154076000117201200223 (2017-0329) · Tribunal de Tunja

��ࡱ�>�� Y� ��bjbj[�[� 8^9� \9� \ �f1��}"�G#��#�#�#��#�#�#8 $� %��#�e0�%�%"�%�%�%!'!'!'VeXeXeXeXeXeXe$h��j�|e�#)!'!'))|e�#�#�%�%H�e...)��#�%�#�%Ve.)Ve..�`B��D�%��`� ެ��)�CBe�e0�e0C\Yk=* Yk0�D�DJYk�#�Dl !'Z{'@.�'4�'&!'!'!'|e|eI+�!'!'!'�e))))��Yk!'!'!'!'!'!'!'!'!'�M C!: INASISTENCIA ALIMENTARIA/ Descripci�n del tipo/ �� Se ha considerado que esta descripci�n t�pica, natural�stica y jur�dicamente implica permanencia en el tiempo, pues subsiste desde el momento en que se inicia el incumplimiento del deber alimentario hasta que se cumpla; la acci�n determinada por el verbo �sustraerse� describe una conducta de omisi�n propia, en cuanto la abstenci�n a los deberes legales del actor se encuentra consagrada expresamente en el tipo, es un delito de omisi�n, que por el aspecto negativo, la conducta t�pica en el plano objetivo debe adem�s de lesionar el bien jur�dico tutelado, hacerlo sin justa causa, por tanto, la justificaci�n tiene la virtud de convertir la conducta t�pica en justa y no simplemente excusable; por ser un tipo de mera conducta, no es necesario que se lesione la vida, la subsistencia o la integridad personal de la v�ctima, tampoco que se afecten efectivamente sus derechos a la educaci�n, vivienda o vestido�� SENTENCIA No. 072 MAGISTRADA PONENTE: LUZ ANGELA MONCADA SUAREZ.

APROBADO: Acta N�. 065 del catorce (14) de julio de dos mil diecisiete (2017). Art. 30, Num. 4�, Ley 16 de 1968. Tunja, mi�rcoles diecinueve (19) de julio de dos mil diecisiete (2017), nueve de la ma�ana (9:00am). Proceso Nro. 154076000117201200223 (2017-0329) OBJETO DE LA DECISI�N La Sala Tercera de Decisi�n Penal de este Tribunal, se ocupa en esta providencia de resolver el recurso de apelaci�n interpuesto y sustentado por la Defensa del procesado contra la sentencia proferida el veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, mediante la cual fue condenado JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA por el delito de inasistencia alimentaria.

HECHOS JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA y SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA, en audiencia de conciliaci�n del 25 de febrero de 2009 ante la Comisar�a de Familia de Villa de Leyva, conciliaron el valor de la cuota alimentaria que JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA se comprometi� a consignar en una cuenta de ahorros del Banco Popular a partir del mes de marzo de ese a�o para su hijo A.F.G.J., nacido el 2 de marzo de 2005, en suma de cien mil pesos ($100.000) mensuales, aumentada anualmente a partir de enero del a�o siguiente en la misma proporci�n del aumento del salario m�nimo, y dos mudas de ropa al a�o. SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA formul� denuncia contra JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA por no haber cumplido con el pago de la cuota alimentaria pactada, a partir del mes de diciembre de 2009 cuando �ste se fue de Villa de Leyva para Bogot�, comunic�ndose telef�nicamente con aquella tan solo en el a�o 2010, cuando le dijo que iba a responder, desconoci�ndose con certeza a qu� se ha dedicado, cu�l es su capacidad econ�mica, c�mo son sus condiciones personales, sociales, familiares y modo de vivir, presumi�ndose que ha trabajado en construcci�n, oficio como ayudante que desempe�aba cuando conviv�a con SANDRA PATRICIA, y que ha sido trabajador dependiente, esto seg�n la base de datos sobre la afiliaci�n a la EPS en salud en el a�o 2010, fondo de pensiones y caja de compensaci�n, pero sin precisarse su vinculaci�n laboral, ingresos, periodo laboral, quedando la duda si ha tenido los recursos suficientes para el pago de la cuota alimentaria, desconoci�ndose los motivos del incumplimiento de su obligaci�n para con su menor hijo.

IDENTIDAD E INDIVIDUALIZACION DEL PROCESADO JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA, identificado con C.C. No. 80.229.038 de Bogot�, donde naci� el veintinueve (29) de junio de mil novecientos setenta y nueve (1979), hijo de MART�N GUTI�RREZ y LUZ MOLINA, para cuando fue vinculado al proceso, siendo declarado contumaz, se dijo que se dedicaba a oficios varios, que hab�a reportado inicialmente como residencia la direcci�n carrera 5 Este Nro. 4-52, barrio la Cristalina en Soacha (Cundinamarca), pero que finalmente se ten�a como informaci�n que resid�a en la carrera 4 A Este Nro. 1-62 barrio San Mart�n de Soacha (Cundinamarca), n�meros de tel�fonos m�viles 3125479345 y 3144324831, con sexto grado de instrucci�n. ACTUACI�N PROCESAL En audiencia del 22 de julio de 2014, el Juzgado Promiscuo Municipal de S�chica con funciones de control de garant�as, previa solicitud de la Fiscal�a Dieciocho Local de Villa de Leyva, declar� en contumacia al se�or JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA por no haber comparecido a la diligencia, siendo citado el 1 de julio de 2014 por comunicaci�n telef�nica al abonado 3125479345, seg�n constancia secretarial; a quien con la representaci�n del Defensor P�blico designado, la Fiscal�a le formul� imputaci�n como autor del delito de inasistencia alimentaria descrito en el art�culo 233 inciso segundo del C.P., modificado por el art�culo 1 de la ley 1181 de 2007.

Radicado escrito de acusaci�n el 15 de septiembre de 2014, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Villa de Leyva se llev� a cabo la audiencia de formulaci�n de acusaci�n el 10 de febrero de 2015 por iguales cargos de la imputaci�n; la audiencia preparatoria se realiz� el 11 de noviembre del mismo a�o; y el juicio oral se desarroll� el 30 de marzo, 11 de mayo y 23 de noviembre de 2016, esta �ltima donde, concluido el debate probatorio y presentados los alegatos de conclusi�n, el Juez anunci� el sentido del fallo condenatorio, pronunci�ndose las partes sobre la individualizaci�n de pena y sentencia. En audiencia del 29 de marzo de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa de Leyva ley� la sentencia condenatoria, contra la cual la Defensora interpuso el recurso el recurso de apelaci�n, el que sustent� por escrito en el t�rmino de ley, presentando la r�plica la Fiscal�a y la Representante de la V�ctima como no recurrentes, siendo concedido en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de este Tribunal en auto del 28 de abril de 2017.

El conocimiento de segunda instancia fue asignado por reparto a la Tercera Sala de Decisi�n Penal. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y MOTIVO DE LA APELACI�N: 1.- De la sentencia de primera instancia. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa de Leyva conden� a JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA a las penas principales de treinta y dos (32) meses de prisi�n y veinte (20) salarios m�nimos mensuales legales vigentes de multa, y a la pena accesoria de inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por el tiempo de la pena principal, como autor responsable del delito de inasistencia alimentaria, concedi�ndole el beneficio de la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena.

Despu�s de referirse al delito de inasistencia alimentaria, el a quo dijo estar demostrado: con el registro civil, que A.F.G.J. para la fecha de los hechos era menor de edad, quien naci� el 2 de febrero de 2005, hijo del acusado, al que le fue impuesta la obligaci�n (sic) alimentaria por conciliaci�n seg�n el acta de fecha 15 de febrero de 2009, donde se comprometi� a dar como alimentos a favor de su menor hijo, la suma de cien mil pesos ($100.000) mensuales a partir del mes de marzo de 2009, que se incrementar�a anualmente a partir del 1 de enero siguiente proporcionalmente al aumento al salario m�nimo, y dos mudas de ropa al a�o, una para el cumplea�os del ni�o y otra para navidad.

