Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 2011-00085 (590-01)

Sala: CIVIL

Ponente: Marcela Adriana Castillo Silva

Fecha: 2017-07-11

Sujetos procesales: DEMANDANTE: ROCIO SARASTY MONTENEGRO \ DEMANDADO: SONIA MONTENEGRO MARTINEZ

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Igualmente como las mandatarias nunca cumplieron con su obligaci�n de transferir el bien a la demandante y por el contrario, lo hipotecaron y fue objeto de embargo dentro de un proceso ejecutivo, haciendo imposible la restituci�n, con el fin de evitar que la sentencia se haga ineficaz, hay lugar a ordenar como restituci�n por equivalente el pago del valor del bien, determinado mediante dictamen pericial./ TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA Magistrada Sustanciadora: Marcela Adriana Castillo Silva Ref.: Responsabilidad Civil contractual 2011-00085 (590-01) Acta de discusi�n: ________ Pasto, once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017) Decide la Sala el recurso de apelaci�n incoado por la parte demandada contra la sentencia de 5 de julio de 2016, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto, dentro del proceso responsabilidad civil contractual propuesto por ROCIO SARASTY MONTENEGRO frente a SONIA ISAELA MONTENEGRO MARTINEZ y LORENA MONTENEGRO MARTINEZ.

I.

ANTECEDENTES Las pretensiones de la demanda principal presentada por se�ora Betty del Roc�o Sarasty Montenegro, son: 1. obtener la declaratoria judicial de la existencia de un contrato de mandato celebrado entre la se�ora Rosario Montenegro de Sarasty (madre de la actora) y las se�oras Sonia Isaela Montenegro Mart�nez y Lorena Montenegro Mart�nez (hermanas de la se�ora Rosario y t�as de la demandante), consistente en que estas �ltimas se encargaban de adquirir ante el Municipio de Pasto el Local No. 3 del Centro Comercial Bombon� con dinero suministrado por la se�ora Rosario, y una vez la Alcald�a Municipal le otorgara las escrituras a favor de la hermanas Montenegro Mart�nez, �stas estaban obligadas a transferir dicho bien a favor de su hija Betty del Roc�o Sarasty Montenegro, dado que aquella estaba impedida para ofertar en su nombre, en el de su esposo, o en el de sus hijos, por el local, el cual en todo caso, siempre ha sido explotado comercialmente por la mandante, ahora fallecida y por su hija.

El encargo conferido nunca fue cumplido por las demandadas, quienes por el contrario, gravaron el bien con hipoteca, y el inmueble fue embargado en el proceso ejecutivo hipotecario que se adelanta para el cobro de la obligaci�n as� avalada, en el cual ya se orden� su venta en p�blica subasta. 2. Que la demandante se allan� a pagar a las demandadas el precio pactado en el mandato, sin que ellas se hayan avenido a recibirlo. 3.

Que se cumpla por las demandadas la convenci�n pactada 4. Que las demandadas paguen los perjuicios morales causados a la demandante, con su proceder omisivo. Subsidiariamente reclama la demandante que se declare: 1. Que las demandadas se han enriquecido sin justa causa con el consecuente empobrecimiento de la demandante y por ello deben indemnizar los perjuicios materiales y morales causados.

Por su parte las demandadas negaron los supuestos f�cticos en los que se afincaron las pretensiones; propusieron como excepci�n, adem�s de la gen�rica, la nulidad absoluta del mandato por objeto il�cito, dado que la mandante no pod�a adquirir ni directamente ni por interpuesta persona el inmueble. A su turno demandaron en reconvenci�n la reivindicaci�n del inmueble.

Tanto las pretensiones principales, como las de la demanda de reconvenci�n fueron negadas en primera instancia. II. CONSIDERACIONES. 1. Problema Jur�dico: Corresponde a este Tribunal determinar como primera medida, si la valoraci�n probatoria efectuada por la Juez a quo, que dio lugar a negar las pretensiones principales, fue adecuada, o si por el contrario la parte demandante demostr� la existencia de un contrato de mandato entre la se�ora Rosario Montenegro de Sarasty, en calidad de mandante, y Sonia Isaela Montenegro Mart�nez y Lorena Montenegro Mart�nez en calidad de mandatarias, en caso negativo, la Sala deber� determinar si se configur�, o no, un enriquecimiento sin causa. 2.

An�lisis del caso 2.1. Conforme al art�culo 2142 del C�digo Civil, el mandato es aquel negocio jur�dico de naturaleza consensual, en virtud del cual una persona llamada mandante o comitente conf�a la gesti�n de uno o varios negocios a otra persona -mandatario, apoderado o procurador-, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo del mandante.

