Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 2016-00050-01(573)

Sala: LABORAL

Ponente: Juan Carlos Muñoz

Fecha: 2017-04-27

Sujetos procesales: DEMANDANTE: JAMM \ DEMANDADO: BBVA

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Ordinario Laboral No. 2016-00050-01(573) En SanJuan de Pasto, a los veintisiete (27) d�as de abril dos mil diecisiete (2017), siendo el d�ay la hora se�alados previamente, los se�ores Magistrados integrantes de la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, JUAN CARLOS MU�OZ,quien act�a como ponente, CLARA IN�S L�PEZ D�VILA yCLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ, en asocio del Secretario, se constituyen en AUDIENCIA PUBLICA dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por JAMM, encontra de la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A � �BBVA�.Preside el acto JUAN CARLOSMU�OZ quien lo declara abierto.

El Secretario informa que las partes se encuentran debidamente notificadas. Acto seguido el suscrito Magistrado Sustanciador, presenta a consideraci�n de la Sala el respectivo proyecto de fallo, el que despu�s de ser discutido es aprobado. A continuaci�n la Sala procede a dictar la siguiente, SENTENCIA ANTECEDENTES JAMM, actuando por intermedio de apoderado judicial debidamente constituido, present� demanda ordinaria laboral en contra delBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A � BBVA, para que el juzgado de conocimiento, en sentencia de m�rito declare que la entidad accionada omiti� solicitar autorizaci�n del ministerio de trabajo con el fin de terminar por mutuo acuerdo el contrato de trabajo celebrado con el actor, y en consecuenciacondene alpago de sumas ciertas de dinero por concepto de indemnizaci�n contenida en el art�culo 26 de la ley 361 de 1997, el pago de los salarios dejados de percibir desde el 25 de marzo de 2015 y hasta el 31 de agosto de 2015, la indexaci�n o correcci�n monetaria de las sumas que resulten probadas, los derechos ultra y extra petita a su favor y las costas procesales.

HECHOS Del escrito de demanda y se extractan en s�ntesis los siguientes hechos: Que el actor JAMM trabaj� para el Banco BBVA, desde el 08 de julio de 1991 hasta el 23 de marzo de 2015. Que el 27 de mayo de 2014le fue diagnosticado las siguientes patolog�as: trastorno obsesivo compulsivo, trastorno anacastico de la personalidad y depresi�n, siendo incapacitado laboralmente por tales padecimientos desde el 27 de junio de 2014 hasta el 26 de enero de 2015, siendo valorado por COLPENSIONES quien emiti� dictamen m�dico laboralNo. 201478211BC del 10 de noviembre de 2014,determinando una p�rdida de capacidad laboral igual al 33.87%, de origen com�n y con fecha de estructuraci�n de 8 de septiembre de 2014.

Que en el mes de septiembre de 2014, el Banco BBVA tom� la decisi�n de nombrar a otra persona en el cargo que ostentaba en ese entonces el actor desde el mes de enero del 2000, sin importar que aquel debido a sus incapacidades laborales, se encontraba gozando del fuero de estabilidad laboral reforzada. Que cumplido el t�rmino de la incapacidad referida, esto es el 27 de enero de 2015, el actor se present� al Banco BBVA para reintegrarse a sus labores normales, siendo informado por el gerente de la entidad accionada sucursal Pasto,la imposibilidad de tal situaci�n, habida cuenta de su largo tiempo de incapacidad, siendo necesario por lo tanto esperar las instrucciones de recursos humanos de la ciudad de Bogot�.

Que desde el 27 de enero de 2015 hasta el 23 de marzo de 2015 al demandante no se le asign� funciones ni puesto f�sico de trabajo, vi�ndose desmejorado en su estado mental, emocional y psicol�gico,situaci�n que lo llevo a solicitar al gerente de la entidad bancaria una negociaci�n para terminar la relaci�n laboral, suscribiendo en tal sentido contrato de transacci�n de mutuo acuerdo con fecha del 24 de marzo de 2015, en donde se anotaron situaciones que no se pactaron en el acuerdo verbal que se hab�a acordado con el gestor de recursos humanos de la ciudad de Bogot�, pues la renuncia al cargo no fue pactada verbalmente.

Que debido al estado de salud del demandante, se vio obligado a firmar el acta en los t�rminos que el banco determin�, siendo redactada la renuncia y aportada a la presente demanda por unempleado del Banco BBVA, donde el actor �nicamente plasmo su firma. Que el empleador omiti� solicitar permiso ante el inspector de trabajo,y en el acta de transacci�n no indica la situaci�n de debilidad manifiesta, adem�s de las garant�as constitucionales que la ley le otorga.

Que la �ltima remuneraci�n devengada por el actor fue de un salario promedio de $4.408.556. Que mediante dictamen No. 473, emiti� por la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez de Nari�o de fecha 18 de febrero de 2015, se determin� una p�rdida de capacidad laboral del demandante del 57.17% de origen com�n, reconociendo COLPENSIONES mediante resoluci�n No. GNR 252930 del 20 de agosto de 2015, pensi�n de invalidez a partir del mes de septiembre de 2015.

