15-572-31-84-001-2015-00049-01 · Tribunal de Manizales

��ࡱ�>�� ^`��]��Y� ��Rbjbj[�[� �s9� \9� \!J8n�� 8$)D�1!0mm��:P\� � � � � � � $a"�%�� d":dd� �� d|�� d� ��:8,x ��k�SpO��Xd � !01!n �%8��%x �%�x $dd�ddddd� � �ddd1!dddd��%ddddddddd� �i: $REP�BLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES SALA CIVIL FAMILIA MAGISTRADO SUSTANCIADOR: ROBERTO CHAVES ECHEVERRY RAD. 15-572-31-84-001-2015-00049-01 Rad.

Int. 7-021 Manizales, veintis�is (26) de octubre de dos mil diecis�is (2016). Avoca la Sala el resolver del RECURSO DE APELACI�N interpuesto por la parte demandada en contra del auto proferido por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO BOYAC�, BOYAC�, en la audiencia celebrada el d�a 17 de agosto de 2016; dentro del proceso de LIQUIDACI�N DE SOCIEDAD PATRIMONIAL, promovido por el se�or C�SAR AUGUSTO HENAO REYES en contra de la se�ora MAR�A ISABEL Z��IGA BARRAG�N.

ANTECEDENTES El 26 de mayo de 2016, la se�ora Mar�a Isabel Z��iga Barrag�n, por intermedio de apoderado judicial, present� escrito de �inventarios y aval�os adicionales� (fls. 1 a 8, C.1). Del mismo se corri� el traslado por el t�rmino de 3 d�as (fls. 37 y 38, C1). Que el 1 de junio de 2016, el se�or C�sar Augusto Henao Reyes, obrando por intermedio de apoderado, present� objeciones al �inventario y aval�o adicional� allegado por la parte demandada (fls. 39 a 42, Ib�dem).

Que el 17 de agosto de 2016, se declar� abierta la audiencia p�blica donde el a quo resolvi� la objeci�n referida. En esa oportunidad se decidi�, frente a �la primera partida de inventarios y aval�os adicionales�, que toda vez que el bien inmueble all� descrito aparece en cabeza del demandante de conformidad con el certificado de tradici�n referente a la matr�cula inmobiliaria No. 088-2823, deb�a ser incluido dentro de los inventarios; y que a efectos de conocer su valor se nombrar�a a un perito de la lista de auxiliares de la justicia, para que informara �qu� precio debe tener dicho bien�.

Respecto a la segunda partida de los activos, indic� que la motocicleta, de que esta trata, ya se encuentra incluida en los inventarios y aval�os. Y en relaci�n a �las deudas que se inventar�an por parte del apoderado de la parte demandada�, resolvi� excluirlas totalmente �toda vez que no prestan merito ejecutivo, y (que) de acuerdo al art. 501 del CGP, (�) deben hacerse valer dentro de un proceso aparte� (fls. 48 y 49, C.1 y CD obrante a folio 97, Ib�dem).

Contra la decisi�n anterior, la parte demandada interpuso los recursos de reposici�n y en subsidio de apelaci�n (Minutos 9:52 a 27:29 del CD obrante a folio 97, C.1). En la misma audiencia el fallador de primera instancia no repuso el auto confutado y concedi� el recurso de alzada en el efecto devolutivo. C O N S I D E R A C I O N ES II.1.

DEL PROBLEMA JUR�DICO A DILUCIDAR EN EL SEGUNDO GRADO. Debe la Sala Unitaria adentrarse a analizar dos problemas jur�dicos: 1. Si le asisti� raz�n al juez a quo al resolver que deb�a nombrarse un auxiliar de justicia a fin de que determine el precio del bien inmueble de que trata la partida No. 1 del ac�pite denominado �ACTIVOS�; esto es, si debe confirmarse o no el decreto de pruebas realizado en tal sentido. 2.

