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Preside el acto quien les habla CLAUDIA CECILIA TORO RAMIREZ. A continuaci�n la Sala procede a dictar la siguiente, SENTENCIA La se�ora SANDRA JANETH RODRIGUEZ ERAZO, actuando por intermedio de apoderado judicial present� demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de la CAJA DE PREVISI�N SOCIAL DE COMUNICACIONES � CAPRECOM, para que se declare en virtud del principio de primac�a de la realidad sobre las formalidades, la existencia de dos contratos de trabajo entre el 1� de junio de 2011 y el 16 de julio de 2012 y entre el 1� al 31 de agosto de 2012 y como consecuencia de ello aplicar el plazo presuntivo contemplado en el art�culo 40 del Decreto 2127 de 1945 y condenar al ente accionado al pago de salarios dejados de percibir, cesant�as, intereses a las cesant�as, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, sanci�n por no consignaci�n de cesant�as, indemnizaciones por despido injusto y moratoria, costas y agencias en derecho, haciendo uso de las facultades ultra y extra petita en el reconocimiento de derechos laborales, pretensiones que fundamenta en los hechos que se relacionan a continuaci�n: Que la actora prest� sus servicios personales a favor de la CAJA DE PREVISI�N SOCIAL DE COMUNICACIONES �CAPRECOM�, en dos per�odos; el primero desde el 1� de junio de 2011 hasta el 16 de julio de 2012, y el segundo entre el 1� y el 31 de agosto de 2012, por intermedio de �COOPSERPROCON C.T.A� desempe��ndose como enfermera jefe, desarrollando labores tales como; prestar servicios en consulta externa, urgencias, observaci�n y TRIAGE; entrega de residuos hospitalarios a EMAS; supervisi�n, registro y elaboraci�n de informes respecto de los programas desarrollados, realizar cronograma de turnos de personal, actividades y charlas educativas, toma de laboratorios y procedimientos, entre otras; labores que desarroll� en las instalaciones de la C�rcel Judicial de Pasto con un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m., de lunes a viernes y los s�bados de 8:00 a.m. a 12:00 m., teniendo disponibilidad de 24 horas para realizar �TRIAGE�, acatando las �rdenes impartidas por sus superiores, quienes se encontraban adscritos a la entidad demandada.
Pese a haberse efectuado en debida forma la notificaci�n del auto admisorio de la demanda (folio 77), la entidad accionada contest� extempor�neamente y en consecuencia, mediante auto del 21 de agosto de 2015, el Juzgado de Conocimiento tuvo por no contestada la misma. DECISION DE PRIMERA INSTANCIA Surtidas las etapas procesales el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto profiri� sentencia calendada el 16 de noviembre de 2016, declarando la existencia de un contrato de trabajo que se verific� entre el 1� de junio de 2011 y el 31 de agosto de 2012, condenando consecuencialmente a la accionada al reconocimiento y pago de salarios insolutos, auxilio de cesant�as, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, indemnizaci�n por despido injusto e indemnizaci�n moratoria a partir del 15 de enero de 2013, hasta que se verifique el pago total de las acreencias reconocidas.
La conden� en costas procesales, absolvi�ndola de los dem�s pedimentos de la acci�n. Para llegar a la anterior conclusi�n, el a quo consider� que dentro del presente asunto se demostr� la existencia de los elementos configurativos del contrato de trabajo entre las partes del contradictorio, desempe�ando la actora el cargo de enfermera jefe en el Centro Penitenciario INPEC del Municipio de Pasto, el cual termin� sin que mediara justa causa, dando lugar a establecer el plazo presuntivo de 6 en 6 meses, correspondiendo a la demandada pagar los salarios del tiempo faltante para cumplir dicho plazo presuntivo, es decir hasta el 30 de noviembre de 2012.
Que la Cooperativa de Trabajo Asociado fue una simple intermediaria, determinando que las labores desarrolladas por la actora no se constitu�an en actividades de car�cter temporal, sino por el contrario, permanentes y duraderas. Respecto de la remuneraci�n percibida por la actora, el Juez advirti� que se hall� prueba de la existencia de la misma en vigencia de la relaci�n que existi� entre las partes, comprob�ndose que los valores percibidos a t�tulo de compensaciones y honorarios se constitu�an como tal.
