que la ley procesal le otorga para hacerlo, mediante escrito en el que plante� que, de las pruebas practicadas e introducidas, se abstra�a que la verdadera causa del accidente lo fue la imprudencia del lesionado Jos� Leonardo D�az, en tanto, fue �ste quien voluntariamente, en su calidad de pasajero del Jeep, opt� por viajar en el capacete durante todo el trayecto, sin optar por hacerlo como los dem�s pasajeros que no resultaron afectados por la forma de conducci�n del procesado.
En esa medida deprec� el Defensor la absoluci�n de su prohijado y, de forma subsidiaria, en el evento de confirmarse el fallo, solicit� que atendiendo el nivel econ�mico de JOS� WILLIAM HERN�NDEZ, se le exonerara del pago de la multa y que no se le privara de conducir automotores, actividad de la que derivaba el sustento diario propio y de su familia. 5.2.
La Agencia fiscal, como sujeto procesal no recurrente, descorri� el traslado de la impugnaci�n reclamando la confirmaci�n del fallo de primer nivel, porque si bien la v�ctima subi� al capacete, en el momento del siniestro estaba bajando un costal de all�, siendo as� como el accidente se caus� tanto porque el procesado permiti� que personas se hicieran en el capacete como porque no fue cauteloso en el desarrollo de la actividad riesgosa de conducci�n que desplegaba.
De otra parte, rese�� que de las sanciones impuestas no pod�a prescindirse, en tanto est�n establecidas por disposici�n legal, por lo que no era facultativo del juez su fijaci�n en el fallo. 6. CONSIDERACIONES. Ninguna objeci�n se ha propuesto respecto a la efectiva ocurrencia de un accidente de tr�nsito en el que el se�or Jos� Leonardo D�az Palacio result� lesionado al caer de la parte superior [capacete] del veh�culo Jeep �Williys� que conduc�a el procesado JOS� WILLIAM HERN�NDEZ; as� como tampoco surgi� controversia acerca del hecho de que tal siniestro hubiese ocurrido luego de que el conductor frenara la marcha y la retomara cuando el pasajero-v�ctima se encontraba de pie, presto a bajar un bulto que le hab�an encomendado entregar en el lugar en que se hallaban.
Empero, mientras para la Juez de la causa el accidente encontr� su causa eficiente en la infracci�n al deber objetivo de cuidado por parte del conductor, al permitir que un pasajero viajara en la parte de arriba del veh�culo y no tuviera la cautela suficiente a la hora de retomar su marcha, para la Defensa la resulta da�osa encontr� como causa la decisi�n libre del pasajero lesionado de viajar en el capacete. �sta es, pues, la disyuntiva que deber� resolver la Sala, para lo cual, de manera previa, se esbozaran concisas disquisiciones acerca de los delitos culposos. 6.1.
De los delitos culposos. Al ser el Derecho Penal, una herramienta de control social represiva de las conductas m�s reprobables social y jur�dicamente, que se exterioriza, como su nombre lo indica, a trav�s de penas, no puede convertirse en primera ratio de acci�n estatal para la punici�n de todas aquellas conductas humanas que ocasionen da�os a los bienes jur�dicos, sino s�lo de aquellas que, adem�s de ser significativamente lesivas, superan los l�mites de lo jur�dicamente permitido.
Es decir, la actividad del Ius Puniendi acarrea trascendentales y dr�sticas consecuencias, y por tal motivo, s�lo podr� imponerse sanci�n a quien haya defraudado gravemente las expectativas sociales desplegando una conducta reprimida por el Legislador, donde sea dable determinar la vinculaci�n real del agente con el resultado, fruto de un juicio de responsabilidad en el que se logre dilucidar que su conducta se encuentra en el campo de lo antijur�dico, m�s all� del an�lisis de simple causalidad fenomenol�gica entre ella y el resultado da�oso.
Por lo anterior es que el actual C�digo Penal reza en su art�culo 9� que �para que la conducta sea punible se requiere que sea t�pica, antijur�dica y culpable� y que �la causalidad por si sola no basta para la imputaci�n jur�dica del resultado�, implicando ello que la labor del operador judicial, para culminar en una sentencia condenatoria por un delito culposo, ser� primordialmente la verificaci�n de la existencia tanto de una relaci�n de causalidad natural como una de car�cter jur�dico entre el obrar del agente y el resultado reprochado.