Establecer si fue acertada la decisi�n de primer nivel consistente en negar incluir en los inventarios del presente proceso, los pasivos relacionados por la parte demandada en los inventarios y aval�os adicionales por ella presentados. II.2. DE LOS ARGUMENTOS DE CONFUTACI�N EXPUESTOS POR LA RECURRENTE. La demandada sustent� su recurso de apelaci�n, en los siguientes t�rminos: Respecto a la decisi�n tomada por el a quo frente al valor de las mejoras sobre el bien inmueble (de que trata la partida 1), que est� en cabeza del se�or C�sar Augusto Henao, indic� que en los aval�os e inventarios adicionales por ella presentados, se cont� con la ayuda de un perito certificado a nivel nacional por la lonja de propiedad ra�z; por lo que no est� de acuerdo con que deba nombrarse a un auxiliar de la justicia para que determine el monto de las mismas, toda vez que ya existe un aval�o en ese t�pico.

Frente a la decisi�n adoptada en primera instancia respecto de los pasivos relacionados en los inventarios y aval�os adicionales, bajo el argumento de que estos no prestan merito ejecutivo, adujo no compartir la tesis del juez. Que el apoderado de la parte demandante manifest� que �los pasivos que present� la parte demandada en los inventarios adicionales, no constan en documentos que presten merito ejecutivo por ser simples certificaciones que no cumplen con los requisitos de ser obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles�, y que por tal raz�n los objet� y propuso que los acreedores pueden reclamar sus derechos en procesos separados conforme a lo establece el art. 501 del CGP.

Que tal argumento no es aceptable, pues de conformidad con el art�culo 422 del CGP �ser�a il�gico decir que las certificaciones expedidas por las entidades crediticias donde se�alan (como deudora) a la se�ora Mar�a Isabel Z��iga Barrag�n, no provengan de obligaciones claras, expresas y exigibles, (ello pues) constan en documentos que constituyen plena prueba contra ella�; y que �al momento de contraer las obligaciones bancarias, (la se�ora Z��iga Barrag�n) debi� firmar t�tulos valores como pagar�s y libranzas� que la comprometen.

Que si bien el art 501 del CGP establece que cuando los pasivos sean objetados �deben hacerse valer en procesos separados�, debe tenerse presente que a la se�ora Z��iga Barrag�n le est�n descontando de su salario el valor de todos los cr�ditos otorgados por las diferentes entidades financieras, los cuales se relacionaron en los inventarios y aval�os adicionales; que en la actualidad esos cr�ditos no se encuentran en mora para que puedan hacerse exigibles por la v�a judicial.

En virtud del art 501 n�m. 3 del CGP, solicit� se oficie a Bancolombia, a la Cooperativa de Trabajadores y Pensionados de Ecopetrol COOPADUCTOS LTDA, a la Corporaci�n de Trabajadores y Pensionados de la Empresa Colombiana de Petr�leos ECOPETROL S.A CABIPETROL, para que alleguen los t�tulos valores que firm� la se�ora Z��iga Barrag�n al momento de adquirir las obligaciones crediticias con ellos.

Esto teniendo en cuenta que existen certificaciones expedidas por las mismas entidades de acuerdo a la costumbre mercantil colombiana. Que est� demostrado que los pasivos relacionados por la demandada en los inventarios y aval�os adicionales, influyeron en un acrecentamiento del valor comercial de dichos bienes. Que los dineros producto de los cr�ditos que le fueron otorgados a la se�ora Z��iga Barrag�n por las diferentes entidades crediticias y cuyas certificaciones obran dentro del proceso, fueron invertidos en la sociedad patrimonial que se pretende liquidar.

II.3. DEL CASO CONCRETO. En el presente asunto la parte recurrente pretende en primer lugar, que se tenga como valor del inmueble relacionado en la partida primera de los inventarios y aval�os adicionales, el que fue determinado por el perito contratado por ella, toda vez que el mismo est� debidamente certificado y calificado para tal actuaci�n; y, segundo, que se tengan en cuenta dentro del proceso los pasivos enlistados en el mismo escrito, bajo el argumento que con estos la se�ora Mar�a Isabel Z��iga Barrag�n acrecent� el patrimonio de la sociedad patrimonial que se pretende liquidar. 1.

