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La Sala asume competencia del presente asunto para resolver el recurso de alzada interpuesto oportunamente por el apoderado judicial de la parte ejecutada E.S.E. VIRGEN DE LOURDES DE BUESACO � NARI�O, frente a la decisi�n proferida el 25 de agosto de 2016, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto. Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue discutido y aprobado por los integrantes de la Sala de Decisi�n Laboral, seg�n consta en el acta No. _____ de la fecha, por lo que se procede a dictar el siguiente AUTO I.
ANTECEDENTES El se�or JAIRO MILTON ERAZO S�NCHEZ, por intermedio de apoderado judicial, instaur� demanda ejecutiva laboral a continuaci�n de ordinario en contra de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIRGEN DE LOURDES DE BUESACO, para que el Juzgado de conocimiento libre mandamiento de pago por las obligaciones derivadas de las sentencias de primera y segunda instancia del 6 de abril y 15 de julio de 2015, respetivamente, y el auto de 21 de septiembre del mismo a�o, por medio del cual se aprob� la liquidaci�n de costas del proceso ordinario radicado bajo el No. 2013-00364.
En el mismo escrito solicit� el embargo y retenci�n de los dineros que posea la entidad demandada en las entidades bancarias BANCO AV VILLAS, BANCOLOMBIA, BBVA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO POPULAR, BANCO DE BOGOT�, DAVIVIENDA, CITI BANK, COLPATRIA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, BANCO BCSC CAJA SOCIAL, BANCO SUDAMERIS, BANCO HSBC, de los municipios de Pasto y Buesaco.
Tr�mite y decisi�n de primera instancia El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, mediante auto calendado el 1� de marzo de 2016 (fls. 1 a 2 Cdno. Copias), libr� mandamiento de pago a favor del se�or JAIRO MILTON ERAZO S�NCHEZ y en contra de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIRGEN DE LOURDES DE BUESACO, por los siguientes conceptos: AUXILIO DE CESANT�AS, PRIMA DE NAVIDAD, AUXILIO DE TRANSPORTE, COMPENSACI�N DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES, DOTACI�N Y CALZADO DE LABOR, INDEMNIZACI�N POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA, INDEMNIZACIONES MORATORIAS, COSTAS PROCESALES DEL PROCESO ORDINARIO y COSTAS DEL EJECUTIVO y decret� embargo y retenci�n de los dineros que a cualquier t�tulo posea la ejecutada en las entidades bancarias: BANCO AV VILLAS, BANCOLOMBIA, BBVA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO POPULAR, BANCO DE BOGOT�, DAVIVIENDA, CITI BANK, COLPATRIA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, BANCO BCSC CAJA SOCIAL, BANCO SUDAMERIS, BANCO HSBC.
Para le efectividad de dicha medida se orden� oficiar a los gerentes de la entidades financieras antes mencionadas informando sobre la medida. Inconforme con la decisi�n adoptada por la falladora de primera instancia, el apoderado judicial de la ejecutada present� INCIDENTE DE DESEMBARGO (fls. 3 a 6), por considerar que los dineros embargados de la cuenta No. 3-4866-00036-8 del Banco Agrario de Colombia, son recursos de naturaleza inembargable y por lo tanto, se disponga el levantamiento del embargo de tales recursos.
Para sustentar su petici�n aport� los siguientes documentos: Oficio de fecha 29 de marzo de 2016, suscrito por la Gerencia del Banco Agrario de Colombia, mediante el cual informa a la entidad demandada sobre el cumplimiento de la medida de embargo ordenada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto (Fl. 14). Oficio de fecha 18 de abril de 2016, dirigido a la Gerente de la ESE VIRGEN DE LOURDES, por medio del cual el Banco Agrario de Colombia le informa que en atenci�n al certificado de inembargabilidad de la cuenta ***036-8 a nombre de la demandada, en adelante remitir�n dicho certificado a la entidad que ordene el embargo, pero en caso de que la autoridad judicial reitere la medida el Banco proceder� a cumplirla, ello de conformidad con el art�culo 594 del C. G. del P. (Fl. 12) Certificaci�n expedida por el Subgerente Administrativo y Financiero de la E.S.E. VIRGEN DE LOURDES, sobre los recursos que ingresan a la cuenta No. 3-4866-00036-8 del Banco Agrario de Colombia, lo cuales son originados del Convenio celebrado entre la Alcald�a y la ESE Virgen de Lourdes para la ejecuci�n del Plan de Intervenciones Colectivas del Plan Decenal de Salud, que seg�n la Ley 1438 de 2011 Ley Estatutaria 1751 de 2015 y Resoluci�n 429 de 2016, por la cual se adopta el Plan de Atenci�n Integral en Salud.
