Micelio

AUTO — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 2016-00027 (715-01)

Sala: CIVIL

Ponente: Marcela Adriana Castillo Silva

Fecha: 2017-01-27

Sujetos procesales: DEMANDANTE: JAVIER IGNACIO RUIZ \ DEMANDADO: MUNICIPIO DE "EL CHARCO"

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I.- ANTECEDENTES: 1.- Mediante providencia de 1� de julio de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, resolvi� dejar sin efecto el auto interlocutorio calendado a 23 de junio de 2016, por medio del cual se libr� mandamiento de pago en el proceso ejecutivo de la referencia, y en consecuencia resolvi� inadmitir el libelo de postulaci�n en virtud a la ausencia de agotamiento de la conciliaci�n como requisito de procedibilidad, concedi�ndole el termino de cinco d�as al demandante para enmendar el yerro referido. 2.- Con posterioridad, al considerarse por el Juzgado de primer grado, que la parte no cumpli� con la orden de subsanar la demanda, tomo la determinaci�n de rechazar la misma. 3.- Inconforme con tal determinaci�n el demandante propuso recurso de reposici�n y en subsidio de apelaci�n, argumentando que dentro del presente asunto no era necesario agotar la conciliaci�n prejudicial como requisito de procedibilidad ante la Procuradur�a General de la Naci�n, toda vez que seg�n respuesta de dicha entidad a una solicitud hecha previamente al presente asunto, la misma se abstiene de tramitar las conciliaciones en procesos ejecutivos contra municipios cuando no se trate de aquellos circunscritos en el art�culo 104 de la Ley 1437 de 2011; adicionalmente allega copia del auto dictado por la Procuradur�a 35 Judicial II para Asuntos Administrativos � Regional Nari�o, con el fin de demostrar que la conciliaci�n trato de surtirse, pero la solicitud fue infructuosa. 4.- En interlocutorio adiado a 24 de agosto de 2016, el juzgado de primer grado resolvi� no reponer el auto impugnado y en consecuencia concedi� la alzada subsidiariamente formulada.

II.- CONSIDERACIONES: 1.- Problema Jur�dico El asunto que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a determinar si era jur�dicamente viable dejar sin efecto el mandamiento de pago decretado en contra de un Municipio, y el posterior rechazo de la demanda, con fundamento en que no se agot� la diligencia de conciliaci�n como requisito de procedibilidad. 2.- Tesis Considera esta Judicatura que no habi�ndose discutido a�n por el Municipio demandado, el tema de las consecuencias de la ausencia del agotamiento de la conciliaci�n prejudicial, a trav�s de la reposici�n al mandamiento de pago, no era procedente que el juez desconociera de manera oficiosa la fuerza ejecutoria de la admisi�n del libelo de postulaci�n, m�s aun habi�ndose evidenciado que la parte actora solicit� infructuosamente ante la autoridad competente el adelantamiento de la conciliaci�n que ahora el Juez a quo requiere para continuar el tr�mite ejecutivo. 3.- An�lisis del caso El legislador defini� la conciliaci�n como �(�) un mecanismo de resoluci�n de conflictos a trav�s del cual dos o m�s personas gestionan por s� mismas la soluci�n de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.�; ciertamente la Jurisprudencia nacional ha entendido que son varios los fines que se buscan alcanzar por medio de la conciliaci�n, y en especial con aquella que es necesaria agotar previamente a acceder a la justicia formal, a saber: (i) Garantizar el acceso a la justicia, pues propicia un espacio para ventilar las controversias que se suscitan entre individuos, de manera �gil en t�rminos de tiempo y costos;

(ii) promover la participaci�n de los individuos en la soluci�n de sus propias disputas, as� como su intervenci�n en la administraci�n de justicia en calidad de conciliadores; (iii) estimular la convivencia pac�fica, como fin esencial del estado seg�n lo dispuesto en el art�culo 2 de la Constituci�n Pol�tica; (iv) facilitar la soluci�n de los conflictos sin dilaciones injustificadas; y (v) descongestionar los despachos judiciales.

Es importante anotar que trat�ndose de procesos ejecutivos contra Municipios, el art�culo 47 de la Ley 1551 de 2012, prev� como obligatorio el agotamiento de la conciliaci�n extrajudicial, preliminarmente a recurrir jurisdicci�n, as�: �ART�CULO 47. LA CONCILIACI�N PREJUDICIAL. La conciliaci�n prejudicial ser� requisito de procedibilidad de los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios.

La conciliaci�n se tramitar� siguiendo el procedimiento y los requisitos establecidos para la de los asuntos contencioso administrativos. El acreedor podr� actuar directamente sin hacerse representar por un abogado. Dicha conciliaci�n no requerir� de aprobaci�n judicial, y su incumplimiento solo genera la consecuencia de que el acreedor puede iniciar el proceso ejecutivo correspondiente.

