Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 2012-00478-01 (283)

Sala: LABORAL

Ponente: Clara Inés López Dávila

Fecha: 2017-03-16

Sujetos procesales: DEMANDANTE: CEPA \ DEMANDADO: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

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(�) si los docentes oficiales vinculados a la entidad que maneja las pensiones de ese sector, paralelamente laboran para una persona jur�dica o natural de car�cter privado, pueden v�lidamente afiliarse a una administradora de pensiones, cotizar a la misma, con el subsecuente efecto de que al cumplimiento de las exigencias previstas en su r�gimen, acceder�n a las prestaciones propias del mismo.(�) En �ltimas, se trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente: una, la que recibe la actora del Fondo de Prestaciones del Magisterio que obedece a servicios prestados al Estado y otra, el bono pensional causado por aportes al Instituto de Seguros Sociales por haber cotizado como trabajadora dependiente.� BONO PENSIONAL � Condena en Concreto:La condena debe hacerse en forma liquidable ��Es procedente la condena por bono pensional, aun sin tener la cuantificaci�n exacta de aquella, pues dicha situaci�n resulta determinable por simple operaci�n aritm�tica, tanto por el per�odo de causaci�n de la misma, como por el Ingreso Base de Liquidaci�n de los aportes realizados.

(�)�; por lo cual se determina que la condena impuesta por el a quo, frente a la expedici�n de bono pensional, previa definici�n de par�metros y criterios legales, no se considera una sentencia en abstracto./ REP�BLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL  TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N LABORAL  Magistrada Ponente: Dra. CLARA IN�S L�PEZ D�VILA PROCESO ORDINARIO No.52001-13-10-5002-2012-00478-01 (283) AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSI�N Y JUZGAMIENTO Buenos d�as, en San Juan de Pasto, siendo las 10:00a.m. del 16 de marzo de 2017, d�a y hora previamente se�alados para la celebraci�n de la presente actuaci�n, los se�ores Magistrados integrantes de la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, doctores CLARA IN�S L�PEZ D�VILA,CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ Y JUAN CARLOS MU�OZ, se constituyen en AUDIENCIA PUBLICA dentro del proceso ORDINARIO LABORALinstaurado por la se�oraCEPA en contra dela SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.,radicado bajo el n�mero �nico nacional 52001-13-10-5002-2012-00478-01 (283), acto para el cual las partes se encuentran debidamente notificadas.

La Sala asume competencia del presente asunto, para resolver el recurso de alzada interpuesto oportunamente por los apoderados judiciales de las partes en litigio y en grado jurisdiccional de CONSULTA en favor del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, por cuanto la decisi�n proferida el 31 de agosto de 2015por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto, result� adversa a sus intereses.

PRESENTACION DE ASISTENTES y ALEGATOS DE CONCLUSI�N (ART. 82 C.P.L. y S.S. � mod. art. 13 de la ley 1149 de 2007 // art. 626 C.G.P. hasta 30 minutos). Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue discutido y aprobado por los integrantes de la Sala de Decisi�n Laboral, seg�n consta en el acta No. xxx de la fecha, por lo que una vez escuchadas las partes en alegatos de conclusi�n y clausurada esta etapa procesal, se procede a dictar la siguiente SENTENCIA ANTECEDENTES Pretende la actoraa trav�s de la acci�n ordinaria laboral de primera instancia, que Porvenir S.A, sea condenado a devolver los saldos depositados en su cuenta de ahorro individualcon inclusi�n de $ 30.706.813.oo, valor correspondiente albono pensional tipo A modalidad 2, que obtuvo cuando se traslad� del ISS a la AFP COLMENA � SANTANDER y que estuvo bajo la custodia del DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES � DECEVAL-, capitalizado y actualizado, junto con los intereses moratorios, los perjuicios morales y materiales y las costas del proceso.

Como fundamento de los anteriores pedimentos, se�ala que labor� en el sector p�blico como docente nacionalizada y que en virtud de ello le fue reconocida pensi�n de jubilaci�n vitalicia por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; que simult�neamente, a partir de septiembre de 1990, labor� como docente en el sector privado, cotizando en pensiones al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a diferentes AFP dentro del R�gimen de Ahorro Individual; que por el hecho del traslado del R�gimen de Prima Media al de Ahorro Individual, consolid� en su favor un bono pensional tipo A, modalidad 2, por tratarse de un v�nculo anterior al a�o 1992; que elevada la solicitud de devoluci�n de saldos ante la llamada a juicio, obtuvo respuesta negativa por considerarla incompatible de conformidad con lo establecido en el art�culo 279 de la ley 100 de 1993; que tal respuesta y la consecuente demora en la devoluci�n de saldo le ha generado dificultades en el cumplimiento de obligaciones de car�cter civil, lo que conlleva perjuicios materiales, adem�s de morales, soportados en la angustia y desaz�n que tal situaci�n le produce.

