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Radicaci�n:2011-00129-00 (898-02)Asunto:Apelaci�n de sentencia en proceso ordinario desimulaci�nDemandante:Eduardo Ordo�ez Castillo y OtrosDemandado:Carlos Andr�s Ordo�ez JaramilloProcedencia:Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto Magistrada Ponente: AIDA M�NICA ROSERO GARC�A Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto al interior del referenciado asunto.
I.
ANTECEDENTES DE LA DEMANDA.- El se�or EDUARDO ORDO�EZ CASTILLO y otros por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda de simulaci�n en contra del se�or CARLOS ANDRES ORDO�EZ JARAMILLO con el fin de que previo el tr�mite del proceso ordinario de mayor cuant�a, se declare (i) que la compraventa contenida en la escritura p�blica 1794 del 15 de abril de 2004, protocolizada ante la Notar�a Cuarta de Pasto, referida al inmueble distinguido con folio de matr�cula inmobiliaria N� 240-152290, situado en la calle 17 # 24-80 y 24-82 de esta ciudad, �es simulada relativamente, y que la venta contenida en el citado instrumento p�blico, solo lo fue del 50% de la propiedad sobre el citado inmueble�.
Por lo tanto, que el verdadero propietario com�n y proindiviso del 50% del aludido bien es el se�or Sergio El�as Ord��ez Bucheli, fallecido, quedando el restante 50% en cabeza del demandado. (ii) Que las mejoras declaradas en el mencionado predio, denunciadas en la escritura p�blica 4839 del 1� de septiembre de 2004, cursada ante la Notar�a Cuarta de Pasto, es simulada relativamente, por lo que se debe definir que las mismas son del demandado apenas en un 50%, perteneciendo el saldo a Sergio El�as Ord��ez Bucheli (q.e.p.d.).
(iii) Se comunique a la ORIP de Pasto, para hacer las modificaciones respectivas en el folio de matr�cula inmobiliaria �anotaciones 8 y 9-. (iv) Se condene al demandado a pagar los frutos producidos por el inmueble, cuyo 50% pertenece a Sergio El�as Ord��ez B. (q.e.p.d.) desde el 7 de julio de 2010 hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso, en una suma mensual de $5�000.000, la cual se pidi� indexar;
(v) se condene en costas al demandado (folios 71 a 74 del primer cuaderno principal). Los hechos en los que se fundamenta la demanda, son los siguientes: El 2 de mayo de 2001, a trav�s de escritura p�blica 1962 de la Notar�a Cuarta de esta ciudad, Sergio El�as Ord��ez Bucheli adquiri� el inmueble ubicado en la calle 17 # 24-80/82 tambi�n de esta localidad, cuyos linderos se insertaron en el hecho primero de la demanda; lo cual hizo para construir en �l un centro comercial con locales para arrendar, seg�n consta en las solicitudes por �l radicadas ante la Curadur�a Segunda de esta ciudad, el 17 de julio de 2003, encaminadas a demoler la edificaci�n presente y construir otra en su reemplazo, obteniendo pronunciamientos favorables.
Seguidamente, con su patrimonio, procedi� de conformidad, levantando el �centro comercial Santa Fe�. Mediante �acuerdo de confianza� con Carlos Andr�s Ord��ez Jaramillo, Sergio El�as Ord��ez Bucheli acord� venderle el 50% del centro comercial, conviniendo, a efectos de evitar mayores gastos, que el 100% del inmueble quedar�a a nombre del demandado.
As� procedieron en 2004 por conducto de la escritura 1794 de 15 de abril, pese a que el convocado no ten�a ingresos laborales o por honorarios, �y su patrimonio no le generaba dificultad tributaria en incorporar a su favor la totalidad de la propiedad del inmueble�. Por eso en realidad la transferencia fue del 50% del bien, reserv�ndose el se�or Sergio El�as el restante 50%.
Seguidamente, el levantamiento de mejoras fue pagada en partes iguales por Sergio El�as y Carlos Andr�s, pese a lo cual en la escritura p�blica 4839 del 1� de septiembre de 2004 se declar� su edificaci�n �nicamente a favor de Carlos Andr�s. El centro comercial se explota con el arrendamiento de sus locales y espacios, entreg�ndose por Carlos Andr�s el 50% de su producci�n a Sergio El�as, persona que falleci� el 7 de julio de 2010, sobrevivi�ndole su c�nyuge D�vora Moreno y sus hijos, Eduardo Rafael, Sergio Segundo, Campo El�as, Luz Marilin Ord��ez Castillo;
Gloria del Rosario Ord��ez Moreno, Carmen Alicia Ord��ez de Caicedo, Patricia Liliana Ord��ez Jaramillo y el demandado Carlos Andr�s Ord��ez Jaramillo. Este �ltimo efectu� consignaciones a favor de sus hermanos Luz Marilin, Segundo Sergio, Eduardo Rafael y Campo El�as Ord��ez Jaramillo, haci�ndoles suscribir constancias de pago en las que se dijo que las mismas eran por concepto de �derecho de propiedad de parte del inmueble denominado CENTRO COMERCIAL SANTA FE�.
El porcentaje del inmueble y sus mejoras que en realidad le corresponden al causante Sergio El�as Ord��ez Bucheli, deben retornar a su patrimonio, cuya liquidaci�n se adelanta por v�a de proceso de sucesi�n tramitado ante el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad (folios 75 a 80 del primer cuaderno principal). DE LO ACTUADO EN PRIMERA INSTANCIA. El juzgado de primera instancia, una vez presentada la demanda, procedi� a admitirla, imprimi�ndole el tr�mite de un proceso ordinario de simulaci�n, ordenando la notificaci�n personal del demandado.
Efectuado esto �ltimo, el demandado a trav�s de apoderada judicial, procedi� a contestar oportunamente la demanda impetrada, formulando las excepciones que consider� pertinentes. Posteriormente agotada la audiencia prevista en el art. 101 que en su momento contemplaba el C. de P. C., se abri� a pruebas el asunto, decret�ndose los medios de convicci�n solicitados por las partes.
