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SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 2014-00296-01 (633)

Sala: LABORAL

Ponente: Juan Carlos Muñoz

Fecha: 2017-06-15

Sujetos procesales: DEMANDANTE: WILLIAM AGUDELO \ DEMANDADO: EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. Y OTROS.

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El Secretario informa que las partes fueron debidamente notificadas, a quienes se le concede el uso de la palabra para su debida identificaci�n y presentaci�n de alegatos de segunda instancia. Acto seguido, el suscrito Magistrado Sustanciador, presenta a consideraci�n de la Sala el respectivo proyecto de fallo, el que despu�s de ser discutido es aprobado.

A continuaci�n la Sala procede a dictar la siguiente, SENTENCIA ANTECEDENTES WILLIAM AGUDELO, mayor de edad, a trav�s de apodero judicial instaur� demanda ordinaria laboral en contra de EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., FONDO DE PENSIONES Y CESANT�AS HORIZONTE HOY PORVENIR S.A., SALUDCOOP EPS y BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANT�AS actuando como llamado en garant�as, con el fin de obtener de las demandadas el reconocimiento y pago de la indemnizaci�n por incapacidad parcial permanente, los gastos que por concepto de procedimientos m�dicos incurri� el demandante y las costas y agencias en derecho, fundamentando sus pedimentos en los siguientes:

HECHOS. Que el actor desde el a�o 2002 y hasta el mes de enero de 2005, labor� al servicio del establecimiento de comercio denominado BINGO DRAG�N ROJO, que funciona en la ciudad de Tumaco (N), siendo afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral. Que luego de dos a�os de vinculaci�n laboral, el demandante present� molestias oculares, las que se derivaron en intervenciones quir�rgicas que obligaron a realizarse una enucleaci�n y evisceraci�n de su ojo derecho, lo cual implic� una p�rdida de capacidad laboral, misma que fue calificada por la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez de Nari�o en el equivalente al 34.82%, la que considera el demandante tiene origen profesional.

Que elev� solicitud de pago de la indemnizaci�n por p�rdida parcial de capacidad laboral, ante la entidad EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., quien neg� el pedimento impetrado. CONTESTACI�N DE LA DEMANDA y TR�MITE DE PRIMERA INSTANCIA. Correspondi� inicialmente el conocimiento del presente asunto al Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco (N), despacho que mediante auto No. 2014-656 de 04 de julio de 2014 (Fls. 46 a 47), orden� remitir por competencia el presente asunto a los Juzgados Laborales del Circuito de Pasto (N), siendo de conocimiento el mismo al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, quien lo admiti� con auto de 24 de julio de 2014 (Fl. 52), ordenando en dicho prove�do la notificaci�n personal a la parte accionada EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C y el respectivo traslado del libelo introductor, por el t�rmino legal establecido para ello.

Posteriormente mediante providencia de 01 de octubre de dicha anualidad (Fls. 72 a 73), se orden� de oficio la integraci�n del Litis consorcio necesario con las entidades SALUDCOOP EPS y el FONDO DE PENSIONES Y CESANT�AS HORIZONTE HOY PORVENIR S.A., �ltima entidad que llam� en garant�a a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANT�AS, llamamiento que fue admitido con auto de 08 de mayo de 2015 (Fls. 257 a 258).

Trabado el contradictorio, las entidades accionadas y vinculadas al presente asunto descorrieron el traslado respectivo, en los que se consider� lo que a continuaci�n se relaciona, a saber: La entidad EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., se opuso al acogimiento favorable de las pretensiones incoadas en el introductorio, al considerar la improcedencia de la indemnizaci�n solicitada, habida consideraci�n que la misma es procedente �nicamente para las contingencias derivadas de la p�rdida de capacidad laboral de origen profesional y no com�n, evento as� catalogado en favor del demandante por la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez de Nari�o, por lo que los pedimentos esgrimidos por el actor en el libelo petitorio, carecen de competencia para ser reconocidos por la ARL accionada, pese a aceptar la afiliaci�n del actor a dicha entidad para las contingencias derivada de los riesgos laborales.