En cuando a la capacidad econ�mica del procesado, el Juez dijo que aunque la Fiscal�a no logr� demostrar que para la �poca de los hechos, esto es, de diciembre de 2009 al 22 de julio de 2014, si JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA trabajaba para una empresa determinada, o era independiente, y cu�l era el salario que devengaba, si prob� que era capaz econ�micamente, que trabajaba en el gremio de la construcci�n y que se encontraba afiliado al r�gimen contributivo EPS Cruz Blanca desde el 1 de octubre de 2010 y al fondo de pensiones y cesant�as COLFONDOS desde el 26 de marzo de 2011, ambas afiliaciones vigentes a 31 de diciembre de 2015, fecha en que se imprimi� el certificado de la p�gina del FOSYGA, de donde dijo poderse inferir que el acusado desde el a�o 2010 ejerce una labor productiva en construcci�n, estableci�ndose una capacidad econ�mica plena, aunque se desconoce el salario pero presumi�ndose que es el m�nimo mensual legal, quedando desdibujada la teor�a de la Defensa sobre la incapacidad econ�mica o duda razonable de la misma, porque con los documentos aportados tan solo demostr� que no ten�a bienes inmuebles en Tunja y Chiquinquir�, ni veh�culos, no habiendo probado, como lo prometi�, que ten�a un nuevo grupo familiar con menores de edad, uno de ellos con enfermedades, porque dicha situaci�n no la prob� su investigador y los testigos citados no comparecieron a declarar, como tampoco lo hizo el acusado quien no concurri� a las audiencias.

Concluy�, que estando probada la capacidad econ�mica del acusado, se deduc�a que la sustracci�n a la prestaci�n de alimentos fue dolosa y sistem�tica, no habiendo aportado ninguna suma para el sustento de su menor hijo, ni otorg�ndole amor, respaldo, recreaci�n ni elemento alguno para su desarrollo, habi�ndolo abandonado, sin causal que haga inferir la imposibilidad de cumplir con la obligaci�n, estando probada la conducta punible y responsabilidad penal del acusado.

Para la dosificaci�n punitiva, estableci� los extremos y cuartos de movilidad, fijando la sanci�n en el m�nimo previsto en la norma, otorg�ndole la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena por un periodo de prueba de dos a�os bajo cauci�n prendaria de dos salarios m�nimos, por considerar cumplidas las exigencias del art�culo 63 del C.P., modificado por la ley 1709 de 2014. 2.- Del motivo de la apelaci�n. 2.1.- La Defensora solicit� que se revoque la sentencia condenatoria y en su lugar, se absuelva al acusado de los cargos por el delito de inasistencia alimentaria, afirmando que las pruebas son insuficientes para la confirmaci�n de la condena.

Afirm� que es at�pica la conducta atendiendo a que no se prob� la capacidad econ�mica del acusado, como tampoco que el incumplimiento fuera injustificado, habi�ndose vulnerado el debido proceso. Como lo se�alara el investigador de la Fiscal�a, no se prob� la capacidad econ�mica del procesado, quien no tiene bienes, por el contrario tiene otras obligaciones derivadas de un nuevo n�cleo familiar, apareciendo registrado en Cruz Blanca como cotizante principal lo que implica que hay otros miembros que dependen de la misma afiliaci�n a salud, no estando demostrado d�nde trabaja ni cu�nto devenga, sin prueba alguna sobre la presunta actividad laboral, carga probatoria que ten�a la Fiscal�a, no pudiendo tenerse como prueba tan solo el registro de la base de datos del FOSYGA, fund�ndose la responsabilidad solamente en la anotaci�n donde aparece que aporta a salud y pensi�n pero desconoci�ndose de d�nde proven�a los aportes, pues es sabido que el ciudadano puede vincularse al sistema de seguridad social de manera independiente.

Para sancionar penalmente al sujeto por incumplir las obligaciones alimentarias, debe estar probado que tiene capacidad econ�mica, para afirmar que de manera injustificada ha incumplido, lo cual no ocurri� en el presente caso; estando demostrado que el procesado a m�s de no tener bienes, es un humilde trabajador ocasional, sin ingresos fijos, que no alcanza a cubrir con sus exiguos ingresos sus propias necesidades, que tiene m�s obligaciones alimentarias y que de �l depende el sustento familiar, seg�n lo se�al� el mismo investigador de la Fiscal�a, por lo que puede concluirse que la carencia de recursos hace que la sustracci�n alimentaria no sea injustificada, sin haberse escuchado al procesado y a su compa�era MARTHA TOBO GU�O, como testigos de la Defensa, quienes no fueron citados en debida forma, viol�ndose el derecho defensa y debido proceso.

El investigador de la SIJIN, testigo de la Fiscal�a, fue el que declar� que no se desplaz� a la residencia del procesado, ni investig� sobre sus condiciones sociales y familiares, no prob�ndose que tuviera bienes de fortuna, ni la sustracci�n injustificada, por el contrario, aport� pruebas sobre la carencia de recursos que no se tuvieron en cuenta.

Concluye que no se prob� la intencionalidad del procesado de transgredir el tipo penal, no estando demostrado el dolo, siendo necesario que el incumplimiento se deba a la voluntad del sujeto agente para estar incurso en el tipo penal, debiendo estar en capacidad de cumplir la obligaci�n alimentaria. Por �ltimo, considera que al revisar la actuaci�n, encuentra que las notificaciones al procesado y a los testigos de la defensa a las diferentes audiencia, fueron irregulares, al hab�rseles llamado a los tel�fonos suministrados y presuntamente dej�rseles un mensaje, dando por hecho que con ello efectivamente ten�an conocimiento de la fecha y hora en que deb�an comparecer, lo que no genera certeza sobre la citaci�n, no siendo una forma eficaz para garantizar la comparecencia al proceso, todo en detrimento de los derechos del procesado, citando los art�culos 171 y 172 de la ley 906 de 2004, donde se establece que las citaciones deben ser efectivas, como tambi�n la sentencia T-612 del 9 de noviembre de 2016.

Pidi� se revoque la sentencia condenatoria y en su lugar, se absuelva al procesado JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA de los cargos que se formularon en su contra. 2.2.- La Fiscal�a como no recurrente, se opone a las pretensiones de la Defensora por las siguientes razones: La madre y el abuelo materno del menor, declararon que el acusado abandon� a su hijo desde temprana edad, no cumpliendo desde el a�o 2009 con el pago de la cuota alimentaria que le fue asignada en conciliaci�n, y el investigador de la SIJIN, en el acta de verificaci�n y arraigo familiar y laboral, consign� los datos suministrados directamente por el acusado, donde se puede inferir que tiene ingresos por la actividad que desarrolla, aunque no se pudo establecer que tuviera veh�culos o propiedades a su nombre, pero que de la consulta en el FOSYGA pudo detectarse que se encontraba afiliado al r�gimen contributivo en la EPS Cruz Blanca en Bogot�, como cotizante principal desde el 10 de enero de 2010, activo al 10 de febrero de 2010, fecha de consulta, afiliado a Colfondos desde el 26 de abril de 2011 y a la Caja de Compensaci�n CAFAM, como trabajador dependiente en el ramo de la construcci�n. En consecuencia, considera que el acusado ha tenido la posibilidad de cancelar las cuotas alimentarias, pero desde el a�o 2009, injustificadamente no las ha sufragado, siendo �nfima la cuota mensual asignada de $100.000, sin causal que excluya su responsabilidad o justifique su conducta, sin que haya comparecido a las audiencias, sin demostrarse su incapacidad para suministrar alimentos a su hijo, la madre del menor habiendo dejado de recibir las cuotas desde diciembre de 2009.

Se�ala que fueron los testigos de la defensa y el acusado, los que voluntariamente dejaron de asistir a las audiencias, siendo citados, no pudi�ndosele conducir porque no estaban obligados a declarar en contra de si mismo, de su compa�ero permanente o de sus parientes, que las presunciones legales no comprometen el debido proceso y que si se demostr� que el procesado ejerc�a una actividad laboral se presum�a ten�a unos ingresos.