Evacuada dicha etapa, se corri� traslado para que los extremos en litigio presentaran alegatos de conclusi�n, oportunidad que, dicho sea de paso, fue aprovechada por las partes en contienda. DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. La se�ora Jueza Primera Civil del Circuito de Pasto, profiri� sentencia, en la que decidi� negar las pretensiones de la demanda tras considerar que los indicios carecen de la gravedad, contundencia y coherencia para colegir la simulaci�n. DEL RECURSO DE APELACI�N. Actuando dentro de t�rmino, la parte demandante formul� recurso de apelaci�n en contra del fallo de primera instancia, presentando de manera concreta los argumentos de disconformidad frente al mismo, de acuerdo a lo establecido en el art. 322 del C�digo General del Proceso.
El recurso que fue concedido en el efecto suspensivo por la a quo. En audiencia celebrada el d�a 9 de noviembre del hoga�o, el recurrente sustent� su recurso, sin embargo, de acuerdo a los argumentos ah� esbozados, se estim� que el fallo de segunda instancia deb�a ser proferido de manera escrita, tal y como lo autoriza el inciso 2�, numeral 5� del art�culo 373 del C. G. del P. Rese�ados los aspectos relevantes de la litis, se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes, II.
CONSIDERACIONES Reunidos como est�n los presupuestos procesales para resolver el fondo del asunto, y sin que se avizore causal alguna de nulidad del proceso, deber� la Sala pronunciarse sobre los recursos de apelaci�n incoados por la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia. Para ello, nos ce�iremos a los reparos concretos formulados por el apelante, los cuales delimitan la competencia de esta segunda instancia de conformidad con los arts. 320 inc. 1� y 328 inc. 1� del C. G. del P., y que pasamos a analizar partiendo de los argumentos expuestos en la sustentaci�n del recurso.
El apoderado de la parte demandante argument� que hay incongruencia entre los presupuestos f�cticos obrantes en el proceso y los usados en la parte motiva de la sentencia, ya que la parte demandante s� prob� los hechos de la simulaci�n reclamada, errando en la apreciaci�n de la prueba y en la aplicaci�n de la Ley. Adujo que la sentencia es incongruente porque no se le dio el valor probatorio a las pruebas contenidas en el proceso, no se tuvieron en cuenta o apenas se soslayan las pruebas presentadas por los demandantes.
No se tuvo en cuenta que hubo documentaci�n sospechosa procedente de la parte demandada, como son las declaraciones de renta que no probaron la capacidad econ�mica del demandado, no hay prueba de pago del precio, hay ausencia de movimientos bancarios, egresos o movimientos asociados con los pagos efectivos. Se dej� de apreciar la falta de capacidad de pago, m�xime cuando el dictamen pericial concluy� aquella no se pod�a establecer.
No se dio valor probatorio a documentos como el acuerdo verbal sobre derechos de propiedad diferente a la supuesta deuda que dijo tener el demandado con Sergio El�as, as� como los recibos de pago, esta situaci�n se present� como derechos de pago del centro comercial. No se le dio el valor probatorio al documento suscrito por Sergio El�as cuando aclar� lo referido a su propiedad en el momento de su enfermedad, pues dicha declaraci�n no puede considerarse unilateral dado que no fue controvertida y por lo tanto se debe entender como una confesi�n ficta.
Por eso no se hizo eco a los argumentos de la demanda. Tambi�n se prob� la causa para simular con testimonios que no fueron tenidos en cuenta de manera suficiente para probar lo que efectivamente acreditaron, mismos que tampoco fueron tachados de falsos, debi�ndose acoger, m�s por las personas de quienes provinieron. Planteados de esa forma los reparos formulados por la parte apelante, es labor de la Sala determinar si la valoraci�n probatoria hecha en primera instancia fue o no adecuada, de cara a la pretendida simulaci�n relativa de los actos jur�dicos de compraventa y declaraci�n de mejoras, contenidos en las Escrituras P�blicas 1794 y 4839 de 2004, emitidas ante la Notar�a Cuarta de Pasto y debidamente registradas en el folio de matr�cula inmobiliaria N� 240-152290 de la ORIP de Pasto.
Para tal efecto, arriba al Tribunal, ajeno a toda controversia entre las partes, que el 2 de mayo de 2001, a trav�s de escritura p�blica 1962 de la Notar�a Cuarta de esta ciudad, Sergio El�as Ord��ez Bucheli adquiri� el inmueble ubicado en la calle 17 # 24-80/82 tambi�n de esta localidad, por la suma de $81.000.000 (folios 50 y 51 del cuaderno principal).
Igualmente, que con Resoluciones 2C000373-18-07-2003-2 y D-000369-18-07-2003-2 de 18 de julio de 2003, se concedieron sendas licencias de construcci�n y demolici�n en el aludido inmueble, ambas a favor del se�or Sergio El�as Ord��ez, especific�ndose en la primera que las mejoras a levantar consistir�an en un centro comercial de tres plantas, con un �rea total de 1.089,44 metros cuadrado; reconoci�ndose en ambas como responsable de la obra al arquitecto Carlos Andr�s Jurado (folios 30 a 33 del cuaderno principal y 175 a 178 del cuaderno de pruebas de la parte demandante).
Escapa tambi�n a cualquier discusi�n, que en la escritura p�blica 1794 del 15 de abril de 2004, protocolizada ante la Notar�a Cuarta de Pasto, se formaliz� un contrato de compraventa referido al inmueble trabado en la Litis en su estado de lote de terreno posterior a la demolici�n de la antigua casa que sobre �l se levantaba; comprensivo tambi�n de la licencia de construcci�n concedida por la Curadur�a Segunda de Pasto.
La venta se hizo por parte del se�or Sergio El�as Ord��ez y a favor de Carlos Andr�s Ord��ez Jaramillo, declar�ndose que el valor de la negociaci�n ascendi� a $148�407.277 -$140�000.000 por el lote de terreno y $8�407.277 por la licencia y planos aprobados-, plasm�ndose que el vendedor Sergio El�as Ord��ez recibi� �el dinero en efectivo y a su satisfacci�n de manos del COMPRADOR, en la fecha de suscripci�n del presente documento� (folios 27 a 29 del cuaderno principal).
