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H: 5:30 p.m. Manizales, veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). ASUNTO: Procede esta Corporaci�n a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la Fiscal�a en contra del fallo proferido el d�a 30 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villamar�a, Caldas, a trav�s del cual fue absuelta la se�ora MAR�A ELCIA MORALES DE GIRALDO dentro del proceso que por los delitos de INJURIA y CALUMNIA inici� el �rgano persecutor.
HECHOS El se�or Emerson Pel�ez Mej�a ha habitado en el conjunto residencial �Pinares del R�o� del municipio de Villamar�a, propiedad de la cual fungi� como administrador hasta el mes de noviembre de 2009, momento en que se le relev� del cargo y fue nombrada como nueva administradora la se�ora MAR�A ELCIA MORALES DE GIRALDO, situaci�n que ocasion� distintos inconvenientes entre ellos por la gesti�n desplegada por el primero de los mencionados.
Seg�n se desprende de la acusaci�n, con ocasi�n de tales problemas, la mentada se�ora ha buscado el descr�dito de su antecesor ante los habitantes de la propiedad horizontal, lanzando improperios y calumnias como que �l era un �cuadripl�jico hijueputa que se hab�a robado el dinero de la administraci�n�, a lo que se adiciona que la mujer difundi� que tal persona no era m�dico (como se certific� que s� lo era) y que su titulaci�n era todo un fraude.
ACTUACI�N DE INSTANCIA 3.1. Ante tal situaci�n, el d�a 3 de octubre de 2011 el agraviado present� denuncia (querella) que activ� las indagaciones y gener� la realizaci�n de dos audiencias de conciliaci�n ante la Fiscal�a que no llegaron a feliz t�rmino, lo cual hizo que a la se�ora MAR�A ELCIA MORALES se le citara a audiencia de formulaci�n de imputaci�n que, en efecto, tuvo lugar el d�a 29 de noviembre de 2013 en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villamar�a, Caldas, escenario en el que se le atribuy� responsabilidad como autora de las conductas punibles de injuria y calumnia, frente a los cuales se declar� inocente. 3.2.
Adelantada la fase de investigaci�n, en sede de conocimiento, el asunto correspondi� en principio al Juez Primero Municipal de Villamar�a, Caldas, funcionario que se declar� impedido porque habit� por el lapso de dos a�os en el conjunto habitacional �Pinares del R�o�, habiendo tenido algunos inconvenientes con la administradora imputada. En esa medida el proceso fue direccionado al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villamar�a, Caldas, el que pese a haber operado en fase de control de garant�as, consider� sin m�cula su imparcialidad, por lo que avoc� conocimiento, siendo as� como adelant� el d�a 1� de abril de 2014 audiencia de formulaci�n de acusaci�n, a trav�s de la cual la Fiscal�a definitivamente endilg� cargos a la implicada por las dos ilicitudes contra la integridad moral atr�s referidas y enlistadas en los art�culos 220 y 221 del C�digo Penal. 3.3.
A continuaci�n, el d�a 17 de junio de 2014 se celebr� la audiencia preparatoria, dentro de la cual se decretaron las pruebas a practicar e introducir en el juicio oral que se surti� los d�as 20 y 21 de agosto de la misma anualidad, culminando con la emisi�n de un sentido del fallo de car�cter absolutorio. LA SENTENCIA A los 30 de d�as del mes de octubre de 2014 se profiri� el fallo favorable a la procesada, con el que se concluy�, de una parte, que la Fiscal�a no demostr� con certeza si la denuncia goz� de oportunidad en su presentaci�n sin que ocurriera el fen�meno de la caducidad aplicable para los delitos querellables, como quiera que la denuncia fue recibida el 3 de octubre de 2011 y hubo testimonio con el que se dijo que las frases difamatorias fueron lanzadas cuando el se�or Emerson fue tesorero y administrador, tareas que desempe�� hasta noviembre de 2009, lo que se quiso superar aduciendo que las ofensas eran m�ltiples y que el agraviado s�lo lo supo en septiembre de 2011, pero lo que se contrapon�a al testimonio mismo del se�or Emerson Pel�ez cuando dijo que dej� su actividad de administrador en 2009 por la beligerancia de unas habitantes del conjunto, entre ellas la procesada, que dec�an que �l se estaba robando el conjunto; apareciendo as� que los hechos pudieron tener ocurrencia en el a�o 2009, super�ndose as� por parte del querellante el lapso de 6 meses al que hace menci�n el art. 73 del C�digo Penal.
Lo que, a juicio de la Juzgadora, no lograba superarse tampoco con el testimonio de las se�oras Lina Mar�a Salgado y Orliria Aguirre (hija y madre) que de manera imprecisa trataron de ubicar los hechos en septiembre de 2011, pero tambi�n refirieron el a�o 2010, ratific�ndose as� los visos de extemporaneidad de la querella-denuncia. A continuaci�n la Juez a quo, luego de hacer menci�n de jurisprudencia sobre los delitos de injuria y calumnia, pas� a decir que la expresi�n �ese cuadrapl�jico hijueputa se estaba robando la plata del conjunto� no era una manifestaci�n configurativa de calumnia, porque tal ilicitud demanda de una expresi�n determinada y concreta, sin poder tratarse de una afirmaci�n gen�rica como lo era �sta en la que no se especificaba persona, no se endilg� en concreto la ocurrencia de un hurto, ni sus particularidades como �poca, modalidad, cuant�a, estando entonces ante una abstracta manifestaci�n de rabia e �mpetu; mientras que en torno a la expresi�n, seg�n la cual, el m�dico era un fraude y no ten�a tarjeta profesional, adujo que s�lo ser�a capaz de afectar la honra el decir que era un fraude, pues decir que no ten�a tarjeta no alcanzaba a afectar la reputaci�n ni el honor del se�or Emerson.
Pas� luego la Falladora de instancia al an�lisis espec�fico de la prueba testimonial, rese�ando que si el t�rmino de �cuadrapl�jico hijueputa� marc� tanto a la testigo Alejandra Mar�a Colorado no era coherente que s�lo lo pusiera en conocimiento del Dr. Emerson en 2011, rese�ando a continuaci�n que si otros habitantes del conjunto escucharon un trato tan indigno no ser�a l�gico que hubiesen elegido y reelegido a la mujer para que dirigiera los destinos del conjunto, lo cual generaba dudas de la testigo que era esposa de otro administrador que tambi�n fue cuestionado en su gesti�n por la procesada.
