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H: 5:30 p.m. Manizales, diez (10) de abril de dos mil catorce (2014). ASUNTO Procede esta Corporaci�n a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la Unidad de Defensa en contra de la sentencia proferida el d�a 8 de marzo de 2012 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, Caldas, mediante la cual se conden� al se�or ALFREDO MAFLA VELARDE a las penas principales de 23 a�os de prisi�n y multa equivalente a 1066,66 smlmv, luego de ser hallado responsable del concurso de delitos de Secuestro simple y agravado, Hurto calificado agravado y Porte ilegal de armas de fuego que la Fiscal�a le atribuy�.
HECHOS Tal como se desprende del escrito de acusaci�n tuvieron ocurrencia en horas de la noche del 20 de noviembre de 2009, en la hacienda �Maracaibo� de la Vereda el Sanj�n, adscrita al municipio de Neira, Caldas, y se contraen a que a tal heredad llegaron varios hombres armados que, mediante intimidaci�n, encerraron en un cuarto de la casa principal a todos los habitantes y trabajadores que all� estaban, impidi�ndoles movilizarse, defenderse o pedir auxilio frente al il�cito que perpetrar�an, como lo era tomar 120 cerdos que hab�a en las cocheras, maquinaria y herramientas para el trabajo agr�cola y objetos personales de los retenidos, todo lo cual se lo llevaron en un cami�n de estacas que al lugar arrim�.
Los sujetos hab�an llegado entrando la noche, se quedaron all� hasta aproximadamente las 2:00 a.m. y cuando partieron no liberaron a las personas encerradas, entre las cuales hab�a menores de edad, las que �nicamente pudieron salir en la ma�ana cuando fueron auxiliados por un trabajador que lleg� a la hacienda, luego de lo cual se inform� a las autoridades lo acaecido, comenzando as� las pesquisas que permitieron conocer a trav�s de filmaciones que el cami�n con los cerdos, de placas WHL-241, hab�a pasado por el peaje de Tarapac� y de Cerritos, es decir, que avanzaba hacia el Valle.
Luego de un seguimiento se hall� el cami�n involucrado en un parqueadero de Tulu�, determin�ndose con la investigaci�n que los posibles responsables de las ilicitudes eran Jhon Jairo Romero (alias �Gallotapao�) y ALFREDO MAFLA VELARDE, �ltimo que fue se�alado mediante diligencias de reconocimiento fotogr�fico por varias de las v�ctimas que fueron retenidas en la hacienda, obteni�ndose as� fundamentos para dar lugar al proceso que ahora centra la atenci�n de la Colegiatura.
ACTUACI�N DE INSTANCIA 3.1. Surtido el procedimiento bajo los par�metros contenidos en la Ley 906 de 2004 y luego de hacer efectiva la orden de captura, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Neira, Caldas, en funci�n de control de garant�as, el d�a 17 de febrero 2011 se adelant� audiencia de formulaci�n de imputaci�n, en la cual al se�or MAFLA VELARDE se le endilgaron las conductas punibles de secuestro simple, tambi�n agravado por perpetrarse contra menores de edad, hurto calificado agravado dada la violencia sobre las personas y la coparticipaci�n criminal, y porte ilegal de armas; delitos consagrados en los art�culos 168, 170 (num. 1�), 240, 241 (num. 10�) y 365 del C�digo Penal, frente a los cuales el imputado se declar� inocente. 3.2.
Culminada la etapa de investigaci�n, ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, el d�a 30 de marzo de 2011 se celebr� la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, en la que la Agencia Fiscal atribuy� definitivamente responsabilidad al encartado por las conductas punibles atentatorias de la Libertad, del Patrimonio Econ�mico y de la Seguridad P�blica atr�s referidas. 3.3.
A continuaci�n, el d�a 13 de junio de 2011, se desarroll� la audiencia preparatoria, en la que se solicitaron y decretaron las pruebas a practicar en el juicio oral que se surti� en varias sesiones y culmin� el d�a 23 de febrero de 2012 con un sentido del fallo condenatorio. LA SENTENCIA Surtidas todas las fases procesales, el d�a 15 de marzo de 2012 la nueva Juez dio lectura del fallo que ya hab�a sido proferido y firmado el d�a 8 del mismo mes y a�o por el Juez saliente, quien conden� al procesado a las penas principales de 23 a�os de prisi�n y multa por 1066,66 smlmv, al determinarlo coautor de los delitos de Secuestro simple y agravado, Hurto calificado agravado y Porte ilegal de armas de fuego, sin que concediera subrogados o suced�neos punitivos.
Para respaldar tal decisi�n, inicialmente se pronunci� el Juzgador acerca de la existencia de los tres delitos endilgados, exponiendo: (i) que el hurto calificado agravado estaba demostrado por todos aquellos que testificaron y, al encontrarse en el lugar de los hechos, relataron que varios hombres (coparticipaci�n) llegaron a la hacienda y mediante intimidaci�n (violencia) se apoderaron de 120 porcinos y otros objetos;
(ii) que el secuestro se demostr� al conocerse que un grupo de personas, entre las que hab�a menores (agravante), fueron retenidas, no de forma moderada para lograr el hurto, sino por un lapso considerable en el que no pudieron disponer de su libertad; (iii) y como quiera que todo ello fue realizado con armas con las que precisamente intimidaron, estaba acreditado el Porte ilegal de armas, las que se deduc�an reales y no de juguete, porque atendiendo la experiencia, para un il�cito tan relevante en el que pueden darse acciones defensivas, no se iniciar�a la operaci�n il�cita sin armamento, s�lo con imitaciones.
Acerca de la Responsabilidad del acusado, esboz� el Juez que, pese a que el procesado aleg� haber participado en los hechos s�lo como conductor contratado, es decir, sin conocimiento de que se estaba cometiendo un delito, no era dable otorgarle cr�dito, pues su localizaci�n no se produjo por azar, sino merced a un seguimiento de pistas que iban conduciendo hacia responsables del hurto, descubri�ndose al final que MAFLA VELARDE hab�a sido capturado d�as despu�s por transportar un ganado de il�cita procedencia, elemento que se consider� incriminatorio, pues no resultaba usual que en tan corto tiempo por simple coincidencia y mala fortuna una persona resulte comprometida en dos hechos delictuosos de similar naturaleza.
En todo caso, la base para la condena fue el se�alamiento que algunas v�ctimas del il�cito hicieron del procesado como uno de los asaltantes, sin que fuera dable pensar que todos los testigos incurrieron en error, sino que deb�a atend�rseles cuando expresaron que ALFREDO MAFLA particip� activamente de cada una de las conductas punibles. LA APELACI�N Una vez notificadas las partes actuantes de la decisi�n en estrados, se les dio la posibilidad de interponer el recurso de apelaci�n contra ella, siendo desde la Unidad de Defensa que se hizo uso de dicha prerrogativa. 5.1.
