Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 2015-00046-01(138)

Sala: LABORAL

Ponente: Juan Carlos Muñoz

Fecha: 2017-08-24

Sujetos procesales: DEMANDANTE: LIDIA CRUZ ACOSTA DE MUÑOZ \ DEMANDADO: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

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REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL  INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\MARTHA SAENZ\\aariasr.CSJCALI\\Escritorio\\Archivos de programa\\Corte Constitucional\\escudo.gif" \* MERGEFORMAT  TRIBUNAL SUPERIOR DE PASTO SALA LABORAL MAGISTRADO PONENTE: DR. JUAN CARLOS MU�OZ Ordinario Laboral No. 2015-00046-01(138) En San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) d�as del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017), siendo el d�a y la hora se�alados previamente, los se�ores Magistrados integrantes de la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, doctores JUAN CARLOS MU�OZ, quien act�a como ponente, CLARA IN�S L�PEZ D�VILA y CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ, en asocio del Secretario, se constituyen en AUDIENCIA P�BLICA dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LIDIA CRUZ ACOSTA DE MU�OZ en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS PORVENIR S.A.,.

Preside el acto el suscrito Magistrado Ponente quien lo declara abierto. El Secretario informa que las partes se encuentran debidamente notificadas. Se concede el uso de la palabra a las partes asistentes y a sus apoderados, para su debida identificaci�n y presentaci�n de alegatos de segunda instancia. Acto seguido el suscrito Magistrado Sustanciador, presenta a consideraci�n de la Sala el respectivo proyecto de fallo, el que despu�s de ser discutido es aprobado.

A continuaci�n la Sala procede a dictar la siguiente, SENTENCIA ANTECEDENTES LIDIA CRUZ ACOSTA DE MU�OZ, a trav�s de procurador judicial, present� demanda ordinaria laboral en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS PORVENIR S.A., para que el Juzgado de conocimiento en sentencia de m�rito que haga tr�nsito a cosa juzgada material, condene a la entidad demandada a la devoluci�n de saldos depositados en su cuenta de ahorro individual, de conformidad con lo previsto en el art�culo 66 de la Ley 100 de 1993, junto con los rendimientos financieros, el valor del bono pensional redimido anticipada y los intereses comerciales causados, as� como tambi�n se condene en costas a la entidad demandada, petici�n que se fundamenta en que la actora desde el mes de febrero de 1979 hasta el 23 de noviembre de 1999, cotiz� al r�gimen de prima media con prestaci�n definida, en ese entonces administrado por el extinto ISS, por su labor como docente de una instituci�n privada, traslad�ndose de r�gimen pensional al RAIS a partir del mes de noviembre de 1999, sin que el extinto ISS hoy COLPENSIONES haya emitido el bono pensional a su cargo, por el per�odo comprendido entre el 17 de mayo de 1993 y el 30 de agosto de 1999, valores que deben tenerse en cuenta al momento de ordenar la devoluci�n de saldos solicitada, negativa que se fundamenta en que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO, OFICINA DE BONOS PENSIONALES, no autoriz� dicha expedici�n de bono pensional, bajo la premisa que la actora cuenta con una pensi�n otorgada por el Magisterio mediante Resoluci�n NO. 2107 de 07 de octubre de 2011, la que resulta incompatible con el referido bono pensional.

El juzgado de primer grado con auto de 20 de febrero de 2015 (Fls. 54 a 55) admiti� la demanda impetrada luego de su correcci�n, ordenando la notificaci�n y traslado a la parte accionada. Posteriormente con prove�do de 20 de mayo de 2015 (Fls. 215 a 218), la a quo orden� integrar el Litis consorcio necesario por pasiva, con las entidades MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO PUBLICO y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

CONTESTACI�N DE LA DEMANDA Y TRAMITE DE PRIMERA INSTANCIA Trabado el contradictorio, la entidad demandada PORVENIR S.A., por conducto de apoderado judicial en t�rmino oportuno contest� al libelo introductorio (Fls. 69 a 87), oponi�ndose a la prosperidad de las suplicas impetradas por activa, al considerar que la entidad accionada no tiene injerencia en que la demandante a�n no haya recibido la devoluci�n de saldos de su cuenta individual, pues es la propia demandante quien no ha cumplido con el requisito de realizar las declaraciones correspondientes, al no aceptar la devoluci�n sin el bono pensional que el Ministerio de Hacienda marc� como �NO EMITIBLE� para el per�odo comprendido entre el 17 de mayo de 1993 y el 30 de agosto de 1999, que si bien fue aportado no ha sido trasladado cunado se efectu� la afiliaci�n de la demandante al RAIS.

Con fundamento en ello, propuso como excepci�n previa la de FALTA DE INTEGRACI�N DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO POR PASIVA y las de fondo de BUENA FE DEL DEMANDADO, PRESCRIPCI�N, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N Y COBRO DE LO NO DEBIDO, FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PETICI�N ANTES DE TIEMPO y la INNOMINADA o GEN�RICA. Por su parte, la convocada a integrar el Litis consorcio necesario ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES �COLPENSIONES�, con escrito obrante a folios 221 a 225, igualmente se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora en el libelo demandatorio, al considerar que ha actuado conforme a derecho, al trasladar al RAIS a partir de diciembre de 1999, las cotizaciones efectuadas por la demandante en el r�gimen de ahorro individual, sin que pueda emitir bono pensional alguno en forma adicional, pues el Ministerio de Hacienda comunic� que su emisi�n por el per�odo comprendido entre el 17 de mayo de 1993 y el 30 de agosto de 1999 resulta improcedente, debido a la incompatibilidad con la pensi�n de vejez que le reconoci� y paga el FOPEP.

