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ACCI�N REINVINDICATORIA � Requisitos./ ACCI�N REINVINDICATORIA - Confrontaci�n de t�tulos para establecer un mejor derecho � En el evento de que las dos partes ostenten t�tulos de propiedad sobre el bien objeto de litigio, provenientes de una misma persona, el derecho de dominio recaer� en cabeza de la que primero haya efectuado la tradici�n; determin�ndose que el demandante acredit� los presupuestos que hacen procedente acceder a la pretensi�n reivindicatoria del bien inmueble descrito en la demanda, una vez realizado el cotejo de los t�tulos traslaticios presentados, en tanto exhibi� un t�tulo debidamente registrado cuya existencia es anterior al del demandado, asisti�ndole un mejor derecho para reclamar y obtener la reivindicaci�n. LLAMAMIENTO EN GARANT�A � Procedencia por inobservancia de las obligaciones del vendedor � Hay lugar a condenar a la llamada en garant�a a cancelar el precio pagado del bien objeto de reivindicaci�n, en tanto incumpli� con las obligaciones a su cargo en su calidad de vendedora y siendo que al comprador que ha sido despojado de la posesi�n, le asiste el derecho para que quien le vendi� lo que era ajeno le responda por los perjuicios derivados de la condena que le ha sido impuesta./ TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA Magistrada Sustanciadora: Marcela Adriana Castillo Silva Ref.: Ordinario Reivindicatorio No.: 2010-00026-00 (662-01) Acta de discusi�n: Buenos d�as, en Pasto hoy 16 de agosto siendo las 9 am fecha y hora previamente se�aladas, la Sala de Decisi�n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, integrada por los Magistrados, GABRIEL GUILLERMO ORTIZ NARVAEZ, AIDA MONICA ROSERO GARCIA y quien la preside, MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA, da inicio a la audiencia de sustentaci�n y fallo de segunda instancia establecida por el art�culo 327 del C�digo General del Proceso, dentro del proceso reivindicatorio radicado con el n�mero 2010-00026-00 (662-01), en el que funge como demandante Nelson Eduardo Pe�a Caicedo en contra de Harold Orlando Moncayo Ordo�ez asunto que fuera conocido en primera instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto.
En este momento, se deja constancia de que han comparecido los apoderados de las partes, a quienes se concede la palabra para que se identifiquen. A continuaci�n se oir� la sustentaci�n de los reparos concretos presentados ante la primera instancia de la parte demandante, hasta por 20 minutos, advirtiendo que las alegaciones se deben sujetar al desarrollo de los reparos concretos hechos a la sentencia ante el Juzgado de primer grado referentes a (i) calidad de poseedor del demandado, mientras que el demandante no prob� tal calidad (ii) de los presupuestos de la acci�n reivindicatoria no se cumplen: a. que el demandante tenga derecho de dominio sobre el bien que pretende reivindicar b. que exista identidad del bien pretendido con el que posee el demandado. c. que los t�tulos del demandante sean anteriores al del demandado.
(iii) - el t�tulo de propiedad que debe primar es el del demandado, pue fue el primero que se registr� de manera correcta. Se le otorga el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandada con el fin de que proceda con sus alegaciones� Una vez escuchados los alegatos de la parte apelante, se concede el uso de la palabra a la parte contraria para que se pronuncie al respecto, para lo cual contar� con un t�rmino de hasta 20 minutos� En este momento y de acuerdo a lo establecido por el inciso 2� del numeral 5� del art�culo 373 del C.G. del P., la Sala decreta un receso hasta las ____, momento en el cual se reanudara la audiencia con el fin de pronunciar la sentencia. Siendo las _____, se reanuda la audiencia dentro del proceso previamente identificado, y una vez o�dos los alegatos de las partes, procede la Sala de decisi�n a dictar la siguiente Sentencia: Reparos y apelaci�n de la sentencia. La parte demandada apel� el fallo de primera instancia, fundada en los siguientes argumentos: (i) Se�al� que no se cumplen con los requisitos para la prosperidad del proceso reivindicatorio: a. que el demandante tenga derecho de dominio sobre el bien que pretende reivindicar el demandante no ostenta el derecho de dominio sobre el bien, ya que perdi� su derecho al ejercitar la correcci�n ante la oficina de registro de instrumentos trece a�os despu�s de la compra, adem�s que el demandante nunca ha tenido la posesi�n del bien b. que exista identidad del bien pretendido con el que posee el demandado. c. que los t�tulos del demandante sean anteriores al del demandado.
(ii) Asever� que al haberse objetado la prueba pericial por error grave, y al no haberse aclarado o complementado el dictamen, el mismo no se encuentra en firme. (iii) Afirm� que contrario a lo expresado en la sentencia de primera instancia, si existi� una venta de cosa ajena, ya que el contrato celebrado por el se�or Pe�a Caicedo se registr� en un folio de matr�cula diferente al de los inmuebles de propiedad de la se�ora Mar�a Teresa Santacruz, y si bien dicha circunstancia se cambi� mediante proceso ante la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos, dicha determinaci�n se encuentra viciada de nulidad, ya que la orden carece de la anuencia de la prenombrada se�ora Santacruz, adem�s ante esa circunstancia, la primera escritura en registrarse ser�a la del demandado por ser previa a la orden de la Oficina de Registro mencionada.