En este sentido resulta pues necesario, para atribuir jur�dicamente un resultado a una persona [a t�tulo de culpa], que se verifique de forma preliminar que, ontol�gicamente, el resultado fue fruto de la conducta desplegada por aqu�l [correspondencia de causa a efecto], para seguidamente, atendiendo las teor�as del riesgo, determinar que la conducta del agente se constituy� en un riesgo jur�dico-penal relevante [trascendencia] y no autorizado [ileg�timo] que se concret� efectivamente en la resulta lesiva de un bien jur�dico.
Lo anterior ha sido enmarcado dentro de la teor�a de la imputaci�n jur�dica, sobre la que la Corte Suprema de Justicia ha expresado de manera reiterada: �1. Como es evidente, la simple relaci�n de causalidad material no es suficiente para concluir en la responsabilidad penal de un procesado. A ello es menester agregar otras razones, entre ellas, las que demuestran que la consecuencia lesiva es "obra suya", o sea, que depende de su comportamiento como ser humano. O, como se dice en el nuevo C�digo Penal, que plasma expresamente aquello que desde mucho tiempo atr�s se viene exigiendo, "La causalidad por s� sola no basta para la imputaci�n jur�dica del resultado" (art�culo 9o.). �2.
En casos como el analizado, la imputaci�n jur�dica -u objetiva- existe si con su comportamiento el autor despliega una actividad riesgosa; va m�s all� del riesgo jur�dicamente permitido o aprobado, con lo cual entra al terreno de lo jur�dicamente desaprobado; y produce un resultado lesivo, siempre que exista v�nculo causal entre los tres factores.
Dicho de otra forma, a la asunci�n de la actividad peligrosa debe seguir la superaci�n del riesgo legalmente admitido y a �ste, en perfecta ilaci�n, el suceso fatal. �Dentro del mismo marco, la imputaci�n jur�dica no existe, o desaparece, si a�n en desarrollo de una labor peligrosa, el autor no trasciende el riesgo jur�dicamente admitido, o no produce el resultado ofensivo, por ejemplo porque el evento es imputable exclusivamente a la conducta de la v�ctima. �La relaci�n causal, entonces, est� clara: conducci�n de un bus, es decir, actividad peligrosa.
Luego, superaci�n del riesgo permitido, con pluralidad de infracciones; y despu�s, finalmente, ca�da de la v�ctima por conducta culposa imputable al gu�a de la m�quina (�)� (Resaltado nuestro) Visto lo anterior, se advierte pues que para que una conducta sea susceptible de reproche y pueda recibir el calificativo de culposa, resulta indispensable que se haya desarrollado bajo la extralimitaci�n o infracci�n de un riesgo jur�dicamente permitido, no siendo admisible deducir responsabilidad penal en aquellos eventos donde la conducta es causa natural del resultado lesivo, pero aquella estuvo dentro de los l�mites de lo autorizado normativamente.
En esa medida, causalmente puede encontrarse el nexo entre una conducta y un resultado gravoso, pero el derecho penal se preocupa adem�s de ello, porque �stas tengan una conexi�n jur�dica, producto de una elevaci�n del riesgo que no es tolerada por el ordenamiento vigente. �a. El fen�meno de la elevaci�n del riesgo se presenta cuando una persona con su comportamiento supera el arrisco admitido o tolerado jur�dica y socialmente, as� como cuando tras sobrepasar el l�mite de lo aceptado o permitido, intensifica el peligro de causaci�n de da�o. �b. Para que exista imputaci�n jur�dica del resultado es menester que la creaci�n del riesgo, por superaci�n o por intensificaci�n del mismo, genere el resultado lesivo, es decir, que haya nexo de fundamento a consecuencia entre uno y otro�.
Dicho lo anterior, se perfila entonces que la labor del Juez, a la hora de resolver procesos por delitos donde el obrar del agente ha sido culposo, debe dirigirse especialmente a la b�squeda del riesgo jur�dicamente desaprobado y creador del resultado lesivo de bienes jur�dicos; labor que, ante los avances de una sociedad, que ha permitido por consenso el desarrollo de numerosas actividades que implican peligro y en la cual se desenvuelven cuantiosas relaciones intersubjetivas de divisi�n de funciones y responsabilidades, no es f�cil.