El mandato puede ser con representaci�n o sin representaci�n, el mandato con representaci�n es aquel mediante el cual el mandatario ante terceros manifiesta que act�a por cuenta y riesgo de otro, el mandatario obra en virtud de un poder que hace conocer a quienes con �l contratan, d�ndoles a entender de manera indubitable que las operaciones que realiza se radicar�n directamente en el patrimonio de otro, en cuyo nombre obra, y con quien deber�n entenderse a efectos de ejercer los derechos y acciones derivados del contrato realizado.

Mientras que hay mandato sin representaci�n cuando el mandatario act�a como titular de los negocios que gestiona, frente a los terceros con quienes contrata, el mandatario aparece como titular de los derechos que agencia, as� como de las acciones derivadas del contrato. No obstante, esto no quiere decir que el sustituido se mantenga totalmente al margen de la situaci�n y que los resultados del negocio no lo alcancen: por supuesto que el intermediario, aunque obra frente a terceros en nombre propio, sigue haci�ndolo por cuenta ajena, la del mandante, y a riesgo de �ste, cual lo define el rese�ado art�culo 1262 del C�digo de Comercio, de modo que sobre su patrimonio habr�n de recaer, en �ltimas, los resultados del acto.

Definiciones estas, extractadas de sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 17 de abril de 200, expediente 00645, con ponencia del magistrado Pedro Octavio Munar Cadena. 2.2. En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, al hacer un estudio coherente del conjunto probatorio, se evidencia que aunque muchos de los declarantes desconoc�an la existencia de un contrato de mandato suscrito por Rosario Montenegro de Sarasty y las demandadas Sonia Isaela y Lorena Montenegro Mart�nez, y que no se aport� el documento contentivo de dicha convenci�n, ello no es �bice para desechar la pretensi�n principal de la se�ora Roc�o Sarasty Monenegro, toda vez que los elementos de prueba muestran la existencia de un mandato oculto, lo que indica que la gesti�n confiada se hizo de manera secreta, no p�blica, y por lo mismo no hay lugar a exigir una prueba directa de la convenci�n, y menos a prescindir de las declaraciones de familiares de la demandante, pues son ellos justamente los que pudieron conocer de primera mano, la convenci�n velada que se dio entre la madre de la demandante y sus hermanas, a quienes les confi� la gesti�n de aparecer como compradoras del local comercial, que ella no pod�a adquirir directamente, y luego efectuar la transferencia a la hija de aquella.

De all� que fundamentalmente deba acudirse a la prueba indiciaria para evidenciar la existencia de un pacto que fue oculto. Al respecto la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 16 de febrero de 1996, siendo Magistrado Ponente Rafael Romero Sierra. Expediente 4575, expres�: �resulta oportuno recordar que el mandato oculto, al igual que la simulaci�n, dif�cilmente puede demostrarse con prueba directa, por cuanto lo que se busca con el ejercicio de la pretensi�n respectiva es descubrir la existencia de una autorizaci�n secreta, que usualmente no es expresa sino impl�cita, raz�n por la cual el interesado en evidenciarlo dispone de todos los elementos de prueba que puedan llevarle al juez la convicci�n de su ocurrencia, � - -.no solo porque en tal supuesto lo que se busca es la demostraci�n de un contrato de mandato, el cual en nuestro derecho es t�picamente consensual, sino tambi�n y fundamentalmente porque no se trata en tal hip�tesis de acreditar las obligaciones generadas de un acto jur�dico solemne, otorgado con intervenci�n de un testaferro, sino el acuerdo preexistente entre �ste y el verdadero interesado en la negociaci�n� (Cas.

Civ. de 17 de mayo de 1976 - G.J. Tomo CLII. p�g. 154), dificultad probatoria que generalmente obliga a quien pretenda demostrar la existencia de un pacto de dicho linaje, a recurrir a los indicios, es decir, a todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en general a todo hecho conocido, debidamente comprobado, susceptible de llevarle al funcionario judicial, por v�a de la inferencia, la convicci�n de su ocurrencia.� (Se resalta) 2.3.

Por consiguiente, dadas las circunstancias del caso en particular, debe este Tribunal para determinar si efectivamente hay un contrato de mandato y revocar la sentencia apelada o considerar que no existe prueba suficiente que acredite tal y confirmar la sentencia del a quo, hacer un an�lisis minucioso y en conjunto de todas las pruebas obrantes del proceso.

