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H: 5:30 p.m. Manizales, veintiuno (21) de Julio de dos mil quince (2015) 1. ASUNTO: La Juez Tercera Penal del Circuito de Manizales, Caldas, en audiencia llevada a cabo el cinco (05) de junio de dos mil quince (2015), decidi� improbar el preacuerdo celebrado entre la Fiscal�a y el procesado BRIAN ALEXIS D�AZ JARAMILLO, vinculado a la investigaci�n adelantada por el delito de VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR P�BLICO.
Notificada la decisi�n en estrados, la Fiscal�a y el Defensor interpusieron el recurso de apelaci�n, raz�n por la cual se encuentra el proceso en esta Sala a fin de desatar la alzada. 2.
HECHOS: Los hechos fueron resumidos en el acta de preacuerdo en la cual se expuso que el d�a veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015) hacia las 2:10 de la tarde, la Polic�a Nacional fue informada de un caso de violencia intrafamiliar en la Calle 67 N� 35 A 62 barrio F�tima de la ciudad de Manizales, para lo cual se desplazaron los agentes del orden, quienes al llegar al sitio fueron recibidos por la se�ora ANA MAR�A JARAMILLO GALLEGO quien les manifest� que su hijo BRIAN ALEXIS D�AZ JARAMILLO se encontraba bastante alterado, las hab�a agredido a ella y a la abuela y se encontraba encerrado en su habitaci�n. Despu�s de la intervenci�n de la autoridad policial, el sujeto sali� de cuarto, momento en el cual despu�s de cruzar algunas palabras con el patrullero LUIS FELIPE TRUJILLO VERGARA lo agredi� lanz�ndole un pu�o que impact� su rostro, momento en el cual se redujo al agresor y se remiti� a las autoridades competentes. 3.
ACTUACI�N PROCESAL: 3.1. El veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015) el Fiscal 16 Seccional URI de la ciudad de Manizales dej� en libertad al indiciado, al no encontrar esclarecido el dolo de la conducta punible por la cual fue capturado, situaci�n que le imped�a llevarlo ante un Juez de control de garant�as. 3.2. Posteriormente, el veinticuatro (24) de abril del presente a�o, ante la Juez Octava Penal Municipal con Funci�n de control de garant�as de Manizales, se celebr� audiencia de formulaci�n de imputaci�n en contra del se�or BRIAN ALEXIS D�AZ JARAMILLO por el delito de VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR P�BLICO, cargos que no fueron aceptados en esa oportunidad. 3.3.
Presentada el acta de preacuerdo el treinta (30) de abril del presente a�o, el cinco (05) de junio siguiente se efectu� la diligencia que ten�a por objeto verificar la legalidad del preacuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscal�a General, en cuyo desarrollo se produjo la decisi�n que ahora convoca la atenci�n de la Sala. 3.4. Para ello, la Juez de instancia instal� la audiencia y concedi� la palabra al Fiscal para que presentara el preacuerdo, procediendo a enunciar los t�rminos del mismo.
Acto seguido verific� que la aceptaci�n de cargos del procesado por el preacuerdo hubiera sido libre de cualquier vicio del consentimiento. 4. LA DECISI�N DE INSTANCIA: La Juez de primer nivel despu�s de analizar los pormenores normativos y jurisprudenciales en materia de preacuerdos y negociaciones, manifest� que si bien el preacuerdo conced�a una rebaja de pena derivado de la aceptaci�n temprana de los cargos por el delito endilgado, la misma no pod�a constituirse en la mitad de la pena a imponer, olvidando las partes que el procesado fue capturado en t�pica situaci�n de flagrancia lo cual obligaba a que la rebaja, de conformidad con los t�rminos del C�digo de Procedimiento Penal, fuera tan solo de la cuarta parte del beneficio de que trataba el art�culo 351 del mismo estatuto.
Adujo que la captura del se�or D�AZ JARAMILLO fue producto de las causales contenidas en el art�culo 301 del C.P.P., esto es, al momento de la comisi�n del delito, lo cual actualizaba el sentido mismo que tra�a consigo la figura jur�dica de la flagrancia, para lo cual trajo a colaci�n diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que la definen.
