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Acta No: 322 Primera Instancia- Barranquilla, veintiocho (28) de octubre de dos mil trece (2013). Asunto Finalizada la audiencia p�blica de juzgamiento y como no se observan irregularidades sustanciales o violaci�n al derecho de defensa del procesado, que amerite decretar la nulidad de la actuaci�n, aborda la Sala Penal, la tarea de dictar sentencia de primera instancia en el proceso tramitado en contra del Doctor Hugo Rosan�a Barros, quien se desempe�� como Juez Cuarto de Familia de Barranquilla - Atl�ntico, acusado por la Fiscal�a Sexta Delegada ante el este Tribunal, por el delito de prevaricato por acci�n y prevaricato por omisi�n. Identificaci�n e Individualizaci�n De La Procesada Hugo Rosan�a Barros, se identifica con la c�dula de ciudadan�a n�mero 7.427.461 de Barranquilla, nacida el 16 de septiembre de 1945; hijo de Francisco Rosan�a y Ana Mar�a Barros (Fallecidos); estado civil casado con Luz Marina Rocha, con quien tiene seis hijos de nombres Liseth, Pierina, Yojana, Jisela, Estefany e ItaloRosan�a; al momento de los hechos se desempe�aba como Juez Cuarto de Familia e ingreso a la Rama Judicial a partir del a�o 1977.
Hechos Se extractan de la Resoluci�n de Acusaci�n proferida porla Fiscal�a General de la Naci�n, de la siguiente manera: �� le correspondi� por reparto, al Juzgado Cuarto de Familia, la demanda de sucesi�n del causante Eduardo Rodr�guez Pinilla, presentada por la DraYamilieCaezCaez, como apoderada, de Jhon Alexander Rodr�guez Garc�a, la cual fue radicada bajo el N� 0236 de 2002, y admitida en mayo 24 de 2002.
Que en julio 5 de 2002, la Dra. Yamile Caez, hace sustituci�n del poder al Dr. �lvaro Yepes Garc�a, la cual fue acogida por el Juzgado en julio 12 de 2002. Fecha desde la cual continu� realizando las diligencias pertinentes a fin de avanzar con el proceso, como fueron la �solicitud de medidas previas, presentaci�n de inventarios, objeciones a los de la contraparte, entre otros.� Que en marzo 12/04, el se�or Jhon Alexander Rodr�guez Garc�a, manifiesta mediante escrito que, confiere el poder al abogado, Luis Eduardo Lozano Rodr�guez para que continu� su representaci�n en el proceso y en consecuencia revoca los poderes antes conferidos.
Esta revocatoria del poder fue intempestiva, unilateral, caprichosa e injustificada�. Que el se�or Jhon Rodr�guez �no pag�, ni ha pagado a�n a los Dres. Yamile CaezCaez y �lvaro Yepes Garc�a los honorarios causados por la gesti�n realizada como sus apoderados desde la iniciaci�n del proceso en abril 24/02 hasta cuando fue revocado el poder en Marzo 12/04.� Que con fecha abril 14 de 2004, present� ante el Juzgado Incidente de Regulaci�n de Honorarios acompa�ando pruebas documentales.
En abril 22 de 2004, se corri� traslado a la otra parte, la cual no hizo uso del mismo. El Juez no decret� pruebas de oficio, por lo tanto no hab�a pruebas que practicar y de acuerdo al expreso mandato de la parte final del numeral 3� del art�culo 137 del C. de P.C., el juez no habiendo pruebas que practicar decidir� el incidente. Que, numerosas ocasiones, verbalmente y por escrito, requiri� al Juzgado para la pronta decisi�n del incidente de honorarios y el advirti� al Juez sobre las intenciones de excliente Jhon Alexander Rodr�guez Garc�a de vender su cuota hereditaria y de la necesidad de que el Juzgado antes de autorizar cualquier negociaci�n de esta �ndole tuviera en cuenta que, el mencionado se�or no hab�a pagado los honorarios, por lo cual deb�a agilizar la regulaci�n de los mismos y exigirle previamente el paz y salvo respectivo a fin de evitar que se burlara el pago de dichos honorarios.
Que, en septiembre 28 de 2004, casi seis meses despu�s de presentado el incidente y ante su insistencia en que se resolviera al respecto, el juzgado nombra a Plutarco Quiroz, como perito para que dictamine sobre los honorarios causados, todo ello sin decretar periodo probatorio, ni fijarle t�rmino para la pr�ctica de pruebas, ni fecha y hora para la posesi�n del perito, ni fijarle t�rmino para rendir su dictamen, como lo ordenan los art�culos 137 y 236 del C�digo de Procedimiento Civil.
Que dicho perito, no obstante haber sido notificado del nombramiento, nunca se posesiona y mucho menos rinde dictamen, por lo que en octubre 15/04, pide al Juzgado que sea requerido, lo cual no sucede, y en noviembre 23/04, pide al juzgado que sea relevado del cargo. Que, en enero de 28 de 2005, pide al Juez un pronunciamiento sobre asuntos importantes del proceso como son definici�n de las objeciones a los inventarios, regulaci�n de los honorarios, imposici�n de las sanciones por tacha de falsedad decretada sobre unas escrituras introducidas al proceso por el abogado Jorge Mart�nez y remoci�n del perito Plutarco Quiroz.
La remoci�n del perito solo se produce en febrero 4 de 2005, o sea despu�s de cuatro meses y siete d�as de nombrado sin que siquiera se posesionara, demostrando as� que no ten�a el m�s m�nimo inter�s en cumplir la funci�n para lo cual fue nombrado. Que �El nuevo perito nombrado, se posesion�, hizo su trabajo y present� su dictamen el cual ya surti� su traslado y fue objeto de contradicci�n, pero a�n el juzgado no se pronuncia. Que la actitud abiertamente dilatoria del Juzgado en cuanto a la definici�n del incidente de honorarios, ha permitido, propiciado y facilitado que su excliente Jhon Rodr�guez, realizara esta maniobra fraudulenta constitutiva de un alzamiento de bienes tendiente a insolventarse para burlar el pago de los honorarios a que tienen derecho de acuerdo con la ley.
Que la venta realizada es fraudulenta porque los bienes que por acuerdo privado le fueron entregados a Jhon Rodr�guezen pago de su cuota hereditaria tienen un valor superior a los $50.000 millones que aparecen en la escritura como precio de venta de dichos bienes, para lo cual basta revisar el inventario y avalu� de los bienes de la sucesi�n.� Que, �Adem�s de ello la venta la hace Jhon Rodr�guez a su madre Elicencia Garc�a, quien seg�n la escritura le pag� los $50.000 millones, siendo que dicha se�ora no tiene los medios econ�micos para disponer de esta suma pues ella es una persona que para sostener a su hijo Jhon Alexander Rodr�guez, tuvo que demandar por alimentos al difunto y padre de su hijo Eduardo Rodr�guez Pinilla, del cual obtuvo una cuota alimentar�a de $120.000 mensuales.
Que, de otra parte, en febrero de 2003, la Dra. Yamile CaezCaez, present� una tacha de falsedad sobre las escrituras Nos.385 de Noviembre 18/87 y 413 de noviembre 5 de /87, aportados por el abogado, Jorge Mart�nez Pical�a en representaci�n de sus apoderados Flavia Rueda Vecino, Carlos y Luz Dary Rodriguez Rueda. La falsedad de estas escrituras consiste en que en ellas aparece compareciendo a la Notaria firmando la se�ora Nelsy Rueda Monta�ez, esposa del causante quien para la fecha de las escrituras ya hab�a fallecido.
Que, en marzo 2/2004, el juzgado declar� probada la tacha de falsedad de las anteriores escrituras pero no impuso la sanci�n que le ordena el art�culo 292 del C. de P.C., en contra de la parte que adujo el documento y a favor de la que prob� la tacha, por lo que la doctora Caez, le pidi� en Marzo 3 de 2004, adici�n al auto en tal sentido.
Que, �Hasta el d�a de hoy han transcurrido Quinientos Treinta y Un Dias (531) desde que se hizo esta petici�n y el auto no ha sido adicionado y la sanci�n no ha sido impuesta no obstante los continuos requerimientos que se le han formulado al juzgado. Esta es otra actitud del juez que viola la ley (art. 292 del CPC) y que no tienen ninguna justificaci�n.� Que, el juzgado, inform� a la DIAN como valor de los inventarios la suma de $ 27.000.000 millones, lo cual es incorrecto pues el valor de los bienes de acuerdo al inventario presentado �por el suscrito en la audiencia realizada en Febrero 27/03 y sustentado mediante aval�os t�cnicos realizados por peritos autorizados, contratados y pagados por los herederos pasa de los $2.900 millones.� Que, �Esta informaci�n incorrecta enviada a la DIAN debe ser corregida a fin de que tasen correctamente los impuestos a pagar al Estado y se incurra en una evasi�n fiscal.
El inventario presentado en la audiencia de febrero de 27/03, inicialmente fue objetado por la contraparte, pero en junio 1�/05 los abogados que ahora act�an en el proceso presentaron un escrito donde desistieron de todas las objeciones, nulidades y recursos lo cual el juzgado acept� mediante auto de fecha Junio 10/05, (otra muestra de celeridad para las peticiones de tales abogados) por lo que el inventario inicialmente presentado qued� en firme y �ste es el debe informarse a la DIAN para efectos Fiscales.
(Art.844 Estatuto Tributario). Finalmente el denunciante, relaciona las adecuaciones t�picas de las conductas punibles que imputa al Juez Cuarto de Familia, tales como el prevaricato por acci�n y omisi�n, al igual que el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y allega documentos referentes a las actuaciones dadas en el proceso de sucesi�n. (Ver texto completo a folios, 1.8 del cuaderno original).
En ampliaci�n de denuncia escrita, precisa el Dr. �lvaro E. Yepes Garc�a, los hechos relacionados con la diligencia de aprobaci�n de los inventarios, considerando como manifestante contraria a la ley, el haber aprobado un inventario prestado por fuera de la oportunidad legal y por valores irreales, considerando esta conducta del Juez Cuarto de Familia Hugo Rosania Barros como constitutiva de prevaricato por acci�n. Ampliaci�n de denuncia como anexos de documentos relacionados con las mencionadas actuaciones procesales.
(Ver fl.116-125 C.O).- � Resoluci�n de Acusaci�n Luego de se�alar los requisitos formales y sustanciales sobre las alternas formas de calificaci�n sumarial, la Fiscal�a se sumerge en conceptos sobre lo que se entiende por la tipicidad material, en referencia con el delito de Prevaricato por Acci�n y Omisi�n, para se�alar que, en resumen, las actuaciones cuestionadas al Dr. Hugo Rosan�a Barros, son: (i) la tardanza en que incurri� en resolver el incidente de regulaci�n de honorarios solicitado por el apoderado judicial del se�or Jhon Alexander Rodr�guez Garc�a, en el proceso de sucesi�n del padre de �ste, causante, Eduardo Rodr�guez Pinilla, radicado bajo el N� 0236 de 2002 del Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla;
(ii) La falta de gesti�n del Juez frente a las tachas de falsedad sobre las escrituras N� 385 de 19 de noviembre de 1987 y 413 de 5 de noviembre de 1987, aportados por el apoderado de Fluvia Rueda Vecino, Carlos y Luz Dary Rodr�guez Rueda; y (iii) La omisi�n de resolver en derecho las objeciones realizadas al inventario y aval�o que fueron presentados en la audiencia del 27 de febrero de 2003.