La A quo en atenci�n al escrito presentado por la parte demandada emiti� Auto del 25 de agosto de 2016, mediante el cual resolvi� no levantar la medida cautelar solicitada, para lo cual argument� su decisi�n en que, si bien por regla general los bienes del Estado y los destinados a la seguridad social integral, tienen el car�cter de inembargables, excepcionalmente pueden ser objeto de medida cautelar cuando se hayan comprometidos derechos de los trabajadores que se relacionen con el pago de salarios y prestaciones sociales, fundament�ndose en los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales que sobre el tema ha esgrimido la Corte Constitucional.
Apelaci�n Ejecutada Inconforme con la decisi�n emitida por el juzgado de conocimiento, la parte ejecutada interpuso recurso de apelaci�n, manifestado que por recaer el embargo sobre recursos p�blicos que financian la salud, se encuentran excluidos de ser embargados, por la destinaci�n espec�fica que manejan que no les permite ser dirigidos a fines diferentes a los previstos en la constituci�n y en la Ley 1438 de 2011, Ley Estatutaria 1751 de 2015 y Resoluci�n 429 de 2016, puesto que la embargabilidad indiscriminada de acreedores laborales �ser�a tanto como hacer prevalecer el inter�s particular sobre el inter�s general ( )�.
II. TR�MITE DE SEGUNDA INSTANCIA Surtido el tr�mite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede a decidir los puntos materia de reproche por la parte ejecutada en la presente acci�n, siguiendo las preceptivas del art. 57 de la 2�. de 1984 y el art�culo 66A del C.P.L. y S.S., en aras de garantizar el principio de consonancia, previas las siguientes, CONSIDERACIONES En aplicaci�n del principio antes citado, le corresponde a esta Sala de Decisi�n plantear para su estudio el siguiente problema jur�dico: �Es acertada la decisi�n adoptada por la falladora de primera instancia, al abstenerse de levantar la medida cautelar de embargo y retenci�n de los dineros de la demandada depositados en la cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia No. 3-4866-000-36-8, debido a que �stos gozan del beneficio de inembargabilidad porque en ella se manejan recursos p�blicos que financian la salud y en consecuencia, hay lugar a revocar tal decisi�n, en la forma como lo depreca el alzadista? Para desatar el anterior planteamiento, la Sala abordar� los siguientes temas: i) PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD La H. Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, entre ellos las sentencias C-546 de 1992, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, C-354 de 1997, C-798 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y C-192 de 2005, ha sostenido que la embargabilidd es aplicable en el entendido que tiene sustento constitucional tendiente a asegurar la consecuci�n de los fines de inter�s general que conlleva la necesidad de efectivizar materialmente los derechos fundamentales, as� como el cumplimiento de los distintos cometidos estatales; de ah� se desprende un conflicto entre dos valores que deben ser sopesados y analizados� para tomar una decisi�n: el primero de estos valores tiene que ver con� la protecci�n de los recursos econ�micos del Estado y del inter�s general abstracto que de all� se desprende.� El segundo valor en conflicto est� vinculado con la� efectiva protecci�n del derecho fundamental al pago del salario de los trabajadores vinculados con el Estado. � De esta manera el legislador tiene competencia para determinar los bienes sobre los cuales se predica la inembargabilidad, esto es, los que no constituyen prenda general de garant�a frente a los acreedores y por lo tanto no susceptibles de medidas cautelares, facultad legislativa que no puede utilizarse de manera arbitraria, para lo cual el M�ximo Tribunal Constitucional ha establecido excepciones a ese principio en los siguientes t�rminos: i) Cuando se trate de cr�ditos laborales, cuya satisfacci�n se hace necesaria para realizar el principio de la dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (Sentencia C-546 de 1992, reiterada entre otras en la sentencia C-1064 del 2003); ii) Cuando se trate de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur�dica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones (sentencia C-357 de 1997 y C-402 de 1977) y; ii) Cuando se trate de t�tulos que provienen del Estado deudor y que configuran una obligaci�n clara, expresa y actualmente exigible (Sentencia C-103 de 1994, C-354 de 1997 y C-402 de 1997). ii) EMBARGO DE RECURSOS CON DESTINACI�N ESPEC�FICA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FRENTE AL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES As� entonces, las excepciones al principio de inembargabilidad citadas con antelaci�n, permiten concluir que los derechos laborales tienen dicha connotaci�n, en tanto gozan de especial protecci�n. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, las obligaciones reclamadas se derivan de las sentencias de primera y segunda instancia del 6 de abril y 15 de julio de 2015, respetivamente y el auto del 21 de septiembre de 2015, por medio del cual se aprob� la liquidaci�n de costas del proceso ordinario radicado bajo el No. 2013-00364, donde se reconoce a favor del actor prestaciones sociales y siendo ello as�, la situaci�n del ejecutante se enmarca dentro de las excepciones expuestas en el literal a) y b), por cuanto se trata de acreencias laborales que fueron reconocidas en sentencias judiciales.