Concluy� que a pesar de no haberse llevado el capturado ante un juez de control de garant�as, se cumpl�a con los requisitos de inmediatez, identificaci�n y aprehensi�n establecidos por la jurisprudencia para definir los presupuestos de la flagrancia, porque incluso, tal y como lo manifest� la Fiscal�a 16 Seccional URI, no exist�an presupuestos legales para hacerlo comparecer ante el Juez de garant�as, en tanto la pena m�nima del delito investigado no superaba los 4 a�os de prisi�n, audiencias preliminares que no eran el presupuesto legal ni jurisprudencial para la declaratoria de flagrancia. Por este motivo improb� el preacuerdo presentado, frente a lo cual tanto la Defensa como la Fiscal�a interpusieron el recurso de apelaci�n.
5. MOTIVOS DE ALZADA: 5.1. El Fiscal. Consider� que en este caso particular, el tema en punto a la configuraci�n de la flagrancia ya ha sido decantado no solo por la Corte Suprema de Justicia, sino adem�s por el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal, en providencia del 30 de abril de 2012 con ponencia del Magistrado Antonio Toro Ruiz, conforme a la cual, si bien puede ocurrir la situaci�n de flagrancia, para aplicar las consecuencias jur�dicas de la misma, deb�a tener una declaraci�n judicial, por parte del Juez de control de garant�as.
De ah� entonces que sea procedente la rebaja de pena pactada en el preacuerdo, por cuanto no se legaliz� su captura en flagrancia. 5.2. El Defensor. Solicit� se revocara la decisi�n de la Juez de primer nivel y se impartiera aprobaci�n del preacuerdo con el fin de concederle a su prohijado la rebaja que por ley tiene derecho, teniendo en cuenta que a la luz de lo mencionado por el Fiscal, en este caso no se pod�a configurar la flagrancia. 6.
CONSIDERACIONES: 6.1. Problema jur�dico. Se contrae a establecer si la decisi�n tomada por la Juez de instancia consistente en improbar el preacuerdo suscrito entre los acusados y la Fiscal�a, fue acertada o por el contrario, lo que se reclamaba de dicha funcionaria judicial era aprobarlo, pues el mismo resultaba acorde con el principio de legalidad, el cual se entroniza en el sistema procesal penal como un claro moj�n para verificar la admisi�n de preacuerdos celebrados entre los actores del proceso.
Antes de abordar el problema jur�dico planteado, es necesario abordar el tema de los preacuerdos y negociaciones en el actual sistema procesal penal, teniendo en cuenta las particularidades que ense�a el tr�mite llevado a cabo en primera instancia. 6.2. Preacuerdos y negociaciones. En efecto y como con acierto lo mencionara la Falladora de instancia, el art�culo 348 del C.P.P prev� la posibilidad de realizar negociaciones encaminadas a satisfacer las finalidades previstas en dicha norma, a las cuales no haremos alusi�n, dada su reproducci�n en la decisi�n de instancia. Estos preacuerdos o acuerdos establecidos en el C�digo de Procedimiento Penal pueden presentarse en varios momentos: i) Desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n y hasta antes de ser presentado el escrito de acusaci�n; en esta etapa podr� el imputado: (a) Aceptar los cargos imputados por determinado delito, lo que comporta una rebaja hasta de un cincuenta por ciento de la pena, siempre y cuando no haya sido capturado en flagrancia, porque en estos casos y a partir de la vigencia de la Ley 1453 de junio 24 de 2011, art�culo 57, par�grafo, s�lo procede una rebaja de una cuarta parte del beneficio;
(b) aceptar los cargos por un delito sancionado con pena menor a cambio de que el Fiscal elimine de la acusaci�n alguna causal de agravaci�n punitiva, o alg�n cargo espec�fico o, tipifique la conducta, dentro de su alegaci�n conclusiva, de una forma espec�fica con miras a disminuir la pena; (c) llegar a un preacuerdo con el Fiscal sobre los hechos imputados y sus consecuencias, y si hubiere un cambio favorable para el imputado con relaci�n a la pena por imponer, este constituir� la �nica rebaja compensatoria por el acuerdo. ii) Tambi�n proceden los preacuerdos una vez presentada la acusaci�n y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptaci�n de su responsabilidad, de acuerdo con las modalidades se�aladas en precedencia, pero en esta etapa, la pena se reducir� hasta en una tercera parte, tal como lo manda el art�culo 352 del C�digo de Procedimiento Penal, excepto para quienes sean aprehendidos en situaci�n de flagrancia a partir de la vigencia de la ley 1453 de 2011, quienes s�lo obtendr�n una rebaja de una cuarta parte de los beneficios aludidos.