(iv)Arguy� que existe falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, ya que debi� demandarse a la vendedora Mar�a Santacruz para que repare los perjuicios al se�or Pe�a, y no dirigir el proceso contra Harold Moncayo quien es comprador de buena fe (v) Estableci� estar en desacuerdo con la condena en costas realizada, ya que el demandado es poseedor de buena fe y su actuaci�n se dirigi� a ejercer su derecho de defensa.
II. CONSIDERACIONES Problema jur�dico Conforme a los reparos de la apelante, proceder� a estudiar esta Corporaci�n, cu�les son las consecuencias de que no se haya aclarado el dictamen pericial, a pesar de haberse solicitado dentro del tr�mite de objeci�n por error grave, y si hay lugar a que se declare la nulidad por haberse omitido los t�rminos y oportunidades para la pr�ctica de pruebas.
Como problema jur�dico principal deber� corroborar el Tribunal si dentro del asunto bajo estudio se probaron, o no, los presupuestos que hacen procedente acceder a la pretensi�n reivindicatoria del bien inmueble ubicado en la Urbanizaci�n Santa M�nica del Municipio de Chachag�i (N), descrito en la demanda. Adem�s deber� determinarse cu�l de los t�tulos de propiedad debe primar a efectos de establecer si es procedente o no acceder a la pretensi�n; se analizar� tambi�n si cabe un pronunciamiento condenatorio contra la vendedora llamada en garant�a. En consecuencia la Corporaci�n debe determinar si hay lugar a revocar o a confirmar la sentencia de primera instancia que concedi� las pretensiones deprecadas.
Tesis de la Corporaci�n Frente al primer problema planteado, hay que decir que la solicitud de nulidad es improcedente, pues la no culminaci�n del tr�mite de la prueba pericial, no implica tal consecuencia. En relaci�n con el tema de si es procedente o no acceder a la pretensi�n principal de la demanda, se considera que los elementos probatorios allegados al proceso permiten identificar que el demandante tiene el derecho de dominio sobre el inmueble, el cual est� en posesi�n del demandado, y a pesar de que los dos cuentan con t�tulos traslaticios sobre el predio, el del se�or Pe�a Caicedo es anterior, por lo que la reivindicaci�n es procedente, pues no cabe la prosperidad de ninguna de las excepciones propuestas por el demandado.
Respecto de la negativa a condenar al pago de perjuicios a la llamada en garant�a, por ser procedente se acceder� a ello, y consecuencialmente se revocar� la decisi�n de primera instancia que los neg�. Estudio del caso Presupuestos de la acci�n reivindicatoria El art�culo 946 del C�digo Civil se�ala �la reivindicaci�n o acci�n de dominio es la que tiene el due�o de una cosa singular, de que no est� en posesi�n, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla�.
Ahora, para que prospere la pretensi�n de propietario, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que se trate de la persecuci�n de cosa singular reivindicable, punto sobre el cual no hubo discusi�n alguna. Que el demandante sea titular del derecho de dominio y que ese t�tulo sea anterior a la posesi�n del demandado. Al respecto existe discusi�n, pues la apelante contradice la argumentaci�n del Juez a quo, ya que en su criterio, el primer registro de la venta que se efectu� v�lidamente fue el del demandado Harold Moncayo, y por ende es el que debe prevalecer.
Para dirimir este aspecto hay que partir de la base que el demandante en reivindicaci�n se encuentra obligado a exhibir un t�tulo que contrarreste la posesi�n material ejercida por su adversario y justifique un mejor derecho a la posesi�n del bien, t�tulo que por tanto debe tener una existencia previa a la posesi�n del demandado. En el caso que nos ocupa, tanto el demandante como el demandado exhiben t�tulos de propiedad sobre el inmueble pedido en reivindicaci�n, pues cada uno de ellos aporta la escritura p�blica que lo acredita como titular del derecho de dominio del mismo inmueble, haci�ndose por tanto necesario el realizar un paralelismo y confrontaci�n directa entre los t�tulos presentados por el se�or Nelson Pe�a Caicedo y Harold Moncayo Ordo�ez.
Si bien el se�or Pe�a Caicedo no fue lo suficientemente atento en la salvaguarda del bien, de acuerdo al plenario, sus derechos nunca se vieron afectados hasta que la se�ora Mar�a Teresa Santacruz por intermedio de mandatario, en el a�o 2007 realiz� una nueva venta del mismo predio al se�or Harold Moncayo, contrato que fue suscrito en la Escritura 398 del 23 de febrero de esa anualidad y registrada el 27 de febrero de 2007 en el mismo folio de matr�cula, es decir el 240-21009, data desde la cual se considera se empez� a generar la perturbaci�n del dominio del demandante, por lo anterior se deduce que a pesar de que los dos litigantes ostenten t�tulos de propiedad, el del se�or Nelson Pe�a Caicedo es anterior y por tanto tiene mejor derecho que la parte pasiva para reclamar la reivindicaci�n del predio, en aplicaci�n del principio legal primero en el tiempo primero en el derecho, tal como fue definido por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 24 de marzo de 1943, con ponencia del magistrado Lequerica V�lez, y sentencia stc 483 de 2015 M.P. dr Jes�s Vall de Ruten.
Es claro que para que se perfeccione la tradici�n de dominio de un inmueble, no basta la existencia de un t�tulo (escritura p�blica de compraventa) sino que tal documento debe ser debidamente registrado en la oficina de registro p�blico correspondiente. En el caso estudiado el demandante aport� la Escritura P�blica N� 2998 del 20 de junio de 1995, suscrita en la Notar�a Segunda del C�rculo de Pasto, por medio de la cual se protocoliz� la compraventa que Mar�a Teresa Santacruz Miranda hizo a favor de Nelson Pe�a, del lote de terreno ubicado en la urbanizaci�n Santa M�nica del Municipio de Chachag�i, identificado en la demanda por su cabida y linderos.