De una parte, el se�or ALFREDO MAFLA VELARDE present� escrito con el cual reiter� su versi�n de lo acontecido, exponiendo que el 20 de noviembre de 2009 fue contratado por Jhon Jairo Romero para llevar un flete hacia �La Manuela�, lugar en el que lo esperar�a el due�o de la carga y al que lleg� muy tarde [11:30 am] porque se var� en la v�a y s�lo pudo retomar su marcha aproximadamente dos horas despu�s, siendo en ese punto conducido por el contratista por carretera destapada hacia una finca que estaba muy oscura -supuestamente por el da�o de un transformador- en la que recogi� 45 lechones que llev� hacia Tulu�, municipio al que lleg� en la madrugada, recogiendo all� a Jhon Jairo Romero, quien lo relev� en el manejo del cami�n para seguir hacia Cali, destino final de los animales, recibiendo $100.000 como pago del viaje en el que se aprovecharon de su ingenuidad.
En esa medida procedi� el procesado a reclamar que su testimonio ��nico� fuera cre�do y no desestimado por los se�alamientos de unas personas que dejaron entrever que no observaron las caracter�sticas de los delincuentes y por ello se contradijeron en la vista p�blica. 5.2. El Defensor, por su parte, desarroll� varios pedimentos: (i) inicialmente solicit� la nulidad de lo actuado a partir del juicio oral, (ii) tambi�n reclam� la absoluci�n de su prohijado y, de forma subsidiaria, (iii) en el evento que se le condenara, plante� que lo fuera como c�mplice pero �nicamente respecto al delito de Hurto calificado agravado.
Para sustentar la nulidad por violaci�n al debido proceso, plante� el Censor que se estaba ante una vulneraci�n de los principios de inmediaci�n y concentraci�n, porque el Juez que conoci� del debate p�blico y quien emiti� el sentido del fallo no fue el que dio lectura a la sentencia, pese a que la firm�, sino otra funcionaria nueva que no ten�a competencia para darle publicidad a un fallo, pues no existe delegaci�n para tal fin.
Respecto a la no responsabilidad del se�or ALFREDO MAFLA VELARDE, cr�tic� el Abogado apelante el cr�dito otorgado a los testigos que lo se�alaron como uno de los asaltantes, arguyendo que Libardo Jaramillo no tuvo la posibilidad de observar las caracter�sticas de ellos; que Sonia Luc�a Garc�a nunca aport� informaci�n al respecto, siendo extra�o que 27 meses despu�s tuviera la claridad mental para recordar el rostro del procesado; que Edilmer Bueno lleg� muy tarde y en medio de la oscuridad por lo que pudo equivocarse en la identificaci�n de los captores, y que Juan Carlos Carmona admiti� que el procesado no era al que le dec�an �el comandante�, es decir, no lo observ� en el acontecer il�cito, pese a que tuvo contacto con todos los asaltantes, pues lo tra�an de un lado a otro.
En correspondencia con lo anterior asever� el Impugnante que la versi�n del procesado era veros�mil, m�s a�n cuando se cont� con informaci�n conforme a la cual, el transporte de cerdos deb�a hacerse en la noche para que no se presentase, debido al estr�s, muerte s�bita, siendo as� como su proceder fue de buena fe al prestar los servicios de conductor.
En esa medida reclam� la absoluci�n y, en un segundo plano, plante� que la responsabilidad por el delito de secuestro era inexistente, ya que la retenci�n es elemento de la violencia del hurto, mas no delito aut�nomo. A continuaci�n reprob� lo atinente a la prueba de la minor�a de edad de algunas v�ctimas, y dada la recuperaci�n de la libertad esboz� que habr�a lugar a la circunstancia atenuante del art. 171 del C.P. por ser las v�ctimas dejadas en libertad horas despu�s de la retenci�n. 5.3.
Sustentadas las apelaciones, se corri� traslado a los sujetos no recurrentes, espacio procesal en el que la Representante del Ministerio P�blico intervino, solicitando la nulidad de la lectura de sentencia, pues para tal diligencia no fue citada, ni siquiera de manera informal o verbal, no garantiz�ndose as� su asistencia. En lo que ata�e a la Apelaci�n, frente a la declaratoria de nulidad solicitada por la Defensa adujo que no se estaba ante la vulneraci�n del principio de inmediaci�n y concentraci�n, sino ante una ilegalidad por la indebida delegaci�n de la lectura de la sentencia que debe suscribir el Juez titular para el momento de la lectura, mientras que frente a la valoraci�n de la prueba adujo que no advert�a error, siendo as� como la responsabilidad de MAFLA VELARDE fulguraba de la contundencia de los se�alamientos hechos en la vista p�blica, los que no perd�an valor por el testimonio exculpatorio ofrecido por �l mismo.
CONSIDERACIONES De los presupuestos f�cticos que enmarcan el presente proceso, de la sentencia confutada y de los motivos de disenso propuestos, encuentra la Sala que en esta oportunidad, a efectos de desatar la alzada, se encuentra convocada a: (i) Verificar si al momento de darse lectura a la sentencia se present� una vulneraci�n de las garant�as del procesado, partes o intervinientes que haga necesario retrotraer lo actuado.
Y de no prosperar los pedimentos anulatorios desarrollados por el Defensor y el Ministerio P�blico (ii) deber� realizarse por parte de la Sala una nueva estimaci�n de la cauda probatoria, que permita elucidar, de forma concreta, cu�l de las dos versiones surgidas en este proceso se corresponde con lo realmente ocurrido. 6.1. De las solicitudes de nulidad. 6.1.1.
Los supuestos de hecho que enmarcan la solicitud del Defensor se contraen a que la sentencia de primer nivel aparece proferida el d�a 8 de marzo de 2013 y suscrita por el Juez que para tal data era el titular del Juzgado de conocimiento, siendo le�da -notificada en estrados- el d�a 15 del mismo mes y a�o por la funcionaria que asumi� el cargo de Juez, pero no la suscribi�.
Pues bien, tanto el Ministerio P�blico como la Defensa han tildado tal situaci�n como una indebida delegaci�n, y para esta Sala, en verdad, tal aserci�n no goza de rigor legal, pues en la actual sistem�tica penal se tiene que el proferimiento y lectura de la sentencia son actos �ntimamente ligados que, dada su naturaleza, se desarrollan en una misma data, siendo as� como en primera instancia �no as� en segunda- s�lo existe fallo cuando ha sido publicitado.
En efecto, cuando se emite el sentido del fallo se establece una fecha para que el fallo sea puesto en conocimiento, siendo dentro de un procedimiento oral entendible que es con este acto que se le da nacimiento a lo decidido, m�s no antes, torn�ndose pues irregular en principio que se profiera y firme la sentencia y con posterioridad sea le�da, m�xime si ello ocurre por un nuevo funcionario que, ot�rguese la raz�n, no es delegado de su predecesor, sino verdadero funcionario judicial vinculado a las decisiones que luego de su posesi�n se profieren.
En esa medida, se perfila que s� se present� en esta oportunidad un evento inusual y, adem�s, irregular, resultando ahora necesario cuestionarse si se trata de una de aquellas anomal�as que desdibujan el procesamiento en claro desmedro de derechos fundamentales de los actores del proceso. Para la Sala tal contingencia de orden procesal no pasa de ser un defecto que, dada su incidencia �nicamente sobre el rito, no tiene la trascendencia suficiente como para ocasionar la nulidad del juicio oral en su integridad, siendo al contrario grave en forma suma que por el cambio de juez, un juzgamiento ya surtido y decidido de fondo, pendiente exclusivamente de un acto formal de comunicaci�n, hubiese sido repetido para que la nueva juez se pusiera al tanto.