Con base en ello propuso la excepci�n previa de PRESCRIPCI�N y las de m�rito de COBRO DE LO NO DEBIDO E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N, AUSENCIA DE VICIOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA AL PAGO DE INTERESES MORATORIOS y SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO OFICIOSO DE EXCEPCIONES.

Finalmente, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO PUBLICO, con escrito visible a folios 236 a 241 del plenario, con similares argumentos a los ya narrados, se opuso al acogimiento favorable de las suplicas impetradas por activa en su escrito de demanda, bajo el argumento de que al hacer parte la demandante del R�gimen �EXCEPTUADO� de que trata el art�culo 279 de la Ley 100 de 1993, norma que de manera expresa se�ala que las disposiciones contenidas en el Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la Ley en menci�n NO SE APLICAN a los afiliados del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, LIDIA CRUZ ACOSTA DE MU�OZ no pod�a afiliarse al Sistema General de Pensiones concebido en el r�gimen de seguridad social integral, por exclusi�n expresa de la norma y, menos a�n, vincularse al R�gimen de Ahorro Individual Con Solidaridad (RAIS) administrado por los Fondos de Pensiones, con el fin de obtener el reconocimiento de un "BONO PENSIONAL" por los tiempos cotizados al ISS (Hoy COLPENSIONES), dado que el Bono Pensional a pesar de reconocerse a los afiliados de los Fondos Privados de Pensiones que cumplan con los requisitos establecidos en el Art�culo 115 ib�dem, tiene una naturaleza p�blica, por ser este reconocido con cargo a los recursos p�blicos de la Naci�n. En consecuencia afirm�, que al ser el �BONO PENSIONAL� un beneficio de naturaleza P�blica, los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no pueden acceder al mismo, por cuanto se encontrar�an percibiendo m�s de una asignaci�n proveniente del tesoro p�blico, es decir, por una parte la Pensi�n de Jubilaci�n del Magisterio, que conforme a la Ley 91 de 1989 se encuentra A CARGO DE LA NACI�N y el bono pensional del RAIS que sea reconocido y pagado con cargo a los recursos p�blicos de la Naci�n, situaci�n que va en contrav�a del principio constitucional establecido en el Art�culo 128 de la C. P., en donde de manera literal establece que: �Nadie podr� desempe�ar simult�neamente m�s de un empleo p�blico ni recibir m�s de una asignaci�n que provenga del tesoro p�blico, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley�.

Por consiguiente, adujo que la Afiliaci�n al RAIS que efect�o la demandante LIDIA CRUZ ACOSTA DE MU�OZ ES INV�LIDA, por cuanto al ser una afiliada forzosa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se encontraba por mandato expreso del art�culo 279 de la ley 100 de 1993 exceptuada del Sistema de Seguridad Social Integral, lo que implica que las disposiciones contenidas en la ley en cita, de ninguna manera pueden ser aplicadas a los docentes vinculados al fondo del magisterio y menos a�n, cuando estos ya han obtenido de dicho Fondo el reconocimiento de la Pensi�n de Jubilaci�n con base en la normatividad aplicable a este r�gimen �ESPECIAL�.

Con fundamento en ello propuso las excepciones de fondo que rotulo como EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO PUBLICO NO ES UNA ENTIDAD DE PREVISI�N SOCIAL, FALTA DE LEGITIMACI�N EN LA CAUSA POR PASIVA, BUENA FE y la GEN�RICA. Recibidas las contestaciones, el juzgado de primer grado con auto de 20 de mayo de 2015, dispuso tener por contestada la demanda por parte de PORVENIR S.A. (Fls. 215 a 218), disponiendo la misma circunstancia para las convocadas como Litis consorcio necesario mediante providencia calendad a 12 de enero de 2016 (Fl. 248).

Dentro de la audiencia obligatoria dispuesta en el art�culo 77 del C. P. del T. y de la S.S., llevada a cabo el 24 de mayo de 2016 (Fl. 52), en la cual se declar� fracasada la etapa de conciliaci�n por ausencia de �nimo en las parte en contienda, dispuso adem�s en cuanto a las excepciones previas propuestas, que en lo referente a la falta de integraci�n del Litis consorcio necesario por pasiva, que dicha situaci�n fue evacuada con auto de 20 de mayo de 2015 y la excepci�n dilatoria de prescripci�n, orden� diferir su decisi�n al momento de dictar sentencia. En la etapa de fijaci�n del litigio determin� excluir del debate probatorio los hechos aceptados por las partes, que tienen relaci�n con la solicitud de afiliaci�n de la actora al RAIS, las actuaciones realizadas por aquellas para la obtenci�n de la devoluci�n de saldos y la negativa por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito Publico en la emisi�n del bono pensional por el per�odo comprendido entre el 17 de mayo de 1993 y el 30 de agosto de 1999, toda vez que tal Ministerio calific� dicho bono como no emitible, debido a la incompatibilidad con la pensi�n de vejez que le reconoci� y paga el FOPEP.