CONTESTACI�N DE LA DEMANDA y TR�MITE DE PRIMERA INSTANCIA Correspondi� el conocimiento del proceso al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, quien admiti� la demanda mediante auto del 24 de febrero de 2016 (ver Fl. 34), en el que adem�s se orden� la notificaci�n a la entidad demandada, diligencia que se practic�de manera personal el 08 de abril de 2016, seg�n constancia obrante a folio 41 del expediente, quien mediante procurador judicial y con escrito recibido por el juzgado de primer grado el 22 de abril de 2016 (ver Fls. 67 a 81), dio contestaci�n a la demanda, oponi�ndose a las pretensiones incoadas por el actor, aduciendocomo fundamento de ello que la terminaci�n de la relaci�n laboral existentes entre las parte en contienda, vigente desde 08 de julio de 1991 hasta el 24 de marzo de 2015, obedeci� a la renuncia voluntaria presentada por el trabajador, sin que sea necesario para tal fin, la autorizaci�n previa de la autoridad del trabajo para dar por finalizado el ligamen contractual, m�s aun cuando dicho evento ocurre cuando el trabajador no se encontraba gozando de ninguna incapacidad, sin perder de vista adem�s, que entre los integrantes del contradictorio se suscribi� un contrato de transacci�n el 24 de marzo de 2015, el cual se encuentra v�lidamente celebrado.

Con fundamento en lo anterior, propuso como medios enervantes de las pretensiones incoadas en el escrito demandatorio la excepci�n previa de �COSA JUZGADA� y las de m�rito que rotul� �INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS Y COBRO DE LO NO DEBIDO� �PAGO COMPLETO Y OPORTUNO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y DEM�S ACREENCIAS LABORALES� �BUENA FE DE MI REPRESENTADA� �MALA FE DEL DEMANDANTE� �FALTA DE TITULO Y CAUSA EN EL DEMANDANTE� �BUENA FE� �PRESCRIPCI�N� �PAGO� �COMPENSACI�N� y la �GEN�RICA�.

Convocada las partes integrantes del contradictorio para la audiencia dispuesta en el art�culo 77 del C. P. del T. y de la S. S., que tuvo lugar el 1� de junio de 2016 (Fls 186 a 189. CD No. 1), laa quo declar� fallida la conciliaci�n, al no existir en la parte demandada �nimo conciliatorio para tal fin. As� mismo en dicho acto p�blico, la Juez de primer gradoexcluy� del debate probatorio los hechos contenidos en los numerales 1 y 12 por encontrarseaceptados por la parte accionada, que hacen relaci�n a que la existencia del contrato de trabajo entre los extremos de la Litis, vigente desde el 08 de julio de 1991 hasta el 23 de marzo de 2014 y que el d�a 24 de marzo de dicha anualidad, las partes suscribieron un acta de transacci�n por mutuo acuerdo.

En cuanto a la excepci�n previa de COSA JUZGADA propuesta por pasiva, la a quo difiri� su estudio al momento de proferir sentencia, abordando las restantes etapas de la referida audiencia p�blica. Rituadas las etapas procesales respectivas, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, profiri� sentencia el 29 de septiembre de 2016 (Fl. 198 a 201 CD No. 2 pista 03 minuto 00:00:30 a 00:55:15), mediante la cual conden� ala entidad accionada Banco BBVA, al reconocimiento y pago de la indemnizaci�n contenida en el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, calculadapor 180 d�as de salario, al considerar la a quo que para la terminaci�n del contrato de trabajo con el demandante, el empleador deb�a obtener autorizaci�n previa del Ministerio de Trabajo, pues el actor gozaba de la protecci�n laboral reforzada debido a su estado de salud debido a su debilidad manifiesta, siendo un hecho conocido por la parte demandada la discapacidad de su trabajador, derivado de sus patolog�as de orden mental, lo cual redunda en el hecho de que la renuncia por �l presentada no surte efecto alguno, habida consideraci�n que dicha manifestaci�n se encuentra viciada por cuanto el raciocinio del demandante se trastoca con las patol�gicas que aquel presenta, aunado a que con el material probatorio recaudado, se constata que la firma de dicha renuncia era parte del acuerdo de transacci�n a que llegaron las partes, verific�ndose una renuncia inducida,siendo procedente entonces aplicar la presunci�n contenida en la norma en cita, esto es, presumir que la terminaci�n del contrato de trabajo se da con ocasi�n o por el estado de salud del actor.

