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ANTECEDENTES 2.1. El joven N.O.C. fue llevado a juicio ante el Juez Segundo Penal del Circuito de Adolescentes de Manizales, Caldas y declarado coautor de la conducta punible en concurso antes referida el 10 de julio de 2017, imponi�ndosele como sanci�n la privaci�n de la libertad por lapso de 32 meses contado el tiempo que llevaba en internamiento preventivo; en la misma audiencia se indic� que en firme la decisi�n, las v�ctimas pod�an adelantar dentro de los 30 d�as siguientes el incidente de reparaci�n integral y se impartieron los dem�s ordenamientos del caso, decisi�n notificada en estrados. 2.2.
Mediante escrito presentado ante el Juzgado cognoscente el 31 de julio de 2017 por la estudiante de Derecho Diana Vanessa Betancourth Pineda en representaci�n de las v�ctimas Diana Marcela Henao Bedoya, Dolly Bedoya Tob�n y Angie Alexandra Ocampo Valencia, reiterado en escrito del 1 de agosto siguiente, elev� solicitud de apertura de incidente de reparaci�n integral, el cual dirigi� en contra de los se�ores Yina Marcela Ocampo Cubillos (madre), Gladis Cubillos Loaiza (abuela materna) y Gustavo Ocampo (abuelo materno) del sentenciado, quienes fueron considerados terceros civilmente responsables de la conducta por �l desplegada.
Por auto del 8 de septiembre de 2017, la se�ora Juez del proceso indic� que no obstante la designaci�n por la fiscal�a de la estudiante de derecho Diana Vanessa Betancourth Pineda y que �sta solicitara la iniciaci�n del incidente de reparaci�n, ello no era posible sin acompa�ar la manifestaci�n expresa de las v�ctimas de acuerdo con lo normado por el art�culo 102 del CPP y que aunque la Fiscal�a puede solicitar esa representaci�n, solamente lo es para la primera fase en lo referente a verdad y justicia, pero para el incidente se requiere poder otorgado a la estudiante y, como no se present�, declar� caducado el t�rmino de que trata el art�culo 106 ib�dem.
Esa decisi�n fue recurrida en reposici�n y subsidiariamente en apelaci�n por la representante de las v�ctimas, bajo varios argumentos: el primero de ellos consisti� en que se trataba de un auto interlocutorio y no de sustanciaci�n como lo se�al� la Juez, puesto que es pac�fica la jurisprudencia en se�alar que el incidente de reparaci�n es de naturaleza civil y no penal, luego ser�a de cara a la obra adjetiva civil que deb�a adoptarse tal decisi�n; que por la misma raz�n el prove�do debi� ser notificado y no solo comunicado, debi�ndose all� mismo indicar los recursos que contra el mismo cab�an, situaci�n que no aconteci�.
El segundo argumento es que, de considerar el despacho que la profesional que se anunci� como representante de v�ctimas no estaba legitimada para solicitar la apertura del incidente de reparaci�n, debi� al instalar la respectiva audiencia negar tal calidad, mas no declarar la caducidad, por lo que su tesis genera que la negaci�n de la calidad de v�ctima resultara extempor�nea por anticipaci�n. El tercer argumento, es la prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, conforme lo cual debi� prevalecer el art�culo 250 de la Constituci�n Nacional que alude a la reparaci�n integral de las v�ctimas sobre cualquier tipo de interpretaci�n particular�sima que constituya una barrera a la efectividad de una garant�a. El cuarto argumento fue la vocaci�n de permanencia del representante de v�ctimas, es decir, que una vez constituido puede representarlas durante todo el proceso, como lo indica el art�culo 11 del C.P.P., no siendo necesario adem�s que sea abogado titulado, pudiendo serlo un estudiante de consultorio jur�dico; de all� que al haber sido designada por el consultorio jur�dico de su facultad de derecho para desempe�ar tal rol, bien puede promover en el incidente en cuesti�n. Antes de resolver el recurso de reposici�n, el despacho del conocimiento ofici� al Fiscal 17 de Adolescentes para que certificara si hubo solicitud expresa de la v�ctima para que se le designara un estudiante o abogado en su representaci�n, obteniendo respuesta positiva con sus respectivos soportes.