Previa citaci�n de jurisprudencia, concluye solicitando se confirme la sentencia condenatoria. 2.3.- La representante de la v�ctima, igualmente como no recurrente, tambi�n pidi� la confirmaci�n de la sentencia. Dice que contrario a lo dicho por la Defensa, se prob� que el procesado ten�a capacidad econ�mica para responder por los alimentos de su hijo, todo seg�n el registro que aparece en el FOSYGA con el que se prob� la afiliaci�n al r�gimen contributivo en salud y afiliaci�n en pensi�n, con una labor productiva desde el a�o 2010 en el ramo de la construcci�n, habiendo suscrito el acusado el acta de conciliaci�n en la que se comprometi� a pagar alimentos desde el mes de febrero de 2009, teniendo conocimiento de su obligaci�n de la que se sustrajo voluntariamente; no existiendo irregularidad alguna porque acusado y testigos fueron citados telef�nicamente.

CONSIDERACIONES 1.- Competencia y Presupuestos Procesales. Por la naturaleza del delito de inasistencia alimentaria, por el que se formularon cargos y se conden� al acusado, el conocimiento para su juzgamiento en primera instancia est� asignado a los Jueces Penales Municipales y por el factor territorial al de Villa de Leyva, donde ocurrieron los hechos, y la segunda instancia le corresponde a este Tribunal (arts. 37(n�m. 4), 34(num.1), 42, y 43, del C. de P.P.).

El recurso de apelaci�n procede contra la sentencia de primera instancia, la Defensora tiene inter�s jur�dico para impugnarla, habi�ndolo interpuesto en la audiencia de su lectura y sustent�ndolo por escrito dentro del t�rmino de ley, (art�culos. 20, 176, 179, modificado por el art�culo 91 de la Ley 1395 de 2010, 124 y 125 del C. de P. P.).

Por lo dem�s, no se observa ninguna irregularidad sustancial violatoria de garant�as fundamentales de las partes e intervinientes que conlleve a la declaratoria de nulidad total o parcial de lo actuado, siendo procedente resolver el recurso con una decisi�n de fondo. 2.- Examen y resoluci�n de los aspectos impugnados. Se�ala el art�culo 20 del C. de P.P., que el superior no puede agravar la situaci�n del apelante �nico, principio de la no reforma peyorativa que igualmente est� previsto en el art�culo 31 de la Constituci�n Pol�tica, por lo que en este caso no se podr� agravar la situaci�n del procesado por ser apelante �nico su defensor, e igualmente la segunda instancia tiene una competencia limitada a lo que es materia del recurso, por lo que tan solo nos extenderemos a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la apelaci�n. Con este pre�mbulo, la Sala analizar� la prueba aportada, para determinar si existe el conocimiento m�s all� de toda duda sobre la conducta punible y la responsabilidad, y si es procedente la confirmaci�n de la sentencia de primer grado o debe absolv�rsele al acusado. 3.1.- Cr�tica y valoraci�n de las pruebas y hechos que ellas demuestran.

En la audiencia de juicio oral del 30 de marzo, 11 de mayo y 23 de noviembre de 2016 se practicaron �nicamente las siguientes pruebas: Testimonios: 1.- SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA, natural de Villa de Leyva, para cuando declar� ten�a 27 a�os de edad, con quinto a�o de primaria, dedicada a oficios varios, convivi� con el acusado por cuatro a�os aproximadamente en Ibagu� (Tolima), denunciante y madre del menor A.F.G.J. quien para ese momento ten�a once a�os de edad y cursaba cuarto grado de educaci�n primaria en la vereda Monquir� de Villa de Leyva donde resid�an.

Formul� denuncia en contra de JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA porque se ha sustra�do desde el mes de diciembre de 2009 a pagar la cuota alimentaria que le fue fijada por la Comisar�a de Familia de Villa de Leyva para su menor hijo A.F.G.J., en la suma de cien mil pesos ($100.000) mensuales; no se ha podido comunicar con �l desde el a�o 2010 cuando lo llam� y le dijo que le iba a responder, que le pagar�a lo que pod�a, pero que perdi� todo contacto sin tener un n�mero de tel�fono al que se pueda comunicar.

JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA cuando convivi� con ella trabajaba como ayudante de construcci�n y devengaba el salario m�nimo, en otro momento estuvo trabajando en comidas r�pidas, desconoce por qu� no ha cumplido con la cuota alimentaria, ella es quien aporta lo necesario para la subsistencia de su hijo pero no le alcanza porque ascienden a m�s de trescientos mil pesos por los tratamientos con psic�logo y otros profesionales que ha tenido que realizarle porque �ltimamente el menor ha tenido un comportamiento insoportable, debe gastar los transportes para llevarlo al psic�logo a Tunja.

Desde hace siete a�os JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA se fue de Villa de Leyva para Bogot�, sin que haya tenido contacto con �l, y solamente pudo saber por un t�o de ella y otros comentarios, que aqu�l estaba trabajando en Bogot� en construcci�n, desconoce si tiene bienes de su propiedad, cuando convivieron no los ten�a, no sabe que tenga incapacidades para trabajar, pero ella desconoce absolutamente todo de aqu�l, los datos que suministr� en la noticia criminal sobre el mismo era los que ten�a de tiempo atr�s, aunque no contesta el celular porque cree que cambi� de n�mero toda vez que cuando lo llama no est� en l�nea.

Con esta testigo se incorpor� como prueba, previo su reconocimiento, los siguientes documentos: Copia del formato �nico de noticia criminal del 28 de junio de 2012, donde dice la denunciante que el se�or JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA, padre de su menor hijo A.F.G.J., se ha sustra�do a pagar las cuotas alimentarias desde el mes de diciembre de 2009 pactadas en audiencia de conciliaci�n del 25 de febrero del mismo a�o ante la Comisar�a de Familia de Villa de Leyva, en suma de $100.000 mensuales y dos mudas de ropa al a�o, con el incremento anual para el salario m�nimo.

Escrito dirigido al C.T.I. fechado 30 de enero de 2013, donde la testigo informa que los gastos mensuales de su menor hijo son: $60.000 alimentaci�n y aseo, $65.000 educaci�n, $10.000 vivienda, $110.000 vestuario, $40.000 recreaci�n. Copia del acta de audiencia de compromiso y conciliaci�n ante la Comisar�a de Familia de Villa de Leyva, de fecha 25 de febrero de 2009, suscrita por JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA y SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA, en la que aqu�l se compromete a consignarle a �sta la suma de cien mil pesos ($100.000) mensuales a partir de marzo de ese a�o con el aumento en la proporci�n del que se le har�a al salario m�nimo a partir de enero del a�o siguiente y dos mudas de ropa al a�o, por concepto de cuota alimentaria para el menor hijo de aquellos. 2.- MANUEL QUINCHANEGUA BECERRA, funcionario de polic�a judicial con ocho a�os de antig�edad en dicha actividad, t�cnico en servicio de polic�a, analista en comunicaciones en la Direcci�n de Investigaci�n Criminal DIJIN (Bogot�), fue el investigador en el presente asunto, enunciando como diligencias realizadas las consignadas en el informe de investigador de campo de fecha 06 de diciembre de 2013, entre estas, la entrevista a SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA madre del menor, diligencia de arraigo familiar y laboral del se�or JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA e individualizaci�n e identificaci�n del mismo, la solicitud de antecedentes penales del mismo, la solicitud ante tr�nsito y transporte de Bogot� y la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos y Privados para verificaci�n de la existencia de bienes de propiedad del procesado, aportando los documentos que obtuvo de la informaci�n de las diferentes entidades.

Dijo que al haber recibido el despacho comisorio de la investigaci�n por parte del funcionario de la SIJIN de Soacha, �l tuvo comunicaci�n con el se�or JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA quien le dijo no poder comparecer a la citaci�n que le hizo porque se encontraba laborando en construcci�n en Soacha y gracias a unos datos que �l suministr� se realiz� la solicitud a la SIJIN de Soacha, con la cual el funcionario que adelant� las diligencias de arraigo obtuvo la informaci�n, pero despu�s no se obtuvo m�s comunicaci�n con dicho se�or.

Con la constancia de Seguridad Social del Registro �nico de Afiliados (RUAF), de consulta p�blica, el se�or JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA al 31 de agosto de 2015 fecha de la consulta, es una persona afiliada en salud en Bogot� como contributiva a la EPS Cruz Blanca el 1 de octubre de 2010, activo, cotizante principal, activo; afiliada a pensiones ahorro individual a la administradora COLFONDOS el 26 de abril de 2011, activo cotizante; afiliado a la Caja de Compensaci�n Familiar CAFAM el 6 de mayo de 2011 como trabajador dependiente; y vinculado al programa de asistencia social Ministerio Nacional de Educaci�n con matr�cula en el sector oficial vinculado el 1 de febrero de 2012 y �ltimo beneficio el 30 de noviembre de 2012 en Soacha (Cundinamarca).