Finalmente se abordaron las etapas respectivas a dicha audiencia, decretando los medios probatorios solicitados por las partes. Adelantado el tr�mite del proceso ordinario laboral de primera instancia y una vez recaudado el material probatorio, estando clausurado el debate del mismo, el juzgado de primer grado profiri� sentencia en audiencia p�blica llevada a cabo el 28 de febrero de 2017 (Fls. 278 a 282 CD.

No. 01 MINUTO 00:23:30 a 01:06:02), mediante la cual conden� a la entidades demandadas y vinculadas al presente negocio jur�dico, a realizar la devoluci�n de saldos en favor de la parte actora, con la respectiva emisi�n de los bonos pensionales a que haya lugar, pues entendi� que no existe incompatibilidad alguna entre el reconocimiento pensional de jubilaci�n del Magisterio en favor de la actora, y la expedici�n del bono pensional negado por el Ministerio de Hacienda, puesto que los aportes efectuados y el tiempo de servicios para la causaci�n de una y otra prestaci�n pensional tienen diferentes or�genes, uno p�blico y otro privado, por lo tanto, es procedente la expedici�n del bono tipo A, a cargo de COLPENSIONES por el periodo cotizado en el sector privado, debiendo asumir el tr�mite de la devoluci�n de saldos PORVENIR y la liquidaci�n del mismo al MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO � OFICINA DE BONOS PENSIONES.

APELACI�N Y GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA. Inconformes con la decisi�n proferida en primera instancia, el fondo privado de pensiones y el Ministerio vinculado a la presente controversia, interpusieron recurso de apelaci�n sustentando los mismos en lo que a continuaci�n se sintetiza: PORVENIR S.A., apela la sentencia en cuanto a la procedencia de la condena en costas, por cuanto aduce que dicho fondo siempre ha estado de acuerdo con la devoluci�n de saldos y los tr�mites para emisi�n del bono pensional respectivo, desdorando su competencia lo relacionado a la expedici�n de dicho t�tulo, por cuanto la negativa en su expedici�n es del resorte exclusivo del Ministerio de Hacienda y Cr�dito Publico, por lo que expresa que el fondo demandado ha actuado de buena fe, considerando en ese entendido que las costas interpuestas en su contra no son procedentes.

(MINUTO 01:06:18 a 01:07:11 CD. No. 02) Por su parte, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO insiste en su recurso, que la parte actora no tiene derecho a recibir ninguna prestaci�n del RAIS por ser una afiliada excluida del r�gimen de conformidad con el art�culo 279 de la ley 100 de 1993, por lo que la afiliaci�n de aquella al RAIS es totalmente invalida y contraria el art�culo anteriormente citado, por lo tanto solicita que la actora sea retornada al RPM para que dentro de ese r�gimen se establezca que prestaci�n caus� por el tiempo cotizado, no siendo procedente la emisi�n del bono pensional pretendido.

Igualmente al ser la sentencia estudiada adversa a los intereses de COLPENSIOENS y del MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO, entidades de las cuales la Naci�n es garante, el expediente fue admitido por esta Corporaci�n para que se surta el grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con lo establecido en el art�culo 69 del C. P. del T. y de la S. S. TR�MITE DE SEGUNDA INSTANCIA RESUMEN DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR LAS PARTES.

INTERVENCI�N DEL MINISTERIO P�BLICO Surtido el tr�mite en segunda instancia, al no observar causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala entra a decidir, previas las siguientes: CONSIDERACIONES PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JUR�DICO Teniendo en cuenta los puntos de censura propuestos por las partes y el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de COLPENSIONES y del MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO, le corresponde a esta Sala de Decisi�n definir, si en el sub judice se acreditan los presupuestos necesarios para hacer procedente la devoluci�n de saldos existentes en la cuenta individual pensional de la actora, que se halla en el fondo de pensiones accionado, con la respectiva expedici�n del bono pensional a que haya lugar por el per�odo comprendido entre el 17 de mayo de 1993 y el 30 de agosto de 1999 y de ser afirmativa la respuesta al anterior cuestionamiento, estudiar las pretensiones condenatorias impetradas por la actora en su demanda.

SOLUCI�N A LOS PROBLEMAS JUR�DICOS PLANTEADOS PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCI�N DE SALDOS EN EL R�GIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD. En esencia lo que se discute en esta instancia es la inclusi�n del valor del bono pensional por el per�odo comprendido entre el 17 de mayo de 1993 y el 30 de agosto de 1999, dentro de la devoluci�n de saldos solicitada por la parte actora a la administradora de fondo de pensiones, en virtud de que de acuerdo con las normas incluidas dentro de la proposici�n jur�dica planteada por las partes en contienda, los bonos pensionales solo son compatibles con la financiaci�n de una pensi�n de vejez y no con una devoluci�n de saldos y porque, en todo caso, en vigencia de la Ley 100 de 1993, no resulta posible mezclar las prestaciones de sus dos reg�menes, con factores propios de un r�gimen exceptuado como el del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En torno a la primera cuesti�n planteada, el art�culo 66 de la Ley 100 de 1993 establece claramente que �(�) quienes a las edades previstas en el art�culo anterior no hayan cotizado el n�mero m�nimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensi�n por lo menos igual al salario m�nimo, tendr�n derecho a la devoluci�n del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a �ste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho.� (Negrillas fuera de texto).