Por auto del 19 de septiembre hoga�o se repuso la decisi�n confutada, bajo el argumento central de haberse obtenido evidencia del querer de las v�ctimas de estar representadas, raz�n que condujo a que por conducto de la Fiscal�a se solicitara al Consultorio Jur�dico de la Universidad de Caldas la asignaci�n de uno de sus estudiantes para que fungiera como representante, la cual recay� en la joven DIANA VANESSA BETANCOURT PINEDA.
En la misma providencia se se�al� fecha para la primera diligencia del incidente de reparaci�n integral. 2.3. Aperturada la audiencia en menci�n, la se�ora juez procedi� a explicarle a las v�ctimas all� presentes los pormenores de la audiencia en que se encontraban, tras lo cual su representante procedi� a formular las pretensiones correspondientes y los hechos que las soportan; as� mismo hizo la solicitud de pruebas que estim� conveniente, quedando constancia de todo ello en el acta.
Al descorrer el traslado de las pretensiones a los dem�s sujetos procesales intervinientes, el defensor p�blico del joven N.O.C solicit� no dar curso al incidente de reparaci�n, entre otros motivos que no viene al caso se�alar, por haber caducado el mismo. Tal tesis, que por dem�s fue coadyuvada por la Defensora Familia del ICBF, la sustenta en las mismas aseveraciones que hizo la se�ora juez al adoptar la decisi�n que finalmente repuso, esto es, que no obrando un poder debidamente conferido por las v�ctimas con el se�alamiento expreso que su objeto era adelantar el incidente de reparaci�n, no le era viable a la representante designada hacer dicha solicitud; encuentra que pese a que la Universidad le hubiera encargado la representaci�n de v�ctimas, ello no resultaba suficiente debiendo contarse con el respectivo poder.
La se�ora Juez defini� la cuesti�n manteniendo su decisi�n, frente a lo cual la Defensa interpuso recurso de apelaci�n, que sustent� insistiendo en la falta de legitimaci�n de la estudiante del consultorio jur�dico asignada como representante de v�ctimas para solicitar la apertura del incidente, por no obrar petici�n expresa de �stas (quienes se encontraban presentes en dicha audiencia).
El recurso fue concedido. III. CONSIDERACIONES 3.1. Problema Jur�dico Se circunscribe a determinar si la solicitud de designaci�n de representante de v�ctimas elevada al Consultorio Jur�dico de la Universidad de Caldas por conducto de la Fiscal�a, resultaba suficiente para que la asignada en tal encargo pudiera promover el incidente de reparaci�n integral o si, por el contrario, era preciso contar con poder expreso de las interesadas en �l y el no tenerlo al momento de formular la petici�n conduc�a a tener como caducada tal oportunidad.
Previo a ello se verificar� si las irregularidades procesales que rodearon la actuaci�n obligan a retrotraerla para garantizar el derecho al debido proceso de las partes. 3.2. Supuestos Jur�dicos 3.2.1. Sea lo primero indicar que los derechos de las v�ctimas del injusto penal deben ser garantizados por el Estado. As� lo revela el Art�culo 11 del C. de P. Penal, cuando entre otros, refiere que se tienen como tales los siguientes: �c) A una pronta e integral reparaci�n de los da�os sufridos, a cargo del autor o part�cipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los t�rminos de este c�digo;� h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparaci�n integral� por un abogado que podr� ser designado de oficio�� 3.2.2.
Por su parte, el Art�culo 250 de la Constituci�n Nacional prev� entre las funciones que tiene la Fiscal�a General de la Naci�n �la protecci�n de la comunidad, en especial, de las v�ctimas� debiendo �6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las v�ctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparaci�n integral a los afectados con el delito.� 3.2.3.
En cuanto a la procedencia y ejercicio del incidente de reparaci�n integral establece el art�culo 102 del C. de P. Penal que, �En firme la sentencia condenatoria y, previa solicitud expresa de la v�ctima, o del fiscal o del Ministerio P�blico a instancia de ella�, el juez que la profiri� convocar� a la audiencia p�blica con la que le dar� inicio.
En relaci�n con su tr�mite, que conforme lo ordena el art�culo 103 C.P.P. se surte en audiencia, est� previsto que una vez se formule por el incidentante la pretensi�n, el juez pueda rechazarla, entre otros motivos, si quien la promueve no es v�ctima, decisi�n susceptible de recursos. Puede darse adem�s el caso de no ser posible adelantarse por haber operado el fen�meno de caducidad al que refiere el art�culo 106, que se suscita cuando la solicitud se presenta despu�s de haber quedado en firme el fallo condenatorio. 3.2.4.