Agrega que tal petici�n es compatible con el disfrute de una pensi�n de jubilaci�n derivada del r�gimen exceptuado de los docentes oficiales y que un proceder contrario, carente de asidero jur�dico, constituye abuso de poder por su posici�n dominante y enriquecimiento sin justa causa. Contestaci�n a la demanda Dentro de la oportunidad legal y por intermedio de apoderado judicial, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS PORVENIR S.A.respondi� al libelo demandatorio, indicando que para efecto de reconocer la pensi�n, el Ministerio de Educaci�n Nacional consider� el periodo 22 de octubre de 1976 al 14 de marzo de 2009 y por ello, por un mismo periodo no puede pretender el reconocimiento de un derecho pensional y un bono pensional por separado y que adem�s al hacer parte la actora de uno de los reg�menes exceptuados previstos en el art�culo 279 de la ley 100 de 1993, no pod�a afiliarse al Sistema General de Pensiones creado con la ley citada y, de contera, vincularse al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Neg� haber recibido bono pensional a favor de la se�ora PA, por cuanto para el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico ese bono no es emitible y que si bien �ste se expidi�, posteriormente sufri� una variaci�n que dio lugar a su anulaci�n. Afirma que la actora no cumpli� con los requisitos para acceder a una pensi�n y por ello, el 4 de octubre de 2011, la administradora devolvi� los saldos por valor de $ 68.946.467, correspondientes a los aportes pensionales y a los rendimientos financieros generados, sin que exista saldo pendiente para devolver.

Es por esta raz�n que PORVENIR S.A., al actuar conforme a derecho, no est� llamada a responder por los perjuicios deprecados en la presente acci�n. Los restantessupuestos f�cticos expuestos en la demanda no fueron aceptados y en consecuencia,se opuso a la prosperidad de todas las s�plicasproponiendo para su defensa, la excepci�nprevia que denomin� �falta de integraci�n del litisconsorte necesario� La Naci�n �Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico �Oficina de Bonos Pensionales; y las de m�rito que titul� como: �Buena fe del demandado�, �Improcedencia legal del reconocimiento del pago del bono pensional, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda y ausencia de derecho sustantivo, �Falta de legitimaci�n en la causa por pasiva� y la excepci�n gen�rica (Fls. 50 a 65).

En audiencia celebrada el 14 de mayo de 2013 y mediante auto No. 905, se declar� probada la excepci�n previa de falta de litis consorte necesario y en consecuencia, se vincul� a La Naci�n � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico �oficina de bonos pensionales-, ordenando su notificaci�n (fl. 95-96). Tal decisi�n fue objeto de alzada y confirmada por esta Corporaci�n en decisi�n del 22 de mayo de 2014 (fl. 116-117).

Dentro del t�rmino oportuno y a trav�s de apoderado judicial, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO contesta la demanda, aceptando la condici�n de pensionada de la actora, la existencia del bono pensional y su posterior anulaci�n, los dem�s hechos no los acepta. En tal sentido, se opone a las pretensiones por considerar que no existe derecho a recibir prestaci�n alguna del RAIS, en tanto dicha vinculaci�n se torna INVALIDA por resultar incompatible bono pensional con pensi�n de jubilaci�n, por cuanto los dos beneficios se financian con recursos p�blicos; pero acepta que la demandante tendr�a derecho a que el ISS (Hoy COLPENSIONES) traslade a la AFP PORVENIR los aportes que en su momento fueron realizados a dicho Instituto para que �sta los integre a la devoluci�n de saldos que le otorgar�a a la demandante, en la forma como lo regula el inc. 3�. del art. 11 del Decreto 3995 de 2008.

Propone en su defensa lasexcepcionesde m�rito, que denomin� �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION A CARGO DE LA NACI�N-MINISTERIOS DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO�, �RECONOCIMIENTO DEL RESPECTIVO BENEFICIO PENSIONAL A CARGO DEL ISS Y NO DE LA NACI�N �MINISTERIO DE HACIENDA�, �CADUCIDAD DEL REGIMEN EXCEPTUADO DEL MAGISTERIO� Y �LA GEN�RICA� (Fls. 122 a 134).

Tr�mite y sentencia de primera instancia En sentencia fechada 31 de agosto de 2016, el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PASTO, conden� al MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO � OFICINA DE BONOS PENSIONALES- a re-liquidar, emitir y pagar el bono pensional en favor delaactora, porun valor no inferior a $ 13.081.000, girado a PORVENIR S.A.debidamente actualizado y capitalizado, quien a su turno lo pagar� a la demandante y a ambos integrantes del polo pasivo de la acci�n, los conden� al pago de la costas procesales fijando como agencias en derecho sumas diferenciadas.

Para tal efecto, el a quo concluy� lo siguiente: i) que efectivamente la actora es beneficiaria de la pensi�n de jubilaci�n reconocida en el r�gimen exceptuado, mediante resoluci�n No. 351 del 19 de agosto de 2009, a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por haber laborado como docente municipal entre el 22 de octubre de 1976 al 14 de marzo de 2009 y en tal reconocimiento no se incluyeron tiempos de servicio en el sector privado ni los aportes verificados al ISS hoy COLPENSIONES; ii) que de la documental obrante en el plenario se verifican tiempos laborados por la actora en el sector privado de la educaci�n, con aportes al R�gimen de Prima Media con Prestaci�n Definida entre noviembre de 1996 y febrero de 2011, momento para el cual ya era obligatorio afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social en pensiones y en consecuencia tal proceder se encuentra ajustado a derecho; iii) que en este orden de ideas, no existe duda que la demandante, afiliada obligatoria en pensiones, ten�a la libertad de trasladarse al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en procurar de alcanzar las prestaciones pensionales que ofrece tal sistema; iv) que no existe incompatibilidad entre la pensi�n oficial y los beneficios que eventualmente pod�a alcanzar por laborar en el sector privado, por cuanto los recursos provienen de diferente fuente de financiaci�n, del tesoro p�blico, el primero y de aportes de asalariado y empleador, el segundo y por ende, no trasgrede la prohibici�n del art. 128 constitucional, por tratarse de recursos no de propiedad del ISS ni del hoy COLPENSIONES sino sus administradores.

