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H: 5:30 p.m. Manizales, cinco (05) de agosto de dos mil quince (2015) 1. ASUNTO: El Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyac�, Boyac�, el dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015), instal� la audiencia de formulaci�n de acusaci�n dentro de la cual, el Defensor del se�or FRANKLIN VLADEMIR ARIAS PALOMO solicit� se decretara la nulidad de la actuaci�n desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, lo cual no fue aceptado por el Juez de conocimiento, y por ello se interpuso recurso de apelaci�n. 2.
HECHOS: De conformidad con la relaci�n f�ctica efectuada por parte de la Fiscal�a en el escrito de acusaci�n, el diecisiete (17) de febrero de dos mil quince (2015) la Central de Radio de la Polic�a Nacional del municipio de Puerto Boyac�, Boyac�, fue informada de una ri�a con arma corto-punzante que se desarrollaba en la Carrera 6 con Calle 3.
Los agentes del orden que atendieron el llamado, al llegar al sitio de los hechos observaron a un hombre que estaba siendo auxiliado por presentar una herida a un costado del abdomen; a su turno, la comunidad se�al� a un sujeto como responsable de la agresi�n, quien, sin perderlo de vista, se refugi� en una residencia a donde arribaron los agentes del orden y fueron atendidos por el se�or FERNANDO ARIAS, padre del victimario quien les manifest� que su hijo, FRANKLIN VLADEMIR ARIAS PALOMO estaba dispuesto a responder por lo sucedido. 3.
ACTUACI�N PROCESAL: 3.1. El dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015) el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Boyac�, Boyac�, actuando en funci�n de control de garant�as legaliz� la captura del indiciado, formul� imputaci�n por el delito de homicidio agravado, cargos que no fueron aceptados; aunado a ello se impuso medida de aseguramiento de detenci�n preventiva en establecimiento penitenciario. 3.2.
El catorce (14) de abril de dos mil quince (2015) el Fiscal Segundo Seccional de Puerto Boyac�, Boyac�, radic� escrito de acusaci�n en donde se�alaba como imputado al se�or FRANKLIN VLADEMIR ARIAS PALOMO por el delito de homicidio agravado, correspondiendo el conocimiento del asunto al Juez Penal del Circuito de Puerto Boyac�, Boyac�, quien fij� fecha para audiencia de formulaci�n de acusaci�n el dieciocho (18) de junio del presente a�o. 3.3.
En la se�alada calenda se instal� la misma, se dio traslado a las partes para que se pronunciaran en punto a las causales de incompetencia, nulidad, recusaci�n u otra observaci�n en relaci�n con el escrito de acusaci�n, frente a lo cual la Fiscal�a anunci� la adici�n de algunos elementos materiales probatorios mientras que el abogado de Defensor manifest� que la actuaci�n hasta el momento vulneraba el art�culo 28 de la Constituci�n Pol�tica.
Enunci� que el procedimiento adelantado en sede de control de garant�as vulneraba los derechos fundamentales de su representado, en el entendido que los policiales pretendieron hacer pasar la captura del se�or ARIAS PALOMO como en t�pica situaci�n de flagrancia, cuando lo cierto del caso es que el indiciado accedi� a entregarse a las autoridades por intermedio de sus familiares.
Aunado a ello, se�al� que no tiene fundamento f�ctico el agravante endilgado a su prohijado, pues de conformidad con el informe ejecutivo, los hechos se contraen a una ri�a sin que se logre identificar por qu� la Fiscal�a alude a condiciones de indefensi�n e inferioridad, cuando la jurisprudencia nacional exige que el ente acusador tenga elementos probatorios que lo acrediten.
Acept� que este tema podr�a ser alegado en la etapa de juicio oral, pero con tal inflaci�n en la tipificaci�n punitiva restringe el derecho al procesado de llegar a cualquier tipo de negociaci�n con el Ente Acusador, raz�n por la cual solicit� se decretara la nulidad desde la formulaci�n de imputaci�n, para que se restablezcan los derechos del procesado. 4.
LA DECISI�N DE INSTANCIA: El Juez de primer nivel, despach� de manera desfavorable la pretensi�n del profesional del derecho que representa los intereses del se�or ARIAS PALOMO, aclarando que las discusiones en punto a la captura en situaci�n de flagrancia, ya fueron zanjadas por parte de la Juez de control de garant�as, oportunidad procesal en la cual se le imparti� legalidad a la aprehensi�n bajo esta modalidad y frente a lo cual no se interpuso recurso alguno por la abogada defensora en esa diligencia. Advirti� que el nuevo defensor no puede sustentar una causal de nulidad de la actuaci�n bajo el argumento de no haber actuado en etapas anteriores, cuando se dej� visto que se respetaron los derechos de contradicci�n y defensa al indiciado desde las audiencias preliminares, contando con una abogada defensora; luego, concluy� que la disparidad de criterios entre los profesionales no constituye per se una causal que permita invalidar lo actuado.