As�, observa la Corporaci�n que la se�ora Betty del Roc�o Sarasty Montenegro con la contestaci�n de la demanda de reconvenci�n aport� en original dos comprobantes de pago del local comercial No. 3, el primero adiado el 8 de julio de 1998 por valor de $5.000.000,oo (fl. 12, cdno. 2) y el segundo de fecha 21 de abril de 1999 por la cantidad de $10.797.114 (fl. 13 cdno. 2), un indicio que permite determinar que fue la se�ora ROSARIO, madre de la demandante quien con recursos provenientes de su pecunio, cancel� el valor total del local comercial que sus hermanas aparec�an adquiriendo para s�, pero de manera enga�osa, ya que no habr�a raz�n alguna que explique porqu� estos recibos estaban en poder de la demandante y no de quienes supuestamente hab�an efectuado el pago.

De otra parte las se�oras Sonia Isaela y Lorena Montenegro Mart�nez, no probaron en manera alguna que contaran con el dinero para efectuar la compra del local comercial, ni allegaron ning�n elemento de juicio que denote que efectivamente ellas cancelaron la totalidad del inmueble, mientras que los testigos, al un�sono se�alan que la mandataria, Rosario Montenegro de Sarasty, contaba con recursos econ�micos que le permit�an hacer el pago del local comercial en el que trabajaba con su esposo e hijos, desde tiempo atr�s. En adici�n, el esposo de quien fungi� como mandante, y quien es el padre de la demandante, expuso detalladamente las circunstancias en las que se hizo el pago del precio del local, y su versi�n cont� con el respaldo documental de los referidos recibos de pago, y con las versiones de los testigos que dan cuenta tanto de la oferta que hizo el municipio de Pasto a quienes ejerc�an el comercio en la antes denominada Plaza de Bombon�, como de las opciones de pago que se dio a los posibles compradores, lo que explica por qu� aparecen dos recibos de pago, se itera en poder de quienes verdaderamente lo efectuaron.

Por otra parte, se evidencia que la actora ha pagado el impuesto predial y la cuota de administraci�n, actos propios de persona que act�a como due�a de un bien, sin que, de nuevo, las demandadas principales hayan aportado prueba documental alguna que d� cuenta que est�n ejerciendo derecho alguno o cumpliendo con las obligaciones que conlleva su presunta calidad de propietarias del local comercial No. 3 del Centro Comercial Bombon�, pues no demostraron haber cancelado los impuestos correspondientes, ni las cuotas por la administraci�n comunal del local, todos los cuales efectu� primero la se�ora Rosario, y a su muerte los contin�o realizando la se�ora Betty Roc�o Sarasty Montenegro, tal como se corrobora con los recibos de pago de febrero de 2009 a diciembre de 2009, diciembre de 2010 y enero a marzo de 2011 (fls. 29 a 30 del cdno. No. 1).

Adem�s Mar�a Constancia Jurado Bravo, administradora del Centro Comercial Bombon� en el a�o 2004, declar� que �las cuotas ordinarias de administraci�n se cancelan mensualmente y las extraordinarias de acuerdo a los requerimientos que tenga el centro comercial, en el caso de este local No. 3 siempre lo hac�a la se�ora Roc�o� (fl. 15, cdno. 4), mientras que Omar Jes�s Villareal Montenegro, quien manifest� ser administrador de Centro Comercial Bombon� por cinco a�os desde el a�o 2005, se refiri� a la se�ora Roc�o como quien pagaba puntualmente las cuotas de administraci�n del local No. 3 de dicho centro comercial.

A su turno Jaime Segundo Garc�a Cadena persona que labor� en el Centro Comercial Bombon� como guardia de seguridad afirm� �yo trabaj� en Centro Comercial Bombon� m�s o menos desde 2001 a 2007, del local No. 3 siempre nos cancelaba la se�ora Betty Roc�o Sarasty, esos pagos se hac�an cada mes (fl. 18, cdno. 4). A lo anterior debe agregarse que del testimonio de la se�ora Mar�a Constanza Jurado Bravo, persona que como se dijo anteriormente se desempe�� como administradora del Centro Comercial Bombon� se deduce que la persona que asist�a a las reuniones de car�cter ordinario y extraordinario era la se�ora Betty del Roc�o Sarasty (fl. 14, cdno. 4), sin que obre prueba alguna en la que se demuestre que Sonia Isaela y Lorena Montenegro Mart�nez hayan asistido a las asambleas de copropietarios como due�as del local No. 3 del Centro Comercial Bombon�.