Por otro lado, alleg� el folio de Matricula Inmobiliaria No. 240-21009 del cual se deriv� el folio n�mero 240-122164, en los cuales se vislumbra que efectivamente se encuentra registrado el contrato celebrado desde el 28 de septiembre de 1995 con la Radicaci�n 1995-14219, con lo cual qued� perfeccionada la tradici�n del lote a favor del demandante Eduardo Pe�a. C�mo se desarrollaron estos eventos? La escritura 2998, contentiva de la venta de Mar�a Teresa a Nelson Pe�a, se registr� en el folio 240-21009, que no le correspond�a al predio de mayor extensi�n de propiedad de la vendedora Mar�a Teresa Santacruz, del cual se segreg� el que se vendi� al hoy demandante; por error de la Oficina de Registro, la inscripci�n se realiz� en el folio de matr�cula 240-21006, que correspond�a a la hijuela N� 1 adjudicada en sucesi�n al se�or Carlos Santacruz Burbano, sin embargo, esa circunstancia fue corregida por dicha entidad mediante la Resoluci�n 037 del 4 de septiembre de 2008 (Folios 8 a 14, C. Principal), en la cual acept� el yerro y procedi� a trasladar las anotaciones 8, 9, 10, 11 y 13, que figuraron en el folio err�neo al folio que verdaderamente correspond�a, es decir al 240-21009, �entre tales anotaciones trasladadas se encuentra la inscripci�n de la venta a favor del demandante- situaci�n que se encuentra consolidada, como se prueba con el certificado de matr�cula inmobiliaria No 240-21009 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Pasto, por ende al realizarse el cotejo de los t�tulos de dominio de cada uno de los aqu� litigantes, se constata que tanto el t�tulo del actor como su inscripci�n son anteriores a las del demandado, y por ende al enfrentar el t�tulo del demandante con el del demandado, puede determinarse que el prevalente es el de aquel, y que el de este por ser posterior no le es oponible, pues en �ltimas compr� de buena fe, un bien ajeno. Y aunque la apelante arguy� que la Resoluci�n 037 del 4 de septiembre de 2008 expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Pasto se encuentra viciada de nulidad, dicha consideraci�n no puede ser discutida en esta instancia ni ante la jurisdicci�n ordinaria, ya que la competente para determinar la validez de un acto administrativo expedido por una entidad del sector p�blico es la jurisdicci�n contencioso administrativa, por intermedio de los procedimientos propios de la misma, y ya que no se ha acreditado la invalidez del acto, es deber de esta Judicatura considerar la determinaci�n de esa Instituci�n como eficaz y actualmente operante, teni�ndola como otro de los documentos persuasivos obrantes en el plenario v�lidamente.
En lo que respecta a la determinaci�n de si se trata o no del mismo bien cuyo derecho se disputan las partes, debe esta Corporaci�n remitirse a las pruebas obrantes en el plenario, en especial a la inspecci�n judicial y al dictamen pericial, prueba esta �ltima cuya validez es rebatida en el escrito de impugnaci�n, pidi�ndose incluso la nulidad de la actuaci�n dado que el perito nombrado para resolver la objeci�n por error grave presentada por el demandado, no efectu� la complementaci�n y adici�n solicitada.
Para despachar desfavorablemente este �ltimo punto basta decir que aun cuando es cierto que el perito designado para esclarecer el dictamen primeramente rendido, ante la objeci�n presentada por la parte demandada, no complet� su trabajo, ello no significa que dicha prueba pierda validez, no, el juez est� llamado a efectuar sobre tal medio un examen cr�tico y conjunto con los dem�s elementos de prueba aportados al expediente, a fin de determinar su valor probatorio, conforme lo establec�a el art�culo 241 del CPC, vigente para el momento en que se llev� a cabo el experticio, seg�n el cual �Al apreciar el dictamen se tendr� en cuenta la firmeza, precisi�n y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los dem�s elementos probatorios que obren en el proceso.
Si se hubiere practicado un segundo dictamen, �ste no sustituir� al primero pero se estimar� conjuntamente con �l, excepto cuando prospere objeci�n por error grave. En adici�n hay que se�alar que la parte demandada no prest� la colaboraci�n suficiente para que los peritos nombrados llevaran a cabo su tarea de manera �ptima, raz�n por la cual su queja se considera extempor�nea e infundada.
De lo expuesto, se colige que de ninguna manera el experticio allegado a las diligencias ser� desechado como prueba, ni habr� lugar a declarar nulidad de lo actuado; por el contrario, ser� objeto de an�lisis para esclarecer uno de los puntos fundamentales de la discusi�n, a saber, la determinaci�n de si el bien pretendido en reivindicaci�n es el mismo que el demandado posee.