Respecto al testigo Tulio Pineda argument� la Juez que en juicio exterioriz� desconocimiento sobre los hechos, debi�ndosele poner de presente entrevista ante la cual sigui� divagando. Se pas� luego al testimonio Lina Mar�a Salgado y Orliria Aguirre de Salgado, para decir que ellas estaban desprovistas de objetividad, por el hecho de que la procesada sirvi� de testigo en contra de la primera en proceso que tambi�n por calumnia se sigui� en su contra, lo que generaba dudas, como tambi�n se generaban a partir de lo dicho por el mismo Emerson Pel�ez Mej�a, quien reconoci� que la procesada nunca lo insult� directamente y que supo de los insultos por compa�eros del Hospital San Antonio que no fueron a testimoniar, ofreciendo as� el denunciante una deponencia con animadversi�n, con la que dijo que supo que MAR�A ELCIA dec�a que �l no era m�dico, lo que se consider� en la sentencia que m�s que una imputaci�n deshonrosa de ella, pudo ser producto de los chismes generados en el conjunto al saberse que fue intervenido por la DTSC e investigado administrativamente por no diligenciar su inclusi�n al Registro de Prestadores del Servicio para operar desde su consultorio.
Finalmente hizo referencia a la prueba de descargo, para decir que se centraron en referirse a la gesti�n del se�or Emerson como administrador, sin hablar de malas palabras de la acusada, la cual al testificar fue coherente, mesurada y cre�ble al negar haber lanzado las imputaciones deshonrosas que le son atribuidas, y que no se esperan de una mujer que muy seguramente fue escogida teni�ndose en cuenta sus calidades humanas, quedando as� indemne su presunci�n de inocencia. LA APELACI�N Una vez notificada la decisi�n en estrados, se abri� la oportunidad procesal para que se interpusiera el recurso vertical, prerrogativa de la cual hizo uso exclusivo la Fiscal�a, sujeto procesal que sustent� la alzada a trav�s de escrito con el que censur� la interpretaci�n que la a quo hizo de la jurisprudencia citada, critic� que la prueba documental y testimonial presentada por la Fiscal�a se hubiesen ponderado indebidamente y adem�s, se desconoci� que las conductas injuriosas y calumniosas s� tuvieron lugar en la �poca de la denuncia. En este sentido expres� el Fiscal delegado que el tratar a alguien de cuadripl�jico acompa�ado de una expresi�n castiza desobligante, se torna expresi�n degradante de la condici�n f�sica de la persona a la que ataca en su dignidad, como tambi�n la de su progenitora, acompa�ada de una clara calumnia que significa el decir que se ha robado la plata del conjunto, lo que hizo la procesada en contra de persona en concreto, como lo es Emerson Pel�ez, quien se acredit� es m�dico que anda en muletas del que no se comprob� que sustrajera dineros de la administraci�n, pero en contra de quien se dijo tambi�n que era un fraude, lo cual afectaba la honra y buen nombre del profesional, a quien se le afectaba su capacidad de ejercer.
Pas� luego la Fiscal�a a recordar las atestaciones de los testigos de cargo acerca de las imputaciones deshonrosas que escucharon a la procesada, la que en la prueba documental tambi�n se abstra�a que irrespetaba en su persona al administrador antecesor, quien fue objeto de unas manifestaciones que, insisti� el Censor, revest�an el car�cter de calumniosas e injuriosas, tanto por ser concretas y precisas, como por afectar el bien jur�dico de la integridad moral del se�or Emerson Pel�ez.
Sobre este t�pico cit� apartes de decisi�n de la Corte Suprema de Justicia acerca de la naturaleza y requisitos para la estructuraci�n de las ilicitudes enrostradas. CONSIDERACIONES Esta causa penal ha tenido como eje de an�lisis el supuesto ataque verbal que la se�ora MAR�A ELCIA MORALES ha lanzado en contra del se�or Emerson Pel�ez, el cual se ha concretado en dos tipos de agravios, como lo son, que dijo que �ste era un cuadrapl�jico hijueputa que se robaba la plata de la administraci�n y, de otra parte, que era un falso m�dico, un fraude de profesional que hab�a falsificado los diplomas.
Tales manifestaciones se encuadraron por la Fiscal�a en los delitos de injuria y calumnia, respecto de los cuales impuls� causa penal que ahora se encuentra pendiente de un fallo de segunda instancia, con el cual zanjar la alzada que estuvo centrada en aspectos sobre los que deber� pronunciarse ahora este Juez plural, desarrollando el siguiente par de temas: (i) An�lisis de la naturaleza de los delitos de injuria y calumnia; y (ii) Valoraci�n de las pruebas en concreto, para elucidar si las manifestaciones aludidas si fueron hechas por la acusada MORALES, y con el alcance lesivo que se propuso con la acusaci�n. 6.1.
Preliminar. Cuando se centra la atenci�n en quien fungi� como Juez de control de garant�as en este caso, r�pidamente se avizora que fue la misma funcionaria que, posterior a la radicaci�n del escrito de acusaci�n, avoc� el conocimiento del asunto y, en consecuencia, tambi�n fungi� como Juez encargada del juzgamiento. Es decir, nos hallamos de cara a una causa penal en la que la fase preliminar (de garant�as) y la de conocimiento estuvieron radicadas en un mismo juzgado y direccionadas por una misma juez, lo que indudablemente contraviene la regla procedimental, seg�n la cual, quien ejerce el control de garant�as no podr� encargarse de la fase de juzgamiento.
En efecto, reza el art�culo 39 de la Ley 906 de 2004: �La funci�n de control de garant�as ser� ejercida por cualquier juez penal municipal. El juez que ejerza el control de garant�as quedar� impedido para ejercer la funci�n del conocimiento del mismo caso en su fondo. �Cuando el acto sobre el cual deba ejercerse la funci�n de control de garant�as corresponda a un asunto que por competencia est� asignado a juez penal municipal, o concurra causal de impedimento y s�lo exista un funcionario de dicha especialidad en el respectivo municipio, la funci�n de control de garant�as deber� ejercerla otro juez municipal del mismo lugar sin importar su especialidad o, a falta de este, el del municipio m�s pr�ximo.