APELACI�N Y GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA Inconforme con la decisi�n adoptada en primera instancia, la parte demandada interpuso recurso de apelaci�n indicando que se reconocieron derechos que no corresponden con escasos elementos probatorios, descalificando la tercerizaci�n de servicios que aplica para el caso en estudio. Que no hay lugar a reconocimiento del plazo presuntivo, toda vez que el mismo est� estipulado �nica y exclusivamente para los momentos en los cuales no se haya definido un plazo espec�fico.
Que su representada obr� de manera correcta toda vez que la contrataci�n tercerizada por cooperativas es legal al igual que la contrataci�n por servicios de acuerdo con la ley 80 de 1993. Que la finalizaci�n del contrato de trabajo se dio sin que exista una obligaci�n jur�dica de renovaci�n. En virtud de lo anterior, debe exonerarse a la entidad demandada de las condenas impuestas.
TR�MITE DE SEGUNDA INSTANCIA Al ser el prove�do estudiado adverso a las pretensiones de la CAJA DE PREVISI�N SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM, entidad descentralizada del orden nacional y de la cual la Naci�n es garante, esta Corporaci�n en cumplimiento a lo establecido en el art�culo 69 del CPTSS, admiti� el Grado Jurisdiccional de Consulta.
Surtido el tr�mite en segunda instancia, al no observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procedemos a decidir, previas las siguientes, CONSIDERACIONES PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JUR�DICOS. En virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de la persona jur�dica accionada, se procede a examinar la sentencia en los aspectos desfavorables, debiendo la Sala de Decisi�n establecer si entre las partes se configur� la existencia de un contrato de trabajo o si por el contrario, la prestaci�n del servicio por parte de la demandante a favor de la accionada genera otro tipo de vinculaci�n, debiendo verificar la procedencia de las condenas impuestas en el prove�do objeto de an�lisis.
EXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO. El fallador de primera instancia determin�, que en el plenario se encuentra acreditada la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, adem�s de verificar la calidad de trabajadora oficial de la actora, al considerar que los medios de prueba aportados, corroboran la existencia del v�nculo laboral alegado en la demanda, conclusi�n que implic� la condena al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones por despido sin justa causa y moratoria.
En este orden de ideas, cabe mencionar lo que esta Corporaci�n en forma por dem�s prolija ha sostenido respecto del deber probatorio que existe en cabeza de quien judicialmente procure la declaraci�n de derechos en su favor, pues el mismo se encuentra en la imperativa obligaci�n de acreditar en juicio los hechos en los que fundamenta sus pretensiones, en virtud del principio de la carga de la prueba, dispuesto en el art�culo 167 del CGP.
Ahora bien, el legislador defini� el contrato de trabajo en el art�culo 1� del Decreto 2127 de 1945, norma que en su art�culo 2� se�ala los elementos necesarios para la configuraci�n de una relaci�n de tipo laboral, operando igualmente la presunci�n de subordinaci�n contenida en el art�culo 20 ib�dem, tal y como lo ha sostenido la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia con radicaci�n No. 39.123 del 20 de mayo de 2015, siendo procedente establecer si en el plenario se encuentra debidamente acreditada la existencia de un contrato de trabajo entre los extremos de la litis, as� como resulta pertinente dilucidar la calidad de servidora de la demandante, por tal raz�n se procede a analizar si la citada cumpli� con su onus probandi.
