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H: 5:30 Manizales, diez (10) de julio de dos mil quince (2015) 1. ASUNTO Resuelve la Corporaci�n la apelaci�n interpuesta por el se�or HERNAN GARCIA GIRALDO frente al auto n� 058 del 19 de enero de 2015, proferido por el Juzgado Primero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, en cuanto dicho prove�do le neg� la rebaja de pena del 10% contemplada en la Ley 975 de 2005, por considerar que el condenado no cumpl�a con los requisitos para su procedencia. 2.
ANTECEDENTES 2.1. El se�or HERNAN GARCIA GIRALDO fue condenado por los delitos de Terrorismo, Hurto Calificado y Agravado, Homicidio en Persona Protegida y Desaparici�n Forzada de Poblaci�n Civil, procesos que han sido rese�ados por el funcionario de ejecuci�n visibles a folio 34 del cuaderno principal, folio 68 y siguientes, y folio 169 y siguientes del cuaderno n�mero 2, cuya transliteraci�n evitar� la Sala en virtud del principio de econom�a procesal. 2.2 Estando en sede de ejecuci�n de penas, el condenado present� solicitud por medio de la cual deprec� se le concediera la rebaja del 10% de la pena impuesta, prevista en el art�culo 70 de la ley 975 de 2005, pues manifest� que es acreedor a dicha diminuente, indicando de manera gen�rica que una de sus condenas est� comprendida dentro del lapso durante el cual estuvo vigente la precitada normativa. 3.
DECISI�N DE PRIMERA INSTANCIA El Juez Primero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, resolvi� negar la solicitud de rebaja del 10% de la pena impuesta al se�or HERNAN GARCIA GIRALDO, contemplada en el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, por considerar que aqu�l no cumpl�a con los requisitos de procedencia para otorgar la disminuci�n, como quiera que, si bien la ejecutoria de uno de los procesos por los cuales fue condenado data del a�o 2004, no reposa constancia en el expediente que d� cuenta de una solicitud elevada dentro de la vigencia de la ley 975 de 2005, siendo esto un requisito de admisibilidad para tal beneficio conforme a la jurisprudencia de las altas cortes y de este Tribunal de Distrito Judicial.
Adicionalmente enfatiz� en que no es propio realizar consideraciones respecto de situaciones personales del petente, como quiera que lo solicitado escapa de la discrecionalidad del juez por estar sometido al cumplimiento y verificaci�n de unos precisos requisitos, m�s cuando lo solicitado fue declarado inexequible desde hace ya tiempo por la Corte Constitucional. 3.
LA IMPUGNACI�N El recurrente se sostuvo en los argumentos aducidos con la solicitud, pues manifest� que s� se encontraba cumpliendo pena por uno de sus procesos antes del 18 de mayo de 2006, raz�n por la cual se encuentra cobijado por la vigencia de la Ley 975 de 2005. Adicionalmente adujo el Censor que la petici�n no hab�a sido realizada con anterioridad dada su condici�n de analfabetismo, como tambi�n por no encontrarse recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de La Dorada, Caldas, para el lapso comprendido entre 25 de julio de 2005 y el 18 de mayo de 2006.
De esta forma solicit� que se revoque la decisi�n de instancia y en su lugar se le reconozca la rebaja de pena pretendida. 4. CONSIDERACIONES 4.1. Como primera medida y consideraci�n m�s importante, se encuentra que las condiciones establecidas para otorgar el beneficio de la rebaja del 10% de la pena en virtud del art�culo 70 de la Ley 975 de 2005 son de orden p�blico, lo que significa que no pueden entrar a debatirse, relativizarse o interpretarse, sino que su aplicaci�n debe darse tal como la misma ley lo ha dispuesto.
As� las cosas, cuando el art�culo 70 de la mencionada norma estableci� que el beneficio ser�a concedido a las personas que estuvieran purgando una pena ejecutoriada al momento de entrar en vigencia la Ley 975 de 2005, claro resulta que no se trata de un requisito ambiguo o debatible, se trata del supuesto de hecho de la norma, en virtud del cual para proceder a conceder la rebaja es requisito sine qua non que la persona estuviera en efecto purgando su sanci�n penal, por una sentencia debidamente ejecutoriada.
No obstante, m�s all� del requisito referido al cumplimiento de la pena derivado de una sentencia ejecutoriada al momento en que se encontraba en vigencia la norma que hoy analizamos, el argumento central estriba en la presentaci�n de la solicitud de rebaja en ese mismo interregno de tiempo, pues tal cuesti�n se erige como otro de los requisitos para la admisibilidad del beneficio debatido seg�n el funcionario de instancia y con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
As� las cosas, el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005 tuvo una corta vigencia, pues s�lo aplic� desde su promulgaci�n el 25 de julio de 2005, hasta la ejecutoria de la declaratoria de inexequibilidad el 22 de julio de 2006, significando esto que, actualmente, la precitada norma se encuentra excluida del ordenamiento jur�dico colombiano, raz�n por la cual no goza de efecto alguno desde aquella �poca.
Se impone entonces establecer si existe la posibilidad de aplicar la rebaja del 10% de la pena impuesta despu�s de la declaratoria de inexequibilidad de la norma y habi�ndose solicitado el beneficio posteriormente, para de esta forma dilucidar la viabilidad de que prosperen los argumentos planteados por el actor, tem�tica que ha sido abordada en repetidas oportunidades por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, siendo necesario atender a las distintas posturas de estas Corporaciones para analizar de manera integral el tratamiento que se le ha dado al problema jur�dico planteado. 4.2.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de ser pac�fica, dista mucho de compadecerse la una con la otra, pues mientras la Guardiana de la Constituci�n establece como requisito de procedibilidad que la rebaja sea solicitada dentro del t�rmino en que tuvo vigencia la Ley 975 de 2005, la cabeza de la Jurisdicci�n Ordinaria es enf�tica en aseverar que lo relevante es la acreditaci�n de los requisitos en aquella vigencia, m�s la solicitud, a�n en la actualidad, puede ser presentada y estudiada por los Jueces de Ejecuci�n de Penas.