Frente al primero de los argumentos de confutaci�n se tiene que con el escrito de inventarios y aval�os adicionales, la demandada present� un aval�o realizado por el Perito Juan Roberto Su�rez Mart�nez (fls. 24 a 28, C.1), a fin de determinar el precio del inmueble identificado con la matr�cula inmobiliaria No. 088-2823, y sus mejoras, de que trata la partida primera de dichos inventarios.

Del escrito de inventarios y aval�os adicionales, se corri� traslado por el t�rmino de tres d�as, dentro de los cuales la parte demandante los objet�; motivo por el cual el 17 de agosto de 2016, se llev� a cabo audiencia que resolver�a tal objeci�n. Dentro de esta, y una vez el a quo manifest� que dicho bien se incluir�a en los inventarios que obran en el presente proceso de liquidaci�n, el actor, por intermedio de su apoderado, manifest� no estar de acuerdo con el valor que la demandada pretend�a darle al predio, al considerar que el mismo era exagerado, por lo que impetr� se nombrara un auxiliar de la justicia que rindiera dictamen al respecto; tal solicitud fue aceptada por el a quo; lo que ahora constituye uno de los motivos de estudio en esta sede.

A consideraci�n de la Sala la decisi�n tomada en esa oportunidad por el fallador de primera instancia se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con lo establecido en el art�culo 501, numeral 3, del C.G.P, que dispone: �Para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y aval�os o sobre la inclusi�n o exclusi�n de bienes o deudas sociales, el juez suspender� la audiencia y ordenar� la pr�ctica de las pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere, las cuales se practicar�n en su continuaci�n. En la misma decisi�n se�alar� fecha y hora para continuar la audiencia y advertir� a las partes que deben presentar las pruebas documentales y los dict�menes sobre el valor de los bienes, con antelaci�n no inferior a cinco (5) d�as a la fecha se�alada para reanudar la audiencia, t�rmino durante el cual se mantendr�n en secretar�a a disposici�n de las partes. �En la continuaci�n de la audiencia se oir� a los testigos y a los peritos que hayan sido citados, y el juez resolver� de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas.

Si no se presentan los aval�os en la oportunidad se�alada en el inciso anterior, el juez promediar� los valores que hubieren sido estimados por los interesados, sin que excedan el doble del aval�o catastral.� De acuerdo a la norma en cita, para resolver la controversia relacionada con el aval�o del predio rural (y sus mejoras) de que habla la partida primera de los activos en el escrito de inventarios y aval�os adicionales presentados por la demandada, el juez estaba facultado para decretar las pruebas que fueran necesarias a fin de determinar el valor del mismo, de oficio o a solicitud de parte; lo que ocurri�, pues el a quo accedi� a la pretensi�n probatoria que en tal sentido realiz� la parte demandante en audiencia, esto es, a la designaci�n de un nuevo perito para que profiriera otro aval�o. Se encuentra, de tal forma, que la actuaci�n desplegada por el fallador de primer grado estuvo ajustada a derecho, pues con su decisi�n de designar un nuevo auxiliar de la justicia, permiti� a ambas partes allegar los medios probatorios con que pretenden acreditar el valor del predio rural que se disputa; sin que esto quiera significar que la idoneidad del perito que realiz� el aval�o anexado con los inventarios y aval�os adicionales, se est� poniendo en duda.

No quiere decir lo anterior, que el aval�o final del bien descrito en la primera partida vaya a establecerse exclusivamente con el dictamen emitido por el nuevo auxiliar de la justicia que se designe; por el contrario �ste constituir� un medio probatorio m�s, sobre el que, aunado al aportado por la demandada y que ya obra en el expediente, el juez deber� realizar las valoraciones correspondientes y finalmente entrar a resolver conforme a lo establecido en el citado art�culo 501, numeral 3 del C.G.P. As� las cosas se confirmar�, en lo que se relaciona con el decreto de la rese�ada prueba, la decisi�n adoptada por el a quo. 2.