PRESTACI�N PERSONAL DEL SERVICIO. Respecto de este elemento contractual, precisa la Sala que de acuerdo con los documentos que reposan entre folios 56 a 60 del expediente, no existe duda que la demandante prest� sus servicios como enfermera jefe en las dependencias de la IPS CAPRECOM, dentro del proyecto CAPRECOM � INPEC, lo que se corrobora con el dicho de las testigos SANDRA MILENA GARCES y MARIA SOFIA ARCOS, quienes al igual que la actora prestaron sus servicios al interior de la demandada y manifestaron que la se�ora RODRIGUEZ ERAZO, si bien fue vinculada a trav�s de la Cooperativa, cuya sede desconoc�an, deb�a rendir informes a la demandada, cumplir con sus labores al interior del Establecimiento Penitenciario en la IPS CAPRECOM de la ciudad de Pasto, dentro de un horario de 8:00 am a 12 m y de 2:00 a 6:00 pm, debiendo permanecer en disponibilidad, pues era la persona que atend�a las urgencias de los internos y en caso de que necesitara ausentarse de su sitio de trabajo, deb�a pedir permiso.
Probado como se encuentra este elemento, tal situaci�n implica la operancia en el sub judice de la presunci�n contenida en el art�culo 20 del Decreto 2127 de 1945, la cual admite prueba en contrario, por lo que le correspond�a a la parte accionada demostrar que dicha prestaci�n personal del servicio no se dio a su favor o si se present�, se hizo sin el elemento subordinaci�n. SUBORDINACI�N. Sobre este presupuesto edificador de la existencia de un contrato de trabajo entre los contendientes, debe advertir la Sala que no se logr� por parte de la accionada su desacreditaci�n, por cuanto las testigos SANDRA MILENA GARCES y MARIA SOFIA ARCOS, reconocieron que la demandante trabajaba en un horario de 8:00 am a 12 m y de 2:00 a 6:00 pm, debiendo permanecer en disponibilidad, para atender las urgencias de los internos y en caso de que necesitara ausentarse de su sitio de trabajo, solicitar permiso, adem�s deb�a rendir informes a la accionada.
Sumado a lo anterior, observa la Sala entre folios 57 a 59 la relaci�n de horas que deb�a cumplir la demandante, advirtiendo que el documento del folio 57 con logo de la demandada, dirigido a la doctora Betty Cecilia Bustamante, cuenta con una firma de recibido, que no fue tachado ni redarg�ido por la parte ante la cual se opuso y que por tanto constituye plena prueba.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala la presunci�n ficta no fue desvirtuada por la tra�da a juicio, evidenci�ndose que las labores desempe�adas por la actora en favor de la accionada no eran aut�nomas e independientes, de ah� que no sea de recibo para esta Sala de Decisi�n lo alegado por el apelante frente a la inexistencia del v�nculo de tipo laboral que se declar� dentro del presente asunto, cuando adem�s la accionada alega la validez de la vinculaci�n a trav�s de terceros, en este caso COOPSERPROCON CTA, pero v�ase como las testigos escuchadas en autos dan cuenta que dicha cooperativa no ten�a sede conocida y que todos los tr�mites para su vinculaci�n se hicieron a trav�s de CAPRECOM.
Dicho lo anterior, es claro que no pueden ser de recibo los argumentos esbozados por el apoderado judicial de la demandada en la sustentaci�n del recurso de alzada frente a la tercerizaci�n que alega es legal en nuestro pa�s, puesto que con lo probado en el proceso se evidencia que la Cooperativa de Trabajo Asociado fungi� como una simple intermediaria.
REMUNERACI�N En lo que ata�e a la remuneraci�n percibida por la actora, se tiene que en el plenario existen elementos demostrativos que corroboran la presencia de la remuneraci�n como tercer elemento de la relaci�n de trabajo, pues as� lo manifestaron las testigos; sin embargo, los documentos que reposan entre folios 23 a 32 del expediente, no pueden ser tenidos en cuenta por la Sala, al no operar respecto de los mismos la presunci�n de autenticidad contemplada en el inciso segundo del art�culo 244 del C�digo General del Proceso.
Pese a lo anterior, el �ltimo pago de n�mina efectuado a la actora que data del mes de julio de 2012 indica que la remuneraci�n cancelada a la citada fue de $2�061.679, mientras que para el 2011 percibi� como pago de n�mina la suma de $2�051.679, sumas estas que deber�n ser tenidas en cuenta por la Sala. EXTREMOS TEMPORALES Una vez definido el car�cter laboral de la relaci�n que at� a las partes en contienda, se hace necesario verificar si la vinculaci�n de la demandante comprendi� uno o m�s contratos de trabajo.