Por otra parte ha de tenerse presente que si bien el Fiscal delegado para determinado asunto tiene la potestad de preacordar con el imputado o acusado, tal preacuerdo debe regirse por el principio de legalidad: �Es claro, entonces, que cuando el numeral acusado refiere a que el fiscal podr� adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo �preacuerdos desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n� en el que el imputado se declarar� culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal �tipifique la conducta, dentro de su alegaci�n conclusiva, de una forma espec�fica con miras a disminuir la pena�, no se refiere a la facultad del fiscal de crear nuevos tipos penales, pues trat�ndose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre la Fiscal�a y el imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal est� referida a una labor de adecuaci�n t�pica, seg�n la cual, se otorga al fiscal un cierto margen de apreciaci�n en cuanto a la imputaci�n que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta negociaci�n el Fiscal no podr� seleccionar libremente el tipo penal correspondiente sino que deber� obrar de acuerdo con los hechos del proceso.
En efecto, en relaci�n con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aqu�l no tiene plena libertad para hacer la adecuaci�n t�pica de la conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias f�cticas y jur�dicas que resultan del caso. Por lo que, a�n mediando una negociaci�n entre el fiscal y el imputado, en la alegaci�n conclusiva debe presentarse la adecuaci�n t�pica de la conducta seg�n los hechos que correspondan a la descripci�n que previamente ha realizado el legislador en el C�digo Penal.
La Corte reafirma que la facultad otorgada al fiscal de tipificar la conducta con miras a disminuir la pena es una simple labor de adecuaci�n y no de construcci�n del tipo penal por el mismo. Las normas positivas deben consagrar previamente las conductas punibles y concretar igualmente las sanciones que ser�n objeto de aplicaci�n por el fiscal.
Por ende, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad penal cuando se interpreta en correspondencia con el de tipicidad plena o taxatividad en la medida que la labor, en este asunto del fiscal, se limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en la descripci�n previamente establecida por el legislador o en una relacionada de pena menor�. En s�ntesis concluy� la Corte Constitucional en la oportunidad acabada de rese�ar, que si bien el Fiscal tiene facultad de celebrar preacuerdos con el imputado o acusado, tal facultad est� limitada por el principio de legalidad, esto es, debe someter el preacuerdo a las circunstancias f�cticas y jur�dicas que arroje la actuaci�n, con el fin de que el preacuerdo no se torne improcedente por hallarse al margen de la ley. 6.2.1.
Obligaciones y facultades del Juez que eval�a los preacuerdos y allanamiento a cargos. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la competencia del juez de conocimiento en trat�ndose de justicia consensuada o premial, radica en realizar una verificaci�n no solo formal de los t�rminos de los acuerdos, sino que debe efectuar un an�lisis integral que permita establecer a ciencia cierta lo que la realidad procesal ense�a, en aras de lograr el respeto a las prerrogativas fundamentales que deben regir en esta materia, con el fin de llegar a una justicia material frente al hecho delictuoso cometido.
As� lo ha puntualizado esa Alta Corporaci�n: �� Ning�n procedimiento penal con fundamento en el respeto de la dignidad humana y orientado a la b�squeda de un orden justo, como lo ser�a el de todo Estado Social y Democr�tico de Derecho que se precie de serlo, podr�a condenar a una persona bajo el presupuesto de una verdad meramente formal, sustentada tan s�lo en el consenso que tanto el organismo acusador como el procesado manifiesten ante el juez de conocimiento, sin que este �ltimo tenga la posibilidad de verificar que no se hayan afectado derechos y garant�as fundamentales.� Ahora bien, debe tenerse en cuenta que esas figuras se nutren de supuestos diferentes, pues mientras el allanamiento a los cargos opera, como se dijo supra, de manea pura y simple, los preacuerdos y negociaciones est�n precedidos de concesiones mutuas.