As� las cosas, conden� a la parte actora al pago de la suma indexada de $29.063.199.oo por concepto de indemnizaci�n derivada del art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, declar� no probadas las excepciones propuestas y la conden� en costas. APELACI�N PARTE DEMANDADA (MINUTO 00:55:22 a 1:43:20CD. No. 02) Inconforme con lo decidido en primera instancia, la parte pasiva del contradictorio interpuso recurso de apelaci�n, fundamentando su reproche en una incongruencia en el an�lisis de los medios de convicci�n recaudados, precisando losiguiente: Que si bien no hubo un concepto del m�dico siquiatra en la reincorporaci�n del se�or JAMM, la se�ora SONIA YOLIMA PAEZ JUNCO profesional en el �rea de relaciones laborales en el �rea de salud ocupacional del BBVA, se comunic� telef�nicamente con aquelsolicit�ndole que aportara las recomendaciones que el propio m�dico le hubiera dado, obligaci�n que era de resorte exclusivo del trabajador; igualmente expone que el concepto de medicina laboraldado posteriormente a las incapacidadesque presenta el actor, fue suscrito por un m�dico general, sin que se haya evaluado la parte ps�quica de aquel.

Que la apreciaci�n del juzgado en cuanto a que la renuncia del actor no fue libre, aut�noma y voluntaria, es totalmente errada, puesto que no se acredit� en el asunto de marras que dicha determinaci�n adolezca de vicios en el consentimiento, pues se presume la capacidad del trabajador, no estando acreditado la incapacidad de aquel mediante una decisi�n judicial en firme, por lo tanto dicha renuncia es v�lida y obedeci� a motivos personales, por lo que no es acertado declarar la existencia de un despido indirecto.

Que se debe aclarar que es diferente incapaz a incapacidad y que si bien el demandante fue incapacitado alrededor de 240 d�as, tal circunstancia no implicaba la p�rdida de su capacidad, pues la misma no ha sido declarada por la autoridad competente, siendo por tanto valida la suscripci�n del contrato de transacci�n entre las partes. Finalmente concluye exponiendo que toda vez que se trata de una renuncia voluntaria, la entidad demandada no estaba en la obligaci�n de adelantar ninguna gesti�n tendiente a obtener permiso para despedir al trabajador, por lo que solicita la sentencia de primera instancia sea revocada.

TR�MITE DE SEGUNDA INSTANCIA Surtido el tr�mite en segunda instancia, al no observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procedemos a decidir, previas las siguientes: CONSIDERACIONES. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JUR�DICO. En virtud de los argumentos expuestos en el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante y considerando que el estudio del plenario en la segunda instancia se limita �nica y exclusivamente a los puntos de censura enrostrados por el apelante al prove�do impugnado, seg�n lo dispone el art�culo 66 A del C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, adicionado por la ley 712 de 2001, le corresponde a esta Sala de Decisi�n resolver si el actor fue despedido injustamente y de ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, determinar la procedencia de la sanci�n contemplada en el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997.

SOLUCI�N AL PROBLEMA JUR�DICO PLANTEADO. CALIFICACI�N DEL DESPIDO. Parte la Sala por aclarar, que en el presente asunto no se encuentra en discusi�n lo relacionado con la existencia de un contrato de trabajo entre los extremos del contradictorio, situaci�n que fue definida por el juez de primer grado y excluida del debate probatorio en la etapa de fijaci�n del litigio dentro de la audiencia obligatoria de que trata el art�culo 77 del C. P. del T. y dela S. S., concluyendo la existencia de un contrato de trabajo a t�rmino indefinido, el que se verific� entre el 08 de julio de 1991y el 23 de marzo de 2015.

Fijado lo anterior, pasa la Sala a determinar la existencia de un despido injusto por parte del empleador, tal y como lo asevera la parte activa del contradictorio, el que seg�n aduce acontece por no haber tenido en cuenta al momento de la finalizaci�n de dicho v�nculo laboral, el estado de discapacidad en la cual se encontraba el demandante, raz�n por la cual considera viable la indemnizaci�n contenida en el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, disposici�n que prev�: �ART�CULO 26.

NO DISCRIMINACI�N A PERSONA EN SITUACI�N DE DISCAPACIDAD.�En ning�n caso la limitaci�n de una persona, podr� ser motivo para obstaculizar una vinculaci�n laboral, a menos que dicha limitaci�n sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempe�ar. As� mismo, ninguna persona limitada podr� ser despedida o su contrato terminado por raz�n de su limitaci�n,�salvo que medie autorizaci�n de la oficina de Trabajo. � No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por raz�n de su limitaci�n, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendr�n derecho a una indemnizaci�n equivalente a ciento ochenta d�as del salario, sin perjuicio de las dem�s prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el C�digo Sustantivo del Trabajo y dem�s normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.� Ahora bien, seg�n el art�culo 5� de dicha ley, �Las personas con limitaci�n deber�n aparecer calificadas como tales en el carn� de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el r�gimen contributivo o subsidiado� y �Dicho carn� especificar� el car�cter de persona con limitaci�n y el grado de limitaci�n moderada, severa o profunda de la persona.