En cuanto a las funciones de los consultorios jur�dicos, el art�culo 1 de la Ley 583 de 2000 indica que las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizar�n con los estudiantes de los 2 �ltimos a�os lectivos consultorios jur�dicos, los que luego de la aprobaci�n por parte del Consejo Superior de la Judicatura funcionaran bajo la supervisi�n de profesores designados al efecto o de los abogados de los pobres.
En tal virtud acompa�ar�n la correspondiente autorizaci�n del consultorio jur�dico a las respectivas actuaciones judiciales y administrativas. Dicha normativa consagra que los estudiantes mientras pertenezcan a dichos consultorios, podr�n litigar en causa ajena en los siguientes asuntos, como abogados de pobres: �1� 2. En los procesos penales de competencia de la jurisdicci�n ordinaria como representantes de la parte civil.� La Corte Constitucional se pronunci� en la sentencia C-143 de 2001, sobre la exequibilidad de dicha Ley, a�n vigente, se�alando que la misma obedec�a a la posibilidad de acceder a la administraci�n de justicia sin representaci�n de abogado en los casos en que el legislador lo ten�a previsto (art. 229 C.N.).
All� se hizo referencia tambi�n a la posibilidad de ser representado por los estudiantes que pertenecen a los consultorios jur�dicos cuando se ostenta la calidad de pobre. 3.3. Supuestos f�cticos 3.3.1. Los hechos relevantes que permitir�n estructurar la decisi�n que se adopta se contraen a: -. Ante al Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes, se adelant� un proceso en contra del joven N.O.C. por el delito de Homicidio en concurso con Fabricaci�n, Tr�fico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, el cual concluy� con sentencia que fue le�da en audiencia celebrada el 10 de julio de 2017, en la que se declar� la responsabilidad penal del procesado, a quien se le impuso como sanci�n la de privaci�n de la libertad por 32 meses.
Se dispuso tambi�n que en firme la decisi�n, las v�ctimas podr�an adelantar el incidente de reparaci�n integral dentro de los 30 d�as siguientes y se hicieron los dem�s ordenamientos de ley. -. A la audiencia de lectura de sentencia compareci�, en calidad de v�ctima, la se�ora �ngela Johana Aguirre Restrepo, pariente del occiso. -. Previo requerimiento del despacho del conocimiento, el se�or Fiscal de Infancia y Adolescencia que intervino en el proceso referenciado, certific� el 18 de septiembre de 2017, que los perjudicados con el il�cito exteriorizaron su inter�s en el tr�mite del incidente de reparaci�n integral por conducto de la se�ora Johana Aguirre Restrepo, quien as� lo solicit� al momento de terminar la audiencia de lectura de la sentencia, por cuya raz�n, mediante oficio del d�a siguiente (11 de julio), remiti� al consultorio jur�dico de la Universidad de Caldas la solicitud de designaci�n de apoderado de v�ctimas, nombr�ndose para tal efecto a la universitaria DIANA VANESSA BETANCURTH PINEDA. -.
La estudiante en menci�n present� ante la A-quo sendos e id�nticos escritos los d�as 31 de julio y 1 de agosto del a�o en curso, aduciendo la calidad de representante de las v�ctimas, se�oras DIANA MARCELA HENAO BEDOYA y DOLLY BEDOYA TOB�N, hermana y madre del occiso respectivamente, en los que hace expresa manifestaci�n acerca de que �por declaraci�n de mis prohijadas solicito la apertura de incidente de reparaci�n integral�. -.
Para soportar la calidad en que actuaba, la asignada anex� la respectiva certificaci�n expedida el 21 de julio de 2017 por la Directora del Consultorio Jur�dico �Daniel Restrepo Escobar� en la que luego de nombrarla, indicar el n�mero de su documento de identidad y del c�digo universitario, asevera que es estudiante de d�cimo semestre del programa de Derecho y miembro activo de ese consultorio, as� como que es id�nea para para ser abogada de pobres, razones por las que se le declara apta para representar a la se�ora DIANA MARCELA HENAO BEDOYA v�ctima en el proceso adelantado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes, seg�n radicado 170016001249-2017-00133. -.