De otra arista, se ha acreditado dentro del plenario que las personas que siempre han estado ocupando y poseyendo el inmueble referido han sido Rosario Montenegro de Sarasty -madre de la demandante-, hasta el momento de su �bito, y en la actualidad Betty Roc�o Sarasty Montenegro, explot�ndolo comercialmente en venta de artesan�as, tal como lo declararon: Ilia Candida Bastidas de Benavides (fls. 3 a 7 cdno. 4);

Franco Edgar Santacruz Enr�quez (fls. 7 a 9, cdno. 4); Henry Guillermo S�nchez Moncayo (fls. 11 y 12, cdno. 4); Mar�a Constanza Jurado Bravo (fl. 15, cdno. 4); Jaime Segundo Garc�a Cadena (fl. 18, cdno. 35, cdno. 4), sin que de ninguna de las declaraciones se pueda extraer que las se�oras Sonia Isaela y Lorena Montenegro Mart�nez, hayan ocupado o explotado el local comercial No. 3 del Centro Comercial Bombon�, en alg�n momento, dado que se reitera los declarantes afirman que siempre las que han ocupado el inmueble han sido Rosario Montenegro y Betty Sarasty.

De all� que pueda afirmarse que no existe la m�s m�nima prueba dentro del plenario que demuestre que las demandadas Sonia Isaela y Lorena Montenegro Mart�nez hayan actuado como verdaderas propietarias del inmueble referido, a pesar de sostener que s� lo son, y a pesar de que el 9 de diciembre de 2010, el municipio de Pasto les otorg� la escritura p�blica de compraventa No. 6239 de la Notar�a Cuarta de Pasto, pues su conducta no denota que hayan ejercido posesi�n, dominio y explotaci�n del local comercial.

Para esta Sala, el testimonio de Mar�a Transito Cifuentes D�az, ayuda a cimentar la postura argumentativa de la parte demandante, pues adujo que en 1997 fue elegida como presidenta del sindicato de comerciantes del Centro Comercial Bombon� hasta el a�o de 1999, y no obstante que manifest� no tener conocimiento de la existencia de un contrato de mandato entre Rosario Montenegro Sarasty y Lorena y Sonia Montenegro Mart�nez, s� se�al� que los se�ores Guillermo -esposo de Rosario- y la se�ora Rosario le pidieron un consejo, dado que la alcald�a Municipal les hab�a ofrecido a todas las personas que ven�an ocupando los locales en Bombona que pod�a adquirir sus locales, sin embargo, una persona no pod�a obtener m�s de un local, y ellos ten�an, tres locales, por lo que le dijeron que quer�an poner ese local a nombre de las hermanas de la se�ora Rosario, tambi�n dijo de manera textual que �yo tengo entendido que lo compraron don Guillermo y la se�ora Rosario, lo pagaron en dos cuotas, � Ese local lo hab�an puesto a nombre de do�a Lorena y de do�a Sonia Montengro hermanas de la se�ora Rosario�, tambi�n expres� que estas se�oras(Lorena y Sonia) nunca han trabajado en ese local, y agreg� que ese local n�mero tres (3) fue construido por la se�ora Rosario Montenegro de Sarasty.

De igual manera reposa en el expediente el testimonio del se�or Guillermo Alfredo Sarasty Leiton, esposo de Rosario Montenegro de Sarasty y padre de Betty Rocio Sarasty, el cual da cuenta de que ese local era de su esposa y de la negociaci�n que se hizo con las hermanas de la se�ora Rosario, testimonio que si bien podr�a se�alarse como sospechoso, dado que es el padre de la demandante, puede observar la Sala que el mismo coincide con lo se�alado por la se�ora Mar�a Transito Cifuentes, y se corrobora con los recibos de pago aportados por la demandante en original con la contestaci�n de la demanda de reconvenci�n y en copia con la demanda principal.

A las pruebas anteriores se a�na lo dicho por el testigo Sixto Alberto Mu�oz, sobrino de Guillermo Alfredo Sarasty, quien asegur� que Rosario Montenegro fue quien pag� en cuotas el precio del local No. 3 adquirido al Municipio de Pasto, sin que en ello hubieran intervenido otras personas; agreg� que como la se�ora Rosario no pod�a adquirir otros locales en Bombon�, lo hizo a trav�s de sus hermanas Lorena y Sonia, quienes � con el tiempo ten�an que hacerle el traspaso a la se�ora Roc�o�, pacto que constaba en un documento que se perdi�.

Tambi�n el testimonio del abogado que elabor� el documento del mandato, Luis Alvaro Enr�quez, sirve para mostrar que entre Rosario Montenegro y Sonia y Lorena existi� un contrato relativo a la compra de unos locales en Bombon�; y aunque indic� que estas fueron quienes ordenaron a aquella, pagar el precio del mismo, precisa que una vez hecho el pago, Lorena y Sonia tendr�an que hacer el traspaso de dichos locales a favor de Rosario, lo cual no se pudo hacer inmediatamente, dada la reglamentaci�n de la Alcald�a sobre la imposibilidad de que quien tuviera un local en Bombon� adquiriera otro all� mismo, por lo menos durante 5 o 6 a�os, de all� que se corr�a el riesgo de que se impidiera el traspaso.