Por su parte, los art�culos 113, 118, 119 y 121 de la Ley 100 de 1993 regulan la naturaleza, clases y formas de emisi�n de los bonos pensionales. As� tambi�n lo hace el art�culo 1 del Decreto 1299 de 1994, norma que en el art�culo 11 prev� que �(�) el bono pensional se redimir� cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.- Cuando el afiliado cumpla la edad que se tom� como base para el c�lculo del respectivo bono pensional. 2.- Cuando se cause la pensi�n de invalidez de sobrevivencia. 3.- cuando haya lugar a la devoluci�n de saldos de conformidad con la Ley 100 de 1993.� (Negrillas fuera de texto).

De acuerdo con las disposiciones trascritas, precisa esta Corporaci�n que los bonos pensionales deben ser incluidos dentro del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual que se reintegra al afiliado, a trav�s de la devoluci�n de saldos que regula el art�culo 66 de la Ley 100 de 1993. Por lo mismo, las dos erogaciones � bono pensional y devoluci�n de saldos � no son excluyentes, ni el bono pensional est� contemplado �nicamente para financiar una pensi�n de vejez.

Ahora bien, aunque la meta ideal del Sistema de Seguridad Social es que los bonos pensionales contribuyan, en principio, a la financiaci�n de una pensi�n de vejez, pues lo deseable es que todas las personas adquieran una, como fruto de su trabajo, lo cierto es que en el R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hacen parte de una reserva de propiedad del afiliado, que debe serle reintegrada cuando no alcanza los l�mites legales para pensionarse, por lo mismo, cuando la norma condiciona la inclusi�n del bono pensional dentro de la devoluci�n de saldos, a trav�s de la expresi�n �si a �ste hubiere lugar�, no hace cosa diferente a preveer que su c�mputo debe partir de la base de que hubiera sido posible emitirlo, para financiar una eventual pensi�n de vejez.

En otras palabras, si es viable pagar un bono pensional para financiar una potencial pensi�n de vejez, porque se dan las condiciones legales necesarias para esos efectos, esa erogaci�n tambi�n debe ser comprendida dentro del c�lculo de una devoluci�n de saldos, pues hace parte del capital del afiliado acumulado dentro de su cuenta de ahorro individual, entendiendo tal actividad, como una prestaci�n alternativa a las pensiones, que busca compensar los intentos fallidos de pensi�n y cumplir de otra manera con los fines de la seguridad social, por lo que debe comprender todos aquellos factores derivados del trabajo y del ahorro del afiliado, que buscaban soportar financieramente su jubilaci�n, como el bono pensional, criterio que adem�s fue sentado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Laboral, en sentencia SL 451 � 2013, radicaci�n No. 41001 de 17 de julio de 2013.

En lo que tiene que ver con la segunda cuesti�n planteada, esto es, la compatibilidad de la expedici�n de bono pensional para la devoluci�n de saldos, y las prestaciones derivadas del r�gimen exceptuado como el del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, precisa esta Corporaci�n que en este caso es perfectamente posible emitir el bono pensional para financiar una eventual pensi�n de vejez, pues las cotizaciones que pretenden ser compensadas a trav�s del mismo, fueron hechas al Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES, por servicios prestados por la demandante a instituciones privadas, con anterioridad a su ingreso al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Universidad Mariana y Corporaci�n Universitaria Antonio Nari�o �Fls. 183 a 188 y 245 a 247) y que, en todo caso, eran diferentes a los tiempos laborados que sirvieron de base para el reconocimiento de la pensi�n oficial, seg�n se desprende de la Resoluci�n No. 2107 de 07 de octubre de 2011, emitida por el Ministerio de Educaci�n Nacional � Secretaria de Educaci�n Municipal de Pasto (Fl. 267), pues para tal efecto se tuvo en cuenta �nicamente el tiempo laborado a favor de la Secretaria de Educaci�n de Nari�o, por el per�odo comprendido entre el 24 de octubre de 1975 y el 25 de marzo de 2011.

En tales condiciones, no existe incompatibilidad alguna entre el bono pensional y la pensi�n de jubilaci�n oficial, como bien lo concluy� la a quo, ni se est� prohijando una mezcla inadecuada entre dos reg�menes, como lo denuncia el Ministerio de Hacienda en su reproche, ello por cuanto al tener la demandante la calidad de docente oficial y estar excluida del Sistema Integral de Seguridad Social, al comp�s de lo establecido en el art�culo 279 de la Ley 100 de 1993, le resultaba v�lido prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales y, por virtud de ello, adquirir una pensi�n de jubilaci�n oficial y, al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones privadas y financiar una posible pensi�n de vejez en el Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES, con la posibilidad de que dichos aportes fueran trasladados al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, a trav�s de un bono pensional.