En punto a la calificaci�n jur�dica realizada por la Fiscal�a, se�al� que ata�e a circunstancias netamente probatorias que no pueden ser discutidas desde etapas tempranas del Juicio, en donde ni siquiera se ha formulado acusaci�n y no se sabe si el Ente Acusador mantendr� los cargos endilgados. De igual manera, adujo que no podr�a ejercer un control material de la acusaci�n, porque el Fiscal es el titular del ejercicio de la acci�n penal.
5. MOTIVOS DE ALZADA: La Defensa interpuso recurso de apelaci�n aduciendo que no pretende la declaratoria de la nulidad por violaci�n al derecho de defensa, toda vez que su prohijado en efecto fue debidamente representado en las audiencias preliminares; pero record� que existi� una vulneraci�n de sus garant�as fundamentales porque no se conserv� la legalidad del proceso ni la legalidad del Juicio, ante la confabulaci�n de la Fiscal�a y los agentes de polic�a, quienes hicieron pasar al se�or ARIAS PALOMO como capturado en situaci�n de flagrancia cuando ello no fue cierto, lo cual fue indebidamente avalado por la Judicatura.
Se�al� que la nulidad se presenta desde el mismo momento de la formulaci�n de imputaci�n al endilgarse hechos que nunca sucedieron, lo cual deriv� en una imputaci�n jur�dica desacertada, irregularidad que s� debe ser corregida por parte del Juez de conocimiento, sin que ello implique realizar un control material de la acusaci�n. Como sujeto procesal no recurrente la Fiscal�a solicit� se confirmara la decisi�n de primera instancia al recordar que las etapas son preclusivas y la situaci�n de flagrancia ya tuvo la oportunidad de objetarse en la audiencia respectiva.
Se�al� que la imputaci�n jur�dica tuvo como fundamento los elementos materiales probatorios que se recaudaron el mismo d�a de los hechos, lo cual daba cuenta de la presunta responsabilidad del ahora procesado, sin que se tengan pruebas de las manifestaciones temerarias por parte del Defensor en el sentido de que la Fiscal�a tenga un �nimo personal contra el procesado. 6.
CONSIDERACIONES: 6.1. Problema jur�dico. Se contrae a establecer si la decisi�n adoptada por el Juez de instancia consistente en no decretar la nulidad de la actuaci�n desde la formulaci�n de imputaci�n solicitada por el Defensor, se encuentra ajustada a derecho o, por el contrario, era procedente retrotraer la actuaci�n ante una vulneraci�n de los derechos fundamentales del se�or FRANKLIN VLADEMIR ARIAS PALOMO.
Para tal efecto, ser� necesario recordar los requisitos procesales para decretar la nulidad de la actuaci�n penal, analizar si la pretensi�n de la Defensa tiene cabida en la etapa procesal de la acusaci�n bajo los par�metros del principio de preclusividad de los actos procesales y se resolver� el caso concreto. 6.2. De los principios orientadores de la declaratoria de una nulidad El instituto de las nulidades procesales se encuentra al servicio del debido proceso, en tanto a aquel se acude en aras de recomponer aquellas actuaciones que se encuentran ayunas de soporte legal o que lejos est�n de acomodarse a las pautas procedimentales contempladas en el respectivo estatuto procesal.
Y adem�s de ser la instituci�n que por excelencia se ocupa de velar por el irrestricto cumplimiento del principio de legalidad, tambi�n se instituye como garant�a de las dem�s expresiones que se encuentran intrincadas en el debido proceso, a saber, los derechos de contradicci�n y defensa que, a su vez, tienen la doble connotaci�n de derechos y principios.
Ahora bien, el procedimiento y las normas que lo iluminan por ser un todo sistem�tico e inescindible, tambi�n exige que ese instrumento no sea utilizado de manera indiscriminada, sino que sea un verdadero filtro de la actuaci�n y, en todo caso, eluda el resquebrajamiento innecesario del proceso y consulte las normas sustanciales prevalentes.