Con este testigo se incorpor� como prueba, previo su reconocimiento: El informe de investigador de campo de fecha 06 de diciembre 2013, con sus anexos. All� se indica que, en la entrevista a la madre del menor, se�al� que la deuda del procesado por concepto de alimentos ascend�a a $4.873.165, aportando el registro civil del menor A.F.G.J., NACIDO EL 2 DE MARZO DE 2005, hijo de SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA y JOHN ALEXANDER GUITI�RREZ MOLINA, constancia que el menor se encontraba cursando segundo grado de educaci�n b�sica en la Instituci�n Educativa T�cnica Acad�mica Antonio Nari�o de Villa de Leyva, copia de la tarjeta de identidad del menor, liquidaci�n de la obligaci�n alimentaria realizada en la Comisar�a de Familia de Villa de Leyva el 22 de enero de 2013, copia de la c�dula de ciudadan�a de la madre del menor.

En los datos del indiciado para determinar arraigo, de fecha 14 de noviembre de 2013, se indica como lugar de residencia la carrera 5 Este 452 (sic) barrio la Cristalina Soacha, tel�fono 3125479345, en la direcci�n de trabajo N/A, nacido el 29 de junio de 1979 en Ibagu� (sic), en uni�n libre con MARTHA LILIANA TOBO GU�O con tel�fono 3125479345, en ocupaci�n se indica desempleado pero se tacha y se escribe oficios varios; anex�ndose copia de la c�dula de ciudadan�a, e informe sobre consulta web de la Registradur�a Nacional del Estado Civil.

Informaci�n de afiliados en la base de datos �nica del FOSYGA, de fecha 5 de marzo de 2013, donde aparece JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA como afiliado a la EPS Cruz Blanca en el r�gimen contributivo el 1 de octubre de 2010, como cotizante. Solicitud de registro de antecedentes penales del procesado y constancia de fecha 2 de octubre de 2012, en la que se indica que no registra antecedentes.

Constancia de Seguridad Social del Registro �nico de Afiliados (RUAF), de la que ya se indic� su contenido, all� se indica como fecha de corte en sus datos b�sicos el 2 de octubre de 2015. En el contrainterrogatorio que le hiciera la Defensa al investigador testigo, respondi� que estableci� que el procesado estaba laborando en construcci�n seg�n lo dicho para informaci�n del arraigo, pero no determin� sus ingresos, tampoco la existencia de bienes de su propiedad, la fecha de impresi�n de la consulta a la base de datos RUAF no se consign�. 3.- ROBERTO JEREZ PE�A, abuelo materno del menor A.F.G.J., de 51 a�os de edad para cuando declar�, casado, con tercero de primaria, agricultor, conoce al acusado porque convivi� con su hija SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA con quien tuvo un hijo, resid�a en Villa de Leyva y lo conoci� trabajando en construcci�n como ayudante, su hija le dice que desde el a�o 2009 dej� de darle la cuota alimentaria, los gastos del menor los paga su hija SANDRA quien trabaja en invernaderos y en casas de familia, a veces �l como abuelo le ayuda, especialmente en el �ltimo a�o que su hija est� llevando al ni�o al psic�logo, desconoce por qu� JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA no le ayuda para la manutenci�n del menor, sabe que trabaja en construcci�n en Bogot� porque su hija le ha contado y porque lo escuch� del testimonio del investigador.

En el contrainterrogatorio de la Defensa, el testigo dijo que para ese momento hac�a siete a�os aproximadamente que no ve�a a JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA; desconoce por qu� se fue del municipio de Villa de Leyva. 4.- CARLOS ARTURO AM�ZQUITA PALENCIA, investigador de la Defensor�a del Pueblo grado 15, t�cnico en investigaci�n y criminal�stica, tecn�logo en investigaci�n criminal, estudiante de derecho.

Como investigador de la Defensa en el presente asunto ofici� a algunas entidades como a las Oficinas de Registro de Instrumentos P�blicos de Chiquinquir� y Tunja, a la Oficina de Tr�nsito y Transporte de Tunja, solicitando si el acusado ten�a inscrito como propietario bienes inmuebles y/ o veh�culos, respectivamente; efectu� llamadas telef�nicas al abonado telef�nico suministrado dentro del proceso, el que inicialmente fue contestado por una se�ora que se hizo llamar MARTHA, quien manifest� ser la compa�era actual del acusado, suministr�ndole un nuevo n�mero telef�nico donde podr�a comunicarse directamente con su pareja, n�mero al que marc� y fue contestado por un hombre que dijo ser compa�ero de trabajo de JOHN ALEXANDER quien no pod�a atender la llamada por estar realizando alguna labor, dej�ndole el mensaje para que se comunicara con la Defensora, igual recomendaci�n fue dejada con quien dijo ser la compa�era permanente.

Posteriormente, dice haber recibido una llamada de quien dijo ser JOHN ALEXANDER quien le coment� una serie de situaciones por las que estaba atravesando, ratific�ndole que su residencia es en Soacha pero que se traslad� a otra vivienda, no siendo la direcci�n que inicialmente registr�, que ha laborado pero no ha tenido un trabajo fijo, que es padre de una ni�a que estaba a la espera de una intervenci�n quir�rgico de tipo ortop�dico, teniendo varias dificultades para trasladarse a Tunja o Villa de Leyva; sin que recibiera documento alguno que acreditara tales circunstancias, como tampoco volviendo a tener comunicaci�n o noticia del acusado.

De las solicitudes que hiciera a las diferentes oficinas, recibi� respuestas en las que se informa que el se�or JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA no figura como propietario de bienes inmuebles ni cuentas de veh�culos a su nombre. Al perder comunicaci�n con el acusado, hizo una indagaci�n en la base de datos p�blica, ingresando a la llamada RUAF donde se encuentra el registro de las personas a las EPS, al fondo de pensiones y cesant�as, entre otras, obteniendo el resultado que fue entregado a la Defensora.

Con este testigo se incorpor� como prueba, previo su reconocimiento: Solicitudes y respuestas de las Oficinas de Registro de Instrumentos P�blicos de Tunja y Chiquinquir�, Secretar�a de Tr�nsito y Transporte de Tunja Constancia de Seguridad Social del Registro �nico de Afiliados (RUAF), cuyo contenido es el mismo que aparece en el documento incorporado por el investigador de la Fiscal�a, MANUEL QUINCHANEGUA BECERRA, donde se indica como fecha de corte en sus datos b�sicos el 2 de octubre de 2015.

En el contrainterrogatorio que le hiciera la Fiscal�a, el investigador dice que en ning�n momento el procesado le manifest� que estuviera trabajando, solo lo pudo inferir de la primera llamada que le hiciera en la que contest� un hombre que dijo ser compa�ero de trabajo y que JOHN ALEXANDER no pod�a contestar por estar ocupado, pero nunca le dijo en qu� empresa, y que cuando aqu�l lo llam�, al pregunt�rsele por su labor, le respondi� que en efecto quien hab�a contestado la llamada era un compa�ero pero que no era un trabajo estable, sin que le dijera en qu� trabajaba.

Interrogado nuevamente por la Defensa, el investigador testigo afirm� que de las consultas a la base de datos RUAF han podido detectar que no es una base de informaci�n confiable, a pesar de ser p�blica de la cual se presume la buena fe, pero que al hacer varios cotejos en algunas oportunidades se encuentran que no est�n actualizados los registros; en el caso de estudio, no tuvo contacto directo con el procesado, tan solo la comunicaci�n telef�nica y no se pudo establecer que estuviera laborando.

Interrogado por la Fiscal�a sobre los datos del registro RUAF, el investigador se�al� que de la fecha de afiliaci�n se podr�a inferir que para la misma se encontraba laborando, pero que la fecha de corte, a pesar de ser de la base de datos p�blica, no es confiable su actualizaci�n por lo que no puede hacer la inferencia sobre la vinculaci�n laboral, y no teniendo funciones de polic�a judicial no fue posible indagar en otras bases de datos para determinar si al momento de corte efectivamente estaba activo o afiliado.