(�)� Lo anterior ratificado por el art�culo 56 de la misma Ley que, entre otras, determin� como causal de impedimento �que el juez haya ejercido el control de garant�as o conocido de la audiencia preliminar de reconsideraci�n, caso en el cual quedar� impedido para conocer el juicio en su fondo�; lo cual deja claro que en este asunto la Juez, al advertir que llegaba por competencia a su despacho un caso en el que ya hab�a ejercido su rol de control de garant�as, deb�a declararse impedida.
Pero ciertamente ello no acaeci� y la Juez avoc� y conoci� de fondo el asunto, siendo ahora cuestionable: �genera tal situaci�n la invalidaci�n de lo actuado? La respuesta a la que llega esta Sala, en correspondencia con la posici�n de la Corte Suprema de Justicia, es que no. Se pasa a explicar. El instituto de los impedimentos y las recusaciones est� creado como f�rmula para otorgarle transparencia al proceso, evitando que sea decidido por un funcionario que tiene intereses particulares en �l o que, por conocimiento previo, tenga un criterio ya pre-concebido que vicia su objetividad, significando lo precedente que no se busca con los impedimentos evitar espec�ficamente que el Juez de control de garant�as sea tambi�n el de conocimiento, sino que el prop�sito central y de fondo es que el juzgamiento sea impoluto.
Siendo ello as�, si el impedimento no es declarado ni el Juez recusado y, como en este caso, se sigue adelante con el juzgamiento en cabeza de quien debi� apartarse de �l, no es tal circunstancia por s� sola configurativa de una irregularidad sustancial necesitada del remedio extremo de la nulidad, como s� lo ser� la efectiva constataci�n de que la imparcialidad del Juzgador est� maculada.
En otras palabras, puede que la causal de impedimento se actualice, pero si la probidad, rectitud e imparcialidad del Juez siguen intactas, impera dar aplicaci�n al principio de convalidaci�n y avalar el procedimiento que no puede quebrarse por la sola ocurrencia de irregularidades procesales, sino cuando se constate la real afectaci�n de sus bases o de las garant�as de quienes en �l participan.
Como ya se anunci�, de este criterio es el Alto Tribunal de la jurisdicci�n ordinaria [en su especialidad penal], aduciendo por ejemplo en la providencia 31592 del 6 de mayo de 2009 -citando la providencia 25610 del 26 de marzo de 2008- que: �No manifestar el impedimento es una irregularidad que eventualmente podr�a conllevar consecuencias disciplinarias, pero que de suyo no genera nulidad, como se ha reiterado pac�ficamente en la jurisprudencia. �En efecto, en la Sentencia del 19 de enero de 2006 (radicaci�n 20769) la Sala de Casaci�n Penal reafirm� la misma doctrina e hizo referencia a varios pronunciamientos que conforman la l�nea jurisprudencial, as�: �2.
El criterio jurisprudencial citado coincide con el pensamiento que la Corte ha mantenido en relaci�n con la no procedencia de la nulidad cuando un funcionario obligado a declararse impedido no lo haga, como lo acreditan los siguientes pronunciamientos: �2.1. �El que los Magistrados no hubieran declarado su impedimento (art.535 C.P.P.), no lleva a caracterizar su actuaci�n de inv�lida.
El sistema imperante (hoy parcialmente modificado por el Decreto 1861/89), mira como desaconsejable (preconceptos, rutina, etc.) el que un funcionario actuante en la etapa sumaria de algunos procesos, repita su intervenci�n en la causa. Pero incumplida esta previsi�n, por desatenci�n de sus autores, y tambi�n por las dem�s partes, quienes deben proceder a su recusaci�n, el juicio no puede correr los mismos avatares de una falta de competencia objetiva (aspectos territoriales, funcionales, etc). �En el evento de falta de competencia subjetiva, el legislador advierte motivos no convenientes para mantener su juzgamiento en cabeza de un determinado funcionario y propicia su separaci�n. Pero no d�ndose �sta, por circunstancias que no envuelven un comportamiento delictuoso, debe mantenerse la eficacia de la actuaci�n cumplida.
La situaci�n comentada no difiere, en su raz�n de ser, del instituto de los impedimentos y recusaciones y por tanto en �ste y en aquel otro aspecto debe asumirse una misma soluci�n. Hay correctivos diferentes al de la invalidaci�n del proceso rituado en contravenci�n de estos preceptos y ellos se refieren, cuando hay causa fundada, al �mbito disciplinar�. �2.2.
La no manifestaci�n de un impedimento existente no vicia de nulidad la actuaci�n del funcionario en quien concurre la causal�. �2.3. El silencio en relaci�n con un impedimento existente, no vicia de nulidad la actuaci�n del funcionario judicial en quien concurre la causal, puesto que el desconocimiento de esta obligaci�n puede ser suplida por los sujetos procesales acudiendo al instituto de la recusaci�n, adem�s de que la ley procesal establece correctivos propios (art.114 C. P. P.), distintos de la rescisi�n de la actuaci�n, de car�cter disciplinario e inclusive penal, seg�n el caso�. �2.4.
El silencio del funcionario a declararse impedido estando en la obligaci�n de hacerlo, no vicia de nulidad la actuaci�n a pesar de que pueda eventualmente constituir falta disciplinaria y en algunos casos conducta punible, ya que, como lo recuerda el Delegado, el correctivo apropiado para ellos est� a disposici�n de las partes por medio de la recusaci�n y en la sanci�n prevista en el art�culo 114 del C�digo de Procedimiento Penal�.
Es por lo anterior que, impera decirlo, que la titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villamar�a aparezca en esta causa, tanto como juez de control de garant�as como de conocimiento, deja al descubierto una desatenci�n, un desconocimiento o un dislate relevante que, si bien en este caso no da lugar a nulitar lo actuado, pues no hay reclamo ni prueba de afectaci�n de la imparcialidad de la juzgadora, s� deb�a hacerse notar por parte de esta Sala, haciendo la amonestaci�n para que en lo sucesivo la a quo tenga la cautela de verificar si, eventualmente, concurrir�n en ella los dos roles judiciales del nuevo sistema y, bajo tal premisa, ajuste sus determinaciones a la regla contenida en el art. 39 del C.P.P. ya citado.