Se pasa a explicar. Para comenzar sea del caso se�alar que el Defensor hizo alusi�n a la vulneraci�n del principio de concentraci�n e inmediaci�n, pero contrario a tal argumento, la Sala discurre que, estando tales principios dirigidos a que el Juzgador ante quien se practican las pruebas sea el mismo que adopte la decisi�n de fondo, en esta oportunidad no se present� tal eventualidad procesal, puesto que fue el mismo funcionario que instal� la audiencia de juicio oral, escuch� la teor�a del caso, estuvo en toda la pr�ctica de pruebas -que �l mismo decret�-, atendi� los alegatos de clausura, el que adopt� una decisi�n de fondo, emitiendo un sentido del fallo que, palmariamente, se constituye en el acto de definici�n de la responsabilidad del enjuiciado, ajust�ndose tal acontecer a la teleolog�a del principio de inmediaci�n, cual es, salvaguardar que quien define la situaci�n jur�dica del encartado sea el mismo que conoci� en su integridad las pruebas.
Siendo as� las cosas, cuando el Juez saliente que conoci� de todo el juzgamiento del se�or ALFREDO MAFLA VELARDE y lo declar� responsable, opt� por dejar realizada y suscrita la sentencia, antes que lacerar el principio de inmediaci�n, adopt� una determinaci�n que quiso optimizar el aludido principio, para que el fallo no fuese proferido por quien no conoci� del juzgamiento.
Ante lo dicho, no puede considerarse la irregularidad aqu� ocurrida transgresora de los principios aludidos por la Defensa, debiendo decir adem�s en este punto que tampoco se halla una vulneraci�n de derechos fundamentales de un procesado que ya ten�a definida su situaci�n por quien atendi� las pruebas directamente; es decir, para el momento del cambio del juez ya ten�a certidumbre del sentido del fallo y, m�s all� de haber observado a una nueva funcionaria, ninguna determinaci�n novedosa sobre su caso ocurri�; no hubo traumatismos que tiraran por la borda sus derechos fundamentales.
Y si bien se desconoci� que el Art. 447 de la Ley 906 de 2004 dispone que el Juez de la causa fijar� fecha para realizar la audiencia para proferir sentencia, mas no para dar lectura a la ya proferida, hemos de concluir que la determinaci�n del funcionario saliente, para el caso concreto, result� razonable y admisible en consecuencia, puesto que para el d�a en que fij� inicialmente la audiencia, el Defensor no se present� y, por consiguiente, deb�a reprogramarse para una fecha posterior en la que ya �l no se encontrar�a, coligiendo acertado dejar dictada la sentencia y pendiente de notificaci�n, para que su sucesora no tuviera que repetir el juicio o tuviese que valorar las pruebas de unos registros de audio-v�deo.
Ciertamente el ideal es que sea el mismo funcionario ante quien se radica el escrito de acusaci�n el que dicte la sentencia de instancia, pero ello ser�a desconocer que los procesos no son tr�mites perfectos o ideales, sino que siempre est�n sometidos a avatares y dificultades, siendo as� como no puede echarse mano al rigor ciego de la ley para salvaguardar el rito, sino que ser� tambi�n importante que las determinaciones que al interior del procesamiento se adopten, tengan por norte amparar los derechos del procesado, partes, intervinientes y la sociedad, todos los cuales no se consideran hayan sido defraudados aqu� por una sentencia en la que no coinciden la fecha de proferimiento y de su lectura.
Se repite que ello es inusual e irregular, pero no alcanza un �mbito de afectaci�n como si lo ser�a que, desconociendo los tambi�n importantes principios de celeridad y econom�a procesal, todo lo actuado se tirara a la basura y, pese a que exist�a un juicio oral culminado del cual ya hab�a tambi�n un proyecto de sentencia �nicamente pendiente de notificaci�n [y que es razonable que para antes de su notificaci�n ya se encuentre desarrollado], se repitiera un nuevo juzgamiento, sometido al alea de que los testigos se encontraran y concurrieran.
De esta manera la solicitud de nulidad deprecada por el Defensor del se�or MAFLA VELARDE est� llamada al fracaso, no por inexistencia de una irregularidad, pues ella s� se constat�, sino por no poseer la entidad suficiente para generar la nulidad, remedio procesal extremo que en este caso resultar�a m�s pernicioso y, h�gase hincapi�, est� regido por el principio de trascendencia, que en esta oportunidad se convierte en l�mite para no retrotraer un proceso transparente en el que una situaci�n administrativa [cambio de juez] alter� el rigor del procesamiento pero no lacer� los derechos de quienes en �l participan. �La declaratoria de nulidad es sin lugar a dudas una medida de excepcional car�cter, de may�scula trascendencia en el proceso judicial, teniendo en cuenta que la anulaci�n es el mayor castigo a la actuaci�n, tanto que obliga a rehacerla; luego, una determinaci�n de dicha magnitud s�lo procede cuando la irregularidad que se detecta afecta realmente garant�as de los sujetos procesales, ora porque se desconocen las bases fundamentales del debido proceso (instrucci�n � juzgamiento) ya porque se desconocen garant�as defensivas.
Principio de trascendencia. �Por lo dem�s, cuando se detecten irregularidades nimias (porque no se libr� una comunicaci�n, porque no se surti� una notificaci�n), no obstante advertir �concluir- que el interviniente conoce la decisi�n, la imputaci�n, la existencia del proceso y la trascendencia del debate as� como sus derechos como sujeto procesal, el principio que en t�rminos generales orienta el adelantamiento del tr�mite es el de convalidaci�n (la rectificaci�n del yerro) en la medida que hacer las correcciones a la ritualidad �con respecto de las garant�as de parte- propicia el buen desarrollo de los procesos, las intervenciones judiciales, la eficacia y la eficiencia de la Administraci�n de Justicia�. 6.1.2.
Lo �ltimo que viene de exponerse, sirve ahora tambi�n para impedir la anulaci�n del proceso desde la audiencia de lectura de sentencia, por la falta de notificaci�n del Ministerio P�blico para que asistiera a tal diligencia. Y no se arribar� a tal conclusi�n, porque la participaci�n del Ministerio P�blico sea irrelevante o insignificante al momento de notificarse la sentencia, pues al contrario, es de suma trascendencia que como garante de los derechos de la sociedad e interesado en las resultas del proceso, se salvaguarden plenamente sus facultades impugnatorias; sino que para el caso concreto, se considera m�s lesivo retrotraer lo actuado, que continuar con el proferimiento de la decisi�n de segundo nivel.
Para arrimar a la anterior conclusi�n, vale comenzar diciendo que del infolio se abstrae que a la Representante de la sociedad la notificaron de la audiencia de lectura de sentencia que estaba programada para el d�a 8 de marzo de 2013, pero efectivamente no se observa constancia alguna de la citaci�n para la audiencia reprogramada que se realiz� el d�a 15 del mismo mes y a�o, por lo que, sin necesidad de rodeos, debe concluirse que se present� una anomal�a que afect� los derechos que como Ministerio P�blico ten�a la representante de este caso.
En verdad, por disposici�n legal [art. 111 C.P.P.] tal interviniente tiene la facultad/deber de participar activamente en el proceso para que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la justicia, as� como que sean respetuosas de los derechos fundamentales, todo lo cual lo puede lograr, entre otras, con la interposici�n del recurso de apelaci�n frente al fallo de instancia, actividad que se le cercenar�a si no se le cita a la audiencia establecida para tales efectos.
