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Procede la Sala a decidir sobre los recursos de alzada interpuestos por las partes, frente a la sentencia calendada a veintiocho (28) de enero de dos mil diecis�is (2016), proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto en el marco del proceso ordinario de la referencia, el cual se instaur� por el apoderado judicial del se�or DIEGO FERNANDO CORT�S BERNAL.
I.
ANTECEDENTES La demanda El se�or DIEGO FERNANDO CORT�S BERNAL, por intermedio de apoderado judicial, el d�a veinte (20) de enero de dos mil doce (2012) present� demanda en contra de FRANCISCO ANDR�S GUTI�RREZ RUBIO quien aparece como propietario del Restaurante �La Macarena�, con el fin de que se declare al demandado civil y extracontractualmente responsable de los da�os causados al demandante y a su hijo.
Como consecuencia de ello, se lo condene a pagar los montos por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante y da�o emergente, perjuicios morales ocasionados al demandante y a su hijo, y perjuicios fisiol�gicos, tal como se deprec� en el respectivo ac�pite del libelo. Fundamento f�ctico: Los hechos jur�dicamente relevantes admiten el siguiente resumen: El d�a diecis�is (16) de septiembre de dos mil seis (2006), el demandante se encontraba en el Restaurante �La Macarena� del kilom�tro 17 de la v�a que de Pasto conduce a Chachag��, de propiedad del demandado, establecimiento que prest� el servicio de la actividad denominada �canoping� o �canopy�.
Se describi� que el demandante practic� en varias ocasiones la actividad descrita relatando que en la �ltima oportunidad el dispositivo se trab�, sin que existiera alg�n dispositivo de seguridad o de emergencia que permita controlar el hecho, lo que produjo una ca�da al vac�o desde una altura de m�s de 15 metros, tampoco un sistema para la atenci�n de paciente, personal m�dico en el lugar, lo que produjo su traslado por medios manuales, puesto que tampoco se contaba con ambulancia. Conforme lo indica al actor, la ca�da produjo como consecuencia la p�rdida de sensibilidad en las extremidades inferiores, indicativa de una lesi�n medular en la columna de car�cter irreversible, lo que despu�s fue verificado por la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez de Nari�o, entidad que dictamin� que el porcentaje de p�rdida de capacidad laboral del demandante es de 83.95%, determinando su condici�n como invalidez.
Finalmente, que el demandante se desempe�aba como futbolista profesional, trabajando en el momento del accidente para la Asociaci�n Deportivo Pasto de la primera divisi�n del f�tbol en Colombia y su dif�cil situaci�n produjo mucho sufrimiento tanto a �l como a su hijo, deviniendo el divorcio de su esposa. Tr�mite de primera instancia El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto a quien correspondi� en reparto el conocimiento de la demanda, procedi� a su admisi�n mediante interlocutorio de ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012), se orden� imprimirle el tr�mite de proceso ordinario de mayor cuant�a y se dispuso la notificaci�n personal de la providencia y el correspondiente traslado a la parte demandada.
Luego, el demandado FRANCISCO ANDR�S GUTI�RREZ RUBIO contest� la demanda oponi�ndose a las pretensiones de la misma, proponiendo como excepciones de m�rito las que denomin�: �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N � CULPA EXCLUSIVA DE LA V�CTIMA�, �INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL ENTRE EL PRESUNTO DA�O Y LA CONDUCTA DEL DEMANDADO�, �FALTA DE CAUSA PARA PEDIR�, �TEMERIDAD Y MALA FE�, �COBRO DE LO NO DEBIDO� y �CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES A CARGO DE MI REPRESENTADO � BUENA FE�.
Adem�s, aleg� tambi�n �PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N DE REPARACI�N�, al considerar que se cumpli� el t�rmino prescriptivo contemplado en el art. 2358 del C. C., y formul� como excepci�n subsidiaria la que denomin� �EXCESIVA TASACI�N DE PERJUICIOS�. Por otra parte, de forma separada present� llamamiento en garant�a a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., el cual fue admitido mediante providencia de veintiocho (28) de mayo de dos mil doce (2012), en la cual se admiti� la notificaci�n personal de la sociedad.
Dicha entidad, dentro de la respectiva oportunidad, contest� la demanda coadyuvando al demandado oponi�ndose a la prosperidad de las pretensiones. Igualmente propuso las excepciones de m�rito que denomin�: �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N PORQUE EL ACCIDENTE OCURRI� POR CULPA EXCLUSIVA DE LA V�CTIMA�, �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N POR AUSENCIA DE CULPA Y NEXO CAUSAL�, �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N POR CARENCIA DE PRUEBA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS�, �VIOLACI�N DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO� y �COBRO DE LO NO DEBIDO�.
Adem�s, present� como subsidiarias las que llam� �EXCESIVA TASACI�N DE PERJUICIOS, ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA�, �CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS Y COMPENSACI�N DE CULPAS�, y �REDUCCI�N DE LA INDEMNIZACI�N POR CONCURRENCIA DE CULPAS�. Respecto del llamamiento en garant�a, SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. se opuso al mismo se�alando que los hechos que se debaten medi� la responsabilidad exclusiva de la v�ctima, y que en todo caso, la aseguradora �nicamente est� llamada a responder hasta el l�mite del monto asegurado por concepto de responsabilidad civil y por los conceptos contenidos en el contrato.
Por eso esgrimi� los siguientes medios de defensa contra el llamado �L�MITE DE LA RESPONSABILIDAD, EXCLUSIONES DEL CONTRATO DE SEGURO� e �INEXISTENCIA DE UNA OBLIGACI�N SOLIDARIA�, �PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO�. Finalmente, tambi�n objet� por error grave el dictamen pericial rendido obtenido como prueba anticipada y pidi� que se tramite el incidente.