Lo anterior quiere decir que en el allanamiento a cargos lo que se manifiesta es la voluntad del procesado, sin que la misma sea el resultado de conversaciones con el representante de la Fiscal�a General de la Naci�n; de igual manera esa expresi�n de voluntad no se somete a condiciones. Los preacuerdos y negociaciones por su parte, obedecen a una voluntad que atiende a acuerdos y cesiones tanto de la Fiscal�a, como del procesado, de tal suerte que la calificaci�n jur�dica de los hechos y eventualmente las consecuencias punitivas de la actuaci�n, sean el resultado de un acuerdo com�n. Esas diferencias no son insustanciales, por el contrario, dependiendo de cu�l de las figuras se haya presentado, el proceso estar� dotado de unas determinadas implicaciones. 6.2.3 Es as�, como dependiendo de si se trata de una admisi�n de responsabilidad en los t�rminos queridos e inicialmente expuestos por la Fiscal�a, o de un consenso entre los dos actores principales del proceso, la actuaci�n subsiguiente ameritar� la intervenci�n y control de diferentes funcionarios judiciales; de igual manera los beneficios punitivos tambi�n podr�n ser diversos.
Y teniendo en cuenta las m�ltiples vicisitudes que pueden presentarse en trat�ndose de las figuras en comento, han sido tambi�n varios los criterios jurisprudenciales que se han planteado con el fin de asumir el estudio de aquellos casos en los cuales, a pesar de que las partes o el Fiscal eligieron una calificaci�n jur�dica de los hechos, la admitieron como la adecuada y adem�s le asignaron consecuencias; la realidad procesal, f�ctica y probatoria enfrenta esa potestad �que parec�a intocable-, a principios superiores y concretamente a la supremac�a de la labor judicial, la cual, desde los albores del sistema, se considera como la garant�a de una justicia penal acorde a derecho y a las garant�as fundamentales: �No sobra recordar c�mo la Corte Constitucional se ha ocupado de este asunto, y es as� que ha manifestado que: �El �mbito y naturaleza del control que ejerce el juez de conocimiento est� determinado por los principios que rigen su actuaci�n dentro del proceso penal como son el respeto por los derechos fundamentales de quienes intervienen en la actuaci�n y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia (art.10); el imperativo de hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuaci�n procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condici�n econ�mica, f�sica o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 4), as� como el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia (art. 5). 7.
El caso concreto. 7.1. De acuerdo con lo dicho, el disenso que un Juez plantee respecto del preacuerdo o la aceptaci�n de cargos al cual deba impartirle aval debe trasuntar una absoluta afrenta a las garant�as fundamentales y en el caso de que el menoscabo sea del principio de legalidad en sus manifestaciones, la contrariedad debe ser evidente.
En el presente caso la Juez se apart� de la voluntad de las partes argumentando que al haber sido efectuada la captura del se�or BRIAN ALEXIS D�AZ JARAMILLO en t�pica situaci�n de flagrancia, no se ajustaba a la legalidad la rebaja de pena del 50% contenida en el preacuerdo. 7.2. No se desconoce la existencia de norma procedimental penal (par�grafo del art�culo 301 del actual C.P.P.) que mengua la proporci�n de rebaja de pena a la que podr�n hacerse acreedores todos aquellos que hayan sido capturados en t�pica situaci�n de flagrancia y opten por admitir temprana responsabilidad.
Tal premisa jur�dica no est� en tela de juicio, siendo incuestionable que el capturado en flagrancia que se allana a cargos, dado su menor margen de colaboraci�n con la justicia, obtendr� un beneficio punitivo disminuido. La controversia se centra, pues, en verificar si del se�or BRIAN ALEXIS D�AZ JARAMILLO es predicable que fue capturado en flagrancia, estando en pugna si ello es un supuesto eminentemente f�ctico que debe entenderse configurado al ser acreditado con los rudimentos acaudalados, tal como lo determin� la a quo, o depende de su reconocimiento judicial en momento procesal espec�fico como lo es la audiencia de legalizaci�n de la captura.