Ahora bien, al realizar el comparativo entre los linderos y ubicaci�n se�alados en la Escritura P�blica 2998 de 20 de junio de 1995 (Folio 7, C. Principal), la Escritura P�blica 398 de 23 de febrero de 20 (Folios 46 a 48, C. Principal), el Informe de Inspecci�n Ocular del Instituto Geogr�fico Agustin Codazzi (Folio 124, C. Pruebas de la parte demandante), se constata que el bien ubicado en la Urbanizaci�n Santa M�nica del municipio de Chachag�i, cuyos linderos fueron establecidos el Informe rendido por el perito avaluador Rodrigo Obando Eraso (Folios 50 a 93, C. Pruebas de la parte demandante), es aquel cuya reivindicaci�n se pretende frente al actual poseedor del mismo, al punto que en la diligencia de inspecci�n judicial las dos partes le manifestaron sin dubitaci�n alguna al Juez, que ese y no otro, era el predio sobre el cual cada uno se consideraba due�o, por haberlo comprado a Mar�a Teresa Santacruz.
Tambi�n los testigos Jos� Ram�n Cruz (F.34 a 37 C. de pruebas del demandante), Jos� Antonio Rinc�n ( F. 38 a 42 ibidem) y Fabio Rodr�guez (F. 44 a 47 ibidem) afirmaron conocer el lote y la disputa que se presentaba sobre el mismo por parte de los litigantes del proceso que aqu� se analiza, se�alando sin duda alguna que se trataba de igual predio ubicado en la urbanizaci�n Santa M�nica, del Municipio de Chachag�i. Al respecto de los linderos que identifican ese lote el perito Rodrigo Obando concluye a folio 57 C pruebas dte: �Realizadas las respectivas comparaciones por todos y cada uno de los linderos que se plantean en la escritura de compra de la parte demandante y de los datos obtenidos dentro de la respectiva Diligencia de Inspecci�n Judicial estos corresponden completamente al predio inspeccionado� y m�s adelante afirma (folio 63) �Con lo anterior y sin temor a equivocarme se tratar�a de un mismo predio vendido de manera diferente a dos partes distintas y sobre mediciones y registros lineales tambi�n diferentes, pero que f�sicamente le corresponder�a al mismo espacio de terreno en su ubicaci�n geogr�fica y de manera especial al �rea de terreno inspeccionado �nicamente� Las conclusiones del experticio tambi�n tienen en el correspondiente registro fotogr�fico que da cuenta de un solo lote de terreno, especialmente de las fotograf�as a�reas que datan del a�o 2007, y permiten observar la forma semicircular y la ubicaci�n del lote dentro del de mayor extensi�n que correspond�a a los predios adjudicados a la vendedora com�n en la sucesi�n de Nelly Teresa Miranda de Santacruz.
Es m�s, existe en el plano catastral del IGAC dos lotes contiguos: el lote No. 854 �de propiedad de Harold Moncayo- y el 761 � de propiedad de Eduardo Pe�a- pero dicha diferenciaci�n fue eliminada por la resoluci�n No. 52-240-0054-2010, de 16 de febrero de 2010, proferida por la misma entidad, en la que se indica �el predio 00-02-0019-854-000 se cancel� mediante la Resoluci�n No. 52-240-0053-2010 porque f�sicamente corresponde al predio No. 00-02-0019-0761-000� de donde se concluye que la alegada diferencia de los predios no existe y por el contrario el IGAC reconoci� que solo hab�a un predio, que era el 761 de propiedad de Eduardo Pe�a, y en informe que obra a f. 127 C. ppal, el director territorial del IGAC, reitera que � seg�n informe presentado de la �ltima visita nuevamente se comprueba que existen 2 escrituras y dos matr�culas pero el mismo predio f�sicamente localizado� esta situaci�n pese a su claridad, y a su concordancia con pruebas tales como planos, fotograf�as a�reas, experticia e inspecci�n judicial, extra�amente fue desconocida con posterioridad por el IGAC, que en resoluci�n No. 52-240-0068 de 2013 accede a la solicitud del se�or Harold Moncayo de incorporar a la base de datos catastral el predio No. 854, que previamente hab�a sido eliminado, argumentando para ello que �revisada los (sic) antecedentes catastrales del Municipio de Chachag�i se observa que en el proceso de actualizaci�n llevado a cabo en el a�o 2008 y en vigencia 1� de enero de 2009 se omiti� la inscripci�n del referido predio�; acto administrativo este que no contiene ninguna referencia a la Resoluci�n de 2010 que hab�a eliminado ese n�mero de predio, lo cual no tiene explicaci�n razonable, as� no haya prueba de que haya sido dejado sin efecto.
De all� que como la �nica prueba de que existen 2 predios distintos, uno vendido al demandante, y otro al demandado, es este acto que en el parecer de la Sala es err�neo, mientras que todas los dem�s medios de convencimiento se�alan que el predio en disputa es el mismo, tal circunstancia se considera demostrada. No est� por dem�s decir, que si bien las c�dulas catastrales de cada uno de los predios no coinciden, pues mientras la del demandante deriva de la ficha predial No. 02-001900053, la del demandado proviene de la ficha predial No. 02-19-557 ( F. 30 cuaderno de pruebas dte), f�sica y realmente es claro cu�l es el predio sobre el cual el demandante celebr� ante notario el contrato de compraventa en el a�o 1995, el cual efectivamente para esa fecha constitu�a parte del predio de mayor extensi�n adjudicado a la se�ora Mar�a Teresa Santacruz dentro del proceso sucesoral de la se�ora Nelly Teresa Miranda De Santacruz-, y por equivocaci�n de las partes contratantes y de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos fue registrado en un folio de matr�cula inmobiliaria que no le correspond�a, pero no por ello el inmueble vendido como cuerpo cierto corresponder�a a uno diferente, pues f�sicamente s� se tiene certeza de cu�l fue el objeto del contrato, al punto que los testigos que tuvieron conocimiento directo del negocio de venta de Mar�a Teresa a Nelson Eduardo Pe�a narran que se hizo entrega f�sica del inmueble a este.