No es f�cil, tal como ocurre en la circulaci�n vial, la cual por los peligros que apareja, se encuentra controlada bajo el imperio de numerosas normas de tr�nsito, sobre las que se sustenta la confianza de los transe�ntes, pasajeros y conductores, quienes esperan de los dem�s un comportamiento acorde que impida la ocurrencia de eventos siniestros, los que se pueden dar tanto por la concreci�n de riesgos jur�dicos como antijur�dicos.
Al fin y al cabo en ello radica su peligrosidad. 6.2. Estudio del caso concreto. Desplegado el anterior proleg�meno acerca de los delitos culposos, como el que aqu� nos convoca, sea del caso comenzar refiriendo que acerca del nexo causal entre el obrar del procesado y el resultado lesivo, tal como ya se hab�a dicho, ninguna duda o controversia se gener�, puesto que desde inicios del proceso se admiti� que el se�or Jos� Leonardo D�az cay� del capacete del Jeep �Willys� que el encartado JOS� WILLIAM HERN�NDEZ manejaba, lo que significa que en el plano natural�stico f�cil se halla la relaci�n causa-efecto, primer esca�o necesario -m�s no suficiente- para fincar un juicio de responsabilidad.
Ahora, en lo que hace referencia a que el obrar del procesado haya traspasado los l�mites de lo normativamente permitido, hemos de se�alar que del cotejo del art�culo 83 del C�digo Nacional de Tr�nsito, que reza que: �Ning�n veh�culo podr� llevar pasajeros en su parte exterior, o fuera de la cabina, salvo aquellos que por su naturaleza as� lo requieran�, sin lugar a dudas se advierte, que la permisi�n del procesado en que personas se subieran al capacete del veh�culo no era la forma de obrar m�s ortodoxa ni ejemplar y, por el contrario, estamos ante un conductor que, a sabiendas de lo que le era prohibido -tal como lo admiti� en juicio-, permiti� que pasajeros suyos viajaran en condiciones altamente peligrosas, en una actividad riesgosa en la que �l era garante de la integridad de quienes utilizaban su servicio.
Y si bien el procesado plante� que los pasajeros se sub�an a tal parte del veh�culo sin su autorizaci�n porque hac�an lo que quer�an, a juicio de esta Colegiatura, ello no pasa de ser una aseveraci�n exculpatoria que no se ajusta a los cauces l�gicos, porque como conductor del Jeep no resulta admisible que no supiera que sujetos se ubicaban en la parte alta de su automotor y, mucho menos, que al saberlo no pudiera frenar su marcha y lograr que quienes viajaban irregularmente se adentraran a la cabina o tomaran otro servicio.
Resulta m�s coherente y ajustado a la experiencia concluir que JOS� WILLIAM HERN�NDEZ, al igual que gran parte de choferes de Jeeps de servicio p�blico, consent�a viajar con sobrecupo, tal como dijeron los testigos que lo hac�a el 29 de diciembre de 2010, d�a del accidente. As� las cosas, nos hallamos ante un conductor que el d�a de los hechos no desplegaba su labor de transporte ce�ido a las normas de tr�nsito, sino que, con pleno conocimiento, permiti� que pasajeros suyos se ubicaran en el capacete del automotor, lo que indudablemente constituye un incremento del riesgo que, atendiendo las normas de tr�nsito, resulta ser jur�dicamente desaprobado.
En otras palabras, el resultado da�oso encontr� su causa en un obrar ileg�timo normativamente del procesado JOS� WILLIAM HERN�NDEZ, quien vulner� los deberes objetivos que como conductor pose�a. Y, ciertamente, el lesionado D�az Palacio opt� por subirse de manera voluntaria en la parte exterior del veh�culo, porque ello tambi�n fue acreditado durante el juicio oral, pero no puede concluirse que ello es configurativo de la eximente atinente a la culpa exclusiva de la v�ctima -como se sugiri� con la impugnaci�n-toda vez que la voluntad del lesionado se pudo materializar porque el conductor, en quien recae el compromiso de proteger a sus pasajeros de los riesgos que la actividad peligrosa que gu�a implica, no garantiz� condiciones seguras de transporte y, muy al contrario, toler� que el viaje se hiciera con un incremento indebido del riesgo que siempre significa y significar� el tr�nsito automotor.
Es decir, no fue la voluntad en solitario de Jos� Leonardo D�az la que llev� a que se subiera al veh�culo que, por dem�s, tom� por la necesidad de llegar con prontitud a su destino, sino que en el presente asunto fue determinante que el conductor JOS� WILLIAM HERN�NDEZ, quien siendo el regente del veh�culo ten�a un rol de garante, diera su aval para que pasajeros suyos se ubicaran en lugar prohibido, lo cual desdice que �ste �ltimo deba eximirse de responsabilidad, puesto que en su obrar se encuentra la base causal para que un accidente ocurriera.