El Juez de Primera Instancia declar� la existencia de un Contrato de Trabajo entre el 1� de junio de 2011 al 31 de agosto de 2012 y de acuerdo con la prueba obrante a folio 56 del expediente, es posible concluir que la relaci�n laboral efectivamente inici� el 1� de junio de 2011, documento en el que adem�s se se�ala como fecha de terminaci�n de la misma el 16 de julio de 2012; sin embargo, en el oficio de folio 60 se le inform� a la demandante que su contrato concluir�a el 20 de julio de 2012 inclusive, siendo en consecuencia esta la fecha a tener en cuenta como de finalizaci�n de la relaci�n laboral, pues si bien entre folios 33 a 36 del expediente reposa un documento titulado orden de prestaci�n de servicios No. 102, en el cual se aduce como contratante a CAPRECOM y como contratista la ahora demandante, tambi�n lo es que el mismo no aparece suscrito por el director de la demandada, por manera que dicho documento no podr� ser tenido en cuenta por las mismas razones indicadas en precedencia. En consecuencia habr� de modificarse la sentencia objeto de apelaci�n y consulta en este punto.
CALIDAD DE TRABAJADORA OFICIAL DE LA DEMANDANTE. Resulta necesario establecer que como la demandada ostenta la naturaleza jur�dica de Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio de la Protecci�n Social, raz�n por la cual por regla general, sus servidores ostentan la calidad de trabajadores oficiales conforme lo precept�a el inciso 2� del art�culo 5� del Decreto 3135 de 1968 y por excepci�n, los estatutos de dichas empresas precisar�n qu� actividades de direcci�n o confianza deban ser desempe�adas por personas que tengan la calidad de empleados p�blicos.
Al respecto se precisa, que el cargo de ENFERMERA JEFE desempe�ado por la actora, corresponde a la categor�a de trabajador oficial. PROCEDENCIA DE LAS CONDENAS EMITIDAS EN PRIMERA INSTANCIA En virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de la entidad demandada, procede la Sala a analizar la procedencia de las condenas impuestas en primera instancia. SALARIOS ADEUDADOS.
El fallador de instancia determin� la viabilidad de esta pretensi�n, condenando al ente accionado a pagar a la actora la suma de $3�060.000,00. No obstante en el plenario, se advierte entre folios 41 y 42 el pago de n�mina por ese rubro, en consecuencia habr� de revocarse la condena impuesta en tal sentido. AUXILIO DE CESANT�A. El fallador de instancia determin� la viabilidad de esta pretensi�n, condenando al ente accionado a pagar al actor la suma de $2�595.633,00.
De acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del art�culo 17 de la Ley 6� de 1945 y por los art�culos 1� y 2� del Decreto 1160 de 1947, art�culo 13 de la Ley 344 de 1996, el Decreto 1045 de 1978 y dem�s normas concordantes, a la demandante le rige el sistema anualizado de cesant�as y tiene derecho a que se le reconozca a raz�n de un mes de salario por a�o completo de servicios y proporcionalmente por fracci�n, tomando como base el �ltimo salario de cada anualidad, si �ste no hubiere sido variable, o el promedio de lo devengado en el �ltimo a�o de servicios o en el t�rmino menor a un a�o, si el tiempo de servicios fuere inferior.
As� las cosas, siendo que en el plenario no milita ninguna prueba de su pago y despu�s de realizar las operaciones matem�ticas correspondientes en la forma como se indica en el anexo �nico que hace parte de la presente decisi�n, se obtiene como monto por este concepto la suma total de $2�171.216, guarismo que resulta inferior al liquidado en primera instancia, motivo por el cual se modificar� en este aspecto la sentencia que se revisa.