En sentencias como la del 6 de diciembre de 2011, Rad. 40.848, que no ha perdido vigencia, la Sala de Casaci�n Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha dicho que no existen razones jur�dicamente v�lidas para concluir que la pensi�n de jubilaci�n oficial que se reconoce a un docente, resulta incompatible con la pensi�n de vejez que puede obtener del Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES, por servicios prestados a instituciones de naturaleza privada, puntualizando lo que para el caso en concreto se cita a continuaci�n: �(�)� �A su vez, el art�culo 31 del Decreto 692 de 1994, consagra la posibilidad de que los profesores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, �(�) que adicionalmente reciban remuneraciones del sector privado, tendr�n derecho a que la totalidad de los aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el mencionado fondo, o en cualquiera de las administradoras de los reg�menes de prima media o ahorro individual con solidaridad, mediante el diligenciamiento del formulario de vinculaci�n. En este caso, le son aplicables al afiliado la totalidad de condiciones vigentes�; precepto reglamentario que s�lo puede ser interpretado en su sentido natural y obvio, es decir, que los docentes oficiales vinculados a la entidad que maneja las pensiones de ese sector, si paralelamente laboran para una persona jur�dica o natural de car�cter privado, pueden afiliarse a una administradora de pensiones, cotizar a la misma, con el subsecuente efecto de que al cumplimiento de las exigencias previstas en su r�gimen, acceder�n a las prestaciones propias del mismo. �Adem�s, los reglamentos del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES no restringen la viabilidad de que los profesores de establecimientos educativos de orden particular, aporten para obtener la pensi�n de vejez, sino que, m�s bien, de su examen lo que se colige es que son afiliados forzosos al r�gimen de prima media con prestaci�n definida, de suerte que a sus empleadores se les impone el deber de vincularlos y sufragar las cotizaciones causadas, mientras permanezca vigente la relaci�n laboral, como sucedi� en el evento bajo examen, en el que los colegios �Salesiano San Medardo�, desde febrero de 1969 hasta junio de 1972, y �La Presentaci�n� desde febrero de 1977 hasta noviembre de 2004, honraron la obligaci�n de realizar los aportes para pensi�n. �Y es que lo que se discuti� en esta contenci�n no fue el derecho del accionante a obtener la pensi�n de vejez, sino la falta de inclusi�n de un n�mero importante de cotizaciones por parte del ISS, efectuadas por los empleadores dentro del lapso comprendido entre febrero de 1969 y noviembre de 1979, tal cual lo sostuvo en la demanda inicial, y lo reclam� previamente ante el demandado.

En ese orden, si el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoci� pensi�n de jubilaci�n por los servicios prestados entre el 1� de enero de 1969 y el 28 de marzo de 2000, resulta inexplicable que el Instituto haya calculado el monto de la pensi�n de vejez con base en las cotizaciones efectuadas entre septiembre de 1991 y junio de 2004, que comprende un importante per�odo tomado en cuenta por aqu�l Fondo para concederle la prestaci�n jubilatoria, y no haya incluido los aportes que reclama el demandante. �(�)� �El debate sobre el car�cter de los dineros con que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES paga las prestaciones que concede, hace rato fue superado en el sentido de colegir que no tiene la calidad de asignaci�n proveniente del tesoro p�blico, en tanto los aportes que sirven para su financiaci�n no tienen origen en fondos de naturaleza p�blica, dado que son realizados por empleadores y trabajadores, distinci�n que tampoco hizo el juez de la alzada, en desmedro de la posibilidad de acierto de la providencia gravada.

Basta aludir al fallo de casaci�n No. 24062, de 14 de febrero de 2005, (�)�. (En id�ntica direcci�n pueden verse las sentencias del 12 de agosto de 2009, radicaci�n No. 35.374 y de 03 de mayo de 2011, radicaci�n 39.810.) Como conclusi�n, no exist�a incompatibilidad alguna entre la pensi�n de jubilaci�n oficial reconocida a la demandante y la pensi�n de vejez derivada del sistema de seguridad social, por lo que, tampoco exist�a alguna objeci�n para que, por esta raz�n, se dejara de incluir el bono pensional causado por aportes al Instituto de Seguros Sociales, dentro de la devoluci�n de saldos.

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad en la emisi�n del bono pensional en cuesti�n, basta con advertir que la demandada PORVENIR S.A., funge como administradora del fondo de pensi�n de la demandante y que, por tal virtud, tiene a su cargo el reconocimiento de las prestaciones del R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad que contempla la Ley 100 de 1993, entre otras, como en este caso, la devoluci�n de los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual.

Lo anterior implica que, por la misma calidad de administradora, la demandada tiene el deber de adelantar todas las diligencias necesarias para obtener de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico el valor del bono pensional, con el que se completa el capital acumulado de la demandante en su cuenta de ahorro individual y que debe ser materia de devoluci�n de saldos, de conformidad con lo establecido en el art�culo 48 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el art�culo 20 del Decreto 1513 de 1998 (Ver la sentencia del 19 de mayo de 2009, Rad. 34810), estando obligada la Naci�n � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, expedir el bono pensional como el que aqu� se trata, aclarando que la responsabilidad por la conformaci�n del capital de la cuenta de ahorro individual de la demandante y por el pago de la prestaci�n reclamada, indudablemente es de la sociedad administradora de pensiones demandada.