Luego, despu�s de correrse el traslado de las excepciones propuestas, el oportuno pronunciamiento respecto de ellas, se fij� y se llev� a cabo la audiencia de la que trata el art�culo 101 del C. de P. C., misma que se declar� fracasada. Con posterioridad, se abri� a pruebas el asunto, decret�ndose por tales los medios de convicci�n solicitados por las partes y la llamada en garant�a, se tramit� el incidente de objeci�n por error grave contra el dictamen pericial, se corri� traslado a las partes para que presenten alegatos de conclusi�n, y finalmente se profiri� la sentencia de primera instancia. La sentencia objeto de apelaci�n El Juzgado A quo mediante sentencia de veintiocho (28) de enero de dos mil diecis�is (2016) resolvi� la primera instancia mediante sentencia en la que resolvi�: i) DECLARAR que prosper� la objeci�n por error grave propuesta por la llamada en garant�a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., en contra del dictamen pericial rendido dentro del tr�mite de inspecci�n judicial practicada como prueba anticipada a solicitud de la parte demandante. ii) DECLARAR que el demandado FRANCISCO ANDR�S GUTI�RREZ RUBIO, identificado con C.C. N� 1.085.262.283, es civilmente responsable de los perjuicios inmateriales a t�tulo de da�o fisiol�gico o da�o a la vida de relaci�n padecido por el demandante DIEGO FERNANDO CORT�S BERNAL, identificado con C.C. N� 89.006.460, con ocasi�n del accidente ocurrido mientras practicaba la actividad deportiva llamada �canoping� en el Restaurante �La Macarena�, establecimiento de comercio de propiedad del demandado para la �poca de los acontecimientos. iii) DENEGAR el reconocimiento de perjuicios materiales a t�tulo de da�o emergente y lucro cesante en favor del demandante DIEGO FERNANDO CORT�S BERNAL, identificado con C.C. N� 89.006.460, as� como el reconocimiento de perjuicios morales en favor del demandante y de su hijo adolescente JDCA. iv) DECLARAR probada la excepci�n de m�rito denominada �REDUCCI�N DE LA INDEMNIZACI�N POR CONCURRENCIA DE CULPAS�, propuesta como subsidiaria por la llamada en garant�a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. v) CONDENAR al demandado FRANCISCO ANDR�S GUTI�RREZ RUBIO, identificado con C.C. N� 1.085.262.283, a pagar al demandante DIEGO FERNANDO CORT�S BERNAL, identificado con C.C. N� 89.006.460, la suma de: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000), correspondiente al sesenta por ciento (60%) de los perjuicios inmateriales a t�tulo de da�o fisiol�gico o da�o a la vida de relaci�n padecido por el demandante. vi) DECLARAR que no hay lugar ordenar el reembolso pretendido por el demandado FRANCISCO ANDR�S GUTI�RREZ RUBIO, identificado con C.C. N� 1.085.262.283, en virtud del llamamiento en garant�a que efectu� a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. vii) DECLARAR no probadas las dem�s excepciones de m�rito. viii) CONDENAR al demandado FRANCISCO ANDR�S GUTI�RREZ RUBIO, identificado con C.C. N� 1.085.262.283, a pagar las costas procesales de la presente instancia en favor del demandante DIEGO FERNANDO CORT�S BERNAL, identificado con C.C. N� 89.006.460, en un porcentaje del sesenta por ciento (60%), y de la llamada en garant�a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., en un porcentaje del cien por ciento (100%).
En contra de la decisi�n descrita, los apoderados de las partes demandante y demandada propusieron recurso de apelaci�n, mismo que fuera concedido mediante providencias de dos (2) y quince (15) de marzo de dos mil diecis�is (2016). Tr�mite de segunda instancia Mediante interlocutorio de veintid�s (22) de junio de dos mil diecis�is (2016), se procedi� a la admisi�n del recurso de alzada interpuesto por la parte actora, y a trav�s del recurso de s�plica fue admitida la apelaci�n formulada por el demandado.
As�, corrido el traslado de rigor, los extremos en litigio sustentaron los medios de impugnaci�n as�: Sustentaci�n del recurso de la parte demandante En primer lugar, reproch� que en la parte resolutiva del fallo de primera instancia se haya declarado la prosperidad de la objeci�n por error grave del dictamen pericial aportado como prueba anticipada, puesto que el medio de convicci�n cumpli� con todos los requisitos establecidos en la norma vigente para la materia, relatando al respecto todos los pasos que se siguieron para su obtenci�n, oportunidad, reparto, inmediaci�n, designaci�n de perito.
As�, luego de describir lo que a su juicio la prueba demostraba, adujo que la prueba fue obtenida de forma legal, quien realiz� el estudio contaba con estudios necesarios para emitirlo, los resultados son tan evidentes que no se hubieran afectado si otro profesional los hubiera obtenido, tampoco se afect� por el paso del tiempo, y desvirtuar la probanza descrita es un atentado contra el ordenamiento jur�dico.
En segundo lugar, reproch� que el fallo A quo haya denegado el reconocimiento de los perjuicios de da�o emergente y lucro cesante, siendo ello un grave atentado contra los derechos de la parte actora, pues a su juicio estaba demostrado que el se�or CORTEZ trabajaba para el Deportivo Pasto y se desempe�ar�a como futbolista en un torneo internacional.
Se�al� que ante la incertidumbre, el Juez deb�a hacer uso de las facultades para el decreto de pruebas de oficio, en aras de aclarar lo que constaba en las pruebas documentales, acusando al fallo de un exceso ritual manifiesto, exigiendo la aplicaci�n de la ley 1395 de 2010 en cuanto a la presunci�n de autenticidad de los documentos p�blicos y privados, los que entiende no fueron tachados por la contraparte.
En tercero, considera que teniendo en cuenta el caudal probatorio que fue acopiado en el expediente, no puede entender que en la sentencia de primera instancia se haya declarado la existencia de concurrencia de culpas, puesto que el extremo demandado nunca pudo demostrar la culpa del se�or DIEGO CORT�S, pues no se aport� el caudal probatorio necesario para ello, y en palabras textuales: �ser�a imposible achacar responsabilidad alguna a quien en realidad qued� en estado de invalidez por la negligencia de la parte demandada en el presente litigio�.
Finalmente, consider� que no es acertada la falta de condena de perjuicios materiales, lo que en consecuencia llev� a que la sociedad aseguradora no fuera condenada a responder por ning�n monto, en atenci�n a que la p�liza �nicamente cubre los de dicha naturaleza. Conforme con lo expuesto, solicit� la revocatoria de la sentencia de primera instancia en lo que le fue desfavorable. b) Sustentaci�n del recurso de la parte demandada La parte demandada a trav�s de su apoderado judicial en la oportunidad procesal pertinente sustent� su recurso en los siguientes t�rminos: Luego de rese�ar las actuaciones m�s importantes del devenir procesal, invoc� la teor�a de la causalidad adecuada, seg�n la cual s�lo es causa del resultado, aquella conducta que es suficiente, id�nea y adecuada para la producci�n del mismo.
Para el caso, el examen de causalidad realizado por la parte alzadista, le indica que la causa �nica y eficiente del siniestro del diecis�is (16) de septiembre de dos mil seis (2006) fue el mismo proceder culposo del actor, t�pico sobre el cual dedic� un ac�pite dentro de la sustentaci�n del recurso. As�, dentro del aparte pertinente, destac� que el se�or CORTEZ BERNAL hizo uso en 5 oportunidades de la atracci�n de canopy, contando con la asesor�a de los trabajadores de lugar para que portara los equipos de seguridad, a excepci�n del �ltimo recorrido, en el que el actor tom� la determinaci�n de practicar la actividad sin portar el equipo de seguridad y sin contar con la autorizaci�n del personal dispuesto para ello.