Para la delegada del ente instructor, las explicaciones ofrecidas por el procesado no logran ser suficientes para librarlo de la acusaci�n que profiere en su contra porque, a su juicio, retard� deliberadamente su decisi�n respecto a la liquidaci�n de los honorarios a pesar que en varias ocasiones el apoderado que lo solicit�, present� memoriales de impulso para que, as� como tambi�n omiti�, seg�n la fiscal, resolver las peticiones presentadas dentro de los t�rminos legales dentro del proceso de sucesi�n iniciado tras la muerte del se�or Eduardo Rodr�guez Pinilla, tales como las objeciones al inventario y aval�o de los bienes dejados por el causante.
Concluye, entonces, que la voluntad y el querer del ex funcionario era vulnerar el bien jur�dico de la Administraci�n P�blica, incumpliendo con los deberes inherentes a su cargo y omitiendo resolver las peticiones presentadas por el Dr. Yepes Garc�a y la Dra. Yamile Caez sobre la compulsa de copias por el delito de falsedad en documento p�blico y, adem�s, retardando la decisi�n definitiva sobre el incidente de honorarios.
A su juicio, el procesado ten�a intereses en el proceso de sucesi�n, ajenos a una recta y cumplida impartici�n de justicia, ya que conociendo las normas legales a aplicar en la materia, prefiri� determinarse en la comisi�n de la conducta punible de prevaricato por acci�n. Audiencia P�blica La Fiscal�a: Inicia su discurso solicitando al Tribunal, que se profiera sentencia condenatoria en contra del doctor Hugo Rosan�a Barros, como autor responsable de los delitos de Prevaricato por Acci�n y por Omisi�n, cometidos dentro del proceso de sucesi�n que se adelantaba en el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, donde �ste era titular.
Todo porque, a juicio del ente instructor, el juez omiti� el procedimiento se�alado en el C�digo de Procedimiento Civil, para el incidente de regulaci�n de honorarios que dentro del proceso de sucesi�n por causa de muerte propuso el apoderado del demandante y para la tacha de falsedad de que fueron objeto las escrituras p�blicas aportadas como pruebas por el demandante al no imponer, como supuestamente proced�a, la sanci�n de que trata el art�culo 292 de ese mismo estatuto.
Tambi�n, aduce el fiscal, que el juez prevaric� por acci�n a informar a la Dian, sobre los valores de los inventarios objeto de sucesi�n que no correspond�an a su valor real por lo que, a su juicio, constituy� un enga�o al fisco nacional y a los intereses de los denunciantes. Por todo ello, solicita que se imponga la sanci�n que corresponda por los delitos de Prevaricato por Acci�n y por Omisi�n. La Parte Civil: Relata el representante de la parte civil, los hechos por los cuales la Fiscal�a llam� a juicio el doctor Hugo Rosan�a Barros, que tuvieron ocurrencia cuando �ste se desempe�aba como Juez Cuarto de Familia de Barranquilla, mientras adelantaba el proceso de sucesi�n iniciado por la muerte del se�or Eduardo Rodr�guez Rueda.
Luego de hacer una s�ntesis de la acusaci�n proferida por la Fiscal�a, alega que las pruebas nuevas aportada por la defensa son documentos no aut�nticos que no logran desvirtuar los hechos y pruebas en las cuales se fundament� la resoluci�n de acusaci�n. Aclara, que la demanda aportada por la defensa pretende demostrar que dentro del inventario se incluyeron bienes que no pertenec�an al causante, pero que no obedece a la realidad porque, a contrario sensu, lo que se hizo fue informar sobre la existencia de una sociedad patrimonial para que se valorizara el monto de las acciones que correspond�an al causante.
Adem�s, que la decisi�n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil � Familia, que resuelve el recurso de apelaci�n en contra de la decisi�n sobre el valor de los honoraros tard�amente tasados por el Juez procesado, mediante la cual se decidi� disminuir el valor estipulado, no demuestra, como lo pretende la defensa, que el funcionario no tuviera la intenci�n de perjudicar al abogado que solicit� la regulaci�n. Desecha, tambi�n, el argumento con el que el ex Juez, pretende excusarse de haber resuelto tard�amente la regulaci�n de honorarios como la de no poderlo realizar al no encontrarse acreditados el valor de los inventarios, porque para la Parte Civil, esto obedeci� a su incuria de omitir resolver las objeciones propuesta en contra de los inventarios, no obstante haber nombrado un perito para ello y de haberse apartado de su dictamen para finalmente resolver inoportunamente.
Asimismo, para este apoderado, las certificaciones sobre estad�stica de los procesos que manejaba el despacho y las incapacidades por enfermedades no logran restar fuerza suasoria a todos los medios probatorios allegados por el ente instructor. Por todo ello, para el representante de la Parte Civil, no existe justificaci�n alguna para las actuaciones y omisiones en que incurri� el entonces Juez Cuarto de Familia de Barranquilla, que, a su juicio, lo hacen responsable de los delitos de Prevaricato por Acci�n y por Omisi�n. La Defensa: El apoderado judicial del procesado cuestiona la acusaci�n de la Fiscal�a, en cuanto a los punibles de Prevaricatos por Omisi�n, de los que dice, existe una unidad y no una independencia en su presunta comisi�n. Para el defensor la Fiscal�a err� cuando consider� que la mora en la definici�n del incidente de honorarios no se encontraba justificada en lo explicado por su defendido y que representa, a su juicio, una causa razonable de su demora, esto es, la necesaria terminaci�n del proceso para poder determinar los honorarios por haber sido pactados por cuota litis.
As� tambi�n, aduce el apoderado que el t�rmino que el proceso dur� en secretar�a tambi�n es imputado como mora al Juez, cuando esto no es una responsabilidad que le pueda ser imputada, como tampoco lo es la inacci�n en la que incurri� el perito que fue nombrado por �ste. Finalmente, justifica la mora en que incurri� su defendido en la imposibilidad de tasar los honorarios del abogado hasta que no se aprobaran los inventarios.
Al referirse a la conducta de Prevaricato por Omisi�n que se imputa a su apadrinado judicial por haberse sustra�do de responder a las solicitudes de la abogada Yamile Caez, sobre la imposici�n de la sanci�n de que trata el art�culo 292 del C.P.C., aduce que no existe antijuricidad y que algunos memoriales suscritos por esta profesionalfueron presentados cuando ya no estaba legitimada en la causa porque su actuaci�n se derivaba de una escritura simulada.
Por �ltimo, en trat�ndose del Prevaricato por Acci�n, sostiene el defensor que no fue expedida ninguna decisi�n contraria a la ley porque el ex juez actu� conforme a como se lo impon�an los art�culos 302 y 303 del C.P.C, incluso obteniendo de la Dian un oficio donde le manifestaban al Juez que pod�a continuar con el proceso. Por esas razones, la defensa t�cnica de Hugo Rosan�a Barros, estima que debe proferirse una sentencia absolutoria a su favor por todos los delitos que se le endilgan.
Para Resolver Se Considera La Sala Penal del Tribunal Superior De Barranquilla, es competente para fallarel presente asunto en primera instancia, de conformidad con lo establecido en el art�culo 76, numeral 2 de la Ley 600 de 2000. Se advierte que el sujeto pasivo de la acci�n penal, es calificado por cuanto se desempe�aba como Juez Cuarto de Familia de Barranquilla � Atl�ntico, calidad probada en el expediente y que nadie osa discutir.
El art�culo 232 de la ley 600 de 2000, regula el principio de necesidad de la prueba, exigiendo que toda providencia debe fundarse en prueba legal, regular y oportunamente allegada a la actuaci�n. Igual, determina que a nadie se le podr� dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado.
En subsiguientes art�culos de la ley en cita, se encuentran los principios de libertad probatoria y apreciaci�n de las pruebas, los cuales se har�n en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana cr�tica. De otra parte es oportuno, se�alar que en el tr�mite de este proceso penal, no se observan irregularidades sustanciales o afectaci�n del derecho de defensa del procesado, que habilite el uso de la nulidad como castigo extremo del proceso, para de ah�, proceder a enderezar las falencias procedimentales a que hubiere lugar o a restablecer el derecho de defensa violado.
Tampoco en los alegatos de conclusi�n vertidos en la audiencia p�blica, ning�n sujeto procesal, propuso nulidad alguna y de oficio no la percibe la judicatura. La Fiscal�a General de la Naci�n, mediante resoluci�n de fecha 16 de noviembre de 2007, por intermedio de su delegada Sexta ante esta Corporaci�n, profiri� resoluci�n de acusaci�n en contra del Dr. Hugo Rosan�a Barros, en su condici�n de Juez Cuarto de Familia de este distrito judicial, por los punibles de Prevaricato por Omisi�n en concurso homog�neo y sucesivo y Prevaricato por Acci�n, decisi�n que fuera impugnada y confirmada en todas sus partes por la Fiscal�a Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, mediante resoluci�n de fecha 30 de mayo de 2008, siendo sus principales argumentos y sustentos f�cticos los siguientes: Que comete el procesado los delitos de Prevaricato por Omisi�n, cuando entorpece el desarrollo normal del tr�mite incidental de regulaci�n de honorarios profesionales, el cual no pod�a estar dependiendo del proceso de sucesi�n. Que omiti� y rehus� resolver las solicitudes de la doctora Yamile Caez, como aquellas en que le indicaba al juez, aplicar el art�culo 29 del C�digo de Procedimiento Civil y tambi�n resolver sobre todas las objeciones del inventario de los bienes relictos, y el correspondiente aval�o de �stos dentro de los t�rminos de ley.
Que con relaci�n al delito de Prevaricato por Acci�n, la Fiscal�a le enrostra un comportamiento manifiestamente contrario a la ley, cuando el acusado en su condici�n de Juez Cuarto de Familia de esta urbe, le informa a la Dian, como valor de los inventarios de los bienes de la sucesi�n la suma de $27.000.000 de pesos, lo cual es incorrecto, puesto que el valor de dichos bienes de acuerdo al inventario inicial introducido en la audiencia de febrero 27 de 2003, sustentado mediante aval�os t�cnicos realizados por peritos autorizados, contratados y pagados por los herederos, conoci�ndose que este inventario esta por el orden de una cifra superior a los $2.900.000.000, con lo cual perjudic� a la administraci�n p�blica.
La ley 599 de 2000, en su t�tulo XV, describe y sanciona todas las conductas que atentan contra el bien jur�dico de la Administraci�n P�blica y en su cap�tulo VII, regula espec�ficamente el delito de Prevaricato en sus dobles manifestaciones; es decir, por Acci�n o por Omisi�n, en ese sentido tenemos que: El art�culo 413, consagra: �Prevaricato por Acci�n. El servidor p�blico que profiera resoluci�n, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrir� en prisi�n de tres (03) a ocho (08) a�os, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios m�nimos legales mensuales vigentes, e inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas de cinco (05) a ocho (08) a�os.� Seg�n el ilustre tratadista Pedro Pacheco Osorio, en su obra Derecho Penal Especial, Tomo I, Editorial Temis Bogot� 1978, Cuarta Edici�n, referente al delito de Prevaricato por Acci�n, el significado de la palabra prevaricato o prevaricaci�n, en el sentido etimol�gicosignifica caminar torcidamente, empero dentro del �mbito jur�dico nos enuncia dos acepciones distintas, cuando se usa para designar el delito del funcionario p�blico quien maliciosamente falta a los deberes de su cargo, como ocurre en nuestro derecho y otra para denominar la infracci�n cometida por el representante o asesor de un litigante, que por infidelidad perjudica los intereses de su cliente, como lo hace el c�digo italiano (art�culos 387 y siguientes).