No obstante, la Corte Constitucional en la Sentencia C-824 de 2004, se�al� que �la seguridad social en salud puede ser descrita como un derecho de car�cter prestacional consagrado en el art�culo 48 del Estatuto Superior, que se instituy� como un mandato dirigido a nuestro Estado Social de Derecho, a fin de consolidar un sistema conformado por entidades y procedimientos tendientes a ofrecer una cobertura general de las contingencias que puedan llegar a afectar la salud de las personas�.
Lo anterior permite a la Sala concluir que por mandato constitucional, legal, jurisprudencial de las Altas Cortes y lineamientos contenidos en circulares, los recursos de la seguridad social tienen una destinaci�n espec�fica, es decir que no se pueden destinar ni utilizar para fines diferentes a ella, ni siquiera para efectos de solventar acreencias laborales.
Tales mandatos, a groso modo, se encuentran en los art�culos 63 y 48 de la Constituci�n Pol�tica, el primero que regula el principio general de inembargabilidad y el segundo que dispone: �(�) No se podr�n destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de seguridad social para fines diferentes a ella (�)�; en el art�culo 182 de la Ley 100 de 1993; el decreto extraordinario 111 de 1996, art�culo 19 y decreto reglamentario 1101 de 2007; la ley 715 de 2001, art�culo 91, que dispone que los recursos de SGP no puede ser objeto de embargo, previsi�n que fue reiterada por el art. 21 del Decreto Ley 28 de 2008; y, Ley 1751 de 2015, art�culo 25, que reitera el car�cter de inembargabilidad de los recursos p�blicos que financian la salud, en tanto �stos tienen destinaci�n espec�fica y, en consecuencia, no puede ser dirigidos a fines diferentes de los previstos legal y constitucionalmente.
Adem�s, la Ley 1438 de 2011, plantea el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social, en Salud �SGSSS-, cuando en su art�culo 10, respecto del uso de los recursos de promoci�n y prevenci�n, se�ala que el Gobierno Nacional ser� el responsable de la pol�tica de salud p�blica y de garantizar la ejecuci�n y resultados de las acciones de promoci�n de la salud y la prevenci�n de la enfermedad como pilares de la estrategia de Atenci�n Primaria en Salud, para lo cual determinar� la prioridad en el uso de los recursos que para este fin administren las entidades territoriales y las Entidades Promotoras de Salud.
A su vez la Resoluci�n 429 de 2016, tiene como objetivo principal la adopci�n de la Pol�tica de Atenci�n Integral en Salud- PAIS, el cual est� dirigido a la generaci�n de las mejores condiciones de la salud de la poblaci�n. Ahora bien, frente al principio de inembargabilidad establecido para los recursos del Sistema General de Participaciones, debe se�alarse que la Corte Constitucional en en la sentencia C-793 de 2002, dijo: �El art�culo 16 de la Ley 38 de 1989 -en su momento la Normativa del Presupuesto General de la Naci�n- se refiere a la inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Naci�n y se�ala que el pago de las sentencias a cargo de la Naci�n se efectuar� de conformidad con el procedimiento establecido en el C�digo Contencioso Administrativo y dem�s disposiciones legales concordantes. Este art�culo fue demandado en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia, Corporaci�n que, a partir de los principios de la Carta Pol�tica de 1886, lo declar� exequible al encontrar que el principio de inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Naci�n respetaba plenamente las normas superiores, pues era consecuencia l�gica y necesaria de los principios presupuestales que consagraba la Constituci�n.� Debe tenerse en cuenta que el principio de inembargabilidad presupuestal es una garant�a que es necesario preservar y defender, toda vez que ella permite proteger los recursos financieros, destinados por definici�n en un Estado Social de Derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realizaci�n de la dignidad humana.