De igual manera, y precisamente en pro de salvaguardar la actuaci�n, se han instituido principios que delimitan el ejercicio y, por ende, la declaratoria de nulidad, sobre los cuales la jurisprudencia ha sido clara: �No obstante que la Sala desde hace alg�n tiempo adopt� como criterio que para la proposici�n y sustentaci�n de nulidades no se exigen f�rmulas sacramentales espec�ficas, ello no implica que la correspondiente pretensi�n pueda estar contenida en un escrito de libre factura, habida cuenta que no cualquier anomal�a conspira contra la vigencia del proceso, pues la afectaci�n debe ser esencial y estar vinculada en calidad de medio para socavar alg�n derecho fundamental de las partes o intervinientes, de suerte que, igual que en las otras causales, debe ajustarse a ciertos par�metros l�gicos que permitan comprender el motivo de ataque, el yerro sustancial alegado y la manera como se quebranta la estructura del proceso o se afectan las garant�as a consecuencia de aqu�l. �Precisamente, a asegurar esos cometidos, as� como el car�cter serio y vinculante del correspondiente reproche, apunta la observancia de los principios que orientan la declaraci�n de nulidades, los cuales, a pesar de no estar previstos en una determinada norma del C�digo de Procedimiento Penal que rige este asunto, siguen siendo criterios de inexcusable observancia, como as� ha tenido oportunidad de puntualizarlo la Corte. �Tales axiomas se concretan en los siguientes postulados: s�lo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley (principio de taxatividad); quien alega la configuraci�n de un vicio enervante debe especificar la causal que invoca y se�alar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya (principio de acreditaci�n); no puede deprecarla en su beneficio el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuraci�n del yerro invalidante, salvo el caso de ausencia de defensa t�cnica (principio de protecci�n); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o t�cito del sujeto perjudicado, a condici�n de ser observadas las garant�as fundamentales (principio de convalidaci�n); no procede la invalidaci�n cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el prop�sito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa (principio de instrumentalidad); quien alegue la rescisi�n tiene la obligaci�n indeclinable de demostrar no s�lo la ocurrencia de la incorrecci�n denunciada, sino que �sta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garant�as constitucionales (principio de trascendencia) y, adem�s, que para enmendar el agravio no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad (principio de residualidad).
(Resaltado fuera del texto original). 6.3. La preclusividad de los actos procesales. A lo largo de la historia legislativa en materia procesal, ha permanecido, como un principio inmutable, la separaci�n de las diferentes etapas procesales y la preclusividad de las mismas. As�, independientemente de la g�nesis del proceso, esto es, si se trataba de uno inquisitivo, si como para las �pocas anteriores m�s cercanas, presentaba caracter�sticas de uno mixto o si, como ahora y en el caso concreto, es de corte acusatorio, es lo cierto que cada uno de esos procesos prev� el agotamiento de unas etapas determinadas y a cada una de ellas les asigna una finalidad.
Y en palabras de la Corte Suprema de Justicia, �el debido proceso obedece a una sucesi�n ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple tr�mite sino verdaderos actos procesales, metodol�gicamente concatenados en orden a la obtenci�n de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera al arbitrio habr�n de reemplazarse puesto que se han promulgado precisamente para limitar la actividad del juez y para preservar las garant�as constitucionales que permitan un orden social justo. 4.
Dentro de este conjunto de disposiciones y garant�as, se encuentra el principio de las dos instancias tambi�n distinguido en general como �derecho a los recursos�, y espec�ficamente como �doble grado de jurisdicci�n�, de consagraci�n constitucional en los art�culos 29 y 31 de la Constituci�n Pol�tica cuyo sustento, en trat�ndose del mecanismo de impugnaci�n, lo constituye el recurso ordinario de apelaci�n, el cual deber� ser interpuesto dentro de los t�rminos previstos en el Estatuto Procesal Penal patrio y sustentado en debida forma, so pena de perderse la posibilidad que la decisi�n sea revisada por el respectivo superior funcional del que la dict�.
Es as� como subyace en nuestro ordenamiento el principio de preclusividad de las actuaciones como una de las m�s importantes manifestaciones del debido proceso, en tanto tiene estrecha relaci�n con el dise�o y duraci�n de cada uno de los estancos procesales. El debido proceso, se itera, ha de nutrirse de fases concretamente delimitadas, en los fines, la forma y duraci�n, luego, el respeto de esa arquitectura, adem�s, (�) salvaguarda la seguridad jur�dica y una administraci�n de justicia sin dilaciones injustificadas.
Pero adem�s de garantizar los principios de seguridad jur�dica y celeridad, el de preclusividad se convierte en el principal complemento de otras instituciones que, para su operatividad, tambi�n demandan de la observancia de los t�rminos y los l�mites previstos para una determinada fracci�n del proceso. Ahora bien, tambi�n es una verdad inconcusa que a cada uno de esos estancos procesales el legislador le asigna unas especiales connotaciones y finalidades, sin embargo, las consecuencias de que una determinada actuaci�n no observe los derroteros que la ley le fija, no siempre ha de desembocar en su nulidad, pues aquella en todo caso hace parte de un engranaje procesal y en tal virtud solo si todos los eslabones subsiguientes se ven afectados y no representan una salida para tales defectos, ser� posible aplicar el remedio extremo de la nulidad.
De otro lado, ese postulado no est� reservado como l�mite de la actuaci�n judicial, sino que el mismo habr� de tener un efecto vinculante para todos aquellos que participan del andamiaje judicial, quienes, a su arbitrio, no pueden pretender la extralimitaci�n de los t�rminos o la perversi�n de las fases procesales. 6.4. El caso concreto.