A las preguntas complementarias del Juzgado, se�al� que el acusado y su compa�era permanente se mostraron renuentes a suministrar la informaci�n sobre la nueva direcci�n de residencia aduciendo que no la recordaban y no se encontraban en el sitio para corroborarla, dando a entender que era igualmente en Soacha, pero sin precisarla. 5.- Los testimonios del acusado JOHN ALEXANDER GUTIERREZ MOLINA, los progenitores del mismo, MART�N GUTIERREZ y LUZ MOLINA, y de la compa�era permanente MARTHA TOBO GUIO, solicitados por la Defensa, no fueron recaudados porque no se ten�a una direcci�n exacta donde pudieran ser ubicados, no respondieron a las citaciones que se les hizo telef�nicamente, y el Juzgado no consider� pertinente la conducci�n porque trat�ndose de parientes del acusado y que estaban exentos de la obligaci�n de declarar, dando a entender al no haber comparecido, que no quer�an rendir testimonio, siendo inocua la conducci�n. Hechos demostrados: Con las pruebas antes relacionadas, en el an�lisis dentro de una valoraci�n integral y conforme a los principios de la sana cr�tica, la Sala tiene como demostrados los siguientes hechos jur�dicamente relevantes: El acusado JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA y SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA procrearon a ANDR�S FELIPE GUTI�RREZ JEREZ nacido el 02 de marzo de 2005.

En audiencia de conciliaci�n del 25 de febrero de 2009 ante la Comisar�a de Familia de Villa de Leyva, el acusado JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA se comprometi� a consignar en una cuenta de ahorros del Banco Popular a partir del mes de marzo de ese a�o, la suma de cien mil pesos ($100.000) mensuales como cuota alimentaria para su menor hijo A.F.G.J., aumentada anualmente a partir de enero del a�o siguiente en la misma proporci�n del aumento del salario m�nimo, y dos mudas de ropa al a�o. SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA formul� denuncia en contra de JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA por no haber cumplido con el pago de la cuota alimentaria pactada, a partir del mes de diciembre de 2009; lo cual fue ratificado en su testimonio rendido en juicio oral, donde afirm� que desde ese a�o JOHN ALEXANDER se fue de Villa de Leyva y tan solo se comunic� con �ste en el a�o 2010 por tel�fono cuando le dijo que iba a responder, pero despu�s perdi� toda comunicaci�n sin tener un n�mero telef�nico en el que pueda ubicarlo, pues al que ten�a ya no contesta, no est� en l�nea, al parecer porque cambi� de abonado.

Tanto SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA como su padre ROBERTO JEREZ PE�A, declararon que desconocen a qu� se ha dedicado JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA despu�s de que se fue de Villa de Leyva para Bogot�, d�nde reside, cu�l es su situaci�n personal, familiar y social, tan solo por comentarios se enteraron que resid�a en Soacha y trabajaba en construcci�n, pero no saben con qu� periodicidad ejerce la actividad, en qu� sitio, cu�nto devenga y cu�les son sus obligaciones patrimoniales; solo les consta que aqu�l trabajaba en construcci�n y oficios varios cuando convivi� con SANDRA PATRICIA. El funcionario de polic�a judicial MANUEL QUINCHANEGUA BECERRA, quien hizo la investigaci�n en el presente caso y rindi� su informe de fecha 6 de diciembre de 2013, dijo haber tenido comunicaci�n telef�nica con el procesado en una sola oportunidad y por los datos que le suministrara, comision� a los funcionarios de polic�a de Soacha para la verificaci�n del arraigo; afirm� el testigo que dedujo que JOHN ALEXANDER trabajaba en construcci�n tan solo por la �nica comunicaci�n telef�nica que tuvo con �ste, cuando le dijo que no pod�a comparecer a la citaci�n que le hac�a porque se encontraba laborando en construcci�n en Soacha, sin que volviera a comunicarse.

En las actas donde el patrullero, funcionario de la SIJIN, consign� los datos del indiciado JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA para su arraigo e individualizaci�n, de fecha 14 de noviembre de 2013, se indica como lugar de residencia la carrera 5 Este 4-52 barrio la Cristalina Soacha, tel�fono 3125479345, el mismo de la compa�era permanente MARTHA LILIANA TOBO GU�O, en direcci�n de trabajo se dijo que no aplicaba (N/A), en ocupaci�n se consign� desempleado pero est� tachado y se escribe oficios varios.

Y de las consultas a las bases de datos, si bien la Fiscal�a incorpor� a trav�s del investigador MANUEL QUINCHANEGUA BECERRA dos documentos de consulta: uno del FOSYGA de fecha de proceso 5 de marzo de 2013, y otro del RUAF donde en los datos b�sicos de la persona se tiene como fecha de corte el 2 de octubre de 2015; contrario a lo declarado por el investigador, este �ltimo reporte no pudo ser obtenido por �l en su labor investigativa toda vez que de la misma rindi� el informe de campo del 6 de diciembre de 2013, para cuando no era posible que se tuviera aquel documento con una fecha de corte posterior, a m�s que en el informe solo se menciona como uno de los anexos el del FOSYGA.

Siendo id�ntico el contenido del documento de consulta del RUAF aportado por el investigador de la Fiscal�a MANUEL QUINCHANEGUA BECERRA, al incorporado al juicio por la Defensa a trav�s de su investigador CARLOS ARTURO AM�ZQUITA PALENCIA, f�cil se puede concluir que quien recaud� este documento fue �ste y no aqu�l; sin embargo, la informaci�n que all� se consigna coincide con la reportada en el documento de informaci�n del FOSYGA sobre la afiliaci�n del procesado JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA el 1 de octubre de 2010 a la EPS Cruz Blanca dentro del r�gimen contributivo como cotizante; y en el documento de consulta del RUAF a m�s de dicha afiliaci�n se tiene la de pensiones ahorro individual a la administradora COLFONDOS el 26 de abril de 2011 y a la Caja de Compensaci�n Familiar CAFAM el 6 de mayo de 2011 como trabajador dependiente.

El investigador de la Defensa, CARLOS ARTURO AM�ZQUITA PALENCIA, declar� que de los datos del registro RUAF, se podr�a inferir que para la fecha de afiliaci�n la persona se encontraba laborando, pero que la vigencia a la fecha de corte, a pesar de ser de la base de datos p�blica, no es confiable su actualizaci�n por lo que no puede hacer la inferencia sobre la vinculaci�n laboral a esa fecha de corte.

En un an�lisis integral de aquella informaci�n y lo declarado por los investigadores de la Fiscal�a y de la Defensa, la madre y el abuelo del menor, se puede concluir que JOHN ALEXANDER GUTIERREZ MOLINA desde el a�o 2010 reside en Bogot�, que fue afiliado como trabajador dependiente en el a�o 2010 a una EPS y comienzos del a�o 2011 a un fondo de pensiones y a una caja de compensaci�n familiar, trabajando en construcci�n seg�n lo que le comentara telef�nicamente al investigador de la Fiscal�a, en oficios varios o desempleado seg�n el informe de arraigo, y sin trabajo fijo seg�n lo que finalmente le inform� al investigador de la Defensa.

Significa entonces, que no se demostr� exactamente cu�l era el trabajo que desempe�aba el procesado JOHN ALEXANDER GUTIERREZ MOLINA desde el a�o 2009 hasta el a�o 2014, en qu� empresa laboraba, cu�les eran sus ingresos, si ha tenido o no un trabajo estable, si la afiliaci�n como trabajador dependiente ante las entidades de salud, caja de compensaci�n y pensiones, reportada como vigente para el a�o 2015, estaba actualizada, ante la duda manifestada por el investigador de la Defensa quien obtuvo el documento, y si durante todo el tiempo ha tenido un trabajo y unos ingresos estables, desconoci�ndose qu� tipo de trabajo ha realizado y cu�les sus ingresos, como tampoco se tiene informaci�n alguna cu�les son sus obligaciones patrimoniales.