En este orden de ideas, de manera preliminar se debe mencionar que la Corte Constitucional, a pesar de la declaratoria de inexequibilidad de la norma analizada, advierte sus posibles efectos cuando por v�a del principio de favorabilidad en materia penal se presentan situaciones en las cuales el condenado cumple con todos los requisitos exigidos por el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, entendiendo esto como el fundamento para no desechar el debate propuesto y contrario a ello analizar de fondo los pormenores a los que se debe acudir en cuanto a la real concesi�n del beneficio, siempre y cuando, al tratarse de un beneficio rogado, se hubiese realizado la solicitud dentro del periodo de vigencia de la norma.
As� lo expres� la Corte Constitucional en Sentencia T-138 de 2011, reiterando el criterio plasmado en la Sentencia T-815 de 2008: �Sobre este mismo punto, la Corte Constitucional, ha se�alado de manera reiterada �que el fen�meno de la inexequibilidad conduce a que la norma jur�dica no pueda seguir produciendo efecto alguno en el mundo jur�dico.
De tal suerte que, en el caso concreto, el condenado que no hubiese solicitado el beneficio de que trata el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, durante el tiempo en que la norma estuvo vigente, esto es, desde el 25 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor de la ley) hasta el 18 de mayo de 2006 (fecha en la cual fue declarado inexequible el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005), no puede en la actualidad solicitar la aplicaci�n de una disposici�n que fue expulsada del ordenamiento jur�dico colombiano. Razonar de manera distinta conducir�a a sostener que, a pesar de lo decidido en sentencia C-370 de 2006, el art�culo 70 de la Ley de Justicia y Paz sigue vigente�. �Si bien se ha alegado que en aplicaci�n del principio de favorabilidad penal, es posible conceder efectos ultractivos a una norma que ha perdido su vigencia, cuando se trata de normas declaradas inexequibles, ha dicho la Corte que es posible la aplicaci�n si las disposiciones expulsadas del ordenamiento jur�dico resultan favorables, cuando durante el tiempo que estuvo vigente la norma se cumple con los supuestos de hecho consagrados por la norma legal. �La aplicaci�n del principio de favorabilidad implica que la declaratoria de inexequibilidad de una norma que haga la Corte Constitucional no impide que la misma pueda seguir produciendo efectos, siempre y cuando se cumpla a plenitud el supuesto de hecho normativo que da lugar a la aplicaci�n de la consecuencia jur�dica m�s favorable durante su vigencia, en especial cuando la inexequibilidad la norma estuvo determinada por vicios de forma�. (resaltado fuera de texto) Asume esta Sala de decisi�n criterio id�ntico al expuesto, pero advierte que el punto de discusi�n se suscita al momento en que la Corte Constitucional entiende que la petici�n de la rebaja se erige como uno de los requisitos generales para la procedencia de la misma, pues sostiene que el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005 no opera de manera autom�tica, y por esto se debe verificar la presentaci�n, en el t�rmino de vigencia de la norma, de una solicitud expresa para que procedan los efectos de la disposici�n declarada inexequible, tal y como se exige para los dem�s requisitos contenidos en el precitado art�culo. �En el evento del art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, ha entendido la Corte Constitucional que la plenitud del supuesto normativo se produce cuando bajo su vigencia, se han cumplido materialmente todos sus requisitos, incluida la presentaci�n de la solicitud de aplicaci�n del beneficio punitivo, como quiera que este beneficio no opera de manera autom�tica.
Tal como se reiter� en la sentencia T-815 de 2008, el supuesto normativo para la aplicaci�n del beneficio previsto en el art�culo 70, est� compuesto tanto por requisitos generales como espec�ficos, a saber: �(a) Los requisitos generales para acceder a la rebaja de hasta el 10% de la pena, prevista en el art�culo 70 de la ley 975 de 2005 son: �(i) los destinatarios del beneficio son aquellas personas que se encontraran condenadas, con sentencia ejecutoriada, entre el 25 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor de la ley) hasta el 22 de julio de 2006 (fecha a partir de la ejecutoria de la sentencia que declar� inexequible el art�culo 70 por vicios de procedimiento), exceptuando a aquellos grupos desmovilizados a quienes se les aplican las dem�s disposiciones y rebajas contenidas en la ley 975 de 2005; �(ii) el beneficio no cobija un grupo de delitos expresamente enlistados en la ley 975, a saber, los punibles de narcotr�fico, delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales y los delitos de lesa humanidad definidos a trav�s de instrumentos internacionales. �(iii) la redosificaci�n no opera de manera autom�tica y, en su lugar, debe ser solicitada por el interesado al juez al juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad.(sic) �(b) Por su parte, los requisitos espec�ficos, que deben ser verificados por el juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad en cada caso, para efectos de su tasaci�n, son los siguientes: �(i) Buen comportamiento del condenado; �(ii) El compromiso de no repetici�n de actos delictivos; �(iii) Cooperaci�n con la justicia; �(iv) Ejercicio de acciones de reparaci�n a las v�ctimas.�� En contraste, la Corte Suprema de Justicia, apart�ndose de lo expuesto por la Corte Constitucional, ha puntualizado en reiteradas ocasiones que el cumplimiento de los requisitos contenidos en el art�culo 70 de la multicitada ley son suficientes para conceder la rebaja contenida en tal disposici�n, siempre y cuando estos se acrediten en el lapso que comprendi� la vigencia de la misma antes de su declaratoria de inexequibilidad, y sin perjuicio del tiempo en el cual se haya presentado la solicitud.