Tambi�n precisa recordar, que la legitimidad del principio de inembargabilidad del presupuesto no implica que los entes territoriales y las Administradoras del R�gimen Subsidiado puedan desatender sus obligaciones patrimoniales con los particulares, por lo cual corresponde a los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos p�blicos emplear la mayor diligencia para cumplir tales obligaciones, con el fin de evitar no solo que se causen perjuicios al tesoro p�blico por concepto de eventuales intereses, sino para evitar dilaciones en perjuicio de los particulares acreedores.
Por otra parte, la Ley 1122 de 2007, en su art�culo 13 y la Resoluci�n 3042 de 2007, emanada del Ministerio de Salud y Protecci�n Social, hoy Ministerio de Salud y Protecci�n Social y el Decreto 971 de 2011, se�ala que los dineros del sector salud se deben manejar en cuentas independientes (cuentas maestras) del resto de bienes y rentas de la entidad promotora de salud; por lo tanto, no podr�n ser materia de medida cautelar de embargo.
Visto lo anterior, ser�a del caso definir sobre qu� bienes puede recaer la medida cautelar solicitada por el ejecutante, para lo cual es preciso indicar que no es el juez quien est� obligado a averiguar el car�cter embargable de las cuentas sobre las que se piden medidas cautelares en un proceso ejecutivo, sino que tal deber recae en la parte ejecutante, quien tendr�a la obligaci�n de indagar e informar sobre la destinaci�n de los recursos de las cuentas, para as� tener claridad si las sumas de dinero en ellas depositadas resultan o no embargables.
Explicado el marco legal en el que se cimentar� la presente decisi�n y descendiendo al sub examine, se tiene que la Subgerencia Administrativa y Financiera de la entidad demandada, certific� que los dineros embargados, depositados la cuenta No. 3-4866-00036-8 del Banco Agrario de Colombia, cuyo titular es la entidad demandada, maneja recursos con destinaci�n espec�fica para la Atenci�n Integral en Salud por cuanto son originados del Convenio celebrado entre la Alcald�a y la ESE Virgen de Lourdes para la ejecuci�n del Plan de Intervenciones Colectivas del Plan Decenal de Salud, por lo que seg�n la Ley 1438 de 2011, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Resoluci�n 429 de 2016, no es procedente efectuar un embargo sobre tales recursos (fl. 16).
Tal prueba documental es suficiente para esta Colegiatura, en la medida que con ella se certifica que los dineros depositados en la mencionada cuenta, tienen la protecci�n especial de inembargabilidad, por lo que en la forma como lo solicita la entidad ejecutada, esta Colegiatura revocar� la decisi�n de primera instancia respecto de la cual se abstuvo de levantar la medida decretada.
Resultan suficientes las anteriores razones f�cticas y jur�dicas para revocar el numeral primero del auto proferido el 25 de agosto de 2016, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto. En los anteriores t�rminos se pronunci� la Sala respecto al recurso de apelaci�n interpuesto por el apoderado judicial de la parte ejecutada. De conformidad con lo previsto en el numeral 1� del art�culo 365 del C. G. P. -c�digo adjetivo que rige a partir del 1� de enero de 2016- y el acuerdo 1887 de 2003, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, dadas las resultas del proceso no hay lugar a condenar en costas de esta instancia. III.
DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, Sala de Decisi�n Laboral, RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR el numeral PRIMERO del auto interlocutorio de fecha 25 de agosto de 2016, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, por medio del cual se abstuvo de la levantar la medida cautelar, objeto de apelaci�n, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia y en consecuencia, ORDENAR el levantamiento de la medida cautelar � embargo � que recae sobre la cuenta corriente No. 3-4866-00036-8 del Banco Agrario de Colombia, de la cual la ejecutada es titular.
SEGUNDO. SIN LUGAR a CONDENAR en COSTAS en esta instancia. Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devoluci�n del expediente al Juzgado de origen. Los Magistrados, CLARA IN�S L�PEZ D�VILA (M.P.) CLAUDIA CECILIA TORO R. JUAN CARLOS MU�OZ Magistrada Magistrado El siguiente es el contenido del art�culo 16 de la Ley 38 de 1989: �Art�culo 16.