Servir� para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente Ley.� Sin embargo, la protecci�n de la estabilidad reforzada no se circunscribe a las casos contemplados en la Ley 361 de 1997, pues jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha establecido que ella tambi�n procede, por aplicaci�n directa de la Constituci�n, frente a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

Al respecto, en varias sentencias de tutela tal Corporaci�n ha establecido las siguientes reglas: Es una garant�a que la Carta consagra con independencia de la modalidad de contrato, vale decir, que no es exclusiva de los contratos a t�rmino indefinido, �es igualmente aplicable la exigencia oponible al empleador por la cual �ste se encuentra llamado a obtener una autorizaci�n del inspector de trabajo cuando desee dar por terminada la relaci�n laboral con fundamento en la expiraci�n del t�rmino originalmente acordado o, atendiendo determinadas precisiones, en la culminaci�n de la obra para la cual el trabajador fue contratado.� (Sentencia T-936 de 2009).

Procede cuando la disminuci�n de la capacidad laboral surge en desarrollo del contrato, es decir, �no se encuentra restringida al caso espec�fico de quienes tienen la calidad de inv�lidos o discapacitados� sino que adem�s �Aquellos trabajadores que sufren una disminuci�n en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral, deben ser consideradas como personas que se encuentran en situaci�n de debilidad manifiesta, raz�n por la cual frente a ellas tambi�n procede la llamada estabilidad laboral reforzada, por la aplicaci�n inmediata de la Constituci�n� (Sentencia T-936 de 2009 � Subrayas ex texto).

Protege a los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. �Por ello, la Corte Constitucional ha protegido a los trabajadores que en el desarrollo de sus funciones sufren accidentes o enfermedades que disminuyen su capacidad laboral. La jurisprudencia ha concluido que el empleador se encuentra en la obligaci�n de reubicar a estos trabajadores y �cuando el patrono conoce del estado de salud de su empleado y estando en la posibilidad de reubicarlo en un nuevo puesto de trabajo, no lo hace, y por el contrario, lo despide sin justa causa, �implica la presunci�n de que el despido se efectu� como consecuencia de dicho estado, abusando de una facultad legal para legitimar su conducta omisiva�.

(Sentencia T-003 de 2010. Subraya la Sala). No precisa que exista calificaci�n previa de la discapacidad. �De manera que el margen de acci�n para garantizar dicha protecci�n, �no se limita entonces a quienes tengan una calificaci�n porcentual de discapacidad, basta que est� probado que su situaci�n del salud les impide o dificulta sustancialmente el desempe�o de sus labores en las condiciones regulares, sin la necesidad de que exista una calificaci�n previa que acredite su condici�n de discapacitados.� (Sentencia T-039 de 2010).

Consecuencialmente: Para dar por terminado el contrato a quienes se encuentren en estado de debilidad manifiesta por razones de salud, es necesario contar con la autorizaci�n previa del Ministerio de Protecci�n Social, hoy Ministerio del Trabajo. �El empleador tiene una facultad legal limitada para despedir al trabajador con discapacidad, aun cuando se le indemnice, por cuanto debe cumplir con el procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997.

El despido hecho en circunstancias de discapacidad, se torna ineficaz a menos que el empleador pruebe, ante la oficina del Trabajo, que no le es posible reubicarlo. De lo contrario, se presume que la terminaci�n laboral fue en raz�n de su enfermedad� (Sentencia T-003 de 2010, Subraya la Sala). Hay una presunci�n de que el despido ha sido en raz�n de la discapacidad si no se obtiene previamente dicha autorizaci�n. �En ese sentido, en aquellos casos en los que el juez de tutela encuentre acreditado que la terminaci�n del contrato de trabajo de quien ha sufrido mengua en su estado de salud no ha sido llevada a cabo con la autorizaci�n por parte de la autoridad administrativa, deber� dar aplicaci�n a la presunci�n antes referida en virtud de la cual se ha de asumir que la causa de dicha desvinculaci�n es, precisamente, la desmejora de su salud y, por consiguiente, de la disminuci�n de su capacidad laboral.� (Sentencia T-936 de 2009, Subraya la Sala).

La omisi�n de la autorizaci�n conlleva no solo el pago de la indemnizaci�n contemplada en el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997 sino tambi�n el restablecimiento del contrato y la reubicaci�n del trabajador. �En efecto, en virtud de la aplicaci�n directa de la Constituci�n, constituye un trato discriminatorio el despido de un empleado en raz�n de la enfermedad por �l padecida, frente a la cual procede la tutela como mecanismo de protecci�n. Para justificar tal actuaci�n no cabe invocar argumentos legales que soporten la desvinculaci�n como la posibilidad legal de despido sin justa causa.

El empleador tiene el deber de reubicar a los trabajadores que durante el transcurso del contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad f�sica� (Sentencia T-936 de 2010) �( ) el despido del trabajador de su empleo o terminaci�n del contrato de trabajo por raz�n de su limitaci�n, sin la autorizaci�n de la oficina de Trabajo, no produce efectos jur�dicos y s�lo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorizaci�n. En caso de que el empleador contravenga esa disposici�n, deber� asumir adem�s de la ineficacia jur�dica de la actuaci�n, el pago de la respectiva indemnizaci�n sancionatoria� (Sentencia C-531 de 2000, Subraya la Sala).