As� lo expres� la Corte Suprema de Justicia en providencia bajo Radicado 25.705 del 10 de agosto de 2006: �El mencionado art�culo mediante sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional fue declarado inexequible por vicios de procedimiento en su formaci�n, lo cual no impedir� su aplicaci�n para aquellos condenados que teniendo derecho a la rebaja de pena, siempre que cumplan las exigencias requeridas por la ley, a�n no lo hayan solicitado, como quiera que los efectos del fallo de inexequibilidad fueron determinados hacia el futuro.� Entiende la M�xima Corporaci�n en lo Penal, y as� lo comparte esta Colegiatura, que en virtud de la declaratoria de inexequibilidad a la que se hizo alusi�n, habiendo esta generado efectos ex nunc, todo aquel que haya cumplido los requisitos establecidos por la norma dentro de su vigencia tendr� derecho al reconocimiento de la rebaja de pena, pues contrario ser�a si la Corte Constitucional hubiera optado por declarar que los efectos de la inexequibilidad se tomaran ex tunc, desde siempre o retroactivamente, caso en el cual el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005 no podr�a tener efectos bajo ninguna circunstancia desde el 22 de mayo de 2006.
Lo anterior indica que la jurisdicci�n ordinaria en Sala de Casaci�n Penal, no comparte el argumento de la Corte Constitucional, conforme al cual, la presentaci�n de la solicitud durante el periodo de vigencia de la norma para que se otorgue la rebaja constituye un requisito en igual forma como lo son el buen comportamiento, la cooperaci�n con la justicia o el compromiso de no repetici�n de actos delictivos, tesis que ha reiterado en proceso bajo Radicado 46574 de 2010: �3.1.
En torno a la aplicaci�n del art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, luego de su declaratoria de inconstitucionalidad por la Corte Constitucional, esta Sala ha mantenido una postura uniforme en el sentido de que los sentenciados tienen derecho a su reconocimiento siempre y cuando, con independencia de la fecha de solicitud respectiva, hayan cumplido, durante el periodo de vigencia de la norma, con los requisitos previstos en la ley.
De modo que la fecha de la petici�n no incide, per se, para negar el beneficio, pues lo imprescindible es el cumplimiento de los requisitos durante el periodo de vigencia. As� lo ha reconocido desde el a�o 2007.� Y es que v�ase como en la precitada jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia plasma la l�nea que ha venido sosteniendo en lo que concierne a la nula incidencia que tiene la presentaci�n de la solicitud de la rebaja de pena de cara a su eventual concesi�n, haciendo �nfasis, se itera, en que lo relevante es el cumplimiento de los dem�s requisitos entre el 25 de julio de 2005, hasta la ejecutoria de la declaratoria de inexequibilidad el 22 de julio de 2006. �En el fallo de tutela con radicado 32.920 y luego de hacer un recuento sobre las diversas posiciones adoptadas por la Sala en relaci�n con la aplicaci�n e inaplicaci�n del referido art�culo 70, sostuvo: �Lo anterior muestra c�mo a partir del segundo semestre de 2006, la Sala ha reconocido (i) la vigencia del art�culo 70 desde la fecha en que la Ley entr� a regir hasta el d�a en que se dict� la sentencia de inconstitucionalidad, (ii) el derecho de los condenados a solicitar la rebaja all� prevista, siempre que re�nan los presupuestos normativos, (iii) el deber de los jueces de ejecuci�n de verificar el cumplimiento de esos requisitos, y (iv) la imposibilidad de aquellos de argumentar inaplicaci�n por excepci�n de inconstitucionalidad. �3.2.
Ahora bien, en esta ocasi�n la Sala considera necesario precisar que si durante el periodo de vigencia de la norma el condenado no reuni� los requisitos exigidos por el legislador para acceder a la rebaja de pena all� dispuesta, es totalmente inviable que, luego de retirada del ordenamiento jur�dico, no por disposici�n del propio �rgano democr�tico, sino por una decisi�n de la Corte Constitucional como guardiana de la Carta Pol�tica, intente nuevamente acceder a dicho beneficio sobre la base de haber reunido, ahora s�, y con posterioridad a la sentencia de constitucionalidad las exigencias normativas.� �Luego en el fallo 33.019 dijo: �No obstante, [la Sala] ha aclarado que la fecha de formulaci�n de la solicitud respectiva no incide, per se, para negar el beneficio, pues lo imprescindible es el cumplimiento de los requisitos durante el periodo de vigencia. �As� las cosas, en la actualidad es totalmente contrario al ordenamiento jur�dico negar el reconocimiento de la disminuci�n punitiva bajo el �nico argumento de que la norma fue declarada inexequible o que la misma debe ser inaplicada por excepci�n de inconstitucionalidad.
As� mismo, tampoco resulta viable negarlo aduciendo solamente que la solicitud correspondiente se present� con posterioridad al referido fallo de inexequibilidad. �Por consiguiente, la verificaci�n que debe hacer el juez se centra en si, durante el lapso de vigencia de la disposici�n, el condenado cumpli� con los presupuestos que exige la norma, pues en el evento en que se haya alcanzado a consolidar una situaci�n jur�dica particular, es menester conceder lo solicitado.