Al respecto, destac� las declaraciones de los testigos: Henry Mora y V�ctor Paz. Luego, bajo el t�tulo �actuar imprudente del se�or Diego Fernando Cortez como causa �nica del accidente� relat� que su ca�da se produjo cuando la m�quina del canopy, en medio del recorrido se fren�, quedando suspendido en la atracci�n s�lo sujeto por la fuerza de sus brazos, hasta que por el peso de su cuerpo se solt� de la misma.
Destac� que uno de los elementos de seguridad que el usuario decidi� no portar, ten�a como finalidad la de ayudar a soportar el peso de quien lo usa. Consider�, en ese orden de ideas, que de haber usado el equipo, su ca�da no habr�a ocurrido a�n a pesar de la detenci�n del aparato. As�, invocando las declaraciones de los testigos ya mencionados, insisti� en que fue la voluntad del actor la que lo llev� a hacer uso de la atracci�n sin hacer uso del equipo de seguridad, situaci�n que produjo dos resultados: que la m�quina no tuviera un normal funcionamiento y ante esta eventualidad, que el actor no pudiera soportar su peso y cayera desde una altura de 15 metros.
Por ello infiere que fue la actividad exclusiva de la v�ctima la causa eficiente del siniestro, rompiendo el nexo de causalidad que se exige para derivar responsabilidad en el demandado. Finalmente, dedic� los �ltimos p�rrafos del recurso a solicitar de manera subsidiaria que ante una eventual condena por lucro cesante o da�o emergente, la p�liza No. 5015234 tendr�a plena cobertura de conformidad con las condiciones contenidas en el contrato de seguro, ello en atenci�n a que la finalidad de ese tipo de contratos es la protecci�n del patrimonio del tomador, citando al respecto los art�culos 2341 del c�digo civil, 1127 y 1188 del C�digo de Comercio.
II. CONSIDERACIONES 1. Sanidad Procesal No se advierte que en la tramitaci�n del proceso se haya incurrido en una causal de nulidad insanable o una de aquellas que deban ser puestas en conocimiento de las partes. 2. Presupuestos Procesales Concurren a plenitud en el presente caso, veamos: tiene este Juzgado competencia para avocar conocimiento en primera instancia, en virtud de la naturaleza y cuant�a del asunto, as� como por el domicilio del demandado.
De otro lado, el demandante DIEGO FERNANDO CORT�S BERNAL y el demandado FRANCISCO ANDR�S GUTI�RREZ RUBIO son personas naturales, mayores de edad, con capacidad para ser parte y comparecer al proceso. Mientras que el demandante JDCA acudi� al proceso a trav�s de su padre y representante legal, como se acredit� con el registro civil de nacimiento.
Lo mismo sucede con la sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., persona jur�dica que acude por intermedio de uno de sus representantes legales y apoderado judicial. Tambi�n debe decirse que tanto las partes como la llamada en garant�a fueron asistidas por profesionales investidos de poder de postulaci�n, y la demanda presentada se allan� a cumplir con las exigencias de ley. 3.
La Legitimaci�n en la Causa JDCA representado legalmente por su padre DIEGO FERNANDO CORT�S BERNAL y el �ltimamente mencionado, como parte activa de la litis al igual que el se�or FRANCISCO ANDR�S GUTIERREZ RUBIO como pasiva de la misma, se encuentran legitimados en la causa en raz�n del inter�s jur�dico que los ubica en los extremos de la relaci�n, como cuesti�n del derecho sustancial en debate. 4.
Caso concreto y problema jur�dico Teniendo en cuenta los argumentos que fueron expuestos tanto por la parte demandante como demandada, considera la Sala que debe darse respuesta a los problemas jur�dicos que se plantear�n y atender�n, en el orden de an�lisis que impone, en primer lugar ventilar los reproches esgrimidos por el extremo demandado, para luego, atender un aspecto sobre el cual las dos partes confluyen, y finalmente resolver lo relativo a lo manifestado por el actor.
As� esta corporaci�n responder�: �Se encuentra acreditado en debida forma el rompimiento del nexo causal en atenci�n a la demostraci�n de la culpa exclusiva de la v�ctima radicada en el obrar del se�or DIEGO FERNANDO CORTEZ BERNAL? En caso de que la respuesta a este cuestionamiento sea negativa, �los hechos demostrados en el plenario configuran una concurrencia de culpas en la forma en que lo consider� el A quo? Y finalmente, �la parte actora satisfizo la carga de demostrar la existencia y monto de los perjuicios materiales de lucro cesante y da�o emergente derivados del insuceso ocurrido el diecis�is (16) de septiembre de dos mil diecis�is (2016)? Para responder el problema jur�dico planteado, se observar� lo dispuesto por el art�culo 357 del C�digo de Procedimiento Civil que restringe la competencia del superior a lo que fue exclusivamente objeto del recurso, advirtiendo que como en el presente caso, no se trata de apelante �nico, se resolver� sin limitaciones respecto de lo que fuere desfavorable a los apelantes. a) As�, de cara al primero de los cuestionamientos planteados, el apoderado judicial de la parte demandante, consider� que en este caso se encuentra configurado un rompimiento del nexo causal entre el hecho da�oso y la labor desempe�ada por el demandado, en atenci�n a que est� demostrada la culpa exclusiva de la v�ctima, fundamentada en la conducta del se�or DIEGO FERNANDO CORT�S BERNAL de hacer uso de la atracci�n de canopy sin la autorizaci�n de los encargados de la operaci�n del aparato, ni los elementos de seguridad que el establecimiento le brindaba para el desarrollo de la actividad.
Entonces, que de haberlos usado, se habr�a evitado el lamentable resultado, acudiendo a la teor�a de la causa eficiente en la producci�n del da�o. Al respecto, para responder el cuestionamiento planteado debe advertirse que el contexto dentro del cual se desenvuelve la acci�n de responsabilidad civil extracontractual ejercida, es que aquella se pretende derivar del ejercicio de una actividad peligrosa, situaci�n que nadie ha puesto en duda y que por lo tanto se encuentra regida por el art�culo 2356 del C�digo Civil, aunque no de forma exclusiva como se ver� m�s adelante.
En atenci�n a ello, los elementos axiol�gicos que deben demostrarse son el da�o padecido, el proceder del demandado, y la relaci�n de causalidad entre el primero y el segundo, sistema que obedece al de la culpa presunta. Por ello, conforme a lo establecido por la H. Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias de veintis�is (26) de agosto de dos mil diez (2010), dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), reiteradas en el fallo de veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014), cuando se trata del ejercicio de actividades peligrosas, el debate debe darse en el terreno de la causalidad.
Al respecto, la Alta Corporaci�n en la sentencia de dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), mencionada anteriormente, explic�: �Precisamente, en trat�ndose de actividades peligrosas, suele ocurrir que la prueba de la diligencia es tan dif�cil, que usualmente se exige al demandado que demuestre con precisi�n c�mo fue que el accidente ocurri� a pesar de haber empleado el debido cuidado.