Resta advertir que, en el asunto de marras, no existe discusi�n alguna sobre el derecho que detenta la demandante a que el fondo de pensiones PORVENIR S.A., reconozca y pague la devoluci�n de saldos solicitado, por ser un punto aceptado por dicho ente y excluido como cierto en la etapa de fijaci�n del litigio de la audiencia de que trata el art�culo 77 del C. P. del T. y de la S. S., raz�n por la cual no es jur�dicamente acertado que esta Corporaci�n entre a verificar si la actora cumple o no dicho requisito.

Por lo tanto, con las disquisiciones jur�dicas que anteceden se entiende agotado el problema jur�dico generado por el recurso de apelaci�n interpuesto por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito Publico y el grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor de tal entidad y de COLPENSIONES, debiendo la Sala confirmar la sentencia apelada y consultada, en cuanto a los puntos estudiados se refiere.

SOLUCI�N A LA APELACI�N INTERPUESTA POR PORVENIR S.A. � PROCEDENCIA DE CONDENA EN COSTAS. PROCEDENCIA DE LAS COSTAS DE PRIMERA INSTANCIA. Al respecto el apoderado judicial de PORVENIR S.A., aduce que no se encuentra conforme con la determinaci�n de la condena en costas, habida cuenta que las actuaciones surtidas por la entidad demandada no han ido en contra de la petici�n de devoluci�n de saldos incoado por la parte actor, desbordando su competencia lo relacionado con la expedici�n del bono pensional, actuaci�n de buena fe que hace improcedente la condena en costas fulminada en su contra.

De acuerdo con el criterio jurisprudencial que ha acompa�ado la conceptualizaci�n de las costas procesales, se entiende que ellas equivalen en general a los gastos que es preciso hacer para obtener judicialmente la declaraci�n de un derecho (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil Sentencia de 5 de febrero de 1980). En cuanto a la condena en costas el C�digo General del Proceso, norma aplicable al presente asunto, acogi� el sistema objetivo para su imposici�n, �esencialmente caracterizado por condicionar su imposici�n, sin otras cortapisas, al vencimiento puro y simple de la parte, esto es, sin reparar en la mala fe o la temeridad de su comportamiento�, tal y como lo concluy� la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, en sentencia de 30 de agosto de 1999 expediente 5151, raz�n por la cual el art�culo 365 en su numeral 1� del C. G. del P., establece que ha de condenarse en costas a la parte que resulte vencida en el proceso, a quien pierda el incidente por �l promovido, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso que haya propuesto.

A su turno el art�culo 366 del C. G. del P., vigente para el momento en que se profiri� el fallo de primera instancia, consagra reglas de forzosa observancia en orden a efectuar la liquidaci�n de costas cuando, en cualquiera de las situaciones indicadas en el art�culo 365 �dem, proceda la respectiva condena que le imponga su pago a una de las partes o, si fuere el caso, a terceros intervinientes.

Con fundamento en lo anterior se extrae, que del concepto de costas liquidables hacen parte, no solamente los gastos o erogaciones susceptibles de comprobaci�n directa en lo que a su cuant�a concierne siempre que hayan sido �tiles para el proceso y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, que reciben el nombre de expensas, sino tambi�n, las llamadas agencias en derecho, que comprenden las diligencias, escritos, alegatos verbales del interesado favorecido o su apoderado, y la atenci�n o vigilancia que le haya prestado al proceso, y se decretan a favor de la parte aunque no haya sido representada por apoderado, porque al integrar dicho rubro los gastos que se deben efectuar en la actuaci�n procesal, la ley las reconoce para ella y no para el profesional que la represent� en el juicio, conforme lo ha establecido la H. Corte Constitucional en sentencia C -583 de 1999.

Por lo tanto, La fijaci�n de agencias en derecho tiene como referencia adem�s del valor del litigio, la naturaleza del asunto, la complejidad del mismo, la atenci�n profesional que demande, la calidad del trabajo, el tiempo y el esfuerzo que esa gesti�n denote, y debe dicha fijaci�n llevarse a cabo siguiendo las directrices que para el efecto se�ala el numeral 4� del art�culo 366 del C. G. del P., vali�ndose tambi�n de los Acuerdos emanados del Consejo Superior de la Judicatura.

A su turno y respecto de las Agencias en Derecho, el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003 proferido por el C. S. de la J., vigente al momento de interposici�n de la demanda, en su art�culo 3� las define como �la porci�n de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o tr�mite especial por �l promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci�n, casaci�n, revisi�n o anulaci�n que haya propuesto, y en los casos especiales previstos en los c�digos de procedimiento.�, fijando como criterios para la graduaci�n de las tarifas �la naturaleza, calidad y duraci�n �til de la gesti�n ejecutada por el apoderado o la parte que litig� personalmente, autorizada por la ley, la cuant�a de la pretensi�n y las dem�s circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables.� En materia laboral, el mentado Acuerdo reglamenta que las tarifas por agencias en derecho en procesos ordinarios de primera instancia a favor del trabajador � enti�ndase demandante en este caso �, establece en el numeral 2.1.1., �( ) Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia�.