En el presente asunto, el recurso de apelaci�n del Defensor se centr� en dos temas, de un lado, en la violaci�n de los derechos fundamentales de su prohijado al haberse decretado la legalidad de la captura en flagrancia en control de garant�as, y de otro, por cuanto la Fiscal�a efectu� una imputaci�n jur�dica que, seg�n los t�rminos de la Defensa, no consultaba la relaci�n f�ctica, lo cual, seg�n su entender era suficiente para decretar la nulidad de la actuaci�n. 6.4.1.
De conformidad con lo se�alado en ac�pites anteriores, la nulidad es un remedio extremo que no se produce por s� misma, ni por inter�s del ordenamiento, sino por virtud de una irregularidad que, siendo de car�cter sustancial, afecta las garant�as del procesado, de ah� que tengan relevancia los principios orientadores para la declaratoria de nulidad enunciados con antelaci�n. De cara al reproche de parte del Censor, tal y como fuera advertido por el Juez de primera instancia, �ste omiti� fundamentar debidamente su petici�n de nulidad en tanto no sustent� sus manifestaciones con base en los principios de taxatividad, acreditaci�n, protecci�n, convalidaci�n, instrumentalidad, trascendencia o residualidad, limit�ndose a se�alar una vulneraci�n de derechos fundamentales en t�rminos gen�ricos.
De ah� entonces que tanto en primera instancia, como en segunda, no se logre determinar un fundamento central que limite el derecho sustancial de tal manera que pueda decretarse la nulidad. Ciertamente, con fundamento en el art�culo 457 del C.P.P., el Apelante aludi� a una vulneraci�n de los derechos fundamentales del se�or ARIAS PALOMO, toda vez que el Juez de control de garant�as decret� la legalidad de la captura de �ste en situaci�n de flagrancia, lo cual no consultaba con la realidad f�ctica.
Sin embargo, no es la audiencia de formulaci�n de acusaci�n en donde se deba reprochar una decisi�n de esta jaez y menos por la v�a de la nulidad. Ciertamente, a tono con el art�culo 339 del C�digo de Procedimiento Penal, en esta diligencia las partes deben manifestar, entre otras, las causales de nulidad, pero no puede pretender el abogado Defensor reabrir discusiones jur�dicas que ya se encuentran plenamente consolidadas, bajo argumentos que no fueron propuestos en la oportunidad procesal pertinente, con el pretexto de la vulneraci�n de garant�as fundamentales.
El debido proceso de la actuaci�n penal, precisamente ha determinado las diligencias que deben ser sometidas ante el Juez de control de garant�as, como por ejemplo aquella que tiene como finalidad determinar la legalidad de la captura del indicado; este funcionario es el encargado de examinar si una vez expedida la orden judicial o en los casos de flagrancia, el desarrollo de la aprehensi�n sigui� el derrotero establecido en la Constituci�n y el C�digo de Procedimiento Penal para el efecto, esto es, sin que se hubiese excedido el l�mite a los derechos fundamentales de quien debe comparecer ante las autoridades judiciales, existiendo la posibilidad en esa audiencia para que las partes interpongan los recursos de Ley frente a la decisi�n adoptada.
Pero lo que pretende el Censor en este punto, es que el Juez de conocimiento analice las circunstancias f�cticas que llevaron a que los agentes del orden aprehendieran al se�or FRANKLIN VLADEMIR ARIAS PALOMO y se pronuncie en cuanto a la legalidad de la situaci�n de flagrancia, que para la Defensa nunca existi�; luego, acceder a tales pretensiones ser�a arrasar con el principio de preclusividad de los actos procesales, porque, se itera, ser�a reabrir etapas procesales ya concluidas en control de garant�as.
No desconoce esta Colegiatura que si bien la discusi�n en punto a la declaratoria judicial de la flagrancia se realiza exclusivamente ante el Juez de control de garant�as, lo cierto del caso es que este t�pico espec�fico puede ser utilizado por las partes, incluso, hasta la audiencia de juicio oral, porque tendr�a incidencia probatoria con el �nimo de develar una posible responsabilidad penal; pero ello no puede significar, que la decisi�n de la legalidad pueda estar sometida al escrutinio del Juez de conocimiento, en tanto ser�a inane una decisi�n de parte del Juez garante de los derechos fundamentales que hace tr�nsito a cosa juzgada.
En tal sentido, lo pertinente era discutir la legalidad de la captura en flagrancia en la audiencia designada para el efecto y en caso de no accederse a sus pretensiones, interponer los recursos de Ley para que fuera un Juez Penal del Circuito, actuando como segunda instancia de control de garant�as, quien definiera en �ltimas el asunto. Pero al dejarse vencer la oportunidad procesal para ello, porque la profesional del derecho que represent� al indiciado no advirti� inconsistencias dentro del procedimiento de su captura y convalid� las actuaciones, la discusi�n en punto a la legalidad de la aprehensi�n, bajo el principio de preclusividad de los actos procesales, cobr� ejecutoria.