Hay tambi�n consenso en que por medio de la E.P. 4839 del 1� de septiembre de 2004, el demandado declar� ante la Notar�a Cuarta de esta ciudad, la construcci�n del �edificio santafe�, el cual dijo haber levantado con sus propios recursos, con un costo final de $100�000.000 (folio 39 del c. principal). Teniendo en cuenta que la parte demandante acusa la sentencia de una inadecuada valoraci�n de los elementos de convicci�n, la Sala debe por ello efectuar el escrutinio de las piezas procesales que al respecto obran en el expediente, anunciando que, en la misma forma como lo concluy� la funcionaria de primer grado, se concluye que las pretensiones no est�n llamadas a prosperar.
Atac�ndose tanto la escritura p�blica de venta como el levantamiento de las mejoras en el inmueble, se�al� la parte demandante que en ella la participaci�n real para el comprador hoy demandado solamente era del 50%, y no todo, como en la transacci�n se declar� �nicamente para �no hacer una sociedad que implicaba m�s gastos, costos e impuestos�, as� como porque ello no implicaba dificultad tributaria para el demandado, pero s� beneficiaba a su padre.
Comenzaron los demandantes por presentar insistente y consistentemente una versi�n coherente con esos sucesos, cuando cada uno de ellos compareci� a cumplir con su declaraci�n de parte. En sus interrogatorios se ocuparon de relatar c�mo su padre Sergio El�as Ord��ez les dijo que en efecto transfiri� el inmueble disputado a su hijo Carlos Andr�s hoy demandado, en su totalidad, aunque en realidad solamente lo fue de un 50%, conservando la mitad para s�, a efectos de guarecerse y asegurarse contra las contingencias de la vejez, evitando al paso problemas de tributaci�n. Valga aclarar que la fuente del conocimiento de los hechos narrados no se halla en la percepci�n directa que por sus sentidos pudieron advertir los declarantes de los hechos que comentaron, sino que se encuentra en lo que seg�n contaron, les ilustr� su padre, el se�or Sergio El�as, en circunstancias que de haber en efecto as� sucedido, debieron contar con otros insumos probatorios que los refrendaran, lo cual no ocurri�, seg�n se ver� a lo largo de esta providencia. Dentro del tr�mite tambi�n se logr� que se presentara como testigo a cargo de la parte actora, Emma Luc�a Ord��ez, hermana del causante, quien refiri� que su consangu�neo construy� junto con el demandado, por mitades, recibiendo igualmente el 50% de los c�nones, seg�n �l le coment�.
Igualmente el difunto le dijo que hab�a pagado solo el precio respectivo. Empero, ning�n conocimiento directo tuvo de lo que cont�, sino que todo lo conoci� a partir de lo que le comentaba su hermano (folios 165 a 169 c. pruebas demandante). Tambi�n concurri� Franklin C�rdoba vecino de Sergio El�as, quien le cont� lo que har�a, coincidente con la versi�n de la demanda.
No obstante, igualmente, todo lo conoci� por menciones del hoy fallecido Ord��ez Bucheli, a quien dijo haberle cre�do por ser una persona cumplida con sus deberes (folios 169 a 172 c. pruebas demandante). Entonces, a pesar de que existen declaraciones de parte y testimonios de o�das respecto a la existencia de un negocio simulado entre Carlos Andr�s y su padre, considera la Sala que los mismos no tienen la fuerza probatoria que lleve directamente a concluir tal situaci�n, pues sus argumentos decaen ante la contradicci�n de los otros medios de prueba, cuyo an�lisis se emprende a continuaci�n. Frente a la copia de un manuscrito que se dice firmado por Sergio E. Ord��ez, en el que bajo el t�tulo �Sergio tiene propiedades as�, se enlist� �1 cuarto del sentro (sic) comercial�, tal como se avista a folio 234 del segundo tomo del cuaderno principal, debe precisarse inicialmente que en �l no hay confesi�n ficta, porque ella se produce cuando no se contesta la demanda o no se hace un pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o se emiten afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad (art. 97 CGP), cuando la parte no asiste a la audiencia en la que se le ha de interrogar, es renuente a responder o emite respuestas evasivas (art. 205), cuando una parte impide la pr�ctica de un dictamen pericial (art. 233), cuando la parte es renuente injustificadamente a la exhibici�n de un documento en su poder (art. 267) y cuando la parte deja de asistir sin justificaci�n a la audiencia inicial (art. 372 num. 4); es decir, no encaja en ninguno de los presupuestos que la ley procesal ha contemplado para tal efecto.
No obstante, si en gracia de discusi�n se le diera el alcance que se pretende otorgarle, la real noci�n de dicha prueba llevar�a a sugerir una apropiaci�n de un porcentaje de la construcci�n, mas en nada afectar�a la venta precedente, por lo que habiendo sido ella primero y sin que en su contra exista evidencia de irrealidad parcial, la participaci�n del causante a lo sumo, consistir�a en una apropiaci�n de algo erigido en suelo ajeno, lo que a su turno explica lo esbozado por el demandado cuando adujo que su padre le prest� una suma de dinero para la construcci�n del centro comercial.
Luego, a folio 235 del segundo tomo del cuaderno principal aparece otra lista de bienes, en la que se enuncia que el centro comercial Santa Fe es �de Sergio la mitad�. Pieza procesal que logra tener incidencia probatoria, aunque carezca de firma o r�brica de quien la cre�, pues nunca se discuti� su autor�a, presumiendo que quien la profiri� fue Sergio El�as.