Aunque en principio la se�ora Juez deneg� la petici�n de aperturar el incidente de reparaci�n integral bajo el argumento de haber operado la caducidad del mismo por no existir solicitud expresa de la v�ctima y haber vencido el t�rmino para incoarlo, lo cierto es que dicha decisi�n, una vez recurrida por la promotora, se repuso para, en su lugar, acceder a ella, bajo el entendido de haber quedado efectivamente acreditado el inter�s de las ofendidas por adelantar el tr�mite incidental, as� como que se les designara estudiante que las representara. 3.3.2.
Sea lo primero se�alar que la actuaci�n que se ha surtido por parte del despacho cognoscente no ha sido la m�s ortodoxa, en tanto que una vez recibida la solicitud de apertura del incidente, que se puntualiza fue presentada oportunamente, o sea, dentro de los 30 d�as siguientes a la lectura de la sentencia condenatoria, le dio a �sta un tr�mite contrario a lo establecido en los art�culos 102 del C. de P. Penal, que establece que lo procedente era citar a audiencia en la que, conforme lo se�ala el art�culo 103, se plantear�a la pretensi�n resarcitoria, tras lo cual podr�a rechazarla de no estar legitimada la v�ctima solicitante o correrle traslado al condenado en caso contrario, oportunidad en la que podr�a �ste por s� o a trav�s de su defensor, oponerse y alegar cualquier situaci�n que pudiera enervar la reparaci�n deprecada.
Otro yerro relevante es que se le hubiera dado rumbo al recurso de reposici�n interpuesto por la peticionaria del tr�mite incidental pese a que no se le hab�a reconocido personer�a para actuar y que precisamente la raz�n para deneg�rsele la solicitud hubiera sido el no hallarla legitimada para representar las v�ctimas por la supuesta falta de poder.
M�s grave a�n y lo que en principio podr�a sugerir la existencia de una causal de nulidad de lo actuado, es que del mencionado recurso de reposici�n no se haya corrido traslado a los dem�s sujetos procesales u obligados intervinientes en el tr�mite, en especial al condenado y su defensa, pues en aras de garantizarles el debido proceso y el derecho de defensa, sin lugar a equ�vocos a ello hab�a lugar.
Aunque el art�culo 176 de la obra adjetiva que es el que establece el recurso de reposici�n no indica su tr�mite, ni tampoco ning�n otro precepto de esa codificaci�n, debe entonces acudirse por v�a de la integraci�n (art�culo 25 �dem.) a lo que al respecto establece el C�digo General del Proceso, que en su art�culo 319 se�ala que tanto cuando se interpone en audiencia o cuando es procedente formularlo por escrito, se resuelve previo traslado a la parte contraria.
No obstante lo anterior, lo cierto es que finalmente se tom� el sendero a trav�s del cual debi� discurrir desde un comienzo la solicitud de dar apertura al incidente de reparaci�n integral a las v�ctimas, cual era que todo el debate en torno de ello se surtiera en audiencia. El condenado, a trav�s de su defensor, cont� con la oportunidad de oponerse al tr�mite incidental formulado por quien fue designada como representante de v�ctimas y, desatendidos que fueran sus argumentos, se le concedi� el recurso de apelaci�n con ocasi�n de ello por �l interpuesto, el que esta Colegiatura encuentra admisible por cuanto ninguna oportunidad tuvo de controvertir o pronunciarse al surtirse el recurso de reposici�n que concluy� de manera favorable para la recurrente. 3.3.3 Superado ese escollo, debe la Sala aplicarse en determinar si los argumentos aducidos por el recurrente, logran desvirtuar los que tuvo la funcionaria judicial para colegir que en el de marras no hab�a operado la caducidad para solicitar la apertura del incidente de reparaci�n integral.
Y es que de acuerdo con los hechos probados atr�s referidos, se sabe que habi�ndose llevado a cabo la lectura de la sentencia el 10 de julio del a�o avante, data en que tambi�n qued� ejecutoriada, y ejercida la facultad de peticionarlo el 31 de julio siguiente, huelga colegir que efectivamente se hizo dentro de los treinta d�as a los que hace referencia el art�culo 106 del C. P. P. Igualmente es claro que se cumple con otro de los presupuestos indicados en el art�culo 102, cual es que previa la convocatoria hecha por la se�ora Juez a la audiencia con la que se le dar�a inicio (al incidente), obr� solicitud expresa de la v�ctima, la que conforme a la ley bien puede obrar directamente o por conducto de representante; luego aduciendo la estudiante DIANA VANESSA BETANCOURTH PINEDA, obrar en nombre de las ofendidas con el injusto penal, no puede desconocerse, como lo pretende el censor, que efectivamente existi� solicitud expresa proveniente de ellas.