Pues bien; sin necesidad de ahondar en profusas elucubraciones dir� la Sala que de tiempo atr�s ya ha sentado una postura acerca de la necesidad de que cuando se configure un evento de flagrancia, no podr� ella deducirse de las actas que los investigadores levanten o de las manifestaciones de la Agencia Fiscal, sino que su reconocimiento como realidad jur�dica, depende de que el asunto (con la persona capturada) haya sido puesto a consideraci�n de la autoridad judicial encargada de impartirle legalidad.
En efecto, ya se ha dicho que dada la excepcionalidad de la captura sin orden judicial, mal se har�a en que la existencia de la flagrancia pudiese librarse al azar, como un cabo suelto a definir en cualquier etapa del proceso, siendo entonces necesario que cuando la captura se d� en tan especial y delicada modalidad, de manera perentoria (dentro de las 36 horas siguientes) sea el aprehendido llevado ante el encargado de avalar el procedimiento y, por tal, ratificar la efectiva situaci�n de captura en flagrancia que, it�rese, no puede certificarse ni obtener un viso de legalidad por la llana manifestaci�n de la Fiscal�a. �C�mo hablar de una v�lida captura en flagrancia si �nicamente reposa en el cartulario constancia de la aprehensi�n? La Sala considera que ello no es posible, siendo as� como se ratifica que la aprehensi�n como elemento f�ctico constatable, es muy distinto de una captura en flagrancia frente a la cual la Fiscal�a adopt� una actitud omisiva, siendo incluso consciente de ello al otorg�rsele libertad al indiciado por parte del delegado URI al d�a siguiente a su captura sin que viera la necesidad de llevarlo ante el Juez de control de garant�as, presuntamente porque no advirti� el dolo de la conducta punible por la cual fue capturado.
Pero esta manifestaci�n Fiscal al disponer la libertad no puede servir de fundamento para acreditar ese reconocimiento de la flagrancia como realidad jur�dica, de un lado, porque en el nuevo sistema de procedimiento penal la Fiscal�a fue relevada de sus funciones judiciales -art�culo 65 del C.P.P.- como en otrora suced�a con anteriores compendios legales, siendo ahora competencia del Juez de control de garant�as resolver sobre la legalidad de la captura y en este sentido, el reconocimiento judicial de la situaci�n de flagrancia. Por ello, pese a que la decisi�n de instancia fue atinada al referir que la libertad otorgada por el Fiscal era lo procedente en tanto la captura del indiciado lo fue por un delito cuya pena m�nima no superaba los 4 a�os de prisi�n, seg�n el entendimiento del inciso cuarto del art�culo 302 del C.P.P., lo cierto es que ello no imped�a tampoco acudir ante el Juez de control de garant�as dentro de las 36 horas siguientes para que decretara legal su captura, en donde tendr�a lugar el reconocimiento judicial de la flagrancia. Luego, de conformidad con lo antes enunciado, al ser llevado el indiciado aprehendido ante la Fiscal�a General de la Naci�n, esta puede optar, bien por dejarlo en libertad cuando la captura hubiese sido ilegal o cuando el delito por el cual se captur� no comporta detenci�n preventiva, ora por llevarlo ante el Juez de control de garant�as para que se pronuncie preliminarmente sobre la legalidad de la captura, en este segundo evento sin importar el delito por el cual se encuentre detenido, porque la diligencia de legalizaci�n de captura no implica necesariamente la suced�nea audiencia de formulaci�n de imputaci�n y su consecuente solicitud de medida de aseguramiento.
Debe recordar la Juez que todas son audiencias que si bien se pueden llevar a cabo en un mismo momento procesal, las mismas comportan la caracter�stica de ser independientes y por ello, tambi�n tiene la facultad el Ente Acusador de acudir al control de garant�as �nicamente para que se decrete la legalidad de la aprehensi�n, frente a lo cual, sin m�s solicitudes ante la Judicatura, deber� tambi�n ser puesto en libertad el referido sujeto.
Ello tiene relevancia en tanto que el art�culo original de la Ley 906 de 2004 no le asignaba una consecuencia jur�dica a la flagrancia y solo serv�a para fundamentar la procedencia de la aprehensi�n de una persona sin requerimiento judicial, pero a partir de la Ley 1453 de 2011 modific� el contenido de esta figura jur�dica y le asign� como consecuencia en aquellos casos de aceptaci�n de responsabilidad, derivado de la justicia premial, una rebaja de tan solo la cuarta parte del beneficio contenido en el art�culo 351 del C.P.P. y precisamente esto lo deben tener en cuenta los Fiscales cuando los policiales pongan a disposici�n un detenido.