Con base en ello propuso como medios enervantes de las pretensiones formuladas por activa las excepciones de fondo que rotul� como CARENCIA DE ACCI�N INDEMNIZATORIA CONTRA LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., y la INNOMINADA O GEN�RICA. (Fls. 63 a 69). Por su parte el FONDO DE PENSIONES Y CESANT�AS HORIZONTE HOY PORVENIR S.A., con escrito visible a folios 101 a 111, oper� la Litis contestatio, igualmente oponi�ndose al acogimiento favorable de las pretensiones solicitadas en la demanda, por cuanto no existe disposici�n legal que consagre la indemnizaci�n solicitada por activa, pues la misma procede �nicamente para las contingencias derivadas de la p�rdida de capacidad laboral de origen profesional y no com�n, tal y como fue calificado el actor, aunado a que los procedimientos m�dicos a que fue objeto el demandante, fueron cubiertas por la EPS a la cual se encontraba afiliado el demandante.

Con fundamento en ello propuso la excepci�n previa de PRESCRIPCI�N y la de m�rito de BUENA FE DE PORVENIR S.A., AUDIENCIA DE CONTROVERSIA, INOPONIBILIDAD DE LOS DICT�MENES Y RECLAMACIONES, HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO y la INNOMINADA O GEN�RICA. La entidad llamada en garant�a, BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANT�AS, por conducto de mandatario judicial y con escrito obrante a folios 278 a 307, da contestaci�n a la demanda y al llamamiento del cual fue objeto, oponi�ndose a las pretensiones incoadas en dichos actos, al considerar que al haberse calificado la p�rdida de capacidad del demandante de origen com�n y en un porcentaje inferior al 50%, no existe en el ordenamiento legal colombiano, normativa que consagre alg�n tipo de indemnizaci�n, por lo que en dicho escenario la entidad llamada en garant�a no tiene responsabilidad alguna.

Propuso como excepciones de m�rito las que denomin� como FALTA DE LEGITIMACI�N EN LA CAUSA POR PASIVA, INOPONIBILIDAD DEL DICTAMEN PROFERIDO POR LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACI�N DE INVALIDEZ, EL VALOR DE LAS INTERVENCIONES QUIR�RGICAS QUE RECLAMA EL DEMANDANTE FUE SIC SUFRAGADOS POR SALUDCOOP S.A., MOTIVO POR EL CUAL TAL PERJUICIO ECON�MICO RESULTA INEXISTENTE, IMPROCEDENCIA DE COBRO DE INTERESES MORATORIOS Y COSTAS PROCESALES, PRESCRIPCI�N, NO SE HA CONFIGURADO UN RIEGO CUBIERTO POR LE SEGURO PREVISIONAL DE INVALIDEZ O SOBREVIVIENTES EMITIDO POR BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANT�AS S.A., EL SEGURO PREVISIONAL DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA EMITIDO POR BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANT�AS S.A. NO CUBRE EL PAGO DE INCAPACIDADES PARCIALES NI DE CIRUG�AS REALIZADAS POR LOS AFILIADOS AL FONDO DE PENSIONES y LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA SE ENCUENTRA LIMITADA AL VALOR DE LA SUMA ASEGURADA.

Finalmente y en cuanto a la entidad vinculada SALUDCOOP EPS, la a quo con auto de 15 de marzo de 2016, proferido dentro de la audiencia dispuesta en el art�culo 77 del estatuto adjetivo laboral, dispuso tener por no contestada la demanda impetrada por activa, prove�do que no fue objeto de reproche alguno (Fls. 335 a 336 CD. No. 01). Agotado el tr�mite propio del procedimiento ordinario laboral de primera instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, dirimi� la controversia suscitada mediante sentencia proferida en Audiencia P�blica el 24 de octubre de 2016 (Fls. 380 a 384, minuto 00:34:18 a 00:40:17 CD.

No. 03), mediante la cual declar� probada la excepci�n de fondo propuesta por la EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., denominada CARENCIA DE ACCI�N INDEMNIZATORIA y la de CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A CARGO DE SALUDCOOPP EPS, propuesta por la EPS vinculada (sic), ya que la indemnizaci�n por p�rdida parcial de la capacidad laboral solicitada por la parte actora, �nicamente encuentra soporte legal, cuando la misma se genera por causa o con ocasi�n de accidente o enfermedad de origen profesional y no derivada de un origen com�n, raz�n por la cual la tal pedimento se torna en improcedente, al estar calificada la p�rdida de capacidad laboral del actor como origen com�n, sin que exista dentro del ordenamiento legal colombiano, alguna indemnizaci�n derivada por esta clase de disminuci�n en la capacidad laboral.