De manera que, en el fondo, la carga de la prueba de la diligencia se traduce en la demostraci�n de que el da�o se produjo por un hecho que no tiene ninguna relaci�n con el �mbito de cuidado del presunto responsable. No es, entonces, que la observancia del deber de cuidado no sea suficiente para refutar la presunci�n de culpa, sino que la demostraci�n de ese hecho es de tal rigor en esta especie de actividades que, por obra de la presunci�n legal, se forma en la mente del sentenciador la convicci�n de que el perjuicio se caus� con culpa de su autor; de manera que �nicamente la prueba de la causa extra�a resulta id�nea para corroborar la ausencia de culpa del demandado.
(�) El rompimiento del nexo de causalidad no puede interpretarse de manera abstracta y desligada de la conducta del agente, sino que su demostraci�n es signo inequ�voco de la ausencia de culpa. Ello indica que la culpa no solo es el fundamento sino el l�mite de la responsabilidad civil, porque m�s all� de ella solo puede existir la causa extra�a�.
De lo anterior, se decanta que tal como lo afirm� el demandado, la demostraci�n de la causa extra�a, que para el caso, se alega la culpa exclusiva de la v�ctima, rompe el nexo causal entre la conducta del agente y el da�o padecido por el actor. Sin embargo, como se subray�, la carga de la prueba que se radica en el extremo pasivo de la litis, debe estar destinada a acreditar que el insuceso se produjo por un hecho que no debe tener ninguna relaci�n con el �mbito de cuidado del presunto responsable, de ah� que la responsabilidad de la v�ctima tenga el calificativo de �exclusiva�.
Bajo ese entendido, bien es cierto que los testimonios aludidos en la sustentaci�n del recurso, rendidos por los se�ores Henry Mora y Victor Paz, mismos que fueron tenidos en cuenta en el fallo A quo, manifiestan que la ca�da del se�or CORTES BERNAL se debi� a una conducta imprudente el actor, cuando realiz� el �ltimo recorrido sin implementos necesarios que le pudieran brindar seguridad, como lo hizo en las oportunidades anteriores, tal como lo exig�a la actividad riesgosa.
No obstante, tal acreditaci�n no es plenamente demostrativa a tal punto de poder inferir de manera razonable que el da�o se produjo por culpa exclusiva de la v�ctima, por cuanto se encuentra demostrado con los testimonios de Cristian Alonso Rojas Acevedo y Robinson Rojas, que quienes participaron de la actividad de canopy no contaron con el acompa�amiento de personal adscrito al establecimiento que ofrec�a al p�blico la pr�ctica de dicha atracci�n, adem�s de que no exist�a la se�alizaci�n ni las recomendaciones del caso, ni personal t�cnico encargado de brindar las instrucciones debidas m�s all� de una breve explicaci�n. De ah�, tal como lo advirti� el A quo al momento de analizar los presupuestos axiol�gicos de la acci�n invocada, el se�or FRANCISCO ANDR�S GUTI�RREZ como propietario del establecimiento ostenta su guardia, o en otras palabras, ejerc�a poder de control y direcci�n, de ah� que el hecho da�oso no fue consecuencia de una circunstancia que no ten�a ninguna relaci�n con el �mbito de cuidado del demandado, sino todo lo contrario, pues en ejercicio de la custodia de la actividad que implicaba un riesgo, debi� asegurarse que la atracci�n dispusiera de toda la informaci�n necesaria en relaci�n con el uso de los implementos de seguridad, la obligatoriedad de utilizarlos y los riesgos de no hacerlo, adem�s de contar con el suficiente personal o adecuaciones f�sicas, o al menos se�alizaci�n que impidiera que cualquier persona sin los implementos de rigor, pudiera hacer uso del aparato.
Por ello, la Sala considera que lo demostrado con los testimonios invocados en la sustentaci�n de la alzada presentada por el demandado, no es de la suficiente contundencia como para alcanzar a romper el nexo de causalidad, pues la �exclusividad� no es el adjetivo que califica a la actividad desempe�ada por la v�ctima en la producci�n del da�o, aunque como pasar� a verse, si da para encuadrarla en lo previsto en el art�culo 2357 del C�digo Civil.
Por lo tanto, lo dicho hasta aqu� resulta suficiente para descartar el argumento de reproche esgrimido y contestar el primer problema jur�dico en el sentido de que en este caso no se encuentra acreditado que la culpa de la v�ctima haya sido exclusiva para la producci�n del da�o, no fue la causa eficiente y desde ese punto de vista no rompe el nexo causal. b) En virtud de la respuesta brindada al anterior cuestionamiento, pasar� la Sala a analizar si en el asunto existi� una concurrencia de culpas en la forma en que fue expuesto por el A quo en la sentencia de primera instancia. Al respecto, el apoderado de la parte actora reproch� la conclusi�n vertida en el fallo, puesto que el demandado nunca acredit� la culpa del se�or DIEGO CORTES, pues sus testigos no hab�an comparecido en su totalidad, las declaraciones de quienes asistieron no reflejaban un conocimiento de la realidad, no aportaron pruebas documentales, y en �ltimas que resulta imposible achacar responsabilidad a quien qued� en estado de invalidez.
De cara a lo vertido, vale mencionar que bien puede ser cierto que los testigos de la parte demandada no hayan concurrido en su totalidad al llamado que se les hizo, y que el extremo pasivo de la litis no haya aportado prueba documental. No obstante, ello no indica precisamente que la responsabilidad de la v�ctima en la producci�n de las consecuencias nefastas no se encuentre demostrada, en virtud de la aplicaci�n de cuatro principios que rigen la actividad probatoria: la comunidad de la prueba, el agotamiento de la capacidad demostrativa del medio como derivaci�n del principio de contradicci�n y la libertad probatoria y su libre y racional apreciaci�n. Brevemente, se tiene que el principio de la comunidad de la prueba implica que las pruebas pertenecen al proceso, no a quien las solicit�, aport� o decret�.
Por ello, en el evento de que el demandado no hubiese aportado ni un solo elemento de convicci�n, no podr�a decirse v�lidamente que nada puede demostrar, pues si existen medios probatorios v�lidamente aportados al plenario, el Juez debe valorarlos de acuerdo con las reglas de la sana cr�tica o persuasi�n racional, y es posible extraer conclusiones que favorezcan a dicho extremo en litigio, m�xime si ha ejercido el derecho de contradicci�n. Ello, tambi�n se relaciona con el agotamiento de la capacidad demostrativa del medio, como una derivaci�n del principio de contradicci�n, pues el conocimiento del objeto se puede adquirir de manera cabal, �ntegra, en la medida que el medio de prueba aporta elementos positivos y negativos, sin consideraciones de ninguna naturaleza, o en otras palabras, aporta elementos de cargo como de descargo.