Cosa distinta es que se alegue falta de legitimaci�n por no ostentar las reclamantes la verdadera calidad de v�ctimas o que pretenda exigirse poder o cualquier otra circunstancia an�loga, situaciones todas que deben ventilarse y definirse en la audiencia, pero de las que no puede echarse mano para edificar sobre ello la estructuraci�n del fen�meno de caducidad, pues �sta solo de ser extempor�nea la petici�n, lo que se itera no ocurri� en este caso.
Desconoce la Defensa que lo que activ� precisamente la designaci�n de un estudiante del Consultorio Jur�dico de la Universidad de Caldas, fue precisamente el Oficio remitido el 11 de julio de 2017 (al d�a siguiente de la audiencia de lectura del fallo) por el Fiscal del caso, en el que, luego de referir el nombre de una de las ofendidas, deprec� el mencionado pedimento, se�alando all� adem�s los datos de �sta, como direcci�n y tel�fono. No fue pues de la nada que surgi� la pluricitada asignaci�n del caso a la estudiante, sino que tuvo su fundamento en solicitud id�nea.
En este punto cabe resaltar que conforme se expres� en ac�pite anterior, las v�ctimas del injusto penal tienen derecho a que se les compense por el condenado el da�o sufrido como consecuencia del delito; igualmente lo tienen a ser asistidas durante el juicio y/o el incidente de reparaci�n integral por un abogado que podr� ser designado de oficio, lo que al rompe permite evidenciar que no es s�lo a trav�s de apoderado contractual y en consecuencia con previo poder conferido que pueden ser representadas, pues claramente lo indica el literal h. del art�culo 11 del C. de P. Penal que tambi�n pueden serlo por el que se les designe de oficio, que en este caso ser�a un estudiante de consultorio jur�dico, tal como lo prev� la Ley 583 de 2000.
En efecto, el numeral 2 del art�culo 1 de la citada Ley, se prev� ese tipo de asistencia jur�dica: �apoderados de pobres�, en los procesos penales de competencia de la jurisdicci�n ordinaria, como representantes de la parte civil (hoy con la Ley 906 de 2004, debe entenderse como de las v�ctimas). Una vez hecha la designaci�n al estudiante adscrito al consultorio, queda �ste ya facultado para efectivamente ejercer tal representaci�n, pudiendo de contera, cuando menos en lo que ata�e a este caso concreto, peticionar la apertura del incidente en la audiencia que para tal efecto habr� de se�alar el juez cognoscente, sin ning�n otro requerimiento que aportar la respectiva certificaci�n expedida por el director de ese centro universitario.
El C.G.P. claramente hace la similitud con la designaci�n del curador ad litem, donde no se requiere que el ausente otorgue poder al curador para que lo represente pues ser�a un contrasentido e igual ocurre en este tr�mite incidental donde la asignaci�n la solicit� el Fiscal 17 de Asuntos Penales de Adolescentes. No ser�a l�gico que en los casos que el sindicado o demandado se encuentra alejado del sitio del juicio o se desconozca su paradero, como en estos ejemplos propuestos, se haga exigencia del otorgamiento de poder por parte de �ste para que el defensor de oficio o abogado de pobres lo represente.
Otro aspecto a recordar es que la raz�n de ser de que fuera el Fiscal del caso el que gestionara la designaci�n de apoderado de pobre para que representara a las perjudicadas con el il�cito y no directamente �stas, es lo indicado en los art�culos 133 y siguientes del C�digo Penal que orientan acerca del deber del ente en menci�n en atender, proteger y mantener comunicadas a las v�ctimas; el 135 expresamente refiere que el fiscal les informar� acerca de la disponibilidad que tienen de formular una pretensi�n indemnizatoria en el proceso, por su conducto o de manera directa en el incidente de reparaci�n integral.