Si bien este testigo, se�ala que las mandantes fueron Lorena y Sonia, no se encuentra explicaci�n de su dicho, a este respecto, pues no exist�a raz�n alguna para que ello fuera as�, y por el contrario los dem�s elementos de prueba se�alan claramente que fue Rosario la mandante y estas las mandatarias. Igualmente, los dem�s testimonios denotan que siempre se ha conocido como propietarias del local referido, a Rosario Montenegro y en la actualidad, a Betty del Roc�o Sarasty, siendo aquella, quien conforme a las declaraciones ten�a capacidad econ�mica para adquirir dicho local, y la �nica raz�n suficiente para que no haya comprado el mismo de manera directa, a pesar de que lo hab�a construido y lo ven�a ocupando, la constitu�a la orden de la Alcald�a de que una persona no pod�a adquirir m�s de 1 local en ese Centro Comercial; fundamento que considera la Sala razonable para que la se�ora Rosario Montenegro haya adquirido el bien a trav�s de sus hermanas, por ser ellas de su absoluta confianza, quienes a pesar de haber presentado la mejor oferta del local y aparecer como propietarias del mismo, nunca han ocupado tal inmueble, ni han actuado como verdaderas due�a, sin que exista evidencia que aquellas hubieran trabajado para las demandadas principales o les hubieran pagado arriendo.

Adem�s de lo anterior observa el Tribunal que la parte demandada no presenta prueba alguna que logre desvirtuar lo se�alado por la actora y respaldar su alegato defensivo, dado que a pesar que pidi� como prueba testimonial la declaraci�n de los se�ores Elina Elizabeth Villacr�s de Naranjo, Blanca Ligia Le�n L�pez, Mercedes de Jes�s Torres de Enr�quez;

Ernesto Ricardo Almeida Ip�al, An�bal Duval L�pez Mu�oz y el interrogatorio de la demandante y los mismo fueron decretados, como da cuanto el auto de 6 de octubre de 2014 (fl. 167, cdno. 1) ni el apoderado de la parte demandada, ni los testigos a su favor, asistieron a la audiencia; en lo tocante con el interrogatorio de parte, si bien compareci� la interrogada (Betty de Roc�o Sarasty Montenegro), el abogado de la demandada no asisti� al interrogatorio ni lo present� por escrito, sin que se evidencie dentro del expediente excusa alguna por la no concurrencia de las testigos ni del abogado a dichas diligencias.

Tampoco desconocieron las demandadas el valor de los recibos de pago aportados por la parte demandante. De all� que su conducta procesal, a la luz de lo dispuesto en el art. 249 del CPC y 241 del CGP, deba ser apreciada en contra de su posici�n argumentativa, pues no se interes� la pasiva en demostrar o en controvertir con pruebas, los hechos que aleg� la demandante en sustento de su pretensi�n. Debe aclarar el Tribunal, que de ninguna manera puede entenderse que dicho contrato es nulo absolutamente por objeto il�cito, tal como lo planteara el demandado principal, pues la compraventa de inmuebles no est� prohibida por la ley, y la cortapiza que impuso la alcald�a para que la persona que ya tuviera un local comercial en el sector Bombon�, no pudiera adquirir otro, hace relaci�n con una nulidad relativa, en consideraci�n a la persona interviniente en el contrato, la cual no fue alegada como tal, y por ende no cabe el pronunciamiento anulatorio que reclama el apoderado de la demandada principal.

Por �ltimo cabe se�alar que las pretensiones indemnizatorias por el incumplimiento del pacto contractual, no pueden prosperar dado que ninguna prueba present� la interesada respecto a los perjuicios morales causados con la conducta de las demandadas principales; por el contrario, el hecho de que las mandatarias no hayan cumplido con el encargo, hasta la presentaci�n de la demanda, no signific� merma alguna en la disposici�n del bien, pues a pesar de que no se efectu� el traspaso ordenado por la mandante a favor de su hija Roc�o Sarasty, esta continu� ejerciendo actos de se�ora y due�a sobre el mismo, sin interrumpir su normal explotaci�n comercial.