En consecuencia, absolvi� a las entidades demandadas y vinculadas de las pretensiones incoadas en al demanda, conden� en costas a la parte vencida en juicio, fijando las agencias en derecho en el equivalente a 04 d�as de salario m�nimo legal mensual vigente, esto es, la suma de $91.867.oo y orden� compulsar copias en contra del apoderado judicial del demandante y ante la sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nari�o, por el presunto incumplimiento de sus deberes profesionales frente a su cliente.

GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA Al ser el prove�do estudiado adverso a las pretensiones del demandante, esta Corporaci�n en cumplimiento a lo establecido en el art�culo 69 del C. P. del T. y de la S. S., lo admiti� para que se surta el grado jurisdiccional de consulta. TR�MITE DE SEGUNDA INSTANCIA RESUMEN DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR LAS PARTES.

Surtido el tr�mite en segunda instancia, al no observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procedemos a decidir, previas las siguientes: CONSIDERACIONES PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JUR�DICO Como la decisi�n adoptada en primera instancia es adversa a los intereses del trabajador, se procede a examinar la sentencia consultada y sin limitaciones de ninguna naturaleza, se emitir� la decisi�n que corresponda.

En virtud de lo cual le corresponde a esta Sala de Decisi�n resolver, si resulta ser procedente la indemnizaci�n por p�rdida de capacidad laboral solicitada en al demanda, as� como tambi�n, si hay lugar a la condena por concepto de reembolsos de los gastos que por concepto de procedimientos m�dicos incurri� el demandante. SOLUCI�N A LOS PROBLEMAS JUR�DICOS PLANTEADOS.

INDEMNIZACI�N POR PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL. Preliminarmente considera necesario la Sala definir, que de conformidad al dictamen de p�rdida de capacidad laboral emitido tanto por la Junta Regional de Invalidez de Nari�o como por la Junta Nacional de Invalidez, obrantes a folios 29 a 34 del expediente, documentos que fueron aportados por el demandante con la presentaci�n de la demanda ordinaria laboral, por lo que gozan de pleno valor probatorio a la luz de lo reglado en el art�culo 244 del C. G. del P., de los cuales se logra extraer que el actor detenta una p�rdida permanente de capacidad laboral igual al 33.82 % de origen com�n, como secuelas de desprendimiento de retina del ojo derecho.

Ahora bien, dentro de los objetivos del Sistema de Seguridad Social Integral (ley 100 de 1993), se encuentra el �garantizar las prestaciones econ�micas y de salud a quienes tienen una relaci�n laboral o capacidad econ�mica suficiente para afiliarse al sistema�. Por tanto, dentro de ese grupo de prestaciones se encuentran aquellas que surgen de la incapacidad que pueda presentar un trabajador dependiente o independiente para el desempe�o de sus funciones.

Dicha �incapacidad� ha sido definida como �el estado de inhabilidad f�sica o mental de una persona que le impide desempe�ar en forma temporal o permanente su profesi�n u oficio�. Se desprende de lo anterior, que el estado de incapacidad puede ser de tres tipos: (i) temporal, cuando se presenta una imposibilidad transitoria de trabajar y a�n no se han definido las consecuencias definitivas de una determinada patolog�a;

(ii) permanente parcial, cuando se presenta un disminuci�n parcial pero definitiva de la capacidad laboral, en un porcentaje igual o superior al 5%, pero inferior al 50%, y (iii) permanente (o invalidez), cuando el afiliado padece una disminuci�n definitiva de su capacidad laboral superior al 50%. Bajo esta perspectiva, dependiendo del origen de la incapacidad, el Sistema de Seguridad Social ha previsto una reglamentaci�n espec�fica para regular la forma en que se garantiza a los trabajadores incapacitados los ingresos que les permitan subsistir de forma digna, ante la imposibilidad de ejercer sus labores.