Concluye, que el delito en referencia suele dividirse en Prevaricato por Acci�n, consistente en la realizaci�n del acto injusto por parte del funcionario y en Prevaricato por Omisi�n, que lo constituye el hecho de rehusar, negar o retardar el acto propio de sus funciones, que en algunos c�digos se incluye en cap�tulo aparte con el nombre de denegaci�n o retardo de justicia. Mientras que el inter�s jur�dico que se pervierte con estas conductas, es aquel que tiene el Estado y la sociedad en la rectitud e imparcialidad de los funcionarios p�blicos, en la correcci�n, legalidad y oportunidad de los actos que a ellos compete.
Nuestro m�ximo Tribunal de Justicia ordinaria, sobre este delito de Prevaricato por Acci�n, entendi� y se�al� las modalidades cuando se estructura dentro de un suceso factual, que desde luego tiene como sujeto agente a un servidor p�blico, como ejemplo de su ocurrencia citamos la siguiente jurisprudencia: �Igualmente hay que recalcar que el an�lisis de la contradicci�n de lo decidido con la ley se debe hacer mediante un juicio ex ante, al ubicarse el operador jur�dico al momento en que el servidor p�blico emiti� la resoluci�n, el dictamen o el concepto, examinando el conjunto de circunstancias por �l conocidas, siendo por lo mismo improcedente un juicio de verificaci�n ex post con nuevos elementos y conocimientos, ya que: ��la direcci�n t�pica de la norma sobre el prevaricato exige primero y directamente una confrontaci�n entre la decisi�n proferida por el acusado y la ley.
Puede ser que el juicio de reproche requiera de la clarificaci�n que eventualmente surge de las explicaciones del procesado en el curso de sus intervenciones, o de las reflexiones de los distintos sujetos procesales en torno a lo que significa el presupuesto f�ctico y jur�dico sobre el cual se edifica la prevaricaci�n, o de los pareceres de otras autoridades judiciales, pero lo primero que debe enfrentar el juzgador es lo que hizo el inculpado en la resoluci�n redarg�ida ostensiblemente ilegal, pues, por lo obvio, es en este momento cuando se realiza la conducta juzgada y no verbigracia, en la indagatoria o la audiencia p�blica, oportunidades �stas en las cuales se producen los descargos o explicaciones sobre los hechos que ya se hab�an consumado. �De igual manera, la adecuaci�n t�pica del delito de prevaricato debe surgir de un cotejo simple del contenido de la resoluci�n o dictamen y el de la ley, sin necesidad de acudir a complejas elucubraciones o a elocuentes y refinadas interpretaciones, pues un proceso de esta �ndole escapar�a a una expresi�n aut�ntica de lo manifiestamente contrario a la ley.
As� entonces, para la evaluaci�n de esta clase de conductas delictivas se adopta una actitud m�s descriptiva que prescriptiva, es decir, sujeta a lo que realmente hizo el imputado en la respectiva actuaci�n, asistido de sus propios medios y conocimientos, no a lo que debi� hacer desde la perspectiva jur�dica y con base en los recursos del analista de ahora (juicio ex ante y no a posteriori).
Desde luego que si el objeto de examen es una decisi�n ostensiblemente contraria a la ley, el juzgador no puede abstenerse de se�alar el deber ser que el infractor soslay� maliciosamente, pero como un deber ser que �ste conoc�a (no aqu�l) y que obviamente estaba al alcance de sus posibilidades.�(Subrayado y negritas fuera del texto original).
Mientras que el art�culo 414 ejusdem, describe el Prevaricato por Omisi�n de la siguiente manera: �El servidor p�blico que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrir� en prisi�n de dos (02) a cinco (05) a�os, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios m�nimos legales mensuales vigentes, e inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por cinco (05) a�os.� Seg�n Antonio Jos� Cancino, el Prevaricato por Omisi�n se diferencia del Prevaricato por acci�n, porque el servidor p�blico no realiza lo que tiene el deber o la obligaci�n de realizar, o lo hace inoportunamente, en ese sentido se apoya en unos criterios que esboza el profesor Molina Arrubla, en el contexto de los siguientes p�rrafos: �En consecuencia, podemos decir que la raz�n de acriminaci�n de esta conducta, y por ende la raz�n de ser de este tipo penal, estriba en el hecho de que el funcionario tiene un deber de cumplir con las obligaciones correspondientes e inherentes al cargo que le ha sido diferido, de tal manera que cuando el funcionario falta a ese deber de cumplir dentro del tiempo o de la oportunidad debida a las obligaciones propias de la funci�n que le ha sido encomendada est� faltando al ejercicio de esa funci�n y, en consecuencia, est� atentando no solamente contra la buena marcha y contra el buen nombre de la administraci�n, sino que finalmente est� atentando contra la rectitud de la misma, toda vez que ella tiene a su cargo la obligaci�n de cumplir pronta y cumplidamente con el ejercicio de sus funciones.� Para realizar el trabajo anal�tico y de cara a los delitos objeto de imputaci�n, es preciso, advertir que este ejercicio requiere del estudio pr�ctico y sin interpretaci�n diferente que aquella que corresponde aplicar a las normas jur�dicas que guiaban el tr�mite del proceso de sucesi�n, de la regulaci�n de honorarios profesionales y de todas las normas especiales que se impon�an de manera ineluctable aplicar, frente a la tensi�n suscitada dentro del escenario del inventario y aval�o de bienes del causante, fruto de las objeciones y nulidades solicitadas por las partes trabadas en el litigio.
En ese sentido tenemos que comenzar por lo primero y no como lo hizo la delegada fiscal, ya que la eclosi�n de la sucesi�n es ni m�s ni menos que el auto que la abre con ocasi�n de la presentaci�n de una demanda en forma y que subsiguientemente se impone para satisfacer las pretensiones de los sujetos legalmente admitidos, el que se convoque a audiencia de inventario y aval�o tal como reza el art�culo 600 del C�digo de Procedimiento Civil, que describe: Art�culo 600.
Inventarios y aval�os.Vencido el t�rmino del edicto emplazatorio, efectuadas las publicaciones y agregadas al expediente como lo dispone el art�culo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr010.html" \l "318" \t "_blank" 318, se se�alar� fecha y hora para la pr�ctica de la audiencia de inventario de bienes y deudas de la herencia y de la sociedad conyugal, para lo cual se aplicar�n las siguientes reglas: 1.
A la pr�ctica del inventario y de los aval�os podr�n concurrir los interesados que relaciona el art�culo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_civil_pr040.html" \l "1312" \t "_blank" 1312 del C�digo Civil. El inventario ser� elaborado por los interesados bajo la gravedad de juramento y presentado por escrito para su aprobaci�n en la fecha se�alada, con la indicaci�n de los valores que de com�n acuerdo asignen a los bienes.
El juramento se entender� prestado por el hecho de la firma. En el activo de la sucesi�n se incluir�n los bienes denunciados por cualquiera de los interesados en la forma indicada en el inciso anterior. Si hubiere desacuerdo entre los interesados sobre el valor total o parcial de alguno de los bienes, el juez resolver� previo dictamen pericial.
En el pasivo de la sucesi�n s�lo se incluir�n las obligaciones que consten en t�tulo que preste m�rito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, o las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los herederos, o por �stos y por el c�nyuge sobreviviente cuando conciernan a la sociedad conyugal.
Se entender� que quienes no concurran a la audiencia aceptan las deudas que los dem�s hayan admitido. Los acreedores cuyos cr�ditos no fueren inventariados podr�n hacerlos valer en proceso separado. Para tal efecto se ordenar� inmediatamente la devoluci�n de los documentos presentados. 2. Cuando en el proceso de sucesi�n haya de liquidarse la sociedad conyugal, en el inventario se relacionar�n los correspondientes activos y pasivos para lo cual se proceder� conforme a lo previsto en el art�culo 4 de la Ley 28 de 1932, con observancia de lo dispuesto en el numeral anterior, en lo pertinente.
En el activo de la sociedad conyugal se incluir�n las compensaciones debidas a la masa social por el c�nyuge sobreviviente o por el difunto, siempre que se denuncien por la parte obligada o que �sta acepte expresamente las que denuncie la otra. En los dem�s casos se proceder� como dispone el art�culo siguiente < HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr020.html" \l "601" \t "_blank" 601>.
En el pasivo de la sociedad conyugal se incluir�n las compensaciones debidas por la masa social al c�nyuge sobreviviente por el causante, para lo cual se aplicar� lo dispuesto en el inciso anterior. 3. No se incluir�n en el inventario los bienes que conforme a los t�tulos fueren propios del c�nyuge sobreviviente. En caso de que se incluyeren, el juez decidir� mediante incidente que deber� proponerse por el c�nyuge antes del vencimiento del traslado de que trata el inciso primero del art�culo siguiente < HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr020.html" \l "601" \t "_blank" 601>.
El auto que lo decida es apelable en el efecto diferido. 4. Si se hubieren dejado de inventariar bienes, podr� solicitarse inventario y aval�os adicionales, a los cuales se les aplicar� lo dispuesto en los numerales anteriores. La solicitud deber� formularse antes de que se apruebe la partici�n o adjudicaci�n de bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr020.html" \l "620" \t "_blank" 620.
(Subrayado y negritas fuera del texto original) Como primera medida debemos se�alar que es cierto y desde luego aqui nadie pretende discutir que la sucesi�n del difunto Eduardo Rodr�guez Pinilla, fue abierta el 24 de mayo de 2002, en el Juzgado Cuarto de Familia de esta urbe, que se encontraba en cabeza del aqu� acusado. As� mismo se tiene que en fecha 27 de febrero de 2003, se llev� a cabo en ese mismo Juzgado, la audiencia de inventario y aval�ode los bienes pertenecientes alde cujus con la presencia de la doctora Yamile CaezCaez, en representaci�n de Marlene Torrado �lvarez, del doctor �lvaro Enrique Yepes Garc�a, apoderado de Jhon Alexander Rodr�guez Garc�a, quienes presentaron la relaci�n, inventario y aval�o de los bienes, orden�ndose su incorporaci�n al expediente, que el doctor Jorge Mart�nez Picalua, lo ha presentado en su calidad de apoderado de Luz Dary Rodr�guez Rueda, Carlos Rodr�guez Rueda y Fulvia Vecino Rueda, �ltima quien act�a en nombre y representaci�n legal de su menor hija Brigitte Rodr�guez Vecino y en fin se hacen presente otras personas con inter�s en las resultas de el referenciado proceso sucesorio.
Se dej� constancia en la aludida diligencia que el doctor �lvaro Yepes Garc�a, present� objeci�n a las letras presentadas por los diferentes se�ores que han intervenido como acreedores de la sucesi�n. Este mismo Tribunal, en su Sala Civil � Familia, dentro de un proceso de divorcio y dentro del tratamiento de la liquidaci�n de la sociedad conyugal, se�al� que: �1) Los inventarios y aval�os se definen como un negocio jur�dico solemne, sujeto a controversia y aprobaci�n judicial con arreglo a par�metros establecidos en el art�culo 1310 del C�digo Civil, cuya elaboraci�n, contradicci�n y aprobaci�n se rige entre otras disposiciones, por los art�culos 600, 601 y 605 del C�digo de Procedimiento Civil.