De ah� que a la actora le asiste el derecho a la devoluci�n de saldos y dentro de ellos el valor del bono pensional que ya fue expedido por valor de $ 13.081.000, debidamente actualizado y capitalizado. Niega las dem�s pretensiones incoadas en la demanda, por considerar que los intereses moratorios se reconocer�n al momento de liquidar el bono pensional y los perjuicios morales y materiales, no se acreditaron y por ello no fue posible determinar que los mismos tuvieran relaci�n con la falta de satisfacci�n del mismo.

Recursos de apelaci�n Inconformescon la decisi�n, las partes que conforman el litigio, a trav�s desus apoderados judiciales, interpusieron y sustentaron oportunamente el recurso de apelaci�n, en la forma que a continuaci�n se sintetiza. 1) PARTE DEMANDANTE Fundamenta su inconformidad en cuatro ejes, as�: �!Solicitud de condena en concreto por parte de la autoridad judicial.

Sostiene que si bien la condena establece criterios y par�metros para la adecuada reliquidaci�n, emisi�n y pago del bono pensional, obligaci�n de hacer a cargo del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, determinado por el a quo en $ 13.081.000, como referente inicial, el valor de la deuda o de la acreencia de su mandante se revela abstracta y por ello requiere que sea la autoridad judicial quien realice el respectivo c�lculo. �!Solicitud de reconocimiento de intereses moratorios.

Reprocha la denegaci�n de esta pretensi�n y la petici�n contenida en la demanda en relaci�n con que la devoluci�n de saldos con inclusi�n del bono pensional se haga con la respectiva actualizaci�n y capitalizaci�n, por cuanto a la demandante no se le cancelaron en su oportunidad, a�o 2011, por falta de diligencia de Porvenir S.A. �! Solicitud de reconocimiento de perjuicios materiales y morales causados a la demandante, los cuales proceden no s�lo por los argumentos esbozados por el despacho frente a la prohibici�n de revocar el bono ya expedido sin el consentimiento de la demandante, sino tambi�n por la p�rdida de oportunidad para consolidar un negocio, lo que se demostr� con la prueba testimonial.

Agrega que su prohijada perdi� tiempo en estas gestiones, que deben resarcirse por las llamadas a juicio, as� como tambi�n la angustia, desaz�n, inquietud y ansiedad padecida por el no pago del mencionado bono. �! Responsabilidad del Fondo Privado. Solicita imponer condena a PORVENIR S.A. por cuanto en su condici�n de administrador de fondos de pensiones le corresponde adelantar los tr�mites, de manera oportuna, ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. 2) PARTE DEMANDANDA PORVENIR S.A. Sintetiza su reproche en dos aspectos, el primero, se aparta de la decisi�n del fallador de primera instancia al imponer en contra de su representada la obligaci�n de pagar un bono que a�n no se pone a su disposici�n; y segundo, la condena en costas, por considerar que �sta cumpli� con su deber de informaci�n sin que haya podido ir m�s all�. 3) PARTE DEMANDADA MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO Difiere de la condena impuesta en contra de su prohijada teniendo en cuenta que seg�n la informaci�n que reposaen la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la demandante no tiene derecho a recibir prestaciones econ�micas del RAIS debido a su condici�n de afiliadaexceptuada, en los t�rminos del art. 279 de la ley 100 de 1993 y sobre lo cual se hizo referencia en la contestaci�n de la demanda.

Solicita la revocatoria total de la sentencia por considerar, adem�s, que la afiliaci�n del accionante al RAIS carece devalidez y contrar�a las disposiciones previstas en la ley 100 de 1993, por lo cual solicit� la revocatoria de la providencia de primerainstancia. Agrega que el bono pensional tiene naturaleza p�blica en tanto se financia con recursos p�blicos de la Naci�n al igual que la pensi�n de docente oficial.

En lo relacionado con la constancia del dep�sito de DECEVAL, advierte que �ste fue anulado por as� permitirlo el Decreto 3798 de 2003 y que tambi�n, dentro de las razones de defensa, se dio la oportunidad de trasladar el valor de los aportes efectuados al ISS hoy COLPENSIONES, con base en el art. 11 del decreto 3995 de 2008, en aras de defender los recursos p�blicos.