En consecuencia, as� como la estabilidad laboral reforzada se ampli� para las personas con afectaciones de su salud sin consideraci�n a una previa calificaci�n, igualmente evolucion� en considerar que no s�lo aplicaba para los contratos a t�rmino indefinido, sino tambi�n para aquellos de duraci�n espec�fica como los contratos de labor u obra y a t�rmino fijo situaci�n considerada por la Corte Constitucional en la sentencia T-449 de 2008, que adem�s fue objeto de an�lisis por dicha alta Corporaci�n, en sentencia T-225 de 20 de marzo de 2012. En aplicaci�n de lo anterior, vale decir, que es imperioso obtener una autorizaci�n por parte del Inspector del Trabajo para dar por terminado un contrato de trabajo, so pena que la terminaci�n del contrato de trabajo no produzca efectos jur�dicos, circunstancia no obsta para que en cualquier momento en que el trabajador que goce de incapacidad o se encuentre en estado de discapacidad, incurra en una justa causa de terminaci�n unilateral del contrato, pueda el empleador tramitar la aludida autorizaci�n de despido ante el respectivo inspector, por cuanto la protecci�n con que cuenta es relativa y no absoluta, lo cual fue as� considerado en sentencia T-263 de 2009 por la referida Corte Constitucional. Por lo tanto, para terminar el contrato de trabajo de un trabajador limitado f�sicamente, el empleador deber� solicitar previamente a la Direcci�n Territorial del Ministerio del Trabajo, el permiso para que autorice el despido con los soportes documentales que justifiquen el mismo, de forma tal que se tenga la certeza que el despido no obedece a su discapacidad; y en caso de incumplimiento del requisito se�alado, el despido ser� ineficaz, no produce ning�n efecto, y por tanto, deber� entenderse que el despido nunca se produjo, la relaci�n laboral siempre continu� vigente, as� como las obligaciones salariales, prestacionales y frente al Sistema de Seguridad Social se mantienen.

Pero adem�s de la ineficacia del despido, el legislador claramente se�al� la obligaci�n a cargo del empleador de asumir el pago de la indemnizaci�n de perjuicios equivalente a 180 d�as de salario. No obstante, en el caso concreto planteado por la parte apelante, se aduce que el contrato de trabajo con el demandante no fue terminado de manera unilateral por parte del empleador, sino que el mismo obedeci� a la propia voluntad de aquel, motivada por problemas de orden personal, tal y como se plasm� en la misiva de renuncia obrante a folio 26 del expediente, lo cual adem�s as� fue determinado en el contrato de transacci�n suscrito por las partes integrantes del contradictorio, situaci�n de la que se podr�a concluir que en el sub liteno podr�a darse aplicaci�n la protecci�n constitucional que emana de la estabilidad laboral reforzada, de acuerdo con lo explicado, ya que como se dijo esta depende del DESPIDO y no de la RENUNCIA VOLUNTARIA del empleado, caso en el cual deber� el trabajador demostrar que el hechode la dimisi�n no fue libre y voluntario, sino por el contrario, producto de la coacci�n o presi�n indebida, evento en el cual estar�amos frente a la figura del DESPIDO INDIRECTO, siendo procedente entonces la protecci�n laboral que trae la ley 361 de 1997, criterio que as� ha sido expuesto por la Corte Constitucional en sentencias T-381 de 2006 y T-674 de 2014.

Descendiendo al sub examine,de la prueba testimonial se logra inferir claramente que el actor no logr� acreditar que la renuncia por �l suscrita y allegada al plenario, fue producto de una coacci�n o fue inducida a fin de dar por sentado que la dimisi�n se encuentre viciada y con ello, determinar que se esta frente a un despido indirecto con el �nimo de aplicar los beneficios de la Ley 361 de 1997 por su estado de debilidad manifiesta, ello por cuanto los testigos tra�dos al proceso por la parte accionada, JES�S ANDR�S BUCHELI ERASO, DAR�O ANDR�S CEBALLOS ERASO, MARCELA CALLE URIBE y SONIA YOLIMA P�EZ JUNCO, quienes conocen de primera mano al actor y su desarrollo profesional en el ente bancario, afirman que la renuncia presentada por el promotor del contradictorio fue realizada en forma libre y voluntaria y que no les consta ning�n tipo de presi�n por parte del empleador en tal determinaci�n, situaci�n que no se logra desvirtuar con la testigo decretada en favor del demandante, MAR�A CRISTINA CABRERA MONCAYO, pues aquella al ser interrogada respecto de la forma de terminaci�n de la relaci�n laboral, expuso que no tiene conocimiento alguno de ese tema, lo que se refuerza con la confesi�n que sobre este punto realiza el demandante en el hecho 11 de la demanda, al exponer que fue el mismo quien solicit� al gerente de la entidadaccionada � sucursal Pasto � una negociaci�n para dar por terminada la relaci�n laboral, iniciativa que descarta la existencia del despido alegado por activa.