Accidente que, valga decir, no se concret� �nicamente porque la v�ctima estuviera ubicada a voluntad en el capacete del �Willys�, sino porque adem�s, sabiendo el procesado las condiciones irregulares, delicadas y peligrosas en que se movilizaba, no tom� todas las precauciones que las circunstancias le exig�an, sino que excediendo m�s el riesgo, al hacer una parada no prest� atenci�n de aquellos que anormalmente viajaban y por ello no percibi�, como s� varios de los dem�s pasajeros, que Jos� Leonardo D�az le pidi� esperara mientras bajaba un bulto que llevaba para el lugar en el que se encontraban estacionados, iniciando su marcha sin extremar medidas, tal como deb�a hacerlo, sin que finalmente lo hiciera, quiz� por lo normal o consuetudinario que es que personas viajen en el exterior de los Jeeps.
Empero, sabido es que las malas costumbres no sirven de fundamento exculpatorio y que HERN�NDEZ CASTA�O no puede ahora evitar el compromiso penal, cuando acreditado result� que siendo el gu�a del veh�culo aprob� que Jos� Leonardo D�az se ubicara en el capacete y, adicional a ello, no tuvo en cuenta lo indebido de tal permisi�n, conduciendo sin controlar extremadamente el riesgo ileg�timo que erigi�, siendo as� como no se percat� que la v�ctima iba a bajar un bulto, lo que incrementa su falta de cautela que, ahora, se le reprueba penalmente.
E, indefectiblemente, debe censurarse que un pasajero por la necesidad de arribar a determinado lugar opte por viajar en condiciones que lo colocan en riesgo, pero ello no desdice la irresponsabilidad de un profesional de la conducci�n, encargado de velar por la seguridad de sus pasajeros, de quien se esperaba un respeto por las normas de tr�nsito, que por el af�n de aumentar sus ganancias, acepte que su veh�culo presente sobrecupo.
Menos a�n en materia penal, donde no se admite la compensaci�n de culpas, al decirse que la exposici�n imprudente de la v�ctima -que no exclusiva- tendr� incidencia para efectos de la tasaci�n de perjuicios, m�s no para el juicio de responsabilidad penal que, en esta oportunidad, conduce a la Sala a confirmar la decisi�n de condena que en primera instancia se profiri�. 6.3.
Petici�n subsidiaria de la Defensa. De confirmarse la decisi�n, como acaba de establecerse, el Defensor ha reclamado que a su prohijado, atendiendo sus condiciones econ�micas, no se le imponga la sanci�n pecuniaria de multa ni la prohibici�n para conducir automotores, actividad de la cual obtiene sus ingresos. Pues bien, para responder a tal solicitud hemos de comenzar recordando que las penas, como expresi�n del poder punitivo del Estado e imposici�n leg�tima de dolor, como otrora ya no son creadas e impuestas de manera desp�tica o arbitraria, sino que, como conquista humana y garant�a esencial de los Estados sociales de derecho, a la fecha est�n sometidas al imperio de la ley; de ah� que sea ut�pico concebir cualquier Estado erigido sobre la legalidad que dentro de su ordenamiento penal desconozca la m�xima: �nulla poena, sine lege�.
Por lo precedente, Colombia, como la gran mayor�a de los Estados contempor�neos, tiene dentro de sus sistemas normativos un procedimiento riguroso y especial, tanto para la creaci�n de las penas en un sentido abstracto (criminalizaci�n primaria), como para su determinaci�n en cada caso concreto (criminalizaci�n secundaria). En efecto, el Ordenamiento Penal Colombiano para la determinaci�n cualitativa y cuantitativa de la pena, en cada evento particular de imposici�n, aparta al operador judicial de sus personales y parcializadas consideraciones para que, contrario a ello, se ci�a rigurosamente a los par�metros de ley, los cuales constituyen verdaderos derroteros t�cnicos de determinaci�n y dosificaci�n punitiva, que amparan la igualdad y el valor justicia, al erradicar cualquier posibilidad de fijar las sanciones propias del Ius puniendi de manera arbitraria o, como anta�o, de manera desp�tica.