TR�MITE DE SEGUNDA INSTANCIA Surtido el tr�mite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, de conformidad con lo previsto en los art�culos 66 y 69 del C.P.T y de la S.S, modificados por los art�culos 10 y 14 de la ley 1149 de 2007, respectivamente, procede la Sala a examinar la sentencia en su integridad-en tanto la misma es adversa a los intereses de la Naci�n- y a resolver lo pertinente frente a los puntos objeto de reproche por los apoderados que integran la Litis,previas las siguientes: CONSIDERACIONES En orden a proferir la sentencia que ponga fin a esta instancia, le corresponde a esta Corporaci�n plantear para su estudio, los siguientes problemas jur�dicos:i)�Existe incompatibilidad entre laspensiones de jubilaci�n reconocidas al demandante y las prestaciones previstas en el R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, concretamente la emisi�n y redenci�n del bono pensional tipo A modalidad 2 � causado por aportes al extinto Instituto de Seguros Sociales, hoy administrado por COLPENSIONES?ii) La condena impuesta por el a quo, frente a la expedici�n de bono pensional en favor de la actora, previa definici�n de par�metros y criterios legales, se considera una sentencia en abstracto? iii) Es procedente imponer condena por concepto de intereses moratorios, a pesar de que en la instrucci�n para la liquidaci�n y re emisi�n del bono pensional, se incluyera su capitalizaci�n y actualizaci�n? iv) Se encuentran acreditados los presupuestos para impartir condena por concepto de perjuicios materiales y morales deprecados por la actora? v) Le asiste responsabilidad a PORVENIR S.A., en la demora en el reconocimiento y pago del bono pensional reclamado por la actora; o por el contrario, ha demostrado diligencia en su actuar que incluso lo exonerar�a de las costas procesales? vi) Se encuentra ajustada a derecho la orden impuesta a PORVENIR S.A., de recibir el valor del bono pensional y girarlo en favor de la actora a t�tulo de devoluci�n de saldos? Previo a resolver los anteriores planteamientos, esta Sala de decisi�nhacelas siguientes precisiones: Atrav�s de Resoluci�nN� 351 de 19 de agosto de 2009, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a trav�s de la Secretaria de Educaci�n Municipal de Pasto,reconoci�a favor de la actora una pensi�nVitalicia de jubilaci�n, tal como consta a folios15 y 16 del expediente, por haber laborado al servicio de la Secretaria de Educaci�n - Nari�o por espacio de 32 a�os, 4 meses y 22 d�as, entre el 22 de octubre de 1976 y el 14 de marzo de 2009.

La demandante fue afiliadaal ISS por cuenta del Liceo de la Merced Maridiaz, instituci�n educativa del sector privado, desde septiembre de 1990 a octubre de 1996y desde noviembre de 1996 a febrero 15 de 2011, a fondos privados de pensiones, siendo el �ltimo PORVENIR S.A., tal como se verifica en la certificaci�n que obra a folio18 del plenario.

El 20 de diciembre de 1999, se constituye por parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO, como lo indica la constancia No. 286464 (fl. 19), bono pensional tipo A, en favor de la actora identificada con la C.C. No. 30.706.813, por valor de $ 7.879.000.oo Dicho valor fue reliquidado a la fecha de re emisi�n � 3 de mayo de 2004, en la suma de $ 13.081.000, tal como lo informa PORVENIR S.A. a la actora, mediante oficio No. 30706813 del 7 de julio de 2004 (fl. 20).

El 15 de septiembre de 2011, la demandante solicita a PORVENIR S.A., agilizar el tr�mite de devoluci�n de saldos, por cuanto comprometi� dichos recursos a la compra de un apartamento con la constructora DAVINCI y los requiere antes del 15 de octubre del a�o en cita, por cuanto en la cl�usula segunda, comprometi� los aportes consignados en tal fondo (fl. 24).

Oficio del 14 de agosto de 2012, mediante el cual la llamada a juicio PORVENIR S.A. le informa a la apoderada de la actora que invalid� e ilegaliz� su afiliaci�n al RAIS y en consecuencia, no tiene derecho a bono pensional tipo A, por incompatibilidad de reg�menes (fl. 35). Original de contrato de promesa de compraventa suscrito el 1�. de septiembre de 2011, suscrito por la actora en calidad de promitente compradora (fl. 37 y 38).

Se advierte que �ste no corresponde al presentado ante PORVENIR S.A., antes citado. Copia del comprobante de egreso No. 3539864 a trav�s del cual se verifica por parte de PORVENIR � oficina Pasto-, el pago realizado a la actora el 4 de octubre de 2011, por valor de $ 68.946.466.87, por concepto �devoluci�n de saldo por solicitud de pensi�n de vejez normal rechazada� (fl. 70 y 71) Establecido lo anterior y en torno a resolver los anteriores planteamientos, la Sala propone para su estudio los siguientes temas: Compatibilidad entre la pensi�n de jubilaci�n oficial reconocida ala demandante y las prestaciones previstas en el R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad �bono pensional tipo A- Debate el alzadistapor pasiva � MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO- que no le asiste derecho ala se�oraPA a solicitar el reconocimiento y pago de prestacionesecon�micas previstas en el RAIS, por cuanto se encuentra disfrutando ya de una pensi�n de jubilaci�n a cargo del FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y, en esa medida, se trata de una persona exceptuada del r�gimen general de pensiones.

Y la tesis que sostiene la Sala es que si bien la calidad de docente oficial del actor, que implica su exclusi�n del Sistema Integral de Seguridad Social en virtud de lo previsto en elart�culo 279 de la ley 100 de 1993 y el posterior reconocimiento de unapensi�n de jubilaci�n en virtud de la prestaci�n de sus servicios a establecimientoseducativos oficiales, no le impide prestar sus servicios a instituciones de naturaleza privada ni tampoco financiar una posible pensi�n de vejez en el marco de la Ley 100 de 1993, ya sea en el RPM o en el r�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Lo anterior se concluye porque el art�culo 31 del Decreto 692 de 1994, establece la posibilidad de acumulaci�n de cotizaciones de los docentes que deban ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, que adem�s reciban remuneraciones del sector privado, para que sean administrados en ese fondo o en cualquiera de las administradoras de los reg�menes pensionales creados por la Ley 100 de 1993.

