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Se deja constancia que el Dr. JUAN CARLOS MU�OZ restante integrante de la Sala de Decisi�n, manifest� su impedimento para conocer del presente asunto. A continuaci�n la Sala procede a dictar el siguiente, AUTO INTERLOCUTORIO San Juan de Pasto, veinte (20) d�as de Agosto de dos mil quince (2015). I.
ANTECEDENTES La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant�as PORVENIR S.A., por intermedio de apoderado judicial, instaur� demanda ejecutiva laboral en contra de MUNICIPIO DE ILES, para que el Juzgado de conocimiento proceda a librar mandamiento de pago por concepto de cotizaciones pensionales obligatorias dejadas de pagar por la entidad territorial demandada en su calidad de empleadora, los intereses moratorios y las costas del proceso.
Igualmente solicit� se decretara el embargo y retenci�n de los dineros que posea el ente demandado en las entidades bancarias BOGOTA, CITI BANK, AV VILLAS, CAJA SOCIAL, BBVA, AGRARIO DE COLOMBIA BANCOLOMBIA, POPULAR, HELM BANK, COLPATRIA, OCCIDENTE, HSBC, COOMEVA- BANCOOMEVA, GNB SUDAMERIS, CORBANCA � CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A. TR�MITE Y DECISI�N DE PRIMERA INSTANCIA. Le correspondi� el conocimiento del presente proceso al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ipiales, habi�ndose declarado impedida la titular del Despacho, por lo que fue enviado a esta Corporaci�n para la calificaci�n del impedimento manifestado, correspondiendo el conocimiento al Dr. JUAN CARLOS MU�OZ, quien igualmente manifest� su impedimento por auto adiado el 8 de octubre de 2014, el que fue aceptado mediante providencia del 11 de diciembre por la suscrita Ponente.
Una vez remitido el proceso a la Sala Plena para que se nombrara Juez Ad hoc para conocer del presente asunto, mediante Acta de Acuerdo No. 005 del 22 de enero de 2015 se design� al Juez Primero Civil del Circuito de Ipiales para conocer del proceso, quien a su vez se declar� impedido, as� como tambi�n lo hizo el Juez Segundo Civil del Circuito de Ipiales, siendo calificado este �ltimo impedimento por la Dra. Aida M�nica Rosero Garc�a, integrante de la Sala Civil del Tribunal Superior, remitiendo en dicha oportunidad el proceso nuevamente al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ipiales.
Recibido el proceso nuevamente por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ipiales, mediante auto No. 146 del 13 de abril de 2015 se abstuvo de librar mandamiento de pago, argumentado para ello que conforme a lo se�alado por el art�culo 47 de la Ley 1551 de 2012, para iniciar un proceso ejecutivo contra los Municipios, se hace necesario agotar la conciliaci�n prejudicial como requisito de procedibilidad, lo que no se hizo por parte de la ejecutante.
RECURSO DE APELACI�N Inconforme con la decisi�n emitida por el juzgado de conocimiento, la parte ejecutante interpuso recurso de apelaci�n, manifestado que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-533 del 15 de agosto de 2013, estableci� que es inconstitucional exigir la conciliaci�n prejudicial como requisito de procedibilidad para iniciar un proceso ejecutivo laboral y que teniendo en cuenta que lo que se est� reclamando es el pago de cotizaciones obligatorias en pensiones dejadas de pagar por el ente demandado, las cuales corresponden a sus trabajadores, la conciliaci�n no es un requisito de procedibilidad para iniciar el presente proceso.
TR�MITE DE SEGUNDA INSTANCIA Surtido el tr�mite en segunda instancia, al no observar causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir, previas las siguientes: CONSIDERACIONES. Planteamiento del problema jur�dico: En virtud de los argumentos expuestos en el recurso de alzada y dando aplicaci�n al principio de consonancia establecido en el art�culo 66 A del C�digo de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, en concreto lo que debe la Sala de Decisi�n resolver es si la Jueza de primer grado incurri� en un yerro al abstenerse de librar mandamiento de pago con fundamento en el art�culo 47 de la Ley 1551 de 2012.
LA CONCILIACION COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIADAD SEG�N EL ART�CULO 47 DE LA LEY 1551 DE 2012. Por medio de la Ley 1551 de 2012 se dictaron normas para modernizar la organizaci�n y el funcionamiento de los municipios y en el Cap�tulo XI, art�culo 47 se�al�: �la conciliaci�n prejudicial. La conciliaci�n prejudicial ser� requisito de procedibilidad de los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios.