Igualmente, no puede existir duda de que en nuestro ordenamiento jur�dico existe el principio de libertad probatoria, seg�n el cual todos los hechos que deban ser demostrados en un determinado proceso lo pueden ser por cualquiera de los medios probatorios aceptados por el legislador; de ah� que no pueda aceptarse que en este caso el demandado no acredit� determinado hecho tan solo porque no aport� prueba documental.
De acuerdo con lo anterior, no puede entenderse que el demandado no haya demostrado la culpa del demandante, ya que de acuerdo con el material probatorio, en especial la prueba testimonial, misma que fuera rendida por los se�ores Henry Cardemio Mora Sacanambuy y Victor Aurelio Paz Guerrero, puede advertirse que DIEGO FERNANDO CORT�S BERNAL hizo el �ltimo recorrido sin autorizaci�n de los encargados de prestar el servicio, sin usar los implementos necesarios, desatendiendo los m�nimos de seguridad que con anterioridad, en otros desplazamientos s� observ�.
Por lo dem�s, tambi�n se destac� en el fallo de primera instancia la declaraci�n de parte rendida por el actor, que de sus dichos se extrae que aun siendo consciente de las falencias se expuso a los riegos, apreciaciones con las cuales esta Corporaci�n concuerda. As�, lo demostrado precisa la aplicaci�n del art�culo 2357 del C�digo Civil, seg�n el cual la apreciaci�n del da�o est� sujeta a reducci�n, si el que lo ha sufrido se expuso a �l imprudentemente, supuesto f�ctico contenido en la norma que por encontrarse demostrado como se dijo, implica inevitablemente derivar su consecuencia, tal como lo hizo el A quo, respondiendo entonces la cuesti�n planteada, en el sentido de entender que s� existe base de convicci�n suficiente para declarar la existencia de una concurrencia de culpas del demandante y demandado en la producci�n del da�o. c) Descartados los anteriores argumentos de reproche, la Sala advierte que buena parte de la sustentaci�n del recurso de apelaci�n presentado por la parte actora, se destin� a criticar las razones que dieron lugar a declarar la prosperidad de la objeci�n por error grave del dictamen pericial que se produjo en virtud de la pr�ctica de la prueba anticipada de inspecci�n judicial.
Al respecto, se�al� el censor que en los pasos de obtenci�n del mencionado medio probatorio, se respetaron todas las reglas contenidas en las normas aplicables a la materia, lo cual es cierto, de ah� que a la prueba no se la haya acusado y mucho menos declarado ilegal, pues est� decantada su legalidad como presupuesto de validez y existencia jur�dica en raz�n a que resulta conforme con el ordenamiento jur�dico.
Pese a ello, la objeci�n por error grave se fundamenta en otros presupuestos, no en la inconformidad de la prueba con la norma. Igualmente, el apelante indic� que quien realiz� el concepto era ingeniera civil y contaba con los estudios necesarios para emitirlo, lo cual no es del todo cierto, puesto que de as� haber sido, la misma perito no hubiera manifestado que su informe estuvo basado en investigaciones o consultas que se hicieron a colegas que ten�an �m�s experiencia en el caso�, reconociendo con ello, que no dispon�a de la totalidad del conocimiento necesario.
Por otra parte, si bien la perito manifest� que el dictamen tambi�n se hab�a basado en su propia experiencia porque en las construcciones que hab�a realizado hasta el momento de su declaraci�n, se hab�an hecho trabajos de altura que implicaban el manejo de obreros con arneses para su seguridad, no inform� cu�les de ellos implicaban el manejo de conocimientos necesarios sobre medidas t�cnicas de protecci�n para dichas condiciones, puesto que al narrar su recorrido laboral, describi� la remodelaci�n del centro de Salud Morasurco ubicado en Daza, la construcci�n de la escuela San Rafael en el Barrio San Pedro y de viviendas particulares, sin especificar en cu�l de dichas edificaciones adquiri� la experiencia que manifest� tener, cosa diferente que se hubiera podido inferir del trabajo en la construcci�n de puentes, edificios o cualquier otra que tuviera altas dimensiones.
Igualmente se describe que ella hab�a realizado otros ocho dict�menes periciales, sin especificar tampoco sobre qu� materias versaron y si ellas se relacionaban de alg�n modo con la precisa tem�tica que aqu� se pretende dilucidar. Pese a ello, y si en gracia de discusi�n pudiera entenderse que la perito designada ten�a los conocimientos t�cnicos para la elaboraci�n del informe solicitado, no debe perderse de vista que el numeral 4� del art�culo 238 del C�digo de Procedimiento Civil predica que las partes pueden objetar el dictamen por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a las que hubiere llegado el perito o porque el error se haya generado en estas.
De lo anterior, se entiende que para que prospere la objeci�n del dictamen pericial por error grave se requiere la existencia de una equivocaci�n de tal gravedad o una falla que tenga entidad de conducir a conclusiones igualmente equivocadas, lo que en otros t�rminos significa que el error grave debe referirse al objeto de la peritaci�n, y no a la conclusi�n del perito.
Al respecto, como lo precis� el Juez de instancia, las conclusiones vertidas por la perito designada se fundamentaron en el parang�n del objeto observado, en relaci�n con el cumplimiento de unos requisitos exigidos por la ley 1225 vigente a partir del a�o 2008, siendo que el accidente se produjo en el 2006, momento para el cual el demandado no se encontraba en la obligaci�n de acatar previsiones que s�lo se consagraron mucho tiempo despu�s. As�, lo aqu� referido s� es un error del suficiente talante que resulta determinante de las conclusiones a las que lleg� la perito.
De otro lado, tambi�n el dictamen se realiz� tres a�os despu�s de ocurrencia del insuceso, teniendo como objeto las instalaciones que fueron escenario del hecho da�oso, los que no se mantuvieron intactos desde la ocurrencia del hecho, sino que fueron abandonados en raz�n a lo sucedido, situaci�n que no fue tenida en cuenta en el dictamen.
Raz�n que sumada a lo anterior, implican la procedencia de la objeci�n por error grave tal como lo hizo el juez de primera instancia. No obstante, si s�lo en gracia de discusi�n se aceptara que la objeci�n por error grave no fuera procedente como lo solicita el actor, debe manifestarse que las conclusiones del dictamen lo que alcanzan a demostrar, ser�a lo ya referido para descartar la exclusividad de la culpa de la v�ctima y la acreditaci�n de las falencias cometidas por el demandado, entre ellas la falta de instructivos o se�alizaci�n, elementos de cerramiento que impidan el acceso al p�blico, la falta de instructores expertos, mismas que por encontrarse verificadas con otros medios de prueba, dieron lugar a entender que la concurrencia del demandado en la producci�n del da�o alcanzaba el 60%.