Precepto reglamentario que s�lo puede ser interpretado, seg�n lo ha reiterado la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su sentido natural y obvio, es decir, que si los docentes oficiales vinculados a la entidad que maneja las pensiones de ese sector, paralelamente laboran para una persona jur�dica o natural de car�cter privado, pueden v�lidamente afiliarse a una administradora de pensiones, cotizar a la misma, con el subsecuente efecto de que al cumplimiento de las exigencias previstas en su r�gimen, acceder�n a las prestaciones propias del mismo (ver sentencia del 6 de diciembre de 2011, Rad. 40848).

Por lo cual, si bien el art�culo 279 de la ley 100 de 1993, except�a a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, de la aplicaci�n de dicha normatividad, lo cierto es que de conformidadcon el mandatoprevisto en el art�culo 17 de la ley 100 de 1993, la calidad de exceptuado del actor del Sistema Integral de Seguridad Social no exime al empleador privado de realizar las cotizaciones al sistema cuando contrata como trabajador a quien es docente oficial mientras permanezca vigente la relaci�n laboral, como sucedi� en el evento bajo examen, en el que el Liceo la Merced Maridiazdesde septiembre de 1990, realiz� los aportes para pensi�n, en principio al r�gimen de prima media con prestaci�n definida y luego, al r�gimen de ahorro individual con solidaridad administrado por COLMENA � SANTANDER y �ltimamente por PORVENIR S.A. Ahora, el alcance subsidiario del recurso de alzada en el sentido de excluir de la devoluci�n de saldos el valor del bono pensional a cargo del MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO por ser incompatible con la prestaci�nreconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, debido a que comparten la misma fuente p�blica de financiaci�n, tampoco encuentra asideropor lo siguiente: Primero, de una interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 66, 113, 118 119 y 121 de la Ley 100 de 1993 y el art�culo 1� del Decreto 1299 de 1994, se concluye que la devoluci�n del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, de quienes no hayan cotizado el n�mero m�nimo de semanas exigidas ni acumulado el capital necesario para financiar una pensi�n por lo menos igual al salario m�nimo, incluye los rendimientos financierosy el valor del bono pensional, si a �ste hubiere lugar, pues hace parte del capital del afiliado acumulado dentro de su cuenta de ahorro individual.

Segundo, con el advenimiento del sistema general de pensiones, regulado por la Ley 100 de 1993 y la forma como se dise�� la financiaci�n del fondo administrado por el Instituto de Seguros Sociales en cuanto el Estado no funge como uno de sus aportantes, sino que se estructur� sobre la base de contribuciones bipartitas de empleadores y trabajadores, se desfiguraron las incompatibilidades dando lugar a la posibilidad del disfrute de dos prestaciones, una de jubilaci�n proveniente del Tesoro Nacional y la otra a cargo del Instituto, por ejemplo cuando se trate de servicios prestados por una misma persona a entidades p�blicas y privadas.� El anterior criterio se refuerza con la expedici�n de la Ley 797 de 2003, cuyo art�culo 2� modific� el art�culo 13 de la Ley 100 de 1993 y que consagra: �m)�Los recursos�del Sistema General de Pensiones est�n destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Naci�n, ni a las entidades que los administran�.

Y en tercer lugar, porque las cotizaciones que pretenden ser compensadas a trav�s del bono pensional, fueron efectuadas al extinto ISS en virtud de los servicios prestados por la actora al Liceo la Merced Maridiaz, instituci�n educativa de naturaleza privada, mismos que no corresponden a los tiempos de servicio que sirvieron de base para el reconocimiento de la pensi�n de jubilaci�n por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En consecuencia, el raciocinio no puede ser otro que la inclusi�n indefectible del bono pensional causado por aportes al Instituto de Seguros Socialesdentro del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual que se reintegra al afiliado a trav�s de la devoluci�n de saldos que regula el art�culo 66 de la Ley 100 de 1993, no solo porque los aportes que sirven para su financiaci�n no tienen origen en fondos de naturaleza p�blica, dado que son realizados por empleador y trabajador, sino porquea la luz de los principios fundantes y fines del Sistema Integral de Seguridad Social, tal devoluci�n debe comprender todos aquellos factores derivados del trabajo y del ahorro del afiliado, que buscaban soportar financieramente su jubilaci�n, como el bono pensional.

En �ltimas, se trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente: una, la que recibe la actora del Fondo de Prestaciones del Magisterio que obedece a servicios prestados al Estado y otra,el bono pensional causado por aportes al Instituto de Seguros Sociales por haber cotizado como trabajadora dependiente. Al respecto, vale la pena traer a colaci�n las ense�anzas de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia plasmadas en providencia del 17 de julio de 2013, radicado 41001, al resolver un caso an�logo al que hoy convoca a la Sala, indic�: �Por lo mismo, las dos erogaciones - bono pensional y devoluci�n de saldos - no son excluyentes, ni el bono pensional est� contemplado �nicamente para financiar una pensi�n de vejez, como equivocadamente se denuncia en el cargo.

Ahora bien, aunque la meta ideal del Sistema de Seguridad Social es que los bonos pensionales contribuyan, en principio, a la financiaci�n de una pensi�n de vejez, pues lo deseable es que todas las personas adquieran una, como fruto de su trabajo, lo cierto es que en el R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hacen parte de una reserva de propiedad del afiliado, que debe serle reintegrada cuando no alcanza los l�mites legales para pensionarse�.