Regla que no acogi� en este caso en el que aparentemente ajustaba su determinaci�n -de conocer en fase de juzgamiento pese haber fungido como control de garant�as- a un supuesto criterio de la Corte Suprema de Justicia (que no rese�� ni cit�) que esta Sala reputa inexistente, pues como ya qued� dicho, la Alta Corporaci�n ha enfatizado en la necesidad de que quien atiende las audiencias preliminares se abstraiga del juzgamiento, s�lo refiriendo que no toda laceraci�n de esta pauta conduce al fracaso (y nulidad) de lo actuado.
Despu�s de este ac�pite preliminar s� es oportuno descender a la materia espec�fica de disenso desarrollada por la Fiscal�a con su impugnaci�n. 6.2. De los delitos de injuria y calumnia. En este ac�pite gran cantidad de elucubraciones podr�an desarrollarse respecto a las conductas punibles que en este asunto nos ata�en; sin embargo, para efectos pr�cticos y atendiendo los motivos de disenso, no se har� una definici�n de cada uno de ellos como ya se hizo en la sentencia de primera instancia y con la impugnaci�n, sino que se esbozar�n las glosas pertinentes para efectos de descifrar qu� hace que una manifestaci�n ofensiva alcance a convertirse en una injuria y/o calumnia.
Se expone: Los seres humanos contamos con una corporeidad y una serie de elementos materiales que conforman nuestro patrimonio tangible, elementos perceptibles que el ordenamiento jur�dico resguarda como expresi�n del deber estatal de proteger a las personas en su vida, integridad y bienes, como tambi�n lo hace respecto a otra serie de baluartes inmateriales que no por no contar con un referente f�sico son menos importantes y que, al contrario, en muchas ocasiones resultan meritorios de un mayor amparo por ser irradiaci�n de aquello que nos aparta de los dem�s elementos y seres vivos, como lo es la dignidad humana.
As�, paralelo al conjunto de bienes materiales de los que se lucra la persona, aparecen otro tanto abstractos e intangibles que componen su haber moral, entre los cuales aparece la garant�a a gozar de una reputaci�n acorde con su realidad y que, ciertamente, lo proyecte como individuo lustre y respetable dentro del aglomerado social en el que se despliega y vive.
Es aqu� entonces que aparece el derecho penal a sancionar las manifestaciones injustificadas con las que se hace de un individuo una imputaci�n que mancille su nombre y/o reputaci�n (injuria), o a trav�s de las cuales se le atribuye falsamente responsabilidad por una conducta punible (calumnia), ilicitudes que se estructuran a trav�s de unas expresas manifestaciones ofensivas que, independiente del efecto que generen en a quien son lanzadas, tienen como rasgo esencial que, de manera objetiva, tienen la aptitud de trastornar, macular, afectar o destruir la imagen de la persona que, por tal, podr�a verse descompuesta en su esfera �ntima afectiva y/o padecer un descr�dito social.
Aparte resaltado que puede acompasarse con las palabras de la Corte Constitucional cuando en la sentencia C-489 de 2002 sell�: �El derecho al buen nombre, como expresi�n de la reputaci�n o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o err�neas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto p�blico que se tiene del individuo�.
Todo lo cual implica -con trascendencia para el caso de marras- que para que la imputaci�n se tenga por deshonrosa o para que un se�alamiento encuadre como calumnioso deber� poseer, una u otra, la capacidad de da�ar o causar menoscabo en la imagen de una persona (con incidencia en la esfera �ntima y/o social), m�s all� de una expresi�n irrespetuosa que los dem�s reconocen as� y, por tal rasgo, no alcanza a generar efectos sobre la reputaci�n social de la persona vilipendiada.
Para hacer honor a lo dicho vale citar la providencia tra�da a colaci�n con la impugnaci�n [Rad. 38909 del 10 de julio de 2013] en un aparte que no fue empelado por el Fiscal impugnante y que hace referencia a como no toda expresi�n irrespetuosa alcanza visos de injuriosa y, por tanto, escapa a la esfera del Ius Puniendi: �Esta Corporaci�n ha precisado, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, que no toda opini�n o manifestaci�n causante de desaz�n, pesadumbre o molestias al amor propio puede calificarse de deshonrosa; para ello es necesario que ostente la capacidad de producir da�o en el patrimonio moral, y su gravedad no depender� del efecto o la sensaci�n que produzca en el �nimo del ofendido, ni del entendimiento que �ste le d�, sino de la ponderaci�n objetiva que de ella haga el juez de cara al n�cleo esencial del derecho.
(�) �No obstante, en este caso, evidencia la Sala que al definirse en el editorial que la afectada posee una personalidad �arrogante, humillativa, desp�tica, caprichosa, extravagante y desafiante�, de ninguna manera enmarca esa manifestaci�n dentro de los espec�ficos linderos de las imputaciones deshonrosas que consagra el art�culo 220 de la Ley 599 de 2000, pues, sea que se analicen las palabras en su sentido literal o que se examine el contexto dentro del cual se pronunciaron, es lo cierto que ni por s� mismas, ni en raz�n a lo querido por el acusado, ellas contienen esos matices de vejamen necesarios para entender que efectivamente estuvo en entredicho la honra de la afectada, o que por virtud de lo dicho pudo producirse en la comunidad el efecto que busca castigar la norma penal. �En efecto, esas manifestaciones atinentes al car�cter de la ex gobernadora, que la refieren desp�tica, orgullosa, altiva, humillante, caprichosa, extravagante, o con siquis alterada, no comportan elementos objetivos a partir de los cuales sustentar que su honra se mina o la imagen se desdibuja frente a los dem�s, en tanto, corresponden a la percepci�n que el columnista tiene de ella y evidentemente comportan una connotaci�n irrespetuosa, que por s� misma no se dirige a demostrar ante los dem�s lo que se afirma, y ni siquiera a que de ella se tenga como cierta la invectiva. �Es que, resulta imposible verificar objetivamente el tema, si el mismo no se mira dentro del contexto y finalidades buscadas por quien profiere las palabras o t�rminos desobligantes. �As�, cuando se utiliza una palabra que en su origen gramatical puede representar deshonra, indispensablemente han de mirarse las circunstancias en que ella se profiri�, pues, ese mismo t�rmino, en la interacci�n social, puede incluso servir para demostrar cari�o, hacer una mofa inocente o apenas insultar, sin que el insulto encierre, por su propia naturaleza, la intenci�n de hacer ver a su destinatario reflejado en el contenido literal del mismo, ni mucho menos, se verifique que quienes escuchan la ofensa entiendan de verdad que en el ofendido radica la condici�n expuesta por el ofensor. �Es claro para la Sala que, entre la querellante y el procesado, existen desavenencias que si bien pueden tener origen pol�tico, han devenido hacia lo personal, a juzgar por los t�rminos utilizados en el editorial que se examina.