El inventario y aval�o debe incluir todos aquellos bienes ra�ces o muebles, cr�ditos y obligaciones, frutos y dem�s accesorios con el valor consensuado entre los interesados o judicialmente establecido, de tal modo que, s�lo cuando se hubieren resuelto todas las controversias propuestas frente a ellos, se impartir�a aprobaci�n judicial, con efectos vinculantes para los participantes en el proceso, frente a quienes el inventario se constituye en la base procesal y sustancial de la partici�n. La carga procesal de elaboraci�n del inventario es de los interesados, quienes deben presentarlo bajo la gravedad de juramento y por escrito.�(Subrayado y negrillas nuestras).
Como quiera que se presentaron objeciones y nulidades lo que correspond�a al Juzgado, era imprimirle el tr�mite del art�culo 601 ib�dem, que a la letra dice: Art�culo 601. Traslado y objeciones. Del inventario y los aval�os se dar� traslado a las partes por tres d�as, para que puedan objetarlos y pedir aclaraciones o complementaci�n del dictamen pericial, para lo cual se aplicar�n las siguientes reglas: 1.
La objeci�n al inventario tendr� por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas, o que se incluyan las compensaciones de que trata el art�culo precedente < HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr020.html" \l "600" \t "_blank" 600> ya sean a favor o a cargo de la masa social. 2.
Todas las objeciones al inventario se tramitar�n en un solo incidente. 3. Las objeciones, aclaraciones y adiciones del dictamen pericial se sujetar�n a lo dispuesto en el art�culo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr008.html" \l "238" \t "_blank" 238, pero las primeras se tramitar�n conjuntamente y se decidir�n por auto apelable. 4.
Si no se formularen objeciones, el juez aprobar� el inventario y los aval�os. Lo mismo se dispondr� en la providencia que decida las objeciones propuestas.(Subrayado y negritas fuera del texto original) Tal como se vio en el expediente de sucesi�n de marras se presentaron objeciones y nulidades, que debieron resolverse previo el tr�mite legal arriba descrito, incluso en el numeral 4� del art�culo 601 de C�digo de Procedimiento Civil, en las condiciones anotadas y activados todos los escenarios y etapas para que las partes pudieran ejercitar de manera cabal el libre juego de la contradicci�n como factor de un proceso debido, le correspond�a al Juez, emitir la providencia que decidiera las objeciones propuestas, para que las partes o la parte que se sienta afectada con la decisi�n, pudiera recurrirla en forma horizontal o vertical ante el superior funcional del Juez de familia, cosa que nunca se cumpli� y que se registra en forma cruda e incesante por quienes propusieron las objeciones y nulidades.
M�rese como en el memorial de fecha 03 de diciembre de 2004, el apoderado �lvaro Yepes Garc�a, le hace ver al Juez de familia acusado, que: �han transcurrido 645 d�as desde que fue presentado el inventario y el juzgado no se ha dignado a resolver lo pertinente sobre las objeciones�. No obstante, a este requerimiento aparece un nuevo memorial del mismo abogado, en donde le solicita al Juez de familia e igual dentro del mismo expediente de sucesi�n, fechado el 12 de junio de 2005, que: ��en mayo 29 de 2002, el juzgado con oficio 0687 le inform� a la Dian sobre la apertura del proceso de sucesi�n comunic�ndole como valor de los bienes relictos la suma de $27.810.000.oo��.
Para significarle que ese no era el valor real de los bienes surtos en el inventario presentado en febrero 27 de 2003, se�al�ndole que el monto de estos era de $2.916.211.167.90, ya que los apoderados de los herederos hab�an desistido de todas las objeciones que hicieron dentro del proceso. Esta situaci�n perfectamente puede verificarse de manera material y jur�dica en el auto de fecha 10 de junio de 2005, mediante el cual el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, atiende las peticiones de los apoderados Gustavo Adolfo Quintana D�az, Jorge Mart�nez Picalua y Martha Carbonell Acosta, en el cual el Juez Hugo Rosan�aBarros, �acepta los desistimientos de los recursos, objeciones y nulidades propuestos por los apoderados judiciales de los actuales interesados en los resultados de este proceso.� No obstante, se patentiza objetivamente que el Juez acusado Hugo Rosan�a Barros, mediante auto de fecha 02 de mayo de 2003, abri� a pruebas el incidente de objeciones por el t�rmino legal y decret� varias pruebas, pero extra�amente nunca se pronunci� de fondo sobre la suerte definitiva del inventario y aval�o de los bienes relictos del causante, sin embargo, tambi�n en fecha 28 de enero de 2005, el doctor �lvaro Yepes Garc�a, nuevamente le reitera al Juzgado, la definici�n sobre las objeciones del inventario y aval�o de los bienes de la sucesi�n, se�al�ndole que hab�an transcurrido 701 d�as, desde que se present� el aludido inventario y aval�o, pero hace caso omiso y s� se pronuncia en t�rmino frente al escrito de desistimiento de fecha 1� de junio de 2005, cuando emite el auto de 10 de junio de 2005, donde se acepta el desistimiento a los recursos, nulidades y objeciones que estaban pendientes por su definici�n. Este comportamiento es a todas luces desaguisado y que no se compadece con la altura imparcial que debe tener un Juez de la Rep�blica, a quien le corresponde asumir el conocimiento de una sucesi�n, rituarla y por contera atender en termino todos y cada uno de los requerimientos de las partes, conllevando inexcusable el que finalmente adopte la decisi�n que en derecho corresponda para cerrar el asunto.
Todo esto con apoyo en el cabal entendimiento de que no es una verdadapod�ctica dentro de la praxis judicial y mucho menos en el campo civil o de familia, el que puedan tolerarse in situ maniobras torticeras o aquellas rayanas en lo inaudito desde lam�sescrupulosa �pticajur�dica de un Juez director del proceso, porque si no se definieron las objeciones, recursos y nulidades propuestas al inicial inventario y aval�o de los bienes del causante, sabedores que �ste fue introducido en la oportunidad legal y que no es otra que la audiencia de que habla el art�culo 600 del C�digo de Procedimiento Civil, se obtiene evidente un inmerecido letargo procesal sin estuario legal, edificando una grosera dilaci�n injustificada, achacable a la conducta revisada del Juez Hugo Rosan�a Barros.
Porque sab�a que el inicial inventario de bienes y aval�o exist�a, igual que hab�a sido objeto de nulidades, recursos y objeciones, �ltimas a las cuales les dio el tr�mite que ordena el art�culo 601 ib�dem, luego entonces, por qu� no se pronunci� en uno u otro sentido frente a la controversia suscitada entre intereses dis�miles. Pues porque no quiso, sin que sea de recibo leg�timo la excusa de que hab�an otros procesos en el Juzgado y otros temas que decidir dentro del marco jur�dico del proceso sucesorio, en el entendido que no hab�a que esperar demasiado, solo lo razonable m�s all� del cumplimiento de t�rminos, ante las denotadas circunstancias, ya que cualquier cambio de postura de los herederos o de sus apoderados, le representaba tener por norte que el debate siempre estaba circunscrito al primigenio inventario y aval�o, ya que la ley procesal civil, no regula una galopante introducci�n de inventarios y aval�os, porque su esp�ritu sensato no permite la perpetuidad de un conflicto que se abre precisamente para solucionarlo en forma definitiva, con plenas garant�as, justeza y sobre un tema por todos conocidos.
Record�ndose que se inicia en nuestro caso precisamente desde el momento expedito y natural�stico como lo es la audiencia a que alude el art�culo 600 de la ley procesal en cita. Entonces, la conclusi�n del actuar torcido del acusado emerge de manera notable cuando nos preguntamos: a)�C�mo qued� el inicial inventario y aval�o de bienes relictos? b) Si este fue introducido al proceso sucesorio en la �nica oportunidad habilitada por la ley, la definici�n del monto o valor de los bienes inventariados, se reg�an a partir de �ste, sabedores de la controversia que se suscit� en cuanto al establecimiento de esta circunstancia; c) No es lo mismo un inventario y aval�o de $2.900.000.000, que fuera presentado consensuado y otro por un valor superior a $300.000.000, que es posterior e infinitamente menguado, a pesar de presentarse igual consensuado; y d) Si se acepta el desistimiento de las objeciones, recursos y nulidades, las cosas quedan en estatu quo o queda en firme el inicial inventario de aval�o de los bienes; es decir que cobra vida jur�dica, sin que pueda interponerse en su fuerza ejecutiva alg�n tipo de arista o impedimento para avanzar a la partici�n y aprobaci�n de �sta como etapa subsiguiente, despu�s de cumplir con la obligaci�n contenida en el art�culo 844 del Estatuto Tributario.
Conclusi�n, el delito de Prevaricato por Acci�n se concreta cuando el Juez de familia acusado, emite la providencia de fecha 08 de septiembre de 2005, mediante la cual decide aprobar el nuevo inventario de bienes y aval�os del de cujus, cuando no ten�a raz�n de ser su expedici�n habida cuenta que el inicial y �nico inventario hab�a adquirido firmeza con el desistimiento de todas las partes de los recursos o instrumentos habilitados para su ataque.
Pero en gracia de discusi�n los herederos si tienen la facultad dispositiva de la acci�n civil, que les permite denunciar nuevos bienes y frente a �stos hacer las solicitudes pertinentes para efectos de ajustar a la legalidad el total de los bienes y de sus correspondientes aval�os para consolidar el valor total de los activos, todo rep�tase, a partir del inventario y aval�o presentado en la habilitada audiencia del art�culo 601 del C�digo de Procedimiento Civil.
Pero para ilustraci�n de esta decisi�n y mostrar el equ�voco a que arrib� el Juez de familia acusado, en la decisi�n que se le cuestiona, se trascribir� literalmente con el prop�sito de que se observe de manera clara y determinante que obvi� el procedimiento establecido en la suerte definitiva de un inventario y aval�o de bienes del causante en un proceso de sucesi�n, v�ase: �Visto el informe de secretar�a que antecede, y una vez presentado el inventario y aval�o de com�n acuerdo entre los herederos de los bienes en el presente proceso de sucesi�n del causante Eduardo Rodr�guez Pinilla, este despacho y antes de entrar a resolver sobre los honorarios de los doctores �lvaro Yepes Garc�a y Yamile CaezCaez, decide impartirle la aprobaci�n a la anterior diligencia de inventarios y aval�os practicadas en el proceso y que obra a folios N� 849 a 853 del cuaderno principal, y ejecutoriado, vuelva al despacho para la regulaci�n de dichos honorarios.
Por secretar�a, comun�quese a la Administraci�n de impuestos Nacionales �Dian�, sobre el inventario y aval�o presentado por los herederos reconocidos dentro del proceso.� No debe olvidarse que el proceso civil, es din�mico y adem�s complejo, que se nutre por expresa disposici�n de las partes, el cual cuenta en ese prop�sito con unos reglados procedimientos, al que debe el Juez rendirle el m�s profundo culto, sin que este Juez se convierta en un �rbitro p�treo o sin facultades oficiosas de alguna naturaleza, ya que el mismo art�culo 180 del C�digo de Procedimiento Civil, lo reviste de cierto margen de discrecionalidad u operatividad oficiosa, cuando detecte o asuma puntos oscuros que deben clarificarse para adoptar la determinaci�n m�s justa dentro de la litis puesta a su conocimiento.