(�) �El fen�meno de la inexequibilidad hacia futuro conduce, sin duda, a que el art�culo 70 no pueda seguir produciendo efecto alguno en el mundo jur�dico, pero ello no puede ir hasta el extremo de desconocer situaciones consolidadas durante su vigencia. De manera que si el peticionario hizo su solicitud en tiempo, s�lo le resta al juez verificar si en efecto reuni� o no los requerimientos hechos por el legislador en su momento. �En la sentencia 33.273 reiter�: �No es admisible, entonces, negar el reconocimiento de la disminuci�n punitiva argumentando que la norma fue declarada inexequible, que la misma debe ser inaplicada por excepci�n de inconstitucionalidad, o que la solicitud correspondiente se present� con posterioridad al referido fallo de inexequibilidad. �El juez, con el fin de no desconocer situaciones consolidadas durante la vigencia de la norma, debe verificar si, con independencia de la fecha de la solicitud correspondiente, en ese lapso el condenado cumpli� o no con los presupuestos.
Es evidente que si para la fecha en que se profiri� el fallo de la Corte Constitucional, el sentenciado a�n no hab�a acreditado las condiciones previstas por el legislador para acceder a la rebaja de una d�cima parte de la pena, el juez de ejecuci�n no tiene otro camino que negar lo pedido. Pero, si se verifica su ocurrencia en �poca anterior, habr� de analizar sobre la concesi�n del beneficio.� �3.2.
De manera, pues, que ha sido uniforme en sostener -se repite- que la fecha de la petici�n no puede ser motivo para que el juez omita estudiar el asunto o se niegue a conceder la rebaja punitiva.� Pues bien, considera esta Corporaci�n que el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia es el que se compadece con la teleolog�a de la Ley 975 de 2005, cuyos fines esenciales constituyen en s� mismos una pol�tica p�blica en materia criminal y penitenciaria a la luz del art�culo segundo de nuestra Constituci�n Pol�tica, asunto vital que no puede ser soslayado adecuando de manera inconsulta lo que se erige como una suerte de requisito adicional derivado de la declaratoria de inexequibilidad de una norma.
Es que dentro de los requisitos establecidos por el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, ninguno se refiere a la presentaci�n de la solicitud, y entiende esta Sala que tal cuesti�n es tan s�lo la forma por medio de la cual se activa la jurisdicci�n para que se analice una tem�tica particular. Es claro que el beneficio debatido no opera de manera autom�tica; no obstante, tambi�n es evidente que la acci�n entendida como la petici�n elevada no es un tema de an�lisis cuando se estudia la posibilidad de otorgar el mismo.
Retomando lo dicho en ac�pites anteriores, los efectos de la declaratoria de inexequibilidad que arranc� del ordenamiento jur�dico el art�culo 70 de la multicitada ley, son los denominados generales, los cuales establecen que, a falta de manifestaci�n expresa por parte de la Corte Constitucional, se entender� que las decisiones proferidas en virtud del art�culo 241 de nuestra Constituci�n Pol�tica operan hacia futuro, esto conforme a lo dispuesto por en el art�culo 45 de la Ley 270 de 1993.
Y es de cardinal importancia hacer �nfasis en los efectos que gener� la Sentencia C-370 de 2006, por cuanto, acorde con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, es uno de los puntos que habilita la aplicaci�n del beneficio a�n en la actualidad y sin perjuicio de la data en que sea presentada la solicitud. La modulaci�n de los efectos temporales de las sentencias se fundamenta en el reconocimiento de garant�as de orden constitucional, raz�n por la cual, cuando nos referimos a la prohibici�n de retroactividad, irretroactividad o efectos a futuro, relucen en la aplicaci�n de este tipo de modulaci�n, principios como el de la buena fe, seguridad jur�dica y confianza leg�tima, para desarrollar contenidos normativos como la protecci�n de los derechos adquiridos, la expectativas leg�timas, las situaciones jur�dicas consolidadas y la protecci�n del principio de legalidad en materia sancionatoria. En este sentido, tal como lo admite la Corte Constitucional, en ciertos casos una norma declarada inexequible tambi�n puede tener efectos ultractivos, de suerte que tal fen�meno es considerado como una consecuencia de la derogatoria producida en virtud de la declaratoria de inexequibilidad cuando se disponen efectos ex nunc o hacia el futuro.
As� lo expres� esa alta Corporaci�n en Sentencia T-389 de 2009: �De otro lado, el fen�meno de la ultractividad, es la situaci�n en la que una norma sigue produciendo efectos jur�dicos despu�s de haber sido derogada. Estos efectos se dan de manera concurrente con los efectos de la ley derogatoria, pero s�lo frente a ciertas situaciones que se consolidaron jur�dicamente a partir de lo contenido en la norma derogada mientras estuvo vigente.
El efecto ultractivo es la consecuencia de la irretroactividad, y por ello se fundamenta tambi�n en el respeto que nuestro orden jur�dico garantiza a las situaciones jur�dicas consolidadas, respecto de los efectos de normas nuevas.� 4.3. Conforme a lo anterior y sumado al principio de interpretaci�n favorable en materia penal, se concretiza la viabilidad de analizar procedencia de la rebaja de pena debatida, en tanto, como ya se anunci�, esta Sala, en consonancia con la Corte Suprema de Justicia, estima que la presentaci�n de la solicitud dentro del t�rmino de vigencia de la Ley no se erige en requisito para su otorgamiento.