Dicha prueba valorada en armon�a con la que antecede, permite llegar a la misma conclusi�n y es que Carlos Andr�s, en efecto, construy� la edificaci�n con ayuda de su padre que se materializ� a trav�s de un mutuo, pues el demandado reconoci� que Sergio El�as le prest� $440.000.000, mismos que fueron pagados en un porcentaje directamente a �l y con posterioridad a su muerte, consciente de la deuda, a algunos de sus hermanos, tal y como aparece probado en el plenario y de lo cual se hablar� en detalle cuando se analicen las pruebas aportadas por el extremo pasivo de la Litis.
Entonces, con lo hasta aqu� advertido, se colige que no hay probanza alguna a cargo de la parte demandante que muestre o sugiera la irrealidad parcial de la venta, la que por cierto fue superior al aval�o catastral del inmueble que para 2004 era de $127�307.000 (folio 716 c. pruebas demandante). Como atr�s se dej� enunciado, en la escritura p�blica correspondiente se asegur� que el valor atribuido a la transacci�n se recibi� a satisfacci�n por el vendedor, quien as� lo percibi� en dinero en efectivo de manos del comprador-demandado, en la fecha de suscripci�n del instrumento p�blico.
Tal versi�n bien pudo ser derribada por la parte demandante, puesto que al respecto existe libertad probatoria y posibilidad de arribar a dicho fin, seg�n lo recordara la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 21 de octubre de 2010 (rad. 2003-00527-01). Con todo, no ocurri� as�. Por el contrario, acompa�ando la nitidez de la declaraci�n de los contratantes en la escritura, se present� Patricia Liliana Ord��ez Jaramillo, hermana del demandado, quien compart�a su residencia para la �poca de los hechos tanto con su padre como con el encartado, relatando en este proceso que el dinero en cuesti�n se entreg� en efectivo y de contado en la oficina de su padre, situada en la casa donde viv�an (folios 36 a 55 del cuaderno de pruebas de la parte demandada), sin que, vale decir, en su contra resulte pr�spera la tacha que por sospecha formulara la vocer�a judicial de la parte demandante, porque no obstante el grado de parentesco con el citado a juicio, no hay prueba que ello alterara su imparcialidad, dado que se concret� a informar los hechos que le constaban.
Por ese sendero, no parece ex�tico para el Tribunal, a la luz del as probatorio, que se dijera que el pago fue en efectivo. Los testigos tra�dos por la parte demandada fueron consistentes y coherentes en se�alar que las negociaciones en las que ha participado el se�or Carlos Andr�s, tanto como negociante de papa o ganado, como las de pr�stamos de dinero, se han hecho siempre en efectivo.
As� lo manifest� Rodolfo Alfonso Gelpud Arboleda, quien fuera conductor sacando papa para el demandado y su padre, quien presenci� la venta de entre 800 y 900 bultos semanales, cancelados en efectivo (folios 2 a 4 c. pruebas demandado). Beatriz Delgado de Arellano, comerciante de papa en el mercado Potrerillo dijo conocer al demandado como vendedor del producto aproximadamente desde 1992 luego del secuestro de su padre, destacando que todos los pagos se le hac�an en efectivo y que de hecho fiaba (folios 7 y 8 c. pruebas demandado).
Manuel Efra�n Delgado Enr�quez, tambi�n comerciante de papa en el mercado de Potrerillo, en su declaraci�n en 2014, coment� ser comprador de la papa que vende el demandado los d�as mi�rcoles y jueves, aproximadamente desde 18 a�os atr�s, reportando que todas las transacciones se hacen en efectivo (folios 8 y 9 c. pruebas demandado). Similar fue la versi�n de Regulo Marcial Gonz�lez Jim�nez, quien en su condici�n de negociante de papa, le ha comprado tal producto al demandado por un lapso que para 2014 dijo que ya alcanzaba los 20 a�os, cancel�ndole siempre efectivo (folios 11 y 12 c. pruebas del demandado).
Franco El�as Mej�a Ortega, quien conoci� tanto al demandado como a su padre en la venta de ganado, dijo haber recibido siempre los pagos en efectivo y de contado (folios 12 y 13 c. pruebas demandado). �lvaro Agreda Rojas, vecino del demandado, relat� que este le ha prestado sumas de dinero con intereses desde 1995 o 1996, describiendo que los mutuos se realizaban y se pagaban en efectivo (folios 14 a 16 c. pruebas parte demandada).
Lina Mar�a Santacruz Benavides, vecina del demandado, tambi�n dijo que le facilit� en dos ocasiones de a $30�000.000, devolviendo parte en efectivo y un saldo en materiales de construcci�n, mutuos que tambi�n beneficiaron, en otros momentos, a su madre y su padrastro (folios 16 y 17 c. pruebas parte demandada). Guillermo Javier Benavides Fuertes, quien dijo conocer al demandado por su gusto en com�n por el motociclismo, acept� haber recibido de �l pr�stamos de entre ochenta y sesenta millones, entregados y devueltos en efectivo (folios 28 a 33 c. pruebas parte demandada).
Entonces, que el demandado no posea cuentas con Banco Popular, Banco de Occidente Credencial, Banco Agrario de Colombia, BBVA, Bancolombia, Davivienda y Caja Social (folios 179, 180, 186 a 198 c. pruebas demandante) no parece an�malo ni menos sintom�tico de insolvencia. A cargo del se�or Sergio El�as tampoco parece extra�o, o por lo menos novedoso, que dispusiera o admitiera un flujo de capital en moneda circulante, por ejemplo si se repara que el 5 de julio de 1973 hizo parte de la constituci�n de la sociedad Embotelladora Nari�ense Limitada, aportado $450.000 entre dinero en efectivo -$250.000- y un cami�n (f. 73 a 83 c. pruebas demandante), cifra nada despreciable para ese tiempo al equivaler a 378.78 s.m.l.m.v..