Todo lo anterior para referir que el hecho que las se�oras DOLLY BEDOYA TOB�N, DIANA MARCELA HENAO BEDOYA, madre y hermana de quien fue asesinado por el joven condenado, as� como ANGIE ALEXANDRA OCAMPO VALENCIA (hija), representadas por la estudiante DIANA VANESSA BETANCOURT PINEDA quien deprec� darle curso al incidente de reparaci�n integral de manera oportuna (dentro de los 30 d�as siguientes a estar ejecutoriada la sentencia), impide que haya operado la caducidad, sin que la supuesta ausencia de poder escrito por ellas otorgado a la universitaria al momento en elevar la primigenia petici�n alterara la situaci�n, pues la abogada de pobre ya estaba v�lidamente designada para tal efecto, m�xime que habiendo asistido aquellas a la audiencia, era cuesti�n que en ella ratificaran su deseo de ser por ella representadas; igualmente constitu�a un deber del fiscal, una vez le fue comunicado el deseo de proseguir con el incidente, gestionar la plurimencionada designaci�n. 3.4.
Conclusi�n Confrontados los supuestos normativos con la situaci�n f�ctica evidenciada, huelga confirmar la decisi�n impugnada, ya que no le asiste raz�n al recurrente en afirmar que la posibilidad de darle curso al incidente caduc� por no haberse acompa�ado al memorial petitorio poder conferido por las v�ctimas a quien en su nombre act�o y por haber transcurrido el termino se�alado, pues qued� desvirtuada tal situaci�n. IV.
DECISI�N Por lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, CONFIRMA el auto proferido el 4 de octubre de 2017 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Adolescentes de Manizales dentro del proceso penal por el que fue condenado el menor N.O.C. por el delito de Homicidio en concurso con Fabricaci�n, Tr�fico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Partes, Accesorios o Municiones.
DEVU�LVASE el expediente al Despacho de origen para lo de su competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Las Magistradas, �NGELA MAR�A PUERTA C�RDENAS SOFY SORAYA MOSQUERA MOTOA GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE La Secretaria, GLORIA IN�S GUTI�RREZ ARISTIZABAL Fl. 153 C. Juzgado Fls. 158-159 160-161 Fl.162 163-172 Fl. 173-177 178-181 Fls. 184-187 Este numeral fue declarado condicionalmente exequible en sentencia C-143 de 2001 Fls. 143-153 Seg�n se dej� constancia en el acta de la audiencia en menci�n Fl. 143-145 El art�culo 110 regula la forma de hacerse el traslado as�: Cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se cumplir� permiti�ndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra.-/ Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia, se surtir� en secretar�a por el t�rmino de tres (3) d�as y no requerir� auto ni constancia en el expediente.
Estos traslados se incluir�n en una lista que se mantendr� a disposici�n de las partes en la secretar�a del juzgado por un (1) d�a y correr�n desde el siguiente. 17-001-60-01-249-2017-00133-01 Procesado: N.O.C. $129:\]hoq����������ɵ���~m~[��J</h�7�h�2�CJ^JaJh�2�CJOJQJ^JaJ h�7�h�2�CJOJQJ^JaJ#h�7�h^'5�CJOJQJ^JaJ h�7�h'CJOJQJ^JaJ h�7�h �CJOJQJ^JaJ#h�7�h �5�CJOJQJ^JaJ&h�7�hn5�CJOJQJ]�^JaJ&h�7�h�l�5�CJOJQJ]�^JaJ#h�7�h�l�5�CJOJQJ^JaJ#h�7�h'5�CJOJQJ^JaJ#h�7�h�l�5�CJOJQJ^JaJ2\]q������ PQRc����������������� $da$gd�(| $da$gd�(|$�xd`�xa$gd�(|$ &Fda$gd' $da$gd�P� $da$gd�2� $da$gd�2� $da$gd�P��������� B P Q Z a b d z � � � � �������ķ��xcxN9xNx�x�(h�7�h+ECJOJQJ^JaJmH $sH $(h�7�h�=CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�7�h^'CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�7�h� FCJOJQJ^JaJmH $sH $(h�7�h �CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�7�h'CJOJQJ^JaJmH $sH $h�7�h�y�CJ^JaJh�7�h'5�CJ^JaJh�7�h~�CJ^JaJh'CJ^JaJh�7�h�2�CJ^JaJh�2�CJ^JaJ� � � � � � � � � � � � $ 0 P a � � �.
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