As�, en trat�ndose de la incapacidad laboral generada por enfermedad profesional o accidente de trabajo, se cre� el Sistema General de Riesgos Profesionales, cuyos principios se encuentran consagrados en la Ley 100 de 1993 y regulados en el Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, por medio de la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales, que lo definen como �el conjunto de entidades p�blicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasi�n o como consecuencias del trabajo que desarrollan�. En este r�gimen, se le atribuye a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual se encuentre afiliado el trabajador, la obligaci�n de garantizar �ntegramente todas las prestaciones asistenciales y econ�micas que se deriven de dicho evento, incluyendo el pago de las incapacidades mayores a 180 d�as.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 1562 de 2012. Frente a la incapacidad laboral generada por enfermedad de origen com�n o no profesional, como sucede en el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, el art�culo 206 de la Ley 100 de 1993, dispone que �Para los afiliados de que trata el literal a) del art�culo 157, el r�gimen contributivo reconocer� las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podr�n subcontratar con compa��as aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo ser�n reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiar�n con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo r�gimen, de acuerdo con la reglamentaci�n que se expida para el efecto�.

El anterior precepto, al referirse a �las disposiciones legales vigentes�, se entiende que debe ser armonizado con el art�culo 227 del C�digo Sustantivo del Trabajo, que prev� un auxilio monetario por enfermedad no profesional, en los siguientes t�rminos: �En caso de incapacidad comprobada para desempe�ar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el {empleador} le pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) d�as, as�: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los primeros noventa (90) d�as y la mitad del salario por el tiempo restante�, sin que en ning�n caso pueda ser inferior al salario m�nimo legal vigente.

De las normas en cita se puede concluir, que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son las inicialmente obligadas a asumir el pago de las incapacidades laborales generadas por enfermedad de origen com�n o no profesional, pero s�lo durante los primeros 180 d�as de incapacidad. De esta manera, surge el interrogante, si trat�ndose de incapacidad derivada de enfermedad de origen com�n o no profesional, hay lugar al pago de incapacidades mayores a 180 d�as, y por cuenta de qui�n, tal y como s� ocurre en el Sistema General de Riesgos Profesionales, en cuanto a la incapacidad generada por enfermedad de origen profesional.

Sobre este particular, el art�culo 23 del Decreto 2461 de 2001, �por el cual se reglamenta la integraci�n, financiaci�n y funcionamiento de las juntas de calificaci�n de invalidez� establece que, en trat�ndose de una enfermedad de origen com�n o no profesional, en la que exista concepto favorable de recuperaci�n, la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador, con la autorizaci�n de la aseguradora que hubiere expedido el seguro provisional de invalidez, tiene la potestad de postergar el tr�mite de calificaci�n ante las Juntas de Calificaci�n de Invalidez, hasta por 360 d�as adicionales a los primeros 180 d�as de incapacidad otorgada por la E.P.S., para lo cual, le debe conceder al trabajador un subsidio equivalente a la incapacidad que ven�a disfrutando y que estaba a cargo de dicha entidad.

Interpretando el alcance de dicha norma, la jurisprudencia constitucional ha se�alado, que el pago de las incapacidades laborales mayores a 180 d�as corre a cargo de la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador. Lo anterior, por cuanto el art�culo 23 del Decreto 2463 de 2001, al se�alar que es posible postergar el tr�mite de calificaci�n de invalidez, hasta por 360 d�as, y que en dicho lapso, el fondo de pensiones debe otorgarle al trabajador un subsidio equivalente al de la incapacidad que ven�a disfrutando por parte de la respectiva EPS., lleva a concluir que es al fondo de pensiones a quien le corresponde asumir el pago de las incapacidades a partir del d�a 181 hasta la fecha en que se produzca el dictamen de invalidez, por lo menos, por 360 d�as m�s. Ahora bien, una vez el fondo de pensiones inicia el tr�mite de calificaci�n respectivo, se obtiene el dictamen invalidez, que seg�n el resultado, puede generar situaciones jur�dicas distintas.

En efecto, si del resultado del dictamen se concluye que el trabajador presenta una disminuci�n de su capacidad laboral superior al 50%, se hace acreedor al reconocimiento de la pensi�n de invalidez, siempre y cuando cumpla con los dem�s requisitos exigidos para el efecto, es decir, acredite las semanas de cotizaci�n que establecen las normas vigentes; entre tanto, si la calificaci�n de p�rdida de la capacidad laboral es parcial, esto es, inferior al 50%, el empleador debe proceder a reincorporar al trabajador en el cargo que ven�a desempe�ando o en otra actividad acorde con su situaci�n de discapacidad, siempre y cuando los conceptos m�dicos determinen que se encuentra apto para ello.