Pero ello en manera alguna sugiere el legislador procesal civil, el que el Juez no deba estar atento y adem�s cuidadoso de que se cumplan las etapas preclusivas tan necesarias para darle vida justa y de la m�s alta comprensi�n a un debido proceso, que como garant�a, siempre est� impl�cito en toda actuaci�n en que debe intervenir el Estado colombiano, en la expresi�n de administrar justicia. Esto para significar que el inicial inventario y aval�o de bienes relictos, se constituye ni m�s ni menos en el terreno querido por el legislador procesal civil, para que se eyecten a partir de �ste todas las oportunidades, para cuestionarlo o respaldarlo por quienes legitimados y con inter�s puedan usar la defensa de sus correspondientes posturas jur�dicas sobre el particular, cosa que no hizo el Juez Hugo Rosan�a Barros, contrariando lo que le impon�a la norma jur�dica aplicable, que no era otra que �l tener este inventario y aval�o, como el matriz o molde para dar aplicaci�n al art�culo 844 del Estatuto Tributario, m�s asumir la estructura de la partici�n y su correspondiente aprobaci�n, luego del rituario correspondiente.
De suerte que los anteriores asertos se congregan alrededor de un actuar de parte del acusado manifiestamente contrario a la ley, ostensible, objetiva y subjetivamente, dado que en el auto de fecha 10 de junio de 2005, se elimina de tajo la vida jur�dica del inventario y aval�o de bienes presentado ante el Juzgado Cuarto de Familia de esta urbe, dentro del proceso de sucesi�n de marras el d�a 27 de febrero de 2003, cuando en el numeral 5� parte final del ac�pite del resuelve se afirm�: �� Ejecutoriada la presente providencia, vuelva al despacho a fin de resolver sobre el inventario y aval�o presentado por los apoderados de los interesados dentro del presente proceso.� Mientras que mediante auto del 8 de septiembre de 2005, el Juez acusado decide impartir aprobaci�n al inventario y aval�o presentado de com�n acuerdo entre los herederos de los bienes en el proceso de sucesi�n del causante Eduardo Rodr�guez Pinilla, el cual seg�n los folios 849 al 853, del cuaderno de sucesi�n, tiene un valor de $318.544.500, muy diferente del inicial y que tiene un valor de $2.916.211.167.90, que insistentemente era revelado al procesado por los actores dentro de este compendio procesal, sin que hubiese pronunciamiento definitivo sobre el particular cuestionamiento.
Tal como lo dijo la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para establecer de una manera racional y ponderada el delito de Prevaricato, sea por acci�n o por omisi�n, se debe hacer un juicio simple y sin mayores contornos heur�sticos frente a la norma aplicable al caso concreto, desde la perspectiva ex antes y no ex post, obviamente escrutando tambi�n el conocimiento y experiencia que tenga el funcionario p�blico, en el marco de sus gestas judiciales, desprovisto de confusiones justificadas o de veleidosas posturas jur�dicas que guardan relaci�n con posiciones no pac�ficas sobre el tema o que la interpretaci�n que le dio el acusado nace de su visi�n particular de cara al punto y que es reiterativo en esa posici�n sin que actuaciones subsiguientes o anteriores demuestren que la intenci�n o subjetividad de pervertir la norma nazca de otras evidencias as� reveladas.
Con todo para acotar que raudo refulge una actitud muy diciente del procesado, que permite atribuirle dolo en el comportamiento examinado a la luz de las normas aplicables al �tem de la sucesi�n denominado audiencia de inventario y aval�o, porque a pesar de que actu� dando traslado a las partes del inventario y el aval�o, jam�s se pronunci� de fondo por largo tiempo, notificado reiteradamente de esta circunstancia, sin embargo si fue elocuente con los t�rminos a partir de la solicitud de desistimiento por parte de los herederos de los recursos, nulidades y objeciones, con apariencia de estar actuando en derecho, pretendiendo superar el entuerto procesal aferrado a las voluntades de las partes, quienes pueden disponer de sus pretensiones hasta cuando la ley los faculta o permita en el entramado procesal civil.
De los delitos de prevaricato por omisi�n Ya abordamos anteladamente lo que entiende tanto la doctrina y la jurisprudencia penal, sobre la conducta punible de prevaricato por omisi�n, misma que tiene como verbos rectores: omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones, el cual es un tipo de mera conducta, lesi�n, conducta instant�nea y mono-ofensivo, conducta punible, que en veces puede confundirse con la mora en la definici�n por parte del Juez o funcionario p�blico, de un asunto puesto a conocimiento de su competencia; pero que en el fondo se contrastan para coger cada uno por diferentes caminos jur�dicos, como el proceso disciplinario y el proceso penal, �ltimo que exige no s�lo la tipicidad objetiva sino la tipicidad subjetiva.
Pues bien, tambi�n oportuno se ofrece hacer unas precisiones preliminares, para oxigenar la determinaci�n que de fondo sobre los delitos de Prevaricato por omisi�n que tomar� el Tribunal, se�alando que, lafunci�n p�blica, se sustenta en la prestaci�n de un servicio a favor de los intereses generales, la cual se desarrolla por intermedio de unos conciudadanos que son escogidos por un acto condici�n o por elecci�n popular, para que dispensen a nombre del Estado Social, de Derecho y Democr�tico, acciones, actos o agencias que procuren, ante todo, bajo la �gida de los principios de igualdad, moralidad, transparencia, eficacia, econom�a, celeridad, imparcialidad y publicidad, de forma directa o por la descentralizaci�n, delegaci�n o desconcentraci�n de funciones, cumplir con la satisfacci�n de �stos intereses e igual de los fines colectivos � Art�culo 209 Constituci�n Nacional �, en nuestro caso en la especie de administrar pronta y cumplida justicia. Por otra parte, nos dice el art�culo 230 siguiente, que:�los jueces, en sus providencias, s�lo est�n sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial�. El art�culo 55 de la Ley 270 de 1996: �Las sentencias judiciales deber�n referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales. La parte resolutiva de las sentencias estar� precedida de las siguientes palabras: "Administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley" La pulcritud del lenguaje; la claridad, la precisi�n y la concreci�n de los hechos materia de los debates y de las pruebas que los respaldan, que los Magistrados y Jueces hagan en las providencias judiciales, se tendr�n en cuenta como factores esenciales en la evaluaci�n del factor cualitativo de la calificaci�n de sus servicios� Teniendo en cuenta que la acusaci�n versa tambi�n por el delito de Prevaricato por Omisi�n, que tiene su sustrato en el incumplimiento de t�rminos o en rehusar cumplirlos de manera oportuna, innegable se hace dentro de esta providencia describir y acu�ar los t�rminos gen�ricos que tiene un Juez de la Rep�blica, de especialidad de familia ora civil, para adoptar las decisiones sustantivas, interlocutorias y las sentencias dentro de los procesos que se encuentren a su conocimiento y que su discurrir haya sido permeado por el rigor del debido proceso, estos se encuentran perge�ados en el art�culo 124 del C�digo de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, art�culo 1, numeral 68, modificado por la ley 794 de 2003, art�culo 16, con el t�tulo �T�rminos para dictar las resoluciones judiciales� que a la letra dice: �Los jueces deber�n dictar los autos de sustanciaci�n en el t�rmino de tres (03) d�as, los interlocutorios en el de diez (10) d�as y las sentencias en el de cuarenta (40), contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin�� Un Prevaricato por Omisi�n, que se atribuye al procesado Hugo Rosan�a Barros, consiste en haber omitido pronunciarse de fondo en uno u otro sentido frente a la aplicaci�n del art�culo 292 del C�digo de Procedimiento Civil, que guarda estrecha relaci�n con la sanci�n a que probablemente se hace acreedor aquella parte que hubiese presentado documentos, que luego de debate, por catalogados de falsos, se demuestra esta condici�n, lo cual es apenas l�gico que produce unas consecuencias jur�dicas, de plurimos t�picos como son de naturaleza penal, pecuniaria o de decaimiento de la pretensi�n que se apoyaba en estos documentos falsos; desde luego que quien rotula de falsos unos documentos y no logra demostrar estas calidades tambi�n debe recibir por lo menos la emisi�n de una determinaci�n que con apoyo en las pruebas se incline por uno u otro sentido; es decir sancion�ndolo o no. Pero que de todos modos abre la posibilidad para que quien est� legitimado y con inter�s pueda recurrir esa decisi�n, el art�culo anunciado con antelaci�n es del siguiente tenor: �Art�culo 292.
Modificado por el Decreto 228 de 1989, art�culo 1, numeral 127. Sanciones al impugnante vencido. Cuando la tacha de falsedad se decida en contra de quien la propuso, se condenara a �ste a pagar a quien aport� el documento, el valor del veinte por ciento del monto de las obligaciones contenidas en �l; o de diez a veinte salaros m�nimos mensuales cuando no represente un valor econ�mico.
Igual sanci�n se aplicar� a la parte que adujo el documento, a favor de la que prob� la tacha. Cuando el apoderado judicial formule la tacha sin autorizaci�n escrita de su mandante, ser� solidariamente responsable del pago de la suma a que se refiere el inciso anterior y de las costas.� La jurisprudencia civil de la Corte, tambi�n toca el tema con una claridad que consulta el amparo del debido proceso y otras garant�as para aquellas partes involucradas en el radio de acci�n del art�culo 292 del C�digo de Procedimiento Civil, as� se expres� sobre el particular: �Por otra parte, en lo que concierne a la aplicaci�n de la sanci�n econ�mica al impugnante que resulta vencido en la tacha de falsedad -art�culo 292 ib�dem-, expres� la Corporaci�n en sentencia de casaci�n de 14 de diciembre de 2006 que: �Se destaca de ese texto (art�culo 292 del C�digo de Procedimiento Civil) el uso del mandato imperativo �se condenar�, pues una lectura primera dar�a a entender que de modo inexorable se trata de un caso de responsabilidad objetiva, y que no hay lugar a juzgar el grado de culpa en que pudo haber incurrido quien aport� un documento que a la postre result� ser falso.� �No obstante la aserci�n imperativa de la norma, viene al caso una mirada sistem�tica del C�digo de Procedimiento Civil, tras lo cual emerge que las sanciones no pueden aplicarse de cualquier modo, y que siempre que se trata de imposici�n de castigos por el juez, debe examinarse si medi� alg�n grado de culpa, obrar negligente, mala fe, deslealtad o dolo de la parte.� ��Y por supuesto que ese marco conceptual que aboga por la culpabilidad, abarca la condena consagrada en el art�culo 292 del C�digo de Procedimiento Civil contra quien fracasa en la tacha de falsedad, ya que dicho precepto desde el subt�tulo se refiere a �sanciones al impugnante vencido�, criterio que reitera al disponer �igual sanci�n� para la parte que adujo el documento cuando prospera la tacha.
Naturalmente que la sola declaraci�n de prosperidad de la tacha de falsedad, es insuficiente de modo general para la procedibilidad de la sanci�n que se comenta, porque de lo contrario se suprimir�a el grado de culpabilidad que como premisa razonable puede exigirse para la imposici�n de sanciones, aspecto que guarda estrecha relaci�n con las garant�as fundamentales del debido proceso en tan sensible materia.� ��De ese modo, ausente la conducta culposa, de mala fe, desleal o dolosa, no procede de manera maquinal u objetiva aplicar la sanci�n, pues busca el art�culo 292 del C.P.C. que los particulares ni por asomo intenten enga�ar a la administraci�n de justicia, no obstante, cuando una de las partes aduzca un documento ignorando que es falso, convencido de su autenticidad, tiene derecho a esperar a que la justicia decida sobre esa falsedad y no por eso ha de ser castigado sin m�s reflexiones ni debates.