A su vez, tal cual lo resaltara la se�ora Juez, esto plantea que el causante no era biso�o en materia de negocios ni que no supiera c�mo estos se hac�an, incluyendo la constituci�n de sociedades mercantiles. De la misma forma, que con E.P. 2221 de 13 de mayo de 1987 el causante comprara un inmueble situado en secci�n Casanare, Municipio de Pasto, denominado Armenia, junto con sus hijos Eduardo Rafael y Segundo Sergio Ord��ez Castillo (folios 85 a 88 c. pruebas demandante), y que en otra oportunidad donara una casa de habitaci�n a favor de Gloria del Rosario Ord��ez Moreno y Carmen Alicia Ord��ez de Caicedo, el 14 de octubre de 1998 (folios 89 y 90 c. pruebas demandante), lo que muestra es que tambi�n sab�a que los negocios en conjunto o con participaci�n de sus descendientes eran posibles, acometi�ndolos p�blicamente.
De otra parte, no se logr� corroborar eventual insolvencia o falta de capacidad econ�mica del demandado. Contrario sensu, aparece en el plenario que compr� un cami�n marca FORD l�nea F350 de placas SDL956 que matricul� a su nombre, reportando su adquisici�n como ocurrida el 30 de marzo de 1995, cuando contaba con aproximadamente 21 a�os (folio 39 c. pruebas p. demandante).
El 3 de mayo de 1996 suscribi� como vendedor contrato de compraventa de una motocicleta marca YAMAHA l�nea 125, con n�mero de motor y chasis 3TL-032877, por valor de $1�850.000 que se dijeron pagos en ese momento �equivalentes a 13.01 salarios m�nimos de la �poca- (folio 40 c. pruebas p. demandante). El 11 de marzo de 1999, present�ndose como comerciante, adquiri� en el Batall�n Boyac� de esta capital una pistola Glock Cal 9 mml 9 T 2 prov., pagando $2�709.200 �equivalentes a 11.45 salarios m�nimos de la �poca- (folio 34 c. pruebas p. demandante).
El 2 de mayo de 2000 el llamado a juicio adquiri� un veh�culo BMW por $63�000.000 de la �poca, cancelando $50�000.000 en efectivo �equivalentes a 192.23 s.m.l.m.v. de la �poca- (folios 36 a 38 c. pruebas p. demandante). Compr� un cami�n marca INTERNATIONAL l�nea 4700-4x2 de placas SDM355, ocurriendo su adquisici�n el 12 de septiembre de 2000 (folio 43 c. pruebas p. demandante).
El 18 de abril de 2001 firm� como vendedor contrato de compraventa de una motocicleta marca HONDA, por valor de $7�500.000 que se dijeron pagos de contado �equivalentes a 26.22 s.m.l.m.v. de la �poca- (folio 43 c. pruebas p. demandante). El 14 de junio de 2001 compr� 20 hect�reas de terreno en Secci�n Casanare del Municipio de Pasto, por un precio declarado de $30�000.000 �equivalentes a 104.89 s.m.l.m.v. de la �poca- (folios 46 a 48 c. pruebas demandante).
Por �ltimo, el 8 de agosto de 2001 obtuvo el lote de terreno rural San Joaqu�n situado en la Secci�n El Campanero del Municipio de Pasto, con una extensi�n aproximada de 4 hect�reas 9000 metros cuadrados, por valor declarado de $6�000.000, precis�ndose en la promesa de compraventa que el monto real ser�a de $25�000.000 �equivalentes a 87.41 s.m.l.m.v. de la �poca- (folios 51 a 57 c. pruebas demandante).
Militan, en consonancia con lo precedente, varias certificaciones comerciales tales como la de Agroganadero el 19 de septiembre de 2011, referenciando al demandado como su cliente �de contado, con compras aproximadamente 12 a�os� (folio 65 c. pruebas demandante). De Agropecuaria La Hacienda y CIA S.A. el 15 de septiembre de 2011, refiriendo al convocado como su cliente comprador de fertilizantes y remedios foliares para el cultivo de papa desde aproximadamente 11 a�os atr�s (f. 66 c. pruebas demandante).
De Agr�cola San Pedro, fechada el 21 de septiembre de 2011, presentando al demandante como su cliente por compras que acumulan 11 a�os (f. 67 c. pruebas demandante). El desempe�o mercantil del demandado, conforme lo tra�do a colaci�n, no puede calificarse de aventurado, novedoso o irrelevante para cuando firm� la escritura p�blica de compraventa del lote de terreno que le vendiera su padre.
Probado est� que las transacciones por �l acometidas de ordinario se efectuaban con la entrega directamente del dinero inmiscuido, en ejercicios negociales que al menos reportan movimientos nada despreciables desde el a�o 1995. Coherentemente declararon entonces los extremos del negocio en la respectiva escritura, que el pago se produc�a en efectivo.
Este comportamiento, que no se muestra apuntalado en la intenci�n de esconder una realidad contraria o distinta a la declarada, cont� igualmente con un reflejo en las declaraciones de renta de los involucrados. Del a�o gravable 2003, Carlos Andr�s Ord��ez Jaramillo declar� renta reportando $57�942.000 en efectivo y bancos �es decir, dineros disponibles-, activos fijos por valor de $145.559.000 y un patrimonio bruto de 203�500.000; sumando $40�336.000 entre ventas netas ($39�630.000) e intereses y rendimientos financieros (706.000).
Deudas no se declararon. (folio 69 c. pruebas parte demandante). Al reportar el periodo 2004 �cuando se suscribi� la venta acusada de simulaci�n-, el patrimonio bruto del demandado ascendi� a $335�757.000, increment�ndose tambi�n las deudas a $220�000.000. Se inform� haber recibido $12�240.000 por otros ingresos (arrendamientos, etc.). (folio 70 c. pruebas parte demandante).