Esas diferencias, tambi�n se observa patente, han conducido a que el acusado se valga del medio informativo para ofender de palabra a su contradictora, utilizando para el efecto acepciones gramaticales insultantes, como las ampliamente referidas antes. �Desde luego que ese es un actuar �ticamente reprochable, e incluso puede decirse que desdibuja las finalidades de la opini�n y la consecuente libertad de prensa, que tan amplia protecci�n ameritan.
Y, no sobra tambi�n recalcar, perfectamente lo dicho puede causar desaz�n o mortificaci�n a la querellante, por su contenido altamente irrespetuoso. �Sin embargo, no puede ser el �mbito penal, escenario adecuado para que se zanjen las diferencias o la afectada vea satisfechas sus leg�timas pretensiones de resarcimiento, pues, se reitera, el principio de estricta legalidad y la condici�n de �ltima ratio establecida para el derecho penal, impiden considerarlas delictuosas, dentro del espectro del delito de injuria, simplemente porque, en s� mismas y dentro del contexto en que fueron expresadas, no poseen la capacidad para afectar la honra o buen nombre de su destinataria. �En consecuencia, prospera la censura, a cuya consecuencia la Sala casar� la sentencia impugnada para, en su lugar, absolver al acusado del cargo subsistente en la segunda instancia.� As� las cosas, debe concluirse que, sin desconocerse la garant�a personal�sima a no ser objeto de se�alamientos agraviantes, s�lo aquellos que tengan aptitud lesiva y corruptora de la imagen (personal y social) ser�n los que interesar�n a la �ltima ratio del poder estatal, dejando al margen manifestaciones insultantes u ofensivas que no de manera escasa se presentan en la interacci�n social.
En otras palabras: no todo insulto puede identificarse como una afectaci�n de la integridad moral, debi�ndose diferenciar entre tratos desobligantes que en el plano moral se tornan censurables por su car�cter irrespetuoso, y manifestaciones vejatorias que interesan al derecho penal porque significan un ataque a la imagen y dignidad de la persona en contra de la cual se lanzan. 6.3.
Valoraci�n concreta de la prueba. Como ya se hab�a sugerido, este punto estar� dedicado a dos aspectos centrales: (i) la verificaci�n de cu�les fueron las manifestaciones que se acredit� realiz� la se�ora MAR�A ELCIA MORALES y (ii) el an�lisis del alcance de las mismas. Pues bien, comi�ncese diciendo que cuando al denunciante Emerson Pel�ez Mej�a se le cuestion� en juicio acerca de alg�n improperio que hubiese escuchado de la procesada, adujo que personalmente nunca lo hab�a presenciado, raz�n por lo que esta Sala relieva, en primera medida, que la se�ora MAR�A ELCIA MORALES jam�s ha dado mal trato, ha insultado, ha realizado manifestaciones deshonrosas o ha lanzado falsas imputaciones delictuales, en presencia del denunciante.
As� pues, no puede hablarse en este caso de manifestaciones injuriosas o calumniosas directas, esto es, que la v�ctima las haya escuchado de propia voz de la persona a quien denunci�, por lo que indispensable resultaba y resulta acudir a lo que otras personas escucharon. En este sentido, encuentra en un primer momento la Sala que cuando al se�or Emerson Pel�ez se le pregunt� por los testigos de las difamaciones de las que ven�a siendo objeto, refiri� que varios compa�eros del Hospital San Antonio en el que laboraba hab�an escuchado que la se�ora MORALES DE GIRALDO, abiertamente dec�a en Villamar�a que �l no era m�dico, lo cual qued� desprovisto de constataci�n en juicio porque, curiosamente, ni uno solo de los compa�eros de trabajo del se�or Emerson Pel�ez fue tra�do a estrados.
Y se tilda de curioso porque si eran m�ltiples los allegados que alertaron al m�dico denunciante sobre las maledicencias de la mujer, no resulta coherente que para el momento culmen del proceso en el que deb�a acreditarse tal hecho, quedara el agraviado abandonado y, por tal, carente del testimonio de quienes ser�an perfectos testigos de las palabras afrentosas de MAR�A ELCIA. Y seg�n el m�dico Emerson Pel�ez, lo que sus colegas supieron era que tal se�ora estaba difundiendo tan ladina informaci�n acerca de su profesi�n entre muchas personas del pueblo (Villamar�a), pero tampoco se tuvo en juicio oral la declaraci�n de alguno de los habitantes de la municipalidad que diera cuenta de la manera prosaica como la procesada afectaba la reputaci�n a nivel profesional del galeno. Fue as� como los testimonios de cargo no irradiaron en cantidad, contando finalmente la Fiscal�a, en pro de su acusaci�n, con cuatro testigos; dos para respaldar la manifestaci�n de �ese cuadrapl�jico hijueputa se estaba robando la plata del conjunto�, mientras que los dos restantes para dar fe de las detracciones acerca de que Emerson Pel�ez era un fraude y hab�a falsificado su t�tulo de m�dico. 1.
En este sentido, valga comenzar con el testigo Tulio Pineda Mar�n, residente del conjunto y asistente a las Asambleas de la propiedad horizontal, quien durante la vista p�blica al ser interrogado por ataques verbales de la administradora MAR�A ELCIA MORALES en contra de su antecesor, adujo �no le s� decir�, insistiendo a la audiencia en que no era conocedor de insultos u ofensas que provinieran de la procesada.