Respecto al segundo planteamiento jur�dico que convoca la atenci�n de esta Sala unitaria, relacionado con la decisi�n del a quo de excluir los pasivos relacionados por la parte demandante en los inventarios y aval�os adicionales, bajo el fundamento que los documentos aportados para acreditar los mismos no prestan m�rito ejecutivo y que al ser objetados por la parte demandante �tendr�n que hacerse valer dentro de un proceso aparte�; se realizan las siguientes consideraciones: En primer lugar debe advertirse que el art�culo 501 del C.G.P, desarrolla el tema que aqu� se estudia en su ordinal 1, al indicar que �(�) En el pasivo de la sucesi�n se incluir�n las obligaciones que consten en t�tulo que preste m�rito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, y las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los herederos o por estos y por el c�nyuge o compa�ero permanente, cuando conciernan a la sociedad conyugal o patrimonial.

En caso contrario las objeciones se resolver�n en la forma indicada en el numeral 3. Se entender� que quienes no concurran a la audiencia aceptan las deudas que los dem�s hayan admitido. Tambi�n se incluir�n en el pasivo los cr�ditos de los acreedores que concurran a la audiencia. Si fueren objetados, el juez resolver� en la forma indicada en el numeral 3, y si prospera la objeci�n, el acreedor podr� hacer valer su derecho en proceso separado (�)�.

De la lectura de la norma transcrita se puede concluir, en primera medida, que a diferencia del art�culo 600 del C�digo de Procedimiento Civil (que antes de la entrada en vigencia del C�digo General del Proceso era la norma que reg�a este tipo de asuntos), actualmente en la objeci�n de pasivos s� se permite el debate; es decir, por el simple hecho de que la contraparte objete las obligaciones que se pretendan hacer valer, estas no quedan excluidas; por el contrario, la disposici�n citada ordena que en el caso que los pasivos se rebatan, �las objeciones se resolver�n en la forma indicada en el numeral 3� del mismo canon; seg�n el cual, para tal fin (resolver las controversias relacionadas con la inclusi�n o exclusi�n de bienes o deudas sociales), el juez debe suspender la audiencia y ordenar la pr�ctica de las pruebas solicitadas por las partes y las que considere necesarias de oficio; para as� en la continuaci�n de la misma, entrar a resolver la objeci�n de acuerdo con los medios probatorios aportados y practicados.

Dicho lo anterior, se evidencia que la actuaci�n desplegada por el a quo, no se ajust� a lo ordenado por la normativa aplicable, pues simplemente se bas� en la objeci�n que sobre los mismos realiz� el demandante para excluirlos; sin acatar el procedimiento establecido legalmente para tal efecto; omitiendo decretar las pruebas pertinentes, no resolviendo en forma alguna la objeci�n planteada.

Es claro que el fallador pese a indicar que se estaba rigiendo por el C.G.P, lo que aplic� fue la norma derogada del C.P.C. Adicional a la anterior, el a quo incurri� en otra inexactitud al afirmar que toda vez que los pasivos hab�an sido objetados, los mismos �deb�an hacerse valer en un proceso separado�; ello pues, bajo la interpretaci�n de la Sala, dicha posibilidad la trae la norma expresamente para el evento en que sean los acreedores quienes concurran a la audiencia a exigir sus derechos, y en el caso concreto quien solicita la inclusi�n de las obligaciones a su cargo en los inventarios del presente proceso de liquidaci�n, es la misma parte demandada, y no las entidades financieras a favor de las que se afirma se constituyeron los cr�ditos.