Ahora bien, la �nica excepci�n frente a la regla general del pago de costas a cargo de la parte que obtuvo decisi�n desfavorable, la constituye el amparo de pobreza regulado en los art�culos 151 a 158 del C. G. del P. � aplicables en materia laboral por analog�a � que tiene lugar cuando una persona no se encuentra en capacidad de cubrir los gastos del proceso �(�) sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos (�)� (Art. 151), con el fin de exonerarse del pago de cauciones procesales, expensas, honorarios de auxiliares de la justicia y costas del proceso (Art. 154), debiendo para ello presentar una solicitud ante el juez que conoce del asunto, en la que afirme que est� en situaci�n de escasez econ�mica.

Descendiendo nuevamente al caso que ocupa la atenci�n de la Sala, se tiene que el recurrente por pasiva apela la condena en costas fulminada en su contra, argumentando que el actuar de la entidad accionada estuvo acorde a derecho y se enmarca dentro de los postulados de la buena fe, alegaciones que no son de recibo para esta Corporaci�n, pues como ya se advirti� y se reitera, la condena en costas, enti�ndase agencias en derecho, obedece al criterio de responsabilidad objetiva, por lo que para su imposici�n �nicamente se verifica cual es la parte vencida en juicio, tal y como ocurri� en el sub judice, sin entrar a cotejar la conducta de las partes dentro del asunto, por lo que no hay motivo alguno para exonerar a la accionada de su pago, m�s aun si se tiene en cuenta que PORVENIR S.A., se opuso al acogimiento favorable de las suplicas impetradas por activa y como administradora pensional del RAIS, era su deber adelantar todas las diligencias necesarias para obtener de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico el valor del bono pensional, con el que se completa el capital acumulado de la demandante en su cuenta de ahorro individual y que debe ser materia de devoluci�n de saldos, de conformidad con lo establecido en el art�culo 48 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el art�culo 20 del Decreto 1513 de 1998, actuaci�n que no se haya demostrada plenamente en el asunto de marras.

Por lo expuesto, el recurso interpuesto no prospera. EXCEPCIONES. Dentro de la oportunidad legal, las entidades vinculadas COLPENSIONES y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO PUBLICO, respecto de quienes se surte el grado jurisdiccional de consulta, propusieron como excepciones perentorias las de COBRO DE LO NO DEBIDO E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N, AUSENCIA DE VICIOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA AL PAGO DE INTERESES MORATORIOS, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO PUBLICO NO ES UNA ENTIDAD DE PREVISI�N SOCIAL, FALTA DE LEGITIMACI�N EN LA CAUSA POR PASIVA y BUENA FE, respecto de las cuales se debe se�alar, que de conformidad con el an�lisis que se viene realizando en el transcurrir de esta providencia y en raz�n a que los fundamentos de aquellas se soportan en la inexistencia del derecho reclamado por la parte activa del contradictorio, estas excepciones est�n destinadas al fracaso.

Respecto de la excepci�n de prescripci�n, acota la Sala que el art�culo 151 del C. P. del T. y la S. S. reglamenta que �Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribir�n en tres a�os, que se contar�n desde que la respectiva obligaci�n se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestaci�n debidamente determinado, interrumpir� la prescripci�n pero s�lo por un lapso igual�.

Es de anotar que el derecho a percibir la pensi�n de vejez como tal no prescribe, de conformidad a lo dispuesto en el art�culo 48 del C. P, por lo tanto aquellos elementos o acciones tendientes a conseguir tal reconocimiento, al hacer parte de los derechos a la seguridad social, son imprescriptibles afectando �nicamente dicho fen�meno las mesadas causadas y no reclamadas, durante los tres (03) a�os anteriores a la fecha de la demanda o de la Reclamaci�n Administrativa, cuando con esta se logra interrumpir el t�rmino prescriptivo, tal y como lo ha sostenido la H. Corte Constitucional en la sentencia T- 217 de 17 de abril de 2013, en consecuencia, como la pretensi�n que prospera tiene la naturaleza de imprescriptible, al hacer parte del estatus pensional de la actora, la excepci�n bajo estudio est� destinada al fracaso.

Para reafirmar lo dicho, sobre la imprescriptibilidad de la indemnizaci�n sustitutiva o la devoluci�n de saldos, la Corte Constitucional en sentencia T-695A/10 de 03 de septiembre de 2010, rememor� lo dicho por esa Corporaci�n en las Sentencias T-1046 de 2007 y T-974 de 2006, fijando el criterio de imprescriptible de tales beneficios pensionales, exponiendo: �(�) En consecuencia, la indemnizaci�n sustitutiva se gu�a por los principios que rigen la seguridad social en pensiones.

Es decir, es de car�cter irrenunciable e imprescriptible, y son aplicables -en la medida en que sea posible- los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad del sistema. En este orden de ideas, se concluye que el derecho a la indemnizaci�n sustitutiva de la pensi�n de sobrevivientes es irrenunciable y por lo tanto imprescriptible.

Sin perjuicio de la prescripci�n de la que habla el art�culo 50 del Decreto 758 de 1990, la cual se refiere exclusivamente a las mesadas pensionales y no al derecho como tal�. CONCLUSI�N. As� las cosas, fundamentados en el estudio jur�dico y probatorio antes efectuado y agotados como se encuentran los puntos objeto de apelaci�n y del grado jurisdiccional de consulta, esto es, aquello desfavorable a COLPENSIONES y al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y aquellos que fueron objeto de apelaci�n por el fondo privado de pensiones PORVENIR S.A. y por el Ministerio, �nicos sobre los cuales adquiere competencia el Juez de Segunda Instancia en virtud del principio de consonancia previsto en el art�culo 66 A del C. P. del T. y de la S. S., resulta evidente para la Sala que la a quo no incurri� en ninguno de los yerros endilgados por los recurrentes a la decisi�n condenatoria por ella arribada, siendo acertado para esta Corporaci�n confirmar la decisi�n proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto (N), en audiencia p�blica llevada a cabo el 28 de febrero de 2017.