El delegado del Ministerio P�blico encargado de la conciliaci�n acumular� todas las solicitudes relacionadas con obligaciones de dar una suma de dinero a cargo del municipio y fijar� una sola audiencia trimestral en la que el representante legal del municipio propondr� una programaci�n de pagos de los cr�ditos que acepte, la cual deber� respetar el orden de preferencia de las acreencias previsto en la Ley 550 de 1999.� (Negrilla fuera de texto) Normatividad a la que debe darse aplicaci�n con predilecci�n a lo establecido por el art�culo 613 del C�digo General del Proceso, ello siguiendo los lineamientos trazados por la Corte Constitucional, en la sentencia C- 830 de 2013, seg�n los cuales el art�culo 1� del C.G.P. restringe su aplicaci�n a los asuntos de las jurisdicciones civil, comercial, de familia y agraria, d�ndose aplicaci�n a los asuntos administrativos cuando el asunto no se encuentre expresamente regulado en otras leyes, por ende, en el asunto bajo estudio debe darse aplicaci�n a la Ley 1551 de 2012, normatividad en la cual se encuentra prevista la conciliaci�n como requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos llevados en contra de los municipios.

Ahora bien, el legislador dise�� la exigencia de la conciliaci�n como requisito de procedibilidad cuando se trate de procesos ejecutivos contra los Municipios, como medida de protecci�n del patrimonio p�blico, sin embargo en el evento en que aquella no se hubiere efectuado, y tal circunstancia no se hubiere detectado por el juzgador al momento de admitir el libelo de postulaci�n, el tema debe ser debatido por la parte que se considere afectada con dicha decisi�n, a trav�s de los diversos medios judiciales de defensa a su alcance, verbi gracia, a trav�s del recurso de reposici�n frente al mandamiento de pago, si as� lo considera procedente.

En efecto, como el no agotamiento de la conciliaci�n prejudicial antes de la demanda no constituye una causal de nulidad, los yerros en los que hubiere incurrido por el juzgador al apreciar tal requisito, deber�n discutirse oportunamente por las partes, pues de lo contrario quedaran saneados inexorablemente, es decir, en el presente asunto quien tiene la facultad para discutir las consecuencias de la falta de conciliaci�n previa, es el Municipio de �El Charco�, quien es el demandado dentro del proceso, atrav�s de la interposici�n de los recursos correspondientes una vez sea notificado en debida forma de la existencia del asunto.

En suma, esta Corporaci�n ha podido verificar que el juzgado de primera instancia incurri� en un error de apreciaci�n normativa, habida cuenta que en la labor de aplicaci�n del derecho se opt� por aquella interpretaci�n que hizo nugatoria la efectividad de los derechos sustanciales puestos a su consideraci�n, dando prioridad al agotamiento irrestricto de una norma procesal, cuyo alcance se encontraba limitado a la misma discusi�n que sobre el punto efectuaran los sujetos procesales, pues ya hab�a sido proferido el mandamiento de pago deprecado.

Mem�rese que la Corte Constitucional, ha se�alado que los procedimientos no deben ser utilizados como un obst�culo para la eficacia del derecho sustancial, pues por el contrario se encuentran instituidos espec�ficamente para su preservaci�n. Vienen del caso las anteriores elucubraciones por cuanto si bien de vieja data la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la desvinculaci�n de autos, cuando su ilegalidad es evidente, estableciendo que no puede el Juzgador atarse a un error que indefectiblemente lo conducir� a otros, puesto que resulta posible que en el proceso se cumpla con la conciliaci�n, si es que antes no se intent�, lo que deja ver que se tratar�a, en todo caso, de una deficiencia susceptible de remediarse en el mismo curso de la actuaci�n. Cabe aclarar que en el caso bajo estudio, tal y como qued� demostrado por el auto N� 169 dictado por la Procuradur�a 35 Judicial II para Asuntos Administrativos allegado por la parte demandante con el escrito impugnativo, la actora efectivamente intent� realizar la conciliaci�n prejudicial, sin embargo, la entidad competente para su adelantamiento, neg� tal posibilidad, se�alando la improcedencia de la misma con fundamento en que los t�tulos valores allegados, al haber sido endosados perdieron su relaci�n con el contrato que los gener�, ya que los mismos contienen una obligaci�n incondicional de pagar una suma de dinero, incorpor�ndose el derecho literal y aut�nomo de reclamar la cantidad establecida, siendo por tanto necesario darle aplicaci�n a las normas relativas a la jurisdicci�n ordinaria civil, y al tratarse de un proceso ejecutivo singular, se hac�a innecesaria la conciliaci�n previa a la instauraci�n de la demanda.