Ciertamente, el texto del Art�culo 70 de la Ley 975 de 2005 dispone: �Art�culo 70. las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendr�n derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una d�cima parte. except�ese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales, lesa humanidad y narcotr�fico. �Para la concesi�n y tasaci�n del beneficio, el juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad tendr� en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetici�n de actos delictivos, su cooperaci�n con la justicia y sus acciones de reparaci�n a las v�ctimas.� Atendiendo a la literalidad de la norma, en la cual dicho sea de paso no se advierte ninguna vaguedad o ambig�edad, f�cil se advierte que los requisitos para acceder al beneficio de rebaja de pena del 10% son los siguientes: i) el estar cumpliendo condena por sentencia ejecutoriada al momento de entrar en vigencia la Ley 975 de 2005; y ii) que no se est� condenado por delitos en contra de la libertad, integridad y formaci�n sexuales, lesa humanidad o narcotr�fico; tales como requisitos generales que despu�s de acreditados permiten entrar a la verificaci�n de los siguientes aspectos: i) buen comportamiento; ii) compromiso de no repetici�n de actos delictivos; iii) la cooperaci�n con la justicia y iv) las acciones llevadas a cabo para la reparaci�n a las v�ctimas.
Evidente resurge que la presentaci�n de la solicitud en ning�n momento se funda como uno de los requisitos generales contenidos en la norma, no siendo dable variar el texto legal para darle una interpretaci�n que no cabe y lo m�s grave a�n, que repercute directamente sobre los derechos del privado de la libertad, atentando de esta forma contra el principio pro libertatis pues se desconocer�a un sentido del texto m�s favorable a los intereses del condenado y conforme a los fines de la Ley de Justicia y Paz.
As� pues, cuando la Corte Constitucional asevera que actualmente es posible la aplicaci�n del art�culo 70 declarado inexequible si se cumplieron los requisitos que establece la norma en la �poca de su vigencia, nada obsta para que frente a una solicitud presentada despu�s del 22 de julio de 2006, se realice la constataci�n de lo preceptuado en aquella disposici�n y se proceda a rebajar el 10% de la pena impuesta si as� corresponde.
Lo cierto en este punto es que estamos frente a un panorama que si bien no es cotidiano, tampoco causa extra�eza en el devenir judicial de nuestro pa�s. La contraposici�n entre las altas corporaciones que encabezan la rama judicial, en ocasiones ponen en una sin salida a los funcionarios judiciales de inferior jerarqu�a, por lo cual, ante un escenario como el actual, impera regirse por los postulados que emanan de la esencia misma del ordenamiento jur�dico y que reluzcan como pertinentes para elucidar de manera clara y sin asomo de arbitrariedad o injusticia, la tesis que hoy se acoge.
Tenemos entonces que, en materia penal, uno de los contenidos que se desprenden del n�cleo mismo del principio de legalidad, es a su vez, el principio de m�xima taxatividad, cuyo desarrollo se dirige principalmente a proteger el limite ling��stico de la palabra, a fin de que no se generen subjetividades que deriven en una aplicaci�n acomodada del derecho.
Sin embargo, un entendimiento m�s abierto de esa garant�a supone que no puede considerarse prohibido lo que no est� expresamente prohibido, reprochar de la misma forma o establecer penas a supuestos de hecho no contemplados dentro del texto legal, de lo cual se colige que en el momento de hacer interpretaci�n de la norma, esta debe ser la menos restrictiva en cuanto a las condiciones del condenado y la m�s restrictiva en cuanto a la literalidad del contenido de la disposici�n que se analiza, argumento que traducido al caso concreto impide contemplar como requisito algo no contenido expresamente en el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, pues de hacerlo se vulnerar�a la taxatividad que se predica no solo de la interpretaci�n sino de los contenidos de las normas penales.
Ahora bien, debe acompasarse lo anterior con uno de los postulados de primer orden en materia jur�dicopenal, el cual se presenta en este caso como un concepto que brinda claridad y desvanece cualquier tipo de incertidumbre al establecer que ante divergencias entre los particulares intereses del condenado y las abstractas finalidades del Estado o la sociedad, siempre deber�n prevalecer los de aquel.
El favor rei o cl�usula de favorabilidad, indica que la juridicidad enmarcada dentro del contexto del Estado Social de derecho tiene que estar regida en su aplicaci�n e interpretaci�n por valores constitucionales supremos como la libertad y la dignidad humana, entendidas no s�lo constitucionalmente sino como se encuentra estatuido en los tratados de derechos humanos suscritos por nuestro pa�s y que entran al ordenamiento jur�dico en virtud del bloque de constitucionalidad; descripci�n que reflexiona sobre el entendimiento del derecho penal, pues no solo debe considerarse como el ius puniendi que ejerce el Estado, sino como una amalgama que contiene garant�as como el indubio pro reo, y las interpretaciones favor rei y pro libertatis, como quiera que �en la contraposici�n del ius puniendi del Estado, de un lado, y el ius libertatis del imputado, de otro, la preminencia debe ser atribuida a este �ltimo si se quiere que el valor de la libertad sea el que triunfe�.
Sobre la interpretaci�n favor rei se resalta la siguiente cita del tratadista Giuseppe Bettiol: �El favor rei -a nuestro entender- debe ante todo constituir una regla fundamental para la interpretaci�n. Ello supone que cuando no se pueda tener una interpretaci�n un�voca sino s�lo una situaci�n de contraste entre dos interpretaciones de una norma legal (antinomia interpretativa), habr� que elegir la interpretaci�n m�s favorable a las posiciones del imputado.
En verdad el juez no puede ser agn�stico respecto a las elecciones interpretativas. �l vive en un determinado clima pol�tico-constitucional en el �mbito del cual el valor supremo es la persona humana; y es la posici�n de �sta la que el juez debe propugnar cuando es llamado a elegir entre dos interpretaciones opuestas de una norma legal.� Corolario de lo anterior y en relaci�n al t�pico debatido, se desprende entonces que en relaci�n con la contradicci�n que suscitaron las posturas de las altas cortes y frente a criterios dis�miles para aplicar a un caso concreto, es necesario acudir a la posici�n que fulgure como m�s benigna para los intereses del condenado, conforme a los valores supremos antedichos y para dar primac�a a una decisi�n en clave de principios, m�s no proferida en virtud de una posici�n que no es pac�fica.