La conciliaci�n se tramitar� siguiendo el procedimiento y los requisitos establecidos para la de los asuntos contencioso administrativos. El acreedor podr� actuar directamente sin hacerse representar por un abogado. Dicha conciliaci�n no requerir� de aprobaci�n judicial, y su incumplimiento solo genera la consecuencia de que el acreedor puede iniciar el proceso ejecutivo correspondiente.
El delegado del Ministerio P�blico encargado de la conciliaci�n acumular� todas las solicitudes relacionadas con obligaciones de dar una suma de dinero a cargo del municipio y fijar� una sola audiencia trimestral en la que el representante legal del municipio propondr� una programaci�n de pagos de los cr�ditos que acepte, la cual deber� respetar el orden de preferencia de las acreencias previsto en la Ley 550 de 1999.
En la audiencia de conciliaci�n se excluir�n de la programaci�n de pagos aquellas obligaciones que el representante del municipio no acepte por ser procedente, a su juicio, alguna de las excepciones de m�rito que obran en los procesos ejecutivos. As� mismo, se excluir�n aquellas a las que no se haya vencido el plazo previsto en el art�culo 297 de la Ley 1437 de 2011.
Para proteger el patrimonio p�blico, el representante legal del municipio, la Procuradur�a General de la Naci�n, la Contralor�a General de la Rep�blica y la territorial con competencia en el municipio de que se trate, podr� objetar cr�ditos a cargo del municipio cuando a su juicio, no est� justificada la causa de la misma o el cumplimiento de las obligaciones que sirvieron como causa de la deuda.
Las acreencias objetadas ser�n excluidas del acuerdo conciliatorio y el objetante, o los dem�s intervinientes en la audiencia, podr�n iniciar, dentro de los dos meses siguientes, la acci�n popular para proteger el derecho colectivo del patrimonio p�blico en la que se decida la validez de la acreencia. En el proceso que siga dicha acci�n se podr� decretar, desde el inicio, la suspensi�n de la ejecutividad del acto en el que conste la obligaci�n, cuando exista prueba siquiera sumaria o indicio que ponga en duda la causa del cr�dito.
Par�grafo 1�. Cuando se trate de actos administrativos expedidos por autoridades municipales en los que conste la obligaci�n de pagar una suma de dinero solo podr� solicitarse la conciliaci�n prejudicial seis meses despu�s de expedido dicho acto administrativo. En cualquier etapa del proceso, aun despu�s de la sentencia, ser� obligatorio acumular los procesos ejecutivos que se signa contra un municipio, cuando el accionante sea la misma persona, la pretensi�n sea la obligaci�n de dar una suma de dinero, y deba adelantarse por el mismo procedimiento.
Par�grafo 2�. En los municipios de 4�, 5� y 6� categor�a y para los efectos de que tratan los art�culos 46 y 48 de la presente ley, el comit� de conciliaci�n lo conformar� solo el alcalde, el jefe de la oficina jur�dica a quien se le asigne la funci�n de la defensa judicial del municipio y el encargado del manejo del presupuesto. Par�grafo Transitorio.- Los procesos ejecutivos actualmente en curso que se sigan contra los municipios, en cualquier jurisdicci�n, cualquiera sea la etapa procesal en la que se encuentren, deber�n suspenderse y convocarse a una audiencia de conciliaci�n a la que se citar�n todos los accionantes, con el fin de promover un acuerdo de pago que de fin al proceso.
Se seguir� el procedimiento establecido en el art�culo para la conciliaci�n prejudicial. Realizada la audiencia, en lo referente a las obligaciones que no sean objeto de conciliaci�n, se continuar� con el respectivo proceso ejecutivo. Se autoriza a las entidades p�blicas de todos los �rdenes que sean acreedoras de los municipios a rebajar los intereses pendientes o las sanciones a que haya lugar, y a condonar el capital o convenir que seas reinvertido en programas sociales del municipio que correspondan las funciones de la entidad acreedora.
Si se traba de obligaciones tributarias o parafiscales, la entidad p�blica acreedora podr� reducir hasta el noventa por ciento (90%) de los intereses y/o las sanciones a que haya lugar, siempre y cuando el municipio se comprometa a pagar el valor del capital correspondiente en un m�ximo de dos vigencias fiscales. Este plazo podr� ampliarse a tres vigencias fiscales si se trata de municipios de 4�, 5� y 6� categor�a. En el acuerdo de pago el municipio deber� pignorar recursos del Sistema General de Participaciones, prop�sito general, u ofrecer una garant�a equivalente.