Y ello ocurri� en esta oportunidad, por lo que la Sala considera que, de haberse conocido la intenci�n del Ministerio P�blico en apelar la sentencia, se ver�a obligada a retrotraer el proceso en el que esta prerrogativa se le hubiese cercenado; empero, no era tal el prop�sito de la Representante de la sociedad, por lo que finalmente, m�s all� del cercenamiento formal de una facultad, materialmente no se present� una transgresi�n que dejara en vilo los intereses de la sociedad.
Es decir, si la Representante no hubiese asistido a la audiencia en que ten�a el prop�sito de recurrir el fallo, a no dudarlo, esta Sala encontrar�a clara la irregularidad necesitada de remedio; pero contrario a ello, desde la audiencia en la que se culmin� el juicio oral se conoci� que lo decidido por el Juez se correspond�a con lo que el Ministerio P�blico en sus alegatos de clausura deprec�, siendo as� como qued� en evidencia que no hab�a voluntad impugnatoria de parte de este interviniente y, bajo este supuesto, su no asistencia a la audiencia celebrada el 15 de marzo de 2013, m�s all� de encarnar un defecto procesal, por fortuna, finalmente no ocasion� mayores traumatismos.
Traumatismo que s� se generar�a si luego de haberse surtido por completo el proceso en primera instancia y estar pendiente, por considerable lapso, de la decisi�n de segunda instancia, se retrotrajera para que se realice una audiencia de lectura de sentencia en la que se cuente con la presencia de quien no tiene inter�s en apelar y, por consiguiente, poca actividad desplegar�a en la diligencia, fungiendo s�lo como no recurrente.
No recurrente que tiene su espacio de pronunciamiento luego de que ha sido sustentado el recurso de apelaci�n por parte de los impugnantes, posibilidad que s� tuvo a plenitud aqu� la Representante del Ministerio P�blico, como en efecto lo hizo a trav�s de escrito en el que deprec� la nulidad que ahora se niega y con el que reclam� la confirmaci�n del fallo de instancia. As� las cosas, huelga concluir que con este prove�do no se est� menospreciando la participaci�n del Ministerio P�blico en la audiencia de lectura de sentencia, ni se est� avalando que se le vede su derecho a apelar el fallo de instancia, pero analizando las particularidades del caso y en un juicio de ponderaci�n, se colige que ser�a m�s pernicioso repetir la lectura de la sentencia que convalidar el tr�mite surtido, pues tal interviniente no ten�a en sus planes interponer recurso de apelaci�n, sino pronunciarse como no recurrente, como efectivamente lo hizo, sin que materialmente entonces quedasen afectadas sus prerrogativas. 6.2.
Valoraci�n probatoria. Superados las anteriores discusiones de orden procesal, sin que se acceda al decreto de nulidad, resulta oportuno entonces adentrarse a la nueva estimaci�n de la cauda probatoria que atr�s se hab�a anunciado, partiendo de la base que en el presente asunto dos fueron las versiones de lo ocurrido que fulguraron: De un lado, la propuesta por la Fiscal�a, como fue que entre los hombres que entraron con armas a la hacienda a retener a los moradores y tomar los cerdos de las cocheras, se encontraba el se�or ALFREDO MAFLA VELARDE; y de otra parte, la propuesta por la Unidad de Defensa, seg�n la cual, �l s� estuvo en el lugar de los acontecimientos, pero sin tener conocimiento de la procedencia il�cita de los semovientes que sub�a al cami�n en el que se movilizaba, actividad para la cual lo contrataron abusando de su ingenuidad. 6.2.1.
Sin lugar a dudas en esta oportunidad se tienen los dichos encontrados o contrapuestos de varias de las personas que vivieron el flagelo del il�cito frente a los del procesado, sujeto que, ciertamente, ten�a un claro inter�s en defenderse de las acusaciones lanzadas y lograr salir airoso de este proceso, sin perder su libertad. Lo anterior para decir en un primer momento que, sin adentrarse al contenido de las diferentes deponencias, en abstracto nos encontramos con el testimonio de varias personas a las que no les asiste inter�s alguno -conocido o inferido- para faltar a la verdad, entendi�ndose sus palabras como expresi�n de una fat�dica realidad que experimentaron y acerca de la cual no ten�an la necesidad de formular falsos se�alamientos.
Lo que no puede predicarse del se�or ALFREDO MAFLA VELARDE, pues su presencia en el lugar de los acontecimientos y su vinculaci�n al proceso como coautor de los il�citos, lo colocan en una situaci�n compleja y espinosa en la que est� en juego su libertad y que, por tal, torna entendible que, posiblemente, haya buscado salir airoso a trav�s de una versi�n exculpatoria falaz.
Aunque debe se�alarse que el procesado haya faltado a la verdad no es una conclusi�n absoluta a la que se llegue de forma a priori, sino que requiere de un juicioso an�lisis de sus palabras bajo los criterios del art�culo 404 del C.P.P., porque tambi�n pudo estar diciendo la verdad. As�, las palabras del encartado requieren ser examinadas, pero siempre teniendo presente que su especial posici�n en el proceso le asigna un clar�simo inter�s para adulterar la realidad de lo acaecido.
Y analizadas las palabras del se�or ALFREDO MAFLA, en correspondencia con los se�alamientos de los testigos de cargo, se concluye que ello fue lo que ocurri�: la narraci�n que ofreci� fue producto de su inter�s de lograr un fallo absolutorio. Se pasa a exponer. 6.2.2. De todas las personas que por estrados desfilaron, cuatro de ellas fueron v�ctimas del il�cito, es decir, estuvieron en la hacienda a la que llegaron los delincuentes y tuvieron la oportunidad de tener contacto con todos o algunos de ellos, hasta cuando fueron encerrados en la habitaci�n de la que fueron retirados ya en la ma�ana, cuando aquellos hab�an partido con el bot�n. Tal cuarteto de v�ctimas fue claro en se�alar que si bien los delincuentes utilizaban gorras e intentaban no dar la cara directamente, no hab�a obst�culo alguno para observar sus rostros, siendo as� como las condiciones estaban dadas para que hubiese un contacto directo que permitiese guardar en la memoria las caracter�sticas morfol�gicas de quienes desplegaban el il�cito.
Fue por lo anterior que los testigos dijeron, sin vacilar en momento alguno, que se encontraban habilitados para reconocer a algunos de los sujetos que los intimidaron y encerraron, tal como lo hicieron Libardo Antonio Jaramillo, Sonia Luc�a Garc�a y Edimer Bueno Trejos. El primero de los testigos adujo que al sitio en el que se encontraba llegaron 4 hombres y, sin problema alguno, se�al� que la persona que ocupaba el banquillo del acusado era una de las que fueron hasta el establo, le indic� que era de las ��guilas Negras�, lo retuvo y con posterioridad lo llev� hacia la casa principal en la que fue encerrado con los dem�s. En efecto, con su testimonio expres� que vio a dos personas de piel blanca, mientras que las otras dos eran morenas, siendo una de ellas el procesado, sujeto al que ya hab�a tenido la oportunidad de reconocer en �lbum fotogr�fico y una vez m�s lo hac�a en la audiencia en la que lo tuvo a escasos metros, como igualmente lo hab�a tenido la noche de los hechos, pudi�ndolo identificar como a la persona que le dec�an comandante.