Tal como lo se�alara la Defensa, ciertamente ahora la declaratoria de la flagrancia ha cobrado gran relevancia, en tanto que el art�culo original de la Ley 906 de 2004 no le asignaba una consecuencia jur�dica y solo serv�a para fundamentar la procedencia de la aprehensi�n de una persona sin requerimiento judicial, pero a partir de la Ley 1453 de 2011 modific� el contenido de esta figura jur�dica y le asign� como consecuencia en aquellos casos de aceptaci�n de responsabilidad, derivado de la justicia premial, una rebaja de tan solo la cuarta parte del beneficio contenido en el art�culo 351 del C.P.P. No obstante, en el asunto de la especie este tipo de discusiones jur�dicas dirigidas a una posible rebaja de pena por aceptaci�n de los cargos no reporta relevancia alguna, atendiendo al principio de trascendencia, en el entendido que desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n la Fiscal�a fue enf�tica y di�fana en esclarecerle que su decisi�n de allanarse a los cargos no tendr�a beneficio alguno por haber reca�do la conducta en un menor de edad, seg�n las voces de la Ley de Infancia y Adolescencia. De cara a los anteriores planteamientos, tal y como lo refiri� el mismo Defensor, este cuenta con la posibilidad de referirse a la situaci�n de flagrancia en etapas posteriores, se itera, como elemento material probatorio en punto a la responsabilidad penal del acusado y en tal sentido, no puede predicarse una vulneraci�n de las garant�as fundamentales y mucho menos del debido proceso, cuando las ritualidades y las formas estuvieron conforme a la Ley, sin que se evidencie tampoco una falencia en aspectos sustanciales dentro de las mismas.
Huelga concluir entonces que la pretensi�n de nulidad no est� llamada a prosperar, encontrando ajustada a derecho la decisi�n de la primera instancia, la cual tendr� que confirmarse. 6.4.2. Ahora, en punto a la presunta falencia procedimental de la Fiscal�a por endilgar cargos que no consultaron la relaci�n f�ctica en este caso, desatinada result� la pretensi�n del Impugnante con el fin de decretar la nulidad desde la formulaci�n de imputaci�n, porque es menester resaltar desde ahora que el ejercicio de la acci�n penal y la calificaci�n jur�dica, recaen exclusivamente en cabeza de la Fiscal�a General de la Naci�n. El proceso mediante el cual se ventila una situaci�n litigiosa, al encarnar el prop�sito �ltimo de encontrar la verdad, implica una labor gnoseol�gica que, por tal, no puede desplegarse de manera atropellada, sino que, por el contrario, se desarrolla a trav�s de etapas, siendo as� como las resultas ser�n producto de todo un discurrir que se despliega de manera secuencial, escalonada y, h�gase hincapi�, ce�ido a lo que es materia de debate, sin sufrir alteraciones abruptas o sorpresivas.
Ello es plenamente predicable para el proceso penal, m�xime en la actual sistem�tica acusatoria, en la que por la separaci�n de funciones de investigaci�n y juzgamiento, el Juez ya no participa activamente de aqu�lla, sino que s�lo dirime la controversia que traban dos partes en contienda, pronunci�ndose acerca de sus pretensiones; esto es, decidiendo en correspondencia con el objeto en disputa y lo que le deprecan, en los precisos momentos procesales establecidos para ello.
Es por lo anterior que, como expresi�n del debido proceso, se ha establecido que entre cada una de las etapas de las causas criminales debe haber una correlaci�n, y todas ellas deben tener como base un mismo contenido que se va desarrollando etapa a etapa, pues si no se diera as�, mal har�a en hablarse de un proceso. Es aqu�, entonces, que se halla el principio de congruencia que consagra la Ley 906 de 2004 y que, textualmente, expone: �El acusado no podr� ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusaci�n, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena�, m�xima procesal que tiene plena incidencia en el �mbito sustancial, como quiera que reclama un juzgamiento que avance de manera paulatina, en el que el acto posterior est� coligado al antepuesto y en el que, sobretodo, las decisiones a adoptar, se garantice guarden relaci�n con lo discutido y pedido, lo que en �ltimas permite la preparaci�n de una debida defensa y suprime la eventualidad de decisiones sorpresivas.