En tal sentido, el fundamento expuesto por el a quo si bien no es del todo desatinado, no se aviene a las reformas que ha contemplado el C�digo de Procedimiento Penal ni a los pronunciamientos que desde el a�o 2012 se han producido en la materia. Todo lo anterior se puede condensar en la decisi�n de este Tribunal a la que con tino se hizo referencia por parte de la Fiscal que asumi� el caso inicialmente y por el Defensor a la hora de sustentar el recurso de apelaci�n: �Del estudio normativo y jurisprudencial, se aprecia de forma di�fana y perspicua, que en el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, la consideraci�n del persecutor penal, cuando recibi� el informe de captura que daba cuenta de los antecedentes que motivaron la aprehensi�n de los tres reclusos y referida a que: ��no resulta ni jur�dica ni materialmente posible la captura de una persona que ya se encuentra privada de su libertad, considera esta delegada que esta aprehensi�n resulta inexistente, por cuanto �como ya se indic� los internos Gerardo Andr�s V�lez Garc�a, Arnulfo Oquendo Rueda y Didier Augusto L�pez Pav�n se encuentran actualmente purgando condena intramural��, se convirti� en un error de procedimiento que en adelante transmut� en ilegal lo que ten�a visos de legalidad; vale decir, si como presupuesto de la captura refulg�a evidente la flagrancia, aquella postura fiscal impidi� la intervenci�n del Juez con funciones de control de garant�as para que ejecutara el filtro constitucional ineludible en este tipo de actuaciones como paladinamente lo manda el art�culo 302 de la Ley 906 de 2004 y, per se, discutiera en audiencia preliminar si esa aprehensi�n se ajustaba o no a dichos par�metros con independencia de si se solicitaba o no medida de aseguramiento.
Por ende, aqu�l procedimiento de polic�a judicial protagonizado por el personal de guardia del establecimiento carcelario se qued� en la indeterminaci�n jur�dica, sin el sello constitucional de la legalidad. (�) �En otras palabras, ese concepto de ilegalidad apenas puede extenderse hacia una consecuencia directa e insoslayable: la libertad, otorgada anticipadamente bajo el pre-mencionado y anunciado juicio personal del Fiscal Delegado (que no de la actuaci�n como tal), conduce a que la pretermisi�n estatal en �presentar al aprehendido� de manera inmediata o a m�s tardar dentro de las 36 horas siguientes ante el Juez de Garant�as para escuchar su postura jur�dica, audiencia que es apenas obvio ya no puede cumplirse para encauzar a derecho la omisi�n del persecutor penal, dej� en la irresoluci�n la calificaci�n del acto captura-flagrancia cumplido al interior de la c�rcel local de varones, concepci�n dual inescindible a la hora de constituirse dentro de la actuaci�n para colegir, finalmente, que si no se legaliz� la aprehensi�n, tampoco pod�a estimarse la flagrancia como su correlato y sustrato jur�dico inmanente.� (Resaltado por esta providencia).
Lo cual compagina con decisi�n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, auto de segunda instancia del 9 de abril de 2014, que vale citar in extenso pues se trat� de un caso en el que la Juez anul� lo actuado por el ofrecimiento de rebaja de pena de un 50% a una persona que fue aprehendida cometiendo la conducta, pero no llevada ante juez de control de garant�as para legalizarse la captura en situaci�n de flagrancia: �14.
La primera de ellas se da en las circunstancias especiales que consagra el citado art�culo 301; sin embargo, para establecer que en efecto ocurri� una captura en flagrancia se debe dar estricto cumplimiento a lo previsto en el art�culo 302 de la misma norma, ello es, que se deje a disposici�n de la Fiscal�a el aprehendido dentro del t�rmino previsto en la Ley, para posteriormente presentarlo ante el Juez de Control de Garant�as. �15.
A su turno, la segunda de las formas de captura a las que se hace referencia se presenta por mandato judicial precedido de petici�n fiscal. La autoridad requirente acude a esta modalidad cuando cuenta con motivos razonablemente fundados de que una persona es autor o part�cipe de un delito, y es el Juez de Control de Garant�as, previa valoraci�n de lo planteado, quien dispone emitir la correspondiente orden de captura. �16.