Ahora, la testigo Sonia Luc�a Garc�a, expres� que a su lugar de residencia llegaron cuatro sujetos, entre los que hab�a dos blancos y otros dos morenos, exponiendo en juicio oral que el procesado era uno de ellos, trat�ndose de quien cuidaba que no se fueran a escapar, pudi�ndolo tener cerca por considerable tiempo antes de que fuera llevada a la casa principal para ser encerrada.
As�, no se trata de una testigo que haya estado impedida para avizorar a los asaltantes, sino que, dadas las circunstancias, al contrario tuvo plena posibilidad de observarlos por no corto tiempo, pues hasta le ordenaron cocinar, siendo as� como le resultaba dable concluir que las caracter�sticas f�sicas de ALFREDO MAFLA eran las mismas de uno de los delincuentes.
En esa medida debe concluirse que el procesado era uno de los sujetos que la testigo avist� en la hacienda perpetrando el il�cito, no pudi�ndose considerar que pudo haber un defecto o equ�voco en su percepci�n, pues a MAFLA VELARDE lo vio no de forma r�pida o difusa, sino que lo tuvo en su residencia por varios minutos, fue el que orden� que la moto fuera prendida y lo tuvo tan cerca que pudo abstraer que era el m�s altanero de los asaltantes.
De ah� que dijese que al procesado lo recuerda �como el m�s asado� de todos los que los abordaron. Nada de ello puede derruirse por el hecho de que la testigo Sonia no haya ofrecido entrevista o hubiese realizado un reconocimiento fotogr�fico con anterioridad, pues la ausencia de estas diligencias no significa que no recordara antes a los asaltantes pero para el momento del juicio s�.
La Sala considera que siempre lo tuvo presente pero no se le cit� al reconocimiento en fotograf�as, siendo la vista p�blica la oportunidad en la que se le escuch�, pudi�ndose avistar gran seguridad en su se�alamiento. A continuaci�n, se acerc� a estrados Edilmer Bueno Trejos, sujeto que, en correspondencia con los anteriores dos testigos, se�al� en audiencia al procesado como el sujeto alto, moreno y grueso que vio el d�a de los hechos y al que el otro moreno le dec�a �Comandante�, lo cual se corresponde plenamente con la diligencia de reconocimiento fotogr�fico en que indic� la fotograf�a de quien reconoci�, correspondi�ndose con la del procesado ALFREDO MAFLA VELARDE.
Procesado que, en sana l�gica, no puede creerse que anduvo por la hacienda siempre auspiciado por la oscuridad, sino que estuvo en espacios iluminados en los que las v�ctimas lo pudieron avistar, tal como ocurri� con los anteriores tres testigos referidos, quienes admitieron que por los nervios no detallaron a los asaltantes, pero que fueron enf�ticos al decir que por los lugares y el tiempo que estuvieron con ellos s� pudieron observar a algunos, entre los que estaba el m�s sobresaliente, esto es, al Comandante.
Finalmente, el cuarto de los testigos directo de los hechos que declar� fue el se�or Juan Carlos Carmona Sep�lveda, quien no reconoci� al procesado como alguno de los asaltantes, pero inform� que fue abordado por aproximadamente 7 sujetos, entre los cuales hab�a dos morenos, de contextura gruesa, altos y eran los de mayor edad, siendo los dem�s m�s j�venes y blancos.
De lo anterior se desprende que este testigo tambi�n ratific� la presencia de dos personas de color de piel morena, pero no hizo un se�alamiento del se�or MAFLA VELARDE, lo que puede explicarse porque se conoci� que, aunque vio a todos los integrantes de la banda en conjunto cuando fue abordado en la cochera, instantes despu�s los dos morenos y otros siguieron su camino para abordar a los dem�s trabajadores, quedando �l bajo el cuidado de dos de los sujetos blancos, entre los que no estaba el procesado.
Se sabe que el testigo al ser abordado por varios hombres armados debi� quedar presa de los nervios, como �l mismo lo admiti�, raz�n por la que no repar� a ninguno en particular, siendo as� como no pudo dar cuenta de las caracter�sticas de todos los delincuentes y, en consecuencia, s�lo qued� recordando a quienes lo custodiaron por largo tiempo, no as� a los que vio por escaso lapso, porque se dirigieron a otros lugares de la finca.
Y es por lo anterior entonces que al ser confrontado Juan Carlos Carmona para que indicara si el procesado era uno de los sujetos implicados en el il�cito, no lo hiciera, pero sin que tampoco lo negara, aseverando que s� lo ve�a parecido a uno de los sujetos morenos, pero que no se atrev�a a asegurarlo. En efecto, dijo tal testigo en juicio: �es que yo con el comandante y el otro no estuve mucho tiempo� yo reconozco bien a los dos con los que estuve��.
As� pues, cuatro fueron las v�ctimas que se escucharon en juicio, teniendo que una de ellas consider� al procesado semejante a uno de los 7 sujetos que lo abordaron, teniendo la seriedad para abstenerse de asegurarlo, como s� lo hicieron los restantes tres testigos que, habiendo tenido contacto directo con los dos morenos que daban las �rdenes, no dudaron en se�alar en juicio a la persona que ocupaba el banquillo de acusado como uno de los autores de las conductas punibles, siendo contundentes al apuntar que era el que llamaban �comandante�.
Tales asertos son di�fanos e inmaculados, no pudiendo avalarse que todos ellos tuvieron una percepci�n errada y, menos a�n, que producto de tal error terminaron se�alando a la misma persona que, curiosamente, se conoci� estuvo en el lugar de los hechos. Tal suerte de coincidencias y errores propuestos defensivamente escapan a la l�gica y, en esa medida, lo que debe concluirse es que estamos ante unos testigos serios que nunca se contradijeron, ni en juicio ni en la diligencia de reconocimiento fotogr�fico.
Reconocimiento en fotograf�as que, valga acotar, no se hac�a respecto de una persona de la que los testigos ya tuviesen un conocimiento previo, pues en estos casos el se�alamiento pierde valor, sino que lo hac�an de un sujeto al que �nicamente hab�an avistado el d�a de los hechos. Aspecto que tambi�n se torna relevante para ratificar que no exist�an motivos para una falsa inculpaci�n. �C�mo soslayar el claro y an�logo se�alamiento de tres personas? Ello no puede convenirse y, a partir de tal contundencia probatoria, debe colegirse que ALFREDO MAFLA VELARDE s� era uno de los integrantes del grupo delincuencial que particip� activamente en la perpetraci�n del il�cito; es m�s, todo apunta a que tuvo una intervenci�n protag�nica, puesto que era llamado �Comandante�, siendo el encargado de dar �rdenes a los dem�s, todo lo cual fue percibido por aquellas v�ctimas que tambi�n tuvieron la posibilidad de avistar sus rasgos f�sicos.
Siendo tambi�n relevante tener presente que precisamente la persona se�alada por los testigos, d�as despu�s de este evento delictual, nuevamente transportaba unas reces que tambi�n hab�an sido hurtadas, otro aspecto que jug� y juega en disfavor de su inocencia, puesto que de esta manera, nos encontramos ante un sujeto m�ltiplemente se�alado que no estaba al margen de ilicitudes de tal jaez, sin que pueda llegarse a la forzada conclusi�n -en correspondencia con el a quo- conforme a la cual el procesado hab�a tenido la mala fortuna de haber sido casi coet�neamente utilizado para llevar a cabo dos hurtos de animales. 6.2.3.