En ese sentido, contrario a lo considerado por el actor y alzadista, dicho dictamen no desvirt�a que la v�ctima se expuso imprudentemente al riesgo, de ah� que los reproches vertidos alrededor de este t�pico no alcanzan a derribar los pilares sobre los que se fundament� la decisi�n de primera instancia, en lo referido a la concurrencia de culpas. d) Ahora, el apoderado de la parte actora puso de presente su desacuerdo con la falta de condena a la demandada por los conceptos de da�o emergente y lucro cesante, puesto que si bien los documentos aportados para demostrarlos correspond�an a copias simples, la modificaci�n introducida por la ley 1395 de 2010, la falta de reproche o tacha respecto de los mismos y en �ltimas la facultad de decreto oficioso por parte del Juez de instancia, permiten entender que si fueron debidamente demostrados.
Frente a lo dicho, debe se�alarse que el presente tr�mite est� regido en su integridad por el C�digo de Procedimiento Civil, norma que estuvo vigente durante todo su devenir procesal incluyendo tambi�n la interposici�n y tr�mite del recurso de apelaci�n. Al respecto, los art�culos pertinentes, que son invocados por el alzadista, se�alan en los apartes que importan al asunto: Art�culo 252: Documento aut�ntico.
Es aut�ntico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento p�blico se presume aut�ntico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. El documento privado es aut�ntico en los siguientes casos: (�) 3. Si habi�ndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, �sta no lo tach� de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestaci�n contemplada en el inciso segundo del art�culo 289.
Esta norma se aplicar� tambi�n a las reproducciones mec�nicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirm�ndose que corresponde a ella. 4. Si fue reconocido impl�citamente de conformidad con el art�culo 276. Art�culo 276: Reconocimiento impl�cito. La parte que aporte al proceso un documento privado, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podr� impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad.
Existe tambi�n reconocimiento impl�cito en el caso contemplado en el numeral 3� del art�culo 252. Al respecto, pertinente resulta el aparte jurisprudencial que tambi�n fue citado en la providencia de primera instancia, que por su precisi�n respecto del tema en debate, se hace necesario invocarlo nuevamente: �La presunci�n de autenticidad de las copias simples que se�ala el inciso 4� del art�culo 252, modificado por el� art�culo 11 de la Ley 1395 de 2010, s�lo es aplicable si se trata de documentos que se aportan en original o en copias que cumplan con los requisitos se�alados en los art�culos 254 y 268 del estatuto adjetivo.
De manera que el art�culo 11 de la Ley 1395 de 2010 no equipar� el valor de las copias simples al del documento original, ni derog� las exigencias contempladas en los art�culos 254 y 268 del ordenamiento procesal; por lo que no tiene ning�n sentido afirmar algo distinto, pues si el legislador as� lo hubiera querido, le habr�a bastado con eliminar del ordenamiento procesal las normas que imponen los aludidos requisitos o, simplemente, habr�a preceptuado que las copias informales tienen para todos los efectos legales el mismo valor que el original, lo que, evidentemente, no ha hecho.
De todo lo expuesto se concluye que las copias simples o informales carecen de todo valor probatorio, como lo ha venido sosteniendo esta corporaci�n en pret�ritas decisiones; por lo que dictar una sentencia con fundamento en esa especie de documentos constituye, evidentemente, una violaci�n al debido proceso�. Sin que sea aplicable el precedente jurisprudencial invocado por la parte actora, en la medida que se refiere a normas contenidas en el C�digo General del Proceso, las cuales para el presente asunto no adquirieron vigencia. Con lo anterior, resulta claro que de conformidad, incluso con las normas que fueron invocadas por la parte censora, se tiene que las copias simples aportadas por el demandante con el objeto de demostrar los montos por concepto de da�o emergente y lucro cesante, no ostentan ning�n valor probatorio, y contrario a lo esbozado en la sustentaci�n del recurso, ser�a su apreciaci�n lo que derivar�a un atentado contra la prerrogativa fundamental al debido proceso, la que no s�lo se radica en el actor sino en todos los sujetos procesales que intervinieron en el tr�mite.
As�, trat�ndose de copias simples no es necesario que la parte contra la que se aducen deba manifestar alg�n tipo de tacha a efectos de no tenerlas en cuenta, puesto que aquella consecuencia se deriva �nicamente de la aplicaci�n directa de las normas mencionadas, bajo la interpretaci�n hecha por la m�xima regente de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil.
Pese a ello, no puede perderse de vista que la sociedad llamada en garant�a solicit� expresamente no otorgar valor probatorio a dichos instrumentos. Igualmente, llama la atenci�n de la Sala el argumento construido seg�n el cual la consecuencia jur�dica de las dudas probatorias que arroje el tr�mite del proceso, deben ser absueltas por el Juez a trav�s de decreto de pruebas de oficio.
Lo cual no es correcto conforme pasa a explicarse: Bien es sabido que en materia de perjuicios, en especial la demostraci�n de su existencia y cuant�a es una carga que le corresponde exclusivamente al demandante, de ah� que no sea una materia sobre la cual el Juez deba pronunciarse de oficio, menos a�n a efectos de proferir un fallo de fondo como contraposici�n a uno inhibitorio, puesto que la ausencia de dicho material de convicci�n no implica la imposibilidad de resolver la controversia, ni afecta derechos fundamentales como el acceso a la administraci�n de justicia en la medida que no cierra la puerta de acceso a la jurisdicci�n civil, sino prerrogativas de aquellas que son �ndole material y privada.
Bajo ese hilo argumentativo, se precisa que no siempre que el juez omita el decreto de una prueba de oficio que alguna de las partes, mediante el ejercicio del recurso de apelaci�n considera conveniente, incurra un una actuaci�n irregular. Ello en virtud del principio de carga de la prueba, respecto del cual se explica: �En el curso de un proceso judicial las partes desarrollan una pluralidad de actuaciones; algunas de la cuales son obligatorias e incluso pueden ser exigidas coactivamente por el juez, de manera oficiosa o a petici�n de parte contraria.
Otras actuaciones, dependen del inter�s directo de esa parte y son las denominadas �cargas�, es decir que el interviniente en el proceso, dependiendo de su inter�s escoge si act�a o se abstiene de hacerlo; pero en este �ltimo caso asume las consecuencias�. Sobre el mismo punto, el maestro Hern�ndo Devis Echand�a explic�: �Carga de la prueba es una noci�n procesal, que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez c�mo debe fallar, cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisi�n, e indirectamente establece a cu�l de las partes interesa la prueba de tales hechos, para evitar las consecuencias desfavorables o favorables a la otra parte�.
De lo anterior, puede extraerse que en el espec�fico t�pico relativo a la demostraci�n de los perjuicios materiales, las partes ostentan el poder de disponer del hecho, pues puede efectuar afirmaciones y luego hacer solicitudes probatorias, para sobre ellas fundamentar sus pretensiones indemnizatorias. Tambi�n, que el Juez en todo caso debe resolver de fondo, pero siempre conforme con lo solicitado y probado.