En esa medida, es que ha sido reconocido dentro de nuestro �mbito jur�dico que aquellas conductas m�s reprobables y lesivas ser�n tipificadas �nicamente por el Legislador, misma autoridad a quien se le ha confiado de forma exclusiva que, con arreglo a los principios y derechos que informan la Constituci�n Pol�tica, funde las consecuencias y sanciones que aparejar� para las personas la comisi�n de dichas conductas desaprobadas en lo penal; todo lo cual vincula a los jueces de la Rep�blica, quienes tienen la funci�n de adelantar el juicio de responsabilidad para imponer, en aquellos casos en que se derruya la presunci�n de inocencia, las penas que correspondan de acuerdo a la Legislaci�n vigente, ampar�ndose as� la m�xima de que no habr� sanci�n sin ley que previamente la establezca y sin norma que adem�s fije los derroteros para su precisa determinaci�n. Al respecto, valga traer a colaci�n la sentencia C-739 de 2000, de la Corte Constitucional en la que sobre el particular se dijo: �El principio de reserva legal, implica en el Estado democr�tico de derecho, que �l �nico facultado para producir normas de car�cter penal es el legislador, pues adem�s de ser esa su funci�n natural en desarrollo del principio de divisi�n de poderes, en �l se radica la representaci�n popular, la cual es esencial en la elaboraci�n de todas las leyes, pero muy especialmente en las de car�cter penal.
(�)Es claro que en el art�culo 29 el Constituyente de 1991 consagr� de manera expresa el denominado principio de legalidad, "nullum crimen, nulla poena sine lege", principio tradicionalmente reconocido y aceptado como inherente al Estado democr�tico de derecho, sobre el cual se sustenta la estricta legalidad que se predica del derecho penal, caracter�stica con la que se garantiza la no aplicaci�n de la analog�a jur�dica en materia penal, la libertad de quienes no infringen la norma, y la seguridad para quienes lo hacen de que la pena que se les imponga lo ser� por parte del juez competente, quien deber� aplicar aqu�lla previamente definida en la ley�.
Atendiendo lo hasta aqu� expuesto, huelga afirmar entonces que, de acuerdo a la potestad de configuraci�n radicada constitucionalmente en el Legislador, no s�lo para determinar los delitos, sino para establecer las penas a que habr� lugar, a la hora de verificar la legitimidad y fidelidad al derecho de las sanciones impuestas a trav�s de una decisi�n judicial, impera examinar que el operador judicial haya respetado estrictamente los par�metros legales vigentes para el momento de los hechos y que se�alan, (i) las penas principales a imponer, (ii) las penas accesorias factibles y (iii) el quantum de cada una de ellas.
Y es que, por lo visto, ha quedado en evidencia que los jueces est�n sometidos al imperio de la ley, y la determinaci�n de las sanciones a aplicar [proceso cualitativo] y su monto [proceso cuantitativo] no son la excepci�n, siendo as� un imperativo para la Judicatura, ante la ocurrencia comprobada de delitos, no s�lo aplicar la sanci�n intramural, sino, eventualmente, otras de car�cter principal que est�n relacionadas en la norma [verbigracia la multa], como otras accesorias de acuerdo a la forma como fue desplegada la conducta.
Todo lo anterior para se�alar que en esta oportunidad no hay lugar a modificar la decisi�n de instancia en cuanto a las condenas impuestas, puesto que de una mirada a la Ley 599 de 2000, se avizora que fue voluntad legislativa que el delito de lesiones personales culposas tuviese, adem�s de una sanci�n intramural, otra pecuniaria, sumado a que -conforme al art. 120 del C.P.- se estableci� que cuando la conducta sea cometida utilizando medios motorizados se impondr� igualmente la pena de privaci�n del derecho a conducir veh�culos automotores, como m�nimo, por un a�o. As� las cosas, suprimir uno de tales castigos, ser�a una determinaci�n judicial contra derecho que, sin lugar a dudas, desconocer�a la legalidad de las penas, base axiol�gica de un Estado que se pregona democr�tico y de derecho. 6.4.
Acotaci�n final. Lo que si no puede soslayarse es que a la hora de tasarse la pena por parte de la operadora judicial, en lo que respecta a la multa, pese a concluir con tino que equivaldr�a a 6,93 salarios m�nimos legales mensuales vigentes para la �poca de los hechos (2010), de forma err�nea determin� que significaba que el procesado deb�a pagar la suma de $ 5`141.760.