Acerca de tal principio de congruencia ha dicho la jurisprudencia nacional: �El mandato all� consagrado ha sido llamado, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, principio de congruencia o de correlaci�n, el que constituye basti�n del debido proceso penal desde la doble perspectiva de garant�a (�ntimamente relacionado con el derecho de defensa) y estructura (como eslab�n), pues le marca al Estado un l�mite en el ejercicio del ius puniendi; su car�cter vinculante por antonomasia no puede ser desbordado porque pugnar�a con los mismos sustentos del sistema acusatorio. �Su teleolog�a no hace cosa distinta que exigir una total correspondencia entre el acto complejo de la acusaci�n (escrito y audiencia) el que se extiende hasta el alegato final en el juicio oral y la sentencia en el proceso ordinario, en aras de que el investigado, al momento en que se le acusa, conozca todas y cada una de las circunstancias tanto f�cticas como jur�dicas en que se edifica el pliego acusatorio y de esta manera, planifique su derecho de defensa.� Por virtud entonces de tal principio, en el proceso penal colombiano se reclama, (i) que el n�cleo f�ctico central o esencial sobre el que va a girar la controversia est� plenamente fijado desde un comienzo (formulaci�n de imputaci�n);
(ii) que desde este mismo momento se haga un juicio de adecuaci�n t�pica que, si bien, por apenas comenzar la fase investigativa se torna provisional, sirva de derrotero para una posterior etapa (formulaci�n de acusaci�n) en la que s� ser� necesario, adem�s de mantener el sustrato f�ctico, determinar de manera categ�rica la calificaci�n jur�dica de los hechos;
(iii) la cual ser� base inmodificable para que el Fiscal direccione su actividad probatoria, para que la Defensa ejerza a plenamente su rol y para que el Juez tenga un sentido espec�fico sobre el cual pronunciarse al resolver la Litis. As� las cosas y en correspondencia con el Impugnante, hemos de decir entonces que el proceso penal colombiano encuentra su eje en el acto de acusaci�n, siendo su formulaci�n el estadio procesal en el que la Fiscal�a asienta de forma definitoria la imputaci�n jur�dica, torn�ndose garant�a para las partes que, dentro de los t�rminos en que all� haya sido fijada, se desenvuelva el juzgamiento, sin desestabilizar la seguridad jur�dica que debe jugar a favor de las partes e intervinientes que esperan una sentencia que, por regla general, deber� ser af�n y coherente con los aspectos f�cticos y jur�dicos adverados desde el momento en que se considera hay rudimentos probatorios para concluir, con probabilidad de verdad, la existencia del delito y su autor responsable, esto es, desde la presentaci�n de la acusaci�n. N�tese como el art�culo 336 de la Ley 906 de 2004 hace un llamado a que el �rgano persecutor presente la acusaci�n ante el juez competente �cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia f�sica o informaci�n legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existi� y que el imputado es su autor o part�cipe�, aspecto que, adem�s de ratificar la progresividad del proceso, fortalece la idea, seg�n la cual, el optar por acusar es un punto de quiebre, al que s�lo debe acudir la Fiscal�a cuando en una labor gnoseol�gica sensata y responsable determina que s� cuenta con las potenciales pruebas para lograr, con suficiencia y contundencia, una decisi�n de condena por los cargos que acude al juez de conocimiento.
En otras palabras, cuando en una causa penal hay formulaci�n de la acusaci�n, significa ello que se ha superado el estadio de vacilaci�n propio de la embrionaria fase de investigaci�n y que, correlativamente, ya se posee la expectativa fundada para no hablar m�s acerca del delito y su responsable en t�rminos de posibilidad, sino de probabilidad; grado l�gico m�s cercano a la utop�a que denominamos certeza.
Y de ah� que el acto de parte de acusar implique la imposibilidad de ahondar en las pesquisas, pues una vez radicada la acusaci�n, se sigue el juzgamiento con lo ya acaudalado y que, se entiende, es producto de la labor juiciosa de la Fiscal�a, la que debe propugnar por el juzgamiento en los t�rminos precisos que acusa. �Sobre el particular, imperioso ante todo se hace recordar la jurisprudencia reiterada de la Sala, conforme a la cual al constituir la acusaci�n el marco f�ctico y jur�dico que fija las reglas en cuyo �mbito se desarrolla el debate propio de la fase de juzgamiento, tal pieza procesal se erige en base estructural para determinar el juez a cargo de quien debe quedar la tramitaci�n de dicha etapa de la actuaci�n, sin que sea pertinente para ese efecto considerar aspectos no contemplados en el pliego de cargos, so pena de desconocer el principio de congruencia que en la Ley 906 de 2004 est� consagrado en el art�culo 448, norma al amparo de la cual �el acusado no podr� ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusaci�n, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena�. �En ese sentido, con fundamento en el nuevo sistema penal acusatorio la Sala ha hecho �nfasis en la delicada labor del �rgano investigador cuando se trata de adecuar en el precepto penal correspondiente los hechos materia de acusaci�n, pues �la tipificaci�n que hace la Fiscal�a la compromete de manera precisa con su tarea en el juicio, por lo que en su condici�n de parte tiene una enorme responsabilidad, que surge, de manera formal, al confeccionar el escrito de acusaci�n, espec�ficamente al consignar en �l los hechos jur�dicamente relevantes�.