La inembargabilidad. Las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Naci�n son inembargables. La forma de pago de las sentencias a cargo de la Naci�n, se efectuar� de conformidad con el procedimiento establecido en el C�digo Contencioso Administrativo y dem�s disposiciones legales concordantes�. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, Sentencia 11001010200020110181000, Enero 17 del 2012, M. P. Mar�a Mercedes L�pez Mora. PAGE \* MERGEFORMAT10 ����� ( J L � � 5 @ A _ ����³�����wkw_wPAP h0�h0�@���CJ^JaJ h0�h��@���CJ^JaJh��@���CJ^JaJh�V�@���CJ^JaJ h0�h�pL@���CJ^JaJ h0�h'n�@���CJ^JaJ h0�h=]S@���CJ^JaJ h0�h�>9@���CJ^JaJ h0�hAY@���CJ^JaJ h0�hAY5�@���CJ^JaJ h0�hAY5�CJPJ^JaJh�Kz5�CJPJ^JaJ h0�ha�5�CJPJ^JaJ; {h�W�5�6�CJOJQJaJ hXT�5�6�CJOJQJaJh�CJ^JaJh0�CJ^JaJh0�h0�CJ^JaJh0�h�&kCJ^JaJ h0�h��@���CJ^JaJh0�@���CJ^JaJh�)�@���CJ^JaJ h0�ha�@���CJ^JaJ� � L O P b e f h r s v w { } ~ � � � ��̼�����kZkH9H9H9H9 h�z�5�6�CJOJQJaJ"h�g�h�W�5�6�CJOJQJaJ h�z�5�6�CJOJPJQJaJ&h�g�h�W�5�6�CJOJPJQJaJh�W�6�CJOJQJaJ h�W�5�6�CJOJQJaJ h�z�5�6�CJOJQJaJ"h8ibh�W�5�6�CJOJQJaJ h8ibh�W�6�CJOJQJaJ h/>{h�W�6�CJOJQJaJ"h/>{h�W�5�6�CJOJQJaJ"h��h��5�6�CJOJQJaJ� � � � � � � � � � � � � � � � � !"�� ��ѿ�����p�p�p��`�N:N:&h8ibh�W�5�6�CJOJPJQJaJ#h8ibh�W�6�CJOJPJQJaJ h/>{h�W�6�CJOJQJaJ$h�W*6�CJOJQJ]�aJmH sH $h�W�6�CJOJQJ]�aJmH sH $h�R6�CJOJQJ]�aJmH sH *h8ibh�W�6�CJOJQJ]�aJmH sH "h8ibh�W�6�CJOJQJ]�aJ h8ibh�W�6�CJOJQJaJ h�g�h�W�6�CJOJQJaJ h�W�5�6�CJOJQJaJ CGboqstuvwx����������������ƲƟ�������tb�bSbSbSbSbS h:si5�6�CJOJQJaJ"h8ibh�W�5�6�CJOJQJaJ-h8ibh�W�5�6�CJOJQJ]�aJmH sH 'h:si5�6�CJOJQJ]�aJmH sH $hM@6�CJOJQJ]�aJmH sH 'h�W*5�6�CJOJQJ]�aJmH sH *h8ibh�W�6�CJOJQJ]�aJmH sH #h8ibh�W�6�CJOJPJQJaJ"h/>{h�W�5�6�CJOJQJaJ��./������ !'0?G_degh��Ϲ������l[l[l���H�l9 h�W�6�CJOJPJQJaJ$hQ$y6�CJOJQJ]�aJmH sH !hye|6�CJOJQJaJmH sH 'h8ibh�W�6�CJOJQJaJmH sH $h@5�6�CJOJQJ]�aJmH sH $hye|6�CJOJQJ]�aJmH sH $h:si6�CJOJQJ]�aJmH sH *h8ibh�W�6�CJOJQJ]�aJmH sH #h8ibh�W�6�CJOJPJQJaJ h/>{h�W�6�CJOJQJaJ h�W�5�6�CJOJQJaJh%=GNOR_`����0Z[�����°��q`L`L`L;L h@5�6�CJOJPJQJ\�aJ&h h 6�CJOJPJQJ\�aJ h�;�6�CJOJPJQJ\�aJ&h8ibh�W�6�CJOJPJQJ\�aJ-h8ibh�W�5�6�CJOJQJ]�aJmH sH 'h@5�5�6�CJOJQJ]�aJmH sH #h8ibh�W�6�CJOJPJQJaJ%h8ibh�W�5�6�>*CJOJQJaJh�W�6�CJOJQJaJh�al6�CJOJQJaJ h/>{h�W�6�CJOJQJaJhNO_`���(23����� � � ������������������$ & F � &dh*$a$gd�X�dhgd�X�$ � �9 &dh*$a$gd�X� $dha$gd�X�$dh5$7$8$9DH$a$gd�X�$ �o (dha$gd�X����!