Se colige de lo se�alado, que las disposiciones vigentes consagraron �ste tipo de indemnizaci�n solamente como un reconocimiento por la p�rdida de capacidad laboral ocasionada por efecto o con ocasi�n del trabajo, sin que �sta misma filosof�a se pueda predicar para la enfermedad de origen com�n, por lo que podr�a indicarse que efectivamente no existe ninguna disposici�n normativa que consagre el reconocimiento de prestaciones econ�micas a cargo del SGSSI, cuando se trate de eventos de p�rdida de capacidad laboral inferior al 50% de origen com�n y sin concepto favorable de rehabilitaci�n. No obstante, la Corte Constitucional en Sentencia T - 920 del 7 de diciembre de 2009., M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se�al� en unos de sus apartes: �El problema surge cuando la persona no recupera su capacidad de trabajo, es decir, cuando se siguen generando a su favor incapacidades laborales por parte del m�dico tratante, pese a que ya fue evaluado por la Junta de Calificaci�n de Invalidez, quien dictamin� una incapacidad permanente parcial, por p�rdida de la capacidad laboral inferior al 50%. �Para la soluci�n de dicha controversia, la Corte mantiene el criterio jurisprudencial seg�n el cual, se debe partir de una interpretaci�n del art�culo 23 del Decreto 2463 de 2001, de manera que resulte conforme con la Constituci�n Pol�tica, en el entendido de que, trat�ndose de incapacidades que superan los ciento ochenta (180) d�as, le corresponde al respectivo Fondo de Pensiones asumir el pago de dicha prestaci�n �nicamente hasta que se eval�e la p�rdida de la capacidad laboral, siempre y cuando, como resultado de dicho dictamen, la persona tenga derecho al reconocimiento de la pensi�n de invalidez.

En esa medida, en el evento en que el afiliado no alcance el porcentaje requerido de invalidez o se le haya dictaminado una incapacidad permanente parcial, y por sus precarias condiciones de salud se sigan generando incapacidades laborales, le corresponde al Fondo de Pensiones continuar con el pago de las mismas hasta que el m�dico tratante emita un concepto favorable de recuperaci�n o se pueda efectuar una nueva calificaci�n de invalidez. �Para la Corte es claro que el prop�sito que persigue el art�culo 23 del Decreto 2463 de 2001, es garantizarle al trabajador un cubrimiento de las incapacidades mayores a 180 d�as mientras se produce su recuperaci�n o haya lugar al reconocimiento de la pensi�n de invalidez. �Bajo ese entendido, lo pretendido por el ordenamiento, fue establecer en cabeza de los fondos de pensiones, la obligaci�n de garantizar al trabajador una indemnizaci�n equivalente a la que ven�a recibiendo por parte de la Entidad Promotora de Salud, con el fin de asegurar su m�nimo vital y el de su familia, cuando ese estado de incapacidad supera los 180 d�as. �Acorde con ello, la ley le impone al empleador el deber de mantener el v�nculo laboral con el trabajador mientras dure la incapacidad, debiendo continuar con su obligaci�n de realizar, durante ese periodo, los respectivos aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales�.

As� las cosas, de lo expuesto se deriva que la protecci�n de la cual gozan los trabajadores calificados con una perdida permanente parcial de su capacidad laboral de origen com�n superior al 5% pero inferior al 50%, es a no ser despedidos ni desmejorados laboralmente, circunstancia prevista en el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, que consagra expresamente la protecci�n laboral reforzada del trabajador incapacitado o disminuido f�sica y sensorialmente, sin que el ordenamiento legal colombiano o jurisprudencialmente se haya contemplado una indemnizaci�n a cargo bien sea del fondo de pensiones o de las entidades promotoras de salud, como si lo prev� para aquellas contingencias derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad laboral.

Por lo tanto, la pretensi�n indemnizatoria solicitada en la demanda carece de sustento legal, puesto que la protecci�n laboral a la que ten�a derecho el actor, era a que su relaci�n laboral se mantuviese vigente por el t�rmino de las incapacidades que se hubiesen generado, o a ser despedido previa la autorizaci�n del Inspector del Trabajo, circunstancias que si bien no aparecen acreditadas en el sub judice, no es menos verdad que el empleador del promotor de la Litis no fue vinculado al contradictorio, quien es la persona llamada a responder en caso de que se acredite la falta de autorizaci�n para el fenecimiento del contrato laboral con el demandante.