Otorg�ndole, pues, valor suasorio a los se�alamientos de los testigos aludidos, queda comprometida la inocencia del se�or ALFREDO MAFLA VELARDE, quien ante la contundencia de las pruebas que se�alaban que estuvo en el lugar de los hechos, viaj� en el veh�culo con los cerdos hurtados y estuvo en los sitios en los que �stos fueron entregados, debi� forjar una coartada que no negase tan claros supuestos.
Fue as� como propuso que era un conductor desprevenido que fue contratado para realizar el transporte de los semovientes, sin tener conocimiento alguno acerca del hecho de que provinieran de un obrar il�cito, versi�n que, adem�s de estar carente de respaldo probatorio, proviniendo �nicamente de la persona urgida de defender su inocencia, presenta serios baches que le restan cualquier credibilidad que pudiera otorg�rsele.
Y en verdad debe reconocerse que la narrativa del procesado es hilada y plantea una hip�tesis plausible, como es haber sido enga�ado para realizar un viaje, pero ello no puede ser respaldado por la Sala bajo las circunstancias que rodean el presente asunto. Lo anterior por cuanto resulta extra�o que una persona que supuestamente se dedica al transporte emprenda un viaje sin un itinerario claro, yendo hacia un lugar en el que habr� de encontrarse con un desconocido con el que no tiene contacto previo alguno, sujeto del que en juicio no aport� dato distinto a que se le present� como �To�o�; siendo igualmente extra�o que llegue hasta una hacienda en la que varios sujetos que no pertenecen a la hacienda est�n tomando 120 cerdos a media noche, bajo la luz de linternas, y no sospecha lo irregular de la carga y, por el contrario, cree que es un transporte normal, en el que adem�s hay sustracci�n de otros objetos de considerable volumen, como una moto-sierra, una guada�a, varias fumigadoras, una moto-bomba, una pulidora para carpinter�a y otros elementos.
Siendo adem�s dif�cil creer que ALFREDO MAFLA VELARDE, quien ha sido amigo del se�or Jhon Jairo Romero desde hace 13 a�os aproximadamente, fue enga�ado por �ste y sometido a la perpetraci�n de un delito del que no tuvo sospecha en momento alguno, cuando su relaci�n sugiere que m�s bien entre ambos desarrollaron la idea criminal en la que, it�rese, varias v�ctimas imparciales adujeron que el procesado s� estuvo presente, estuvo armado y orquest� lo que en la hacienda ocurri�. 6.2.3.
Como quiera, entonces, que las palabras del procesado no alcanzan a arrasar con la solidez de los se�alamientos de las v�ctimas testigos, deben avalarse tambi�n los hechos tal y como ellos los relataron, esto es, que varios hombres armados ingresaron a la hacienda, llevaron a sus moradores a un cuarto de la casa principal y los encerraron, para luego apoderarse de 120 cerdos que en el lugar hab�an, as� como de otros objetos para las labores del campo y objetos personales.
Frente a esta suerte de acontecimientos, lo primero a se�alar es que de ninguna de las ilicitudes -entre las que se cuenta el hurto- podr�a haber lugar a determinar que el se�or MAFLA VELARDE era c�mplice, pues siendo tal forma de participaci�n propia de quien, por concierto previo, presta una ayuda o cooperaci�n, sin tener poder de decisi�n y dominio sobre el acontecer delictual, en este caso lo que los testigos indicaron fue que al procesado lo denominaban los dem�s asaltantes �comandante�, haci�ndolo con fundamento, pues daba las �rdenes y, en consecuencia, dirig�a el accionar criminal, por lo que se reitera que su papel fue protag�nico y definitorio para el �xito de la empresa criminal, que no ten�a en ALFREDO MAFLA un simple conductor que llevaba los animales de un lugar a otro, sino un verdadero pi��n trascendental para el engranaje delictual.
Ahora bien, el Defensor ha sugerido la inexistencia del delito de secuestro, planteando que la retenci�n de los moradores de la hacienda encuadraba en la violencia propia del hurto, mas no como esencia del delito contra la libertad referido. Sobre el particular habr� de rese�ar la Sala que para que una retenci�n que afecte la libertad de locomoci�n de una persona pueda entenderse como expresi�n de la violencia que califica al delito de hurto, ella deber� limitarse a los actos necesarios para lograr sustraer el objeto mueble y por el tiempo preciso para que ello se logre, porque si la restricci�n de la libertad se extiende y desborda tal margen, deja de ser componente violento de un atentado contra el patrimonio econ�mico, para tornarse en una aut�noma afectaci�n de la garant�a a la libertad personal de quien tambi�n est� perdiendo sus bienes.
En este sentido la corte Suprema de Justicia ha dicho: ��Como el legislador no exige como ingrediente de los tipos penales de secuestro (simple o extorsivo) que la privaci�n de la libertad tenga una duraci�n m�nima determinada, es suficiente que se demuestre que la v�ctima permaneci� efectivamente detenida en contra de su voluntad durante un lapso razonable para entender que los implicados le impidieron desplazarse libremente. �Esa razonabilidad permite distinguir el delito de secuestro del il�cito de hurto calificado por la violencia ejercida sobre las personas, en tanto �ste comporta un contacto con la v�ctima que se retiene por el lapso necesario mientras es despojada de sus efectos personales, pero inmediatamente despu�s puede continuar ejerciendo su derecho de locomoci�n. �Los tiempos posteriores o adicionales al despojo de los bienes que la v�ctima lleva consigo, en que permanezca retenida por obra de los implicados en el delito, ya configuran el delito de secuestro, puesto que implican de suyo un atentado contra la libertad individual, as� esa retenci�n se utilice para asegurar el producto del il�cito inicial o de otro il�cito, o para incrementar el bot�n a trav�s de otro tipo de gestiones, o para facilitar la fuga, o para seguir cometiendo delitos diferentes, como ocurre en el caso del hurto calificado por la violencia cuando se contin�a delinquiendo, utilizando elementos conseguidos con el primer despojo, todo mientras el sujeto pasivo de la delincuencia sigue sin poder moverse a su arbitrio porque la fuerza de los implicados se lo impide�.
Todo lo discurrido resulta plenamente aplicable al caso sub examine, como quiera que el encierro de los moradores de la hacienda no estuvo �ntimamente ligado al acto de apoderamiento de los cerdos y los dem�s objetos, sino que desde que los asaltantes llegaron optaron por restringir la locomoci�n de sus v�ctimas, lo que se mantuvo durante el tiempo en que tomaban los bienes que hurtaron, pero extendi�ndose por m�s tiempo del que estuvieron en la heredad, pues cuando partieron dejaron a�n encerradas a las personas que �nicamente �vieron luz� cuando fueron auxiliados por el trabajador que en la ma�ana lleg�.