No proceder� el cobro contra un municipio de deudas o saldos pendientes de convenios interadministrativos o de cofinanciaci�n, cuando se compruebe que estas se originaron por conductas de los funcionarios responsables, en contradicci�n a la Ley, que generaron detrimento del patrimonio p�blico. Si el detrimento ocurri� por una incorrecta gesti�n municipal, como por deficiencias en el control debido por parte de las entidades del orden nacional o departamental, las entidades p�blicas convendr�n una estrategia para lograr, a trav�s de los procesos judiciales, fiscales y disciplinarios correspondientes, determinar las responsabilidades a que haya lugar en contra de los funcionarios que hayan causado el da�o y recuperar el dinero p�blico que no se haya aplicado adecuadamente el cumplimiento del fin al que estaba destinado, lo cual deber� consignarse en el acta de liquidaci�n correspondiente�.
De otro lado, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de la citada norma, declar� la exequibilidad condicionada de la norma expuso: �(�) 8. El legislador viola los derechos laborales y el derecho a la igualdad de los trabajadores que tienen deudas con municipios, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo.
Por �ltimo, la Sala Plena considera que la respuesta al tercer problema jur�dico es afirmativa. Le asiste la raz�n al accionante cuando acusa a la norma de violar los derechos laborales constitucionales as� como el derecho a la igualdad entre los trabajadores. 8.1. Tal como se indic� previamente, en la sentencia C-160 de 1999, la Corte decidi� que una norma legal que establece la conciliaci�n prejudicial obligatoria en materia laboral, de forma general, sin distinciones y precisiones necesarias para asegurar los derechos fundamentales, en especial, el derecho de acceso a la justicia, es inconstitucional.
Concretamente, se estableci� que ello era as�, a prop�sito de los procesos laborales ejecutivos. Para la Corte �{..} la conciliaci�n no opera en los procesos ejecutivos, porque en raz�n de su naturaleza la conciliaci�n busca crear una situaci�n de certeza en cuanto a los derechos laborales que el trabajador reclama el empleador, lo cual, por sustracci�n de materia no se requiere cuando ya se posee un t�tulo ejecutivo del cual emana una obligaci�n a cargo de �ste que para el trabajador configura un derecho cierto e indiscutible que no se puede renunciar ni negocia, como lo prev� el art. 53 de la Constituci�n Pol�tica.� Esta posici�n jurisprudencial ha sido reiterada en varias ocasiones, en especial en la Sentencia C-893 de 2001, en la cual se decidi� que �si es inconstitucional la norma que consagra la conciliaci�n extrajudicial como requisito de procedibilidad en asuntos laborales�, indic� que una regla legal de ese estilo �{�} quebranta abiertamente el principio constitucional contenido en el art�culo 53 de la Carta, seg�n el cual, corresponde a la Ley tener en cuenta la facultad de los trabajadores para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, la cual se ve afectada cuando se exige al particular acudir a la conciliaci�n como requisito previo a la presentaci�n de la demanda�. 8.2.
En tal medida, la restricci�n al derecho laboral que supone la exigencia de la conciliaci�n como un requisito de procedibilidad de la acci�n ejecutiva, es una medida legislativa irrazonable constitucionalmente, en tanto se vale de un medio prohibido. Esto es, si bien el art�culo 47 de la Ley 1551 de 2012 busca fines que no s�lo son leg�timos constitucionalmente, sino que adem�s son imperiosos, el medio por el cual opt� el legislador est� prohibido constitucionalmente, como lo ha se�alado la jurisprudencia. En tanto el art�culo 53 de la Constituci�n contempla el derecho a �la irrenunciabilidad de los beneficios m�nimos establecidos en normas laborales�, la jurisprudencia constitucional ha indicado que una norma que desconozca abiertamente esta restricci�n, vulnera un mandato expreso de la Constituci�n. 8.3. la jurisprudencia tambi�n ha sostenido que exigir la conciliaci�n prejudicial como requisito procesal en materia de procesos judiciales de forma general e imprecisa es una herramienta legal irrazonable constitucionalmente, entre otros motivos, cuando se emplean normas vagas y ambiguas o altamente indeterminables, que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos judiciales laborales.
El art�culo 47 de la Ley 1551 de 2012 fija el requisito procesal de la conciliaci�n prejudicial en procesos ejecutivos contra municipios de manera amplia, pero a la vez se establecen una serie de par�metros y reglas que hacen m�s o menos precisa la aplicaci�n de la figura. Sin embargo, al hacer referencia los procesos ejecutivos en contra de municipios, sin distinci�n alguna, se puede concluir que la norma acusada contempla tambi�n las obligaciones de car�cter laboral. 8.3.1.