En el lapso -2004-, el se�or Sergio El�as Ord��ez Bucheli declar� $520�000.000 como patrimonio bruto, $0 por deudas y $148�407.000 por concepto de ganancia ocasional. El valor del impuesto, entonces, fue de $4�274.000 (folio 68 c. pruebas parte demandante). En este punto el dictamen pericial encaminado a verificar la capacidad econ�mica del demandado indic� que por lo valores anualizados no es posible determinar capacidad de pago espec�fica para cuando se produjo la compraventa, pero calculada a partir de declaraci�n de renta alcanza a cubrir los valores de la adquisici�n, contrastando la situaci�n fiscal reportada en 2003 y la del 2004, sumando los $57�942.000 que se reportaron en efectivo y bancos al finalizar el ejercicio fiscal de 2003, a las deudas que en 2004 sumaron $220�000.000, arribando a $277�940.000 disponibles, con los que se cubrir�a tanto el valor de la compra como el de las mejoras (folios 643 a 657 y 705 a 708 c. pruebas demandante) Puestas as� las cosas, no hay c�mo entender, de no corresponderse la venta con la realidad, que pese a ello en la declaraci�n respectiva el causante incluyera la totalidad del monto del negocio que ajust� con su hijo hoy demandado, lo cual sumado a su apreciable patrimonio, y a la inexistencia de deudas, result� en un pago por renta equivalente a 11.93 s.m.l.m.v. de la �poca.
A esto se suma que la parte demandante, debi�ndose ocupar de ello, no acompa�� ni pidi� allegar las declaraciones previas y posteriores, para por ejemplo contrastar, tal como lo sostiene, si en efecto por la manera como se produjo la negociaci�n, finalmente esta repercuti� en alguna ventaja plausible para el se�or Ord��ez Bucheli, o si en las sucesivas los ingresos por arrendamientos se vieron reflejados.
Y en este punto tambi�n se ocupa la Sala de resaltar c�mo no es s�lida la tesis de la parte demandante, en tanto en una de sus declaraciones refirieron que una porci�n del proceso de levantamiento del centro comercial se financi� con recursos que el Se�or Ord��ez Bucheli habr�a recibido, a t�tulo de pr�stamo, de un primo llamado C�sar Enr�quez, por la suma de $200�000.000 (folios 211 del cuaderno principal), persona esta a quien no se llam� a declarar, no existe constancia de dicho desembolso ni tampoco hubo de �l relaci�n en la declaraci�n de renta de 2004, rendida por el causante.
Es m�s, del 2005 el demandado inform� $357.331.000 como patrimonio bruto, $170�000.000 en deudas y $85�370.000 por otros ingresos (arrendamientos, etc.), cifra esta �ltima que tanto se asocia con su titularidad del centro comercial, as� como con la explotaci�n personal que de �l ha hecho. Y poni�ndose en duda su m�sculo financiero para construir el edificio que hoy alberga el establecimiento de comercio en cuesti�n, como se anunci� en precedencia, el demandado dijo que recibi� ayuda de su padre, en una suma de $440�000.000.
Mientras tanto, est�n en el expediente una serie de recibos visibles a folios 247 a 252 c. pruebas demandante con la firma del causante, de los que el demandado acept� en su interrogatorio su autor�a, y los que, vale anotar, no recibieron tacha o reproche por desconocimiento de ninguna de las partes en litigio. Lo interesante de los mismos es que totalizan $242�326.000, de tal suerte que la menci�n que en tales se hace al centro comercial, se entienden alusivas a la deuda que el convocado dijo tener en efecto con su padre.
As� se concluye, no solamente con lo antes dicho. Precisamente esa versi�n se acompa�a de la declaraci�n de Patricia Liliana Ord��ez Jaramillo quien cont� que su hermano se benefici� de un mutuo de su padre, al tiempo que recibi� uno de ella misma, por valor de $40�000.000, cifra que soport� con el extracto visible a folio 68 del cuaderno de pruebas de la parte demandada.
Adicionalmente, el c�mulo de facturas asociadas con la adquisici�n de materiales e insumos para construcci�n, todas a nombre del se�or Carlos Andr�s, acompa�an la versi�n de su responsabilidad personal y financiera de la obra (folios 550 a 630 del cuaderno de pruebas de la parte demandante). Por eso es razonable que el 4 de agosto de 2010 el demandado consignara en las cuentas de los actores Luz Marilin, Eduardo Rafael, Segundo Sergio y Campo El�as Ord��ez Castillo la suma de $25�000.000 a cada uno (folios 38 a 42 del cuaderno principal) y que con fecha 4 de agosto de 2011, Carlos Andr�s Ord��ez J. se dirigiera a Campo el�as, Sergio, Eduardo y Marilin Ord��ez C., Carmen Alicia Ord��ez de Caicedo, Gloria del Rosario Ord��ez Moreno y D�vora Moreno, cit�ndoles para cancelarles la suma adeudada (folio 249 del cuaderno principal), en los t�rminos del saldo insoluto que quedara con su padre, m�s all� de la forma como se presentara la citaci�n a t�tulo de compra y no de pago de la deuda, puesto que esto insularmente podr�a sugerir una inconsistencia que, por el an�lisis del rigor probatorio asumido por la parte demandada, de tajo se descarta.
Al tiempo se precisa que si bien Luz Marilin, Eduardo Rafael, Segundo Sergio Ord��ez Castillo firmaron sendas constancias de pago, en las que se alude a �acuerdo verbal sobre los derechos de propiedad de la parte del inmueble denominado CENTRO COMERCIAL SANTAFE� (folios 43 a 45 del cuaderno principal), tales documentos no resultan oponibles al demandado, quien no los firm� y en su interrogatorio manifest� no haber participado en su confecci�n. Aunado a lo expuesto, ninguna confesi�n puede recabarse en la convocatoria a audiencia de conciliaci�n presentada por el demandado, cuando aludi� al cobro e intenci�n de pago de �los derechos de propiedad de una parte del inmueble denominado CENTRO COMERCIAL SANTAFE� (folio 254v, cuaderno principal 2), primero porque en la transcripci�n que de tal se hace, claramente se anota que ese apartado se puso entre comillas, connotando que no eran palabras del compareciente, y segundo, porque aunque de �l provinieran, no se hicieron en el marco de una actuaci�n jurisdiccional contenciosa o con vocaci�n de serlo en la que legalmente se haya estatuido tan puntual efecto �como sucede para los procesos judiciales y para las pruebas extraprocesales-, lo que de suyo descarta que esa manifestaci�n pudiere tener la rasgo de consciencia que se demanda para la confesi�n en el numeral 4 del art�culo 191 del C�digo General del Proceso, m�s cuando se emiti� en un �mbito de composici�n directa de una controversia, donde el radio de acci�n de las partes y su derecho a materializar la esperanza de un acuerdo no puede limitarse sojuzgando el riesgo latente de una confesi�n. Se agrega c�mo �lvaro Agreda Rojas atestigu�, como propietario de una cantera en esta ciudad y vecino del demandado, que fue quien realiz� la demolici�n de la casa junto al centro comercial la 17, efectuando la excavaci�n, los rellenos con material de recebo de cantera y todos los materiales como triturado, arena y ladrillo para la construcci�n del Centro Comercial Santa Fe, siendo contratado y remunerado siempre por el demandado, de quien recib�a las �rdenes e instrucciones, no as� de su padre a quien conoc�a como su vecino (folios 14 a 16 del cuaderno de pruebas de la parte demandada).