En consecuencia, ya sea para hablar de captura en flagrancia o por orden judicial, se requiere de agotar el procedimiento previsto en la norma procesal, porque de no hacerse en los t�rminos se�alados simplemente se tratar� de una aprehensi�n del posible autor de un il�cito, como ocurri� en el presente asunto. � 17. As�, es claro que en las actuales condiciones, entonces, la tesis sostenida por la Fiscal�a y la Defensa resulta correcta en la medida en que la definici�n legal de flagrancia est� necesaria y directamente vinculada con la captura del autor, esto es, que �a los dos requisitos que han sido establecidos por la jurisprudencia, �uno de car�cter objetivo-temporal que es la actualidad, esto es, que una o varias personas, entre las que puede estar la v�ctima, se encuentren presentes en el momento de la comisi�n del reato o instantes despu�s y se percaten de �l; y otro de naturaleza personal que consiste en la identificaci�n o, por lo menos, la individualizaci�n del autor o part�cipe se suma ahora la aprehensi�n en el acto de la realizaci�n del mismo o en los momentos subsiguientes �por persecuci�n o voces de auxilio de quien presencie el hecho[3], m�s la presentaci�n ante el Juez de control de Garant�as, tal y como qued� expuesto al inicio de las consideraciones.
(�) �21. La Sala considera que para establecer la cantidad de rebaja procedente para un sujeto que se allana a los cargos imputados o que preacuerda con la Fiscal�a, lo determinante est� dado por la subsiguiente presentaci�n del aprehendido ante el juez de garant�as y la declaraci�n de legalidad del procedimiento de captura en situaci�n de flagrancia. �22.
El anterior entendimiento es producto de la aplicaci�n del principio pro homine, regla hermen�utica a partir de la cual se impone escoger entre varias interpretaciones la m�s favorable al procesado. Y ello es as� porque, por ejemplo, cuando la Fiscal�a promueve una audiencia preliminar de legalizaci�n de captura contra una persona aprehendida en situaci�n de flagrancia, para que persista la alegada flagrancia -con sus consecuencias- debe el juez de garant�as declarar la legalidad de la captura.
Pero en supuestos en los que se declara la ilegalidad de una captura, la Fiscal�a podr�a continuar con la audiencia de imputaci�n, luego de la cual el procesado estar�a facultado para allanarse a los cargos y recibir una rebaja de pena de hasta el 50% porque no existir�a jur�dicamente la alegada situaci�n de flagrancia, en tanto la misma fue declarada ilegal. �23.
En fin, el int�rprete no puede desconocer que una cosa es el acontecimiento f�ctico y otra la valoraci�n jur�dica que del mismo se hace por parte de los jueces, porque por esa el �nico resultado obtenido es la falacia naturalista[4]. De all� que si en una supuesto concreto se da alguna de las hip�tesis previstas para calificar la retenci�n de una persona como en estado de flagrancia, dicha situaci�n no puede tener el alcance normativo previsto para la misma si la captura es calificada como ilegal por la judicatura. �24.
De lo anterior deviene improcedente la nulidad decretada por el a quo porque en el sub examine no tiene cabida la restricci�n prevista en el par�grafo del art�culo 57 de la Ley 1453 de 2011[5], dado que la misma solo es aplicable cuando la persona es capturada en flagrancia y dicha procedimiento es declarado legal por el juez de garant�as, pero en este asunto la situaci�n difiere al estar precedida de la emisi�n por parte de un juez de una orden de captura, de modo que a favor del imputado resulta procedente ofrecerle una rebaja por aceptaci�n de cargos de hasta el 50% de la pena, tal y como lo anunci� la Fiscal�a. Fluye de lo expuesto que no se concibe que estando el concepto jur�dico de flagrancia �ntimamente relacionado en la legislaci�n actual con el acto de la captura, pueda predicarse la existencia de la primera si tal acto material de aprehensi�n no fue puesto a consideraci�n del juez de control de garant�as para que se pronunciara sobre su legalidad. 7.3.