Una posici�n muy r�gida, como entender que la sanci�n es crudamente objetiva, menoscabar�a el derecho de defensa del aportante, pues grave riesgo correr�a al traer documentos al proceso o tacharlos de falsos, en tanto siempre llevar�a impl�cita la sanci�n; y c�mo exigir al interesado que verifique m�s all� de lo que la apariencia muestra, la autenticidad del documento, si es que la falsedad apenas aparece luego de sesudos estudios t�cnicos que de modo general no est�n a disposici�n de las partes antes del proceso.� �Total que la multa consagrada en el art�culo 292 del C�digo de Procedimiento Civil para quien resulta vencido a prop�sito de una tacha de falsedad documental, no puede aplicarse de manera objetiva y en cualquier caso, porque al fin y al cabo se trata de una sanci�n que requiere prudencia por parte del juez, en consonancia con los principios antes anunciados, para que la medida punitiva se mantenga en un campo m�s bien restringido.� (Negrillas fuera del texto original) Se sabe que quien present� unas escrituras falsas fue el doctor Jorge Mart�nez Pical�a, en su condici�n de apoderado de Luz Dary Rodr�guez Rueda y Carlos Rodr�guez Rueda, tal como puede verificarse en el auto de fecha 01 de marzo de 2004, proferido por el doctor Hugo Rosan�a Barros, en su condici�n de Juez Cuarto de Familia de Barranquilla, el cual en la parte resolutiva se se�ala: �Declarar probada la tacha de falsedad de las Escrituras P�blicas N� 385 del 5 de noviembre de 1987 y 413 de Noviembre 05 de 1987.� (Negrillas y subrayado fuera del texto original) Por inercia jur�dica y en contraste con la conducta punible de falsedad se�alada en el segmento anterior, se activa la aplicaci�n de la sanci�n contenida en el art�culo 292 del C�digo de Procedimiento Civil, o por lo menos se recompone un incidente, con garant�a plena y con una decisi�n que lo finiquite en primera instancia, para que se pueda ejercitar la contradicci�n sobre la determinaci�n. Fue as� como el Juez acusado sobre el anterior acontecer, mediante auto de fecha 01 de agosto de 2003, se�ala en su parte preliminar que: �Visto el informe de secretar�a que antecede, y teniendo en cuenta el despacho que por un error involuntario se han dejado de resolver varios memoriales dentro del presente proceso, este despacho en vista de lo anterior decide proceder de la siguiente manera: b) De acuerdo a la tacha de falsead alegada sobre las Escrituras P�blicas y t�tulos valores aportados al proceso, el juzgado en vista de lo anterior decide tramitarlos como incidente, y como consecuencia, se ordena correr traslado a la parte contraria por el t�rmino de tres d�as, a fin de que haga valer las pruebas que considere procedente.
Por secretar�a se formar� cuaderno por separado con los documentos tachados de falso.�(Subrayado y negrillas fuera del texto original) La apoderada Yamile Caez Caez, le solicit� en m�ltiples ocasiones al Juez Cuarto de Familia de esta urbe, se pronunciara con respecto a la sanci�n pecuniaria contenida en el art�culo 292 del C�digo de Procedimiento Civil, pero visto la probada falsedad de unos documentos introducidos en el proceso de sucesi�n del causante Eduardo Rodr�guez Pinilla, el incidente iniciado y con unas precisas determinaciones, se obtiene sin embargo que jam�s se pronunci� sobre el particular a pesar de la admonici�n y el otorgamiento de cinco (05) d�as que le otorgara la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atl�ntico, esto as� sucedido nos demuestra que: (a) No cumpli� con el t�rmino de diez (10) d�as que le otorg� el art�culo 124 del C�digo de Procedimiento Civil, para definir el asunto tanreiterado y ostensible puesto a su conocimiento y facultades decisorias;
(b) A pesar de las connotadas circunstancias e instruido por parte de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atl�ntico, de que contaba con un nuevo t�rmino de cinco (05) d�as para que se pronunciara de fondo, sobre el tema del art�culo 292 del C.P.C., no se pronunci�. (c) Esto conllev�, a que fuera sancionado con un punto menos en el factor rendimiento de la calificaci�n integral de servicios correspondientes al per�odo comprendido del 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006, seg�n la resoluci�n 011 del aludido Consejo Seccional de fecha 27 de enero de 2006, con la ordenaci�n de investigaci�n disciplinaria.
Es por eso que esta omisi�n es tan notable que no tolera las explicaciones de la defensa, para justificarla y exonerar de responsabilidad al acusado en la modalidad de Prevaricato por Omisi�n, porque aqu� no se cuestiona el que el Juez en todos los casos o de manera autom�tica tenga el deber jurisdiccional de sancionar pecuniariamente, a quien haya introducido a un proceso un documento mendaz o contrario sensu a quien lo rotula de tal alcurnia factual, pero que no prueba su aserto a partir del documento redarg�ido de falso.
Lo que se critica es que no haya habido un pronunciamiento de fondo sobre el particular, sin importar el sentido o que la decisi�n afecte a uno u otro bando enfrentados en la litis de naturaleza civil, en nuestro caso, conocedor el Juez, de la existencia y del tr�mite incidental que sobre este preciso t�pico, estaba a su disposici�n material y jur�dica.
Mientras que ambas partes trabadas en el conflicto hilarantes le deprecaban asumir una posici�n definitiva y que servir�a de eslab�n para activar el ejercicio de la contradicci�n, por eso la delegada ante la Corte, se�al�: �Sin embargo el caso que amerita la sanci�n penal, se constituye no s�lo por el hecho de que no se gener� la multa econ�mica a favor de uno de los extremos procesales, sino la ausencia de pronunciamiento dentro de proceso por parte del Juez de manera oportuna al momento en que reconoce la falsedad de las escrituras aportadas y tampoco al pronunciarse al respecta con respecto con respecto a las peticiones de la abogada Yamile Caez, pues lo que amerita un trato diferenciado al omitir el se�alamiento de la multa, lo constituye no otra obligaci�n legal que la motivaci�n en este sentido, tal y como en su momento fue expuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, en donde tampoco el Juez Rosan�a Barrios (SIC) al momento de realizar sus descargos dentro del tramite dado con ocasi�n a la vigilancia judicial en los 5 d�as que le fueron dados para corregir el acto irregular, tampoco se pronunci� en uno u otro sentido, lo que lesiona en definitiva el principio de acceso a la justicia al dejar a las partes interesadas sin la oportunidad de poder recurrir ante el superior o de accionar por otra v�a la reparaci�n. Igual se patentiza por parte de esta Corporaci�n, la existencia de otra omisi�n ostensible por parte del acusado Hugo Rosan�a Barros, cuando a pesar de que se present� por el abogado �lvaro Yepes Garc�a, el d�a 15 de abril de 2004, ante el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, incidente de regulaci�n de honorarios dentro de la sucesi�n promovida por el se�or Jhon Alexander Rodr�guez Garc�a, el cual tiene su escenario independiente y el especial sustento jur�dico seg�n los par�metros del art�culo 69 del C�digo de Procedimiento Civil, la soluci�n de este fue tard�a.
Con ocasi�n de la promoci�n de este incidente, el Juzgado en abril 22 de 2004, corri� traslado a la otra parte, la cual no hizo uso de este traslado, el Juez no decret� pruebas de oficio, por lo que seg�n el numeral 3� del art�culo 137 del C.P.C., deb�a decidir el incidente, pero se registra la siguiente secuencia de esta adenda as�: FechaAcontecimiento procesal2 de julio de 2004El doctor Yepes Garc�a reitera su solicitud de regulaci�n de honorarios16 de julio de 2004El expediente pasa al Despacho.24 de septiembre de 2004El doctor Yepes Garc�a, solicita impulso procesal del incidente. 25 de septiembre de 2004Se designa perito. 07 de octubre de 2004 El doctor Gustavo Quintana solicita la suspensi�n del incidente por prejudicialidad.15 de octubre de 2004 El proponente del incidente solicita el tr�mite urgente y preferencial del proceso de sucesi�n20 de octubre de 2004El doctor Yepes Garc�a se opone a la solicitud de suspensi�n del incidente por prejudicialidadEl 23 de noviembre de 2004El mismo abogado solicita que se designe un nuevo perito. 24 de noviembre del mismo a�oEl proceso pasa al Despacho. 04 de febrero de 2005Se designa un nuevo perito. 09 de marzo de 2005El doctor �lvaro Yepes solicita que se agilice el tr�mite del incidente. 27 de abril de 2005Pasa el expediente al Despacho05 de mayo de 2005Se corre el traslado del dictamen pericial. 13 de mayo de 2005Se presenta objeci�n al dictamen pericial23 de junio de 2005Se corre traslado de la objeci�n al dictamen01 de junio 2005 Pasa al Despacho para resolver sobre la objeci�n planteada Todo el anterior recuento o historia del tr�mite del incidente de regulaci�n de honorarios, no se encuentra bien explicado por la defensa material y t�cnica, como para que quede ampliamente justificado, la omisi�n que se registra en cabeza del procesado, ya que desech� el dictamen pericial para tabular los honorarios profesionales del pretensor los cuales los estim� en $20.000.000, en su decisi�n de fecha 19 de septiembre de 2005, de donde surge la pregunta obligada del por qu� imprimi� un tr�mite tan extenso y con peritazgo practicado sobre el monto de los honorarios profesionales, cuando este peritazgo no le sirvi� de fulero para hacer la mensura de estos honorarios, pues esto hace que se revele un ex�tico proceder que no consulta el acceso a la justicia y la prontadefinici�n de el caso sometido a su juicio y poder dispositivo con o sin peritazgo de conformidad con el art�culo 69 ib�dem.
Ahora el hecho de que la Sala Civil Familia de este Tribunal, en su providencia de fecha febrero 27 de 2008, decida modificar la parte resolutiva del auto que fija los honorarios del incidentante en cuant�a de $10.000.000, vale decir, la mitad a la que arrib� el Juez de primer nivel y aqu� procesado, no se erige en un veh�culo f�ctico y jur�dico, que pueda remover la intenci�n nocendi de birlar los t�rminos procesales, que avisado estaba por la parte actora y la misma Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atl�ntico, lo cual es perfectamente verificable en las foliaturas, en especial en la resoluci�n 118 del aludido Consejo Seccional, de fecha 24 de agosto de 2005, mediante la cual al acusado en su calidad de Juez de Familia, de conformidad con el acuerdo 088 de 1997, se le quita un punto en el factor rendimiento de la calificaci�n integral de servicios correspondiente al per�odo 1� de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, am�n que se le compulsan copias a la Sala Disciplinaria, para los efectos de las indagaciones correspondientes.
Por manera que las esferas intelectivas y volitivas del Juez de familia, deb�an estar atentas y presurosas con ocasi�n del constante acicate del actor y tambi�n del otorgamiento de un t�rmino de cinco (05) d�as, muy especial y conminativo para que resolviera el incidente de regulaci�n de honorarios, pero al no hacerlo en esas circunstancias, de manera consciente y deliberada hace elemental que refulja el dolo sin que pueda eliminarse bajo hip�tesis que no encuentran aval en las pruebas recaudadas, ni siquiera objetivamente y mucho menos subjetivamente, por eso este comporte es t�pico, porque est� regulado en la ley, antijur�dico porque viola formal y materialmente el bien jur�dico de la administraci�n p�blica, en la denominaci�n de administraci�n de justicia, culpable porque como se apuntal� fue con conocimiento de su actuar il�cito y quiso su realizaci�n cuando pod�a actuar de otra manera.