Cabe agregar que si en gracia de discusi�n se aceptara la tesis seg�n la cual la demandada pueda �hacer valer� los pasivos relacionados en un proceso separado al que aqu� se adelanta, lo que de ninguna manera resulta l�gico, debe resaltarse que el inciso cuarto del numeral 1 del art�culo establece que ello solo debe hacerse �si prospera la objeci�n�; lo que significa que de cualquier manera el a quo debe proceder a resolverla �en la forma indicada en el numeral 3�� del art�culo 501 del C.G.P. Por �ltimo, considera la Sala importante advertir que la apreciaci�n del juez de primer grado, relacionada con que las certificaciones mediante las que la parte demandada pretende acreditar la existencia de las deudas a su cargo, no constituyen �obligaci�n clara, expresa y exigible�, no es relevante por s� sola para resolver la objeci�n planteada; es a trav�s de los medios de prueba que se encuentran pendientes de ser recaudados que se debe llegar a la conclusi�n de si las obligaciones relacionadas por la se�ora Z��iga Barrag�n constan o no �en t�tulo que preste m�rito ejecutivo�, cual es la condici�n que exige la precitada norma para que sean incluidas en el pasivo de la sociedad patrimonial a liquidar.

Si bien lo que se alleg� al dosier fueron certificaciones expedidas por las entidades acreedoras, en las que dan constancia sobre la existencia de las obligaciones a cargo de la parte pasiva, ello no implica que las mismas no consten en t�tulos que presten m�rito ejecutivo, as� no se encuentren en poder de la demandada sino de aquellas. Se hace necesario entonces, revocar la decisi�n adoptada por el a quo, con la finalidad que proceda a resolver la objeci�n planteada en la forma establecida en el art�culo 501 del C.G.P. III.

CONCLUSI�N. LA DECISI�N A ADOPTAR EN ESTA INSTANCIA Se colige de lo discurrido el acierto del a quo en relaci�n con decretar la prueba atr�s referenciada (que se designe un auxiliar de la justicia para que emita el aval�o sobre el inmueble y sus mejoras de que trata la partida primera de los activos del escrito de inventarios y aval�os adicionales); motivo por el cual la decisi�n, adoptada con ese objeto, ser� objeto de confirmaci�n. Pero de igual manera, se advierte su yerro al determinar excluir del pasivo las obligaciones relacionadas por la demandada, sin entrar a resolver la objeci�n formulada sobre estos por el demandante; raz�n por la que se revocar� tal prove�do con la finalidad que proceda a resolverla de la forma establecida en el art�culo 501 del C.G.P. No se condenar� en costas por cuanto no se causaron (art. 365-8 del C.G.P).

IV. D E C I S I � N Por lo expuesto, el H. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, EN SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO BOYAC�, BOYAC�, en la audiencia celebrada el d�a 17 de agosto de 2016; dentro del proceso de LIQUIDACI�N DE SOCIEDAD PATRIMONIAL, promovido por el se�or C�SAR AUGUSTO HENAO REYES en contra de la se�ora MAR�A ISABEL ZU�IGA BARRAG�N, en el aparte que decret� como prueba designar un auxiliar de la justicia para que emita un nuevo aval�o sobre el inmueble (y sus mejoras), de que trata la partida primera de los activos del escrito de inventarios y aval�os adicionales presentados por la parte pasiva.

SEGUNDO: REVOCAR el auto proferido por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO BOYAC�, BOYAC�, en la audiencia celebrada el d�a 17 de agosto de 2016; dentro del proceso del proceso indicado en el numeral anterior, en el ac�pite mediante el cual resolvi� excluir del pasivo las obligaciones relacionadas por la demandada en el escrito de inventarios y aval�os adicionales; ello con la finalidad que proceda a resolver la objeci�n planteada por el demandante, de la forma establecida en el art�culo 501 del C.G.P. No hay lugar a condena en costas, por lo dicho en la parte considerativa de esta decisi�n. NOTIF�QUESE EL MAGISTRADO, ROBERTO CHAVES ECHEVERRY La foliatura es la que aparece en la parte inferior, PAGE2 Auto Resuelve Recurso Nro. 133 Rad. 15-572-31-84-001-2015-00049-01 Rad.

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