Al respecto se precisa: �Lo anterior significa que existe una regla de juicio que obliga al juez a resolver siempre de fondo, evita los fallos inhibitorios; por tanto la regla de la carga de la prueba despliega sus efectos t�picos cuando ya la fase de valoraci�n probatoria ha concluido y el juez ha establecido la insuficiencia de elementos probatorios, es decir constata que hay hechos inciertos y en consecuencia resuelve en contra de quien ten�a la carga de la prueba o a favor de la parte contraria�.
En igual sentido, el Consejo de Estado al analizar los art�culos 174 y 177 del C�digo de Procedimiento Civil, explic�: �La carga de la prueba corresponde a las partes� El juez no puede adoptar decisiones que no est�n fundadas en las pruebas debidamente allegadas al proceso, ni le corresponde descargar a las partes de sus deberes probatorios, puesto que se incurrir�a en una vulneraci�n flagrante de los art�culos 174 y 177 del C�digo de Procedimiento Civil, as� como tambi�n se estar�a vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del interviniente que resulta afectado�.
Como corolario de lo dicho, se tiene que la demostraci�n de la existencia y monto de los perjuicios de car�cter material, es ante todo una carga, misma que debe asumir de forma exclusiva el demandante, pues no versa sobre cuestiones que de oficio deba resolver el Juez, y la ausencia de demostraci�n en forma alguna implicar�a proferir un fallo inhibitorio, de ah� que no se afecten derechos fundamentales, mucho menos el de acceso a la administraci�n de justicia, puesto que por el contrario la prerrogativa en discusi�n es de orden privada, y por ende es el mismo actor quien tiene el poder de disponer del hecho, de ah� que no pueda acusarse al fallo de contener una actuaci�n irregular.
Por ello, se encuentra que no siempre que el juez establezca la insuficiencia de los medios probatorios respecto de cualquier punto, deba en consecuencia proceder inevitablemente al decreto de la prueba oficiosa, ya que como en este caso, debe hacer uso de la regla de juicio que impone resolver en contra de la parte que ten�a la carga de la prueba de la existencia o monto de los perjuicios, o fallar a favor de su contradictor, indicar lo contrario ser�a un atentado contra las normas que regulan la carga de la prueba y por ende s�, una afectaci�n a los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa de quien resultar�a afectado.
As�, el juez de primera instancia ante las falencias probatorias evidenciadas por la parte actora respecto de la demostraci�n de los perjuicios de �ndole material, aplic� la regla de juicio mencionada en el sentido de que era sobre ella que reposaba la carga de demostrarlos, de ah� que al no haberla satisfecho en debida forma, fall� a favor del demandado no imponiendo condena por tales conceptos, decisi�n que a la luz de lo hasta aqu� expuesto no resulta equivocada.
Sobre el mismo t�pico, tambi�n es deber manifestar que el Juez de instancia para denegar la condena por el perjuicio de lucro cesante, no s�lo se fundament� en la falla probatoria antes evidenciada, sino que adem�s, tambi�n tuvo en cuenta otros medios probatorios, especialmente la prueba documental aportada por el llamado en garant�a, consistente en un disco compacto donde se registr� una entrevista brindada por �l en un medio de comunicaci�n nacional, en donde manifest� que el equipo Deportivo Pasto para el cual trabajaba, continu� con su contrato, e incluso se acord� otro acuerdo de voluntades para publicidad.
Por ello, si la causa para solicitar una indemnizaci�n por lucro cesante eran los ingresos que la v�ctima dej� de percibir en raz�n del contrato que sosten�a con el equipo de futbol profesional para el que trabajaba, se entiende que �stos no dejaron de percibirse, pues como el mismo demandante lo expres� en una entrevista p�blica, dicho acuerdo continu�.
Adem�s, como tambi�n lo advirti� el A quo el se�or DIEGO FERNANDO CORTEZ se desempe�� como diputado de la Asamblea Departamental de Nari�o. De lo dicho, se tiene que la no imposici�n de condena por concepto de lucro cesante no obedeci� �nicamente a la ausencia o a las falencias probatorias del actor, sino a lo probado en el plenario, a trav�s de medios de convicci�n legalmente aportados. e) Finalmente, tanto el demandante como el demandado, solicitan sea condenada la sociedad llamada en garant�a, SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., por cuanto, seg�n sus criterios es la llamada a responder por las condenas impuestas.
Al respecto, obra en el plenario la copia de la p�liza de seguro No. 5015234 del veintitr�s (23) de febrero de dos mil seis (2006), misma que la sociedad llamada en garant�a acept� su existencia, la que lleva como t�tulo �P�liza de seguro multirriesgo SUPYME y recibo de prima�, que en el folio 25 del cuaderno del llamado en garant�a, puede observarse que dentro de las coberturas est� bajo el c�digo 013 la de �responsabilidad civil�, de ah� que por no establecerse de forma expresa distinci�n, se entiende que se trata tanto de la de origen contractual como la extracontractual, y as� lo establece la parte final del art�culo 1127 del C�digo de Comercio.
Ahora, el art�culo 1088 del C�digo de Comercio, establece que respecto del asegurado, los seguros de da�os ser�n contratos de mera indemnizaci�n y jam�s podr�n constituir para �l fuente de enriquecimiento. La indemnizaci�n podr� comprender a la vez el da�o emergente y el lucro cesante, pero �ste deber� ser objeto de un acuerdo expreso. Por su parte, el art�culo 1127 ib�dem, precisa que el seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligaci�n de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como prop�sito el resarcimiento de la v�ctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnizaci�n, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.
A partir de lo anterior, el apoderado de la parte demandada argument� que el art�culo 1127 del C�digo de Comercio es una norma especial que regula espec�ficamente el contrato de seguro de responsabilidad, que por no hacer distinciones entre el lucro cesante y da�o emergente, ni siquiera entre perjuicios de orden material e inmaterial, se deb�a entender que todos est�n dentro de las coberturas de este tipo de acuerdos.
Lo que no sucede con los contratos de da�os, que son distintos de los de responsabilidad. No obstante, olvida el alzadista que la clasificaci�n hecha por el C�digo de Comercio respecto de los contratos de seguro, �nicamente los divide en dos categor�as, de da�os y de personas, y ese es el sentido del art�culo 1082. Igualmente, los contratos de seguro de da�os, se subdividen en reales o patrimoniales.
Igualmente, de acuerdo con el c�digo en comento, se entienden comprendidos dentro del g�nero de los contratos de seguro de da�os, los de seguro de incendio, de transporte y de responsabilidad, siendo estos sus especies. As�, los art�culos 1083 a 1112 del C�digo de Comercio, contienen los principios comunes a los convenios mencionados, es decir, que el art�culo 1088, por encontrarse dentro de ellos, le es aplicable a todos los contratos de seguro de da�os, entre ellos el de responsabilidad, norma que entiende comprendido dentro del amparo, s�lo los perjuicios de �ndole material o patrimonial, enti�ndase lucro cesante y da�o emergente, no los de otra naturaleza.