Y en lo que respecta a los perjuicios materiales, estos se suplen con la orden de restituci�n. En conclusi�n, de los elementos de prueba analizados, considera la Sala que en el caso concreto est� demostrado que existi� un convenio oculto, entre Rosario Montenegro de Sarasty mediante el cual encarg� a sus hermanas Sonia Isaela y Lorena Montenegro Mart�nez que aparecieran como adquirentes del local No. 3 del Centro Comercial Bombona y despu�s de que la mandante lo pagara, se lo transfirieran a su hija Betty del Roc�o Sarasty Montenegro, obligaci�n que las mandatarias nunca cumplieron, y por el contrario, ahora est�n en imposibilidad de cumplir, porque hipotecaron el inmueble que deb�an transferir, y este se encuentra embargado dentro del proceso ejecutivo No. 2011-00521 adelantado ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto, autoridad judicial que ya orden� su venta en p�blica subasta, es decir que sobre �l pesa la prohibici�n de ser enajenado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1521 del C.C., lo que de contera impide que las mandatarias demandadas puedan cumplir con la obligaci�n de transferir el bien a la demandante, cual era lo pactado en el contrato de mandato, cuya existencia se reconoce en este prove�do.

Por lo expuesto, se revocar� la sentencia apelada y se declarar� la existencia del contrato, reconociendo que el mismo fue incumplido por las mandatarias; ahora bien, en lo que respecta a la pretensi�n referente a que se ordene dar cumplimiento a lo convenido en el contrato de mandato, esto es, que las demandadas procedan a suscribir la escritura de propiedad del local comercial No. 3 Autoconstrucci�n 1 del Centro Comercial Bombon� de esta ciudad a favor de la se�ora Betty del Roc�o Sarasty Montenegro, considera la Sala que tal pretensi�n no puede acogerse dado la imposibilidad jur�dica que tienen las se�oras Sonia Isaela Montenegro Mart�nez y Lorena Montenegro Mart�nez de cumplir, en virtud de que sobre el bien pesa hipoteca anterior a la inscripci�n de la demanda decretada al interior de este proceso, y medida cautelar de embargo.

Por consiguiente, dado que el embargo pone el bien fuera del comercio, y cualquier negociaci�n que sobre el mismo se haga tiene un objeto il�cito conforme el art�culo 1521 del C�digo Civil, se hace imposible ordenar a las mandatarias cumplir con el objeto del contrato de mandato por lo que para evitar que esta sentencia se haga ineficaz, esta Sala no ordenar� a las se�oras Lorena Montenegro Mart�nez y Sonia Isaela Montenegro que le trasfieran el bien a la demandante, sino en virtud a la realidad que se avizora con respecto al bien, al momento de dictar sentencia, y para que no se haga nugatorias las pretensiones de la demanda se ordenar� como restituci�n equivalente que las demandadas principales paguen a la se�ora Betty del Roc�o Sarasty Montenegro el valor del bien, seg�n se determin� mediante dictamen pericial que no fue objetado, cuyos valores deber�n ser actualizados para el momento en que dicho pago se efectu�, acudiendo a los valores del IPC.

Con respecto a este punto considera este Tribunal pertinente traer a colaci�n una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, referente a resoluci�n de contrato de compraventa, en la que se orden� la restituci�n equivalente dada la imposibilidad de restituir los bienes objeto del contrato y se�al�: �Estando pues probado el incumplimiento de la demandada, el correlativo cumplimiento del actor, y trat�ndose adem�s de un contrato bilateral v�lido, se encuentran reunidas las condiciones necesarias para la prosperidad de la acci�n resolutoria prevista en el art�culo 1546 del C�digo Civil, lo que impone, por ende, la revocatoria de la sentencia apelada, para, en su lugar, acceder a la pretensi�n de resoluci�n del contrato. 4.

Acerca de las consecuentes restituciones mutuas que deben hacer las partes, conforme lo se�alado en el art. 1545 del C�digo Civil, la Sala observa que con las pruebas documentales ordenadas en el fallo de casaci�n, se encuentra acreditado que los litigantes enajenaron a terceros, en virtud de la celebraci�n de varios negocios jur�dicos [que no son materia de la acci�n resolutoria ejercida], los bienes que, en su d�a, mayoritariamente se transfirieron rec�procamente -en desarrollo del contrato de promesa-, mediante el otorgamiento de escrituras p�blicas de compraventa y su ulterior inscripci�n en las correspondientes oficinas de registro de instrumentos p�blicos circunstancia que constituye obst�culo insalvable para ordenar que cada una devuelva a la otra, materialmente, a t�tulo de restituciones mutuas, los bienes que recibi� en desarrollo del pluricitado negocio jur�dico, lo cual implica, que debe adoptarse la decisi�n que mejor se acomode a la voluntad abstracta de la ley, que en este caso, ser� disponer unas restituciones por equivalente, que coloquen a las partes en la misma situaci�n patrimonial que ten�an al momento de contratar.