La coacci�n o inducci�n a la suscripci�n de la renuncia, tampoco puede acreditarse con la prueba documental arrimada al expediente, toda vez que la misma claramente indica que fue el actor quien suscribi� la referida misiva de terminaci�n voluntaria de la relaci�n laboral, lo cual adem�s se ratifica en el contrato de transacci�n y con lo expuesto por el propio demandante al momento de rendir su declaraci�n de parte, en donde claramente indica que fue aqu�l quien promovi� el tema de la terminaci�n del contrato laboral.

As� las cosas, resulta claro para la Sala que en el asunto de marras el actor incumpli� con su onus probandi, en cuanto a demostrar que en el presente asunto la terminaci�n del ligamen contractual obedeci� a un despido indirecto, lo cual hace jur�dicamente imposible aplicar en el sub lite lo dispuesto en el art�culo 26 de la Ley 361 de 1997, esto es, que la terminaci�n del contrato de trabajo del actor no produce efectos jur�dicos y es ineficaz, conclusi�n que no puede ser otra pese a verificarse que el estado mental del actor se encuentra disminuido por la patolog�a psicol�gica que el promotor del contradictorio presenta, puesto que el dictamen de p�rdida de capacidad laboral no indica per se, que el accionante sea incapaz para la toma de decisiones y con ello que su consentimiento o voluntad este viciada, pues en aplicaci�n del contenido normativo dispuesto en el art�culo 1503 del C�digo Civil, �toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces�.

Finalmente es menester para la Sala aclarar, que no puede darse en el presente escenario jur�dico aplicaci�n a lo definido por la H. Corte Constitucional en la sentencia T-217 de 2014, como en efecto lo hizo la a quo, ello por cuanto en primer lugar la acci�n de tutela por regla general, produce efectos inter partes y no erga omnes, tal y como lo ha se�alado el art�culo 48 de la Ley Estatutaria de la Administraci�n de Justicia � Ley 270 de 1996 �y en segundo lugar, por cuanto aunque en el referido fallo constitucional dicho �rgano de cierre establece unas sub reglas para el caso espec�fico de terminaci�n de una relaci�n laboral �DE MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES�, para el trabajador que goce de estabilidad laboral reforzada por razones de salud f�sico o mental, tal evento no es el que concita la atenci�n de la Sala, puesto que lo que en el asunto de marras se presenta la renuncia voluntaria del trabajador amparado con la referida estabilidad laboral, como ya fue decantado en antecedencia. CONCLUSI�N. Corolario de lo expuesto, la Sala revocar� en su integridad la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, dentro de la Audiencia P�blica llevada a cabo el 29 de septiembre de 2016, para en su lugar absolver a la parte demandada de las suplicas incoadas en el libelo introductor, declarando como probada la excepci�n de m�rito propuesta por pasiva denominada �INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS y COBRO DE LO NO DEBIDO�.

COSTAS. Respecto de las costas de primera y segunda instancia, la Sala aclara que la a quo mediante auto de 07 de septiembre de 2016 (Fl. 193), concedi� en favor del demandante, parte vencida en juicio, amparo de pobreza, raz�n por la cual la condena por este concepto resulta ser improcedente. DECISI�N La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, administrando Justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR en forma �ntegra la sentencia proferida dentro del presente proceso por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, dentro de la Audiencia P�blica llevada a cabo el 29 de septiembre de 2016 objeto de apelaci�n, por las razones jur�dicas y probatorias expuestas en la parte motiva de este prove�do, para en su lugar:

SEGUNDO. ABSOLVER alBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A � �BBVA�, debidamente representado en el presente asunto, de todas y cada una de las pretensiones formuladas en el libelo introductorio por el demandante JAMM, de notas conocidas en autos, conforme a lo considerado en la parte motiva de estasentencia.

TERCERO. DECLARAR PROBADA la excepci�n de m�rito propuesta por pasiva de la litis denominada �INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS y COBRO DE LO NO DEBIDO�, conforme las explicaciones dadas en antecedencia.

CUARTO. SIN LUGAR A CONDENAR EN COSTAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA en contra de la parte demandante, JAMM, en observancia al aparo de pobreza a �l concedido. NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE. La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesi�n de esta fecha seg�n acta No. y se notifica a las partes en ESTRADOS. Se declara surtida la presente audiencia y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