Podr�a alegarse que la norma acusada debe ser interpretada de acuerdo a la Constituci�n Pol�tica y la jurisprudencia constitucional en la materia. De hecho, la participaci�n del Ministerio de Hacienda dentro del presente proceso, interpreta que la norma contempla el requisito de la conciliaci�n prejudicial en un �tipo de procesos {que} hace referencia a obligaciones patrimoniales adquiridas por parte de los municipios con los particulares.
Son obligaciones dinerarias no laborales {�}�. Sin duda que es una forma adecuada de interpretar la norma a la luz de la Constituci�n Polit�ca. 8.3.2. Pero el proceso ha servido para mostrar que no es �sta la �nica interpretaci�n posible. La incertidumbre de las reglas se evidencia al contrastar la posici�n del Ministerio por una parte, y de la Federaci�n Colombiana de Municipios por otra.
En su intervenci�n, la Federaci�n indica que �{�} cuando la conciliaci�n se trate de cr�ditos laborales no podr� conducir al desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles, tan solo se ocupar� de la programaci�n del pago seg�n las posibilidades de flujo de recursos de los Municipios y la mayor conveniencia del convocante.� 8.4. Adicionalmente la Sala Plena de la Corte considera que la imposici�n del requisito procesal de la conciliaci�n prejudicial en materia de procesos ejecutivos laborales que se adelante en contra de un municipio constituye una violaci�n a la especial protecci�n que brinda el principio de igualdad a los trabajadores. 8.4.1.
El art�culo 53 establece los principios que han de regir la ley laboral en el estado social de derecho. Entre otros, adem�s del respeto al derecho constitucional a irrenunciabildad a los beneficios m�nimos establecidos en normas laborales, se contempla expresamente el principio de igualdad de oportunidades a los trabajadores. En tal medida, se torna categ�rica la protecci�n que ha dado la Constituci�n, la ley y la jurisprudencia a sus derechos, impidiendo que se les imponga el requisito procesal de la conciliaci�n prejudicial, especialmente si se hace mediante normas vagas y ambiguas o altamente indeterminadas, y sin fijar par�metros b�sicos como, por ejemplo, la imposibilidad de conciliar derechos laborales m�nimos o de exigirla especialmente para procesos ejecutivos. 8.4.2.
Pero en cualquier caso, no existe en el proceso defensa alguna de por qu� no se viola el derecho a la igual protecci�n de los trabajadores bajo la Constituci�n al establecer desde las propias reglas que regulan los derechos procesales, un trato diferente entre los trabajadores municipales y el resto de trabajadores. Por qu� las reglas del proceso ejecutivo para reclamar derechos laborales han de ser unas para los trabajadores de las entidades territoriales y otras para el resto de los trabajadores.
En especial, que justificar�a el trato diferente entre trabajadores del sector p�blico en cuanto a las reglas de acceso a la justicia. A diferencia de lo que ocurre con las acreencias en general, las deudas laborales est�n sometidas a una condici�n espec�fica, se�alada en la Constituci�n Pol�tica y que ha de ser cumplida por el legislador.
Las protecciones que se den a los trabajadores deben ser respetuosas del principio de igualdad. La Corte tampoco advierte prima facie, raz�n alguna que permitiera una distinci�n de trato que s�lo se podr�a justificar si es un medio estrictamente necesario. Dada la exigencia de igualdad en el trato a los trabajadores, en especial cuando sus derechos se encuentran en conexidad con el derecho al acceso a la justicia, como ocurre en el presente caso, introducir una regla diferente debe estar estrictamente justificado. 8.4.3.
En el presente caso, el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, considera que la norma legal acusada bajo el orden constitucional y legal vigente, no es aplicable a obligaciones laborales; la Federaci�n Nacional de Municipios por su parte sostiene que s�, pero solicita a la Corte que de acuerdo con su jurisprudencia reiterada se declare la exequibilidad condicionada de la norma.
Es claro entonces, que la regulaci�n vigente no es precisa en cuanto a cu�les son las condiciones de aplicaci�n del art�culo 47 demandado a los procesos ejecutivos en contra de los municipios, en los que se reclamen obligaciones de car�cter laboral, y como podr�a ser interpretada v�lidamente, como que incluye controversias de este tipo, porque la norma dispone que en todo proceso ejecutivo adelantado contra un municipio debe llevarse a cabo previamente una conciliaci�n, es factible afirmar que el legislador viola los derechos laborales de los trabajadores que tienen deudas reconocidas, pendientes de pago por los dichos entes territoriales, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo, en especial los derechos a �la irrenunciabilidad de los beneficios m�nimos establecidos en normas laborales� (art. 53, CP) y su derecho a la igualdad (art. 134 CP), al exigirles un requisito proceso ( la conciliaci�n prejudicial) que est� expresamente excluido por la ley para el resto de los trabajadores.