El anunciado reconocimiento por equivalencia, en manera alguna, denota un cambio o mutaci�n del objeto de la prestaci�n respectiva, pues � cuando el Juez opta por condenar a pagar el equivalente monetario, no empece a haberse formulado pretensi�n dirigida a la persecuci�n de la cosa.., lo �nico que hace es consultar la realidad probatoria del proceso, en cuanto le indica que se ha �hecho imposible o dif�cil� la persecuci�n� en los t�rminos que de ordinario corresponder�a decretar� (CCXLIX, Vol.

I, 320), tesis que si bien fue esgrimida por la Corte en un proceso reivindicatorio en el que se ejercit� una acci�n real, puede ser aplicable a este asunto, en el que el actor promovi� una acci�n personal, esto es, la tendiente a obtener la resoluci�n del contrato de promesa por incumplimiento de la demandada. Bajo este entendimiento no podr�a la Corte, ante la imposibilidad de disponer las restituciones mutuas que, ordinariamente, se ordenan en juicios de esta naturaleza, limitarse a declarar la resoluci�n del negocio jur�dico sin tomar ninguna determinaci�n encaminada a lograr la restauraci�n de las cosas al estado en que se hallar�an sino hubiese existido el acto o contrato resuelto, pues un pronunciamiento con tal naturaleza, ciertamente carecer�a de eficacia y ser�a apenas aparente, puesto que cada contratante seguir�a detentando los bienes que recibi� en desarrollo del contrato, no obstante haberse declarado su resoluci�n, lo que desconocer�a el alcance retroactivo que se ha reconocido al fen�meno resolutorio (art. 1544 C�digo Civil).

Recientemente, a prop�sito de los efectos que generaba la declaraci�n de una simulaci�n de unos negocios jur�dicos, cuando los bienes materia de los mismos se encontraban en poder de terceros, esta Sala puntualiz� que �Cuando la simulaci�n ha quedado al descubierto, pero las secuelas restitutorias se hacen imposibles, porque los bienes han sido embargados a petici�n de los acreedores del comprador, nada justificar�a que el propietario aparente pudiera retener bienes que son ajenos con claro desmedro de los derechos de los acreedores del due�o real.

Basta con pensar por un momento en el fracaso total o parcial de la ejecuci�n seguida contra el propietario aparente, o que luego de la venta en p�blica subasta algo quedase, para constatar cu�n injusto ser�a que quien apenas pasa por due�o, sin serlo verdaderamente, pudiera recoger lo que quedase despu�s de la ejecuci�n seguida en su contra, o lo que es igual, que pudiese hacerse a unos bienes ajenos, y mientras tal injusto se consuma, los acreedores del verdadero due�o quedaran al margen de la posibilidad de valerse de ese patrimonio para la satisfacci�n de la deuda�, por lo que �En semejante situaci�n lo que m�s consulta los dictados de la justicia es, ante la imposibilidad de aniquilar los actos de enajenaci�n fingidos, que el decreto de simulaci�n se limite a reconocer el derecho de los acreedores del propietario real a recoger lo que llegase a quedar en las ejecuciones seguidas contra el propietario aparente� (cas. civ. 4 de septiembre de 2006, Exp. 5826), doctrina que, mutatis mutandis, puede ser aplicada al presente asunto, pues no ser�a justo, ni equitativo, declarar la resoluci�n del negocio jur�dico sin imponer unas restituciones mutuas que retrotraigan a las partes, aunque de forma distinta, a la situaci�n patrimonial que ten�an al momento de celebraci�n del contrato.

Con otras palabras, pese a la resoluci�n del contrato de promesa que se har�, es lo cierto que el demandante no podr� recuperar el dominio sobre el apartamento que, en su momento, enajen� a la demandada y, de igual modo, �sta tampoco recibir� los bienes que entreg� al actor, pues tales negocios jur�dicos, se itera, no est�n incluidos en la pretensi�n resolutoria contenida en la demanda y, adicionalmente, los objetos de los mismos se encuentran en poder de terceros, circunstancias que impiden que las restituciones mutuas comporten la orden de devolverlos real y materialmente.

Ello, empero, no es �bice para tener en cuenta, con miras a la decisi�n que adoptar� la Corte, el valor econ�mico de todos los bienes que fueron materia de la negociaci�n, con el fin de establecer lo que recibi� cada uno de los contratantes y adoptar� la diferencia entre tales extremos, como parte del monto de la condena que se impondr� a la demandada a t�tulo de restituci�n.� (Se resalta) Entonces, de la jurisprudencia tra�da a colaci�n cabe concluir que en caso puesto a consideraci�n de esta Corporaci�n la forma de decretar la restituci�n a favor de la demandante, de manera que se consulte criterios de eficacia y equidad no es otra que mediante la entrega del valor del precio del bien inmueble objeto del contrato de mandato, es decir, restituirle por equivalencia conforme lo ha admitido la Corte Suprema de Justicia en atenci�n en casos similares al que aqu� nos ocupa.