COMPENSACI�N EN DINERO DE VACACIONES. El Decreto 3135 de 1968, en su art�culo 8, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, estableci� que los trabajadores oficiales disfrutar�an de 15 d�as de vacaciones por cada a�o de servicios prestados. A su vez, el art�culo 1� de la Ley 995 de 2005, se�ala que �Los empleados p�blicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por a�o cumplido, tendr�n derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado.� En consecuencia, la demandante tiene derecho al reconocimiento de la compensaci�n en dinero de las vacaciones, puesto que no se acredit� en el plenario que las haya disfrutado en tiempo, por lo tanto, tomando como base el salario devengado a la terminaci�n del contrato de trabajo y los factores se�alados en el Decreto 1045 de 1978, le corresponde a la actora por este concepto la suma total de $1�130.487,32, guarismo inferior al impuesto como condena por el Juez de Primera Instancia, en consecuencia se modificar� en este punto la decisi�n apelada y consultada.
PRIMA DE VACACIONES. La demandante tiene derecho al reconocimiento de la prima de vacaciones, puesto que no se acredit� en el plenario que el empleador las haya reconocido, en consecuencia, tomando como base el salario devengado, le corresponde a la actora por este concepto la suma total de $1�130.487,32, valor que resulta ser inferior al definido en primera instancia, raz�n por la cual se modificar�.
PRIMA DE NAVIDAD. Con arreglo a los art�culos 11 del Decreto 3135 de 1968 y 51 del Decreto 1848 de 1969 y el Decreto 1045 de 1978, todos los empleados p�blicos y trabajadores oficiales tienen derecho a una prima de navidad equivalente a un (1) mes del salario correspondiente al cargo desempe�ado a 30 de noviembre de cada a�o, prima que se pagar� en la primera quincena del mes de diciembre.
Cuando el empleado p�blico o trabajador oficial no hubiere servido durante el a�o completo, tendr� derecho a la mencionada prima de navidad en proporci�n al tiempo laborado, a raz�n de una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidar� con base en el �ltimo salario devengado o el promedio si fuere variable. De acuerdo con lo anterior, la demandante ostenta el derecho al reconocimiento de esta prestaci�n, la cual realizadas las operaciones matem�ticas correspondientes, asciende a la suma de $2�227.652,00, que resulta inferior a la liquidada en primera instancia, motivo por el cual se modificar� la condena en tal sentido.
INDEMNIZACI�N POR DESPIDO INJUSTO. Al respecto se�ala la Sala, que acreditado como se encuentra que entre las partes existi� un contrato de trabajo, conforme lo reglamentan los art�culos 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945, el mismo se entiende a t�rmino indefinido y por ello, pactado por seis meses y prorrogados en las mismas condiciones por per�odos iguales; es decir, de seis en seis meses, �( ) por el solo hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios al patrono, con su consentimiento, expreso o t�cito, despu�s de la expiraci�n del plazo presuntivo ( )� Por lo tanto, conforme lo reglamenta el art�culo 51 del mencionado Decreto 2127 de 1945, de no existir justa causa comprobada, hay lugar a reconocer como indemnizaci�n el valor de los salarios correspondiente al tiempo que faltaba para cumplirse el plazo presuntivo.
Descendiendo al caso en estudio, es claro para la Sala que la terminaci�n del contrato con la demandante no obedeci� a ninguna de las causales previstas como justas en el referido Decreto 2127 de 1945, en concordancia con el Decreto 2351 de 1945, pues ello se dio frente al vencimiento del plazo contractual pactado en los supuestos contratos de prestaci�n de servicios, lo cual no es una justificaci�n atendible, m�s a�n cuando con lo vertido en antecedencia, dicho tipo de contrataci�n se entiende desnaturalizado, inclusive los plazos pactados, pues la verdadera modalidad de la vinculaci�n entre las partes era laboral, raz�n por la que su duraci�n se entiende indefinida y por tanto, con la presunci�n del plazo de seis en seis meses.