En cuanto a la renuencia del procesado JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA a comparecer al proceso, igualmente queda en duda; pues si bien es cierto en la audiencia preliminar de formulaci�n de imputaci�n celebrada el 22 de julio de 2014 se le declar� contumaz, esto se hizo teniendo en cuenta tan solo la constancia de la Secretar�a del Juzgado Promiscuo Municipal de S�chica en la que se dijo que el 1 de julio de 2014 se hab�a comunicado telef�nicamente al abonado 3125479345 con el se�or JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA a quien le notific� la fecha y hora fijada para dicha audiencia, sin que se verificara si en efecto quien respondi� la llamada fue el procesado.

En la audiencia de imputaci�n, en el escrito y audiencia de formulaci�n de acusaci�n, la Fiscal�a se�al� que la direcci�n de residencia del procesado era la carrera 4 A este Nro. 1-62 barrio San Mart�n Soacha, tel�fonos 3125479345 y 3144324831. Al acusado se le cit� para la audiencia de acusaci�n del 10 de febrero de 2015 por oficio 02019 del 27 de noviembre de 2014 del Juzgado Promiscuo Municipal de Villa de Leyva a la carrera 4 A este Nro. 1-62 Barrio San Mart�n de Soacha, pero dicho oficio fue devuelto del correo 4/72 por ser inexistente el n�mero de direcci�n. Para la audiencia preparatoria se dej� constancia secretarial del Juzgado Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, de hab�rsele citado al acusado al celular 3125479345.

Para la audiencia de juicio oral, sesi�n del 30 de marzo de 2016, aparece oficio del Juzgado Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, en el que se le cita al acusado a la carrera 13 Nro. 7-6 Sur de Soacha, e igualmente aparece constancia secretarial donde se indica que se le llam� a la se�ora MARTHA TOBO GU�O al abonado 3125479345 quien dijo que era la compa�era permanente del acusado pero que ya no conviv�an, que desconoc�a d�nde pod�a ser ubicado, y que se realizaron llamadas a otros n�meros registrados en el expediente donde no fue posible dejar mensajes.

Para la audiencia de juicio oral, sesi�n del 11 de mayo de 2016, aparece el oficio del Juzgado Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, en el que se le cita al acusado a la carrera 4 A Este Nro. 1-62 barrio San Mart�n Soacha. En los datos del indiciado para determinar arraigo aportados por el investigador de la Fiscal�a, de fecha 14 de noviembre de 2013, se indica como lugar de residencia la carrera 5 Este 4-52 barrio la Cristalina Soacha, tel�fono 3125479345.

Si se revisa en detalle estas citaciones, podemos concluir que aparecen direcciones distintas, sin informaci�n de donde se obtuvieron tales datos, los que no coinciden con los informados en el acta de individualizaci�n y arraigo, direcci�n de residencia a la que nunca fue citado, siendo otra a donde se enviaron algunos oficios, uno de estos devuelto del correo por inexistente el n�mero; en su mayor�a de citaciones se dice haberse realizado por llamadas telef�nicas a un n�mero que tambi�n se registra como el de la compa�era permanente del acusado, MARTHA TOBO GU�O, de quien finalmente se dej� una constancia que hab�a informado que ya no conviv�a con JOHN ALEXANDER y desconoc�a su ubicaci�n. En conclusi�n, queda la incertidumbre si JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA fue reacio a comparecer al proceso o por el contrario no fue citado en debida forma como lo exige la norma, art�culos 172 y 173 de la ley 906 de 2004, desconoci�ndose si fue oportuna y verazmente informado de la existencia de la citaci�n a cada una de las audiencias.

Por tanto, la no comparecencia del procesado a las audiencias para explicar las razones del presunto incumplimiento que se le endilga por parte de la madre de su menor hijo A.F.G.J., no puede ser tenida en cuenta si quiera como indicio en su contra; como tampoco alcanza a ser motivo de invalidaci�n de la actuaci�n, la forma en que se hicieron las citaciones, precisamente por no tenerse certeza si de las mismas y en la forma ya se�alada, el procesado tuvo o no conocimiento de cada una de las audiencias que se realizaron. 3.2.- De la conducta punible de INASISTENCIA ALIMENTARIA y responsabilidad del acusado JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA.

El delito de Inasistencia alimentaria se consagra en el art�culo 233 del C.P. as�: �El que se sustraiga sin justa causa a la prestaci�n de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo, c�nyuge o compa�ero o compa�era permanente incurrir� en prisi�n de diecis�is (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios m�nimos legales mensuales vigentes.

La pena ser� de prisi�n de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios m�nimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor.� Se ha considerado que esta descripci�n t�pica, natural�stica y jur�dicamente implica permanencia en el tiempo, pues subsiste desde el momento en que se inicia el incumplimiento del deber alimentario hasta que se cumpla; la acci�n determinada por el verbo �sustraerse� describe una conducta de omisi�n propia, en cuanto la abstenci�n a los deberes legales del actor se encuentra consagrada expresamente en el tipo, es un delito de omisi�n, que por el aspecto negativo, la conducta t�pica en el plano objetivo debe adem�s de lesionar el bien jur�dico tutelado, hacerlo sin justa causa, por tanto, la justificaci�n tiene la virtud de convertir la conducta t�pica en justa y no simplemente excusable; por ser un tipo de mera conducta, no es necesario que se lesione la vida, la subsistencia o la integridad personal de la v�ctima, tampoco que se afecten efectivamente sus derechos a la educaci�n, vivienda o vestido.

Sobre este delito, la jurisprudencia ha dicho: �La conducta all� descrita es de peligro, toda vez que no se requiere una efectiva causaci�n de da�o al bien jur�dico protegido -la familia-, sino simplemente de la probabilidad de un da�o para el mismo. Basta con que exista sustracci�n del civilmente obligado, que ella sea injustificada y, adicionalmente, que aqu�l conozca la realidad del deber y decida incumplirlo.

Se castiga a quien falta al compromiso nacido del v�nculo de parentesco o de matrimonio, y en esa medida pone en peligro la tutela a la familia y la subsistencia del beneficiario. (Se resalta fuera de texto). As� las cosas, en el evento de demostrarse que el sujeto ha cumplido con su obligaci�n, no se configura la conducta delictiva. Si se comprueba que aun de haberla inobservado existe justa causa para ello, la conducta devendr�a at�pica.

En ese orden de ideas, al juez penal le compete verificar si emerge el deber de dar alimentos, si el obligado a ellos en efecto incumpli� y si no converge causal de justificaci�n.� En cuanto a la manera como puede estructurarse el comportamiento de inasistencia alimentaria, a partir del t�rmino �sin justa causa�, contenido en la norma, como precedente jurisprudencial se tiene lo siguiente: �Frente a la responsabilidad del autor en la conducta punible de inasistencia alimentaria estableci� que el legislador tradicionalmente la ha previsto para quien �se sustraiga sin justa causa a la prestaci�n de alimentos legalmente debidos.� Y que al �incluir dentro de la definici�n t�pica el elemento �sin justa causa�.

Con ello se requiere dar a entender que el delito se estructura con el incumplimiento en la prestaci�n de alimentos, siempre y cuando se haga sin motivo, sin raz�n que lo justifique, esto es, el dejar de hacer lo que se debe hacer tiene que ser infundado, inexcusable.� Al punto que la Corte Constitucional en sentencia C-237 del 20 de mayo de 1997 declar� la constitucionalidad de la norma que define la conducta punible de inasistencia alimentaria, dejando en claro que no puede ser responsable quien incumple sus deberes determinado por una �justa causa�: �El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. La sanci�n por el incumplimiento de la obligaci�n alimentaria no vulnera la Constituci�n. (�) La conducta descrita por la norma acusada es de peligro, en cuanto no se requiere la causaci�n efectiva de un da�o al bien jur�dico protegido; de ejecuci�n continuada, dado que la violaci�n a la norma persiste hasta tanto se d� cumplimiento a la obligaci�n; exige un sujeto pasivo calificado que es la persona civilmente obligada; un sujeto activo que es el beneficiario y, concretamente, los ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo, y el c�nyuge, y un elemento adicional, contenido en la expresi�n "sin justa causa"; adem�s, se trata de una conducta que s�lo puede ser sancionada a t�tulo de dolo; por tanto, requiere que el sujeto obligado conozca la existencia del deber y decida incumplirlo.