Pero lo m�s importante es que la acusaci�n es fuerte y con efectos desolador para la presunci�n de inocencia, ya que no existen argumentos defensivos que la mantengan enhiesta, ni siquiera en contra de un trozo de los argumentos de la Fiscal�a delegada ante la Corte, cuando se�al�: �Es as� como se determina que al Juez Rosan�a Barrios (sic) le fue advertida de m�ltiples y oportunas formas por parte del abogado Yepes Garc�a las consecuencias del no pronunciamiento de sus actos y sin embargo prefiri� un no hacer, ahora bien seg�n el recurrente los seis meses, que tardo para avocar el conocimiento del incidente, as� como los cuatro meses para remover al perito y general la mora en su actuaci�n se debi� a que el juez no contaba con elementos para poder fallas y calcular el valor de los honorarios, lo cual se contradice con el fallo del mismo pues en la muy escasa motivaci�n de esta providencia advierte que se har� caso omiso del dictamen que realiz� la perito, as� expres�: <<Si bien el dictamen que se produce en acatamiento del art. 232 del c�digo (sic) del procedimiento civil, se encuentra revestido de ciertas caracter�sticas excepcionales, el juez goza de autonom�a para apreciarlo, su eficacia se preservar� en tanto se completo por haber tomado como objeto de observaci�n y examen, recta y cabalmente, aquellos elementos que la ley manda tener en cuenta, pero si el dictamen no cumple con el objetivo para el que fue establecido y apunta hacia elementos que no corresponden para determinar dicho valor, pierde toda fuerza vinculante y habilita al juzgador a apartarse, con el fin de adoptar las medidas pertinentes a fin de corregir las inconsistencias>>� Despu�s de barruntar lo acontecido y advertidos que a juicio de la Sala, si existen elementos de juicio para condenar al ex juez de la Rep�blica Hugo Rosan�a Barros, por el delito de Prevaricato por Acci�n en concurso homog�neo y sucesivo con los delitos de Prevaricato por Omisi�n, ya que emiti� una providencia contraria a la ley, con conciencia de que en su actuar se registraba el dolo, porque conoc�a sus deberes, la ley y en especial aquellas que regulaban la materia y el procedimiento dentro del proceso de sucesi�n de nuestro inter�s, con igual rasero hay que morigerar los comportamientos omisivos, que lesionaron la administraci�n de justicia y el acceso a �sta, de quienes propusieron sendos incidentes, de honorarios y de sanci�n pecuniaria a la luz del art�culo 292 del C.P.C., sin embargo, fue la voluntad del procesado la de cometer los reatos in comento, comportamiento t�picos, antijur�dicos y culpables, satisfaciendo de paso los requisitos del art�culo 232 del C�digo de Procedimiento Penal.
Debe tenerse presente que tanto doctrina y jurisprudencia penal con profundidad de juicio y estudiando todos los contornos complejos de el delito de prevaricatoy en procura de revelar aquellosvectores que nos pueden indicar la existencia del dolo en el actuar de un servidor p�blico, que ostensible o grotescamente se aparta de las normas aplicables a un caso concreto, advirti� que es innecesario que se pruebe o est� presente un m�vil, sin importar de que cariz es este m�vil, bien sea econ�mico o de cualquier incentivo que perturbe el �nimoo el inconmovible obligado actuar por los linderos de la legalidad, as� expuso la Corte sobre el particular: �..Por lo dem�s, en punto del dolo o conocimiento y voluntad de quien expidi� la providencia objeto de cuestionamiento, ya suficientemente tiene decantado la Corte que en este tipo de delitos no se hace necesario definir un m�vil especial o inter�s concreto, raz�n por la cual se advierte desenfocada exigir la demostraci�n concreta de uno de estos aspectos o solicitar una indeterminada prueba que pueda conducir a tal fin, aunque, no sobra recalcar, de verificarse existir uno de dichos factores ello, desde luego, ratifica el juicio de comportamiento doloso que por otras v�as se ha erigido�� Punibilidad Ahora, como la acusaci�n fue, entre otros, por el punible de Prevaricato por Acci�n, seg�n el art�culo 413 del Estatuto Penal, la pena de prisi�n oscila entre tres (3) a ocho (8) a�os, o lo que es lo mismo, entre treinta y seis (36) y noventa y seis (96) meses de prisi�n; multa que va de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios m�nimos mensuales legales vigentes, e inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas de cinco (05) a ocho (08) a�os Fijado este marco punitivo, tenemos que los cuartos quedan en el siguiente orden: 1.
Primer Cuatro2. Cuarto Medio3. Cuarto Medio4. Cuarto M�ximo36-5151-6666-8181-96 Multa 1. Primer Cuatro2. Cuarto Medio3. Cuarto Medio4. Cuarto M�ximo50 a 87.5 SMMLV87.5 a 125 SMMLV125 a 162.5 SMMLV 162.5 a 200 SMMLV Nos ubicaremos en el primer cuarto en atenci�n a que no existe circunstancias de mayor o menor punibilidad, es decir de treinta y seis (36) a cincuenta y un (51) meses.
Esta Sala, aplicar� 36 meses de prisi�n y multa de 50 SMMLV. Como tambi�n esta Sala, encuentra responsable al doctor Hugo Rosan�a Barros, por el concurso homog�neo y sucesivo de Prevaricatos por Omisi�n, debe tenerse en cuenta que la ley consagra para este delito una pena de dos (02) a cinco (05) a�os, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios m�nimos legales mensuales vigentes, e inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por cinco (05) a�os.
Conforme a lo anterior, los cuartos punitivos son los siguientes: 1. Primer Cuatro2. Cuarto Medio3. Cuarto Medio4. Cuarto M�ximo24-3333-4242-5151-60 Multa 1. Primer Cuatro2. Cuarto Medio3. Cuarto Medio4. Cuarto M�ximo10-20 SMMLV20-30 SMMLV30-40 SMMLV 40-50 SMMLV Ateniendo, lo normado en el art�culo 31 del C�digo Penal, esta Sala, determina que la pena a imponer por el delito de Prevaricato por Omisi�n, es de 24 meses de prisi�n y multa de 10 salarios m�nimos mensuales legales vigentes, adem�s considerando la ausencia de circunstancias de mayor y menor punibilidad; as� pues, se impone como otro tanto a la pena mayor de del delito referido con antelaci�n, 24 meses de prisi�n por el concurso con los delitos de Prevaricatos por Omisi�n, para un total de 60 meses de prisi�n. Luego, tambi�n se imponeuna multa por valor 50 s.m.m.l.v. y la inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por el mismo t�rmino de la pena privativa de la libertad a imponer, es decir, de 60 meses o, lo que es igual, 5 a�os.
Indemnizaci�n de Perjuicios Es cierto que toda conducta punible genera un perjuicio e igual es evidente que aquel sujeto o sujetos pasivos de �stase hace merecedor a una indemnizaci�n de orden material o moral de conformidad con los art�culos 45 y siguientes de la ley 600 de 2000, en armon�a con el art�culo 94 del C�digo Penal. En nuestro caso, prima facie tenemos que considerar que el directamente perjudicado es el Estado, porque los atentados criminales que se le atribuyen al se�or Hugo Rosan�a Barros, son los dePrevaricato por Acci�n y por Omisi�n,en concurso homog�neo y sucesivo,que tiene como bien jur�dico protegido a la Administraci�n P�blica, en la expresi�n de administrar justicia, sin que este Estado, se constituyera en parte civil, para reclamar el monto de los probables perjuicios que padeciera, por lo cual ninguna tabulaci�n al respecto hay que hacer.
Tampoco se har� estimaci�n material de perjuicios con relaci�n a la parte civil en cabeza de �lvaro Yepes Garc�a y Marlene Torrado �lvarez, quienes se encuentran actuando el primero en nombre propio y la segunda a trav�s de su apoderada judicial Yamile CaezCaez, en raz�n de que con los comportamientos activo y omisivos por parte del procesado Hugo Rosan�a Barros, pudieran haberse perjudicado, pero es una carga para �stos u obligaci�n probar su monto material, no con la mera enunciaci�n literal sobre este t�pico econ�mico, sino con pruebas fehacientes y legalmente introducidas y controvertidas al interior del proceso penal, tal como lo exige categ�ricamente el inciso tercero del art�culo 97 de la ley 600 de 2000, cuando reza: �Los da�os materiales deben probarse en el proceso�.
De otra parte, el hecho de que en lasdemandas se aluda como perjuicios materiales las sumas de $208.852.048.22 y $50.000.000, respectivamente, esto no opera de manera autom�tica o in situ ya que se requiere de un esfuerzo probatoriopor las partes que enuncian esas pretensiones y si no lo hacen o no lo muestran con pruebas regular, legales y oportunas aducidas al proceso, tal auspicio se queda en el intento.
En el entendido, que los demandantes se preocuparon m�s por colaborar con la administraci�n de justicia, en la b�squeda de que se acusara y condenara al procesado, lo cual puede percibirse a lo largo del proceso penal, en especial en la vista p�blica y en la intervenci�n que hicieron en calidad de no recurrentes, cuando se recurre por la defensa la resoluci�n acusatoria.
El mismo esfuerzo probatorio era necesario para demostrar, siquiera m�nimamente, que existieron los perjuicios morales, que insisten las partes fueron provocados con la comisi�n de las conductas punibles; no obstante, se observa que ambas demandas carecen totalmente de sustento probatorio y no ofrecen mayor claridad sobre el concepto de perjuicios que deprecan porque, por un lado, (i) La se�ora Marlene Torrado �lvarez, postula una hip�tesis improbable sobre la expectativa de recibir el valor de la sanci�n de que trata el art�culo 292 del C.P.C. y que a su juicio, deb�a ser ordenada a su favor; no obstante, ya se clarific� que el delito de Prevaricato por Omisi�n, no se relaciona con la falta de imposici�n de la sanci�n sino m�s bien con la sustracci�n de haber resuelto en t�rmino legal lo que en derecho le correspond�a, teniendo en cuenta, por supuesto, que tal sanci�n no opera de manera autom�tica.
(ii) Por otra parte, al �lvaro Yepes Garc�a, le fueron regulados y pagados sus honorarios y la demora en definir el incidente por s� sola no puede tenerse como suficiente para predicar la existencia de perjuicios morales porque se advierte que una vez fue decidido en primera instancia dicho incidente, este apoderado acudi� a la segunda instancia, lo que demor� un tiempo m�s. La jurisprudencia penal Colombiana, ha sido muy celosa sobre el tema de los perjuicios materiales y morales derivados de los delitos de prevaricato, en el cabal entendimiento de que con las regulaciones descriptivas del tipo, lo que se busca es proteger a la administraci�n p�blica, que se ve afectada con comportamientos desbordantes y groseros de servidores p�blicos que en su nombre y con un plexo de normas jur�dicas que gobiernan sus facultades, act�an en forma consciente y libre por fuera de esos compromisos dejando desaz�n e incredibilidad en las acciones estatales, como ente que representa la voluntad del pueblo como especie de contrato social y cuyo objetivo primario es el inter�s p�blico que congloba al individuo como integrante de una sociedad, que persigue la protecci�n de sus derechos y la convivencia pac�fica.