As�, desde un comienzo las v�ctimas fueron retenidas y lo estuvieron hasta mucho despu�s de que los asaltantes partieron, lo que hicieron as� para tener un margen amplio de maniobra que les permitiese huir sin que fueran alertadas las autoridades: clara privaci�n de la libertad que buscaba asegurar el �xito en su empresa criminal pero que, por tal forma de presentarse, se desliga del acto de apoderamiento de los semovientes y se convierte en un verdadero atentado a la libertad personal, de quienes no fueron retenidos mientras se materializaba el hurto, sino por un lapso aproximado de 12 horas, quedando a la suerte de que alguien viniera a auxiliarlos.
Y a prop�sito de que los privados de la libertad quedaron a expensas de que alguien los auxiliara, sea este el punto para concluir que entonces no hubo una manifiesta voluntad de los asaltantes dirigida a que los moradores de la hacienda recuperaran su libertad, pues partieron sin viabilizar que �stos pudieran salir del cuarto en el que se hallaban retenidos, �nicamente, gracias a un tercero que por fortuna lleg� en horas de la ma�ana, todo lo cual sirve para ratificar que no era procedente reconocer la circunstancia de atenuaci�n punitiva consagrada en el art�culo 171 del C�digo Penal.
Como s� era dable agravar el delito contra la libertad individual por perpetrarse contra personas menores de edad, pues se conoci� que dentro del cuarto en el que fueron retenidas las v�ctimas, hab�a varios ni�os, siendo algunos de ellos menores de 12 a�os. As�, al igual que se present� la privaci�n de la libertad de personas mayores de edad, configur�ndose el delito de secuestro en su forma simple, tambi�n fueron varios menores de edad encerrados por considerable tiempo, actualiz�ndose adem�s el delito de secuestro agravado.
Y si bien la Defensa ha planteado la ausencia de prueba id�nea de la minor�a de edad de los peque�os, en esta oportunidad debe avalarse la decisi�n del Juez de primer nivel, pues en un sistema probatorio que no se rige por la tarifa legal sino por la libertad probatoria, resulta apto que supuestos de hecho como la minor�a de edad de una persona se acrediten a trav�s de cualquiera de los medios de prueba legalmente establecidos; eso s�, siempre y cuando ellos sean conducentes para tales efectos.
De esta forma, quiz� no se posea el registro civil de nacimiento de una persona, pero podr� acudirse a una experticia para definir su edad aproximada, tal como tambi�n se puede conseguir a trav�s de la prueba testimonial, m�xime cuando -como en este caso- se trata de peque�os que por su escasa edad f�cil se coleg�a que no estaban siquiera cercanos a la mayor�a de edad.
Lo anterior se dice porque distinto ser�a que ante una persona que no se sabe si posee 17 � 18 a�os, se permita definir tan dif�cil disyuntiva con las palabras de alguien que simplemente observ�, pero en este caso, todos los testigos fueron claros al se�alar que en el cuarto en el que se les restringi� la libertad, tambi�n fueron encerrados sus hijos, los que a la vista se advert�a eran menores de edad, muy chicos. �� [E]l legislador no condicion� la demostraci�n de los hechos a la concurrencia de alg�n espec�fico medio de conocimiento, sino que dot� al juez de la facultad de acudir a cualquiera de ellos, bastando con que cuenten con la capacidad demostrativa suficiente para acreditar su existencia, m�s all� de toda duda. �Por ello, aunque la Corte no desconoce que siempre podr�n verificarse hip�tesis en que determinado hecho o circunstancia demande para su demostraci�n de un medio de convicci�n en especial o de la concurrencia de varios de similar naturaleza o complementarios entre s�, ello no comporta que se est� ante un sistema tarifado de prueba. �Opuestamente, lo revelado en eventos como el anterior es que el juzgador se encuentra inexorablemente atado al valor demostrativo que cada medio de convicci�n posee, de forma que las conclusiones a las cuales arribe depender�n, en cada caso, de su aptitud demostrativa en si misma considerada. �En ese orden de ideas, bien puede suceder que el dictamen m�dico legal sea necesario para concluir m�s all� de toda duda si una persona supera o no el l�mite de los 18 a�os de edad, cuando quiera que ofrezca caracter�sticas morfol�gicas compatibles con las de un adulto, o evidencie un desarrollo avanzado de sus �rganos reproductivos. �Pero tambi�n es perfectamente viable que para establecer la minor�a de edad no sea necesario dicho concepto especializado, trat�ndose de personas cuya talla, estructura �sea y grado de evoluci�n de los �rganos reproductivos revelen, a simple vista, que no ha llegado al periodo de la pubertad o que apenas lo inicia, aspectos todos que sin duda pueden ser constatados a trav�s de la simple observaci�n directa de su fisonom�a, enlazada con factores como la ausencia de desarrollo mamario en las mujeres, o el escaso crecimiento del �rgano de la reproducci�n en hombres, o la no presencia de vello p�bico y axilar en unos y otros�. 6.2.4.
Finalmente quiere la Sala acotar que, cuando se auscultan los t�rminos de la acusaci�n y de las alegaciones de clausura de la Fiscal�a, se halla que siempre se habl� del delito de secuestro simple y del secuestro agravado de forma llana, esto es, sin tenerse en cuenta para la atribuci�n de cargos que, al tratarse de varios adultos y, a su vez, tambi�n de varios menores los que perdieron su libertad [ello fue acreditado con la prueba testimonial], se estaba tanto ante un concurso homog�neo de secuestro simple como uno de secuestro agravado, aspecto cardinal que no pod�a soslayarse por su efectiva incidencia para la punibilidad, la que ahora no podr� modificarse en atenci�n a la clara prohibici�n garantista de la no reformatio in pejus.
En otras palabras: pese a que como sustrato f�ctico de la acusaci�n siempre se habl� de m�ltiples adultos y varios ni�os que fueron encerrados en el cuarto de la hacienda, jur�dicamente no se clarific� la existencia de un concurso homog�neo de tales ilicitudes, raz�n por la que finalmente no se tuvo en cuenta tal hecho para declarar la responsabilidad del se�or MAFLA VELARDE, lo que ahora no es susceptible de modificaci�n pero se considera relevante mencionar como un llamado de atenci�n para que haya mayor rigor conceptual que permita que las acusaciones se ajusten a la realidad respaldada en los rudimentos acaudalados.
Allende, respecto a la omisi�n a la que se ha hecho alusi�n, adem�s de tornarse en un dislate grave, criticable al Ente encargado de estructurar la acusaci�n que, pese a plantearlo f�cticamente, aspecto en relaci�n con el cual tampoco determin� el n�mero exacto de personas v�ctimas del secuestro, no hizo una adecuaci�n jur�dica correcta, debe decirse que para su concreci�n tuvo incidencia tambi�n el Juez ante el que se formul� oralmente la acusaci�n, pues en tal escenario, como director del proceso, estaba facultado para reclamar aclaraciones sobre los t�rminos de la atribuci�n definitiva de cargos, como en este asunto era necesario en respeto a la legalidad y honor al valor justicia que, it�rese, no pueden ahora alzaprimarse o ampararse, pues de esta forma se estar�an adoptando correctivos perjudiciales para la situaci�n jur�dica del apelante �nico.
Por todo lo precedentemente discurrido, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES, SALA DE DECISI�N PENAL, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de nulidad invocadas tanto por el Defensor del procesado como por la Representante del Ministerio P�blico, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de este prove�do.