Fue por lo precedente que se le debi� exhibir una entrevista rendida 2 a�os y medio antes (en enero de 2012) en la que refiri� que en las reuniones de junta que el conjunto programaba tres veces al a�o �l hab�a escuchado que ELCIA MORALES se hab�a referido al se�or Emerson Pel�ez como �parapl�jico hijueputa�, aserto frente al cual no se ratific� en la audiencia de juicio oral en la que, muy al contrario, entre titubeos dijo que �s� est� escrito ah� es porque as� lo dije�, pero sin que aceptara categ�ricamente que tal era el trato que daba la se�ora al anterior administrador.
En efecto, cuando advirti� la contradicci�n el testigo, sin decir nunca que lo dicho en la entrevista era ver�dico, �nicamente opt� por expresar que en una reuni�n s� hubo alg�n trato feo, lo cual hizo de manera gen�rica, sin referirse a la procesada y sin contundencia, como s� con la vacilaci�n suficiente para que esta Sala dude de la veracidad de la afirmaci�n hecha con su entrevista, la que ofreci� sin la presencia de la implicada que en juicio s� estaba al frente suyo, pudiendo ser ello motivo para que se sintiera compelido a reconocer la verdad, como la era, que en las reuniones de Asamblea no hab�a malos tratos de parte de la administradora. �ltima hip�tesis que se corresponde con lo que dijeron pluralidad de testigos (de la Defensa) que, habiendo asistido a las Asambleas del Conjunto �Pinares del R�o�, nunca advirtieron tratos irrespetuosos por parte de Do�a MAR�A ELCIA, lo cual cree esta Sala que fue as�, no de manera caprichosa o infundada, sino porque en el dossier aparecen varias actas de reuniones de copropietarios en las que cuando la administradora enjuiciada habl� de las problem�ticas con el se�or Emerson Pel�ez, no se avizoran malas palabras, como s� un trato acorde a la dignidad, en el que �nicamente expresaba el desconcierto generado por el incumplimiento de sus obligaciones como copropietario.
Lo que se acompasa con las varias misivas que aparecen que la procesada dirigi� al se�or Emerson Pel�ez, a trav�s de las cuales emple� siempre un vocabulario respetuoso y, sin perder los estribos, le hac�a cr�ticas por su obrar indebido, pero sin nunca lanzar palabras ofensivas o groseras que colocaran en vilo la integridad moral de su interlocutor.
En esa medida para acreditar que en las Asambleas la se�ora MAR�A ELCIA MORALES maltrataba de palabra al Doctor Emerson Pel�ez Mej�a ha quedado la Fiscal�a sin pruebas, pues termin� contando �nicamente con la entrevista ofrecida por una persona que en juicio no se ratific� y, al contrario, dijo no saber de insultos en las Asambleas, como apelando a la sana cr�tica ha de colegirse que ocurr�a, pues resulta il�gico que ante m�s de 20 copropietarios, quien fung�a como administradora empleara un lenguaje soez y se valiera de una condici�n f�sica del se�or Emerson para vilipendiarlo.
Ser�a m�s probable que de querer hacerlo lo hiciera en entornos privados, como supuestamente se dice que lo hizo en presencia de la testigo Alejandra Mar�a Colorado, residente tambi�n del conjunto habitacional, que inform� en el juicio oral que oy� a la administradora referirse respecto a Emerson como �cuadrapl�jico hijueputa� y que dec�a de �l que se robaba la plata de la administraci�n. 2.
Pues bien, al analizar este testimonio lo primero que quiere apuntarse es que se trata de la esposa de un exadministrador de la propiedad horizontal que, adem�s de tener una amistad con el se�or Emerson Pel�ez, tambi�n fue objeto de cr�ticas en su gesti�n a partir de la administraci�n de la se�ora MAR�A ELCIA MORALES, lo cual le pod�a generar a la testigo una predisposici�n respecto a quien atac� a su esposo, que la condujera a ensanchar informaci�n o querer asignarle a los hechos una gravedad que no tuvieron.
Tal como se cree que ocurri� respecto a la supuesta manifestaci�n de la acusada en el sentido de que su antecesor hab�a robado, porque aunque inform� a la audiencia que se lo escuch� decir en varias oportunidades, no hizo una especificaci�n de los momentos en que ello ocurri�, as� como tampoco hizo referencia de los pormenores que rodearon los momentos en que Do�a MAR�A ELCIA lanzaba tal acusaci�n, reconociendo t�citamente que tal t�pico no lo recordaba muy bien, manifestando que lo que la marc� fue cuando le oy� referirse a la condici�n f�sica de Emerson.
Lo que correlativamente implica que la referencia a que el se�or Pel�ez Mej�a era un ladr�n no le signific� mayor relevancia ni le advirti� gravedad, como la deb�a tener si se trataba de una seria sindicaci�n, como finalmente no lo fue, quedando como una expresi�n insultante insubstancial. En esa medida esta Sala no desconoce que quiz� la procesada s� adujo ante la testigo Alejandra Mar�a Colorado que el Doctor Emerson Pel�ez era un hijueputa cuadripl�jico que se hab�a robado la administraci�n, expresi�n muy fuerte, provocante e insultante que nunca podr� ser bien vista, pero que habi�ndose dado en un contexto de intimidad y rabia (como lo certific� la testigo) y en un encuentro espont�neo de vecinas que hablaron de varios temas, no puede asign�rsele la entidad como para encuadrar en una calumnia.
Como bien concluy� la Corte Suprema de Justicia en la providencia atr�s citada, no toda manifestaci�n de connotaci�n irrespetuosa, est� dirigida a persuadir al interlocutor de la realidad de lo manifestado, como se cree que es predicable en el sub examine acerca de la manifestaci�n de la se�ora MAR�A ELCIA MORALES, quien fue grosera y altiva, pero que no lo hac�a con la intenci�n de alterar la imagen del agraviado frente a una persona que ya lo conoc�a y quien era su amiga, sino de descargar su ira ante una persona que le gener� la confianza en un momento determinado.