Para alzaprimar lo esbozado, valga traer a colaci�n a la Corte Suprema de Justicia que, al dirimir conflicto de competencia, expres� acerca de la formulaci�n de acusaci�n: �La formulaci�n de acusaci�n, tiene dicho la Corte, es por excelencia en la sistem�tica procesal penal de la Ley 906 de 2004 (como igual ocurr�a en las legislaciones procesales anteriores) el acto fundamental del proceso dado que tiene por finalidad garantizar la unidad jur�dica y conceptual del mismo, delimitar el �mbito en que va a desenvolverse el juicio y, en consecuencia, fijar las pautas del proceso como contradictorio. �De ah� que en reciente pronunciamiento la Sala haya precisado que ese �acto complejo� de acusaci�n �como pliego concreto y completo de cargos, resume tanto la imputaci�n f�ctica como la imputaci�n jur�dica con miras a que a trav�s de dichas concreciones se permita al acusado conocer los �mbitos y alcances exactos de la acusaci�n, y a partir de estos ejercer el derecho de defensa�.� Aparece entonces que antes de presentarse escrito de acusaci�n hay un amplio margen para que el Fiscal altere la calificaci�n jur�dica dada a los hechos, como quiera que al formular la imputaci�n lo hizo s�lo de manera provisional, siendo la audiencia de formulaci�n oral de la acusaci�n el espacio legalmente establecido para formalizar el contenido del escrito inculpador previamente presentado, pudi�ndose corregir por decisi�n aut�noma de la Agencia Fiscal o por sugerencia de las partes e intervinientes.
En tal sentido, la acusaci�n se habr� arraigado definitivamente como derrotero base para impulsar el proceso, bajo la idea que el Fiscal acus� como consecuencia del concienzudo an�lisis que hizo y que lo condujo a atribuir responsabilidad con probabilidad de verdad, por determinados cargos, sin que sea dable pensar que es del arbitrio de las partes, sea la Defensa, Ministerio P�blico o Apoderado de V�ctimas, que puedan acomodar la adecuaci�n t�pica a su ama�o, porque precisamente ello ser� develado en la audiencia de juicio oral.
Con base en los anteriores derroteros, la calificaci�n jur�dica que realice el Ente Acusador desde la formulaci�n de imputaci�n, si bien debe corresponder con los hechos que son materia de investigaci�n, sin que pueda existir una inflaci�n punitiva que no consulte con los mismos, ello no implica que las partes puedan exigir una modificaci�n de la imputaci�n jur�dica bajo la declaratoria de nulidad, porque, se itera, ello es competencia exclusiva de la Fiscal�a General de la Naci�n. Y lo que se pudo advertir de los registros de audio, es que incluso desde la audiencia de garant�as en la que se endilgaron los cargos al se�or FRANKLIN VLADEMIR ARIAS PALOMO, la Fiscal�a opt� por imputar el delito de homicidio agravado bajo la causal s�ptima del art�culo 104 del C�digo Penal, colocando a la v�ctima en situaci�n de indefensi�n o inferioridad, anunci�ndole al procesado desde esa etapa, los elementos probatorios en los cuales basaba esa inferencia razonable de autor�a, lo cual, seg�n se desprende del escrito de acusaci�n, no va a ser variado siquiera en la formulaci�n de acusaci�n, sino complementado con otros elementos materiales probatorios recopilados en la etapa investigativa.
De ah� entonces que si el Defensor pretende reprochar esa calificaci�n jur�dica, no puede ser a trav�s de la declaratoria de nulidad, porque el Ente Persecutor ha cumplido cabalmente con el ejercicio de la acci�n penal, sin que se perciban trasgresiones a los derechos fundamentales del se�or ARIAS PALOMO y sea a trav�s de la audiencia de juicio oral que logre derrumbar la pretensi�n de condena de la Fiscal�a, como �l mismo lo adujo en su recurso, bajo la teor�a del caso de una leg�tima defensa.
Por ello, los reproches del Censor se despachar�n de manera desfavorable en sede de segunda instancia, para lo cual se confirmar� la decisi�n del Juez Penal del Circuito de Puerto Boyac�. En raz�n y m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, SALA DE DECISI�N PENAL, RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la decisi�n de la fecha, naturaleza y procedencia anotadas.
SEGUNDO: Contra la presente decisi�n no procede recurso alguno. En consecuencia, rem�tase la actuaci�n a la oficina de origen para lo de su competencia. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A JOS� FERNANDO REYES CUARTAS Daniel Ortega Jim�nez Secretario Folio 2. Cfr. Entre otras, sentencias de 18 de noviembre de 2008 y 18 de marzo de 2009, radicaciones 30539 y 30710, respectivamente. Tal principio est� contemplado en la Ley 906 de 2004, art�culo 458.