Desde luego que el delito de prevaricato eventualmente u ocasionalmente puede irrogar perjuicios a los intervinientes dentro de un proceso de cualquier especialidad, claro que ese supuesto debe probarse, en ese sentido dijo la Corte: �..2.2. En relaci�n con la determinaci�n del juez de primera instancia (Sala Penal del Tribunal de Barranquilla) de abstenerse de condenar a la procesada por conceptos de perjuicios de orden material a favor del denunciante, en cuant�a que estim� en �mil millones�, y de orden moral en cuant�a que estim� en �mil gramos oro�, baste con recordar al impugnante que en materia de delitos contra la Administraci�n P�blica el bien jur�dicamente protegido es precisamente �la Administraci�n P�blica� y no el inter�s privado; se trata de un inter�s institucional, funcional, no de orden particular en el que no es procedente el reconocimiento de perjuicios de acuerdo con el art�culo 56 del C�digo de Procedimiento Penal, al no haberse probado que se causaran.
El denunciante reconocido como parte civil en el proceso penal, tiene la carga procesal de demostrar que con la decisi�n que reputa prevaricadora se le caus� un perjuicio de orden material y - o moral, y si ello no es as�, no habr� lugar a reconocimiento de perjuicios por el mero hecho de autoproclamarse �v�ctima�. En el entretanto, el prevaricato es un tipo penal de orden funcional, de sujeto activo cualificado (servidor p�blico), susceptible de contemplaci�n jur�dica, que no lleva impl�cita la idea de beneficio espec�fico alguno como elemento del tipo.
La idea de antijuridicidad material o de reprochabilidad del comportamiento prevaricador se relaciona con el compromiso del acusado (servidor p�blico) por garantizar con su comportamiento oficial la buena marcha de la Funci�nP�blica (T�tulo V, Cap�tulo II de la Constituci�n Pol�tica) en desarrollo coherente con los fines del Estado previstos en el art�culo segundo de la Carta Pol�tica�� Colof�n de lo anterior, no se tasar�n los perjuicios materiales y morales que pudieran haberse generado por la configuraci�n de las conductas punibles objeto de juzgamiento.
Mecanismos Sustitutivos de la Pena � Suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena: De conformidad con el art�culo 63 del c�digo penal, tienen derecho a esta figura, aquel condenado por un delito a pena de prisi�n que no exceda de 36 meses, adem�s debe cumplir con los requisitos subjetivos contenido en el numeral 2 del mismo art�culo, cosa que no se presenta en este proceso penal, en raz�n de que aqu� la condena supera los 36 meses de prisi�n, por lo cual no es posible jur�dicamente otorgar a Hugo Rosania Barros, este subrogado penal.
Prisi�n domiciliaria: Como quiera que la pena a imponer por el concurso de delitos de Prevaricato por Acci�n y por Omisi�n, al doctor Hugo Rosan�a Barros, ser� de 60 meses, es evidente que se cumple con el factor objetivo contenido en el numeral 1� del art�culo 38 del C�digo Penal, para otorgarle este subrogado penal, ya que a su vez cumple con los requisitos subjetivos consagrados en el mismo art�culo, por tratarse de una persona cuyos a�os de vida consultan la tercera edad y, adem�s, porque seg�n lo informa la defensa, fue sometido a una cirug�a de coraz�n abierto que permite inferir que no representa peligro alguno para la sociedad; aunado a ello, el procesado no eludi� el llamado de la justicia, rindi� declaraci�n de indagatoria, en asocio de su defensor y adem�s no hay atisbo probatorio, que haya desplegado comportamiento para pervertir la prueba o impedir su recaudo.
Se le asigna la prestaci�n de una cauci�n prendaria equivalente a $500.000 moneda legal, que depositar� a �rdenes del Estado y suscribir� el acta de compromiso de rigor. Avis�ndose de lo anterior a las autoridades del Inpec. No se ordena su captura para los fines anteriores de conformidad con el art�culo 188 de la Ley 600 de 2000, habida cuenta que no se le impuso medida de aseguramiento que limitara su libertad, lo que aconseja esperar la eventualidad de la ejecutoria de esta decisi�n para actuar conforme se indic� en el segmento anterior.
En consideraci�n a lo expuesto precedentemente esta Colegiatura, administrando Justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, Resuelve: Primero: Condenar a Hugo Rosan�a Barros, de condiciones civiles conocidas en autos, a la pena principal de prisi�n de sesenta (60) meses de prisi�n, e inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por el mismo t�rmino de la pena principal impuesta y multa por el valor de lo apropiado, equivalente a 50 salarios m�nimos mensuales legales vigentes, a la �poca de los hechos, por haber sido hallado responsable del concurso homog�neo y sucesivos de delitos de Prevaricatos por Omisi�n y Prevaricato por Acci�n. Segundo: No conceder a Hugo Rosan�a Barros, el subrogado de la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena, seg�n lo anotado en el ac�pite de rigor.
Tercer: Conceder la prisi�n domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisi�n a Hugo Rosan�a Barros, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, para lo que deber� prestar una cauci�n de $500.000.ooo, que depositar� a �rdenes del Estado, suscribiendo el acta de compromiso de rigor. Cuarto: Absolver a Hugo Rosar�a Barros, del pago de perjuicios del orden material y moral, por lo considerado ut supra.
Quinto: En la eventualidad de que quede ejecutoriada esta sentencia se cumplir� integralmente lo decidido. Pero sobre la libertad se aplicar� el contenido del art�culo 188 de la Ley 600 de 2000, ya que el procesado no tiene restricci�n a su libertad. Sexto: Dese cuenta de esta decisi�n a las autoridades pertinentes, una vez quede ejecutoriada esta decisi�n. S�ptimo: Ejec�tese lo dem�s de Ley.
Octavo: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelaci�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE JORGE ELI�CER CABRERA JIM�NEZ Magistrado JORGE ELI�CER MOLA CAPERA JULIO OJITO PALMA Magistrado Magistrado JOSEFA JIM�NEZ DE GONZALEZ Secretaria Sentencia del 23 de enero de 2013, radicado 33.797, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. Molina Arrubla, citado por Antonio Jos� Cancino, Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, Universidad Externado de Colombia, 2004, p�g. 139. Ver folio 67y 68, cuaderno 1 copia de la Fiscal�a. Decisi�n de fecha 19 de julio de 2013, Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, M.P. Alfredo de Jes�s Castilla Torres. Folio 72 y 73, cuaderno 1 original de la Fiscal�a. Folio 86, cuaderno 1 de copias de la Fiscal�a. Folios 81 y 82, cuaderno 1 original de la Fiscal�a. ARTICULO 844.
EN LOS PROCESOS DE SUCESI�N. Los funcionarios ante quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la cuant�a de los bienes sea superior a 700 UVT deber�n informar previamente a la partici�n el nombre del causante y el aval�o o valor de los bienes. Impuestos no se ha hecho parte, el funcionario podr� continuar con los tr�mites correspondientes.
Los herederos, asignatarios o legatarios podr�n solicitar acuerdo de pago por las deudas fiscales de la sucesi�n. En la Resoluci�n que apruebe el acuerdo de pago se autorizar� al funcionario para que proceda a tramitar la partici�n de los bienes, sin el requisito del pago total de las deudas. Folio 135, cuaderno original N� 1. Folios 81 y 82, cuaderno 1 original de la Fiscal�a. Sentencia del 19 de septiembre de dos mil doce (2012), Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Folio 69, cuaderno original 1� de la Fiscal�a. Folio 154, cuaderno de anexo del proceso de familia. Folio 183 al 186, cuaderno N� 1 original de la Fiscal�a. Folios 5 al 22 del Cuaderno original, segunda instancia, de la Fiscal�a. Art�culo 69. ��El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que est� en curso del proceso o se adelante alguna actuaci�n posterior a su terminaci�n, podr� pedir al juez, dentro de los treinta d�as siguientes a la notificaci�n del auto que admite dicha revocaci�n, el cual no tendr� recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que se tramitar� con independencia del proceso o de la actuaci�n posterior.
El monto de la regulaci�n no podr� exceder del valor de los honoraros pactados� Folio 17, cuaderno de 2� instancia de la Fiscal�a. Sentencia de fecha 30 de junio de 2010, radicado 32.777, M.P.Sigilfredo Espinosa P�rez. Sentencia de fecha 26 de mayo de 2010, radicado 32.363,M.P. Alfredo G�mez Quintero Rad. 08-001-22-04-000-2010-00237-00 Procesado: Myriam D�az de P�rez Delito: Peculado por Apropiaci�n por Favorecimiento a Terceros Agravado. PAGE 3 REP�BLICA DE COLOMBIA DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL /0VW`cdwxy����ӽ���kY@'0h�@�h� �CJ OJQJ^JaJ mH nH sH tH 0hxFvh� �CJOJQJ^JaJmH nH sH tH "h� �CJOJQJ^JaJmH sH (hxFvh� �CJOJQJ^JaJmH sH "h�:�CJOJQJ^JaJmH sH "h�6�CJOJQJ^JaJmH sH 0h�~h� �CJOJQJ^JaJmH nH sH tH *h�J5CJOJQJ^JaJmH nH sH tH hxFvh� �CJOJQJ^JaJhe CJOJQJ^JaJh� �CJOJQJ^JaJ 0Wdxy������ � ���������������$�dh��^�a$gd� �$�dh��^�a$gd� �$�Sdh`�Sa$gd� �$�Sdh`�Sa$gd� � $dha$gd� �dhgd� � $dha$gd� �$a$gd� �y������������ M Z � �����v^M?M?1?h�J5CJ OJQJ^JaJ h� �CJ OJQJ^JaJ h-B�h� �CJ OJQJ^JaJ.h�mEh� �5�CJ OJQJ\�^JaJ mH sH .h�!�h� �5�CJ OJQJ\�^JaJ mH sH (h� �5�CJ OJQJ\�^JaJ mH sH (h�mEh� �CJ OJQJ^JaJ mH sH "he CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�:�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h�6�CJ OJQJ^JaJ mH sH "h� �CJ OJQJ^JaJ mH sH � � � � � 4 F _ j � � � � � � � � -�������ٵ�����ٜ�o�o^L"hB?�CJ OJQJ^JaJ mH sH h�z@h� �CJ^JaJmH sH .h�!�h� �5�CJ OJQJ\�^JaJ mH sH (h� �5�CJ OJQJ\�^JaJ mH sH 1h�z@h� �5�>*CJOJQJ\�^JaJmH sH "h�6�CJ OJQJ^JaJ mH sH 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CJOJQJ^JaJmH sH tH 8)@��8� �0N�mero de p�gina@�@�@� �0P�rrafo de lista^��<U ���<� �0Hiperv�nculo>*B*ph�V^V� �0Normal (Web) d��CJPJaJmH sH tH RCR"� �0Sangr�a de texto normal !�x^�b�/��!b!� �0Sangr�a de texto normal CarOJPJQJ^JtH $�T2�� �0Texto de bloque)#d���0�*$]��^��`�0�a$&6�@���CJOJPJQJ]�^JaJtH V�BV %� �0Texto de globo$d��CJOJQJ^JaJX�/��QX$� �0Texto de globo CarCJOJPJQJ^JaJtH $��`�c��P}�Tabla con cuadr�cula7:V&�0&d��PK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6_rels/.rels���j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml�M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 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