JUAN CARLOS MU�OZ Magistrado Ponente. CLARA IN�S L�PEZ D�VILA CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ Magistrada. Magistrada. JAMES RODR�GUEZ ROSERO Secretario Sala Laboral T-780 de 2008, T-1046 de 2008, T-936 de 2009, T-003 de 2010, T-039 de 2010, entre otras. "( ) En los contratos laborales celebrados a t�rmino definido en los que est� inmerso un sujeto de especial protecci�n y en los que el objeto jur�dico no haya desaparecido, no basta con el vencimiento del plazo � de la pr�rroga para dotar de eficacia la terminaci�n unilateral del contrato, sino que, es obligaci�n del patrono acudir ante Inspector del Trabajo para que sea �ste quien, en aplicaci�n del principio constitucional de la primac�a de la realidad sobre las formas, determine si la decisi�n del empleador se funda en razones del servicio, como por ejemplo el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles, y no en motivos discriminatorios, sin atender a la calificaci�n que formalmente se le haya dado al v�nculo laboral.� �( )� �En s�ntesis, la estabilidad laboral reforzada ha sido un tema de relevancia constitucional y su fin es asegurar que el trabajador en estado debilidad manifiesta no est� expuesto en forma permanente a perder su trabajo poniendo en riesgo su propio sustento y el de su familia, por ello el t�rmino pactado para la duraci�n de la labor contratada pierde toda su relevancia cuando es utilizado como causa leg�tima por el empleador para ocultar su posici�n dominante y arbitraria en la relaci�n laboral ejerciendo actos discriminatorios contra personas particularmente vulnerables y en condiciones de debilidad manifiesta.

Tal deber constitucional limita o restringe la autonom�a empresarial y privada imponiendo cargas solidarias de garantizar la permanencia no indefinida pero si acorde con la situaci�n de debilidad sufrida por el trabajador. �En efecto, si bien en el ejercicio de la voluntad de las partes y el desarrollo de la actividad empresarial los patronos pueden optar por la modalidad contractual de limitar por tiempo definido sus contratos y someterlos al cumplimiento de la labor u obra, esta facultad se ve delimitada por normas constitucionales que tutelan el derecho constitucional a la estabilidad laboral reforzada, para aquellos grupos de especiales condiciones. �Con todo, esta estabilidad no supone que el trabajador sea inamovible, pues una vez se presenten causales objetivas (situaciones de indisciplina, ineficiencia y bajo rendimiento) que autorizan a la terminaci�n unilateral del contrato de trabajo, deben ser observadas las reglas propias del debido proceso que son exigibles a los particulares, garantiz�ndose concretamente el derecho a la defensa, que exige del empleador informar los motivos que originaron el despido y reconoce al trabajador la posibilidad de controvertir las razones aludidas.

Pero en todo caso como se explic� en el aparte anterior si el trabajador se encuentra en una situaci�n de protecci�n especial debe mediar autorizaci�n de la autoridad del trabajo so pena de la ineficacia de tal despido�. �( ) La jurisprudencia constitucional ha se�alado que cuando la relaci�n laboral depende de un contrato de trabajo a t�rmino fijo o de obra o labor contratada, el vencimiento del t�rmino de dicho contrato o la culminaci�n de la obra, no significan necesariamente una justa causa para su terminaci�n. De este modo, en todos aquellos casos en que (i) subsistan las causas que dieron origen a la relaci�n laboral y (ii) se tenga que el trabajador ha cumplido de manera adecuada sus funciones, el trabajador tiene el derecho de conservar su trabajo aunque el t�rmino del contrato haya expirado o la labor haya finiquitado�. �(�) Para dar por terminado, de mutuo acuerdo, un contrato laboral con un trabajador que goza de estabilidad laboral reforzada por razones de salud f�sica o mental, el empleador debe (i) acudir al inspector de trabajo a solicitar permiso;

(ii) dar a conocer a la autoridad las razones por las cuales al trabajador se encuentra en una situaci�n de debilidad manifiesta, y (iii) cerciorarse de que el trabajador conozca las protecciones que le otorga la Constituci�n y la ley por su especial condici�n de salud. Una vez el inspector del trabajo llegue al conocimiento de tales circunstancias, deber� decidir si autoriza o no el despido del trabajador�.