COSTAS. En aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 365 del C. G. del P., vigente al momento de interposici�n del recurso de apelaci�n, se tiene que dadas las resultas de la alzada, hay lugar a condenar en costas en esta instancia a favor de la parte actora y en contra de cada uno de los apelantes, esto es, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO PUBLICO y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS PORVENIR S.A. En consecuencia, se fijan las agencias en derecho en el equivalente a un salario m�nimo legal mensual vigente, esto es, la suma de $737.717.oo, a cargo de cada una de las entidades demandadas anteriormente descritas, las cu�les ser�n liquidadas de forma integral por el Juzgado de Primera Instancia, en la forma ordenada por el art�culo 366 �dem.

DECISI�N En m�rito de lo expuesto, La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, administrando Justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR en forma �ntegra la sentencia proferida dentro del presente proceso, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto (N), el 28 de febrero de 2017 objeto de apelaci�n y del grado jurisdiccional de consulta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisi�n.

SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS en esta instancia a favor de la parte actora y en contra de cada uno de los apelantes. En consecuencia, se fijan las agencias en derecho en el equivalente a un salario m�nimo legal mensual vigente, esto es, la suma de $737.717.oo, a cargo de cada una de las entidades demandadas, MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO PUBLICO y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS PORVENIR S.A., las cu�les ser�n liquidadas de forma integral por el Juzgado de Primera Instancia, en la forma ordenada por el art�culo 366 �dem.

NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE. La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesi�n de esta fecha seg�n acta No. y se notifica a las partes en ESTRADOS. No siendo otro el objeto de la presente, se firma en constancia como aparece: JUAN CARLOS MU�OZ Magistrado Ponente. CLARA IN�S L�PEZ D�VILA CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ Magistrada. Magistrada.

JAMES RODR�GUEZ ROSERO Secretario Sala Laboral     Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto � Sala Laboral � Proceso Ordinario No. 2015-00046-01(138) Magistrado Ponente: Juan Carlos Mu�oz P�gina  PAGE 1 de  NUMPAGES 15 LEY 1149 DE 2007 ?u�������' 1 ? @ � � � � � � � � �   � ����Ǻ���������y��n�c�TyET hcw�hZSsCJaJmH sH hcw�h�O�CJaJmH sH hcw�h��CJaJhcw�h�G2CJaJhcw�hZSsCJaJh�U)CJaJhcw�h�LuCJaJhcw�hh d e     0 1 2 �����Ž����n�V7 *OJPJQJ\�^J%h��h�*.5�>*OJPJQJ\�^J*h��h�*.5�OJPJQJ\�^JmH $sH $*h��h45�OJPJQJ\�^JmH $sH $ h��h�*.@�OJPJQJ^J� � � � � � �,=Qbr�������������� !@BT����������չ�ի�������՜Ռ�ug��uX h��h�KOJQJmH $sH $h��hmi5�OJPJQJh��h�KOJQJh��h�K5�OJQJ h��h�K@�OJPJQJ\� h��h�KOJPJQJ^Jh��hUHf5�OJPJQJh��hr85�OJPJQJh��h�K5�OJPJQJh��h�KOJPJQJ h��h�*.OJPJQJ^J h��h��OJPJQJ^J!�LM?@� � �!�!�&�&�*�*+-,-..R/S/f4����������������������� $dha$gd�d�m$$�3dh*$]�3a$gd�d�m$ dhgd�d�m$ $dha$gd�d�m$Ttu��=x�������#*3JM�a�����KV~��  '*129Y����ɾ����������������������������|q|q|q|h��hN�OJQJh��hZOJQJh��h -OJQJh��h�\�OJQJh��hNu5OJQJh��hmL�OJQJh��hd �OJQJh��h�]sOJQJh��h�KOJQJh��h�45�OJPJQJ h��h�KOJQJmH $sH $ h��h�4OJQJmH $sH $)Ydv������MN���  %GPV�����?p��������������������׶׶׶�������������yny�ych��h�DOJQJh��h�'dOJQJh��h�.OJQJ h��h�K5�OJPJQJ^Jh��h� OJQJh��h�N6�OJQJh��h�NOJQJh��h�`�OJQJh��h�KOJQJh��h_ �OJQJh��h�R^OJQJh��hN�OJQJh��hZOJQJh�_4OJQJ&��@G[e{~����������"%&'(+,-.������� ) 0 � � � � � ( t | � � � � � � � s } � � � � ���������������������������������������������������������������h��h�$�OJQJh��h*F(OJQJh��h�k�OJQJh��h|,^OJQJh��h�&�OJQJhyp�OJQJh��hc(�OJQJh��h�DOJQJh��h�.OJQJ?�  ". 1 F M X b � � � � � � � � � * + M ] e l } � � � � � � ! !?!N![!h!�!�!�!�!�!" 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