Bernardo Guerra de la Rosa, por su parte, dijo haber sido contratado por el demandado para hacer las instalaciones el�ctricas del centro comercial, recibiendo de �l las �rdenes y su remuneraci�n en efectivo; de hecho, dijo, fue el se�or Carlos Andr�s quien asumi� el sobrecosto generado a ra�z de los cambios hechos al dise�o de la ubicaci�n del transformador.
Coment� que conoci� al se�or Sergio como el padre del demandado, aclarando que nunca lo vio en la construcci�n y explicando que lleg� a trabajar cuando estaba �en la parte final, acabados� (folios 34 y 35 �dem). La hermana de demandado Patricia Liliana Ord��ez Jaramillo, en su momento, relat�, en s�ntesis, que el proyecto inmobiliario inici� conjuntamente entre su padre y hermano, pero que el primero se retir� porque advirti� de la posible existencia de exceso de competencia en raz�n a la reconstrucci�n del centro comercial la 17 y la adecuaci�n de una casa de en frente tambi�n con locales comerciales (folios 36 a 55 �dem).
Es de cardinal val�a, en este estado de cosas, la presentaci�n de Carlos Andr�s Jurado Bravo, arquitecto reconocido en las licencias respectivas como responsable de la obra, quien asegur� haberse encargado de la gesti�n de la autorizaciones para la construcci�n, la demolici�n y de la direcci�n posterior de la obra. Se�al� que a mediados de 2003 se iniciaron las gestiones, en principio, en forma conjunta por el demandado y su padre, comunic�ndole �ste �ltimo que �nicamente su hijo seguir�a con los tr�mites del proyecto.
Expuso que todos los pagos del papeleo los asumi� el se�or Carlos Andr�s. De �l se recib�an todas las �rdenes, �l cancelaba los salarios de los trabajadores, a �l se le reenviaban los informes sobre avance de la obra, a �l se le solicitaban los materiales para la obra; nunca al se�or Sergio quien a veces iba solamente para llevarles el �entred�a� a los obreros (folios 22 a 26 del cuaderno de pruebas de la parte demandada).
Estas probanzas connotan el papel protag�nico que en exclusiva desempe�� el demandado una vez adquirido el bien, a efectos de asumir la edificaci�n del centro comercial, resultando marginal y casi intrascendente el rol de su padre en todo este acontecer, muy distante a la permanencia y apersonamiento que le atribuyeron los demandantes. Tal cual es posible predicarlo, asimismo con los varios contratos de arrendamiento de locales del centro comercial Santaf�, en todos los cuales, desde 2004, aparece como arrendador el demandado (folios 489 a 542 c. pruebas demandante).
Es por lo menos llamativo, que el 14 de julio de 2010, entre otros los demandantes, salvo Campo El�as Ord��ez Castillo, suscribieran un acta de reuni�n, en la que enlistaron el patrimonio que en vida detent� su padre, relacionando cuentas bancarias, tres bienes ra�ces (de nombres Barranco, Nari�o y Casanare) y tres veh�culos automotores. Seguidamente se plasm� �Los Se�ores Marylin Ord��ez Castillo, Eduardo Ord��ez Castillo, Campo Ord��ez Castillo y Segundo Sergio Ord��ez Castillo manifiesta que como hijos m�s cercanos al Se�or Sergio Ord��ez Buchely pueden certificar que los bienes mencionados anteriormente eran los bienes que pose�a su Padre� sin que en esa oportunidad, o en otras posteriores, se anotase nada en punto de lo que ahora se debate, pese y todo a que los demandantes ahora plantearan que antes de su muerte su padre les rese�ara por escrito parte del centro comercial como suyo, e inclusive antes permanentemente ventilara su orgullo o satisfacci�n por el mismo (folios 9 a 11 del c. pruebas parte demandante).
Al margen de las pocas alusiones que pondr�an en duda la existencia de la financiaci�n debida a su progenitor, todo el material probatorio apunta, tal como qued� exhibido, a la realidad del negocio. Por lo tanto, no hay insumos para considerar plenamente probados hechos indicadores suficientemente robustos que dirijan a convencerse que los actos escriturarios atacados fueron simulados.
La proposici�n de la parte demandante descansa apenas en especulaciones o muy particulares visiones de lo sucedido, mas no con ello alcanza a desvirtuar los actos jur�dicos que censura. No es por ende��atendible la prueba indiciaria si el hecho indicador se establece sobre la base de conjeturas y no de estar demostrado, de donde surge la necesidad de que el Juez, al realizar el an�lisis cr�tico, haga, en primer t�rmino, expresa referencia a las pruebas que acreditan y le llevan certeza acerca del hecho conocido del cual parte su inferencia�.
Muy a pesar del parentesco entre los negociantes, no hay prueba de la falta de capacidad econ�mica del comprador, ni de retenci�n de la posesi�n por parte del vendedor, destac�ndose que su comportamiento fue p�blico, dijeron c�mo actuaron, incluyeron en la negociaci�n las licencias y declararon el pago en efectivo. Para nada se insolvent� el causante al disponer de su inmueble, existiendo raz�n suficiente, debidamente probada, para justificar tanto por qu� se deshizo del mismo, como la forma de pago asumida.