La afirmaci�n qued�, pues, como un insulto producto de la c�lera que los problemas que con el exadministrador ten�a la procesada, sugiriendo el contexto en que se lanz� que �ste no ten�a vocaci�n disuasiva dirigida a que la testigo alterara la visi�n que ten�a del se�or Emerson Pel�ez, como no se cree que lo buscara la se�ora ELCIA MORALES a trav�s de una escueta manifestaci�n carente de detalles que, valga acotar, no hubo ning�n otro testigo que dijese que repiti�, pese a que con la acusaci�n se sugiri� que lo dec�a �a los cuatro vientos�, cont�ndose al contrario con el testimonio de varios habitantes del conjunto que dijeron que nunca oyeron una manifestaci�n tal de parte de su administradora.
Aparece entonces en el plano probatorio que posiblemente la procesada en alguna ocasi�n lanz� palabras soeces y fuertes en contra del Doctor Emerson Pel�ez, pero ellas se trataron de un insulto suelto, espont�neo y gen�rico que, en verdad, no debe interesar al Derecho Penal que como herramienta violenta de sanci�n de las conductas sociales m�s graves debe abstenerse de punir la exhibici�n de una rabia incapaz de afectar la imagen de una persona.
En realidad, acoger el pedimento de condena de la Fiscal�a por la manifestaci�n �nica y suelta de la procesada ser�a castigar la exteriorizaci�n de un sentimiento de inquina y desprecio, siendo ello fundamento para que en lo sucesivo se active el aparato judicial ante las innumerables afrentas verbales que ocurren en esquinas, parques, plazas, escuelas, bares y toda clase de recintos donde hay interacci�n humana.
Ins�stase, con respaldo en la Corte Suprema de Justicia, que no todo insulto verbal resquebraja la imagen de una persona y, por tal, no puede catalogarse necesariamente como una injuria o una calumnia. Ante lo discurrido, aparece entonces que no se configur� una deshonra para el se�or Emerson Pel�ez a trav�s de la ofensa ardorosa que la se�ora MAR�A ELCIA MORALES hizo en el patio del conjunto ante una vecina que no por escucharla cambi� su imagen del exadministrador, siendo pertinente en este punto adentrarse a la segunda de las manifestaciones por las que se impuls� esta causa penal, referente a que el doctor denunciante no ten�a tal profesi�n y que era un fraude.
En tal intenci�n sea del caso comenzar diciendo que al momento de presentarse la denuncia nunca se se�al� que la denunciada hubiese dicho que el se�or Emerson Pel�ez hab�a falsificado sus t�tulos y que hubiese dicho de �l que era un fraude como profesional, sino que all� se consign� que la se�ora MAR�A ELCIA hab�a dicho que �l no era m�dico y que no contaba con licencia para ejercer su profesi�n. Se resalta lo anterior para decir que estamos ante un caso en el que se advierte como no ha habido una indicaci�n constante e invariable de lo que la acusada ha dicho acerca del se�or Pel�ez Mej�a, siendo as� como gradualmente, sin haber claridad porqu�, se ha ensanchado en gravedad el contenido de lo que la se�ora MORALES DE GIRALDO ha expresado, lo cual es aspecto que sugiere que no ha habido claridad acerca de sus supuestos agravios verbales y, con el paso del tiempo, se han moldeado a favor de los intereses del supuesto agraviado.
Y, obviamente, tal moldeamiento es aspecto generador de recelo y descr�dito respecto a los cargos lanzados en contra de la acusada, quien sostuvo contacto con las se�oras Orliria Aguirre y Lina Mar�a Salgado (madre e hija), siendo ellas las �nicas con las que se cont� en juicio para acreditar la supuesta campa�a de descr�dito profesional que germin� la denunciada en contra de su denunciante. 3.
Sobre este par de testigos debe apuntarse que han tenido una situaci�n conflictiva no despreciable con la aqu� procesada, pues ellas le pidieron que declarara en contra de un celador del conjunto que supuestamente hac�a propuestas indebidas a la hija de escasos a�os de Lina Mar�a y hab�a denunciado a esta por calumnia, frente a lo cual MAR�A ELCIA MORALES se neg�, ofreciendo al contrario su testimonio para desmentir los hechos y, en esa medida, servir de testigo de cargo del proceso penal que en contra de Lina Mar�a Salgado se adelant�.
Fluye de lo expuesto que no era de esperar que en un nuevo juicio oral -ya en contra de la se�ora MAR�A ELCIA MORALES- la testigo Lina Mar�a Salgado y su madre asistieran con total objetividad y ecuanimidad, en tanto, han considerado que de forma malsana la primera sirvi� de testigo a favor del celador, sentimiento de desaz�n que debi� acrecentarse por el hecho de que la administradora, en palabras de la testigo Lina Mar�a, le mand� a decir que habr�a de irse a la c�rcel por acusar a una persona inocente.
De la mano de tal situaci�n perturbadora de la objetividad de las testigos, habr� de decirse adem�s que en ese mismo proceso surgido en contra de Lina Mar�a a instancias de la denuncia interpuesta por el celador, el se�or Emerson Pel�ez s� fungi� como testigo a favor de aqu�lla para desmentir las acusaciones, lo cual se debe entender como motivo sensible para que ellas sintiesen afinidad por �l y verse movidas por un sentimiento de solidaridad y gratitud en una nueva causa penal en la que �l ya fung�a como denunciante.
Sum�ndose a ello que se trataba del m�dico ante el cual hab�a llevado la se�ora Lina Mar�a Salgado a sus hijos a que fueran revisados, forj�ndose as� un lazo de cordialidad. Ante esta condici�n el an�lisis de la deponencia del par de testigos reclamaba hacerse con suma cautela, bajo el entendido que no contaban con la objetividad que se espera de un testigo de cargo id�neo, y por el contrario, siendo incisivas y causticas en lo que de ellas se esperaba escuchar.
Condici�n que, a juicio de esta Sala, hizo que declararan que cuando fueron a buscar al m�dico al edificio y preguntarle a la administradora por �l, ella les contestara que le hab�an hecho cerrar el consultorio por ser un m�dico falso y que todos sus diplomas eran falsos, lo que se le cree a la acusada que no expres� as�, por cuanto ella se limit� a explicarles la situaci�n por la cual debi� dejar el consultorio, como en efecto ocurri�.