Adem�s en las dos escrituras p�blicas celebradas por las partes con la prenombrada se�ora Santacruz se constata que se identific� el inmueble con la misma cedula catastral -000200190053000, estableciendo en una de la escrituras -2998 de 1995- los linderos en metros por cada cardinal a pesar de se�alar que tres de ellos lindaban con la carretera principal de forma circular y en la otra -398 de 2007- acumulando la l�nea circular en un solo punto de linde, pero exceptuando tres metros del lindero oriental, todos los puntos manten�an un metraje similar; dichas mediciones son pr�cticamente id�nticas a las se�aladas por el perito en la inspecci�n del predio, por lo que se encuentra identificado el inmueble pretendido y actualmente pose�do por el demandado.
Es m�s de existir equivocaci�n en la determinaci�n del predio, ello tendr�a que atribuirse al vendido al se�or Harold Moncayo, pues su ficha catastral tiene origen en la No. 02-19-557, numero catastral del predio adjudicado en sucesi�n a Juan Santacruz Miranda ( actualmente de propiedad de Eduardo Mora Tobar) Seg�n se determin� en la experticia allegada como prueba (folio 67).
En este punto se dir�, que si bien la parte apelante en el tr�mite de primera instancia objet� el trabajo pericial presentado por el auxiliar de la justicia Rodrigo Obando Eraso, la Sala no encuentra que el mismo incurriera en un error grave respecto de las conclusiones a las que llego tras el estudio de las circunstancias propias del inmueble, ya que al analizar las escrituras, planos, documentos y la inspecci�n directa de la Urbanizaci�n Santa M�nica, se�al� que solo existe un bien inmueble, el cual fue vendido tanto al se�or Pe�a Caicedo como al se�or Moncayo Ordo�ez, sin que f�sicamente pueda encontrarse uno diferente, circunstancia que se apega a lo establecido por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi, en los incisos 1�, 2� y 3�, del art�culo 7� de la Resoluci�n N� 620 de 2008, adem�s, dicha instituci�n en la intervenci�n que tuvo dentro del proceso (Folio 124, C. Pruebas Demandante) confirm� dicha situaci�n, se�alando que los linderos y la carta catastral son claros para establecer que se trata de un solo predio.
Entrando a otro punto de an�lisis, el cual corresponde a la posesi�n del demandado respecto del inmueble, se dir� que la misma se encuentra acreditada dentro del plenario, pues a pesar de que el se�or Harold Orlando Moncayo por intermedio de su apoderada niegue ser el poseedor del bien y en contraposici�n se�ala que es el verdadero propietario del mismo, de cierta forma est� aceptando ser tambi�n el poseedor, ya que se�ala en la respuesta al libelo genitor que desde que adquiri� el bien por parte de Mar�a Santacruz cerc�, sembr�, efectu� mejoras, pago impuestos y se ha com portado como propietario del lote de terreno. Situaci�n que ha sido corroborada por varios de los testigos �incluyendo a Carlos Arturo Ortiz Bola�os, Rodrigo Flavio Rodr�guez y Ana Rosa Yaqueno- quienes aseveran que el demandado desde la entrega que le hicieren del inmueble ha efectuado actos propios de posesi�n como la siembra, limpieza y cercamiento del lugar, y si bien predica tener la propiedad del inmueble, lo cierto es que tambi�n ejerce actuaciones propias de la posesi�n por lo que se encuentra acreditado este requisito.
En conclusi�n, evidencia la Sala que el bien objeto de controversia -como se pudo determinar por la prueba documental obrante en el plenario- fue vendido en dos ocasiones por la se�ora Santacruz, primeramente al demandante en el a�o 1995 por medio de la escritura p�blica 2998 y con posterioridad en el a�o 2007 por escritura 398 al demandado, por lo que al haberse aclarado que el bien ubicado en la urbanizaci�n Santa M�nica del municipio de Chachag�i es el mismo que las dos partes aseguran es de su propiedad, se observa con claridad que el demandado entr� en posesi�n del bien desde el a�o 2007, ello de acuerdo a lo expresado tanto por la misma parte, como por el demandante y corroborado con los testigos arrimados al asunto, quienes fueron claros al expresar que el se�or Harold Moncayo desde dicha data viene ejerciendo los derechos de poseedor a que le daba derecho el t�tulo de venta debidamente registrado, lo que permite precisamente configurar uno de los elementos de la acci�n reivindicatoria, cual es que la acci�n la dirija el propietario contra el poseedor, as� este, como ocurre en el caso analizado, tenga un justo t�tulo de su posesi�n. 2.- Ahora, la parte apelante dentro de su escrito impugnativo se�ala que al se�or Nelson Pe�a Caicedo se le hizo una venta de cosa ajena, lo cual, como ya se explic� no qued� probado, pues el predio lo compr� el se�or Pe�a, de su leg�tima due�a, Mar�a Teresa Santacruz; por el contrario, seg�n se evidenci�, al parecer a quien le realizaron una venta de inmueble ajeno fue al demandado Harold Orlando Moncayo Ordo�ez, error en el cual pudieron incurrir los contratantes ya que la venta se hizo por intermedio de mandatario �Carlos Arturo Ortiz Bola�os (Folios 6 a 14, C. Pruebas Demandante)- y al haberse registrado la venta anterior en un folio de matr�cula equivocado, el error se vuelve comprensible.