Asi las cosas, las pretensiones tal y como se encuentran encaminadas est�n destinadas a su fracaso, tal y como fue considerado por la a quo. Finalmente y para agotar los puntos de estudios de conformidad al grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor del trabajador, aclara esta Judicatura que tampoco se encuentran demostrados los supuestos gastos m�dicos en lo que incurri� el demandante como consecuencia de su estado de salud, pues es el mismo actor quien en su demanda informa que todos los procedimientos m�dicos fueron asumidos por la EPS, en acatamiento de las ordenes constitucionales impartidas en su contra, lo que de suyo indica que no existieron erogaciones efectuadas por el actor, a fin de que se lleven a cabo los procedimientos m�dicos ya se�alados.

Por lo tanto, dicha pretensi�n igualmente no prospera. CONCLUSI�N. Fundamentados en el estudio jur�dico y probatorio antes efectuados y agotados como se encuentran los puntos que fueron objeto del grado jurisdiccional de consulta, corresponde a esta instancia confirmar en su integridad la decisi�n adoptada por el a quo mediante fallo proferido dentro de la audiencia p�blica llevada a cabo el 24 de octubre de 2016, con conforme qued� explicado en precedencia. COSTAS.

De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 365 del C. de P. C., en concordancia con lo previsto en el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que determina las tarifas de las agencias en derecho, vigente a la iniciaci�n el presente asunto, se tiene que, dadas las resultas del grado jurisdiccional de consulta, no hay lugar a condenar en costas en esta instancia. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, sala de Decisi�n Laboral, administrando Justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida dentro del presente proceso por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, dentro de la Audiencia P�blica llevada a cabo el 24 de octubre de 2016, objeto del grado jurisdiccional de consulta, por las razones y fundamentos jur�dicos vertidos en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO. SIN COSTAS en esta instancia por no haberse causado.

NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE. La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesi�n de esta fecha seg�n acta No. y se notifica a las partes en ESTRADOS. No siendo otro el objeto de la presente, se firma en constancia como aparece: JUAN CARLOS MU�OZ Magistrado Ponente. CLARA IN�S L�PEZ D�VILA CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ Magistrada. Magistrada.

JAMES RODR�GUEZ ROSERO Secretario Sala Laboral  Art�culo 6� de la Ley 100 de 1993.  Art�culo 1 de la Resoluci�n 2266 de 1998, por la cual se reglamenta el proceso de expedici�n, reconocimiento, liquidaci�n y pago de las prestaciones econ�micas por incapacidades y licencias de maternidad en el Instituto de Seguros Sociales.  Por el cual se determina la organizaci�n y administraci�n del Sistema General de Riesgos Profesionales.  Por la cual se dictan normas sobre la organizaci�n, administraci�n y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.  D.L. 1295 de 1994, Art�culo 1�.  Se refiere a los afiliados al Sistema mediante el R�gimen Contributivo y el R�gimen Subsidiado.  Ver Sentencia C-543 del 18 de julio de 2007, M.P. �lvaro Tafur Galvis.  �ARTICULO 23.-Rehabilitaci�n previa para solicitar el tr�mite ante la junta de calificaci�n de invalidez.

(�) Para los casos de accidente o enfermedad com�n en los cuales exista concepto favorable de rehabilitaci�n, la administradora de fondos de pensiones con la autorizaci�n de la aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsi�n social correspondiente, podr� postergar el tr�mite de calificaci�n ante las juntas de calificaci�n de invalidez hasta por un t�rmino m�ximo de trescientos sesenta (360) d�as calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) d�as de incapacidad temporal otorgada por la entidad promotora de salud, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad que ven�a disfrutando el trabajador� (Negrilla fuera de texto).  Ver Sentencia T-980 del 10 de octubre de 2008, M.P. Jaime C�rdoba Trevi�o.     Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto � Sala Laboral � Proceso Ordinario No. 2014-00296-01 (633) Magistrado Ponente: Juan Carlos Mu�oz.

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