��� ,3EGUVfgr���������ʹʨʨ������l[�J9 h 6�CJOJPJQJ\�aJ h6�CJOJPJQJ\�aJ h� 6�CJOJPJQJ\�aJ&h h� 6�CJOJPJQJ\�aJ&hZ- hZ- 6�CJOJPJQJ\�aJ&h hZ- 6�CJOJPJQJ\�aJ hZ- 6�CJOJPJQJ\�aJ hp;�6�CJOJPJQJ\�aJ&h h 6�CJOJPJQJ\�aJ h@5�6�CJOJPJQJ\�aJ h� �6�CJOJPJQJ\�aJ���'(3 {h�W�6�CJOJPJQJ]�aJmH sH h>@�6�CJOJPJQJaJ h�W�6�CJOJPJQJaJ&h8ibh�W�5�6�CJOJPJQJaJ h�z�5�6�CJOJPJQJaJ#h8ibh�W�6�CJOJPJQJaJ h�96�CJOJPJQJaJ h�!�6�CJOJPJQJaJ hSq�6�CJOJPJQJaJ�'�'�'�'�'[(^(u(�(�(�(�(�(�())!)')N)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)*@*A*�����Ÿū������ń������wgwgw hf?�hf?�6�CJOJQJaJhf?�6�CJOJQJaJh�M�6�CJOJQJaJh�e�6�CJOJQJaJhbh�6�CJOJQJaJh/m96�CJOJQJaJhpO�6�CJOJQJaJ h/m9h/m96�CJOJQJaJ h8ibh�W�6�CJOJQJaJh�W�6�CJOJQJaJh�z�6�CJOJQJaJ"A*B*b*c*d*�*�*T+�+�+�+�+Y,�,�,��˶����jPj��.Ch. hpP�6�CJOJQJ]�aJeh@mH $nH $r��@sH $tH $3h. hpP�6�CJOJQJ]�aJeh@r��@+h. hpP�6�CJ]�aJeh@r��@#h. hpP�6�@���CJOJQJaJ#h. h�z�6�@���CJOJQJaJ#h. h�D�6�@���CJOJQJaJ)h6^�h�z�5�6�CJOJPJQJ\�aJ#h7.(5�6�CJOJPJQJ\�aJ#h�z�5�6�CJOJPJQJ\�aJ h6^�h/m96�CJOJQJaJB*c*d*-./.2�2�2�2�3�36688p9q9����������������$ � �9 &dh*$a$gd�X�dhgd�X�$ ��9 dh*$a$gd�X� $�3��dh-D9DM� ����]�3^��a$gd�X�$�3dh-D9DM� ����]�3a$gd�X�$ �dh*$a$gd�X��,�,�-�-,.- /.0.?.ݻ���[@1" h^�6�@���CJOJQJaJ hB6�@���CJOJQJaJ5hpP�hpP�B*CJOJQJaJmH $nH $ph---sH $tH $LhpP�hpP�6�B*CJ OJQJ]�aJ eh@mH $nH $ph---r��@sH $tH $,h. hpP�CJOJQJaJmH $nH $sH $tH $Ch. h. 6�CJOJQJ]�aJeh@mH $nH $r��@sH $tH $Ch. hpP�6�CJOJQJ]�aJeh@mH $nH $r��@sH $tH $Ch. hB6�CJOJQJ]�aJeh@mH $nH $r��@sH $tH $ ?.s..�/�/11�1�1}2~22�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2����������������s�_N:&h�7Uh�*�5�6�@���CJOJQJaJ h�v�5�6�@���CJOJQJaJ&h�7Uh�7U5�6�@���CJOJQJaJ h-/5�6�@���CJOJQJaJ&h�7UhB�5�6�@���CJOJQJaJ&h�7Uh�v�5�6�@���CJOJQJaJ h�*�5�6�@���CJOJQJaJ h�RGh�D�CJOJQJaJ#h6^�h�v�6�@���CJOJQJaJ hB6�@���CJOJQJaJ#h6^�h�D�6�@���CJOJQJaJ�2x3�3�3�344 4 445 5*5+5D5P5d5�5�5�5�5�5�5���������yh�Y�JY�;�;�; 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