M�s adelante concluy�: �Como conclusi�n, no exist�a incompatibilidad alguna entre la pensi�n de jubilaci�n oficial reconocida a la demandante y la pensi�n de vejez derivada del sistema de seguridad social, por lo que, tampoco exist�a alguna objeci�n para que, por esta raz�n, se dejara de incluir el bono pensional causado por aportes al Instituto de Seguros Sociales, dentro de la devoluci�n de saldos�.

Por lo expuesto, para esta Colegiaturano existenrazones jur�dicamente v�lidas para concluir quela afiliaci�n dela actora al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad carezca de validez o que existeincompatibilidadentre el bono pensional y lapensi�n de jubilaci�n que �sta devenga, pues se itera, si bienen su favor se le reconoci� dicha prestaci�n econ�mica a cargo del Estado medianteresoluciones N� 351 del 19 de agosto de 2009, lo cierto es que dichos tiempos de servicios son ajenos a las cotizaciones efectuadas al ISS, las cuales provienen de la prestaci�n de sus servicios en el sector privado, siendo �de contera- compatibles la prestaci�n de jubilaci�n que se encuentra disfrutando y la redenci�n del bono que reclama.

En suma, para la Sala es inexistente toda objeci�n para que se deje de incluir el bono pensional causado por aportes al Instituto de Seguros Sociales y cuya emisi�nest� a cargo de la Naci�n,en virtud de lo previsto�en el Decreto 1299 de 1994 (literal A del art�culo 14 y art�culo 16) en armon�a con lo dispuesto en el primer inciso del art�culo2� del Decreto 3798 de 2003, teniendo en cuenta que la actora estuvo afiliada�al ISS antes del 1� de abril de 1994 (desde septiembre de 1990) y que el traslado al RAIS se hizo efectivo el 1� de noviembre de 1996.

Ahora, si bien lo anterior implica la obligaci�n de la Naci�n de expedir los bonos pensionales como el que aqu� se trata, en la forma indicada en la ley, lo cierto es que la la redenci�n del bono, esto es, la acci�n por medio del cual se libera y se hace efectivo como mecanismo destinado a contribuir a la conformaci�n del capital necesario para financiar la prestaci�n que solicita la actora y, por lo tanto, posibilita el pago del instrumento por el emisor, a quien sea el leg�timo tenedor, se har� efectiva con dineros del Fondo Administrado por el extinto ISS, hoy Colpensiones.

Lo antes expuesto resulta suficiente no solo para confirmar el derecho en favor de la actora, sino tambi�n para descartar el reproche realizado por la alzadista por activa, quien increpa como abstracta la condena proferida por el fallador de primera instancia no alcanza prosperidad, porque si bien el art�culo 283 del C�digo General del Proceso, aplicable al laboral en virtud a lo dispuesto por el art�culo 145 del C�digo de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, proscriben las condenas in genere o en abstracto, en el tema que ahora ocupa la atenci�n de la Sala, es posible imponer tal condena, siempre que se especifique de manera clara y precisa el tiempo de servicio y el monto del Ingreso Base de Cotizaci�n y de ello, amplia y detalladamente se ocup� el fallador de primera instancia. En efecto, tal procedimiento que por ley le corresponde al ente emisor, en este caso al MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO � OFICINA DE BONOS PENSIONALES- es el resultado de una simple operaci�n aritm�tica, sin estar sujetas a deducciones indeterminadas, tal y como lo ha considerado nuestra superioridad en sentencias del 28 de enero de 2004, radicaci�n 20.561 y en sentencia del 27 de julio de 2005, radicaci�n 21517.

De conformidad con lo anterior considera esta Judicatura, que es procedente la condena por bono pensional, aun sin tener la cuantificaci�n exacta de aquella, pues dicha situaci�n resulta determinable por simple operaci�n aritm�tica, tanto por el per�odo de causaci�n de la misma, como por el Ingreso Base de Liquidaci�n de los aportes realizados, m�s a�n cuando el juez de instancia no escatim� esfuerzos en imponer par�metros claros, en el marco de la ley, para su correspondiente re � liquidaci�n, re emisi�n y pago, con su respectiva capitalizaci�n y actualizaci�n del derecho reclamadoy con ello, se resuelve el tercer problema jur�dico planteado, en tanto, avalando lo dispuesto por el fallador de primera instancia en este sentido, la Sala considera improcedente el reconocimiento del derecho pensional aqu� deprecado por cuanto el mismo ser� girado a la cuenta de ahorro individual administrada por el Fondo PORVENIR S.A., debidamente actualizado y sin p�rdida del poder adquisitivo de la moneda, para que sea �sta, como administradora de los recursos de la accionante en el R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, quien se los entregue a manera de devoluci�n de saldos a la aqu� demandante.

Con esta �ltima precisi�n, se atiende el sexto problema jur�dico, encontrando que tal decisi�n se encuentra ajustada a derecho.

3. PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES Al respecto de los perjuicios materiales, precisa la Sala que si bien en el ordenamiento laboral no existe norma que consagre este aspecto, en aplicaci�n del art�culo 19 del C. S. del T, el cual se�ala que cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicar� lo que regule casos o materias semejantes, en consecuencia tenemos que los art�culos 1613 y 1614 del C�digo Civil Colombiano establecen, en el primero de ellos, que la indemnizaci�n de perjuicios comprende el da�o emergente y el lucro cesante, que provengan de no haberse cumplido con la obligaci�n o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento, se�alando en el segundo, que deber� entenderse por da�o emergente el perjuicio o la p�rdida que proviene de no haberse cumplido con la obligaci�n y por lucro cesante la ganancia o provecho dejada de percibir por no haberse cumplido con la obligaci�n. Ahora bien, en el caso que nos ocupa alega la recurrente por activa que los perjuicios materiales se configuran en el hecho de la demora en el reconocimiento y pago del bono pensional por parte de PORVENIR S.A., que le impidi� consolidar un negocio civil consistente en la adquisici�n de un apartamento ubicado en el edificio LAS ARADAS de esta ciudad, el cual fue celebrado el 1�. de septiembre de 2011; sin embargo, se tiene por una parte, que en tal obligaci�n no comprometi� los ingresos provenientes del bono, como lo indic� el fallador de primera instancia, pero adem�s a folio 24 del plenario reposa oficio dirigido el 15 de septiembre de 2011, en el que la actora le solicita a la AFP agilizar la devoluci�n de saldos por cuanto firm� promesa de compraventa con la constructora DAVINCI y en �l, cl�usula segunda, se indic� que los aportes consignados en PORVENIR S.A. ser�an parte de pago y por ello el desembolso deb�a ocurrir antes del 15 de octubre de 2011.

La demandada PORVENIR S.A. cumpli� con su obligaci�n y efectivamente entreg� a la actora la suma de $ 68.946.466.87, el 4 de octubre de 2011, por lo que las razones esgrimidas por la actora frente a la llamada a juicio PORVENIR S.A. carecen de fundamento f�ctico y legal, adem�s de no ser la responsable del reconocimiento y emisi�n del bono aqu� reclamado, como lo fulmin� el fallador de instancia y lo confirm� esta Corporaci�n. Analizado el tema frente al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, tampoco procede tal reclamaci�n en tanto en su condici�n de entidad emisora le asiste la obligaci�n de verificar la procedencia del derecho reclamado, en aras de salvaguardar los recursos destinados a cubrir las pensiones en el R�gimen de Prima Media con prestaci�n definida, el cual tan solo se consolidad con la decisi�n judicial que ahora se confirma.

En cuanto a los perjuicios morales, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, en sentencia de 9 de julio de 2010, exp. 1999-02191, entre otras, expuso que para la tasaci�n del perjuicio moral reclamado, debe aplicarse el concepto de �arbitriumjudicis�, �sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartici�n de justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo juzgador�.

Precis� adem�s dicha Corporaci�n, que el aludido menoscabo de la esfera sentimental y afectiva de una persona �corresponde a la �rbita subjetiva, �ntima o interna del individuo� (cas.civ. sentencia 13 de mayo de 2008, SC-035-2008, exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbaci�n de �nimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicci�n, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbaci�n an�mica, desolaci�n, impotencia u otros signos expresivos� (fallo de 18 de septiembre de 2009, exp.2005-00406).

En torno a desatar tal nudo gordiano, la Sala verific� los testimonios recaudados en la presente actuaci�n, rendidos por las Sras. ANA LUZ ERASO RUBIO Y LORENA PAZ BRAVO, quienes al un�sono manifestaron que la demandante padeci� algunos quebrantos en su salud y afectaciones psicol�gicas, derivadas de la expectativa de percibir ingresos de un bono pensional y con ellos cubrir obligaciones relacionadas con la compra de un apartamento, necesario para su tranquilidad.

No obstante, al no sufrir padecimiento por la p�rdida del negocio civil, en tanto PORVENIR S.A. le desembols� en la oportunidad se�ala por la demandante el saldo de su cuenta pensional, como ya se explic� en l�neas anteriores, no es posible de este hecho derivar consecuencias del orden moral, como es su aspiraci�n. Llama pot�simamente la atenci�n de esta Sala, que la demandante comprometiera recursos derivados de la emisi�n de un bono pensional, cuando no ten�a claro el valor que este arrojar�a, por cuanto en la demanda solicita la suma de $ 30.706.813.oo, n�meros que corresponden al n�mero de c�dula de la demandante no al monto del bono, que para el a�o 1999 ascend�an a $ 7.879.000 y que indexado, a juicio de la actora, para el a�o 2012 corresponde a $ 16.482.783.44 En consecuencia la condena impuesta en primera instancia en este sentido ser� igualmente confirmada.

4. RESPONSABILIDAD DE PORVENIR S.A. FRENTE A LOS DERECHOS EN LITIGIO Solicita la apelante por activa que se determine la responsabilidad de PORVENIR S.A., en quien recae la responsabilidad de tramitar ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico la pretensi�n ventilada en la presente actuaci�n. Revisado el libelo demandatorio encuentra la Sala que petici�n en tal sentido no se formul� en el cap�tulo petitorio y que surge tan s�lo de las resultas del proceso, por lo que amparando el derecho de defensa y debido proceso que les asiste a la llamada a juicio PORVENIR S.A. y respetando el principio de congruencia, tal punto de apelaci�n no ser� estudiado por esta Colegiatura.