Se pasa a exponer por qu� raz�n se le cree a la procesada MORALES: Cuando se indaga por el motivo por el que debi� dejar el consultorio m�dico el se�or Emerson Pel�ez debe recurrirse a la prueba documental, a trav�s de la cual se conoce que por tal consultorio que instal� en el conjunto eminentemente residencial fue intervenido por la Direcci�n Territorial de Salud de Caldas, entidad oficial que realiz� inspecci�n y despleg� estudio del caso, con ocasi�n del cual se adver� que el se�or Emerson Pel�ez Mej�a no estaba inscrito como profesional independiente, y que no se le hab�a expedido tampoco Certificado Departamental de M�dico, inici�ndose as� la investigaci�n administrativa correspondiente.
Suerte de circunstancias que se conoci� en el conjunto residencial porque tal intervenci�n fue solicitada por el celador (y copropietario) �lvaro Vergara, quien inform� de ello a la administraci�n, gener�ndose as� la idea generalizada al interior de la propiedad horizontal que el m�dico hab�a ejercido su profesi�n indebidamente, de manera contraria a la ley.
Y habi�ndose presentado tal situaci�n concluye la Sala que ello fue lo que sab�a y comunic� la se�ora MAR�A ELCIA MORALES a las testigos, lo que quiz� no hizo con el rigor conceptual como para que se diferenciara que se trataba de un m�dico titulado pero sin permisos para ejercer como particular, sino que lo hizo de manera tan corriente y coloquial que dio lugar a tergiversaciones que, como ya se dijo, se quisieron acentuar en el juicio oral en el que quiso acreditar la Fiscal�a que la procesada hab�a dicho que el se�or Emerson era un fraude, sin que finalmente lo lograra. 6.4.
Conclusi�n. Producto de lo discurrido impera, pues, la confirmaci�n del fallo absolutorio proferido en primera instancia a favor de la se�ora MAR�A ELCIA MORALES, quien no se comprob� que dijera en m�ltiples oportunidades ni a varias personas que el denunciante hab�a robado dineros cuando era administrador, frase suelta e incauta que posiblemente dijo ante una vecina pero de una manera insultante y no persuasiva de tal condici�n que, por lo discurrido, no logra encuadrarse como delito.
Como tampoco logra hacerse a partir de las manifestaciones que supuestamente hizo en descr�dito profesional del se�or Emerson, ya que no hubo prueba de que lo hiciera ante variadas personas del pueblo (como lo sugiri� �l) y ni siquiera ante los residentes del conjunto habitacional, apareciendo que sobre el particular s�lo habl� con las dos testigos poco imparciales que, quiz� por tal condici�n, descartaron que la informaci�n que les ofreci� la procesada era ver�dica, como era que Emerson Pel�ez Mej�a no estaba inscrito como m�dico y que tampoco contaba con autorizaci�n para ejercer desde el consultorio que estableci� al interior del conjunto.
Informaci�n que no fue conocida s�lo por la procesada, sino por muchas otras personas que pudieron encargarse de difundir tal dato que hizo que muchos no volvieran a emplear los servicios del m�dico del que, por tal situaci�n, ya desconfiaban; desconfianza entonces que no naci� de las palabras de la enjuiciada, sino de los rumores fundados en una efectiva intervenci�n de la que fue objeto el galeno que contrari� normativas al ejercer su profesi�n en el conjunto residencial.
Por todo lo precedentemente discurrido, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES, SALA DE DECISI�N PENAL, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el d�a 30 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villamar�a, Caldas, a trav�s de la cual fue absuelta la se�ora MAR�A ELCIA MORALES DE GIRALDO dentro del proceso que por los delitos de INJURIA y CALUMNIA inici� el �rgano persecutor. 2. Contra la presente decisi�n procede el recurso extraordinario de Casaci�n. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados, GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A JOSE FERNANDO REYES CUARTAS Yolanda Laverde Jaramillo Secretaria El acta de la audiencia de formulaci�n de imputaci�n se halla en el folio 18 del cuad.ppal. El escrito de acusaci�n se encuentra de folio 1 a 4 del cartulario principal, mientras que el acta de la audiencia de su formulaci�n oral se encuentra entre los folios 28 y 30. .
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casaci�n Penal, Sentencia de Casaci�n 3.600, noviembre 23 de 1989. . Auto de Segunda instancia 9.169, abril 14 de 1994. . Sentencia de Casaci�n 10.632, agosto 8 de 1996. . Sent. � Casaci�n 13.268, septiembre 14 de 2000. P�gina PAGE 21 Sentencia Sistema Acusatorio: 2011-03059-01 MAR�A ELCIA MORALES DE GIRALDO Injuria y Calumnia Confirma absoluci�n Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal .67Kf{�������ൗx]B�Bx&7hb�5�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH 4h<�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH 4hb�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH =hO�h<�5�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH:hO�h<�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH h:#h<�mH nH sH tH 7h<�5�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH =h:#h<�5�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH 67Kf������Y Z a b ��������������� ��dh�^��gd<�$��dh�`��a$gd<�$ &F �dh�a$gd<�$dh�a$gd<�$��dh�^��a$gd<�gd<�$dh�&dP��a$gd<�$dh�a$gd<��������) - 0 ��㨉z\A"=h^A,h<�5�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH 4h<�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH:h:#h<�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH h:#h<�mH nH sH tH =h:#h<�5�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH =hO�h<�5�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH 7hb�5�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH 7h<�5�6�CJOJPJQJ]�^JaJmH nH sH tH 0 9 < C D W t � � � � � $ (;
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Fuente de p�rrafo predeter.Ri���R 0Tabla normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin listaR@�R<�0 Encabezado �C�"d��mHsHtH^�/��^<�0Encabezado Car*6�CJOJPJQJ]�^JaJmHsHtHB@B<��Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,texto de nota al pie,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Cha,Footnote Text Cha,Cad��6�OJPJQJ]�mHsHtH &�/��!&<��Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char Car,Ca Car$CJOJPJQJ^JaJmHsHtH H&`��1H<��Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Footnote number,referencia nota al pie,BVI fnr,f,Ref,de nota al pieH*L�`��BL<� Sin espaciado6�]�_HmH $sH $tH p�Rp<�estilo1 ����d�����]��^��'6�B*CJOJ PJQJ ]�aJphtH $L bL<�0 Pie de p�gina 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