As� las cosas, al evidenciarse que las objeciones planteadas por la Juez de instancia frente al preacuerdo pactado entre las partes no resultaron ajustadas a derecho, debe concluirse que en el asunto se vigoriza el derrotero mencionado �justicia consensuada- entronizado por el legislador de 2004 y en tal virtud deb�a de respetarse tal pacto, conclusiones que implican la revocatoria de la decisi�n revisada, con el fin de que entre a proferir sentencia correspondiente seg�n los t�rminos del mismo.
En raz�n y m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, SALA DE DECISI�N PENAL, RESUELVE, 1. REVOCAR en su integridad la decisi�n de la fecha, naturaleza y procedencia anotadas y, en su lugar, DISPONER que la Falladora de instancia entre a proferir la sentencia correspondiente, conforme a lo pactado. 2.
Contra la presente decisi�n no procede recurso alguno. En consecuencia, rem�tase la actuaci�n a la oficina de origen para lo de su competencia. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A JOS� FERNANDO REYES CUARTAS Daniel Ortega Jim�nez Secretaria Folio 85. Art�culo 348 del C�digo de Procedimiento Penal. Dispone la citada norma: �Par�grafo.
La persona que incurra en las causales anteriores s�lo tendr� � del beneficio de que trata el art�culo 351 de la Ley 906 de 2004� Art�culos 350 y 351 del C. P. P. Reza la citada disposici�n: �Presentada la acusaci�n y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptaci�n de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podr�n realizar preacuerdos en los t�rminos previstos en el art�culo anterior.
Cuando los preacuerdos se realizaren en este �mbito procesal, la pena imponible se reducir� en una tercera parte�. Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2005, M.P Dra. CLARA IN�S VARGAS HERN�NDEZ Negrilla y subrayado de la Sala. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, sentencia del 27 de abril de 2011, radicaci�n N� 34.489. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, sentencia del 27 de octubre de 2008, radicaci�n No. 29979. Corte Constitucional, sentencia C-516 de 2007, citada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 27 de octubre de 2008, rad. 29979.
Postura similar hab�a sido expuesta en la sentencia C-591 de 2005, y as� mismo hab�a sido anticipada en la C-425 de 1996, referida al C�digo de Procedimiento Penal de 1991. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de Decisi�n Penal. MP: Antonio Toro Ruiz; Providencia del 30 de abril de 2012; aprobada mediante acta 168 de la fecha. P�gina PAGE 1 SISTEMA ACUSATORIO: 2015-80379-01 BRIAN ALEXIS D�AZ JARAMILLO VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR P�BLICO Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal .9:;Rp~����������û��{fQ{?�*?�(hC$�h�bCJOJQJ^JaJmH sH "h`P}CJOJQJ^JaJmH sH (hC$�h`P}CJOJQJ^JaJmH sH (hC$�h�%�CJOJQJ^JaJmH sH (hC$�h� 7CJOJQJ^JaJmH sH +hC$�hOD5�CJOJQJ^JaJmH sH (hC$�hODCJOJQJ^JaJmH sH h�Z�mH sH %h(al5�CJOJQJ^JaJmH sH %hOD5�CJOJQJ^JaJmH sH +h^J=hOD5�CJOJQJ^JaJmH sH 6:;Om����������� � � � ��������������������$a$gd�h���`��gd/�gd�+ngd�Z�����^��`��gd�Z�gd�d�gd�S$&dP��a$gdOD$a$gdOD�������������������������Ƴ�����q��[q����qPE:h�s�h�Z�CJaJhC$�h�CJaJhC$�hODCJaJ+hC$�h�V�5�CJOJQJ^JaJmH sH +hC$�hOD5�CJOJQJ^JaJmH sH +hC$�ho1K5�CJOJQJ^JaJmH sH +hC$�h"cD5�CJOJQJ^JaJmH sH %h`P}5�CJOJQJ^JaJmH sH +hC$�h� 75�CJOJQJ^JaJmH sH (hC$�h�s�CJOJQJ^JaJmH sH hC$�hODCJaJmH sH ������� F G M N P Q U [ ^ f m q r s u � � � ���̷̷����������o]K]�����"hKCJOJQJ^JaJmH sH "hF:�CJOJQJ^JaJmH sH "h�T�CJOJQJ^JaJmH sH "h��CJOJQJ^JaJmH sH 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