Pero paralelo a ello, el apoderado judicial de PORVENIR S.A. solicita no ser condenada su prohijada al pago de las costas de primera instancia, por cuanto no es la responsable de la emisi�n y pago del bono pensional; no obstante, su condici�n de administrador de los recursos pensionales de la actora dentro del R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, le impone ciertas obligaciones como son verificar el recaudo del bono pensional y a manera de devoluci�n de saldos, desembolsarlos en favor de la demandante.

No es legal ni admisible que ahora pretenda evadir sus compromisos y obligaciones que la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios le imponen. Evacuados todos los problemas jur�dicos planteados por los alzadista, revisada �ntegramente la sentencia por v�a jurisdiccional de CONSULTA en favor del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como las excepciones que formul�como medios enervantes de las pretensiones, las cuales quedaron impl�cita y negativamente resueltas en las consideraciones de la providencia de primera instancia, la Sala confirma �ntegramente la sentencia sometido a escrutinio.

La condena en costas que trae la sentencia revisada, ser� tambi�n confirmada, habida cuenta que el legislador ha acogido el criterio que las costas en todo caso corren a cargo de la parte vencida, sin que sea menester entrar a cuestionar si se actu� con buena o mala fe, pues en s� lo que se busca es compensarle a la parte vencedora los gastos en que incurri� al poner en movimiento el aparato judicial.

En los anteriores t�rminos se pronunci� la Sala respecto al recurso de apelaci�n interpuestopor los apoderados judiciales de las partes en litigio y la revisi�n de la sentencia de primera instancia por v�a jurisdiccional de CONSULTA en favor del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. De conformidad con lo previsto en el numeral 1� del art�culo 365 del C. G. P. -c�digo adjetivo que rige a partir del 1� de enero de 2016- y el acurdo 1887 de 2003, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, dadas las resultas del proceso no se impondr�n costas en esta instancia. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, Sala de Decisi�n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR �ntegramente la sentencia proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PASTO el 31 de agosto de 2015, conforme se explic� en la parte motiva de la presente decisi�n. SEGUNDO.SINCOSTAS en esta instancia por no haberse causado. Lo resuelto se notifica a las partes en ESTRADOS. Se ordena la devoluci�n del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados, CLARA IN�S L�PEZ D�VILA (M.P.) CLAUDIA CECILIA TORO R. JUAN CARLOS MU�OZ Magistrada Magistrado �La verificaci�n de si un fallo ?s��F � � � � C I ������mO37hBo h:lCJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH:hBo h�i�5�CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH #hBo h�i�CJOJQJ]�^JaJ7hBo h�i�CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH hBo h�i�CJOJQJ^JaJ hBo h�v�CJOJQJ^JaJ#hBo hWd�5�CJOJQJ^JaJ:hBo h�"�5�CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH #hBo h�"�5�CJOJQJ^JaJ )*lm��������JK}~����������������� $dh�a$gdN>P$����dh�^��`��a$gdN>P $dh�a$gdN>P$�&d P�� a$gdN>P $�a$gdN>P $d�a$gdN>PI � � � � � � � � � '()*NO��¦•�g��U��C1#hBo h�Zb5�CJOJQJ^JaJ#hBo h�G55�CJOJQJ^JaJ#hBo h� ]CJOJQJ]�^JaJ7hBo h�"CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH #hBo h�"CJOJQJ]�^JaJ hBo h�"CJOJQJ^JaJ7hBo h:lCJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 7hBo h` tCJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH hBo h` tCJOJQJ^JaJ hBo h G�CJOJQJ^JaJO|}~����?Bijklm�����˸����˄�vh[K-K;jh�|�h�|�5�CJ OJQJUaJ mHnHsH tH u hOz�hSq�5�CJ OJQJaJ hBo 5�CJ OJQJaJ hCJOJQJ^JaJhBo CJOJQJ^JaJ hBo h8q�CJOJQJ^JaJ h^P�@���CJOJQJ^JaJ$hBo h�p�@���CJOJQJ^JaJ$hBo h�Zb@���CJOJQJ^JaJ hBo h�p�CJOJQJ^JaJ hBo h�ZbCJOJQJ^JaJ#hBo 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conveniencia que las sentencias laborales condenen por una cifra precisa y exacta, el hecho de que en algunas ocasiones su cuantificaci�n haga necesaria la realizaci�n de algunas operaciones matem�ticas para efectos de concretarla, no es �bice para que se califique la providencia de abstracta e imprecisa ( )" "El criterio expuesto, que aqu� se reitera, permite concluir que la concreci�n de la condena no obedece solamente a la fijaci�n en la sentencia de una suma determinada sino, como en muchas ocasiones ocurre, tambi�n, a la expresi�n de una suma determinable a partir de elementos de juicio que, por ejemplo, en la misma ley laboral se prev�n; o que las partes definitivamente conocen (vr. gr., por el contrato de trabajo, la convenci�n colectiva de trabajo, el pacto colectivo o el laudo arbitral); o aparecen probados en el proceso; o est�n exentos de prueba".     PAGE 22 ORALIDAD Ley 1149 de 2007 IISIdIeIfIgIhIiI�������$����dh�^��`��a$gdN>P$a$gdSq�hIiI�$hOz�h�+XCJ OJQJaJ mH sH F 00 P&Py1�h:pN>P ��/ �"I!��"��#��$��%����� ��Dp!CDd� l ���h� � � �D�A�?�����Imagen 2��b�eB�� ��(Z��y�3 O�ABD� n �9B�� ��(Z��y�3 O��PNG  IHDR�� 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