Y se dice que fue err�neo porque para el a�o 2010 el salario m�nimo estaba establecido en $ 515.000, por lo que 6,93 salarios corresponder�an a la suma de $ 3`568.950, monto que ser� el que realmente deber� sufragar el procesado por concepto de multa, m�s no el que qued� fijado en la parte resolutiva de la sentencia de primer nivel. En m�rito de lo precedentemente expuesto, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE, 1.
CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el d�a 2 de agosto de 2012 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pensilvania, Caldas, mediante la cual se conden� al se�or WILLIAM HERN�NDEZ CASTA�O, como responsable de la conducta punible de Lesiones Personales Culposas que la Fiscal�a le atribuy�, ratificando las sanciones principales de prisi�n (suspendida), la de multa equivalente a 6,93 salarios m�nimos legales mensuales vigentes para el momento de los hechos, la cual no equivale al monto se�alado en la decisi�n, sino a $ 3`568.950 y la prohibici�n de conducir veh�culos automotores por el lapso de un (1) a�o. 2.
Contra la presente decisi�n procede el recurso extraordinario de casaci�n. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados, GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A JOS� FERNANDO REYES CUARTAS Johana Franco Herrera Secretaria El acta de la audiencia de formulaci�n de imputaci�n se halla de folio 16 a 18 del expediente. El escrito de acusaci�n se halla a partir del folio 20 del expediente, mientras que el acta de su formulaci�n oral se avizora desde el folio 38 a 40 del mismo. El acta de la audiencia preparatoria est� de folio 46 a 51 del cartulario. Lo ocurrido en el juicio oral se registr� en acta obrante a partir del folio 92 del expediente. Corte Suprema de Justicia. Sala de decisi�n penal.
Sentencia de Casaci�n del 20 de abril de 2006 MP: �lvaro Orlando P�rez Pinz�n. Rad: 22941. [Posici�n reiterada en providencia 32174 del 02 de septiembre de 2009]. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Penal. sentencia del 11 de mayo de 2005 (Radicado 22.511). C.S.J. Sala de Casaci�n Penal, radicado 22.511 de mayo 11 de 2005 (atr�s citada): �La confluencia en tiempo y espacio de las imprudencias de los dos conductores, dar�a lugar a pensar en concurrencia de culpas tal compensaci�n de culpas es inaceptable porque en el derecho penal est�n en juego intereses p�blicos �./ Con base en citas de jurisprudencia concluy� que la confluencia de comportamientos imprudentes, tanto del procesado como de la v�ctima, puede tener consecuencias para efectos civiles, pero no para quien desencadena el resultado antijur�dico� / El Ad quem, entonces, no desconoci� la posible conjunci�n de conductas imprudentes y, con argumentos similares a la l�nea de pensamiento de la Sala de Casaci�n Penal, expuesta en los apartes atr�s transcritos, probatoriamente concluy� que el factor determinante del suceso fue la invasi�n de la calzada contraria por parte del cami�n que conduc�a el procesado. / Esto es, que as� la v�ctima hubiese guiado su autom�vil infringiendo el deber de cuidado que le era exigible �circunstancia que admite la sentencia reprochada-, si no hubiera surgido la conducta del acusado el hecho no habr�a tenido ocurrencia�� P�gina PAGE 1 de NUMPAGES 20 Sentencia Ley 906, 2011-80011-01 JOS� WILLIAM HERN�NDEZ CASTA�O Lesiones Personales Culposas Confirma Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal 467Jewz�����������������������iWEW3E#h��h3+�5�OJQJ^JmH sH #h��h��5�OJQJ^JmH sH #h��h�L5�OJQJ^JmH sH *h��CJOJPJQJaJmH nH sH tH hqghr2�OJQJ^JmH sH h��OJQJ^JmH sH #hqgh�L5�OJQJ^JmH sH hqgh�LOJQJ^JmH sH (hzR�h�LCJOJQJ^JaJmH sH %h�L5�CJOJQJ^JaJmH sH +h�9h�L5�CJOJQJ^JaJmH sH 67Je�����������������y�$dh�a$gd��gdqg$�7�%dh^�7`�%a$gd��$��`�dh^�`�`�a$gd�L�j dh^�j gd���L�dh^�L`�gd���dh^�gd�L$���<�dh&dP��^��`�<�a$gd�L $dha$gd�L������������ ' 1 5 < ? 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