SEGUNDO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el d�a 8 de marzo de 2012 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, Caldas, mediante la cual se conden� al se�or ALFREDO MAFLA VELARDE a las penas principales de 23 a�os de prisi�n y multa equivalente a 1066,66 smlmv, luego de ser hallado responsable del concurso de delitos de Secuestro simple y agravado, Hurto calificado agravado y Fabricaci�n, tr�fico y porte de armas de fuego o municiones que la Fiscal�a le atribuy�.
TERCERO: De acuerdo al art�culo 102 del C�digo de Procedimiento Penal [modificado por la Ley 1395 de 2010] ADVERTIR que una vez adquiera firmeza la presente sentencia condenatoria, dentro del t�rmino de 30 d�as, las v�ctimas del delito podr�n solicitar [ante el Juzgado que conoci� del proceso en primera instancia] la iniciaci�n del INCIDENTE DE REPARACI�N INTEGRAL, con el cual podr�n lograr el resarcimiento de los perjuicios generados con el punible.
CUARTO: Contra la presente decisi�n procede el recurso extraordinario de Casaci�n. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A JOSE FERNANDO REYES CUARTAS Johana Franco Herrera Secretaria. El acta de la audiencia de legalizaci�n de captura, formulaci�n de imputaci�n e imposici�n de medida de aseguramiento se halla a folio 13 del cuaderno principal. El acta de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n se encuentra en los folios 32 y 33 del expediente, mientras que el escrito de acusaci�n se observa de folio 18 a 25. De folio 40 a 44 se encuentra el acta de la audiencia preparatoria. Se dice que en segunda instancia el tr�mite es distinto, en tanto el proferimiento de la sentencia ocurre en sala y es un acto previo a su lectura en audiencia, como no ocurre en primera instancia, escenario en el que luego del anuncio del sentido del fallo se establece una fecha para su proferimiento oral, en audiencia. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia, en decisi�n 38467 del 14 de agosto de 2012 refiri�: �Primera Instancia: En esta fase ocurre una circunstancia particular, que desde ahora se anuncia no es propia de la segunda instancia cuando se resuelve el recurso de apelaci�n, y menos del recurso de casaci�n. En efecto, seg�n se desprende de los art�culos 446 y 447 de la ley 906 de 2004, expuestas las alegaciones finales de las partes en el marco de la audiencia de juzgamiento, la actuaci�n subsiguiente es el anuncio del sentido del fallo, es decir, si ser� de car�cter absolutorio o condenatorio, contra el cual no es dable interponer recurso alguno, porque no constituye a�n la sentencia. Si tal anuncio alude a una condena, se llevar� a cabo la audiencia de individualizaci�n de pena y sentencia, con el �nico prop�sito de que las partes se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales etc, del culpable, no para hacer cuestionamientos al fallo que ha sido anunciado.
Agotado ese paso, el juez se�alar� fecha y hora para proferir la sentencia. Por consiguiente, se entiende que en primera instancia, tr�tese de juez singular o plural, el fallo se profiere en audiencia, luego se corresponde con el acto de lectura que garantiza la publicidad de la decisi�n, momento en el cual las partes decidir�n si interponen o no recurso de apelaci�n, e inmediatamente de manera verbal o dentro de los cinco d�as siguientes lo sustentar�n por escrito.
( Art. 179 ley 906/04 modificado por el art. 90 de la ley 1395/2010). Segunda Instancia: Cuando se trata de juez singular, de acuerdo con el inciso segundo del art�culo 179 ejusdem, modificado por el art�culo 90 de la ley 1395 de 2010, el funcionario resolver� la apelaci�n en el t�rmino de quince d�as y citar� a las partes e intervinientes para lectura de fallo dentro de los diez d�as siguientes a la decisi�n. En los eventos que compete decidir a un juez colegiado, caso concreto que ocupa la atenci�n de la Sala y que es objeto del recurso, el inciso final del art�culo mencionado dispone lo siguiente: �� Si la competencia fuera del Tribunal Superior, el magistrado ponente cuenta con diez d�as para registrar proyecto y cinco la Sala para su estudio y decisi�n. El fallo ser� le�do en audiencia en el t�rmino de diez d�as�� Surge entonces que en estos casos, hay dos momentos diferentes: emisi�n de la decisi�n y lectura de la misma.
Si la competencia es de un Tribunal, la Sala observa que a partir del registro del proyecto que corresponde al magistrado ponente, se presentan dos eventos que se destacan por su independencia: (i) la discusi�n y adopci�n de la decisi�n a trav�s de la cual se resuelve el recurso y (ii) la comunicaci�n de la providencia por medio de la lectura de la misma�. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, sentencia de abril 14 de 2010.
M. P., doctor Alfredo G�mez Quintero, Radicaci�n 30960. Corte Suprema de Justicia, sentencia de casaci�n del 25 de mayo de 2006, radicaci�n 20.326. Corte Suprema de Justicia, Providencia 32554 del 7 de septiembre de 2011. P�gina PAGE 1 de NUMPAGES 36 Sistema Acusatorio: 2011-00006-02 ALFREDO MAFLA VELARDE Secuestro Agravado y Otros Confirma Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal 67Kf{���������������ȶ���ȶ�|�|�jWD�%h6-"5�CJOJQJ^JaJmH sH %h�(65�CJOJQJ^JaJmH sH #h�*h�'�5�OJQJ^JmH sH h�I�5�OJQJ^JmH sH h�[E5�OJQJ^JmH sH h�'�OJQJ^JmH sH h�7OJQJ^JmH sH #h�f�h�'�5�OJQJ^JmH sH h�f�h�'�OJQJ^JmH sH %h�'�5�CJOJQJ^JaJmH sH %h�'�5�CJOJQJ^JaJmH sH 67Kf�������� � ����������������$��dh`��a$gd�'�$ &Fdha$gd�'� $dha$gd�* $dha$gd�'�$��dh^��a$gd�'�$dh&dP��a$gd�'� $dha$gd�'����*; g y � � � � � � � � � � � � � ! 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���N Fuente de p�rrafo predeter.Ri���R0Tabla normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin listaD@�D�'� Encabezado ��8!mHsHX�/��X�'�Encabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmHsHtH @�'��Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,texto de nota al pie,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Cha, Car,CarCJaJmHsHX�/��!X�'�0Texto nota pie CarCJOJPJQJ^JaJtH H&`��1H�'��Ref. de nota al pie,Ref,de nota al pie,Texto de nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Footnote number,referencia nota al pie,BVI fnr,fH*,�/��A,�'��Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char Car, Car Car$CJOJPJQJ^JaJmHsHtH T�`��RT�'� Sin espaciado$a$CJ_HaJmH sH tH f�bf �'� Normal 13$� �dh]� `�a$CJOJQJaJmH sH tH $V�/��qV�'� Normal 13 Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH $J �J�'�0 Pie de p�gina ��8!mHsHV�/���V�'�0Pie de p�gina CarCJOJPJQJ^JaJtH b�o���bHwXDefault7$8$H$-B*CJOJ QJ ^J _HaJmH phsH tH H��H ])V0Texto de globoCJOJ QJ aJ`�/���`])V0Texto de globo Car$CJOJ PJQJ ^J aJmH sH tH PK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6_rels/.rels���j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml�M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 8���PK!8#3��theme/theme/theme1.xml�Y]�7}/�?���k�K���I��$�NJ���QV32#y7&J�X(��� ���m 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