Y de acuerdo con la misma normatividad las circunstancias enervantes son: la nulidad derivada de la prueba il�cita y cl�usula de exclusi�n (art�culos 23 y 455 ib.); la nulidad por incompetencia del juez (art�culo 456 ib); y la nulidad por violaci�n a garant�as fundamentales: derecho a la defensa y debido proceso, en aspectos sustanciales (art�culo 457 ib.). Providencia del 30 de noviembre de 2011.
Rdo: 37298. M.P: Julio Enrique Socha Salamanca. CSJ, STP, 5 de febrero de 2009, rad 40449. Providencia del 28 de agosto de 2013. Rdo: 41281. M.P: Jos� Luis Barcel� Camacho. Corte Suprema de Justicia. Auto del 25 de febrero de 2015, radicado 43820. Al respecto, tambi�n observar la sentencia de la Corte Constitucional C-025 de 2010. Corte Suprema de Justicia, decisi�n del 28 de marzo de 2012.
Rad. 36621. M.P. Augusto J. Ib��ez. Corte Suprema de Justicia. Auto del 15 de julio de 2008, Radicaci�n 29994. Cfr. Sentencia de casaci�n del 8 de junio de 2011, radicaci�n N� 34022. Cfr. Sentencia de 16 de marzo de 2011, radicaci�n N� 32685. Corte Suprema de Justicia en decisi�n del 5 de septiembre de 2012 (Rad. 39799). P�GINA PAGE 1 SISTEMA ACUSATORIO: 2015-80217-01 FRANKLIN VLADEMIR ARIAS PALOMO HOMIDICIO AGRAVADO Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal .:Qo}~�����������������lZ�E3Z�"hh�CJOJQJ^JaJmH sH (h^[khU6CJOJQJ^JaJmH sH "hb>CJOJQJ^JaJmH sH (h^[kh�?�CJOJQJ^JaJmH sH (h^[khuCJOJQJ^JaJmH sH (h^[kh� 7CJOJQJ^JaJmH sH +h^[khOD5�CJOJQJ^JaJmH sH (h^[khODCJOJQJ^JaJmH sH %hOD5�CJOJQJ^JaJmH sH +h^J=hOD5�CJOJQJ^JaJmH sH 67Nl������������ � � �������������������dhgdr%���`��gdODgd�gd�=� $d�a$gd/�d�gd�Sgdr%�gd^[k $d�a$gd�S$&dP��a$gdOD$a$gdOD���������������������DZ�����r�\F0�0�r+h^[kh1L�5�CJOJQJ^JaJmH sH +h^[khu5�CJOJQJ^JaJmH sH +h^[kh�V�5�CJOJQJ^JaJmH sH +h^[khOD5�CJOJQJ^JaJmH sH +h^[kh�?�5�CJOJQJ^JaJmH sH %hb>5�CJOJQJ^JaJmH sH +h^[kh� 75�CJOJQJ^JaJmH sH (h^[kh^[kCJOJQJ^JaJmH sH "h^[kCJOJQJ^JaJmH sH "hODCJOJQJ^JaJmH sH ���������� ! % & 0 1 3 8 > A I P T ���û٩���p��p^p^p�L:^"h�cCJOJQJ^JaJmH sH "h�T�CJOJQJ^JaJmH sH "h�|�CJOJQJ^JaJmH sH "h1tCJOJQJ^JaJmH sH "h:3�CJOJQJ^JaJmH sH 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Car,Car Car,ft CarCJOJ PJ QJ ^JaJ�&`����OD�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,Ref,de nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Footnote number,referencia nota al pie,BVI fnr,f,Ref. de nota al pie 2,Pie de P�gina,FCH*f�O�fODestilo1d�����]��^��a$!B*CJOJPJQJaJphtH $T�`���TOD Sin espaciado$a$CJ_HaJmH $sH $tH ^Q@�^ODTexto independiente 3CJOJ PJQJ aJtH n�/���nODTexto independiente 3 Car$CJOJ PJQJ ^JaJmH $sH $tH \P�\ OD0Texto independiente 2d��xCJaJtHj�/���jOD0Texto independiente 2 Car CJOJ PJ QJ ^JaJmH $sH $pB@�p ODTexto independiented��xa$ CJOJPJQJaJmHsHtH b�/��bODTexto independiente CarCJOJPJQJ^JaJtH B��BODapple-converted-space<U ��!< jQ�0Hiperv�nculo>*B*ph�,��1,< texto_navyZ�BZ�3� textocaja$d��d�d[$\$OJPJQJmH sH tH V�/��QVgfv�T�tulo 1 Car&5�CJ KH OJ PJQJ \�^JaJ tH X�/��aXgfv�T�tulo 2 Car(5�6�CJOJ PJQJ \�]�^JaJtH R�/��qRgfv�T�tulo 3 Car"5�CJOJ PJQJ \�^JaJtH :/�:gfv0Lista(����^�`���m$>2�>gfv0Lista 2)�6���^�6`���m$>3�>gfv0Lista 3*�Q���^�Q`���m$>4�>gfv0Lista 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