Como el contrato de trabajo inici� el 1� de junio de 2011, ello implica que aplicando el plazo presuntivo respectivo, dicha contrataci�n deb�a tener una vigencia hasta el 30 de noviembre de esa misma anualidad; prorrog�ndose en una primera oportunidad por seis meses, es decir, hasta el 31 de mayo de 2012 y en una segunda ocasi�n hasta el 30 de noviembre de 2012 y como la vinculaci�n laboral feneci� el 20 de julio de 2012, ello significa 4 meses y diez d�as para la culminaci�n. Siendo as� las cosas, despu�s de realizar las operaciones matem�ticas correspondientes, la sanci�n por este concepto asciende a la suma de $9�621.169,00, monto superior al impuesto por el Juez de Primera Instancia. No obstante lo anterior, por llevarse a cabo el tr�mite de Consulta en favor de la accionada, se mantendr� la condena impuesta por el a quo.
INDEMNIZACI�N MORATORIA. En la sentencia objeto de estudio, el a quo se�al� que proced�a la sanci�n moratoria regulada en el art�culo 1� del Decreto 2127 de 1945, al considerar que el empleador no acredit� razones ser�as y atendibles en la omisi�n del pago de las prestaciones y salarios adeudados sino solo en el argumento esbozado en su defensa frente a la inexistencia de una relaci�n laboral entre las partes.
Al respecto debe se�alarse, que el art�culo 1� del Decreto 797 de 1949 concede un per�odo de gracia de noventa (90) d�as que se han de entender h�biles, tal y como lo ha determinado la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Laboral, en sentencia de 03 de agosto de 2010, radicaci�n No. 39727, a las entidades que ocupen trabajadores oficiales, para poner a su disposici�n todos los valores que por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones se hallen insolutos en el momento en que termine el contrato de trabajo, si vencido dicho t�rmino el empleador no realiza el pago empieza a correr la mora a su cargo, seg�n lo expuesto por nuestra superioridad en reiterada jurisprudencia entre otras, en sentencia de 30 de abril de 2013 radicaci�n No. 45.765.
En tal sentido, le corresponde a esta Sala determinar si la trabajadora logr� demostrar la existencia de un cr�dito insoluto a su favor por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a cargo de la demandada, y si, por su parte el empleador, luego del vencimiento de los 90 d�as h�biles del per�odo de gracia logr� acreditar que pag� o que existen circunstancias que justifiquen su conducta, para exonerarlo de la imposici�n de la condena por indemnizaci�n moratoria que reclama el actor.
En el sub lite, se tiene demostrado que la parte demandada adeuda a favor de la actora sumas de dinero por concepto de acreencias laborales, as� como tambi�n la inexistencia en el plenario de prueba que demuestre que luego de vencidos los 90 d�as h�biles de gracia contados a partir de terminada la relaci�n laboral, el empleador haya liquidado y cancelado los valores que por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones adeudaba a favor de la demandante, utilizando como fundamento de la apelaci�n la validez del contrato de servicios suscrito con la Cooperativa de Trabajo Asociado �COOPSERPROCON CTA�, tesis que no pueden acogerse como base justificante de la mora en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a favor de la actora, toda vez que la contrataci�n con este tipo de entidades, en la forma en la que se present� en el sub lite implica disfrazar una real vinculaci�n laboral, aspecto al que se refiri� la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 06 de diciembre de 2006, dentro del proceso radicado con el n�mero 25713, Magistrado Ponente doctor Gustavo Jos� Gnecco Mendoza.
Importa resaltar por la Sala, lo se�alado por la Corte Suprema de Justicia � Sala de Casaci�n Laboral en sentencia de 23 de febrero de 2010, Rad. No. 36506, en la que concluy�, que demostrada la subordinaci�n y continuada dependencia de un contratista, la excusa o el argumento de defensa referente a la buena fe por estar convencida de la inexistencia del mismo carece de validez, pues no puede avalarse la utilizaci�n de figuras legales para ocultar un v�nculo, que de acuerdo con el objeto social de una entidad, es necesario para su desarrollo normal; en consecuencia, debe siempre imponerse la sanci�n antedicha por el incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales y rubros laborales derivados del v�nculo laboral, postura reiterada en sentencia de 1� de marzo de 2011, radicaci�n 40.206.