Finalmente es necesario recordar que en aras de salvaguardar un orden justo, una justicia coherente y alzaprimar el respeto por el debido proceso en toda su magnitud, las decisiones lo de los jueces y magistrados deben ser uniformes, entendiendo esto como la restricci�n de optar por fallos dis�miles para casos an�logos, de lo cual subyace la obligaci�n de regirse por criterios de orden superior para no generar ambivalencias en las posturas que emanen de las diferentes jerarqu�as de la justicia. As� las cosas, en principio le est� vedado a los funcionarios judiciales apartarse del precedente constitucional de manera inopinada, por lo cual la Corte Constitucional estableci� en otrora los expresos criterios mediante los cuales se avala tal proceder, dado que no se puede desconocer la autonom�a judicial en el proceso de interpretaci�n y aplicaci�n de las leyes: �4.8 En esta �ptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonom�a e independencia en su actividad, al punto que si bien est� obligado a respetar el precedente fijado por �l mismo y por sus superiores funcionales, tambi�n es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desaf�os propios de la evoluci�n del derecho. �En consecuencia, un juez puede apartarse v�lidamente del precedente horizontal o vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos an�logos, pues �s�lo puede admitirse una revisi�n de un precedente si se es consciente de su existencia� (requisito de transparencia); y (ii) expone razones suficientes y v�lidas a la luz del ordenamiento jur�dico y los supuestos f�cticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta v�lido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia).
Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la autonom�a e independencia de los operadores judiciales. Conforme a lo discurrido, estima esta Corporaci�n que de cara a los postulados constitucionales de orden superior se�alados en precedencia, que debe acoger la posici�n de la Corte Suprema de Justicia en lo que concierne a la aplicaci�n del art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, y no as� la tesis sostenida por la Corte Constitucional, por lo cual debe la Sala apartarse de tal precedente considerando satisfechos los requisitos de transparencia y suficiencia necesarios para el efecto, y con la finalidad de que la posici�n por la que ahora se opta responda a los objetivos perseguidos por la disposici�n analizada �que son, entre otros, otorgar una mayor protecci�n a la dignidad de las personas privadas de la libertad -art�culo 1� de la Carta Pol�tica-, aliviar el problema de sobrepoblaci�n que se presenta en los establecimientos de reclusi�n que funcionan en el pa�s, as� como tambi�n facilitar la b�squeda de la reparaci�n, reconciliaci�n y convivencia pac�fica al permitir una m�s r�pida reincorporaci�n del condenado a la sociedad y a su medio familiar�. 4.4.
Solucionada la cuesti�n preliminar, entrar� la Sala a determinar si es procedente la concesi�n de la rebaja del 10% de la pena impuesta al se�or HERNAN GARC�A GIRALDO, de cara a la satisfacci�n de los requisitos establecidos para el efecto, para lo cual se verificar�n inicialmente los requisitos generales de procedencia referidos a: i) el cumplimiento de una pena impuesta por sentencia ejecutoriada al momento de entrar en vigencia la Ley 975 de 2005, exceptuando a aquellos grupos desmovilizados a quienes se les aplican las dem�s disposiciones y rebajas contenidas en la ley 975 de 2005 y ii) la no comisi�n de delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexual, lesa humanidad y narcotr�fico.
Una vez revisadas las diligencias adelantadas en la ejecuci�n de las condenas del petente, esta Sala avizora que dos son las causas que en principio pueden ser merecedoras del beneficio solicitado, pues si bien el se�or GARC�A GIRALDO fue condenado en catorce (14) procesos, s�lo en dos de ellos pueden reunirse los requisitos necesarios para que proceda la diminuente, a saber: Condena por el punible de rebeli�n bajo Radicado 2003-0045-00 por hechos ocurridos durante el a�o 1986, en contra de la cual no se interpuso recurso, adquiriendo ejecutoria el 11 de febrero de 2004. Condena por el punible de homicidio agravado en concurso con tr�fico, fabricaci�n o porte de armas de fuego bajo radicado 2004-00035-00 por hechos ocurridos en el a�o 2003, proceso fallado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales el 21 de septiembre de 2004, confirmado por el Tribunal el 21 de Abril del 2006, cobrando ejecutoria s�lo hasta el 14 de julio de 2006 seg�n auto de sustanciaci�n a folio 448 del cuaderno fallador. As� las cosas, habr� que decirse que en cuanto a la segunda de las causas, esta debe descartarse de tajo, ya que la ejecutoria de la decisi�n estuvo por fuera de la vigencia del art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, en tanto la declaratoria de inexequibilidad surti� sus efectos desde el 22 de mayo de 2006, y la decisi�n en comento qued� en firme el 14 de julio de 2006, situaci�n que impide bajo cualquier punto de vista el otorgamiento del beneficio.
Ahora bien, en lo concerniente a la primera de las condenas anteriormente mencionadas, cuya firmeza se predica del 11 de febrero de 2004, tenemos que la data de ejecutoria es anterior a la vigencia de la Ley 975 de 2005, por lo cual se debe esclarecer si para la promulgaci�n de aquella norma el se�or GARC�A GIRALDO se encontraba o no cumpliendo condena.