Por ello, incluso los extractos jurisprudenciales tra�dos por el demandado alzadista, especialmente el proferido por la Corte Suprema de Justicia el quince (15) de septiembre de dos mil quince (2015), �nicamente se refieren a la posibilidad de entender comprendidos dentro del amparo del seguro de responsabilidad, tanto el lucro cesante como el da�o emergente, pero de ninguna forma entendi� la Alta Corporaci�n que tambi�n estaban incluidos los perjuicios de orden inmaterial como lo pretende el censor.
De ah�, en atenci�n a que las condenas impuestas excluyeron la indemnizaci�n por lucro cesante y da�o emergente, y por ello s�lo se reconoci� el pago por el concepto de da�o a la vida de relaci�n, no existe posibilidad jur�dica de ordenar a la sociedad aseguradora pagar la indemnizaci�n requerida, puesto que tal perjuicio no se encuentra dentro de la cobertura del respectivo contrato. f) Por lo dem�s, respecto de la ausencia de condena por perjuicios morales, de la lectura atenta de la respectiva sustentaci�n del recurso, nada dijo el apelante actor, de ah� que la Sala advierta que el demandante no tiene reparos respecto de dicho tema.
No otra cosa puede entenderse, cuando adem�s, en el p�rrafo de las pretensiones de manera literal indic�: �En virtud de lo expuesto solicito revocar la sentencia de la referencia y no declarar prosperadas las excepciones de la misma ya que existe suficiente material probatorio para ello y en su lugar condenar al pago d los perjuicios materiales a t�tulo de lucro cesante y da�o emergente�� De lo anterior, que la Sala no tenga competencia para emitir pronunciamiento al respecto, m�xime si se tiene en cuenta que sobre el t�pico no existe ning�n argumento de reproche a resolver.
As�, en raz�n de lo expuesto se descartan los argumentos de reproche expuestos por la parte demandante y demandada, lo que implica en consecuencia la confirmaci�n en su integridad de la sentencia del A quo. Finalmente, en virtud de que los recursos de apelaci�n han sido resueltos de manera negativa a las partes que los interpusieron, se har�a necesaria la condena en costas de segunda instancia, tal como lo prev� la tercera regla del art�culo 392 del C. de P. C. No obstante, ello no ocurrir� por cuanto se compensan.
III. DECISI�N En m�rito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en Sala de Decisi�n Civil Familia, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, Resuelve:
PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia de primera instancia proferida el d�a veintiocho (28) de enero de dos mil diecis�is (2016) por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto al interior del presente asunto.
SEGUNDO. SIN LUGAR A CONDENAR en costas de segunda instancia.
TERCERO. ORDENAR, una vez en firme la presente decisi�n, el env�o del expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones en los libros radicadores que correspondan. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE GABRIEL GUILLERMO ORT�Z NARV�EZ Magistrado AIDA M�NICA ROSERO GARC�A Magistrada (La H. Corte Suprema de Justicia a�n no ha designado su reemplazo) FRANKLIN TORRES CABRERA Magistrado Acta N�_____ Fl. 1 � C. 1 Fl. 127 � C. 1 Fl. 166 � C. 1 Fl. 1 � C. 2 Fl. 25 y 35 � C. 2 Fl. 38 � C. 2 Fl. 2 � C. Pruebas de la parte demandante. Fl. 5 � C. Ib�dem. Fl. 52 � C. Despacho comisorio. Fl. 10 reverso � C. No. 3 Incidente de objeci�n a prueba anticipada. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil.
Sentencia de 7 de junio de 2012, M.P. Dr. Ariel Salazar Ram�rez. Expediente N� 2012-01083. MANRIQUE BERNAL, Lu�s Eduardo. M�dulo debate probatorio, versi�n electr�nica actualizada a�o 2017. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. p. 86. DEVIS HECHAND�A, Hernando. Compendio de derecho procesal, Tomo II. Ed. ABC. Bogot�, 1975. p. 86. MANRIQUE BERNAL, Lu�s Eduardo.
M�dulo debate probatorio, versi�n electr�nica actualizada a�o 2017. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. p. 87. Consejo de Estado, sentencia 16188 de 4 de diciembre de 2006. C.P. Mauricio Fajardo G�mez. En tanto no se asumi� en debida forma la carga de la prueba; que adem�s estaba acreditado que en estricto sentido no exist�a lucro cesante, ya sea porque se continu� con el contrato que estaba vigente y su pr�rroga o transferencia se constitu�a en apenas una mera expectativa. PAGE PAGE \* MERGEFORMAT25 Apelaci�n de sentencia en proceso ordinario No. 186 � 01 Magistrado ponente: Gabriel Guillermo Ortiz Narv�ez &*NPZ[\kmn����������켪����Ԁ��hPhP F J Q R U h n w � � ��ů��q_I_I7I7#h;�hK?CJOJQJ\�^JaJ+h;�h� WCJOJQJ\�^JaJmH $sH $#h;�h� WCJOJQJ\�^JaJ#h;�ho�CJOJQJ\�^JaJ+h;�h�B�CJOJQJ\�^JaJmH $sH $+h;�h��CJOJQJ\�^JaJmH $sH $+h;�h�.�CJOJQJ\�^JaJmH $sH $#h;�h� CJOJQJ\�^JaJ+h;�h*tCJOJQJ\�^JaJmH $sH $#h;�h,q?CJOJQJ\�^JaJ� � � " � � @ B S X b e � � � � ������홆pZHZHZp6#h;�ho�CJOJQJ\�^JaJ#h;�h+}�CJOJQJ\�^JaJ+h;�h+}�CJOJQJ\�^JaJmH $sH $+h;�h5qCJOJQJ\�^JaJmH $sH $%h:o�CJOJQJ\�^JaJmH $sH $#h;�hK?CJOJQJ\�^JaJ+h;�h�`�CJOJQJ\�^JaJmH $sH $+h;�hu=:CJOJQJ\�^JaJmH $sH $+h;�h}SCJOJQJ\�^JaJmH $sH $#h;�h�3HCJOJQJ\�^JaJ� HJKLbdv�������ׯ��q�]K5##h;�h>�CJOJQJ\�^JaJ+h;�h>�CJOJQJ\�^JaJmH $sH $#h;�hv|CJOJQJ\�^JaJ&h;�hv|5�CJOJQJ\�^JaJ.h;�h+8 5�CJOJQJ\�^JaJmH $sH $&h;�h+8 5�CJOJQJ\�^JaJ#h;�h�2 CJOJQJ\�^JaJ#h;�h"\�CJOJQJ\�^JaJ+h;�hC(CJOJQJ\�^JaJmH $sH $#h;�ho�CJOJQJ\�^JaJ+h;�h� CJOJQJ\�^JaJmH $sH 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