(T-217de 2014).     Tribunal Superior de Pasto � Sala Laboral � Proceso Ordinario No. 2016-00050-01(573) Magistrado Ponente: Juan Carlos Mu�oz. P�gina  PAGE 1 de  NUMPAGES 14 ORALIDAD Ley 1149 de 2007 589CDbcnovw����������� � � � # ) �������������������ǫ����sfYfh�_Eh�/�CJ^JaJh�_Eh�CJ^JaJh�_EhGu�5�CJ^JaJh�_Eh�15�CJ^JaJh�_Eh�"�5�CJ^JaJh�_Eh�>l5�CJ^JaJh�_Eh�t�5�CJ^JaJh�_Eh�V�5�CJ^JaJh�_Eh�aj5�CJ^JaJh�_EhF@�5�CJ^JaJh�_Ehcv�5�CJ^JaJh�_Ehow�5�CJ^JaJ � � 2?@Ul�� !.����������������$ & F�dh^�a$gd')dm$ $dha$gd')dm$ $dha$gd')dm$ dhgd')dm$dhgd')d $dha$gd')d �rDdhgd')dm$$ � d&d P�� a$gd')dm$) z | � � � �  - 9 M S Z � � � � � � � � �  # ���̿�����~�~qd~W~�WJ�JW�h�_Eh s&CJ^JaJh�_Eh�t(CJ^JaJh�_EhL5!CJ^JaJh�_EhuSCJ^JaJh�_Eh�O�CJ^JaJh�_Eh�7CJ^JaJh�_Eh�c_CJ^JaJh�_Eh�e)CJ^JaJh�_Eh�/�CJ^JaJh�_Eh�wCCJ^JaJh�_Eh�TCJ^JaJh�_Eh��CJ^JaJh�_Ehy �CJ^JaJh�_Eh$zpCJ^JaJ# ) 4 N � � � � � � % ) 3 9 � � � ���̿�����r�r�aL@h')dh�T�5�mH sH (he2z5�CJOJQJ\�^JaJmH sH !h�_Eh�v\B*CJ^JaJph!h�_Eh�0B*CJ^JaJph!h�_Eh��B*CJ^JaJph!h�_Eh$zpB*CJ^JaJphh�_Eh�0CJ^JaJh�_Eh�v\CJ^JaJh�_Eh�-�CJ^JaJh�_Eh$zpCJ^JaJh�_Eh�t(CJ^JaJh�_Eh�7CJ^JaJh�_Eh9 fCJ^JaJ?@AUl�������������������ӽᱣ�������zgTATAgTg$h6eh�P�CJOJPJQJ^JaJ$h6eh;$�CJOJPJQJ^JaJ$h6eh�T�CJOJPJQJ^JaJ h6eh�T�CJOJQJaJh')dh�T�5�PJ^Jh')dh�"�5�>*PJ^Jh')dh�T�5�>*PJ^Jh')dh�T�5�mH $sH $+jh')dh�.�5�UmHnHsH $tH $uh')dh;$�5�H*mH $sH $h')dh�T�5�mH sH #jh')dh')d5�UmHnHu�����#4HYimo~������KT�����뮚��s_s_��L�; h6eh�T�CJOJPJQJaJ$h6eh�0�CJOJPJQJ^JaJ'h6eh;$�5�CJOJPJQJ^JaJ'h6eh20A5�CJOJPJQJ^JaJ$h6eh20ACJOJPJQJ^JaJ'h6ehrW�5�CJOJPJQJ^JaJ$h6eh�T�CJOJPJQJ^JaJ*h6eh�T�5�CJOJPJQJ\�^JaJ'h6eh�T�CJOJPJQJ\�^JaJ'h6eh�T�5�CJOJPJQJ^JaJ !./3���� ���˻���mYE�2$h6eh�i�CJOJPJQJ^JaJ'h6eh��5�CJOJPJQJ^JaJ'h6eh5�CJOJPJQJ^JaJ$h6ehCJOJPJQJ^JaJ$h6eh�T�CJOJPJQJ^JaJ'h6eh�3 5�CJOJPJQJ^JaJ'h6eh�0�5�CJOJPJQJ^JaJ h6eh�T�5�CJOJQJaJ h6eh�0�5�CJOJQJaJ#h6eh�T�5�CJOJPJQJaJ#h6eh�0�5�CJOJPJQJaJ./ST[\�I�_ _ 1 � � � 9!:!������������������$��dh^��a$gd')dm$$ & F���;�dh^��`�;�a$gd')dm$$���;�dh^��`�;�a$gd')dm$$ & F���;�dh^��`�;�a$gd')dm$ $dha$gd')dm$����'Z���  ��Dz��s^I4(h6eh�CJOJQJ^JaJmH $sH $(h6eho0>CJOJQJ^JaJmH $sH $(h6eh�>CJOJQJ^JaJmH $sH $(h6ehd �CJOJQJ^JaJmH $sH $(h6eh�CCJOJQJ^JaJmH $sH $(h6eh:w CJOJQJ^JaJmH $sH $(h6eh�^vCJOJQJ^JaJmH $sH $$h6eh#v_CJOJPJQJ^JaJ$h6ehsCJOJPJQJ^JaJ$h6eh 5KCJOJPJQJ^JaJ RT[������� ��Ƴ���zgTA2A h6eh�)CJOJQJaJ$h6eh�}�CJOJPJQJ^JaJ$h6eh�]�CJOJPJQJ^JaJ$h6ehc�CJOJPJQJ^JaJ$h6eh�3 CJOJPJQJ^JaJ$h6eh�"�CJOJPJQJ^JaJ$h6eh2�CJOJPJQJ^JaJ$h6eh�T�CJOJPJQJ^JaJ'h6eh�T�5�CJOJPJQJ^JaJ h6eh�T�CJOJQJaJ,h6eh'?�CJOJPJQJ^JaJmH sH  '- ]hw�)GH��Ǵǡǡ��lY�YF3$h6eh�w�CJOJPJQJ^JaJ$h6eha1~CJOJPJQJ^JaJ$h6eh�S CJOJPJQJ^JaJ$h6eh~9CJOJPJQJ^JaJ$h6eh�q�CJOJPJQJ^JaJ h6eh�G�CJOJQJaJ$h6eh�G�CJOJPJQJ^JaJ$h6eh�b�CJOJPJQJ^JaJ$h6eh. 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