A folio 136 del cuaderno n�mero dos de Ejecuci�n de Penas, aparece la decisi�n tomada por el Juzgado Segundo de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Boyac�, el veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013), en relaci�n con la petici�n elevada por parte del defensor de oficio del se�or HERNAN GARC�A GIRALDO, en la cual solicit� informaci�n respecto del descuento de pena intramural que a la fecha hab�a cumplido aquel condenado, providencia en donde se estableci�: Haciendo referencia a la acumulaci�n de penas realizada mediante auto 0141 del 24 de febrero de 2011, se dijo que el se�or HERNAN GARCIA GIRALDO se encontraba privado de su libertad desde el treinta (30) de junio del a�o dos mil tres (2003).
La privaci�n de la libertad desde el treinta (30) de junio del a�o dos mil tres (2003) se dio en raz�n del proceso bajo Radicado 2004-00035-00 con NI: 9950, cuya pena fue de veinticinco (25) a�os y seis (06) meses de prisi�n por el delito de homicidio agravado en concurso con tr�fico, fabricaci�n o porte ilegal de armas. De los anteriores datos es dable deducir que si bien el se�or GARC�A GIRALDO se encontraba cumpliendo pena en el interregno en el que tuvo vigencia el multicitado precepto normativo, lo cierto es que no lo hac�a por el proceso con radicado 2003-00045-00 por el delito de rebeli�n, cuya ejecutoria s� se dio en vigencia del art�culo 70, sino por el proceso con Radicado 2004-00035-00 fallado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, Caldas, el cual tuvo firmeza s�lo hasta el catorce (14) de julio de dos mil seis (2006).
Siguiendo esta l�nea argumentativa tenemos que las acumulaciones de pena por los punibles en los cuales fue condenado el se�or HERNAN GARC�A GIRALDO, tienen como fecha el veinticuatro (24) de febrero de dos mil once (2011) , y trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013) , en raz�n de lo cual se entiende que s�lo hasta la primera de ellas aquel se encontraba cumpliendo efectivamente pena por el delito bajo radicado 2003-00045-00 resuelto por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania, cual es el que ahora analizamos para determinar la concesi�n del beneficio de rebaja de pena.
Como corolario de lo anterior, n�tese que no se advierte cumplido el primero de los requisitos exigidos por el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, en tanto que no obstante haberse verificado la ejecutoria de la pena entre el lapso comprendido desde veinticinco (25) de julio de dos mil cinco (2005) hasta el veintid�s (22) de julio de dos mil seis (2006), en virtud del proceso 2003-00045-00, lo cierto es que el condenado no estaba cumpliendo pena por el mismo, situaci�n que s�lo se configur� hasta la acumulaci�n de penas mencionada anteriormente, motivo por el cual ser� confirmada la decisi�n proferida por el Juzgado Primero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, mediante la cual neg� al se�or HERNAN GARCIA GIRALDO la rebaja del 10% de la pena contenida en el art�culo 70 de la Ley 975 de 2005, pues como se evidencia, efectivamente no se cumplen los requisitos exigidos para ello.
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Caldas, en Sala de Decisi�n Penal,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio n.� 058 y 0236 expedidos por el Juzgado Primero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, el diecinueve (19) de enero de dos mil quince (2015) y veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015), pero no por las razones expuestas por el a quo, sino por las aqu� esbozadas.
SEGUNDO: Contra la presente decisi�n no procede recurso alguno. Notif�quese y C�mplase Los Magistrados, GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A JOS� FERNANDO REYES CUARTAS Yolanda Laverde Jaramillo Secretaria Sentencia T-545 de 2010. La sentencia C-370 de 2006 se notific� por edicto que se fij� el 13 de julio y se desfij� el 17 de julio de 2006.
Los tres d�as de ejecutoria fueron 18, 19 y 21 de julio de 2006.�� Ver, entre otras, las sentencias T-355 de 2007 MP. Humberto Antonio Sierra Porto; T-389 de 2009 MP. Humberto Antonio Sierra Porto; T-815 de 2008 MP. Clara In�s Vargas Hern�ndez; T-680 de 2007 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia del 18 de octubre de 2005,�proceso n�m. 24.196, M.P. Marina Pulido de Bar�n;
Sentencia del 10 de agosto de 2006, M.P. Alfredo G�mez Quintero, proceso n�m. 25.705; Sentencia de 25 de enero de 2008, MP. Mar�a del Rosario Gonz�lez Proceso 24065. Sentencia T-815 de 2008 (MP. Clara In�s Vargas Hern�ndez). Sentencia T-815 de 2008 (MP. Clara In�s Vargas Hern�ndez) Ver tambi�n las sentencias C-922 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-824A de 2002, (MP.
Rodrigo Escobar Gil). Sentencia T - 138 de 2011 (MP Mar�a Victoria Calle Correa) Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006. Cfr. sentencias de tutela del 7 de septiembre de 2007 (radicados 32.874 y 32.920), 13 de septiembre de 2007 (radicado 33.019), 27 de septiembre de 2007 (radicado 33.273) y 25 de agosto de 2008 (radicado 38.265), entre muchas otras. 7 de septiembre de 2007. 13 de septiembre de 2007. Fallo de tutela del 7 de septiembre de 2007 (radicado 32.874). 27 de septiembre de 2007. Por medio de la cual se declar� la inexequibilidad del art�culo 70 de la Ley 975 de 2005 Ver Sentencia T-389 de 2009. Sentencia T 389 de 2009 Giuseppe Bettiol en �Instituciones de derecho penal y procesal�, Barcelona 1977, p�gina 262. Giuseppe Bettiol. op cit, p�gina 263. Al respecto en la sentencia T-468 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil la Corte se�al� que �en la medida en que la Constituci�n Pol�tica (C.P. arts. 228 y 230) les reconoce a los jueces un margen apreciable de autonom�a funcional, el principio de igualdad, en materia judicial, no puede interpretarse de manera absoluta, so pena de petrificar el ordenamiento jur�dico y, en consecuencia, impedir que las normas se ajusten a los cambios sociales, pol�ticos y econ�micos que les dotan de pleno contenido y significaci�n.�. Sentencia T-688 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
Adem�s, en esta oportunidad se sostuvo: �El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradici�n jur�dica que ha generado expectativas leg�timas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jur�dica, ahora s�, producto de decisiones que han hecho tr�nsito a cosa juzgada y que han definido ratio decidendi, que los ciudadanos leg�timamente siguen.� Ver entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003. Sentencia T-918 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sobre este punto, por ejemplo, en la sentencia T-330 de 2005 M.P. Humberto Sierra Porto, esta Corporaci�n precis�: �en suma, prima facie, los funcionarios judiciales est�n vinculados por la obligaci�n de aplicar el precedente sentado por los �rganos encargados de unificar jurisprudencia. No obstante, si pretenden apartarse del mismo en ejercicio de la autonom�a judicial, pesa sobre los mismos una carga de argumentaci�n m�s estricta.