En raz�n a las aseveraciones hechas, esta Judicatura proceder� a revocar el auto apelado, ordenando al juzgado de primera grado contin�e con el tr�mite procesal correspondiente. Por �ltimo, no habr� lugar a imponer condena en costas de segunda instancia, por estimarse que la decisi�n es favorable al apelante, de conformidad con lo se�alado en las reglas 1 y 8 del art�culo 365 del C�digo General del Proceso.

En m�rito de lo expuesto se RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 25 de julio de 2016, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, dentro del proceso ordinario de la referencia, y en consecuencia ordenar la continuaci�n normal del tr�mite judicial.

SEGUNDO: REM�TASE el expediente al juzgado de primer grado, para que adopte las determinaciones del caso TERCERO: Sin lugar a condenar en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. NOTIF�QUESE MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA Magistrada  Ley 446 de 1998, art�culo 64.  Ib�dem. El inciso 2� del art. 613,de la Ley 1564 de 2012 se�ala que �no ser� necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicci�n en la que se adelanten�.  Sentencia C 830 de 2013: �De acuerdo con esta regla legal el C�digo se regula �la actividad procesal� en cuatro �mbitos del derecho, principalmente, los asuntos civiles, los comerciales, los de familia y los asuntos agrarios.

Adicionalmente, se indica, que el c�digo tambi�n se aplica (i) �a todos los asuntos de cualquier jurisdicci�n o especialidad� y (ii) �a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales�, pero de manera subsidiaria. Es decir, si y s�lo s� el asunto no est� regulado �expresamente en otras leyes�.

En consecuencia, por mandato expreso del C�digo General del Proceso, la posibilidad de que una de sus normas (en este caso, el art�culo 613) entre en conflicto con otra norma de car�cter legal y procesal, no existe (en esta ocasi�n, con el art�culo 47 de la Ley 1551 de 2012, sobre modernizaci�n de los municipios). El mismo C�digo as� lo se�ala, al advertir que en �mbitos como el contencioso administrativo, se deben aplicar las normas especialmente dise�adas para esos asuntos.

(�) por cuanto la norma que, aparentemente, generar�a un conflicto normativo, no es el primer inciso del art�culo 613, que s� se dirige a los asuntos contencioso administrativos, sino la regla legal contenida en el segundo inciso del art�culo. Se trata de una regla de car�cter general, que se aplica en todas las jurisdicciones, no est� pensada o dise�ada de forma espec�fica para los procesos ejecutivos contencioso administrativos (�no ser� necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicci�n en la que se adelanten, como tampoco en los dem�s procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de car�cter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad p�blica� inciso segundo, art�culo 613, C�digo General del Proceso)�  Corte Constitucional.

Sentencia T-363-13  Auto 062 de 23 de mayo de 1988. M.P. Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez.  Folio 12, Cuaderno Principal     PAGE 6 Proceso Ejecutivo Singular 2016-00027 (715-01 $&WXYu����   < P T ] _ ` a k � � � � � � �   �����ǹ�������v�v�viv\i\i\i\vih.shw:OJQJ^Jh.shEIOJQJ^Jh.shQOJQJ^Jh.shws%OJQJ^Jh.sh��OJQJ^Jh.sh��5�OJQJ^Jh.sh�"�5�OJQJ^Jh.sh��5�OJQJ^J$h�IJh��5�B*OJQJ^Jph$h�IJh,�5�B*OJQJ^Jph$h�IJh'35�B*OJQJ^Jphx y � � �   4 5 t u  � � � �������������������$�dh^�a$gd�U $dha$gd�U $dha$gd�U $dh1$a$gd�U $dha$gd`s{$ ��dh5$7$8$9DH$a$gd�G�$�&d P�� ^�a$gdG� # - 9 D L [ ] w z � � � � " ? @ A C Q h v w x y �������ٿٿٲ٥��~�q�d�L.h.s5�B*CJOJQJ^JaJmH $phsH $h.sh.sOJQJ^Jh.sh�G�OJQJ^Jh.sh&vOJQJ^Jh.sh%OJQJ^Jh.sh��OJQJ^Jh.sh 6+OJQJ^Jh.sh"O�OJQJ^Jh.sh��OJQJ^Jh.shYc^OJQJ^Jh.sh1[OJQJ^Jh.sh�'�OJQJ^Jh.sh*Y�OJQJ^Jy � � � �    # ( ) *, 2 3 4 5; ��ǷǦ��rarararP�>�#h.oh� 5�CJOJQJ^JaJ h.ohau}CJOJQJ^JaJ h.oh�4�CJOJQJ^JaJ h.ohlm�CJOJQJ^JaJ h.oh�7iCJOJQJ^JaJ#h.oh�7i5�CJOJQJ^JaJ h.oh�GCJOJQJ^JaJh`s{h�]5�CJOJQJ^Jh`s{h�7i5�CJOJQJ^J&h`s{h�7i5�@���CJOJQJ]�^J'h`s{h�7i5�CJOJQJ^JmH $sH $; < H J L Q V W h r t u y � 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