El hecho de que la compraventa realizada a favor del demandante se registrara en un folio de matr�cula incorrecto, no significa que se le vendiera cosa ajena, puesto que dentro de la escritura p�blica elevada en el a�o 1995 qued� claramente identificado el inmueble traspasado, el cual para el momento de celebraci�n del contrato era parte del patrimonio de la vendedora Mar�a Teresa Santacruz, por lo que la enajenaci�n no estaba viciada de ninguna manera, a diferencia de la venta realizada a favor del demandado Harold Orlando Moncayo, en la cual se trasladaba un bien que desde el a�o 1995 ya no se encontraba dentro del patrimonio de Mar�a Teresa Santacruz. 3.- En lo tocante a la falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, si bien el demandante contaba con posibilidad de proseguir el proceso ordinario en contra de la vendedora del inmueble para que la misma restituyera el valor cancelado, dicha circunstancia de acuerdo a lo normado en los art�culos 952 y 955 del C�digo Civil es meramente potestativa de la parte activa, puesto que correspond�a la indemnizaci�n a cargo de la vendedora o pretend�a recuperar la posesi�n del inmueble de quien actualmente lo ocupa, por lo que dependiendo de la acci�n que escogiera la parte activa de lid, el proceso de dirigir�a bien sea en contra de Teresa Santacruz o Harold Moncayo, en su calidad de poseedor, y ya que lo aspirado por el se�or Pe�a Caicedo era retomar la posesi�n del bien, la acci�n que pod�a intentar era la reivindicatoria, la cual deb�a dirigir contra el poseedor, por lo que la demanda estuvo bien dirigida y no existe asidero normativo para dar pie a la consideraci�n hecha por el apelante. 4.- En lo concerniente al llamamiento en garant�a, se queja la opugnante de que dicho punto no fue estudiado por el juez de primera instancia, obligando a las partes a iniciar otro proceso contra la vendedora.
Al respecto considera la Sala que la sentencia de primera instancia, debe ser revocada en relaci�n con dicho t�pico por las siguientes razones: El art. 57 del CPC, vigente para el momento en que se present� el correspondiente escrito de llamamiento en garant�a, establec�a �quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero, la indemnizaci�n del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podr� pedir la citaci�n de aquel, para que en que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relaci�n (�)� A su vez el art. 1893 del C.C. estatuye la obligaci�n del vendedor de amparar al comprador en el dominio y posesi�n pac�fica de la cosa vendida.
As� mismo acuerdo con el art. 1895 del C:C: el comprador puede transferir al vendedor de cosa ajena, los efectos adversos de la sentencia, y reclamarle el precio pagado por el bien que es obligado a restituir a un tercero de mejor derecho. De all� que la figura del llamamiento en garant�a s� sirva para que dentro del mismo proceso en el que se resuelva la inoponibilidad de la venta de la cosa ajena al que tiene el t�tulo prevalente, se haga efectivo el derecho del comprador que ha sido despojado de la posesi�n para que quien le vendi� lo que era ajeno le responda por los perjuicios derivados de dicha condena.
Por ello es equivocada la decisi�n del juez de instancia que despach� desfavorablemente las suplicas del demandado frente a tal t�pico, pues desatiende la normativa que alude a la citada potestad que tiene el demandado de reclamar perjuicios, por el da�o que le genera a este �ltimo, la circunstancia de que se reconozca al demandante el derecho a ser restituido en la posesi�n del inmueble que reclama en el proceso reivindicatorio.
Si bien del plenario se desprende que el poseedor del bien, dentro del escrito de llamamiento en garant�a, omiti� tazar los perjuicios reclamados a la se�ora Santacruz, no obstante, es evidente que la concreci�n del da�o material, se encuentra plenamente acreditada, ante la inminente p�rdida del comprador de la posesi�n sobre el inmueble objeto del proceso reivindicatorio, por el cual pag� el precio pactado dentro del contrato de promesa de compraventa celebrado el 21 de febrero de 2007 (Fl. 62 y 63, C. Principal), suma que ascendi� a $45.000.000., tal como se expresa en la promesa de compraventa respectiva, y como lo afirman los testigos que conocieron del convenio.
Aunado a lo expuesto, no se puede pasar por alto que la llamada en garant�a no intervino dentro del proceso, a pesar que fue notificada en legal forma, por lo que su conducta ser� calificada en su contra, en aplicaci�n de lo dispuesto en art�culo 249 del C�digo de Procedimiento Civil, actual art�culo 241 del C�digo General del Proceso, confirmando la tesis desarrollada por esta Corporaci�n. En conclusi�n los pedimentos elevados por la parte demandada respecto a la citaci�n de la se�ora Teresa Santacruz saldr�n avante, y los perjuicios materiales, a falta de prueba diferente, ser�n concretados en el precio del valor pagado por el bien inmueble reivindicado, por ser este el contenido expl�cito de la obligaci�n de sanear conforme lo establece el art. 1904 del c�digo civil, suma que se ser� actualizada con el IPC, para el momento del fallo, atendidas las vicisitudes de la moneda, y la evidencia clara de su p�rdida de poder adquisitivo desde el momento de la compra al momento actual.