(�) Por �ltimo, afirma el actor que en la norma acusada se sanciona la incapacidad econ�mica del obligado, pues la carencia de recursos econ�micos no est� prevista como causal de justificaci�n en el art�culo 29 del C�digo Penal, ni puede ser deducida de la expresi�n "sin justa causa", contenida en el art�culo 263 ib�dem; elemento que, a su juicio, es irrelevante.

Es de destacar que la expresi�n "sin justa causa", es considerada por un sector de la doctrina como un elemento superfluo, producto de una falta de t�cnica legislativa, que en nada modifica la descripci�n de la conducta, pues se refiere a la misma exigencia de la antijuridicidad, en tanto que para otros autores, es un elemento normativo del tipo que permite al juez eximir de responsabilidad a quien incurra en la conducta de inasistencia alimentaria, con fundamento en causales legales o extralegales, distintas a las de justificaci�n previstas en el art�culo 29 del C�digo Penal, y que impiden al obligado la satisfacci�n de su compromiso, a pesar de su voluntad.

Cualquiera sea la postura dogm�tica que se asuma, lo cierto es que la carencia de recursos econ�micos no s�lo impide la exigibilidad civil de la obligaci�n, sino -a fortiori- la deducci�n de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligaci�n, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos econ�micos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad (art. 40-1 C�digo Penal); en consecuencia, tampoco este �ltimo cargo est� llamado a prosperar.� (Se resalta fuera de texto) Siguiendo el mismo hilo jurisprudencial, record�: �En t�rminos similares a los expuestos en esta sentencia, sobre la �causa injustificada� la Corte Constitucional ha dicho que El verbo "sustraer", que constituye el n�cleo de la conducta punible, expresa la idea de separarse de lo que le corresponde por obligaci�n, prescindiendo, en consecuencia, de cumplir �sta.

Es una conducta activa, maliciosa, claramente regulada, de modo que deja de incriminarse cuando ocurren descuidos involuntarios o cuando se presentan inconvenientes de los que pueden incluirse dentro de las justas causas. Se entiende por justa causa todo acontecimiento previsto en la ley, o existente fuera de ella, que extingue los deberes, imposibilita su cumplimiento o los excusa temporalmente, y cuya realizaci�n desintegra el tipo penal.

Tambi�n es justa causa el hecho o circunstancia grave que se hace presente en el obligado para dificultarle la satisfacci�n de sus compromisos a pesar de que no quiere actuar de esa manera. La justicia de la causa es determinaci�n razonable, explicable, aceptable y hace desaparecer la incriminaci�n, cualquiera fuera su origen o lo oportunidad de su ocurrencia (Sentencia T-502 del 21 de agosto de 1992).� Estos antecedentes llevaron a estas conclusiones: �Cabe precisar que la inclusi�n de ese elemento dentro de la definici�n del comportamiento hace que los motivos conocidos tradicionalmente como causales de justificaci�n y de inculpabilidad - ahora causas de no responsabilidad-, y que al lado de otros pueden constituir la �justa causa�, sean desplazados desde sus sedes al �mbito de la tipicidad.

As�, es claro que concurriendo alguna de ellas, se disuelve la tipicidad y no la antijuridicidad o la culpabilidad. (�) Frente al delito que ocupa la atenci�n de la Sala, entonces, el funcionario judicial debe comprobar, con base en las pruebas legalmente practicadas, si el agente se ha sustra�do �a la prestaci�n de alimentos legalmente debidos�, �sin justa causa�.

La raz�n l�cita debe ser encontrada, o excluida, a partir de los aspectos ya tratados, que apuntan a que los alimentos deben ser prestados, en forma equitativa, por el padre y la madre, pues se trata, sin duda, de una obligaci�n solidaria.� En el caso de estudio, debe analizarse entonces si en efecto se prob� que JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA incumpli� a la obligaci�n alimentaria para con su menor hijo A.F.G.J., y en caso afirmativo, si el incumplimiento estuvo o no justificado, para determinar si se estructura el delito de inasistencia alimentaria, o si por el contrario su conducta es at�pica.

Como se concluy� del an�lisis probatorio que hiciera esta Sala, se ha demostrado que efectivamente el se�or JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA es padre del menor A.F.G.J., habiendo conciliado con la madre del mismo el 25 de febrero de 2009 el monto de la cuota alimentaria, reclam�ndose el incumplimiento de esta obligaci�n por parte de SANDRA PATRICIA JEREZ SIERRA quien denunci� que aqu�l dej� de pagar los alimentos desde el mes de diciembre de 2009 cuando se ausent� del municipio de Villa de Leyva, lo cual fue corroborado por el progenitor de �sta y abuelo materno del menor.

Del procesado se sabe que hasta cuando estuvo residiendo en Villa de Leyva, trabajaba como ayudante de construcci�n, que desde finales del a�o 2009 se traslad� a la ciudad de Bogot� y resid�a en Soacha, desconoci�ndose a qu� se ha dedicado, cu�les han sido sus ingresos y obligaciones, si ha tenido o no una vinculaci�n laboral estable, no teni�ndose certeza alguna de su capacidad econ�mica, presumi�ndose que para los a�os 2010 y 2011 trabaj� como dependiente en construcci�n seg�n la afiliaci�n a salud, pensiones y caja de compensaci�n que aparece en el registro de la base de datos del RUAF y los comentarios que escuch� la madre del menor, pero sin saber cu�les eran sus ingresos y c�mo era su vinculaci�n laboral, desconoci�ndose las razones del incumplimiento a su obligaci�n alimentaria para con su menor hijo A.F.G.J., del que solo da cuenta la progenitora y el abuelo materno del menor, sin ninguna otra prueba allegada al juicio sobre el particular.

Por lo anterior, no se tiene la certeza de la sustracci�n de JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA al pago de los alimentos para su menor hijo A.F.G.J. desde diciembre de 2009, y en gracia de discusi�n, de dicho incumplimiento no se tiene la prueba que demuestre que haya sido injustificado como lo exige el tipo penal de la conducta il�cita por la que se le formularon cargos; pues no puede concluirse la capacidad econ�mica del procesado y el incumplimiento injustificado al pago de las cuotas alimentarias, con la precaria investigaci�n de la Fiscal�a, aport�ndose tan solo con la informaci�n de una base de datos de la cual tambi�n ha sido puesta en duda su actualizaci�n, y de la que no se revela la vinculaci�n laboral de JHON ALEXANDER, actividad ejercida, sus ingresos, mucho menos sus obligaciones patrimoniales, gener�ndose duda en torno a si el procesado ha incumplido con su obligaci�n alimentaria y si por sus actividades realizadas recib�a ingresos suficientes para cubrir sus gastos y la cuota alimentaria, pues se desconoce por completo las razones del presunto incumplimiento.

De conformidad al art�culo 381 de la ley 906 de 2004, C. de P.P., aplicable al caso de estudio, �Para condenar se requiere el conocimiento m�s all� de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio�. Y por su parte, el art�culo 7 del mismo estatuto se�ala: �Presunci�n de inocencia e in dubio pro reo.

Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisi�n judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponder� al �rgano de persecuci�n penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda se presente se resolver� a favor del procesado. En ning�n caso podr� invertirse esta carga probatoria.

Para proferir sentencia condenatoria deber� existir convencimiento de responsabilidad penal del acusado, m�s all� de toda duda.� En el presente caso, no hay certeza, no se tiene el convencimiento m�s all� de toda duda, del incumplimiento de JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA en la prestaci�n de los alimentos a su menor hijo A.F.G.J., y en caso de haberse presentado como lo inform� la madre del mismo, tampoco se tiene ese convencimiento m�s all� de toda duda que haya sido de manera injustificada, que su incumplimiento en el pago de la cuota acordada fuera de manera deliberada y voluntaria, o si por el contrario, obedeci� a la falta de fuentes de trabajo o mayores ingresos, pues se desconoce por completo la raz�n del presunto incumplimiento.