Es decir deben demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan.� As� mismo, en la sentencia T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte concluy�: �[S]i en la interpretaci�n y aplicaci�n de la ley se dota a la norma jur�dica de contenido y significaci�n, es obvio que las autoridades judiciales no pueden desconocer o inaplicar un precedente en un caso determinado, a menos que exista un principio de raz�n suficiente que justifique dicho cambio de criterio (precedente horizontal) o resulte admisible un tratamiento desigual a partir de la diversidad de circunstancias o supuestos f�cticos sometidos a conocimiento y decisi�n del juez (precedente vertical).� Gaceta del Congreso 289 de 2005. Ver a folio 23 del cuaderno n�mero 2. Ver a folio 68 del cuaderno n�mero 2. Cuaderno n�mero 2., folios 68 y siguientes. Cuaderno n�mero 2., folios 169 y siguientes. P�gina PAGE 1 Ley 600 de 2000.
Radicado: 2006-00082-01 HERNAN GARCIA GIRALDO Terrorismo, Hurto Calificado y Agravado y otros Confirma Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal 7Jevz{����������������������²Ҳ���ugYuYug�gYg�Kh�3[CJOJQJmH sH h�!CJOJQJmH sH hXe5CJOJQJmH sH h�;�CJOJQJmH sH hc=�CJOJQJmH sH h�2�CJOJQJmH sH $h�!h�F6CJOJQJaJmH sH h��CJOJQJaJmH sH h�;�CJOJQJaJmH sH h�!CJOJQJaJmH sH h�F6CJOJQJmH sH h�F65�CJOJQJmH sH 67Je��������n o p � �����������������$dh7$8$H$a$gd_�$��dh`��a$gd_��L�dh^�L�gd_�dhgd_��pdh^�pgd_���dh^��gd_�$dh&dP��a$gd_� $dha$gd_�������� ) *:; < ? @ D F G J O P V W ] f r z � � � � � -: J N Y ` n o ������źŰڦ��ڜ�ڜ�ڜڒڦڈ���~�~���~�~�~�shI�5�CJOJQJh�CJOJQJh�`�CJOJQJh[N�CJOJQJh�f�CJOJQJhXe5CJOJQJh�CJOJQJh�>@5�CJOJQJh�>@CJOJQJh�`�5�CJOJQJh�F6CJOJQJh�3[OJQJhvC�OJQJh�F65�CJOJQJ,o p � � � � � |�-5?@ADbjoyz���� O b f g � � �����Ż���������xnxdxZxdxZx�xd�xh�F6CJOJQJhgICJOJQJh�\4CJOJQJh�7�CJOJQJh�7�h�7�5�CJOJQJh<�hK�CJOJQJh�Q�CJOJQJh�nCJOJQJhK�CJOJQJh<�CJOJQJh�5�CJOJQJhX 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X"X�F6�T�tulo 2�d�d@&[$\$5�CJ$\�aJ$mH $sH $tH $NA ���N Fuente de p�rrafo predeter.Ri���R 0Tabla normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin listaX@�X�F60 Encabezado ��8!CJOJPJQJ^JaJtH 4��4�F60Encabezado Car^ ^�F60 Pie de p�gina ��8!CJOJPJQJ^JaJtH :��!:�F60Pie de p�gina CarX�2X �F60Texto de globo CJOJ PJQJ aJmHsHtHP�o��AP�F60Texto de globo CarCJOJ QJ ^J aJZ�/��QZ�F6�T�tulo 2 Car*5�CJ$OJPJQJ\�^JaJ$mH $sH $tH $$@b$�F6�Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,Footnote Text Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Car Car Car,Footnote Text Char Char Char Car,texto de nota al p,Car,ft,Ca,BVI fnrCJaJmHsH.�/��q.�F60�Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,Footnote Text Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Car Car Car Car,Footnote Text Char Char Char Car Car,f CaCJOJPJQJ^JaJtH &`����F6|Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,Ref,de nota al pie,referencia nota al pie,Appel note de bas de page,Footnotes refssH*tC@�t�F6Sangr�a de texto normaldh7$8$H$`��a$CJOJQJmHsHj�/���j�F6Sangr�a de texto normal CarCJOJPJQJ^JaJtH `B@�`�F6Texto independientedha$CJOJQJmHsHb�/���b�F6Texto independiente CarCJOJPJQJ^JaJtH <U ���< �F60Hiperv�nculo>*B*ph�Z�`���Zdu: Sin espaciado$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH B�o���B�n^apple-converted-spaceH�H�c P�rrafo de lista ��^��m$B^B Z�0Normal (Web)!�d�d[$\$PK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6_rels/.rels���j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml�M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 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