En este orden de ideas y dado que para la �poca de presentaci�n de la demanda, la demandante present� el aval�o del inmueble objeto del proceso, y ambas partes coincidieron que su valor correspond�a a $113.094.000,oo, las demandadas deber� entregar a la demandante esta suma dentro del t�rmino m�ximo de quince d�as siguientes a la notificaci�n de esta sentencia, actualizado con el IPC para la fecha en que se efect�e el pago, el que para el 30 de abril del presente a�o corresponde a la suma de $144�965.582,36 de no hacerlo en este t�rmino, deber� pagar intereses moratorios, a la tasa m�xima autorizada por la superintendencia Bancaria, por tratarse de un local comercial.

Ante la prosperidad de la pretensi�n principal no cabe el pronunciamiento de ninguna otra pretensi�n. III.- DECISI�N: En m�rito de lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, en SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - Revocar la sentencia de 5 de julio de 2016, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto, dentro del proceso de la referencia. SEGUNDO.- Declarar que existi� un mandato oculto, en el que Rosario Montenegro de Sarasty, encarg� a Sonia Isaela y Lorena Montenegro Martinez, que aparecieran como adquirentes del local No. 3 del Centro Comercial Bombona, y despu�s de que la mandante lo pagara, se lo transfirieran a su hija Betty del Roc�o Sarasty Montenegro.

TERCERO. Declarar que las mandatarias Sonia Isaela y Lorena Montenegro Martinez est�n en mora de cumplir el encargo que Rosario Montenegro les hizo. CUARTO.- Declarar que la restituci�n del inmueble, a efectos de cumplir el mandato, se har� por equivalencia, es decir, que las demandadas Sonia Isaela y Lorena Montenegro Mart�nez deber�n pagar a la se�ora Betty del Roc�o Sarasty Montenegro el valor del bien, actualizado para el momento en que dicho pago se efectu� actualizado con el IPC, valor que a 30 de junio corresponde a $145.458.183, 56 QUINTO.- Negar la indemnizaci�n de perjuicios reclamados por la demandante.

SEXTO. - Sin lugar a condenar en constas. SEPTIMO.- DEVU�LVASE el expediente junto con la actuaci�n surtida en �sta Corporaci�n, al juzgado de origen. NOTIF�QUESE MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA Magistrada GABRIEL GUILLERMO ORTIZ NARV�EZ AIDA M�NICA ROSERO GARC�A Magistrado Magistrada  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia de 6 de julio de 2007.

M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, expediente 3686 [SS-088-2007]     PAGE \* MERGEFORMAT1 Responsabilidad Civil contractual 2011-00085-00 (590-01) $BCKLUW�������F �Կ�����w�_�_G3&h��h�D5�6�CJOJQJ^JaJ.h��h�D5�6�CJOJQJ^JaJmH $sH $.h��hNf�5�6�CJOJQJ^JaJmH $sH $.h��h 5�6�CJOJQJ^JaJmH $sH $.h��hZ?(5�6�CJOJQJ^JaJmH $sH $.h��h�K5�6�CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�K5�6�CJOJQJ^JaJmH $sH $.h��h��5�6�CJOJQJ^JaJmH $sH $&h��h�%n5�6�CJOJQJ^JaJDcd�����./��������������������� $dha$gd.\� $dh1$a$gd\%L $dh1$a$gd�:C$ ��dha$gd� $dh1$a$gd� $dha$gd�KP$dh5$7$8$9DH$a$gd�$&d P�� a$gdR_F G H V ^ � � � � � �: G ��������pZG4%h�M�6�CJOJQJ^JaJmH $sH $%h�zd6�CJOJQJ^JaJmH $sH $+h��h�q6�CJOJQJ^JaJmH $sH $#h��h�q6�CJOJQJ^JaJ#h��hjq/6�CJOJQJ^JaJ+h��hjq/6�CJOJQJ^JaJmH $sH $+h��hyZ6�CJOJQJ^JaJmH $sH $+h��h��6�CJOJQJ^JaJmH $sH $%hy.�6�CJOJQJ^JaJmH $sH $+h��h 6�CJOJQJ^JaJmH $sH $ G � � � � � � � � � � � �   ������zhVGV5G5#h��hdn 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