Considera la Sala, que no le asiste raz�n al a quo, al representante judicial de la V�ctima y a la Fiscal�a, al atribuir la responsabilidad penal por el solo incumplimiento de la obligaci�n alimentaria por parte del acusado, d�ndole plena credibilidad a la madre y abuelo materno del menor, sin otra prueba que corrobore su dicho, porque de conformidad al art�culo 9 del C.P., la causalidad por s� sola no basta para la imputaci�n del resultado, requiri�ndose que la conducta sea t�pica, antijur�dica y culpable, y de acuerdo al art�culo 12 del mismo estatuto, toda forma de responsabilidad objetiva est� proscrita, debiendo demostrarse en el caso de la conducta punible de inasistencia alimentaria, el dolo en el actuar del sujeto agente, esto es, que la sustracci�n de prestar alimentos fue de manera injustificada, intencional, voluntaria, elementos que no fueron probados, contrario a lo que err�neamente concluy� en la valoraci�n del recaudo probatorio la primera instancia. Por todo lo argumentado no es procedente emitirse una sentencia condenatoria en contra del acusado JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA, debi�ndose resolver la duda sobre su capacidad econ�mica y raz�n del presunto incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias, a favor del procesado, al no existir manera de desvirtuarla con la prueba obrante en el proceso, no obteni�ndose la certeza de la tipicidad de la conducta de inasistencia alimentaria y por ende de la responsabilidad penal del acusado, debi�ndose revocar la sentencia de primer grado que conden� al acusado por los cargos formulados en su contra.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en su Tercera Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, R E S U E L V E: PRIMERO.- REVOCAR integralmente la sentencia condenatoria recurrida, proferida el veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa de Leyva.

En su lugar, se ABSUELVE a JOHN ALEXANDER GUTI�RREZ MOLINA, de condiciones civiles y personales conocidas de autos y que da cuenta esta sentencia, del cargo formulado en su contra como autor responsable del delito de Inasistencia Alimentaria, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- Oportunamente regresen las diligencias al Despacho de origen.

Contra esta providencia procede el recurso extraordinario de Casaci�n. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y CUMPLASE LUZ ANGELA MONCADA SUAREZ Magistrada JOS� ALBERTO PABON ORDO�EZ Magistrado CANDIDA ROSA ARAQUE DE NAVAS Magistrada LEIDY PAOLA GU�O RODR�GUEZ Secretaria El nombre y datos del menor tienen reserva, a excepci�n para las partes e intervinientes en este proceso y datos de uso oficial, por lo que no podr�n ser divulgados a la opini�n p�blica, debi�ndose se�alar tan solo sus iniciales; todo en cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 47 y 193-7 de la Ley 1098 de 2006, y regla 8 de las Reglas de Beijing. Fl. 6. Fls. 9-10 y CD. Fls. 25-31. Fls. 49-50 y CD. Fls. 82-83 y CD. Fls. 123-124, 136,141-142, 152-154 y 3CDs. Fls. 159-169 y CD. Fls. 171-184, 186-197. Fl. 198. Grabaci�n a partir del minuto 25�26� del audio, audiencia del 30 de marzo de 2016 en C.D a fl. 124. Fls. 100-104. Fl. 99. Fl. 98. Grabaci�n a partir de la hora 1:11�18� del audio, audiencia del 30 de marzo de 2016 en C.D a fl. 124. Fls. 121-122. Fls. 113-118. Fl. 110-112. Fl. 109. Fls. 106-108 Fl. 105. Grabaci�n a partir del minuto 8�02�del audio, audiencia del 11 de mayo de 2016 en C.D a fl. 136. Grabaci�n a partir de la hora 1:11�18� del audio, audiencia del 30 de marzo de 2016 en C.D a fl. 124. Fls. 129-135. Fl. 128. Fl. 6 Fls. 10, 31 Fl. 81. Fls. 91, 95. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal.

Sentencia de febrero 13 de 2008, rad. 25649, M.P. Augusto J. Ib��ez Guzm�n. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal. Sentencia del 23 de marzo de 2006, rad. 21.161, M.P. Yesid Ram�rez Bastidas; citando all� la sentencia de constitucionalidad de la norma sancionadora del decreto ley 100 de 1980, c�digo penal anterior, C-237 de mayo 20 de 1997, M.P. Carlos Gaviria D�az. Es de anotar que en relaci�n con los titulares del derecho, la norma civil es m�s amplia que la penal, pues comprende tambi�n a los hermanos leg�timos y al que hizo una donaci�n cuantiosa siempre que no la haya rescindido o revocado. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 19 de enero de 2006, rad. 21.023. Tribunal Superior Distrito Judicial de Tunja Sala Penal PAGE PAGE 30 Sentencia No. 072.

Rad. 154076000117201200223 (2017-0329) M.P. Luz �ngela Moncada Su�rez. TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA SALA PENAL Sentencia No. 0 Rad. 030523 M.P. Luz Angela Moncada Su�rez. 34� � � � � � � � � h � � � � � � � � ! " # ��yoeoeoeo\h PSh�X^Jh PSh��5�^Jh PSh�X5�^Jh PSh�X5�\�^Jh PSh}�5�B* phc$#h PSh�X5�B* phc$#h PSh�w5�B* phc$# h�a�5�h PShU �5�h PSh}�5�h PSh�w5�h PSh�X5� h�p�^J hz ^J h �^Jh PSh �^Jh �h �^J h �5� hz 5�!� � � � � � � � � � � � � � � # $ % & �� $dha$gd�X$a$gd�X $dha$gd�X$a$gd � $dha$gd�w# $ % & ' = > A E M N � � :>?AOPXYo}��Ǽ��}��vog_h PSh�S5�h PSh�U�5� h PSh�4) h PSh�S h PSh3[� h PSh�%. h PSh!1� h PSh=]! h PSh�SW h PSh�c^ h PSh�� h PShoX: h PSh� Oh PSh�wB* phc$#h PSh�w5�h PSh�5� h PSh �5�B* ^Jph�H h PSh�X5�B* ^Jph�Hh PSh�XCJaJ#& ' = > ��HIVWX�� $��dh`��a$gd�\K $dha$gd�w$��dh`��a$gd �$��dh`��a$gd� �$��dh`��a$gd�S$��dh`��a$gd�S $dha$gd�w$��dh`��a$gd�w��Ukl�G��RYqWX��(2OQ��}��Ǻ��yr�r�k�kd�d�d� h PSh s� h PSh�LF h PSh� h PSh�NT h PSh3[� h PSh�u� h PSh�w h PSh�U�h PSh�u�5�\�h PSh3[�5�\�h PSh�%.5�\�h PSh�w5�B* phc$#h PSh�w5�h PSh�4)^Jh PSh �^J jh PSh� �0JU^Jh PSh� �^J h PSh� �'� !"57TZ[\]hj~��/HZag��/0?��ƿ��z��s h PSh�9�jh PShS�0JU h PShS� h PShN*y h PSh�%. h PSh�'� h PSh�R� h PSh�*� h PSh�i� h PSh�3� h PSh#� h PSh! �h PSh�3�5�h PSh�w5� h PSh�4) h PSh�\K h PSh�S� h PSh3[� h PSh s�* !"56��1 2 � � ` a � � � � �!�!y$�� $dha$gd�9� $dha$gd�w$��dh`��a$gd*O�$��dh`��a$gd�w $dha$gd�3� $dha$gd�w$��dh`��a$gd�\K?Ibz}�� 2A^}�� " ��»�䴧 ��䠙䠙��~w~wjc h PShcsjh PShY0JU h PSh�!( h PSh�3� h PShYjh PSh�l�0JU h PSh�1� h PSh�l�jh PSh#"�0JU h PSh�� h PSh�'� h PShA h PSh�3�jh PShA0JU h PShg� h PSh�_� h PSh�9� h PSh�i� h PSh�c�&" $ / M U V d i j � � � � � / 0 1 3 4 D W X e m � � � � � � � � � � � � � - � � � � � � � ��뻴��릭�릭�׭�ЦЭ��~��w� h PSh�Ubjh PSh�,l0JU h PSh�9� h PShYmjh PSh�Ub0JU h PSh�,l h PSh�; h PSh6\� h PSh� � h PShN*y h PSh�D� h PSh�1� h PSh�A�jh PSh�!(0JU h PSh Ey h PSh�!( h PShzpW.� � � � � � ] ` a b � � � � � +, 0 1 6 C G W X Y _ k m � � � � !m!{!�!�!�!�! 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