Esto quiere decir que, aunque la norma es ajustada a la Constituci�n a la luz de los dos primeros cargos analizados, es a la vez inconstitucional a la luz del tercer cargo estudiado. Esto lleva a que la decisi�n de la Sala sea la de declarar exequible la norma constitucional, bajo el entendido que la misma no es aplicable a los procesos ejecutivos en contra de municipios que puedan tener por objeto el reclamo de deudas laborales reconocidas, a los trabajadores susceptibles de ser cobradas mediante proceso ejecutivo�.
De esta manera y de conformidad con la cita jurisprudencial tra�da a colaci�n, es claro entonces que si un proceso ejecutivo tiene como fin obtener acreencias laborales, no es necesario agotar el requisito de procedibilidad, pues el mismo violar�a el derecho a la igualdad y los principios establecidos en el art�culo 53 superior, sin embargo, de la misma sentencia, se puede colegir que para que no se exija el requisito de procediblidad se deben cumplir dos requisitos: i) que el titular de la acci�n sea el trabajador y; ii) que sean deudas laborales reconocidas al trabajador y susceptibles de ser cobradas por el proceso ejecutivo.
Ahora bien, en el sub judice, encuentra la Sala que la obligaci�n que se pretende cobrar por la entidad administradora de pensiones, son los aportes obligatorios que deb�a hacer la entidad empleadora, en este caso, el Municipio de Iles, aportes que sin lugar a dudas son de sus trabajadores, pero que en ninguna son los titulares, pues si bien, los mismos tendr�an como fin un eventual reconocimiento de la pensi�n, tal situaci�n no es susceptible de ser ejecutada por los trabajadores en este momento, pues es a la entidad, a quien le compete cobrar, en el caso de PORVENIR y pagar en el caso del Municipio de Iles, conflicto que como ya se dijo, compete solo a �stas y no al trabajador.
Y es que, si bien los aportes hacen parte de un derecho de los trabajadores del Municipio ejecutado, si el cobro de los mismos no se hace por parte de la entidad de pensiones, no generar�a para el trabajador que obtuviera su derecho a la pensi�n inconveniente alguno, pues es un deber del ente territorial empleador hacer el respectivo aporte y de la entidad administradora de fondo de pensiones realizar el cobro.
Corolario de lo anterior, al no ser una obligaci�n en la que los titulares de la acci�n sean los trabajadores del Municipio de Iles, es necesario agotar el requisito de procedibilidad exigido por el art�culo 47 de la Ley 1551 de 2012 y en consecuencia fue acertada la decisi�n de primera instancia, debiendo la Sala confirmar el auto apelado.
COSTAS. Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 393 del C.P.C. y el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que determina las tarifas de las agencias en derecho, y en virtud de la facultad que le otorga el art�culo 43 de la Ley 794 de 2003, que se�ala como criterios para aplicar gradualmente las tarifas establecidas la naturaleza del asunto, la �calidad y duraci�n �til de la gesti�n ejecutada por el apoderado o la parte que litig� personalmente�, se tiene que, dadas las resultas de la alzada y la inactividad de las partes en esta instancia, no hay lugar a condenar en costas.
III. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, Sala de Decisi�n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha 18 de febrero de 2015, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ipiales, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. SIN LUGAR A CONDENAR en COSTAS de segunda instancia, por no haberse causado. NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE. La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesi�n de esta fecha seg�n acta No. y se notifica a las partes en ESTADOS. Se declara surtida la presente audiencia y en constancia se firma por los que en ella intervinieron. CLAUDIA CECILIA TORO RAMIREZ Magistrada Ponente.
JUAN CARLOS MU�OZ CLARA INES LOPEZ DAVILA Magistrado con Impedimento Magistrada JAMES RODRIGUEZ ROSERO Secretario Ver folio 32 del cuaderno de primera instancia Ver folios 34 y 35 del cuaderno principal Ver folio 42 y vlta Ver folio 43 y vlta Ver folio 49 del cuaderno principal Ver folio 51 del cuaderno principal Ver folios 55 y 56 del cuaderno principal Ver folios 62 a 64 del cuaderno principal Ver folios 67 y 68 del cuaderno principal Ver folios 70 a 81 del cuaderno principal Sentencia C-533 del 15 de agosto de 2013, M.P. Mar�a Victoria Calle Correa EJECUTIVO LABORAL 523563140500120140013401 Magistrada Ponente Dra. Claudia Cecilia Toro Ram�rez PAGE \* MERGEFORMAT1 78MY���� ! 8;
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