Tambi�n ser� responsable la vendedora de las costas del proceso a las que el demandado haya sido condenado. 5.- En relaci�n con el tema de si se configura o no el fen�meno de la prescripci�n de la acci�n, debemos partir de se�alar que la prescripci�n extintiva tiene como finalidad finiquitar la posibilidad de que prosperen las acciones civiles para el reconocimiento de un derecho, por no haberlas ejercido el acreedor dentro de un lapso de tiempo determinado, contado a partir desde el momento que la obligaci�n se hizo exigible, tal como lo se�ala el art�culo 2535 del C�digo Civil.
En lo referente al momento en que debe empezar a contarse el t�rmino de prescripci�n de la acci�n reivindicatoria, es claro que dicho lapso no empieza a correr desde el instante en que se suscribi� el contrato de compraventa con el demandante, sino desde el momento en que el demandado empez� a ejercer la posesi�n del predio como consecuencia de haberlo comprado a quien ya no lo ten�a en su haber patrimonial, pues es precisamente ese instante en el que su verdadero propietario, ve afectados sus derechos y surge el inter�s de reclamar judicialmente para s� el pleno ejercicio de la propiedad previamente adquirida.
Por consiguiente, mientras no surja un inter�s jur�dico de consolidar sus derechos de propietario, no pueden empezar a contarse los plazos prescriptivos, pues con antelaci�n no les asiste ning�n inter�s que proteger. Por lo anterior, considera la Sala que la decisi�n del Juez a quo es ajustada a derecho, en punto del an�lisis de la improcedencia de la excepci�n de prescripci�n extintiva de la acci�n, si se tiene en cuenta que el termino es de 5 a�os en el caso de la prescripci�n ordinaria, cuyo conteo inicia el 27 de febrero de 2007, cuando se registra la tradici�n efectuada entre Mar�a Teresa Santacruz y Harold Moncayo, haci�ndose evidente la situaci�n de despojo de la posesi�n para el verdadero due�o del predio;
Entonces, para el momento en que se presenta la demanda y se interrumpe con ello la prescripci�n, solo han transcurrido 2 a�os y 11 meses, con lo que claramente no hay lugar a infirmar lo resuelto sobre el punto en primera instancia. 6.- Respecto al reparo de las costas, considerando la Sala que no hay lugar a su estudio pues como se est� discutiendo lo referente al monto de las mismas, la oportunidad para controvertirlo es en el t�rmino de ejecutoria del auto que apruebe la liquidaci�n de costas y no mediante recurso de apelaci�n contra la sentencia que las fija, tal como se puede desprender del numeral 5� del art�culo 365 del C�digo General del Proceso, el cual se�ala expresamente que: �La liquidaci�n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr�n controvertirse mediante los recursos de reposici�n y apelaci�n contra el auto que apruebe la liquidaci�n de costas� Tras las motivaciones hechas por la Sala de Decisi�n, se proceder� a confirmar la sentencia de primera instancia, salvo en lo que concierne al numeral 7� que ser� revocado y en su lugar se reconocer� el derecho del demandado a ser resarcido por los perjuicios derivados de la obligaci�n de restitu�r la posesi�n del predio objeto de reivindicaci�n. Por otra parte se condenar� en costas de segunda instancia a la parte demandada que result� vencida en la instancia de acuerdo a lo dispuesto en la regla 1� del art�culo 365 del C�digo General del Proceso en concordancia con lo dispuesto por el art�culo 6� del Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijar� por concepto de agencias en derecho dos salarios m�nimos mensuales legales vigentes.
En m�rito de lo expuesto la SALA DE DECISI�N CIVIL FAMILIA del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de agosto de 2016, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto (N), dentro del proceso reivindicatorio propuesto por Nelson Eduardo Pe�a Caicedo en contra de Harold Orlando Moncayo Ordo�ez de la referencia, salvo el numeral �SEPTIMO� el cual ser� revocado y en su lugar se resuelve SEPTIMO: �Declarar que prosperan las pretensiones del llamamiento en garant�a presentadas por Harold Orlando Moncayo Ordo�ez en contra de Mar�a Teresa Santacruz Miranda.
En consecuencia, se condena a la llamada en garant�a a pagar el precio del predio objeto de reivindicaci�n, correspondiente a la suma de cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000,oo) los cuales, deber�n ser indexados con el IPC, desde el 23 de febrero de 2007 - fecha de cancelaci�n del precio total- hasta cuando ocurra su pago, monto que asciende para la data de esta sentencia a $69.258.011.
Adem�s la llamada en garant�a ser� condenada a pagar al llamante, las costas a que resulte condenado en el presente proceso. El plazo para efectuar el desembolso de los montos aqu� referidos, es de 15 d�as contados a partir de la ejecutoria de la liquidaci�n de las costas correspondiente. SEGUNDO.- Condenar en costas al recurrente en apelaci�n, f�jese el valor de tres (3) Salarios M�nimos Mensuales Legales Vigentes por agencias en derecho.
TERCERO: REM�TASE el expediente al juzgado de primer grado, para que adopte las determinaciones del caso. NOTIF�QUESE MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA Magistrada GABRIEL GUILLERMO ORT�Z NARV�EZ Magistrado AIDA M�NICA ROSERO GARCIA Magistrada En la Resoluci�n 620 de 2008, en su art�culo s�ptimo establece que una correcta identificaci�n f�sica del predio deber� hacerse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: �1.
Localizaci�n, direcci�n clara y suficiente del bien. En las entidades territoriales con m�ltiples nomenclaturas es necesario hacer referencia a ellas como un elemento de claridad de la identificaci�n. 2. Los linderos y colindancia del predio. Para una mejor localizaci�n e identificaci�n de los linderos y colindantes el n�mero catastral es de gran ayuda, por lo cual, si en la informaci�n suministrada por la entidad peticionaria no est� incluido, el perito lo debe conseguir. 3.