No concurren, por consiguiente, los indicios de simulaci�n, restando destacar que el v�nculo filial no es suficiente, per se para entenderla configurada, ya que �a pesar de que uno de los patrones de la simulaci�n � es que la titularidad del dominio se radique en una persona de confianza de quien ficticiamente transfiere, por lo que no es extra�o que se acuda al grupo familiar cercano con ese fin, eso no quiere decir que toda negociaci�n entre parientes quede cubierta con un manto de duda por esa sola raz�n. Inclusive, los lazos de afecto pueden incidir en que los t�rminos de las transacciones sean m�s ben�ficos de lo acostumbrado, en ellas se tomen menos precauciones de lo normal o est�n encaminadas a brindar un apoyo o colaboraci�n rec�proco o unilateral, ya sea para facilitar la conformaci�n de un capital o superar crisis financieras de un allegado, que antes que censurable se inspira en altos principios de orden superior, si se tiene en cuenta que el art�culo 42 de la Constituci�n Pol�tica impone la �protecci�n integral de la familia� por el Estado y la sociedad.
Es por esto que las ventas entre consangu�neos deben ser analizadas a fondo, sin que el �nimo favorecedor del enajenante se convierta en un determinante de desprendimiento total, eso s�, siempre y cuando no se rebasen los l�mites que impone la ley en el campo civil y mercantil�. Siguiendo esta l�nea de pensamiento, la sentencia apelada habr� de confirmarse.
As� las cosas, en virtud de que el recurso de apelaci�n ha sido resuelto de manera negativa a la parte que lo interpuso, se hace necesario imponer condena en costas de segunda instancia, al momento de liquidar las mismas, t�ngase como agencias el derecho la suma equivalente a 2 SMLMV. En m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, EN SALA DE DECISI�N CIVIL-FAMILIA, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. - CONFIRMAR el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, al interior del presente asunto. SEGUNDO.- CONDENAR en costas de segunda instancia en contra de la parte demandante y a favor de la parte demandada. Al momento de liquidar las mismas, t�ngase como agencias en derecho la suma equivalente a 2 SMLMV.
TERCERO. - ORDENAR, una vez en firme la presente decisi�n, el env�o del expediente al Juzgado de origen. AIDA M�NICA ROSERO GARC�A Magistrada MAR�A MARCELA P�REZ TRUJILLO Magistrada MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA Magistrada Decreto 577 de 1972. Salario m�nimo de 1973: $660 Decreto 2310 de 1995. Salario m�nimo de 1996: $142,125 Decreto 2560 de 1998.
Salario m�nimo de 1999: $236.460 Decreto 2647 de 1999. Salario m�nimo de 2000: $260.100 Decreto 2578 de 2000. Salario m�nimo de 2001: $286.000 �dem �dem Decreto 3770 de 2003. Salario m�nimo de 2004: $358.000 L�PEZ BLANCO, Hern�n Fabio. Procedimiento Civil. Tomo III. 2� ed. Dupre Editores. Bogot�. 2008. p. 312. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia SC16281-2016 (18 nov), rad. 2007-00005-01 INCLUDEPICTURE "http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/img/logo_rama_judicial.gif" \* MERGEFORMATINET Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto PAGE Apelaci�n de sentencia en proceso ordinario N� 2011-00129-00 (898-02) P�gina PAGE 20 de NUMPAGES 20 INCLUDEPICTURE "http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/img/logo_rama_judicial.gif" \* MERGEFORMATINET Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelaci�n de sentencia en proceso ordinario N� 2011-00129-00 (898-02) P�gina PAGE 1 de NUMPAGES 20 `ac����� � � $ � � � � � � ���Ϻ��|��k[K;K h� "V"�"�"�"�"�����淦�����挷{�{�{n{������`�������h� +>j@k@CBDBRD������������������������ 5dh1$gd[^% $dha$gd[^%$�dh�^�a$gd[^% 7$8$H$gd[^%�'�'=(o)p)q)r)�*�*�,�,-4-�-�-�/�/�0�0�0�1�1�2�2�2�2�3�39���ò����}�}�}�}��ob}b}b}bQb!h� )>*>+>i@j@t@u@�@�@ ADBEBkByB�B�B�D�D�E�E�E�����������䳦�䙌���r�re�r�reh� OJQJ^Jh� OJQJ^Jh� *OJQJ^Jh� *B*OJQJ]�^JmH phsH )h� 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de nota al pie 2,Footnote number,BVI fnr,f,4_G,16 Point,Superscript 6 Point,Texto nota al pie,Texto de nota al pi,Pie de P�gina,Pie de P�gi,FH*vR2v Sangr�a 2 de t. independiente!$ �0��Odh*$^�Oa$tPBt,Texto independiente 2$ �0�dh*$a$B*mHph�fsHtHhQRh {Texto independiente 3$ �0�dh*$a$ 6�]�aJN @bN 0 Pie de p�gina ��8! mHsHtH @r �Texto nota pie,Texto nota pie Car Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,FA Fu Car,FA Fu,Texto nota pie Car Car Car,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote referenceCJaJ8)@��8 N�mero de p�gina *ph�F�"F �E�jurisprudencia"�d�d[$\$*��1* �E� plxtitulo$��A$ �E�sufijoB�RB �( nueve-titulo%�d�d[$\$4�b4 �(nueve&�d�d[$\$6�r6 �(cuerpo'�d�d[$\$d��d s�Body Text Indent1($dh7$8$a$CJOJQJ^JaJJ�/���J UK� T�tulo 2 Car5�CJ\�aJ mH sH tH B���B %�apple-converted-space&���& �&campo.1\�/���\ �oSTexto independiente 2 CarB*CJaJph�f|�| .yF`Cita1,Nota al pie-$5$7$8$9DH$a$(B*CJOJQJ]�aJmH phsH tHd�/���d 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