Aplicando tales razonamientos al thema decidendum, claramente se advierte que en el presente caso el actuar de la entidad patronal no constituye una raz�n seria y atendible que justifique su conducta omisiva, por tanto es ineludible fulminar condena por concepto de sanci�n moratoria, la cual corresponde a un d�a de salario por cada d�a de mora �nicamente a partir del d�a 90 h�bil siguiente a la terminaci�n del contrato de trabajo, que se produjo el 20 de julio de 2012 en un valor de $68.723,00, indemnizaci�n que correr� desde el 30 de noviembre de 2012.
Sin embargo, se mantendr� el monto y fecha de causaci�n indicados en primera instancia por ser m�s favorables a la entidad demandada. Por �ltimo, debe tener en cuenta la Sala que por virtud del Decreto 2192 de 2016 el plazo para culminar la liquidaci�n de CAPRECOM EICE fue el 27 de enero de 2017, el que se verific� con el �acta final del proceso liquidatorio� del 27 de enero de 2017, publicada en el diario oficial No 50129 de igual fecha, empero, como quiera que el citado Decreto 2192 en su art�culo 2 preceptu� que �se podr� constituir fiducia mercantil por la cual se trasfieran los activos remanentes de la liquidaci�n, a fin de que sean enajenados y su producto sea destinado a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidaci�n�, entidad fiduciaria que ser� la Fiduciaria la Previsora S.A, resulta pertinente adicionar el numeral SEXTO a la sentencia de primer grado en el sentido de que la condena ante la liquidaci�n y extinci�n de CAPRECOM sea asumida por la entidad fiduciaria que se constituya para el efecto con arreglo al Decreto anteriormente citado.
COSTAS. En aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 365 del CGP, se tiene que dadas las resultas de la alzada y del grado jurisdiccional de consulta, no hay lugar a condenar en costas en esta instancia. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, administrando Justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley.
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto dentro de la Audiencia P�blica llevada a cabo el 16 de noviembre de 2016, los cuales quedar�n as�: �PRIMERO: DECLARAR que entre SANDRA JANETH RODRIGUEZ ERAZO de notas civiles acreditadas en juicio en su calidad de trabajadora y la CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM, existi� un contrato de trabajo vigente entre el 1� de junio de 2011 y el 20 de julio de 2012 que termin� por causa atribuible a la empleadora de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.� �SEGUNDO: CONDENAR a la demandada CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM a pagar a la demandante SANDRA JANETH RODRIGUEZ ERAZO, las siguientes sumas de dinero por los conceptos que se detallan a continuaci�n: $2�171.216 por concepto de auxilio de cesant�as. $1�130.847,32 por concepto de vacaciones $1�130.487,32 por prima de vacaciones $2�227.652,25 por prima de navidad. $5�955.000 por indemnizaci�n por despido injusto.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo dem�s la sentencia objeto de apelaci�n y consulta.
TERCERO. Sin costas en esta instancia por no haberse causado.
CUARTO. ADICIONAR el numeral SEXTO a la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, dentro de la Audiencia P�blica llevada a cabo el 16 de noviembre de 2016, objeto de apelaci�n y consulta, de conformidad a la parte motiva de esta decisi�n, en el sentido de: �SEXTO: Las condenas impuestas en la presente sentencia ser�n asumidas por la entidad fiduciaria administradora del patrimonio aut�nomo que se constituya en virtud de lo establecido en el art�culo 2 del Decreto 2192 del 28 de diciembre de 2016�.
NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE. La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesi�n de esta fecha seg�n acta No. y se notifica a las partes en ESTRADOS. Se declara surtida la presente audiencia y en constancia se firma por los que en ella intervinieron. CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ Magistrada Ponente JUAN CARLOS MU�OZ CLARA INES LOPEZ DAVILA Magistrado Magistrada JAMES RODR�GUEZ ROSERO Secretario Sala Laboral LIQUIDACION CESANTIAS PERIODODIASSALARIO BASETOTAL CESANTIASDESDEHASTA01/06/201131/12/2011210$2.051.679,00 $1.025.839,50 01/01/201220/07/2012200$2.061.679,00 $1.145.377,22 TOTAL$ 2.171.216,72 PRIMA DE NAVIDAD PERIODODIASSALARIO BASETOTAL PRIMA DE NAVIDADDESDEHASTA01/06/201131/12/2011210$2.051.679,00 $1.196.812,75 01/01/201230/06/2012180$2.061.679,00 $1.030.839,50 TOTAL$ 2.227.652,25 VACACIONES COMPENSADAS PERIODODIASSALARIO BASEVACACIONESDESDEHASTA01/06/201120/07/2012390$2.061.679,00$1.130.487,32 TOTAL$1.130.487,32 INDEMNIZACION POR DESPISO INJUSTO INDEMNIZACION MORATORIA SALARIO BASEINDEMNIZACION$2.061.679,00$9.621.168,67 SALARIO BASEMORATORIA DIARIA$2.061.679,00$68.723,00 CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ Magistrada Ponente JUAN CARLOS MU�OZ CLARA INES LOPEZ DAVILA Magistrado Magistrada �(�) la relaci�n jur�dica entre el trabajador y el patrono, en raz�n de la cual quedan obligados rec�procamente, el primero, a ejecutar una o varias obras o labores, o a prestar personalmente un servicio intelectual o material, en beneficio del segundo y bajo su continuada dependencia y este �ltimo a pagar a aquel cierta remuneraci�n.� �a- La actividad personal del trabajador; b- La dependencia del trabajador respecto del patrono y c- El salario como retribuci�n del servicio.� "El contrato de trabajo se presume entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe y aprovecha; corresponde a este �ltimo destruir la presunci�n� Proceso Ordinario Laboral No. 52001310500120140043001 Magistrada Ponente Dra. CLAUDIA CECILIA TORO RAM�REZ PAGE P�gina PAGE15 de NUMPAGES15 LM����� I J R i � � - G h �����ײ��y�y�fSf�@�f�$h��h.I�CJOJPJQJ^JaJ$h��h�\�CJOJPJQJ^JaJ$h��h6aqCJOJPJQJ^JaJ$h��h\w8CJOJPJQJ^JaJ$h��h�CJOJPJQJ^JaJ$h��hxWCJOJPJQJ^JaJ'h��h�5�CJOJPJQJ^JaJ!h4=5�CJOJPJQJ^JaJ'h��h�e�5�CJOJPJQJ^JaJ'h��hxW5�CJOJPJQJ^JaJc d � � � � � � NO�������������������������� $dha$gd�=m$ $dh*$a$gd�= $dha$gd�=$ �rDdha$gd�= $dha$gd�=$d&d P�� a$gd�=h i k � � � a b c d � � � ���Ǵ��{cK/K7jh�Ch�=5�CJ OJQJU^JaJ mHnHu.h�Ch�=5�CJ OJQJ\�^JaJ mH sH /h��hA �5�6�H*OJQJ\�]�^JmH $sH $$h��h�n1CJOJPJQJ^JaJ$h��h��CJOJPJQJ^JaJ$h��h��CJOJPJQJ^JaJ$h��h�B2CJOJPJQJ^JaJ$h��h�&KCJOJPJQJ^JaJ$h��hxWCJOJPJQJ^JaJ$h��h�YrCJOJPJQJ^JaJ � � � � � � � � � � � ��®��r�r�`N *OJPJQJ^J"h��h� �5�>*OJPJQJ^J"h��h�u�5�>*OJPJQJ^J"h��h� *OJPJQJ^J&h��hs&)5�OJQJ\�^JmH $sH $&h��h� *OJPJQJ^J"h��h�\�5�>*OJPJQJ^J ����������� ,-/eops{����ó���wh�w��hX�Iw�: h��h� !K!t!w!�!�!��������v�i\i\i\i\i\i\iOi\i\i\h��h��OJQJ^Jh��h= nOJQJ^Jh��hLs�OJQJ^J h��hO�OJPJQJ^J 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