Topograf�a. Caracterizaci�n y descripci�n de las condiciones fisiogr�ficas del bien. Es indispensable en este aspecto detectar limitaciones f�sicas del predio tales como taludes, zonas de encharcamiento, o inundaci�n permanente o peri�dica del bien.� (Tomado el d�a 28 de junio de 2017, de: HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36158" http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36158) Acta de reparto de 27 de Enero de 2010.
Folio 32 PAGE \* MERGEFORMAT16 Reivindicatorio No.: 2010-00026-00 (662-01) &8JKLmu�������͵��p�X@(.hB6UhyCJOJQJ\�]�^JaJmH sH .hB6Uh?=dCJOJQJ\�]�^JaJmH sH .hB6Uh�g�CJOJQJ\�]�^JaJmH sH (h# 7CJOJQJ\�]�^JaJmH sH .hB6Uh� CJOJQJ\�]�^JaJmH sH .hB6Uh~l�CJOJQJ\�]�^JaJmH sH .hB6Uh^3CJOJQJ\�]�^JaJmH sH 1hB6Uh^35�CJOJQJ\�]�^JaJmH sH 1hB6Uh�745�CJOJQJ\�]�^JaJmH sH � � � � �����%&buvZ���������������$dh1$a$gd�$ ��dha$gd� $dha$gd9�$ �0�*$1$a$gd�Lm$ �0�&d*$1$P��a$gd�Lm$a$gd�I8$a$gdU!$ �0�*$1$a$gd�b�$ �0�*$1$a$gd�6f�� % � � � � , - 8 J ����������xgVE4 hB6Uhp�CJOJQJ^JaJ hB6Uh�CJOJQJ^JaJ hB6UhR/CJOJQJ^JaJ hB6Uh�`CJOJQJ^JaJ hB6Uh�cCJOJQJ^JaJ hB6Uh�lCJOJQJ^JaJ hB6Uh4;CJOJQJ^JaJ hB6Uhk+CJOJQJ^JaJ hB6Uh�P�CJOJQJ^JaJ hB6UhyCJOJQJ^JaJ hB6UhA]CJOJQJ^JaJ hB6Uh�I8CJOJQJ^JaJJ K o z � � � � � � � � � � � � � ��ͼ��������x�]B]4h9�h�1m5�B*CJOJQJ^JaJmH $phsH $4h9�h[15�B*CJOJQJ^JaJmH $phsH $ hB6Uh�6fCJOJQJ^JaJ hB6Uh�`nCJOJQJ^JaJ hB6Uhu�CJOJQJ^JaJ hB6Uh|PrCJOJQJ^JaJ hB6Uh�b�CJOJQJ^JaJ hB6Uh�a�CJOJQJ^JaJ hB6Uhp�CJOJQJ^JaJ 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normal�4� l4�a�,k ���, 0 Sin lista�&`�����Q>Ref. de nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Texto de nota al pie 7�H*S*X�/��X`u�apple-converted-space7�CJH*OJQJS*^� ��^II Sin espaciado(CJOJPJQJ^J_HaJmH $sH $tH $�@"��o)�Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Ref. de nota al pie1,FA Fu,texto de nota al pie,Footnote Text Char Char Char,Texto nota pie Car Car Car,Footnote referenc,Texto nota pie Car CarCJaJ(�/��1(�o)�Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Ref. de nota al pie1 Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Char Char Car,Texto nota pie Car Car Car Car,Footnote referenc Car%6�CJH*OJPJQJ^JaJh�tH <@B<K8�0 Encabezado ��8!Z�/��QZK8�0Encabezado Car%6�CJH*OJPJQJ^JaJh�tH B @bBK8�0 Pie de p�gina ��8!`�/��q`K8�0Pie de p�gina Car%6�CJH*OJPJQJ^JaJh�tH L��L`�Ariala$!B*CJOJQJaJmH $phsH $J^�J�4R0Normal (Web)�d�d[$\$CJaJX�/���X�A�T�tulo 3 Car(6�CJH*OJPJQJ]�^JaJh�tH X�/���X�A�T�tulo 4 Car(6�CJH*OJPJQJ]�^JaJh�tH `�@�`�A P�rrafo de listadh^��`��a$m$CJOJQJaJL>L��Puestom$ @���CJ8KHOJPJQJ^JaJ8Z�/���Z�� Puesto Car-6�@���CJ8H*KHOJPJQJ^JaJ8h�tH ^�/���^LI��T�tulo 2 Car.6�B*CJH*OJPJQJ^JaJh�ph.t�tH D' ��D 9{�0Ref. de comentarioCJaJDD "9{�0Texto comentario!CJaJf�/��!f!9{�0Texto comentario Car%6�CJH*OJPJQJ^JaJh�tH LjL $9{�0Asunto del comentario#5�\�v�/��Av#9{�0Asunto del comentario Car+5�6�CJH*OJPJQJ\�^JaJh�tH L�RL &9{�0Texto de globo%CJOJQJ^JaJb�/��ab%9{�0Texto de globo Car%6�CJH*OJPJQJ^JaJh�tH <U`��q<G>0Hiperv�nculo>*B*phc�T� ���T�:�0Revisi�n((CJOJPJQJ^J_HaJmH sH tH PK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6_rels/.rels���j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ 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